Como sustento de la decisión dijo lo siguiente:
Problema jurídico la controversia jurídica se contrae a determinar si el señor Luis Alberto Cano Martínez acreditó la dependencia económica respecto el causante a efectos de acceder a la sustitución pensional deprecada. Hechos probados. se encuentra acreditado en juicio que el señor Luis Gabriel Cano Isaza fue pensionado a través de la figura de la conmutación pensional por parte de Colseguros S.A. hoy Allianz Seguros de Vida S.A. y falleció el 17 de enero de 2010 folios 132. Según dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá Cundinamarca, el señor Luis Alberto Cano Martínez tiene una pérdida de su capacidad laboral del 53.93% con fecha de estructuración el 23 de junio de 2009 (folios 119 y siguientes).
Consideraciones la conmutación pensional encuentra como antecedente legal el artículo 1° del decreto 2670 de 1971 reglamentada por el decreto 1572 de 1973 el cual prevé que en casos excepcionales las empresas podrán conmutar las pensiones de jubilación legales y convencionales a través del Instituto de Seguros Sociales en virtud de la conmutación, este sustituirá a la empresa obligada en el pago de la jubilación y de los demás derechos accesorios a ella. La figura de la conmutación del pasivo social fue definida por la corte constitucional en sentencia C-090 de 2011 bajo el entendido que es un mecanismo jurídico y contable a través del cual una entidad empleadora para lograr la normalización de su pasivo pensional transfiere a un tercero mediante el pago de una suma establecida la responsabilidad jurídica del pago de las pensiones a su cargo. La conmutación puede ser total y definitiva cuando el empleado se libera integralmente de toda responsabilidad del pago de los pasivos pensionales o parcial cuando el empleador conserva responsabilidad por el pasivo transferido. A su vez, el inciso segundo del parágrafo 2° del artículo 41 de la ley 550 de 1999 reglamentado por el artículo tercero del Decreto 1260 del año 2000, estableció entre las formas de conmutación del pasivo pensional que podría realizarse con las administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros de vida, de allí que se pretende el reconocimiento de la sustitución pensional a la sociedad aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A. En tal sentido reposa a folios 262 y siguientes el contrato de conmutación pensional entre Comunican S.A. y la Compañía Aseguradora de Vida Colseguros S.A., a través de la cual esta última asumió íntegramente las obligaciones pensionales de Comunican S.A. con sus pensionados, entre ellos el causante y los riesgos asociados al pago de las mismas.
El caso concreto. Dado que el señor Luis Alberto Cano Martínez solicita la sustitución pensional de quien fuera su padre Luis Gabriel Cano Isaza, debe acreditar el cumplimiento al requisito de la dependencia económica prevista en el literal c) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, puesto que aparece acreditado en el expediente que es hijo del demandante (folio 133), su invalidez fruto de la pérdida de la capacidad laboral es superior al 50% con fecha de estructuración 23 de junio de 2009, según dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, Regional de Bogotá Cundinamarca, que obra a folio 119 siguientes, la cual debe entenderse aún subsiste pues nada contrario se demostró.
La prueba testimonial. Se allegaron los testimonios de los señores Gabriel Cano Martínez Elena del Socorro Hernández de Cano y Eduardo Arango Martínez quienes en términos generales expresaron que el actor residió junto a su núcleo familiar, en los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente desde el año de 1998, señalan que mientras no sufría enfermedad alguna el actor realizaba diferentes labores para su manutención agregaron que el del año 2006 cuando comenzó a padecer numerosas enfermedades asociadas con problemas cardíacos, diabetes, presión arterial y cáncer no pudo continuar laborando y su padre, al igual que familiares, le ayudaban con recursos económicos para su subsistencia y manutención. Expresó el testigo Gabriel Cano Martínez, hermano del actor respecto al requisito de la dependencia económica, que aquél dada la discapacidad que padece desde el 2006 percibe una pensión muy pequeña del gobierno americano que le alcanza para los medicamentos y a duras penas para alimentarse. Sostuvo que el causante, esto es, su padre, lo autorizaba para enviarle dinero a su hermano, el mismo giraba los cheques porque su padre ya no lo podía hacer, sacaba la plata y compraba las divisas. No existió una periodicidad establecida. Los recursos económicos se enviaban cuando el actor necesitaba ayuda; agregó que el demandante recibió ayuda ocasional de su familia, hermanos e hijos; afirma que el demandante no cuenta con bienes inmuebles que le generen renta sólo su vivienda y la séptima parte de un apartamento que recibió como herencia. El dinero que recibía del causante lo utilizaba el actor para comprar medicamentos alimentos y pagar la vivienda toda vez que la perdió por la burbuja en Estados Unidos. Dejó de trabajar desde que lo intervinieron para el marcapasos y así continúa hasta la actualidad. Entre el 2007 y el 2010 recibió sólo los aportes del causante que dos o tres días antes de morir cuando el causante se enteró de la verdadera crisis de salud por la que atravesaba el actor hizo un último cheque por 45 millones con el fin de que cubriera las eventualidades en ese momento.
La señora Elena de Socorro Hernández decano cuñada del actor, señaló que éste tuvo un almacén de revistas y periódicos latinoamericanos y después un restaurante, los cuales vendió con él con el producido se sostuvo cuándo empezó a deteriorarse su estado de salud en el año 2006. El pensionado fallecido le solicitaba a su hijo Gabriel (testigo) que le diera cheques a la accionante cada vez que esté lo solicitará, dinero que le duraba un determinado tiempo; señaló que el actor contaba con un vehículo y un apartamento hipotecado; desconoce los ingresos percibidos por este pero señala que afrontaba sus obligaciones con el bono otorgado por el gobierno de los Estados Unidos a las personas discapacitadas. Se trata de un Bono alimentario y en la seguridad social cubre bastantes gastos de salud y lo que el occiso le envía le enviaba que también destinaba a gastos médicos que no cubren la seguridad social, la alimentación y la hipoteca. Indica que entre los años 2009 y 2010 el actor no devengada ingresos por otros conceptos.
El testigo Eduardo Arango Martínez, hermano de la cónyuge del actor, informó que este se encargaba en Estados Unidos de los suministros para El Espectador y “de Puente con la compañía que vende al papel a El Espectador desde Canadá” con ella está activado hasta el 2006 o 2007 Cuándo empezó a deteriorarse su salud. Afirma que el señor Luis Gabriel Cano asistía económicamente al demandante y a través de amigos y familiares le allegaban dólares. El testigo personalmente en tres oportunidades le llevó valores de 9000, 7500 y 8000 dólares. Los hijos del actor no lo ayudaban económicamente porque tiene sus propios hogares y gastos económicos. También indicó que el señor Luis Alberto recibe un auxilio por parte del gobierno de los Estados Unidos con el cual cubre “gran parte de los gastos médicos”. Para los años 2009 y 2010 hacia frente a sus obligaciones con los dineros que enviaba el fallecido cuantías que eran variables y esporádicas y que aquél destinaba para su subsistencia alimentos y deudas. Agregó respecto al auxilio que otorga el estado americano que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas del demandante.
De la dependencia económica sobre la finalidad de la pensión de sobrevivientes ha sostenido la Corte Constitucional que tiene “por objeto impedir que ocurrida la muerte de una persona los miembros del grupo familiar que dependían económicamente de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales de su fallecimiento. Esto mediante la asignación de una prestación económica que suple la ausencia repentina del apoyo financiero al causante con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínima de los beneficiarios de esta prestación” (sentencia T 623 de 2013). En otros apartes que esta sala considera de la mayor relevancia para el caso bajo estudio señaló el alto tribunal “esta hipótesis tiene la finalidad de proteger a quién necesitó del auxilio de otra persona (su hijo) para satisfacer sus necesidades básicas puesto que las condiciones de edad u otras situaciones de debilidad manifiesta les impide obtener los recursos e ingresos. Para tal fin la pensión de sobrevivencia adquiere una relevancia constitucional en estos destinatarios toda vez que protege a personas con especial protección constitucional. En segundo lugar, la ley exige a quien pretende obtener una pensión de sobrevivientes se acredite la dependencia económica del causante al momento de su muerte. Este requisito ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la corte en sede de control abstracto y concreto tal como se muestra a continuación. Sobre el particular debe precisarse que el precedente de esta condición se conforma con la verificación de la dependencia económica de los padres y de los hijos inválidos con relación al causante ya que estos titulares son dos sujetos de especial protección constitucional. Los primeros por pertenecer a la tercera edad, los segundos, por la pérdida de la capacidad laboral este elemento es más preponderante que las diferencias que pueden presentarse entre estas personas. Entonces en virtud del derecho a la igualdad las reglas jurisprudenciales producidas en uno y otro evento son aplicables al caso en estudio. Por último la Corte identificó varias reglas jurisprudenciales que permiten determinar si una persona es o no dependiente económicamente de otra a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, criterios que se pueden sintetizar en los siguientes términos: 1. Para tener Independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. 2. El salario mínimo no es determinante para la independencia económica. 3. No constituye Independencia económica recibir otra prestación por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no ópera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13 literal j) de la ley 100 de 1993. 4. la independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. 5. los ingresos ocasionales no generan independencia económica es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes. 6. poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica. Adicionalmente ese fallo reiteró que la independencia económica es “tener la autonomía necesaria para sufragar los costos de la vida propia, sea a través de la capacidad laboral o de un patrimonio propio” o cómo “la posibilidad de que dispone el individuo para generar un ingreso económico o disponer de una fuente de recursos que le permitan asumir las necesidades básicas y garantizarse una vida en condiciones dignas y justas”.
De ahí que si el sujeto beneficiario logra demostrar que los ingresos ocasionales con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo de existencia que le permitan subsistir de forma digna y que estaba sometido al auxilio recibido por parte del causante, procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la persona en condición de discapacidad. En forma reciente está sala de revisión expidió la sentencia T 140 de 2013 por medio de la cual se amparo el derecho a la seguridad social de una hija inválida a quien Cajanal negó la sustitución pensional argumentando que su hermana la curadora legítima no demostró la dependencia económica con relación al padre de la tutelante. En la providencia la corte reiteró la jurisprudencia señalada y advirtió que “el único criterio que se puede utilizar para denegar el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia de una descendiente minusválida responde a identificar la satisfacción plena de sus necesidades básicas”. Al mismo tiempo reprochó la actuación de la entidad demandada que sin tener certeza la independencia económica de la tutelante negó la pensión de sobrevivencia”. Se extiende la Corte Constitucional rememorando abundantes antecedentes jurisprudenciales en relación con las personas discapacitadas en estado debilidad manifiesta o de especial protección constitucional.
Que pretende la pensión de sobrevivientes, tal como ocurre con el señor Luis Alberto Cano Martínez. No podía entonces abordarse el presente análisis con la simpleza que lo hizo la a quo cuando luego de rememorar las sentencias C-111 de 2006 y 30720 del 10 de junio de 2008 de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, concluyó que no alcanzó a demostrarse la dependencia económica por cuanto no se estableció una suma o cantidad definida en relación con los dineros que el señor Luis Gabriel Cano Isaza que en paz descanse le hacía llegar a su hijo Luis Alberto Cano Martínez aquí demandante. Tampoco se determinó la periodicidad, esto es, que el actor no esperaba mensualmente estos ingresos o no recibió una renta física mensual. Que además los lazos de familiaridad se daban respecto de su esposa e hijos y no propiamente con su padre y lo que recibía el actor eran simples ayudas y no rentas permanentes y constantes las que también percibía de otros familiares.
No comparte la sala la motivación de la falladora puesto que revisada la norma aplicable al caso concreto, esto es, el ordinal c) del artículo 74 de la ley 100 de 1993 por parte alguna se advierte que la dependencia económica de los hijos inválidos respecto de sus padres requiera acreditar valores específicos o que los recursos deben proveerse mensualmente o con determinada periodicidad o constancia. Tal inferencia obedece más a lo que comúnmente ocurre dada la cercanía o incluso la convivencia existente entre ellos circunstancia que no se presenta en este caso puesto que el actor se encuentra radicado en Estados Unidos como ciudadano en tanto su padre se encontraba residenciado en la ciudad de Cartagena (Colombia), antes de fallecer, circunstancia que no tiene la virtud de restar distanciar el elemento fáctico de la dependencia económica. Pues bien queda claro para esta Sala que al actor se le fue deteriorando su estado de salud y para el año 2007 su situación era crítica viéndose precisado a asumir una serie de gastos médicos y hospitalarios que menguaron ostensiblemente su patrimonio hasta el punto que de acuerdo con el informe que obra de folios 532 y siguientes elaborado por la empresa Kroll para la fecha en que fue declarada la estructuración de la invalidez sólo poseía junto con su cónyuge, la vivienda en la que reside identificada 611 o Sea Life apartamento 7f Key Biscayne Florida 33 149, de la cual se especifica a folio 547 Cano y Elsy compraron esa propiedad en agosto de 2008 por un valor de $640.200 dólares. Adicionalmente identificamos que está registrada como su residencia principal, Justin y tiene un saldo de hipoteca de 522.356,18 dólares. De folio 536 se aclara que según registros del Condado Miami, tienen un valor catastral estimado de $454.611 dólares y un valor de Mercado de $538.450 dólares. Señala el documento a que venimos haciendo referencia que la propiedad declarada como Hosting de acuerdo con el artículo 15 capítulo 222 de la ley de Florida o residencia principal, tiene una protección especial y legal y no puede ser confiscada o vendida por la Corte en los casos de bancarrota (folios 547 pie de página). Del informe en cuestión es fácil deducir que los múltiples bienes de fortuna de los que habla la sociedad demandada fueron vendidos por razones que no se especifican siendo lo cierto que la situación económica del actor alcanzó un estado crítico respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas y no precisamente hasta el punto de la indigencia que tal como lo ha dicho insistentemente nuestro máximo órgano de cierre no se requiere una demostración para acreditar la dependencia económica respecto al fallecido máxime se tiene en cuenta que el nivel de vida de la familia Cano Martínez un cambio drástico por razones ampliamente conocidas. Los deponentes coinciden en que el señor Luis Gabriel Cano Isaza le proveía recursos económicos no obstante que el recibía del gobierno americano un Bono por incapacidad para trabajar que destinaba principalmente para medicamentos y alimentos, por tanto insuficientes para procurarse una vida digna. Ahora bien, no puede determinarse a ciencia cierta la cuantía que el demandante recibía semanal o mensualmente pero en verdad tampoco puede darse el calificativo de simple ayuda, pues basta con atender la afirmación del señor Eduardo Arango Martínez esposo de la hermana del actor, quien en tres oportunidades de empleo sumas de 8000, 7500 y 9000 dólares cuyo promedio entre 2008 y 2009 representaba cada una 16 millones de pesos. Razón atendible para que los testigos señalaron que eran esporádicos porque precisamente cubrían por determinado tiempo las necesidades del demandante. A lo anterior debe sumarse que el señor Gabriel Cano Martínez por autorización de su padre giraba cheques, los cambiaba y compraba divisas para enviarlas a su hermano.
No pueden entonces tomarse las situaciones fácticas descritas como meros actos humanitarios para poder auxiliar momentáneamente al Señor Luis Alberto Cano Martínez por parte de su padre y tampoco el hecho de haber omitido el señor Cano Isaza nombrar o señalar un beneficiario de su pensión es atendible para desquiciar la dependencia económica, puesto que para el momento de este fallecer aún no se había determinado el estado de invalidez de aquel, dictamen que se prefirió el 3 de septiembre de 2010 esto es, cerca de 8 meses después de su deceso.
También adquiere relevancia en el caso en estudio el hecho de que el padre del actor no se enteró sino hasta poco antes de su muerte del verdadero estado de salud de su hijo inválido y aún así mucho antes de estructurarse la pérdida de la capacidad laboral lo venía asistiendo económicamente, luego este requisito para ser un mero formalismo que nada interfiere con la dependencia económica de que ahora se trata. Más aún era tan claro para el causante que su hijo Luis Alberto requería de su manutención económica que dos o tres días antes de fallecer autorizó girar un cheque por 45 millones de pesos precisamente previendo las dificultades que pudiera presentarse cuando él llegará a faltar. Bajo estas precisiones cabe retomar las palabras del doctor Luis Javier Osorio López cuando señaló “es que no sé si hay enunciado legal que defina el concepto de dependencia económica, luego de la suspensión de posterior nulidad del artículo 16 del decreto 1889 de 1994 que sí la definía este enunciado debe asumirse en su sentido natural y obvio es decir con la connotación de estar subordinada a una persona o cosa o necesitar una persona del auxilio de protección de otra”. Así entonces de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil según el cual “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica sin perjuicio de las solemnidades previstas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba”.
Llega esta Corporación al convencimiento de que el demandante dadas las posibilidades económicas de su padre y su condición de discapacitado estuvo subordinado económicamente toda vez que precisaba de su auxilio y protección. Por lo visto en precedencia procede a esta corporación a revocar la sentencia de primera instancia revisada en virtud del recurso apelación presentado por la parte actora para en su lugar condenar a la sociedad Allianz Seguros de Vida S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes al Señor Luis Alberto Cano Martínez a partir del 17 de enero de 2010 en el 100% de la suma que venía percibiendo el asegurado al momento de fallecer por 13 mesadas anuales, retroactivo que deberá indexarse desde la exigibilidad de la obligación y hasta el momento efectivo del pago. La pensión deberá reajustarse anualmente de conformidad con el índice de precios al consumidor. Costas en las instancias a cargo de la parte demandada.
RECURSO DE CASACIÓN
Propuesto por la demandada y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicita que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado. Sobre costas se resolverá de acuerdo con el resultado del proceso.
CARGO PRIMERO
Sostiene que la sentencia acusada viola «por la vía directa y por aplicación indebida los artículos 86, 230 de la Constitución Política; 46, 47, 74 de la ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003); 1036 del Código de Comercio (1o ley 389 de 1997)».
La sociedad recurrente, asevera que como es propio de toda acusación orientada por la vía directa, no discute lo que halló por probado el juzgador de segunda instancia en torno a que:
1º) Al momento del fallecimiento del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza aún no se había determinado el estado de invalidez del Sr. Luis Alberto Cano Martínez.
2º) Dos o tres días antes de morir (el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza), cuando se enteró de la gravedad de la salud del Sr. Luis Alberto Cano Martínez, hizo un último cheque de $45.000.000.00.
3º) El Sr. Luis Gabriel Cano Isaza no nombró como beneficiario de su pensión al Sr. Luis Alberto Cano Isaza (afirmado por la demandada y reseñado por el Tribunal para sostener que tal aspecto no incide en la causación del derecho a la sustitución pensional).
4º) El padre del demandante no se enteró si no poco antes de su muerte del real estado de su hijo inválido.
5º) El padre del demandante, al igual que otros familiares, le ayudaban para su subsistencia.
6º) El demandante recibe del seguro social en Estados Unidos un bono para alimentación y medicamentos.
7º) El demandante posee un vehículo y un apartamento de vivienda que está hipotecado.
8º) El apartamento de propiedad del demandante goza de protección especial en la legislación de los Estados Unidos.
9º) El demandante es propietario de una 7ª. parte de un apartamento y un garaje en Cartagena.
10º) No se puede determinar la cuantía de la ayuda que brindaba el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza al Sr. Luis Alberto Cano Martínez.
Partiendo de los anteriores supuestos fácticos, asevera que:
Si el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza no tenía conocimiento de la condición de salud de su hijo Luis Alberto Cano Martínez, dado que se enteró de ella dos o tres días antes de morir, mal se puede aceptar que lo tuviera como dependiente económicamente en los términos exigidos por el artículo 13 de la ley 797 de 2003.
Como el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza solamente se enteró del real estado de salud de su hijo unos días antes de morir y por eso le giró un cheque de $45.000.000.oo, es obvio que solamente le hizo un pago único originado en las precarias condiciones de salud del demandante. Esto es, no hubo secuencia en los pagos por razón de la condición de salud del demandante, por lo que es imposible concluir que ese pago único representara el concepto de dependencia económica previsto en el citado artículo 13 de la ley 797 de 2003.
Si el demandante recibía del Seguro Social Americano un bono para atender los gastos de alimentación y de salud y además poseía un inmueble destinado a su vivienda, cualquier ingreso adicional proveniente del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza (hipótesis) y de sus otros familiares, solamente podía tener la condición de suplementario. Es decir, el demandante no dependía económicamente de tales ayudas o dicho en términos jurídicos, no se configura el elemento de dependencia económica previsto en la ley.
Si el demandante recibía ayuda de su padre pero también de otros familiares, resulta aventurado concluir que su dependencia económica solamente se estructuraba respecto de la ayuda que le remitía el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza.
Como al momento del fallecimiento del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza el demandante no tenía declarada la condición de inválido, tal requisito era inexistente en el momento en el que por producirse el fallecimiento del pensionado, se definen los elementos de causación del pretendido derecho a la sustitución de la pensión.
Aunque el Tribunal, en forma que parece inadecuada, tacha por simpleza la conclusión de la A quo cuando entre los argumentos para concluir que no había la dependencia económica exigida por la ley para producir la sustitución pensional, señala que no se estableció ni la suma que el Sr. Cano Isaza le mandaba al actor ni la periodicidad de los envíos, la realidad es que tales dos elementos sí son fundamentales para identificar si existe o no la reseñada dependencia. No es lo mismo enviar $1.000,oo una vez que remitir $1.000.000.,oo cincuenta veces.
Si el demandante estuvo enfermo desde 2007 (incluso parece ser que desde antes) y el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza solamente le remite un cheque originado en las condiciones de salud del demandante en enero de 2010, es obvio que en esos tres años no derivó de su padre lo requerido para el sostenimiento de una vida digna. Los otros cheques que el Tribunal tuvo por ciertos, por esporádicos, no representan la dependencia económica en cuestión.
Tiene claro este cargo que el elemento de dependencia económica tiene en su configuración repetidos aspectos de orden fáctico, pero igualmente para su declaratoria es necesario contar con una sucesión de consideraciones jurídicas, como son las que se han reseñado, con las cuales se quiere destacar la importancia de lo expresado por esa H. Corte cuando ha señalado que la dependencia económica y las condiciones de causación del derecho a la sustitución pensional, deben determinarse en el momento del fallecimiento del pensionado (en este caso) y no antes ni después, razón por la cual se ha insistido en que para cuando muere el Sr. Cano Isaza no llevaba sino dos o tres días de conocer la situación de salud de su hijo, por lo que no había posibilidad de asumirlo como dependiente suyo económicamente con anterioridad al momento en que se enteró de esas difíciles condiciones de salud del actor, pero además y con mayor importancia, la realidad es que el estado de invalidez no existía en el momento de la muerte del pensionado dado que fue declarado con posterioridad a tal fallecimiento.
Aduce que en el caso presente no existían al momento de la muerte del pensionado, ni la condición de inválido ni la dependencia económica del actor respecto del fallecido, requisitos sin los cuales no se cumplen las exigencias del artículo 13 de la ley 797 de 2003, además, como lo dijo el juez de primera instancia, sin conocer el monto de lo aportado por el pensionado fallecido ni la periodicidad de sus envíos al actor, «es imposible concluir que había una dependencia económica, por lo que tachar de simple tal conclusión del fallo de primer grado constituye un nuevo error jurídico porque excluye del estudio dos elementos fundamentales para poder identificar si existe o no la necesaria dependencia económica. Por tanto, procede el quebrantamiento del fallo acusado en criterio de mi mandante y por ello, se solicita de nuevo que en la actuación de instancia se confirme lo decidido por la A quo».
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia «de ser violatoria por la vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 1036 del Código de Comercio; 46, 47, 74 de la ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003)».
Asevera que el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante, al momento del fallecimiento del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza el 17 de enero de 2010, contaba con bienes e ingresos que le permitían sufragar con suficiencia sus requerimientos vitales.
No dar por demostrado, estándolo, que aun en la actualidad el demandante cuenta con bienes e ingresos que le permiten atender sus requerimientos de salud, alimentación y vivienda.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza había asumido el demandante como su dependiente económicamente.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza le hizo al demandante varios giros.
No dar por demostrado, estándolo, que al 17 de enero de 2010 el demandante era propietario de varios inmuebles, vehículos y embarcaciones.
Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que el demandante al 17 de enero de 2010, dependía económicamente del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza.
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no figura en el seguro que originó la pensión a favor del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza, como beneficiario del mismo.
Como pruebas mal apreciadas relaciona los informes presentados por la firma investigadora KROLL (fs. 532 a 609) y el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca (fs. 119 y s.s.); y como no apreciadas: la comunicación del 1º de agosto de 2008 de la demandada (f. 272), la información de beneficiarios de la pensión del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza (f. 270), el reporte de la firma ACIR LTDA con sus anexos (fs. 610 a 638), las declaraciones y registros sobre bienes a nombre del demandante (fs. 388-390; 427-428; 443-444; 464-465), la constancia de pago de hipoteca (f. 475). Denunció igualmente la errónea la apreciación de la prueba no calificada correspondiente a los testimonios de Gabriel Cano, Elena del Socorro Hernández de Cano, Eduardo Arango Martínez como probanzas no contempladas.
La recurrente inicia la demostración del cargo advirtiendo que es necesario partir de una premisa esencial, como es recordar que la dependencia se «mide o se determina en la fecha en que se produce el fallecimiento del pensionado cuya muerte genera el potencial derecho a la pensión de sobrevivencia, fecha que en el presente caso fue el 17 de enero de 2010. Para ese día, en aspecto que sí aceptó el Ad quem, el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza solamente se había enterado de la situación de salud del demandante con dos o tres días de anterioridad, lo cual supone claramente, que en el momento de su muerte solamente podría llevar dos o tres días pensando en ayudarle, lo que por sí solo imposibilita la construcción del elemento de dependencia económica exigido por la ley para estructurar el derecho a la pensión de sobrevivencia en las condiciones del demandante».
Agrega que para esa fecha Luis Alberto Cano Martínez poseía bienes que podían proveerle de recursos suficientes, aun cuando ya se encontrara en las difíciles condiciones de salud que relata en su demanda, pues en el reporte de «la firma ACIR LTDA que obra a partir del folio 610, fechado el 28 de julio de 2010, aparece que el demandante tenía participación en dos bienes inmuebles y en un vehículo, lo cual en realidad es accesorio pues lo importante se encuentra en los informes de la firma KROLL que se encuentran a partir del folio 532 y que el Ad quem miró con especial superficialidad».
Así mismo, el reporte de investigación que se encuentra a partir del folio 532, fechado en octubre de 2010 «y por su relativa proximidad con la fecha de la muerte del Sr Cano Isaza, es el que mayor claridad brinda en relación con la situación patrimonial del actor el 17 de enero de 2010, que es la única fecha hábil para determinar la dependencia económica que se encuentra en discusión. En los folios 536 y 537 figuran 3 inmuebles y 7 barcos, lo cual concuerda con los documentos traducidos que aparecen en los folios 427-428, 443-444, 464-465. En los informes posteriores de 2012 los registros sobre estos bienes cambian, pero ello ya no incide en lo que interesa a este proceso que es conocer si había o no dependencia económica del actor respecto del Sr. Cano Isaza en enero 17 de 2010 y con los documentos anteriores ya queda claro que tal elemento de dependencia, en el momento antes anotado, no existía».
Pero además el Tribunal aceptó que el padre del demandante solamente le giró un cheque luego de haber sabido de su difícil condición de salud, es decir, «se trata de un pago único, que en realidad se encuentra argumentado pero en estricto sentido no está demostrado».
Afirma que aunque el Tribunal lo miró con desdén, «se trata de un elemento importante el constatar que el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza no designó como beneficiario suyo en el tema de la pensión al demandante, tal como se aprecia en el documento del folio 270, lo cual resulta diciente si se tiene en cuenta la petición de la demandada consignada en su carta del 1º de agosto de 2008 en la que le pide al pensionado Sr. Cano Isaza que le "comunique cualquier novedad referente a su grupo familiar", solicitud que adquiere mayor importancia por la fecha en que se hace dado que es posterior a la época por la cual se produjeron las novedades de salud del demandante».
Añade que si a lo anterior se suma que el Tribunal acepta que el demandante recibe del Seguro Social Norteamericano un bono o auxilio destinado a cubrir alimentación y medicamentos e igualmente acepta que cuenta con vivienda propia que por su condición goza de una protección jurídica especial y, «así mismo, con un vehículo, además de las ayudas de familiares que igualmente fueron aceptadas por el Ad quem, el panorama se encuentra muy distante de la configuración de la dependencia económica exigida por el artículo 13 de la ley 797 de 2003», pues si bien no se desconocen las dificultades del actor por razón de su precario estado de salud, también lo es que en el presente proceso «se trata de definir la correcta aplicación de la ley pues se está frente a una expresión del sistema de seguridad social regulado legalmente y no frente a una situación de asistencia pública, situaciones muy bien diferenciadas en los artículos 48 y 49 de la Constitución».
Considera que con la prueba calificada se acreditan los dislates del juzgador, por lo que se abre paso a estudiar la testimonial, de la cual también se puede concluir que el juez de alzada la valoró indebidamente, por lo siguiente:
• Los declarantes claramente tienen interés en las resultas del proceso dado sus nexos de consanguinidad o de afinidad, con el demandante o con parientes del mismo, lo cual ha debido ser tenido en cuenta al aplicar las reglas sobre valoración de la prueba (el Tribunal curiosamente se apoya en el artículo 187 del C.P.C. y no en los artículos 60 y 61 del C.P.T. y S.S.)
• Los testigos aceptan que el demandante cuenta con vivienda, una participación en un inmueble en Cartagena con su garaje y con una pensión o bono para medicamentos y alimentación brindado por la Seguridad Social de Estados Unidos.
• Hablan del envío de unos dineros por Don Luis Gabriel Cano Isaza al demandante y de unas cuantías, pero ese dicho no tiene respaldo documental y las fotocopias de unos cheques que aparecen en el expediente no coinciden con los que el testigo Arango Martínez dice que se los llevó al demandante. Además, tampoco aparecen recibidos por éste.
• En suma, lo que dicen los testigos respaldan más claramente la posición de la demandada en cuanto a que el actor el 17 de enero de 2010 tenía bienes que le permitían atender sus requerimientos vitales y no demuestran la requerida dependencia económica del actor respecto de su padre fallecido.
En este caso lo expresado por los declarantes debían contar con algún respaldo, pero la realidad es que su dicho, en lo que toca con la dependencia económica, resulta inverosímil porque, si Don Luis Gabriel Cano solamente se enteró de la situación de salud de su hijo dos o tres días antes de morir, resulta imposible que desde 2008 estuviera enviándole ayudas para superar las dificultades resultantes de tal condición.
OPOSICIÓN
Inicia por señalar que no es objeto de debate la condición de invalidez del accionante, que el causante Cano Isaza era beneficiario de una prestación periódica de vejez a cargo de Allianz Seguros de Vida S.A. y que la normativa aplicable es la prevista en los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
En cuanto al primer cargo señala que efectivamente la calificación del estado de invalidez del actor fue posterior al fallecimiento del de cujus, pero que lo determinante es que la Junta de Calificación de Invalidez fijó como fecha de estructuración de la misma el 23 de junio de 2009, data que antecede al deceso referido, sin que la norma exija que la calificación deba haberse producido antes del hecho causante.
Asevera que el señor Luis Gabriel Cano Isaza (q.e.p.d.) tenía conocimiento de la invalidez del promotor, pues en varias ocasiones envió dinero con diferentes miembros de la familia a sabiendas que éste no tenía ingresos suficientes para subrogar sus propios gastos, lo cual no puede catalogarse como una simple colaboración, sino como sostenimiento económico, lo que no se desvirtúa con el bono que recibe del estado americano que no le permite sufragar sus gastos necesarios, máxime si se tiene en cuenta el concepto jurisprudencial del mínimo vital cualitativo, de acuerdo con el cual no es obstáculo que cualquier otro ingreso desvirtúe la dependencia económica, como tampoco tiene el mismo efecto el hecho de tener un inmueble destinado a su propia vivienda que no le generaba ingreso alguno sino gastos que no podía cubrir por su condición de discapacidad.
Por lo anterior considera que la decisión confutada está ajustada a la ley, pues no se demostró que otros familiares del accionante le colaboraran para su manutención; con respecto al informe Kroll señala que este «demuestra es que bienes estuvieron bajo el dominio de mi prohijado y es que […] no puede ser tenido como prueba en ningún juicio pues así lo dicta el mismo informe en su presentación folio 533, que dicho informe no puede ser utilizado ni divulgado, ni revelado, ni reproducido sin autorización expresa de Kroll autorización que en todo el juicio [ha] brillado por su ausencia».
Añade que éste es solo «un acto investigativo» que «no constituye una recomendación, sugerencia, opinión o aprobación de ningún tipo, siendo esto que no sirve como probanza y que su contenido no es ratificable en los términos que fue aportado, mostrando así quien si pretende dar una mala o indebida aplicación a los medios probatorios para que se acepten sus pedimentos».
Los cargos se estudiarán conjuntamente pues pese a dirigirse por diferente vía, persiguen idéntico fin y acusan la transgresión de las mismas normas jurídicas.
CONSIDERACIONES
Le corresponde a la Corte elucidar si el Tribunal se equivocó al concluir que en el asunto bajo examen está configurado el elemento de la dependencia económica.
Pues bien, esta Corporación aborda el estudio de la acusación de la siguiente manera:
1º) Sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres o hijos en condición de discapacidad del causante
Finalidad de la pensión de sobrevivientes
La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generaran en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de un afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, esto con el fin de evitar un cambio sustancial de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios por la propia ley de seguridad social.
1.2. Dependencia económica de los padres o de los hijos en condición de discapacidad para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes
La protección de los padres o hijos en condición de discapacidad dependientes ha tenido una evolución desde la creación de la Ley 100 de 1993. Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando la persona dependiente no tuviera ingresos o los que percibieran eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado por exceder la potestad reglamentaria bajo el entendimiento de que:
El art. 47 de la Ley 100 de 1993 (...) no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta ultima que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original).
Posteriormente con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, la cual también fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional mediante la sentencia CC C-111/06 bajo el entendido que la exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, y la dignidad humana. En esa oportunidad dejó sentado dicho Tribunal constitucional:
“[…] pues si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.”
De otra parte esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres o a los hijos dependientes para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante los mismos no les permiten una autosuficiencia (sentencias CSJ SL9640 – 2014,CSJ SL9640 – 2014, SL8928 – 2014, CSJ SL30790-2007, CSJ SL22132-2004, CSJ SL24141-2005, CSJ SL26406-2006, CSJ SL30348-2007, y CSJ SL31205-2007).
Con ello se entiende que la dependencia económica de los padres o de los hijos respecto de aquéllos, que aspiran al reconocimiento como beneficiarios, no tiene que predicarse total y absoluta respecto del pensionado fallecido; no obstante no se puede entender que esto habilitó que cualquier ayuda por parte del progenitor o del descendiente se convierte en dependencia económica SL 14539-2016, SL 4103-2016 y SL 16184 -2015 y con ello deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores o de éstos eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial de las condiciones de su subsistencia.
1.3 Calificación de la dependencia
El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo o del padre fallecido, según el caso, que no es otro que aquel, que ante la pérdida de su familiar, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.
La dependencia parte de la necesidad de la protección del hijo en condición de discapacidad que se encuentra subordinado al ingreso que el padre le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica de éste se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de aquél, ante la imposibilidad material de costearlos para subsistir.
Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres o de los hijos de suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su subsistencia.
Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, esta Sala ya ha establecido los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien, la dependencia no debe ser total y absoluta la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida “como prueba determinante” de la dependencia, SL14539.- 2016. Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres o de éstos a aquellos, no establece una presunción de dependencia y por lo tanto debe verificarse la magnitud de dicho aporte.
Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en la sentencia anotada que reprodujo el criterio fijado en 2014, por esta sala en la sentencia SL14923-2014, rad. 47676, y que se recuerdan:
La dependencia económica debe ser:
Cierta y no presunta:
«se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».
Regular y periódica
de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario;
Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios
“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.
Y en decisión SL18980-2017, del 1º de nov. 2017, rad. 75081, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.
En consecuencia los padres o los hijos en estado de invalidez deberán, mediante los medios de convicción, acreditar además de: i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del fallecimiento del mismo.
De su parte al momento de estudiarse por parte de las entidades de seguridad social y el mismo juez se deberá adelantar la calificación de la dependencia bajo el estudio de los parámetros fijados por esta Corte a efectos de determinar la existencia o no de la misma.
2º Análisis de la plataforma probatoria para verificar si existió dependencia a la luz de la jurisprudencia en precedencia
Dice la sociedad recurrente que no se apreció el reporte de investigación KROLL obrante a folios 532 a 609 «con el objetivo de identificar propiedades asociadas, empresas, bienes muebles y litigios que Luis Alberto Cano Martínez (“Cano”), con quien el cliente tiene una relación comercial»; y el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá Cundinamarca (folios 119 a 122). Y que se dejaron de apreciar los documentos visibles a folio 272, 270, 610 a 638, 388 a 390, 427 a 428, 443 a 444 y 464 a 465, y 475; así como los testimonios de Gabriel Cano, Elena del Socorro Hernández de Cano y Eduardo Arango Martínez que también estimó mal apreciados.
En ese orden dijo que se incurrió en siete errores de hecho que se pasan a estudiar:
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante, al momento del fallecimiento del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza el 17 de enero de 2010, contaba con bienes e ingresos que le permitían sufragar con suficiencia sus requerimientos vitales.
No dar por demostrado, estándolo, que al 17 de enero de 2010 el demandante era propietario de varios inmuebles, vehículos y embarcaciones.
Considera el recurrente que de haber apreciado el documento KROLL, el juzgador hubiera dado por demostrado que el demandante poseía bienes que podían proveerle recursos suficientes para sufragar sus requerimientos vitales. El opositor señala que dicho instrumento no es válido dado su carácter confidencial y privado.
Contrario a lo señalado por el recurrente, el Juez Plural sí tuvo en cuenta el referido documento tal como se advierte en la sentencia, en la que refiriéndose a éste acotó: «[d]el informe en cuestión es fácil deducir que los múltiples bienes de fortuna de los que habla la sociedad demandada fueron vendidos por razones que no se especifican siendo lo cierto que la situación económica del actor alcanzó un estado crítico respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas y no precisamente hasta el punto de la indigencia que tal como lo ha dicho insistentemente nuestro máximo órgano de cierre no se requiere una demostración para acreditar la dependencia económica respecto al fallecido máxime se tiene en cuenta que el nivel de vida de la familia Cano Martínez un cambio drástico por razones ampliamente conocidas».
En ese orden, carece de asidero el error endilgado toda vez que fue con base en dicho instrumento que el sentenciador de segundo grado derivó la situación económica adversa por la que pasaba el actor Cano Martínez desde el año 2008.
Por otra parte, en el documento visible a folios 610 a 638 que se acusa como apreciado de manera equivocada por el fallador, reposa informe, junto con sus anexos, de la empresa ACIR LTDA por solicitud de la Aseguradora Colseguros S.A. que con base en estudios de bienes y propiedades concluye que «el solicitante (demandante) constituye un riesgo estándar para la Compañía»; a folios 388 a 390 reposa traducción oficial de una declaración juramentada de Federico Gil que da cuenta de la propiedad de un vehículo automotor del señor Luis Alberto Cano; en las páginas 427 a 428, se encuentra traducción oficial del documento de fecha 13 de febrero de 2006, que acredita la transferencia de la propiedad de una embarcación por parte del actor; en los folios 443 a 444, se encuentra traducción del certificado de propiedad de embarcación del promotor y de Elsy Arango Cano; en los folios 465 a 465 obra traducción oficial de la transferencia a favor del accionante y de Elsy Cano de un inmueble ubicado en La Florida el 30 de junio de 2005; y finalmente, la traducción del documento denominado pago de hipoteca por parte de los esposos Cano el 13 de enero de 1997 (fl. 475)
Con base en tales elementos de juicio considera el recurrente que se demuestra que el actor no era beneficiario de su padre Luis Gabriel Cano Isaza en el seguro adquirido por éste y que también se desvirtúa la dependencia económica con respecto a su progenitor, pues contaba con bienes suficientes para solventar sus necesidades básicas.
Lo primero que hay que decir es que la Sala tiene definido que los informes que recogen las investigaciones realizadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica con el fin de discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que estén suscritos por la demandante como no acontece en el asunto bajo escrutinio.
Con todo, lo que se deriva de tales medios es la existencia de algunas propiedades del señor Cano Ramírez con anterioridad al año 2010, fecha del fallecimiento del causante, pues de ninguno de ellos se deriva que para tal época los bienes allí descritos se mantuvieran bajo su dominio pues, por el contrario, lo que narra es que a partir de 2005 empezó su declive económico como consecuencia de los padecimientos de salud, por lo que no se logra derruir la conclusión del fallador en tal sentido.
No dar por demostrado, estándolo, que aun en la actualidad el demandante cuenta con bienes e ingresos que le permiten atender sus requerimientos de salud, alimentación y vivienda.
Además del ya referido informe Kroll que fue excluido por el juzgado de conocimiento como prueba, se denuncia la falta de apreciación del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá Cundinamarca, con respecto al cual no se encuentra soportado en un error de hecho; ahora si de lo que se trata es de desvirtuar la condición de invalidez a la fecha del fallecimiento del causante, razón le asiste al opositor en cuanto a que éste no es un requisito contemplado en los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los preceptos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, pues aun cuando consta que dicho experticio data del 3 de septiembre de 2010 y el fallecimiento del causante ocurrió el 17 de enero de 2010, lo cierto es que se determinó una fecha de estructuración de invalidez 23 de junio de 2009 que es en últimas la condición que hablita el derecho.
En ese orden, aún cuando el tribunal hubiera estimado dicha prueba en nada influye la determinación de tener por acreditada la condición de invalidez a la fecha de fallecimiento del causante.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza había asumido el demandante como su dependiente económicamente.
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no figura en el seguro que originó la pensión a favor del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza, como beneficiario del mismo.
Mediante la comunicación de 1 de agosto de 2008 (folio 272), la Directora Nacional de Rentas Vitalicias de Colseguros S.A., informa a Luis Gabriel Cano Isaza (q.e.p.d.) que a partir de esa fecha adquiría el estatus de pensionado de renta vitalicia y que en junio y diciembre de cada año debe alegar «el certificado de supervivencia de su grupo familiar y […] cualquier novedad referente a su grupo familiar o a cambios de información básica tales como dirección y teléfono […]». A folio 270 reposa el formulario diligenciado por el fallecido en el que no señala beneficiarios de la pensión.
No obstante lo anterior, de la decisión del Tribunal no se deriva que hubiera inferido que el pensionado señaló como su beneficiario al actor y efectivamente, de ello dan cuenta los documentos referidos en los que no consta que el mencionado hubiera señalado a su hijo en tal calidad para el año 2008 cuando fue notificado por la demandada; sin embargo, esa circunstancia no desvirtúa la vocación pensional reclamada habida cuenta de que la norma aplicable no exige reconocimiento por parte del causante, de manera que no podía darse a tal documento el alcance que pretende el recurrente, se insiste por no existir disposición legal que lo facultara.
Dar por demostrado, sin estarlo, que el Sr. Luis Gabriel Cano Isaza le hizo al demandante varios giros.
Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que el demandante al 17 de enero de 2010, dependía económicamente del Sr. Luis Gabriel Cano Isaza.
Con respecto a lo precedente, ninguno de los documentos que se denuncian como mal apreciados se derivan los citados errores, por el contrario, en gracia de discusión, el Tribunal dedujo, de la prueba testimonial, que como es sabido no es hábil en la casación del trabajo, que el señor Cano Isaza, enviaba a su hijo dinero con varios de sus familiares para su sostenimiento y aunque al final de su vida envió una suma significativa ello no es suficiente para ignorar los restantes dineros que a través de diferentes miembros de la familia le enviaba al actor atendiendo su precaria situación económica en los Estados Unidos, como consecuencia de las distintas enfermedades que este tuvo que afrontar.
Luego, la contribución económica del pensionado fallecido no puede ser calificada como imprescindible para garantizar a la promotora del proceso la satisfacción de los requerimientos primordiales o esenciales.
De suerte que el recurrente, no demuestra error jurídico o fáctico alguno, por lo que los cargos no salen victoriosos.
Debido a que se presentó oportunamente escrito de réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $8.000.000,oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de mayo de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral promovido por LUIS ALBERTO CANO MARTÍNEZ contra ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
Costas, como se dijo en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN