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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07623-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07623-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, se dispone: 2. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por Martha Stella García Rivas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07623-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

17 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: MARTHA STELLA GARCÍA RIVAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Contrato realidad coordinadora de
jardines infantiles. Desconocimiento del precedente y defecto
fáctico. Revoca y deniega

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia del 12
de marzo de 2026 con la que el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 1º de diciembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado,
Martha Stella García Rivas pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad.

A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la sentencia de 18 de septiembre de 2025 con la que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D revocó la sentencia que accedió a las
pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 11001-33-35-010-2023-00225-01.

2. Pretensiones

La tutelante formuló las siguientes pretensiones:
1. PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de la señora MARTHA STELLA GARCÍA RIVAS al
debido proceso y a la igualdad en las decisiones judiciales.

2. SEGUNDO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “D” del H. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)¸ dentro del proceso con
radicado 11001-33-35 010-2023-00225-01, desconoció el precedente vinculante, (Sentencias de
Unificación 00260 de 2016, Sentencia de Unificación 0025 de 2021 proferidas por la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y Sentencia C-555 de 1994 Proferida por la corte
Constitucional) en los términos acá expuestos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

3. TERCERO: DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “D” del H. Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)¸ dentro del proceso con
radicado 11001-33-35 010-2023-00225-01, incurrió en defecto sustantivo y fáctico al no dar aplicación
de las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y la reglamentación aplicable prevista en el Decreto 1075
de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" que
señala cuáles son los niveles de educación formal y que de manera expresa incluye los niveles de jardín
y pre jardín.

4. CUARTA: Como consecuencia de lo anterior, Se DEJE SIN EFECTO la providencia judicial tutelada,
ordenándole al Tribunal proferir una providencia de reemplazo que resulte acorde con el precedente
vinculante, al ámbito de aplicación de la Ley 115 de 1994 y a las definiciones contenidas en el decreto
1075 de 2015, que supere los defectos expuestos y se tengan en cuenta las demás órdenes que a bien
tenga esta Corporación impartirle, a fin de que se profiera una decisión legal, constitucional y ajustada
a derecho, que garantice los derechos fundamentales de mi representada.

5. Subsidiaria de la Cuarta: se revoque la sentencia de segunda instancia de fecha dieciocho (18) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025)¸ proferida por la Sección Segunda, Subsección “D" del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-35-010-2023-00225-01, por medio de la cual se revocó la decisión del juzgado 52 (sic)
Administrativo Oral de Bogotá y en su lugar, se confirme la decisión proferida en primera instancia o se
dicte una nueva decisión que en derecho corresponda.

3. Hechos

Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala destaca los
siguientes hechos relevantes:

La accionante prestó sus servicios en la Secretaría Distrital de Integración Social de
Bogotá desde el 8 de enero de 2013 hasta el 9 de diciembre de 2022; vinculación que se
efectuó a través de sucesivos contratos de prestación de servicios. El objeto contractual
fue el de coordinadora del jardín infantil.

El 23 de febrero de 2023, la accionante solicitó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral y el consecuente pago de las acreencias laborales y prestacionales, pero
la entidad negó la petición mediante el oficio S2023095432 del 6 de junio de 2023.

La señora Martha Stella García Rivas interpuso demanda en el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría Distrital de
Integración Social de Bogotá, con el fin de anular el acto administrativo mediante el cual
se negó la existencia de una relación laboral entre aquella y la entidad, así como el pago
de las acreencias laborales.

El proceso se adelantó bajo el radicado 11001-33-35-010-2023-00225-00 y correspondió
al Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá que, mediante sentencia de 28 de abril de
2025, accedió parcialmente a las pretensiones, por considerar configurados los
elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación.

Encontró probado que la accionante prestó sus servicios a la Secretaría Distrital de
Integración Social en los jardines infantiles ubicados en la ciudad de Bogotá, y que prestó
de manera personal el servicio en las instalaciones de los jardines infantiles.

Señaló que la remuneración también estaba acreditada porque en las órdenes de
prestación de servicios suscritas se estableció el valor de los honorarios, los cuales se
pagaron mes a mes.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

Sobre la subordinación, explicó que la demandante estuvo supeditada a las directrices
impartidas por su jefe inmediato, quien le impuso la forma y lugar donde se debía ejecutar
el contrato y la exigencia del cumplimiento de un horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Aseguró
que a la accionante se le exigió cumplir sus funciones conforme a la Resolución 0594 del
28 de marzo de 2016, por medio de la cual se establece el horario y turnos de trabajo de
los servidores de la Secretaría Distrital de Integración Social. Concluyó que la accionante
no podía ausentarse voluntariamente y llevar a cabo sus actividades de forma
independiente y autónoma, pues estaba sujeta a las directrices impuestas por el
subdirector.

Agregó que las actividades que realizó la accionante hacían parte de la misión de la
entidad y también eran efectuadas por el personal de planta, como dio cuenta el manual
de funciones. Advirtió que entre las labores asignadas se encontraban el cuidado de los
niños, actividades pedagógicas, hacer observaciones, hacer promociones, trabajar con
las familias, diligenciar los formatos de novedades en los observadores y realizar
capacitaciones programadas por la entidad.

En criterio del Juzgado, la demandante no podía ausentarse de las instalaciones de los
jardines infantiles, pues no era facultativo ejecutar las actividades asignadas de manera
independiente y autónoma, en razón a que debía seguir las directrices de los jefes y
supervisores.

La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, por lo que en sentencia de 18 de septiembre de 20251, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D revocó la decisión
apelada y en su lugar negó las pretensiones formuladas, por considerar que en el asunto
no se configuraba el elemento de la subordinación.

Advirtió que al caso de la accionante no podían asimilarse las reglas establecidas por la
sentencia de unificación proferida en materia de presunción de subordinación de las
labores docentes, pues, a diferencia de los planteles oficiales, los cuales tienen el
carácter legal de instituciones educativas asignado por la ley, los jardines infantiles no
tienen tal particularidad, pues son creados por la Secretaría de Integración Social con un
desarrollo diferente. Agregó que las funciones de coordinación de la accionante y la
confrontación de estas con las pruebas testimoniales recaudadas no fueron suficientes
para tener demostrado el cumplimiento de un horario y de una relación subordinada de
la accionante.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora explicó que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, así:

Relevancia constitucional dado que, en su criterio, la providencia atacada es lesiva del
derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad en las decisiones judiciales de la
accionante, y que el Distrito Capital tiene en curso más de 900 acciones judiciales
promovidas por maestras y coordinadoras contratistas del sistema de educación inicial,
con decisiones contradictorias entre sí, lo que rompe el principio de seguridad jurídica y
confianza legítima.

1 Notificada por correo electrónico el 23 de septiembre de 2025

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

Subsidiariedad, como quiera que se agotaron todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la representada, sin que proceda recurso
de revisión en los términos del CPACA.

Inmediatez, habida cuenta de que entre la sentencia cuestionada y la radicación de la
tutela transcurrió un tiempo inferior a 3 meses, calificado como "prudencial, razonable y
proporcionado", empleado en el estudio y formulación de la acción.

Identificación razonable de los hechos y derechos vulnerados: Se afirma que se
identificaron razonable y concretamente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos constitucionales comprometidos.

Que no se trate de una sentencia de tutela, para lo cual dejó constancia de que la
decisión cuestionada no es una sentencia de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, afirmó que la decisión judicial impugnada incurrió en
desconocimiento del precedente horizontal y vertical sobre relaciones laborales
ocultas, particularmente aquellas que se originan por la vinculación de docentes y
directivos docentes para realizar actividades propias de la operación del servicio público
educativo.

Indicó que mediante sentencia de unificación 00260 de 2016 la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado indicó «que la labor del docente contratista no es
independiente, sino que el servicio se presta de manera personal y subordinada al cumplimiento
de los reglamentos propios del servicio público de la educación».

Adujo que con base en esa sentencia de unificación el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E dictó el fallo de 9 de abril de 2021,
radicado 11001-33-35-014-2018-00401-01, en el cual se reconoció la existencia de una
relación laboral oculta entre maestras vinculadas en idénticas condiciones a las de la
ahora accionante y la Secretaría Distrital de Integración Social. En esa decisión, además,
se hizo alusión a la identidad existente entre la labor pedagógica adelantada por las
maestras de la Secretaría Distrital de Integración Social y la misionalidad de la
demandada, la permanencia de dicha labor y su naturaleza docente.

Igualmente, manifestó que, en decisiones proferidas en el marco de acciones de
extensión de efectos de jurisprudencia, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado ha declarado la existencia de la relación laboral oculta, en asuntos de maestras
contratistas vinculadas en igualdad de condiciones que la actora con la Secretaría
Distrital de Integración Social.

Citó los siguientes radicados de procesos donde profirieron providencias en las cuales se
sostuvo la tesis que estima desconocida:

11001-03-25-000-2020-00455-00
11001-03-25-000-2020-00458-00
11001-03-25-000-2020-00502-00
11001-03-25-000-2020-00512-00
11001-03-25-000-2020-00534-00
11001-03-25-000-2020-00540-00
11001-03-25-000-2020-00542-00
11001-03-25-000-2020-00651-00
11001-03-25-000-2020-00464-00
11001-03-25-000-2020-00476-00
11001-03-25-000-2020-00496-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

Mencionó que la Secretaría Distrital de Integración Social presentó acción de tutela contra
una providencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en la cual
se ordenó extender los efectos de la sentencia de unificación 00260 de 2016 en favor de
una maestra.

Señaló que en sentencia de 22 de junio de 2023, radicado 76001-23-33-000-2015-00016-
01, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado sostuvo que «cuando se
trate de la prestación del servicio docente, “la prueba de la subordinación, como elemento
esencial del contrato laboral viene implícito, por lo tanto, a la parte demandante sólo
correspondería demostrar la prestación personal del servicio y la retribución económica como
contraprestación al servicio prestado”, que en este caso están acreditados». Afirmó que en
virtud de esa providencia muchos jueces administrativos se han abstenido de decretar y
practicar pruebas tendientes a demostrar subordinación en las demandas promovidas
por maestros y agentes educativos contratistas.

También se refirió a la sentencia de 14 de marzo de 2024, radicado 25000-23-42-000-
2019-01432-01, en la cual la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
reiteró el «precedente vinculante sobre el contrato realidad docente para educación pública
formal, no formal e informal».

Aseguró que, de acuerdo con la jurisprudencia, el contrato de prestación de servicios es
una modalidad de contratación que se contrapone a la operación del servicio público
educativo formal y no formal, pues para su desarrollo es necesario el sometimiento a
jornadas de trabajo específicas y a reglamentos propios del sistema público educativo.
Tal postura está contenida en las sentencias de 27 de abril de 2023, radicado 11001-33-
42-046-2020-00339-01; 25 de octubre de 2024, radicado 11001-33-35-009-2022-00352-
01; y 25 de octubre de 2024, radicado 11001-33-42-052-2023-00207-01, proferidas por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Manifestó que en sentencia de tutela de 27 de febrero de 2024, radicado 11001-03-15-
000-2025-00249-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos
fundamentales de la tutelante de esa acción y le ordenó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección D, proferir sentencia de reemplazo en la
que empleara los criterios desarrollados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
frente a la subordinación de los docentes contratistas en instituciones estatales, para la
resolución del caso.

Alegó que la decisión de tutela se apartó del precedente bajo la premisa errada de que
la labor docente desarrollada por la actora no se prestó en el marco de la educación
formal, pese a que los jardines oficiales del distrito capital atienden niveles de jardín y
prejardín.

Con todo, aseguró que tal conclusión no justificaba darle un tratamiento jurídico distinto,
pues en el caso se probaron los mismos elementos analizados en la sentencia de
unificación del Consejo de Estado, en la cual se reconoció (i) que la labor docente se
desarrolla de forma presencial, personal y conforme a las instrucciones, directrices y
orientaciones de superiores en el centro escolar, la secretaría de educación territorial y
el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no bajo su propia dirección y gobierno; los
docentes se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las
diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones; (iii) los profesores cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y;
(iv) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

Afirmó que el Tribunal accionado no mencionó las razones o causas por las cuales los
precedentes vinculantes mencionados no eran aplicables a la labor de una docente
coordinadora, pese a que esta fue desarrollada en los jardines infantiles oficiales del
Distrito Capital, es decir, en condiciones de sometimiento a los reglamentos que
componen los lineamientos técnicos y curriculares y los estándares de educación inicial.

Señaló que tampoco se justificó por qué se concluyó que apenas existía una mera
coordinación de actividades entre contratante y no una relación de subordinación
intrínseca de la labor docente a la que refiere el precedente vinculante. Insistió en que en
el caso se acreditó el cumplimiento de horario, el sometimiento a reglamentos y
lineamientos técnicos y curriculares, el cumplimiento del proyecto pedagógico
institucional, del lineamiento técnico, de la asignación de lugar y la jornada de trabajo
impuesta por la entidad a la responsable del servicio público educativo, la identidad de
funciones con el personal de planta y el sometimiento a un esquema de inspección y
vigilancia, previsto en la Resolución 3241 de 2010 de la Secretaría de Educación Distrital
y la Secretaría Distrital de Integración Social.

Adujo que en la sentencia C-555 de 1994, la Corte Constitucional aplicó el principio de la
realidad sobre las formalidades, lo cual la llevó a concluir que «Las características asociadas
a la celebración de contratos administrativos de prestación de servicios con docentes temporales, por las
notas de permanencia y subordinación que cabe conferir a la actividad personal que realizan, pueden servir
de base para extender a esta la protección de las normas laborales».

Consideró que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo al no emplear la
norma aplicable al caso, es decir, la Ley 115 de 1994. Adujo que se celebraron convenios
interadministrativos en cada anualidad entre la Secretaría Distrital de Integración Social
y la Secretaría de Educación Distrital relacionados con la prestación del servicio público
de educación inicial, en los que se dispuso que «los jardines infantiles operados directamente por
la SDIS (…) serán incluidos al sistema de educación oficial» . De manera que los niveles de jardín
y prejardín sí son parte de la educación formal.

En consecuencia, consideró que el Tribunal incurrió en una contradicción sustantiva y
argumentativa al concluir que la labor desempeñada no corresponde a educación formal
y que, por tanto, no había lugar a aplicar ni la Ley 115 de 1994 y las definiciones de
docentes, educadores y directivos docentes allí contenidas, ni la sentencia de unificación
00260 de 2016.

Alegó la configuración de un defecto fáctico por valoración probatoria parcial que resta
relevancia a los indicios y elementos de subordinación probados, conforme a lo previsto
en sentencia de unificación 0025 de 2021.

Adujo que testimonial y documentalmente se comprobó (i) el cumplimiento de la jornada
de trabajo establecida por la contratante mediante resoluciones, lineamientos técnicos y
curriculares; (ii) la asignación discrecional del jardín infantil por parte de la demandada;
(iii) el suministro de bienes y equipos para el desarrollo de las funciones asignadas; (iv)
la innegable relación de identidad que existió entre servicio contratado con la misionalidad
de la entidad; (v) la identidad con personal de planta; (vi) la dirección y control permanente
de la actividad realizada por la actora, quien estuvo sometida desde la carga obligacional
pactada al cumplimiento de los reglamentos pedagógicos, lineamientos técnicos y
curriculares, así como a los estándares y protocolos adoptados por la demandada en el
marco del servicio público de educación inicial.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

Agregó que no se analizó el hecho probado consistente en que la maestra coordinadora
tenía a su cargo niveles de educación formal adscritos a colegios públicos en prejardín y
jardín.

5. Intervenciones

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá manifestó que, a partir del
análisis normativo de la definición de docente y la diferenciación entre educación formal
y atención inicial a la primera infancia, la autoridad judicial concluyó que la definición del
Decreto Ley 2277 de 1979 aplica a la educación formal y no a la educación inicial previa
al grado de transición, que es el primer grado obligatorio de educación formal.

Aseguró que se pretende utilizar esta acción constitucional como una instancia adicional
al proceso ordinario y revivir el debate probatorio y los términos judiciales ya surtidos en
la actuación. Agregó que no se planteó un problema constitucional relevante, sino una
discrepancia con la interpretación jurídica, la aplicación del precedente y la valoración de
elementos fácticos realizada por el juez ordinario. Sostuvo que no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, porque no se indicó por qué otros mecanismos no procedían
o no eran idóneos para discutir los cargos formulados.

Señaló que el juez natural abordó el concepto de docente y su vinculación normativa, así
como la distinción entre educación formal y la atención inicial o integral a la primera
infancia. Para concluir que la atención de primera infancia responde a finalidades y a un
régimen distinto que no puede asimilarse de manera automática a la educación formal
para derivar las consecuencias jurídicas pretendidas por la parte actora.

Adujo que no se configuró un defecto sustantivo, pues la providencia se fundó en las
normas aplicables y en una argumentación razonada. El problema jurídico central era
determinar si la actividad desarrollada por la actora correspondía a docencia bajo el
régimen del Decreto Ley 2277 de 1979, aplicable a la educación formal; o si se trataba
de la atención integral a la primera infancia, lo cual conlleva un régimen normativo distinto,
lo cual fue debidamente analizado por el tribunal.

Aseguró que la definición de docente del Decreto 2277 de 1979 se predica únicamente
de la educación formal y no se extiende automáticamente a actividades de educación
inicial previas a transición. Advirtió que, aun cuando la parte actora considerara que tal
razonamiento era equivocado, no se evidenció una contradicción interna manifiesta, ni
una interpretación irrazonable del ordenamiento jurídico; por el contrario, la providencia
presenta una motivación estructurada fundada en derecho y susceptible de control
racional.

Indicó que tampoco se configuró el defecto fáctico, porque el Tribunal no decidió el caso
por ausencia de convenios o por negar que existieran niveles; decidió porque, aun
existiendo esos hechos, el marco normativo analizado conducía a ubicar el servicio en
educación inicial y la no subordinación para demostrar los requisitos del contrato realidad.
De ahí que el centro del debate no giraba en torno a un problema de prueba, sino de
interpretación.

A su juicio, tampoco se desconoció el precedente sobre la materia, el cual fue identificado
por el Tribunal; se hizo expresa mención sobre la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-
16 y se explicó que no existía similitud estructural entre el precedente y el caso objeto de
análisis, pues la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 se refiere a servicios
prestados en instituciones educativas que hacen parte del sistema de educación formal,
con aval expreso de la autoridad educativa competente, mientras que el caso analizado

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

recaía en jardines infantiles con licenciamiento expedido por una entidad distinta y cuya
actividad se enmarca en el ámbito de la educación inicial (0 a 5 años), no en la educación
formal que inicia con el grado de transición.

El Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá allegó el expediente del medio de
control. Nada dijo sobre las pretensiones de la acción.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia de 16 de febrero de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que los
argumentos de la accionante no acreditaban una vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, sino que se encaminaban a volver sobre la controversia ya decidida por
el juez de conocimiento.

Consideró que los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión atacada provienen de
una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco
legal y jurisprudencial aplicable al asunto. Por lo tanto, aseguró que, al no advertirse una
actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, resultaba
improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la interpretación dada por el juez
natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario.

Adicionalmente, advirtió que la accionante se limitó a la enunciación de los derechos
fundamentales que consideró transgredidos, sin plantear razones que permitieran una
revisión del núcleo esencial de los derechos en contienda. Resaltó que la vulneración
debe estar justificada con la carga argumentativa mínima suficiente que permita al juez
de tutela valorar la procedencia de la demanda.

Por las razones expuestas, considero que la demanda de tutela no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Sostuvo que en la
providencia impugnada se incurrió en una interpretación excesivamente restrictiva y
contraria al precedente constitucional y contencioso administrativo sobre el requisito de
relevancia constitucional en acciones de tutela contra providencias judiciales. Discutió
que se redujo el debate planteado al considerar que el asunto no era más que una
controversia de mera legalidad, cuando en realidad se acreditó el desconocimiento del
precedente judicial y pacífico vinculante, la falta de utilización de normas jurídicas
sustanciales e imperativas y la práctica de una valoración probatoria parcial.

Advirtió que la controversia de tutela versó sobre (i) el desconocimiento del precedente
vinculante contenido en la sentencia de unificación 00260 de 2016 y en desarrollos
posteriores del mismo Consejo de Estado; (ii) el defecto sustantivo derivado de la
inaplicación de la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 de 2015 y la definición de docente
del artículo 2 del Decreto Ley 2277 de 1979; y (iii) el defecto fáctico por omitir pruebas
decisivas sobre la naturaleza docente directivo del servicio prestado por la actora, lo que
demuestra que el debate propuesto no era meramente legal.

Adujo que en casos idénticos el Consejo de Estado ha encontrado que la relevancia
constitucional se cumple; por ejemplo, en la acción de tutela de radicado 11001-03-15-
000-2025-00249-00 promovida por otra maestra coordinadora contra la misma autoridad
judicial, la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que se trataba de un asunto

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Demandante: Martha Stella García Rivas

constitucionalmente relevante. Resaltó que ese caso también giraba alrededor del
desconocimiento del precedente y de la valoración probatoria parcial sobre la
subordinación de una coordinadora de jardín infantil oficial operado por la Secretaría
Distrital de Integración Social y, al estudiar de fondo el asunto, se ampararon los derechos
fundamentales alegados vulnerados.

7.1. Trámite en segunda instancia

En auto de 26 de junio de 2026, el Despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Argüello ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, tal como se dispuso en el auto admisorio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se
opuso a las pretensiones de la acción y sostuvo que las pruebas obrantes en el
expediente no fueron suficientes para demostrar la subordinación y, por tanto, el vínculo
laboral. En cuanto a los testimonios, aseveró que de estos no resultó posible hallar
mayores elementos de juicio que permitieran evidenciar la dependencia.

Adujo que, aunque la actora prestó sus servicios en la jornada establecida por la unidad
educativa de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., no se comprobó un control de horario sobre la
coordinadora. Tampoco se demostró la inspección y vigilancia, de qué manera se
realizaba, su periodicidad, que se dieran órdenes a la actora en esa labor, si generaban
planes de mejoramiento, estímulos o sanciones, la aplicación de procesos disciplinarios
o llamados de atención.

Aseguró que los documentos tampoco demostraron subordinación, pues los allegados
solo hacían referencia a la contratación; y los dos testimonios no describieron
circunstancias de subordinación. Precisó que, si bien la demandante firmó contratos de
prestación de servicios como responsable de jardín durante aproximadamente nueve
años, la continuidad no es suficiente para declarar la existencia de una relación laboral
encubierta.

Se refirió a la sentencia de unificación 00260 de 2016 para resaltar que esa providencia
estableció reglas relativas a la presunción de subordinación del servicio docente y
resolvió un asunto de una maestra municipal de un colegio. Sin embargo, afirmó que esa
providencia no era aplicable al caso analizado, porque los contratos de prestación
suscritos por la accionante consagran labores de coordinadora o responsable de jardines
infantiles autorizados por la Secretaría de Integración Social, que no hacían parte de los
planteles educativos del Ministerio de Educación al no tener el aval para brindar
educación formal en los términos de la Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015 y Acuerdo
138 de 2004.

Adujo que al caso de la actora no le resultaba aplicable la definición prevista en el artículo
2.° del Decreto Ley 2277 de 1979, según la cual la prestación del servicio docente
únicamente es aquella a cargo de instituciones certificadas por el Ministerio de
Educación. Manifestó que la creación de jardines infantiles adscritos a las secretarías
distritales de integración social se basa en un marco jurídico y político que prioriza la
protección y el desarrollo integral de la primera infancia, por lo que corresponde a esta
última y no al Ministerio, ni a las Secretarías de Educación, la gestión y operación de
estos jardines.

Sostuvo que, si bien otras subsecciones de la Sección Segunda del Tribunal han otorgado
a las coordinadoras de jardines infantiles el mismo trato que a los docentes en aplicación

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

de la sentencia de unificación de 2016, lo cierto es que la Subsección D ha adoptado una
postura diferente con fundamento en el principio de autonomía e independencia judicial.

Mencionó que, si en gracia de discusión la sentencia de unificación resultara aplicable al
caso, lo cierto es que desde el año 2022 el Consejo de Estado ha señalado que las
conclusiones indicadas en la referida sentencia de unificación no exoneran a la parte
actora de demostrar el elemento de subordinación.

Sostuvo que, en consecuencia, era obligación de la parte actora acreditar sus
afirmaciones. No obstante, los medios probatorios allegados al plenario no dieron la
suficiente certeza sobre la existencia de la relación laboral.

Añadió que la acción de tutela no cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
porque el objeto de la demanda es continuar con el debate propuesto en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto a la valoración probatoria.
Además, resaltó que en la decisión censurada se plasmaron juiciosamente todos y cada
uno de los argumentos de los motivos por los cuales se revocó la sentencia apelada.

Subrayó que el Consejo de Estado no ha emitido sentencia de unificación en la que fije
las reglas sobre los responsables de jardines infantiles o coordinadoras. Por lo tanto, la
decisión adoptada no se torna incompatible con el principio de autonomía e
independencia judicial, en virtud del cual le corresponde a cada juez llegar a una decisión
de conformidad con la valoración probatoria realizada.

El conocimiento de la impugnación correspondió inicialmente a la magistrada Myriam
Stella Gutiérrez, quien registró el proyecto de fallo el 30 de julio de 2026, el cual no obtuvo
la mayoría de votos para su aprobación, por lo que mediante auto de 10 de agosto de
2026 se dispuso su remisión al siguiente magistrado en turno, Wilson Ramos Girón.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia, para, en su lugar, denegar
el amparo pretendido por cuanto no se configuran los defectos alegados por el
demandante.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

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requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
con los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que la
decisión varió entre la primera y segunda instancia respecto del reconocimiento de la
relación laboral encubierta; además, no se alude a una discusión de orden legal o
económico y se cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los
errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a
la seguridad social.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez, por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 11001-33-35-010-2023-00225-01, la sentencia fue notificada
el 23 de septiembre de 2025, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2054 del
CPACA, y la tutela fue presentada el 1.º de diciembre de 2025, es decir, cuando no habían
transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para
formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia.
Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA. Tampoco se
evidencia que concurran las causales de procedencia del recurso de unificación de
jurisprudencia.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
de desconocimiento del precedente, sustantivo y fáctico.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia emitida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. Análisis del caso concreto

En el sub examine se advierte que para la accionante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incurrió en los defectos de
desconocimiento del precedente, sustantivo y fáctico, porque no se tuvo en cuenta la

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío

del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».

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abundante jurisprudencia existente en materia de presunción del elemento de
subordinación cuando se trata de docentes vinculados por contratos de prestación de
servicios y porque no tuvo en cuenta que sí se demostró con suficiencia que la accionante
tenía derecho a que se declarara la existencia de una relación laboral encubierta con el
Distrito Capital.

Los cargos serán analizados de manera conjunta, como quiera que discuten los
argumentos que tuvo el Tribunal accionado para resolver la alzada y concluir que era
necesario denegar las pretensiones de la demanda.

Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse al análisis realizado por el
tribunal demandado en la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-2023-
00225-01.

Aunque tanto la demanda como la sentencia de primera instancia calificaron la actividad
de la actora como la de "maestra", el tribunal advirtió, con sustento en los contratos y en
la certificación aportada por la propia SDIS, que el objeto contractual efectivamente
pactado y ejecutado fue el de "Responsable de la unidad educativa jardín infantil" que se
le asignara, esto es, una función de coordinación administrativa y pedagógica del jardín,
y no la de docente de aula.

El tribunal acudió al artículo 2.° del Decreto Ley 2277 de 1979, que define la profesión
docente como el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de
educación "en los distintos niveles de que trata este Decreto" y extendió la definición a
quienes ejercen funciones de dirección y coordinación de planteles educativos, pero
siempre referida a "actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de
Educación Nacional". A partir de allí, y con apoyo en el artículo 104 de la Ley 115 de
1994 y en un pronunciamiento de la Sección Segunda, Subsección A (6 de julio de 2023,
radicado 20001-23-33-000-2017-00216-01), concluyó que esa definición únicamente
cobija a quienes prestan el servicio de educación formal.

Enseguida, con fundamento en los artículos 10 y 11 de la Ley 115 de 1994 y en el Decreto
1075 de 2015 (artículos 2.3.2.1.1 y 2.3.3.2.2.1.2), el tribunal explicó que la educación
formal se organiza en los niveles de preescolar, básica y media y que el grado de
transición es el primero de carácter obligatorio dentro de la educación preescolar,
mientras que los ciclos anteriores a transición, tales como materno, caminadores,
párvulos, prejardín y jardín, corresponden a la educación inicial, la cual, según el Acuerdo
138 de 2004, puede ser prestada por "otros oferentes" y, en el caso del Distrito Capital,
por jardines infantiles cuya licencia de funcionamiento expide la Secretaría de Integración
Social y no el sector educativo.

Sobre esa base normativa, concluyó que los jardines infantiles en los que prestó sus
servicios la señora García Rivas, autorizados por la SDIS y no por el Ministerio de
Educación Nacional ni por la Secretaría de Educación Distrital, no hacían parte de los
"planteles educativos" a que alude el artículo 2.° del Decreto Ley 2277 de 1979, por lo
que la definición legal de docente, en sentido estricto, no le resultaba aplicable.

El Tribunal no se limitó al ejercicio de subsunción normativa abstracta, sino que contrastó
también los hechos del caso concreto con los que dieron lugar a la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-005-16 de 2016 y advirtió que en aquella oportunidad el Consejo
de Estado examinó la situación de una persona que prestó el servicio como "maestra
municipal" en un colegio del municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), esto es, dentro de
una institución de educación formal certificada, mientras que la señora García Rivas

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prestó sus servicios como responsable de jardín infantil, en un contexto normativo e
institucional distinto.

Concluyó, con apoyo expreso en un pronunciamiento de la Sección Tercera, Subsección
A (25 de julio de 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-01351-01), que la labor de
responsable de jardín infantil "no era asimilable al de docente del magisterio establecido
en el Decreto 2277 de 1979" y que, por tanto, la sentencia de unificación invocada "no le
son extensibles a las responsables de jardines infantiles".

El tribunal analizó las sentencias de radicados 11001-33-42-046-2020-00339-01 y
110013335014-2018-00401-01, que habían reconocido a responsables de jardín y
coordinadoras el mismo tratamiento que a los docentes y aplicaron extensivamente la
sentencia de unificación de 2016. Razonó por qué, en su criterio, ese precedente
horizontal no resultaba vinculante con la misma intensidad que un precedente vertical de
acatamiento obligatorio.

Precisó que, "en gracia de discusión", si la sentencia de unificación resultara aplicable al
caso, ello de ninguna manera exoneraría a la parte actora de la carga de demostrar, a
través de los medios de prueba pertinentes, el elemento de subordinación, con cita de
pronunciamientos reiterados de la Sección Segunda, Subsecciones A y B (10 de febrero
de 2022, radicado 11001-03-25-000-2022-00239-00; 10 de agosto de 2023, radicado
11001-03-25-000-2023-00377-00; y 29 de agosto de 2024, radicado 11001-03-25-000-
2022-00656-00), según los cuales la sentencia de unificación de 2016 "no exonera de
probar, en cada caso, los elementos inherentes a la relación laboral".

En síntesis, la razón por la cual el Tribunal descartó la aplicación extensiva de la regla
de unificación fue el resultado de un ejercicio interpretativo estructurado en (i)
identificación del cargo realmente ejercido conforme al objeto contractual; (ii) delimitación
normativa del ámbito de aplicación de la definición legal de docente a la educación
formal; (iii) contraste fáctico con el supuesto resuelto en la sentencia de unificación
invocada; y (iv) reconocimiento expreso del precedente horizontal en sentido contrario,
con explicación razonada de por qué no se seguía en el caso concreto.

Al analizar las pruebas recaudadas, el Tribunal transcribió en extenso el listado de
veintinueve obligaciones contractuales pactadas, atención y seguimiento del proceso de
formación de los niños y niñas, acompañamiento al equipo de maestras, coordinación
del proceso alimentario y nutricional, gestión documental y de talento humano,
elaboración de informes a la Subdirección Local, entre otras, para concluir que, lejos de
evidenciar sometimiento a órdenes puntuales, dichas obligaciones "hacen entrever que
las actividades de Responsable de jardín se caracterizan por la independencia o
autonomía", en la medida en que era la propia actora quien, como encargada de la
unidad, organizaba con su equipo de trabajo la manera de ejecutar la labor.

Al analizar los testimonios de Linda Jasbleidi Rivera Chavarro y Claudia Marcela
Hernández Lozano, el tribunal advirtió, en primer lugar, una limitación temporal relevante,
pues Rivera Chavarro relató haber compartido con la actora el jardín infantil "Rueda de
Colores" solo entre marzo y diciembre de 2022 (diez meses), y Hernández Lozano, en el
jardín "Tibanica", entre 2021 y agosto de 2022 (algo más de un año); frente a una
vinculación contractual que se extendió por nueve años, once meses y dos días (8 de
enero de 2013 a 9 de diciembre de 2022), de manera que ninguna de las dos testigos
podía dar cuenta de las condiciones de ejecución del contrato durante la inmensa
mayoría del período en discusión.

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En segundo lugar, sobre el pretendido cumplimiento de un horario de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., el tribunal encontró que las testigos se limitaron a señalar el horario de atención del
servicio a los niños y niñas, sin precisar la forma concreta en que dicho horario le era
exigido a la propia coordinadora, ni aportar documento alguno que lo acreditara.

En tercer lugar, en cuanto a los "jefes" (el referente de infancia y la subdirectora local),
el tribunal encontró que, si bien las testigos mencionaron su existencia, no se acreditó la
frecuencia de su supervisión ni las consecuencias que enfrentaba la actora en caso de
no encontrarse en las instalaciones del jardín, elemento que la Sala estimó indispensable
para inferir subordinación efectiva y no una simple relación de coordinación.

En cuarto lugar, sobre la necesidad de solicitar permiso para ausentarse, la providencia
constató que no se aportó ningún correo electrónico o medio de prueba documental que
diera cuenta de tales solicitudes ni de su autorización, por lo que la sola afirmación
testimonial, no corroborada, resultó insuficiente.

El tribunal concluyó, con cita de un pronunciamiento de la propia Sección Segunda,
Subsección "B" (4 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, Rad. 50001-23-31-000-
2011-00712-01), que la mera afirmación de que la actora "cumplía un horario" y "recibía
órdenes" no constituyó, por sí sola, prueba suficiente de subordinación, en tanto no
existía caudal probatorio adicional que respaldara esas afirmaciones testimoniales.

La providencia trajo a colación la distinción, elaborada por la Sección Segunda desde la
sentencia de Sala Plena del 18 de noviembre de 2003 (Rad. IJ-0039) y reiterada el 13
de febrero de 2014 (Rad. 68001-23-31-000-2010-00449-01), entre la subordinación
propiamente dicha y la mera coordinación de actividades entre contratante y contratista,
que incluye el cumplimiento de un horario del servicio, la recepción de instrucciones
generales o la obligación de reportar resultados, sin que esta última por sí sola
configurara el elemento subordinación cuando responde a la necesidad de armonizar la
labor del contratista con el funcionamiento ordinario de la entidad.

Luego, analizó el propio relato de la actora, según el cual en ciertos períodos tuvo a su
cargo la coordinación simultánea de dos o tres jardines infantiles, y lo tuvo como un
elemento que, prima facie, podría constituir un indicio de ius variandi y de organización
autónoma del propio trabajo, en la medida en que su permanencia no se ejercía de
manera exclusiva y continua en una sola unidad operativa. Recordó, con apoyo en la
sentencia SL637-2024 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
que la declaración de parte no es un medio de prueba que, de manera autónoma e
independiente, pueda fundar por sí solo el convencimiento del juzgador, en tanto ninguna
parte puede "fabricar su propia prueba"; su mérito demostrativo solo puede valorarse
cuando resulta armónico con el resto del acervo.

En el caso concreto, constató que ninguna de las declaraciones testimoniales corroboró
la extensa narración de la actora sobre exigencias horarias, llamados de atención o
instrucciones permanentes, por lo que ese relato, considerado en forma aislada, no podía
tenerse por demostrado.

Finalmente, no desconoció que la vinculación se extendió por cerca de diez años sin
solución de continuidad relevante, lo cual, conforme a un pronunciamiento de la Sección
Segunda, Subsección "B" (7 de febrero de 2013, Rad. 250002325000-2008-00653-01),
constituye "un indicio claro" de que, bajo la apariencia de un contrato de prestación de
servicios, pudo haberse configurado una relación de tipo laboral. Sin embargo, precisó
que ese factor de continuidad, considerado aisladamente, no constituía una prueba

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categórica ni suficiente de la subordinación cuando, como ocurrió en el caso concreto, el
resto del acervo probatorio no permitía acreditar dicho elemento.

A efectos de resolver los cargos planteados en la demanda, la Sala advierte que en
materia de contrato realidad existen dos sentencias de unificación relevantes, como son
la CE-SUJ2-005-16 de 2016 y la SUJ-025-CE-S2-2021, ambas proferidas por la Sala
Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, y que el tribunal demandado citó en
el análisis de la providencia cuestionada.

En efecto, la providencia tutelada no guardó silencio frente a la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2-005-16 de 2016, pues la identificó de manera expresa, reconoció su condición
de precedente invocado por la parte actora y le dedicó un desarrollo argumentativo
autónomo.

Tampoco se limitó a enunciar su discrepancia, sino que construyó una distinción jurídica
fundada, de una parte, en tres órdenes de razones dirigidas a explicar por qué la
Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de 2016 no resultaba extensible al caso, a
saber (i) el cargo realmente ejercido, (ii) el ámbito normativo de la definición de docente
y (iii) la disimilitud fáctica con el caso unificado; y, de otra parte, en el reconocimiento
expreso de que otras subsecciones del tribunal habían fallado en sentido contrario,
precisando por qué no estaba obligado a seguir esa línea, en tanto se trataba de un
precedente horizontal de carácter no absoluto, cada una de ellas respaldada en
disposiciones legales vigentes y en pronunciamientos judiciales verificables (suficiencia).

Adicionalmente, en cuanto al reproche relativo a la Sentencia de Unificación SUJ-025-
CE-S2-2021, que desarrolló los indicios de subordinación (lugar de trabajo, horario,
dirección y control efectivo, identidad con funciones de personal de planta), no se advierte
que el tribunal la hubiera desconocido, pues la aplicó expresamente en su examen
probatorio, contrastando cada uno de esos indicios con el material allegado al proceso,
sin que la circunstancia de haber llegado a una conclusión desfavorable a los intereses
de la actora equivalga a su desconocimiento. Como lo ha señalado esta Corporación, la
tutela contra providencias judiciales constituye un juicio de validez y no un juicio de
corrección, de manera que la sola disconformidad con el resultado de la aplicación de un
precedente no configura, por sí misma, el defecto alegado.

Ahora bien, la conclusión del tribunal según la cual la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-
005-16 de 2016 no resultaba extensible al caso de una responsable o coordinadora de
jardín infantil vinculada a la SDIS no constituyó una interpretación caprichosa, sino una
postura razonable, jurídicamente sustentada y, además, no aislada dentro de la propia
jurisdicción contencioso-administrativa.

De una parte, la interpretación se apoyó en el propio texto del artículo 2.° del Decreto Ley
2277 de 1979 y en la arquitectura normativa de la Ley 115 de 1994 y del Decreto 1075
de 2015, que distinguen con claridad la educación formal (preescolar, básica, media) de
la educación inicial previa al grado de transición, distinción sobre la cual, dicho sea de
paso, no existe controversia, pues la propia demanda de tutela y la sentencia de primera
instancia del proceso ordinario reconocen que los jardines infantiles de la SDIS son
licenciados por esa entidad y no por el sector educativo formal.

Por otra parte, la tesis del Tribunal no constituyó una construcción aislada, sino que
coincidió con la adoptada por la Sección Tercera, Subsección A de esta misma
Corporación en sentencia del 25 de julio de 2025 (radicado 11001-03-15-000-2025-
01351-01), en un caso sustancialmente análogo, en el que se concluyó de manera
expresa que la labor de responsable de jardín infantil "no es equiparable con la que ejerce

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un docente adscrito al magisterio" y que la sentencia de unificación de 2016 "no le son
extensibles a las responsables de jardines infantiles".

Debe destacarse que la propia providencia tutelada sobre este punto específico (si la
condición de responsable o coordinadora de jardín infantil queda o no comprendida por
la sentencia de unificación) evidenció que no existe una línea jurisprudencial única,
pacífica e indiscutida al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado ni de sus
homólogas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues existen
pronunciamientos en uno y otro sentido.

En ese contexto de genuina controversia jurisprudencial no unificada por la Sala Plena
de la Sección Segunda, ante la diferencia de posturas. El tribunal, como juez natural del
asunto, adoptó la que consideró razonable y justificó su escogencia sin pasar por alto las
demás existentes.

En este orden de ideas, exigir al juez de instancia que necesariamente acogiera la tesis
extensiva, desechando la alternativa normativamente sustentada que él mismo desarrolló
equivaldría a sustituir la autonomía interpretativa del juez natural por la del juez
constitucional, lo cual excede el ámbito de control que corresponde a la acción de tutela
contra providencias judiciales.

Por otra parte, la accionante invocó como término de comparación el caso de la señora
Sandra Elena Chacón Toro, en el que la Sección Cuarta de esta Corporación amparó los
derechos al debido proceso y a la igualdad frente a una sentencia de la misma
Subsección "D" del Tribunal, por considerar que esta había incurrido en desconocimiento
del precedente. Sin embargo, el supuesto de hecho es sustancialmente distinto al que
ahora se estudia.

En efecto, en el caso Chacón Toro (radicado 11001031500020250024900), la sentencia
de segunda instancia del 24 de octubre de 2024 revocó la decisión favorable a la actora
sin hacer referencia a la sentencia de unificación, pues el tribunal se limitó, según lo
constató esta Sección, a mencionarla en el informe rendido dentro del propio trámite de
tutela, esto es, por fuera de la providencia judicial, que la decisión no era aplicable porque
la tutelante fungió como coordinadora y no como maestra, sin que esa distinción hubiera
sido siquiera esbozada en la sentencia misma. Fue justamente ese silencio motivacional
en el cuerpo de la sentencia, a las razones del apartamiento, lo que la Sección Cuarta
reprochó, al señalar expresamente que "es en la providencia judicial en donde la
autoridad judicial debe plantear las razones para apartarse del precedente" y que "no
había lugar a guardar silencio frente a esta decisión".

Debe precisarse que el contraste que antecede recae sobre los supuestos fácticos
propios del proceso ordinario que sirvieron de sustento a cada una de las dos
providencias objeto de control constitucional, y que son, precisamente, los que explican
la diferencia en el resultado del análisis de tutela en uno y otro caso. Cabe agregar que
la razón del amparo concedido en el caso Chacón Toro no fue la inaplicabilidad en sí
misma de las sentencias de unificación, sino la circunstancia de que el tribunal, en aquella
oportunidad, omitió efectuar el análisis de las dos sentencias de unificación en materia
de contrato realidad, en particular de la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de
2016, de modo que la orden impartida por esta Sección no consistió en declarar la
existencia del contrato realidad por presunción de subordinación, sino en que el tribunal
estudiara nuevamente el caso y expusiera, en la providencia misma, las razones de su
decisión.

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Demandante: Martha Stella García Rivas

En el caso ahora examinado ocurre exactamente lo contrario, dado que la sentencia del
18 de septiembre de 2025 no guardó silencio sobre el particular. Por el contrario, dedicó
un desarrollo argumentativo extenso, estructurado y expreso a explicar por qué, en su
criterio, la definición de docente del Decreto Ley 2277 de 1979 no comprendía a las
responsables de jardín infantil de la SDIS, con apoyo en la ley, en el reglamento y en
pronunciamientos judiciales concordantes.

Nótese, además, que al amparar los derechos de la señora Chacón Toro, esta Sección
no impuso al tribunal la obligación de fallar en un sentido determinado, sino únicamente
la de motivar su decisión, "al margen del sentido" de la misma.

En cuanto al argumento relativo a las decisiones proferidas en el marco de solicitudes de
extensión de jurisprudencia de la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de 2016
(artículo 102 del CPACA), invocadas por la parte actora como evidencia de un tratamiento
desigual, la Sala advierte que la propia Sección Segunda de esta Corporación ha
denegado en varias ocasiones ese mecanismo excepcional tratándose de responsables
o coordinadoras de jardín infantil, por estimar que la determinación de si concurren los
elementos de la relación laboral encubierta exige el despliegue de un ejercicio probatorio
propio del medio de control ordinario, incompatible con la naturaleza sumaria del trámite
de extensión de jurisprudencia radicados 110010325000202200185005 y
110010325000202200198006.

Estas decisiones, antes que acreditar la existencia de una línea uniforme en favor de la
tesis de la actora, confirman que la propia Sección Segunda ha reconocido que la
aplicación de la sentencia de unificación a casos como el presente no es automática, sino
que está sujeta a la demostración particular de la subordinación en cada proceso, tal
como lo hizo el Tribunal en la providencia cuestionada.

Por lo anterior, el cargo por violación del derecho a la igualdad tampoco está llamado a
prosperar, dado que el trato diferenciado que la accionante denuncia frente al caso
Chacón Toro no obedece a un capricho del fallador, sino a una diferencia relevante y
verificable en el contenido motivacional de una y otra providencia.

Cabe precisar que, con todo, el tribunal sí adelantó el estudio del elemento subordinación
y concluyó, de forma autónoma y suficiente, que este no se encontraba demostrado con
el material probatorio disponible.

Es así como el tribunal demandado no desestimó la prueba testimonial y documental de
manera arbitraria, sino que identificó, con razones específicas para cada medio de
prueba, por qué no resultaba suficiente para acreditar la subordinación, tales como la
insuficiencia temporal de los testimonios frente al extenso período discutido, la ausencia
de soporte documental de las afirmaciones sobre horario y permisos, la falta de
acreditación de consecuencias disciplinarias por incumplimiento y la valoración conforme
a la sana crítica de la declaración de parte. Se trata, en consecuencia, de una motivación
probatoria estructurada, fundada en derecho y susceptible de control racional, que en
modo alguno resulta caprichosa o carente de sustento.

En este mismo sentido, el cargo de la demanda de tutela según el cual el tribunal omitió
valorar los convenios interadministrativos entre la SDIS y la Secretaría de Educación
Distrital y la circunstancia de que los jardines atendieran niveles de prejardín y jardín,
tampoco configura defecto fáctico, porque (i) esos elementos sí fueron considerados por
5 20 de noviembre de 2024, Sección Segunda, Subsección B. M.P: Elizabeth Becerra Cornejo
6. 2 de febrero de 2022. Sección Segunda, Subsección A. M.P: William Hernández Gómez

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07623-01
Demandante: Martha Stella García Rivas

el Tribunal de hecho, constituyen el eje central de su análisis sobre el ámbito de aplicación
del Decreto Ley 2277 de 1979 y la Ley 115 de 1994, de manera que no existe una omisión
probatoria real, sino una discrepancia con la conclusión jurídica extraída de esos mismos
elementos, y (ii) dichos convenios y la naturaleza de los niveles educativos atendidos
eran pertinentes, cuando mucho, para el debate sobre la calificación de la labor como
docente o no docente, mas no inciden sobre la conclusión autónoma y separada, relativa
a la insuficiencia probatoria de la subordinación, que constituyó una segunda razón,
suficiente por sí sola, para sostener la decisión.

En este orden de ideas, la Sala considera que la providencia cuestionada no incurrió en
los defectos alegados, pues la decisión estuvo debidamente motivada, respetó el
principio de congruencia y fue adoptada con base en un análisis probatorio adecuado.

Por lo tanto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, para en su lugar denegar el amparo
solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia. En su lugar, se dispone:

2. Denegar las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por Martha Stella
García Rivas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 7

7 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,

a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario

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Demandante: Martha Stella García Rivas

judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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