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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2024 › SL637-2024

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL637-2024

Fecha
26 de febrero de 2024
Magistrado ponente
Carlos Arturo Guarin Jurado
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL637-2024

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN A causa de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, IV. RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, el 11 de junio de 2021, dentro del proceso de la referencia, en cuanto absolvió a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. de las pretensiones incoadas por EDISON CRUZ OTAVO, a quien le impuso costas procesales, para en su lugar: PRIMERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. a reconocer al señor EDISON CRUZ OTAVO, en calidad de hijo inválido dependiente, la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento del señor HÉCTOR JULIO CRUZ SÁNCHEZ, a partir del 11 de febrero de 2019, en la modalidad de retiro programado, que fue la seleccionada por el causante al momento del reconocimiento de su pensión de vejez. La mesada corresponderá al 100 % de lo percibido por el progenitor sustituido, junto a dos mesadas adicionales al año, más los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 20 de noviembre de 2019 hasta que se efectúe el pago completo de la obligación, conforme a lo señalado en las consideraciones de esta decisión. SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones de buena fe, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por activa, afectación del sostenimiento financiero del sistema general de pensiones, prescripción y la genérica. TERCERO: Costas como se dijo en la parte considerativa.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL637-2024

Magistrado ponente: Carlos Arturo Guarin Jurado

26 de febrero de 2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO

Magistrado ponente

SL637-2024

Radicación n.° 96106

Acta 06

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Corte a proferir el fallo de instancia, conforme a lo ordenado en la sentencia CSJ SL2531-2023, dentro del proceso ordinario de seguridad social que instauró EDISON CRUZ OTAVO a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A.

ANTECEDENTES

Edison Cruz Otavo llamó a juicio a Porvenir S. A., para que en calidad de hijo inválido, se le reconociera la pensión de sobrevivientes, con ocasión al fallecimiento del señor Héctor Julio Cruz Sánchez, junto con los intereses moratorios, la indexación y las costas (f.° 54 a 63, cuaderno del juzgado «Tomo1», archivo «2022122647282», expediente digital).

La demandada se resistió a sus reclamos, diciendo que el peticionante no cumplía las exigencias legales para ser beneficiario de la sustitución pensional, pues la investigación administrativa evidenció que no dependía económicamente de su progenitor, en razón a que «tenía ingresos propios […] para solventar su subsistencia».

Formuló como excepciones de mérito las de buena fe, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por activa, prescripción, afectación del sostenimiento financiero del sistema general de pensiones y la genérica (f.° 125 a 136, ibidem).

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 11 de junio de 2021, resolvió:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones propuestas en la demanda presentada por el señor EDISON CRUZ OTAVO, por lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de pronunciarse sobre las excepciones propuestas por la parte demandada por sustracción de materia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de $454.263.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión consúltese con el Superior funcional el […] Tribunal Superior Sala Laboral del Distrito Judicial de Ibagué (f.° 325 a 326, ib).

Argumentó que el accionante probó su condición de hijo invalido, pero no el presupuesto de subordinación económica del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues a pesar de que la testigo Edith Janeth Giraldo informó sobre la cantidad y regularidad de los aportes en dinero que el causante enviaba a su descendiente mediante Servientrega y Gana Gana, no se presentaron pruebas documentales que lo respaldaran.

Además, la señora Luz Melba Otavo Sáenz no pudo especificar el monto exacto de la contribución ni la frecuencia con la que se realizaba, por lo que no se cumplió con la carga demostrativa que era imperativa (f.° 325 a 326, cuaderno del juzgado «Tomo2», archivo «2022122605956», ib).

El demandante apeló, insistiendo que acreditó que la ayuda económica brindada por su padre fue recurrente y mensual, siendo necesaria para solventar su subsistencia, pues así lo aseguró en su interrogatorio de parte y lo dijeron las testigos.

Añadió que el requisito que el juez echó de menos no tenía que ser total y absoluto; que el conjunto de los medios de convicción informaron que su ascendiente tenía suficiencia de recursos dada su condición de pensionado y empresario y, por el contrario, él no contaba con beneficios propios ni colaboración relevante de terceros, toda vez que sus ingresos derivaban de la venta de hielo y helado en su residencia.

Insistió que no tenía renta, pensión, ni bienes; que incluso tras la muerte de su principal proveedor, su núcleo familiar se separó, toda vez que su compañera debió migrar en búsqueda de trabajo para solventar lo básico de su manutención (f.° 325 a 326, ibidem).

Al decidir la alzada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 4 de mayo de 2022, confirmó el primero e impuso costas.

Expresó que no se podía tener por demostrada la dependencia económica del reclamante, porque las testigos mencionaron que el apoyo financiero del causante se efectuó a través de transferencias en Efecty, Servientrega o Gana Gana, pero no se presentaron los documentos que así lo respaldaran, por lo que, conforme al artículo 225 del CGP, «adolec[ía] de un principio de prueba por escrito» (cuaderno del tribunal, archivo «2022122517830», ib).

Mediante el fallo CSJ SL2531-2023, la Corte casó la segunda providencia, tras considerar que el colegiado incurrió en violación medio, por infracción directa de los artículos 61 del CPTSS y 176 del CGP, en armonía con el 145 del CPTSS, lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 74, en armonía con el 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por el 13 de la Ley 797 de 2003 y 48 y 53 de la CP.

Lo precedente, por cuanto el fallador de alzada exigió al demandante una prueba tarifaria no prevista en la ley, al considerar que, para demostrar la subordinación financiera del convocante respecto del causante, era necesario aportar documentalmente las certificaciones de envíos realizadas «a través de Efecty, Servientrega o Gana Gana».

Dicha afrenta

[…] con incidencia en los artículos 74 y 47 de la Ley 100 de 1993, último modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, [toda vez que] el conjunto de los medios de convicción aludidos, de manera coincidente, consistente y precisa daban cuenta de la certeza, periodicidad y significancia del aporte en dinero que el fallecido entregaba a su descendiente mensualmente para su sostenimiento, ante la imposibilidad de proveerse por sí solo o por terceros, aquellos recursos, en razón a su invalidez y a sus condiciones familiares y personales.

De modo que, la única razón que tuvo […] para desvirtuar la dependencia económica del recurrente, fue la ausencia de aportación de un documento que demostrara las consignaciones mensuales a las que, de manera precisa, reiterada y coherente, se refirió la prueba testimonial y documental «reseñad[a]».

En consecuencia, para mejor proveer en sede de instancia, ordenó oficiar a Porvenir S. A. para que certificara la modalidad de pensión seleccionada y concedida al fallecido, precisando la fecha exacta en que se alcanzó el estatus de pensionado, el número de mesadas y pagos realizados hasta su muerte (cuaderno de la corte, archivo «2023110243968», expediente digital).

La AFP, mediante Oficio 2410, recibido en la secretaría el 19 de enero de 2024 (cuaderno de la corte, archivo «0014Informe_secretarial.pdf», ibidem), certificó que la prestación reconocida al señor Cruz Sánchez fue de vejez en la modalidad de retiro programado, para lo cual anexó un archivo en Excel con los siguientes pagos:

Periodo

Concepto de Pago

Valor del Pago

Fecha de Pago

Tipo Identificación Beneficiario

Número Identificación Beneficiario

Nombre Beneficiario

201902

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.150.076

6/02/2019

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201901

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.150.076

9/01/2019

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201812

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

5/12/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201811

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.338.588

6/11/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201810

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

3/10/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201809

RETIRO_PROGRAMADO

$1.169.294

5/09/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201808

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

3/08/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201807

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

3/07/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201806

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.338.588

7/06/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201805

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

7/05/2018

CC

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201804

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

4/04/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201803

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

5/03/2018

CC

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201802

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

2/02/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201801

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.169.294

9/01/2018

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201712

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

4/12/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201711

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.282.186

3/11/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201710

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

5/10/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201709

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

5/09/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201708

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

4/08/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201707

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

6/07/2017

CC

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201706

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$ 2.282.186

2/06/2017

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201705

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

5/05/2017

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201704

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

5/04/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201703

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

7/03/2017

CC

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201702

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

7/02/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201701

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.141.093

10/01/2017

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201612

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.328.288

6/12/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201611

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

4/11/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201610

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

4/10/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201609

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

6/09/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201608

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

3/08/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201607

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

6/07/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201606

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.328.288

7/06/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201605

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

6/05/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201604

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

6/04/2016

CC

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201603

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

7/03/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201602

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

5/02/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201601

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.164.144

8/01/2016

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201512

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.180.658

7/12/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201511

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

6/11/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201510

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

8/10/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201509

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

8/09/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201508

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

6/08/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201507

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

8/07/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201506

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.180.658

5/06/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201505

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

7/05/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201504

PAGO_EPS

$ 257.300

30/04/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201504

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

8/04/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201503

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

6/03/2015

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201502

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

6/02/2015

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201501

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.090.329

9/01/2015

CC

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HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201412

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.103.664

4/12/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201411

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

7/11/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201410

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

8/10/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201409

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

8/09/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201408

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

8/08/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201407

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

8/07/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201406

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.103.664

6/06/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201405

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

8/05/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201404

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

7/04/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201403

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

6/03/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201402

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

7/02/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201401

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.051.832

9/01/2014

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201312

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

9/12/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201311

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.063.630

18/11/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201310

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

17/10/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201309

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

18/09/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201308

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

15/08/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201307

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

18/07/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201306

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.063.630

18/06/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201305

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

17/05/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201304

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

18/04/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201303

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

19/03/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201302

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

19/02/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201301

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.031.815

21/01/2013

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201212

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

19/12/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201211

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.014.084

19/11/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201210

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

18/10/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201209

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

20/09/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201208

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

17/08/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201207

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

19/07/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201206

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.014.084

20/06/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201205

RETIRO_PROGRAMADO

$ 2.014.084

18/05/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201204

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

20/04/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201203

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

20/03/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201202

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

17/02/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201201

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.007.042

20/01/2012

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201112

RETIRO_PROGRAMADO

$ 970.830

19/12/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201111

RETIRO_PROGRAMADO

$ 1.941.660

18/11/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201110

RETIRO_PROGRAMADO

$ 970.830

20/10/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201109

RETIRO_PROGRAMADO

$ 970.830

19/09/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201108

RETIRO_PROGRAMADO

$ 970.830

19/08/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201107

RETIRO_PROGRAMADO

$ 970.830

19/07/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201106

PAGO_PROVISIONAL

$ 970.830

20/06/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201106

PAGO_PROVISIONAL

$ 970.830

21/06/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201105

PAGO_PROVISIONAL

$ 970.830

19/05/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201105

RETROACTIVO

$ 121.000

3/05/2011

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201104

PAGO_PROVISIONAL

$ 970.830

19/04/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201103

PAGO_PROVISIONAL

$ 970.830

18/03/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201102

PAGO_PROVISIONAL

$ 970.830

21/02/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

201101

RETROACTIVO

$ 3.793.830

31/01/2011

CC

19051226

HÉCTOR JULIO CRUZ SANCHEZ

De los memoriales se corrió traslado al accionante, quien, según la constancia secretarial del 29 de enero del presente año, guardó silencio (cuaderno de la corte, archivo «0014Informe_secretarial.pdf», ib).

CONSIDERACIONES

Con sujeción al principio de consonancia del artículo 66A del CPTSS, la Sala determinará si Edison Cruz Otavo demostró ser subordinado económicamente de Héctor Julio Cruz Sánchez y, por tanto, tiene derecho a la sustitución pensional pretendida.

Para el efecto, es pertinente recordar que conforme a la sentencia CC C111-2006, la dependencia financiera exigida por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, no tiene que ser completa o absoluta, pero sí debe ser lo suficientemente significativa como para generar una sumisión pecuniaria en los posibles beneficiarios de la pensión.

Para que goce de la calificación normativa necesaria, se impone analizar la entidad o importancia del subsidio suministrado, por cuanto el concepto en referencia, al tenor de lo considerado en aquella providencia:

[...] el beneficiario de dicha prestación tiene que encontrarse subordinado o supeditado de manera cabal al ingreso que le brindaba el causante para salvaguardar sus condiciones mínimas de subsistencia.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha enfatizado que, aunque no existen criterios definitivos para evaluar este requisito, es crucial resaltar la importancia del auxilio, al punto que en la sentencia CSJ SL1469-2021, estableció que «para el legislador lo [trascendental] es la prueba de que el [causante] proveía en un porcentaje más o menos [decisivo] para el sostenimiento de sus [beneficiarios]» y, en la CSJ SL1218-2021, que «[...] basta con demostrar la relevancia del aporte en el escenario de la sostenibilidad económica del grupo familiar para ser merecedores del derecho», reglas que en la CSJ SL5605-2019 se extendieron a los hijos dependientes por invalidez.

A lo que debe agregarse que, según lo explicado en los proveídos CSJ SL18517-2017; CSJ SL1243-2019; CSJ SL704-2021; CSJ SL1220-2021 y CSJ SL3573-2021, no es cualquier ayuda que se otorgue a los pretensos beneficiarios, la que configurara el sometimiento económico que se exige para adquirir la titularidad de la pensión de sobrevivientes, sino aquella que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento del reclamante.

En ese ámbito, la Corporación ha razonado que el requisito en comento es posible identificarlo a partir de dos condiciones, la primera: la falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de recursos propios o de otras fuentes y, la segunda, una relación de sujeción monetaria respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.

En ese contexto, la jurisprudencia ha sido uniforme en destacar ese elemento de relevancia sobre el que se discierne, precisando que, para adquirir la condición de beneficiario, esa sujeción o sometimiento monetario requiere contar cuando menos con los siguientes elementos:

• Cierta y no presunta:

«se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».

• Regular y periódica

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;

• Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia” (negrillas del original).

Así se ha expuesto, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL, 12 feb. 2008, rad. 31346; CSJ SL2800-2014; CSJ SL14923-2014; CSJ SL6558-2017 y CSJ SL18517-2017; CSJ SL650-2020; CSJ SL4509-2020; CSJ SL843-2021, CSJ SL1931-2021 y, de manera relevante, en la CSJ SL5606-2019, que decidió un caso similar.

Ahora, en aplicación de esos criterios, la Sala ha enfatizado que es posible determinar el grado de dependencia pecuniaria si se conoce la cuantificación del aporte del afiliado.

De tal forma razonó, en la decisión CSJ SL2490-2019, al precisar que:

[…] el apoyo otorgado debe ser proporcionalmente representativo, en función de otros ingresos que pueda percibir en este caso los padres, de suerte que, si recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia económica [...].

Sin embargo, también ha deducido, por ejemplo, i) en las providencias CSJ SL, 20 oct. 2010, rad. 38399; CSJ SL18980-2017 y CSJ SL3113-2018 que no resulta trascendental demostrar «[…] a cuánto ascendían los recursos y gastos del causante» y, ii) en la sentencia CSJ SL3721-2020, con referencia en las decisiones CSJ SL6502-2015 y CSJ SL365-2020 que «[…] para la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar el monto exacto de lo aportado por el causante».

Lo anterior, al considerar que «[…] ese requisito no está previsto en la ley»; que existe libertad probatoria para acreditarlo y que el apoyo a los padres o, como en el caso, al hijo inválido, «no solo se manifiesta en la entrega de sumas de dinero, sino también en el suministro de otros bienes materiales, igualmente valiosos para la satisfacción de sus necesidades básicas y elementales».

Se memoran las reglas sobre la temática, para acentuar:

1. Que para establecer la dependencia económica es indiscutible que los casos no pueden ser tratados bajo la misma perspectiva, sino atendiendo sus especiales particularidades, por cuanto, según se puntualizó recientemente, en la providencia CSJ SL1931-2021 «[...] no existen medidas absolutas y definitivas para examinar el mencionado presupuesto».

2. Que lo trascendental es que se acredite, según se dijo en la providencia CSJ SL5605-2019, que el afiliado o pensionado contribuyó a su descendiente, de tal manera que con el aporte, subsidio o auxilio haya sobrellevado las cargas de su subsistencia, bajo el concepto de vida digna, por la «imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos» y por «la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del fallecimiento del mismo»

3. Que con independencia del método a través del cual se valide la suficiencia del aporte, esto es, sea cuantitativamente, como se procedió en las decisiones CSJ SL4103-2016 o CSJ SL2490-2019 o, cualitativamente, según se explicó en la CSJ SL3721-2020, tal elemento es imprescindible para tener al reclamante de la prestación como beneficiario del afiliado o pensionado.

Ello, por cuanto sin la determinación de dicha condición, no es posible establecer, en los términos de la sentencia CC C111-2006, si el beneficiario tenía necesidad del auxilio de su ascendiente, por estar supeditado al apoyo que le brindaba para salvaguardar sus condiciones mínimas de subsistencia.

De ahí, que es carga probatoria mínima e indispensable en juicios como el analizado, que quien alega su condición de hijo inválido beneficiario del afiliado o pensionado, acreditar que su ascendiente le entregaba un auxilio (en dinero o especie), significativo para su vida, caso en el cual debe la demandada desvirtuar esa sujeción material con elementos que acrediten la autosuficiencia económica.

En tal sentido, se explicó en las sentencias CSJ SL, 22 en. 2013, rad. 37989, CSJ SL6390-2016 y CSJ SL4167-2020, reglas que, como se indicó en el fallo CSJ SL5606-2019, se extienden al caso analizado.

Por ende, con tales parámetros determinará la Corporación si el demandante, en su indiscutida calidad de hijo inválido del pensionado Héctor Julio Cruz Sánchez, demostró la condición de dependencia económica respecto de éste, es decir, «i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos [que proveía el fallecido]».

Al respecto, precisa la Corporación que, escuchado el interrogatorio de parte del demandante, los testimonios de Luz Melba Otavo Sáenz (31´03 a 51´00, audio del link de f.° 325, cuaderno del juzgado «Tomo 2», archivo «2022122605956» ib) y Edith Yaneth Giraldo (min. 54´00 a h1.14´48, ibídem) - cuyo contenido fue parafraseado por el Tribunal y rememorado casi que con exactitud en sede extraordinaria – y examinada la prueba documental allegada al expediente, se concluye:

i) que el señor Cruz Otavo, al momento del fallecimiento de su padre, el 10 de febrero de 2019 (f.° 201, cuaderno del juzgado «Tomo 1», archivo «2022122647282», ib), tenía una condición de invalidez debidamente calificada (f.° 74 a 78, ibídem), no recibía mesada pensional del RPMPD o RAIS, ni se encontraba vinculado en algún programa de asistencia social, carecía de establecimientos de comercio y afiliación al subsistema de seguridad social en salud, al que solo accedió en el régimen subsidiado a través de Salud Total EPS-S, el 18 de diciembre de 2019, según consta en el Informe de Investigación para pago de prestaciones económicas de folios f.° 279 a 283, ib, y sus anexos.

ii) que el citado señor, como se indicó en ese informe, allegó a su reclamación pensional dos declaraciones extra-juicio de Marco Emilio Rada Cortes y Jaime Vera Rincón, quienes de manera general informaron que lo conocían y les constaba que «Héctor Julio Cruz Sánchez, […] le colaboraba económicamente con sus gastos de subsistencia y manutención», debido a su invalidez, lo que «realizaba mensualmente».

iii) que las señoras Theilla Mónica, Geitza Luz y Neyth Andrea Cruz Suárez iniciaron en contra del actor un proceso de impugnación de paternidad, cuya demanda fue rechazada por falta de competencia (f.°291 a 292, ibídem).

iv) que las citadas señoras, en entrevista con el investigador contratado por la AFP, comunicaron sobre la radicación de la demanda y aseguraron que: «el Dr. Héctor Julio le realizaba aportes económicos al Sr. Edison quien no labora por motivo de la discapacidad física que presenta» (f.° 279 a 283, ib).

v) que tal informe evidenció la composición familiar del peticionante, dando cuenta que sus ingresos, además del aporte del causante, derivaban de la venta de hielo y helados en casa y de la ayuda que recibía de dos hijas y otros familiares por valor de $150.000, siendo sus gastos aproximados de $800.000.

vi) que, a pesar de lo anterior, el investigador, sin soporte argumentativo alguno, clasificó como «negativo» el reclamo prestacional, porque: «[…] analizados los documentos presentados, las consultas y validaciones practicadas, se concluye que la información del expediente es CONFIABLE y se puede establecer que no se encontró la existencia de BENEFICIARIOS diferentes a los registrados en el presente informe».

Desde lo cual la Corte puede concluir que la clasificación negativa de la petición correspondió a un lapsus gramatical de quien la suscribió, pues el informe solo analizó la condición de beneficiario del señor Cruz Otavo, asegurando, se resalta, que «no se encontró la existencia de BENEFICIARIOS diferentes a los registrados en el presente informe».

Además, relacionó pruebas que calificó como confiables, que informaron del aporte entregado por el pensionado, su periodicidad y relevancia, teniendo en cuenta el origen de los recursos propios (venta de hielos y helados en la residencia del hijo inválido), el valor de las ayudas de terceros ($150.000) y la cuantificación de los gastos mensuales ($800.000).

vii) que, en el interrogatorio de parte del accionante, no existe confesión en punto de su autosuficiencia económica; sin embargo, conforme a la regla del inciso 2° del artículo 191 del CGP, en armonía con lo explicado por la Sala Civil de esta Corporación en la providencia CSJ STC9197-2022, brinda elementos importantes para la definición de la controversia, porque a pesar de que la declaración de parte no es un medio de convicción que de manera autónoma e independiente puede fundar el convencimiento del juez, por cuanto vulneraría el principio según el cual «la parte no pude fabricar su propia prueba», puede valorarse su mérito demostrativo cuando resulta armónica con las demás practicadas.

Y como se indicó en la providencia CSJ STC9197-2022, cuyas reglas resultan armónicas con los artículos 61 del CPTSS y 29, 83 y 91 de la CP, 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede ser objeto de credibilidad y eficacia probatoria en el esclarecimiento de los hechos relevantes para la solución del caso.

Exigencias que se advierten cumplidas en el asunto, pues el apelante informó que recibía un aporte mensual de parte de su padre, por valor de $400.000 a $700.000 y, en junio y diciembre, de $800.000, el cual le era consignado a través de Servientrega o Gana Gana; que era de relevancia para su manutención, toda vez que con ese dinero, junto con lo obtenido por venta de hielo y helados en casa y los trabajos ocasionales de su esposa en oficios domésticos, se cubrían sus necesidades alimentarias, de vivienda y otros, precisando que su residencia era propia, pero que pagaban servicios.

Dicho que es consistente y coherente con la prueba documental referida, así como la testimonial practicada, la cual no fue tachada de falsa y resulta creíble para la Sala, por su precisión, responsabilidad, coherencia y expresividad de la ciencia de su dicho.

Efectivamente, las señoras Luz Melba Otavo Sáenz (31´03 a 51´00, ib) y Edith Yaneth Giraldo (min. 54´00 a h1.14´48, ibídem), informaron que el causante proveía a su hijo ayuda económica en dinero, por su discapacidad, siempre estuvo pendiente de él y lo visitaba para las fiestas de San Pedro y en diciembre, puntualizando:

i) La primera, que ello le constaba por la cercanía familiar y porque coincidió en algunas ocasiones con el fallecido en sus visitas a Espinal, agregando que desconocía la periodicidad de la ayuda, pero sabía que era permanente, pues era la única que recibía el accionante, puesto que sus hijas no contaban con los recursos suficientes para hacerlo de manera recurrente; que el sostenimiento del hogar, se debía al aporte económico del causante y al trabajo de la esposa del accionante, quien lavaba, planchaba y hacía aseo para terceros; que residían en casa propia, pero desde la muerte del pensionado la situación familiar era muy difícil.

ii) La segunda, de la que se resalta su espontaneidad, en sus generales de ley señaló que actualmente vivía en Bogotá, porque el trabajo en Espinal no era permanente y debió trasladarse para conseguir empleo.

Explicó que el fallecido, era el padre de su compañero y desde su accidente siempre estuvo pendiente de él y les colaboró económicamente; que mensualmente les enviaba dinero para los gastos del hogar, pero no era una cuota específica, pues algunas veces les remitía $400.000 o $500.000, etc.; que los visitaba dos veces al año; que ese aporte, junto con su trabajo en oficios domésticos, el subsidio que recibían por su hija menor, el trabajo en casa de su compañero (que era de ventas de hielo y helado) y las ayudas que ocasionalmente recibían de sus empleadores, era lo que sostenía el hogar; que las hijas del señor Cruz Otavo (de las que no era su madre), en algunas ocasiones le enviaban dinero pero era muy poco; que el aporte del pensionado era remitido por Servientrega o Ganga Gana, pero nunca guardaron recibos, porque «no acataron» ni pensaban que se fuera a morir; que aunque el demandante no pudo asistir a sus exequias, si lo hicieron sus hijas en su representación, pues vivían en Bogotá; que ello se debió a que no tenían dinero y a las dificultades del traslado, en razón a su condición de discapacidad.

Rememora la Corte lo anterior, para hacer notar que la totalidad de elementos de convicción decretados y practicados, dieron cuenta de la ausencia de una autosuficiencia del demandante en la generación de fuentes de ingresos y la sujeción material respecto de los que proveía mensualmente su padre, pues incluso así se concluyó en la investigación efectuada por la AFP en el trámite administrativo de reconocimiento pensional, con la precisión de que le resultan relevantes las declaraciones de las hijas del causante ante el investigador, toda vez que pese a haber promovido un proceso de impugnación de paternidad en contra de su hermano medio, admitieron que su ascendiente le hacía aportes para su subsistencia, debido a que no laboraba por su discapacidad física, circunstancia que refuerza la certeza de la ayuda económica relevante, significativa y permanente del fallecido.

Además se puntualiza, que aunque el informe de folios f.° 279 a 283, ib y la declaración Luz Melba Otavo Sáenz (31´03 a 51´00, ib), no precisan la periodicidad y el monto de valor suministrado por el jubilado, no obstante que la última señaló que creía que era $400.000, son fuente indiciaria de ello, debido a que, en el primero, se dejó constancia que las señoras Theilla Mónica, Geitza Luz y Neyth Andrea Cruz Suárez, aseguraron que los aportes que realizaba su padre a quien, discuten, era su hermano, se debía a que «no labora por motivo de la discapacidad física que presenta» (f.° 279 a 283, ib), lo que permite inferir que era para su sostenimiento y, por tanto, era permanente; la segunda aseveró que era constante, porque era quien le colaboraba para su manutención y después del perecimiento del pensionado, la familia quedó en condiciones económicas precarias.

Este último aspecto se observa corroborado y aclarado en las afirmaciones de la señora Edith Yaneth Giraldo (min. 54´00 a h1.14´48, ibídem) y por el accionante en su interrogatorio de parte, quienes, a pesar de tener interés en las resultas del proceso, se observan espontáneos, responsivos y coherentes, por lo que no se advierte ninguna circunstancia objetiva que pueda demeritar sus dichos.

En efecto, los referidos señores (la primera, ajena al proceso pero con vínculo afectivo directo con el actor, respecto de la cual no se propuso tacha alguna y, el segundo, como parte), admitieron que la ayuda del fallecido se originó con el accidente del señor Cruz Otavo, pues antes de ese hecho no la recibían; que no era una cuota específica, pero sí mensual y podía oscilar entre $400.000 y $800.000, siendo el último lo que les entregaba cuando viajaba para las fiestas de San Pedro y diciembre; que era determinante en el sostenimiento del hogar porque los trabajos no formales de ambos eran insuficientes para cubrir sus gastos; que la ayuda de terceros tampoco era permanente y mucho menos significativa, pues las hija del reclamante no tenían recursos suficientes para apoyarlos; que, incluso, tras la muerte del señor Cruz Sánchez, la señora Giraldo se vio obligada a trasladarse Bogotá, toda vez que en El Espinal, lugar de la residencia familiar, no lograba conseguir un trabajo permanente con el cual pudiese cubrir la manutención de los integrantes de su hogar.

En síntesis, en aplicación de los artículos 51, 60 y 61 del CPTSS y 167 y 176 del CGP, los medios de prueba practicados informan de la dependencia económica del señor Edison Cruz Otavo respecto de su padre, sin que la accionada haya aportado, como era su carga ante esa acreditación, algún medio de convicción que permitiera colegir, incluso indiciariamente, que «tenía ingresos propios […] para solventar su subsistencia», como lo afirmó en la contestación a la demanda, razón por la cual se revocará la primera decisión y en su lugar se concederá la sustitución pensional pretendida.

Ahora, cumple recordar que, conforme al artículo 73 de la Ley 100 de 1993, la pensión de sobrevivientes a cargo del régimen de ahorro individual, «se rige por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 de la misma normativa», lo cual implica, según se explicó en la providencia CSJ SL3151-2023, que «no se calcula en función del saldo de la cuenta individual existente al momento del fallecimiento del asegurado, sino en virtud de las mismas reglas que aplican para la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación definida».

Por tanto, tratándose de pensionados fallecidos, la prestación corresponderá al 100 % del valor que en vida este disfrutaba, de acuerdo con el inciso 1° del artículo 48, ibídem, en armonía con lo indicado en la providencia CSJ SL3942-2021 y su pago o financiación se realizará «con los recursos que se previeron inicialmente para la de vejez […]», teniendo en cuenta «la modalidad que el causante eligió para percibir la prestación -artículos 77 y 80 ibidem» (CSJ SL3942-2021 y CSJ SL3451-2022).

En consecuencia, se ordenará a Porvenir S. A., reconocer al señor Edison Cruz Otavo la sustitución pensional con ocasión a la muerte de su padre, Héctor Julio Sánchez Cruz, a partir del 11 de febrero de 2019, equivalente al 100 % de lo percibido por el causante para esa fecha, que corresponde a $ 1.150.076, junto a las mesadas adicionales de junio y diciembre, en razón a que, conforme al documento de f.° 185, cuaderno del juzgado «Tomo 1», archivo «2022122647282», ib, en relación con el archivo «0009Memorial.xls», ibidem, aquel causó su derecho por vejez en noviembre de 2010, por valor de $970.830, es decir, en cuantía inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así se desprende de los artículos 50, 142 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el 48, 49 y 73, ib y el 48 Constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, al tenor de lo explicado en la providencia CSJ SL2074-2020, toda vez que el derecho originario se causó antes del 31 de julio de 2011.

Finalmente, se dispondrá el pago de intereses moratorios, pues la Corte ha sostenido que en principio y por regla general, proceden en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase de prestación (sentencia CSJ SL, 29 may. 2003, rad. 18789, reiterada, entre otras, en la CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 32002 y CSJ SL1440-2018).

Así mismo ha definido que, si bien su cancelación se encuentra supeditada a que exista mora o retardo en el pago de la prestación pensional a la que se tiene derecho, en todo caso su naturaleza es resarcitoria, pues el legislador los estableció para reparar el pago tardío de la pensión a que había lugar, no como una mera sanción al deudor (CSJ SL2546-2020).

Del mismo modo, la Corporación ha precisado que aquellos deben ser impuestos con independencia de la buena o mala fe en el comportamiento en que haya incurrido el deudor, siempre y cuando se demuestre el retardo injustificado en la cancelación de la prestación pensional (CSJ SL7893-2015), advirtiendo, además, que no en todos los casos es imperativo condenar por ese concepto, estableciendo algunas excepciones, cuando:

1. La negativa de las entidades a reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).

2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL787-2013, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016).

3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema (CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018).

4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016).

5. Existe «algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria», como se puntualizó en la sentencia CSJ SL454-2021, reiterada, entre otros, en los fallos CSJ 1476-2021 y CSJ SL2893-2021, con la precisión de que, en esta última hipótesis, la controversia entre el derecho pensional debe implicar una disputa real y no supuesta ni eventual entre beneficiarios excluyentes de la prestación (CSJ SL5654-2021).

Como se advierte, ninguna de las referidas excepciones se identifica con el asunto, pues no existe noticia de un pretenso beneficiario que haya reclamado la sustitución pensional del causante por exclusión y, por el contrario, la AFP negó la petición afirmando una autosuficiencia económica que no demostró, máxime si se tiene en cuenta que la investigación administrativa que realizó permitía colegir la subordinación económica del accionante como hijo invalido.

De donde, teniendo en cuenta que el señor Cruz Otavo reclamó a la AFP la prestación en contienda el 19 de septiembre de 2019 (f.°216 a 221, ibídem) y esta tenía dos meses para su otorgamiento, según el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, hay lugar al crédito resarcitorio a partir del 20 noviembre de igual año.

Lo anterior hace improcedente la indexación pretendida.

Por sustracción de materia, se declararán no probadas las excepciones de buena fe, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por activa, afectación del sostenimiento financiero del sistema general de pensiones y la genérica.

A igual conclusión se arriba respecto de la de prescripción, toda vez que entre el deceso del causante y la presentación de la demanda, que fue el 10 de julio de 2020 (f.° 3, cuaderno del juzgado «Tomo1», archivo «2022122647282»), no trascurrió el término trienal del artículo 151 del CPTSS.

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada y en favor del demandante.

III. DECISIÓN

A causa de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué, el 11 de junio de 2021, dentro del proceso de la referencia, en cuanto absolvió a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. de las pretensiones incoadas por EDISON CRUZ OTAVO, a quien le impuso costas procesales, para en su lugar:

PRIMERO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A. a reconocer al señor EDISON CRUZ OTAVO, en calidad de hijo inválido dependiente, la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento del señor HÉCTOR JULIO CRUZ SÁNCHEZ, a partir del 11 de febrero de 2019, en la modalidad de retiro programado, que fue la seleccionada por el causante al momento del reconocimiento de su pensión de vejez.

La mesada corresponderá al 100 % de lo percibido por el progenitor sustituido, junto a dos mesadas adicionales al año, más los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 20 de noviembre de 2019 hasta que se efectúe el pago completo de la obligación, conforme a lo señalado en las consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones de buena fe, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por activa, afectación del sostenimiento financiero del sistema general de pensiones, prescripción y la genérica.

TERCERO: Costas como se dijo en la parte considerativa.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

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