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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2011-00712-01

Contrato realidad: contrato de prestación de servicios

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2011-00712-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda presentada por MANUEL JOAQUÍN BARRIOS MUÑOZ contra el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-31-000-2011-00712-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

4 de abril de 2019

CONTRATO REALIDAD - Contrato de prestación de servicios / CONTRATO REALIDAD - Marco normativo y jurisprudencial / TEORÍA DE LA RELACIÓN LABORAL - Elementos / PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS - Hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla / RELACIÓN LABORAL - Prestación personal del servicio, remuneración y subordinación / SUBORDINACIÓN - Elemento integral de la relación laboral / SUBORDINACIÓN - No demostrada / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - No desvirtuada

El contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53 de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos instituidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos. El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado. Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo. para la Sala es evidente el hecho que la ejecución del objeto contratado se hizo de manera independiente y autónoma, como corresponde a una relación de carácter contractual, soportada en la autonomía de la voluntad y que no se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por la misma entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, asimilando dicha relación a una de carácter laboral, además por la temporalidad que determinó la ejecución de las órdenes y contratos del 1 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2009, tiempo completamente suficiente para desplegar las obligaciones pactadas por el contratista como Auditor Médico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 50001-23-31-000-2011-00712-01(1809-17)

Actor: MANUEL JOAQUÍN BARRIOS MUÑOZ

Demandado: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01 DE 1984. TEMA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LA FORMALIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES - ÓRDENES Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PRUEBA DE LA SUBORDINACIÓN.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la sentencia del 15 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

El señor Manuel Joaquín Barrios Muñoz por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA.- Que es nulo el acto administrativo contenido en el oficio sin número del 12 de agosto de 2011 y recibido el 16 de agosto, suscrito por JESÚS EMILIO ROSADO SARABIA Gerente de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, en el cual se atendió el derecho de petición y manifiesta que:

“Es de precisarse que los derechos por usted reclamados rigen para los trabajadores oficiales, por lo cual NO es procedente el reconocimiento de algún beneficio, adicionalmente la respuesta no se le dará en calidad de exempleado, pues usted no ostenta esa calidad frente a esta Entidad, pues lo que usted tuvo fue la calidad de contratista de esta institución, me permito manifestarle que conforme a lo certificado por la Unidad de Apoyo Talento Humano del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., lo que usted tuvo fue una relación contractual con el Hospital a través de órdenes y/o contratos de prestación de servicios como AUDITOR MÉDICO.

Es de anotar con relación a la contratación como prestador de un servicio, me permito manifestarle que no es procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás conceptos económicos que usted reclama por cuanto el tipo de relación que usted tuvo con esta institución Hospitalaria fue netamente contractual, lo anterior en virtud de la cláusula novena de los Contrato de Prestación de Servicios que usted a suscrito con el Hospital, que reza: “Ausencia de la relación laboral. El contratista actuara con autonomía en cumplimiento de la obligaciones que adquiere con el presente contrato, sin generar relación laboral ni prestación social alguna, por lo cual El Contratista no contrae vínculo con carácter laboral con el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., solo tiene derecho a lo (s.i.c.) emolumentos pactados y no podrá reclamar válidamente el pago de prestaciones sociales por la ejecución de las actividades encomendadas relacionadas con el objeto contractual”.

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de dichos contratos, es de precisarse que su petición la recepcionamos y tramitamos en calidad de contratista de esta Institución Hospitalaria, así las cosas lo que se dio fue la Terminación de su contrato de Prestación de servicios N. 3911 de 2009, así las cosas no hay lugar a reconocimiento de algún concepto económico diferente de los Honorarios estipulados, lo antes manifestado por esta institución en virtud del principio básico del derecho civil específicamente relacionado con los contratos “Pacta sunt servanda” “lo pactado obliga”, que expresa de toda (s.i.c.) acuerdo debe ser fielmente cumplido por las partes de acuerdo con lo pactado.”

SEGUNDA.- Que en contencioso de interpretación, se tenga que: La orden de prestación de servicios No. 2864 del 01 de mayo de 2008 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4´000.000.o) por término de un mes, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 3410 del 01 de junio de 2008 por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8´000.000.o) por término de dos meses, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 4813 del 01 de agosto de 2008 por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8´000.000.o) por término de dos meses, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 5911 del 01 de octubre de 2008 por valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000.000.o) por término de tres meses, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 563 del 01 de enero de 2009 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000.o) por término de un mes, lo mismo que la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 563 de Febrero 01 de 2009 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000.o) por término de un mes, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 1579 del 01 de mayo de 2009 por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000.o) por término de un mes, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 2266 del 01 de Junio de 2009 por valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000.000.o) por el término de tres meses, lo mismo que la orden de prestación de servicios No. 3911 del 01 de septiembre de 2009 por valor de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($16.000.000.o) por término de cuatro meses, suscritos entre el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE y el actor, no como prueba de una supuesta relación contractual, entre las partes, sino como inequívoca situación legal y reglamentaria, por la naturaleza de la función encomendada y por haberse presentado todos los elementos de una relación laboral, para que se declare por vía de interpretación, que mi asistido gozó del status de empleado público, teniendo en cuenta que la administración solo pretendía dejar de pagar prestaciones laborales, ya que resulta clara la voluntad administrativa de vincularlo al cumplimiento de actividades no extraordinarias o eventuales, sino permanentes, que de ordinario son prestadas por personas vinculadas en forma laboral (de carrera) con la demandada.

TERCERA.- Que de acuerdo con las determinaciones legales y las anteriores declaraciones, al actor, le sean canceladas conforme a las funciones del cargo que ejercía, a título de indemnización, los siguientes valores liquidados a la fecha de presentación de la demanda:

1. VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20´000.000.o) por concepto de la diferencia salarial entre lo recibido mensualmente por un Auditor Médico de Planta (Carrera), y lo que se le cancelo al actor, en el periodo laborado.

2. OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESES M/CTE. ($8,333.333.o) por concepto de auxilio de cesantía.

3. UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.o) por concepto de intereses de las cesantías.

4. SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($7.250.000.o) por concepto de las primas de servicios.

5. NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($9.062.500.o) por concepto de las primas de navidad.

6. CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE. (5´555.000.o) por concepto de las primas de vacaciones.

7. DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10´000.000.o) por concepto de prima técnica.

8. OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($8´333.333.o) por concepto de las vacaciones.

9. CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($4´538.064.o) o el valor que se demuestre en el proceso, por concepto de las bonificaciones.

10. DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($12´480.000.o) por concepto de los aportes realizados por el actor por concepto de salud, pensión y ARP.

11. CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($14.400.000.o) por concepto de los dineros retenidos por concepto de retención en la fuente y demás conceptos realizados con cada pago mensual.

12. NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (9´984.945.o) por concepto de la indexación de las sumas anteriores.

13. CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($135´600.000.o) por concepto de la indemnización contemplada en el numeral 3º. Del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no haber consignado el auxilio de cesantía correspondiente al año 2008, valor liquidado a la fecha de presentación de ésta solicitud, y que se ha de causar hasta que se cancelen.

14. De la misma manera la cancelación al actor de cualesquiera otro beneficio que resultare en su favor y que se le cancele a los Auditores Médicos de Planta (carrera) de la ESE Hospital Departamental de Villavicencio, y que no se haya incluido en la presente demanda.

CUARTA.- Que se condene además al pago a favor del actor de los perjuicios morales de cuantía de QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DEL PAGO.

QUINTA.- Que se condene al pago total inmediato del restablecimiento del derecho y de la reparación del daño causado, ordenando liquidar intereses de mora, si el pago no se hace efectivo en la oportunidad señalada.

SEXTA.- Que la sentencia favorable se le dé cumplimento en la oportunidad prevista por el artículo 176 del CCA, y cuyo desconocimiento dará lugar a aplicar el artículo 177, inciso final, ibídem.

Subsidiarias:

PRIMERA SUBSIDIARIA.- Que se declare que, tanto las ordenes de prestación de servicios como las adiciones de las mismas, en referencia, son nulos, en todas sus partes, por haber sido expedidos de manera irregular y con desvío de poder.

SEGUNDA SUBSIDIARIA.- Que en firme la decisión anterior, se declare que mi poderdante estuvo vinculado a la administración demandada, como servidor público, no contratista, mediante el estatuto de la situación legal y reglamentaria, con los efectos jurídicos que aluden las pretensiones principales, y en los términos y condiciones que en ellas se consignan.”

1.1.1. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

El actor mediante órdenes y contratos de prestación de servicios, fue vinculado al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. como Auditor Médico desde el 1º de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009, cuando fue despedido sin causa legal para ello.

Cumplía un horario de trabajo establecido por la accionada de 07:00 a.m. a 06:00 p.m. de lunes a viernes; su jefe inmediato y otros funcionarios le daban órdenes; los implementos de trabajo eran de propiedad de la demandada; no gozaba de autonomía, porque si necesitaba retirarse de sus labores tenía que pedir permiso; so pena de no permitirle laborar. Expresa, que la parte demandada lo obligaba a suscribir una oferta de servicios y a la terminación del contrato un documento llamado acta de liquidación que contenía la declaración a paz y salvo por todo concepto; las labores desarrolladas no diferían de las cumplidas por las personas vinculadas laboralmente con la entidad;

Indica, que algunas de sus funciones consistían en elaborar y aplicar instrumentos que evaluaran la racionalidad científica, velando por la calidad en la prestación de servicios, revisión y auditoria de las cuentas médicas generadas en el hospital; auditar la concordancia entre los servicios efectivamente prestados y la valorización de los mismos, hacer solicitud de soportes para dar respuesta a las objeciones, elaboración de los planes de mejoramiento propios del área de auditoría médica, apoyo técnico a la subgerencia asistencial en aspectos relacionados con el proceso de facturación y auditoría médica, entre otras.

Al estar laborando tenía derecho a percibir primas de vacaciones, servicios, extralegales, navidad, técnicas, auxilio de cesantía, intereses de cesantías, auxilios médicos y demás beneficios que no le fueron pagados.

Como salario mensual se le cancelaba la suma de $4.000.000, pero se le descontaba el 18% por concepto de retención en la fuente y otros descuentos del orden departamental.

El 1º de agosto de 2011, solicitó el pago de las pretensiones aquí solicitadas y con escrito fechado el 12 de agosto siguiente, el Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. negó lo pedido.

Se surtió en la Procuraduría 49 Judicial II Administrativa de Villavicencio, el trámite de conciliación que se declaró fallido el 11 de octubre de esa misma anualidad.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127, 209 y 277 de la Constitución Política; 8º de la Ley 4ª de 1990; 5º y 71 del Decreto 1250 de 1970; 108, 180, 215 y 240 a 242 del Decreto 1950 de 1973; 1º y siguientes de la Ley 65 de 1946; 2º, 3º, 36 y 84 del Decreto 01 de 1984; Ley 790 de 2002; Decreto 1333 de 1986; Decreto 1582 de 1998; Decreto 1453 de 1998; Ley 50 de 1990; Ley 100 de 1993 y Ley 10 de 1990.

El apoderado judicial actor, sustenta su concepto de violación en la falta de aplicación de norma obligatoria, porque la supuesta vinculación por intermedio de unas órdenes de prestación de servicios, no debieron existir sino el acto administrativo de vinculación; indica que el servidor público que expidió el acto acusado desconoció las reglas de interpretación legal, acreditándose la causal de anulación denominada infracción de norma en que el acto debía fundarse; aduce la falsa motivación a que el acto administrativo se fundamenta en un hecho inexistente, en un aspecto fáctico que no ocurrió, como lo es el de órdenes o contratos de prestación de servicios al tenor de lo normado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

1.2. Contestación de la demanda

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. por intermedio de apoderado judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones al considerar que lejos de existir una subordinación, se está en presencia de un acuerdo respecto de horario e instrucciones, en consideración a la especial situación que reviste la prestación del servicio de salud y formuló las excepciones denominadas “LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO DEL 13 DE JUNIO DE 2011”, “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN” y “GENÉRICA”.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda bajo la consideración de la acreditación de la prestación personal del servicio como auditor médico por parte del señor Manuel Joaquín Barrios Muñoz, en el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, junto a la contraprestación que se entiende pagada, puesto que en las pretensiones no se menciona el incumplimiento de esta obligación contractual.

Como sustento de su decisión, frente al elemento dependencia o subordinación indicó que no se logró probar, como quiera que el cumplimiento de determinados horarios no puede tomarse como una situación de la que se deriva directamente la subordinación del contratista al contratante; que las declaraciones no ofrecen mayores detalles sobre, por qué consideran que el horario debía cumplirse de forma obligatoria y no hay precisión en describir en qué consistieron las órdenes dadas al actor por parte del Subgerente Financiero y la Coordinadora de Facturación, ni se aportó documento alguno a través del cual se le llamara la atención, se le obligara a cumplir con ciertas metas u objetivos, entendiéndose que lo surgido fue la simple facultad de supervisión que recaía en el Subgerente y que se da perfectamente en los contratos de prestación de servicios; que contrario a lo manifestado por los testigos, no se probó que en la planta de personal del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., existió entre los años 2008 y 2009 un cargo que tuviera funciones similares o idénticas a las de auditor médico, presentándose la primera causal por la cual se autoriza contratar los servicios de personas naturales en entidades estatales, ya que las actividades no pueden realizarse con personal de planta, porque el empleo no existe; consideró que no se acreditó la permanencia en el servicio de la actividad desarrollada por cuanto la auditoría médica no es una labor propia del rol misional de la entidad y no se probó que existiera un empleado de planta de la entidad cuyas funciones fueran similares a las obligaciones contractuales pactadas, por el contrario, las auditorías externas son una herramienta que se suele utilizar en las empresas tanto públicas como privadas.

1.4. Argumentos de la apelación

Refuta el apoderado judicial del actor, que con los testimonios quedó plenamente demostrada la falta de autonomía de su poderdante, el cumplimiento de un horario de trabajo impuesto por la entidad y que las órdenes de prestación de servicios eran elaboradas por la demandada de manera unilateral.

Tras citar algunos apartes jurisprudenciales, reprochó que los elementos no analizados en la providencia impugnada corresponden al:

i) Perfil profesional del actor como Auditor Médico que cumplía idénticas funciones a las de Arnulfo Aguirre funcionario de planta de la demandada, donde según la ley y la jurisprudencia, solamente se pueden contratar funciones que no se puedan desarrollar con personal de planta y en forma temporal.

ii) Cumplimiento de horario, lo que naturalmente iba en contra del margen de discrecionalidad de que habla la jurisprudencia, además de no permitir ninguna clase de autonomía que le admite al empleador tener a su disposición al trabajador para impartirle órdenes y directrices.

iii) La duración en el tiempo, la cual no fue temporal, sino que fue una práctica permanente por parte de la demandada.

1.5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 11 de agosto de 2017, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, término que venció en silencio.

II. CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1. Competencia

La Sala, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, es competente para conocer las apelaciones interpuestas contra la sentencia del 15 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico a resolver se contrae a determinar si se configuró la existencia de una relación laboral entre el señor Manuel Joaquín Barrios Muñoz y el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

2.3. Los hechos probados

Entre el señor Manuel Joaquín Barrios Muñoz y el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. se establecieron y celebraron las siguientes órdenes y contratos de prestación de servicios:

Clase
Número
Vigencia
Plazo
Pago
Folios
Orden de prestación de servicios
2864 de 2008
1º al 31 de mayo de 2008
1 mes
Mensual
33 al 37
Orden de prestación de servicios
3410 de 2008
1º de junio al 31 de julio de 2008
2 meses
Mensual
38 al 43
Orden de prestación de servicios
4813 de 2008
1º de agosto al 30 de septiembre de 2008
2 meses
Mensual
44 al 49
Orden de prestación de servicios
5911 de 2008
1º de octubre al 31 de diciembre de 2008
3 meses
Mensual
50 al 55
Contrato de prestación de servicios
563 de 2009, adición y prorroga No. 01
1º de febrero al 30 de abril de 2009
3 meses
Mensual
56 al 62
Contrato de prestación de servicios
1579 de 2009
1º al 31 de mayo de 2009
1 mes
Mensual
63 al 67
Contrato de prestación de servicios
2266 de 2009
1º de junio al 31 de agosto de 2009
3 meses
Mensual
68 al 72
Contrato de prestación de servicios
3911 de 2009
1º de septiembre al 31 de diciembre de 2009
4 meses
Mensual
73 al 77

El 1º de agosto de 2011, fue radicado derecho de petición dirigido al Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., en el que el demandante solicita a título de indemnización, el pago de:

“1. La diferencia salarial entre lo recibido mensualmente por los AUDITORES MÉDICOS ESPECIALIZADOS de Planta (carrera) del Hospital, y lo que se le cancelo al suscrito durante todo el tiempo laborado.

2. El auxilio de cesantía.

3. Los intereses de las cesantías.

4. Las primas de servicios.

5. Las primas de navidad.

6. Las primas de vacaciones.

7. Las Primas Técnicas.

8. Las Vacaciones.

9. Las bonificaciones a que hubiere lugar y que correspondan el cargo.

10. Los aportes realizados por el suscrito por concepto de salud, pensión y ARP.

11. Los dineros retenidos por concepto de retención en la fuente y demás conceptos realizados con cada pago mensual.

12. La indexación de las sumas anteriores.

13. Las indemnizaciones por la no consignación del auxilio de cesantía del año 2008.

14 De la misma manera la cancelación de cualesquiera otro beneficio que resultare en mi favor y que se le cancele a los AUDITORES MÉDICOS ESPECIALIZADOS de Planta (carrera) del Hospital Departamental de Villavicencio ESE, y que no se haya incluido en la presente solicitud.”

El Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2011 responde el derecho de petición, señalando que no es procedente el reconocimiento de algún beneficio por cuanto el tipo de relación que tuvo el peticionario con esa institución fue meramente contractual.

2.4. Marco legal y jurisprudencial en materia de contrato realidad

Esta Subsección ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53 de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos instituidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.

Así las cosas, en el presente caso, la Sala reitera lo expuesto en la sentencia del 16 de julio de 2009, radicación 85001-23-31-000-2003-00478-01 (1258-07), en relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral:

.- El contrato de prestación de servicios y la teoría de la relación laboral

La Constitución Política de 1991, contempló en el Capítulo II, de la función pública, lo siguiente:

“Art. 122.- No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (Inc. 1º)... ”

“Art. 125.-Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

De acuerdo con las citadas normas, nuestro régimen jurídico tiene previstas tres clases de vinculaciones con entidades del Estado que tienen sus propios elementos tipificadores, a saber: a) De los empleados públicos (relación legal y reglamentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal). Si en el caso de los contratos de prestación de servicios se llegan a desdibujar sus elementos esenciales, corresponderá decidir, a la justicia ordinaria, cuando la relación se asimile a la de un trabajador oficial o, a la jurisdicción contencioso administrativa, cuando el contratista desarrolle el objeto del contrato ejerciendo las mismas funciones que corresponden a un cargo de empleado público.

Respecto a la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los beneficios del contrato de trabajo, vale la pena destacar las orientaciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de junio de 2004, con radicación 21554:

“Es verdad que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal se entiende regida por un contrato de trabajo, frente a la cual la jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sido del criterio de que quien la alegue en su favor tiene que demostrar la prestación personal del servicio para entenderse cobijada por ella, mientras que al beneficiario de dicha prestación es a quien le corresponde desvirtuar que en la misma no existe el elemento de la subordinación” (Subrayas de la Sala).

.- Del contrato de prestación de servicios con entidades públicas

La contratación por prestación de servicios con el Estado ha sido desarrollada por nuestra legislación a través del Decreto Ley 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y más recientemente por la Ley 190 de 1995. La Ley 80 en su artículo 32, dispone:

“3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

En sentencia C-154-97 la Corte Constitucional, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra apartes de la norma transcrita, estableció las características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo, concluyendo que:

“el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente” (El resaltado es de la Sala).

Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968, modificado por el Decreto 3074 del mismo año, norma que se encuentra vigente, dispuso:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”.

La parte subrayada fue demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C-614 de 2009 señaló entre otros criterios, la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral.

.-Limitaciones legales a la utilización del contrato de prestación de servicios

Si bien la legislación colombiana ha previsto la posibilidad de acudir al contrato de prestación de servicios en los casos y para los fines previstos en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, de igual forma, se han establecido limitantes para evitar el abuso de esta figura jurídica.

El artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 prevé que “en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto (…) la función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad” (Resaltado fuera del texto).

En este sentido, el Decreto 2503 de 1998 define el empleo de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º. DE LA NOCIÓN DE EMPLEO. Se entiende por empleo el conjunto de funciones que una persona natural debe desarrollar y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

Las funciones y los requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por las respectivas entidades, con sujeción a los generales que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 5º de este decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales”.

Así mismo, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, dispuso en materia de empleo público:

“Art. 19 El Empleo Público.

1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.

2. El diseño de cada empleo debe contener:

a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular;

b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo;

c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales”.

Además, para que una persona natural desempeñe un empleo en calidad de empleado público (relación legal y reglamentaria), es preciso que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en la ley, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, previo a ejercer las funciones propias de dicho empleo.

Otra limitación fijada en la ley para evitar el uso indebido del contrato de prestación de servicios se encuentra prevista en la Ley 790 de 2002, por medio de la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República, la cual consagra en su capítulo de disposiciones finales lo siguiente:

“ARTÍCULO 17. PLANTAS DE PERSONAL. La estructura de planta de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas del orden nacional tendrán los cargos necesarios para su funcionamiento. En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos.

En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios personales, el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del sector respectivo, semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el particular.

PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la administración pública” (Subrayado fuera del texto).

Por su parte, la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Único Disciplinario, establece en el artículo 48 como falta gravísima:

“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”.

Como puede observarse, el ordenamiento jurídico ha previsto no sólo la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios para llevar a cabo funciones propias previstas en la ley o en los reglamentos para un empleo público, sino que también sanciona al servidor que realice dicha contratación por fuera de los fines contemplados en el estatuto de contratación estatal.

.- Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de servicios

La jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de esta Corporación, ha acudido a principios constitucionales en la solución de controversias que tienen que ver con relaciones laborales o legales y reglamentarias disfrazadas mediante contratos de prestación de servicios, las cuales se realizan con el principal propósito de evitar el pago de los beneficios prestacionales inherentes a las primeras.

En la práctica, cuando el Legislador utilizó la expresión "en ningún caso... generan relación laboral ni el pago de prestaciones sociales" no consagró una presunción de derecho que no admita prueba en contrario, puesto que el afectado podrá demandar por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la vinculación laboral y, por consiguiente, el pago de las prestaciones sociales a que haya lugar.

El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad, el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con el fin de hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado.

Adicionalmente, el artículo 25 constitucional establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza "...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado". De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes.

En sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003, la Sala Plena del Consejo de Estado abordó el tema de los contratos de prestación de servicios y en aquella oportunidad, negó las pretensiones de la demanda porque se acreditó en el plenario que en la ejecución de las órdenes suscritas por la parte actora se encontraba presente el elemento “coordinación”. No obstante, esta pauta jurisprudencial no resulta aplicable en los eventos en los cuales se acuda al elemento “subordinación”, aspecto trascendente que como se anotó, requiere ser acreditado plenamente en la tarea de desentrañar la relación laboral, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.

Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios, una verdadera relación laboral.

Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados públicos, precisando que:

“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.

Así es dable concluir que no por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la Ley.

De otra parte, al reunir los elementos de juicio para que se declare una relación laboral entre quien prestó el servicio y la entidad que se benefició con el mismo, se debe reconocer el derecho a obtener las prerrogativas de orden prestacional.

Sobre el punto es dable destacar lo reiterado en diversos pronunciamientos de esta Sección, referente al reconocimiento a título de indemnización reparatoria de las prestaciones sociales dejadas de percibir, en los siguientes términos:

“El fundamento según el cual el contratista que desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca fueron sufragadas…”

Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda al ordenar a título de reparación del daño, el pago de las prestaciones sociales, con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente los perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la Administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”.

Sin embargo, advierte la Sala que en sentencia de 25 de agosto de 2016, la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio de interpretación sobre el título en virtud del cual se reconocen las prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, en los siguientes términos:

“Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial (…)

Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo” (Subraya la Sala).

Ahora bien, con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se deberán reconocer al declararse una relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas.

En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral.

Dentro de las prestaciones que están a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas y las cesantías; por otra parte, las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización.

Así, que en caso de que exista un contrato de trabajo o se posea la calidad de servidor público, la cotización debe realizarse por el empleador en el caso del sistema de riesgos profesionales y del sistema de subsidio familiar, y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud, deben realizarse por el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos en la Ley para cada caso. La cotización al sistema de pensiones es del 16% del ingreso laboral la cual debe realizarse en un 75% por el empleador y en un 25% por el empleado; la cotización al sistema de salud es el 12.5% de lo netamente devengado correspondiéndole al empleador el 8.5 % y al empleado 4%.

Teniendo claro lo anterior, se advierte que la Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que es viable condenar y liquidar las prestaciones ordinarias, pero que no sucede lo mismo con las prestaciones que se encuentran a cargo de los sistemas de Seguridad Social en los siguientes términos:

“En lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en las normas especiales que rigen dicha situación y su pago está a cargo del empleador; sin embargo, tratándose de las prestaciones compartidas y aquellas que cumplen un fin social, la situación debe ser analizada con otros criterios dependiendo del sujeto activo que efectúa la cotización”.

Por lo expuesto es dable concluir que en el caso de las prestaciones sociales a cargo de los sistemas de salud y pensiones, cubiertas por las entidades respectivas, derivadas de la financiación de las cotizaciones que efectúan las partes que integran la relación laboral, la entidad tendrá que aportar la cuota parte que dejó de trasladar a las entidades de seguridad social a las cuales cotizaba el contratista y no por la totalidad de la cotización que debía efectuar el actor.

2.5. Caso Concreto

En relación con el reparo formulado por el apoderado judicial apelante, se ha de manifestar que de los argumentos esgrimidos en el fallo de instancia, el actor reprocha específicamente la acreditación de la subordinación en la ejecución de las órdenes y contratos convenidos por las partes.

2.5.1. La prueba de la subordinación en el contrato realidad

Concurriendo la subordinación como elemento integrante de la relación laboral, incumbe a la Sala analizar si la actividad prevista en el objeto de las órdenes y contratos de prestación de servicios suscritos, fue ejecutada de manera independiente por el contratista y correspondía a una labor coordinada entre éste y la respectiva entidad, o por el contrario, el demandante estaba sujeto en el caso concreto, a la subordinación que el Tribunal Administrativo del Meta no encontró probada en la sentencia del 15 de diciembre de 2016.

En efecto, el recurrente endilga la demostración de este elemento esencial a los testimonios rendidos por los declarantes Amanda Esther Corro Borja y José Luis Royero Sánchez, quienes al preguntárseles “Dígale al Despacho si para la época en que laboró el demandante para el Hospital Departamental de Villavicencio, existía en la planta de personal de esa Entidad el cargo de Auditor Médico, de ser cierto diga el nombre de algunos funcionarios que ocuparan ese cargo de planta.”, coincidieron en afirmar respectivamente, que:

“Estaba nombrado de planta el señor ARNULFO AGUIRRE, quien desempeñaba las mismas labores de todos los demás auditores”
(…)
“Si había el cargo en cabeza del Doctor AGUIRRE,”

Nótese que contrario a lo que pretende hacer ver el demandante, cuando asienta que lo manifestado en las declaraciones aportan todos los elementos necesarios para probar la existencia de una relación laboral y “que el actor cumplía idénticas funciones a las desempeñadas por ARNULFO AGUIRRE funcionario de planta de la demandada, que cumplía un horario de trabajo que era señalado por la demandada,…que recibía órdenes y memorandos de parte de la Coordinadora”, en manera alguna constituye medio de prueba suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida subordinación, razón por la que permanece inexistente el caudal probatorio que respalde la afirmación de los testigos y del actor, en suma, los supuestos de hecho exhibidos sobre el analizado elemento no van más allá de una enunciación carente de sustento probatorio, dada la obligación del administrador de justicia de apreciar las pruebas en conjunto de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Quedando en cabeza de la parte demandante probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, en la medida que lo testificado, por sí solo, no permite establecer la requerida subordinación derivada de las órdenes y contratos de prestación de servicios celebrados, con los que para el señor Manuel Joaquín Barrios Muñoz, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. pretendía encubrir una verdadera relación de carácter laboral.

Toda vez que, lo efectivamente probado no corresponde al dicho de las declaraciones, en razón a la respuesta ofrecida al Oficio No. 0169, por la Profesional Especializada de la Unidad Funcional de Talento Humano de la entidad demandada, en la que certificó: “Que en la planta de Personal aprobada por la Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio, mediante Acuerdo 004 de 2013, no está contemplado el cardo de Auditor Medico.”. Prueba documental legalmente decretada, practicada y con la oportunidad procesal de haber sido controvertida, y que desvirtuó el supuesto fáctico consistente en que el actor realizaba las mismas funciones del señor Arnulfo Aguirre, y que éste a su vez, ejercía el cargo de Auditor Médico en la planta de personal de esa Entidad.

Por este motivo ha sido enfática la Sala en reiterar, que la simple declaración de testigos y aseveración del demandante sobre la existencia del cargo y quién era su titular, no dan el alcance probatorio suficiente para corroborar que sus funciones también fueron ejecutadas por un análogo de planta de personal.

Circunstancia que cobra importancia en el examen del elemento que echó de menos el tribunal de instancia y que alega presente en la relación laboral el impugnante, en tanto que la figura de las órdenes y/o contratos de prestación de servicios se exterioriza cuando la función de la administración no puede ser realizada por personas pertenecientes a la planta de la entidad oficial contratante, o por la necesidad de conocimientos especializados, mostrándose en estos casos la autonomía e independencia técnica y profesional del contratista, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la referida sentencia C-154 de 1997, así:

“El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual “...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.¨.

b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.” (Negrillas y Subrayas fuera del texto).

Y por su parte la Sala en reciente pronunciamiento al destacar el carácter excepcional de la modalidad de contratación de prestación de servicios, enunció:

“[…] el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual”. (Subrayado intencional).

Por todo lo anterior, la falta de actividad probatoria imposibilitó la verificación de este elemento necesario para la declaración perseguida, tales como órdenes e instrucciones por parte de sus superiores, llamados de atención y memorandos, funciones a efectuar que correspondían a la de los empleados de planta en las instalaciones y con los instrumentos, materiales e insumos de su contraparte, reglamentos y programación interna a seguir, junto con la prueba que corrobore lo manifestado respecto al horario de trabajo cumplido y señalado por el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., circunstancias que sólo, a manera de ejemplo, permiten la demostración del hecho consistente en que los servicios no se prestaron de manera independiente y autónoma, como corresponde a una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por la misma entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, asimilando dicha relación a una de carácter laboral.

También se despliega en el presente asunto el segundo evento que la jurisprudencia citada ut supra, instituyó para la celebración de esta modalidad de contratos, observándose que la vinculación del señor Manuel Joaquín Barrios Muñoz se efectuó mediante contratos de prestación de servicios pactados bajo los lineamientos de la Ley 80 de 1993 y en algunos periodos bajo órdenes de servicio, caracterizados por los conocimientos especializados requeridos del contratista, según se desprende de las obligaciones generales y especificas a que se comprometió el actor, entre ellas la revisión y auditoria de las cuentas médicas generadas en la entidad; controlar los valores unitarios frente al detalle y discriminación de las actividades prestadas y al total de la factura; análisis, revisión y respuesta de las glosas presentadas a la facturación del Hospital, dentro de los plazos establecidos; diseñar un sistema de indicadores de gestión, que permita medir la efectividad y productividad del proceso de auditoría médica; elaborar y aplicar instrumentos que evalúen la racionalidad científica velando por la calidad en la prestación del servicio.

De acuerdo con todo lo anterior y del acervo probatorio practicado, para la Sala es evidente el hecho que la ejecución del objeto contratado se hizo de manera independiente y autónoma, como corresponde a una relación de carácter contractual, soportada en la autonomía de la voluntad y que no se trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos fijados por la misma entidad, de acuerdo con las necesidades del servicio, asimilando dicha relación a una de carácter laboral, además por la temporalidad que determinó la ejecución de las órdenes y contratos del 1 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2009, tiempo completamente suficiente para desplegar las obligaciones pactadas por el contratista como Auditor Médico.

Al respecto, en sentencia de unificación esta Sección precisó en materia de la figura jurídica del contrato realidad, lo siguiente:

“[…] el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión”. (Subrayado fuera del texto).

III. DECISIÓN

Con todo, debe arribarse a la conclusión que el actor no expuso el elemento de la subordinación componente de una relación laboral pública, ni que lo pretendido por su contraparte fue esconder una relación laboral administrativa, motivo por el cual tendrá que confirmarse la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, el 15 de diciembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda presentada por MANUEL JOAQUÍN BARRIOS MUÑOZ contra el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

SEGUNDO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 1 al 4.
Folios 95 y 96.
Folio 219.
Folios 29 y 30.

Folios 31 y 32.
Corte Constitucional, Sentencia del 19 de marzo de 1997, Referencia: Expediente D-1430, M.P. Hernando Herrera Vergara.
“Por el cual se establece la naturaleza general de las funciones y los requisitos generales para los diferentes empleos públicos de las entidades del Orden Nacional a las cuales se aplica la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial No. 43.449 del 11 de diciembre de 1998.”
Ibídem.

Consejo de Estado, Sala Plena, radicación IJ 0039-01, M.P.: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, Demandante: María Zulay Ramírez Orozco.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, radicación Nro. 68001-23-15-000-1998-01445-01, referencia Nro. 02990-05, actor: Mónica María Herrera Vega, demandado: Municipio de Floridablanca, C.P.: Dr. Tarsicio Cáceres Toro.

Sentencia de 15 de Junio de 2006, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, radicación No. 2603-05, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, en esta ocasión se expuso que: “cuando existe contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional”.
(…)
“En consecuencia, se reconocerá una indemnización por las prestaciones sociales dejadas de percibir, para cuya liquidación se tomará como base el valor del respectivo contrato u orden de prestación de servicios”.

Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 19 de febrero de 2009. Rad. 3074-05. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejo de Estado. Sección Segunda, Sentencia del 27 de febrero de 2014. Rad. 1994-13. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).
Reverso del folio 131.

Reverso del folio 132 y anverso del folio 133.

Folio 204.

Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Folios 108 al 110.

Folio 5 del cuaderno 2.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter, Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00117-01(3730-14), actor: Zuly Fátima Núñez Pacheco, demandado: Instituto Departamental De Deportes Córdoba - Indeportes Córdoba, referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).

Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, Actor: Lucinda María Cordero Causil, Demandado: Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba), Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho, Tema: Contrato realidad (docente) Actuación: Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 5 de 2016, conforme al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

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