Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00048-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Improcedente: no cumple con el requisito general de procedencia de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00048-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00048-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: VILMA LUCILA NIÑO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE– No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Vilma Lucila Niño solicitó, a través de apoderada judicial, el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana
y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 11001-33-
35-014- 2019-00194-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 11001-33-35-014- 2019-00194-00/01 contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional - Dirección de Sanidad, a fin de que se declarara la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
nulidad del Oficio núm. S-2019-009547 de 10 de enero de 2019, por medio del cual
el Director de Sanidad de la Policía Nacional negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de la ejecución de los contratos de prestación de
servicios.
2.2. Indicó
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante providencia de
9 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones.
2.3. Refirió que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y que la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó, mediante sentencia de 4 de julio de 2024, el fallo de primera
instancia, para en su lugar negar las pretensiones.
2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y al acceso a la administración
de justicia, al incurrir en un defecto procedimental, en un defecto sustantivo, en
violación directa a la Constitución y en desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Frente al defecto procedimental manifestó que la accionada omitió la definición
del elemento subordinación, al afirmar que no encontró pruebas que lo
demostraran, pasando por alto todas las relacionadas en el proceso como son los
testimonios y documentales.
2.6. Sobre el defecto sustantivo, refirió que la autoridad judicial accionada no realizó un
análisis en conjunto de las pruebas aportadas y elaboró un fallo sobre otro proceso,
puesto que se daban todas las condiciones para presumir la existencia del contrato
de trabajo.
2.7. Puntualizó,
respecto del desconocimiento del precedente judicial, que se
desconocieron las siguientes sentencias del Consejo de Estado: “[…] (i) Sentencia
del 25 de agosto de 2016, radicación: SUJ2-005-16; (ii) Sentencia del 7 de febrero
de 2019, radicación: 66001-23-33-000-2011-00282-01(1824-17), M.P. César
Palomino Cortés; (iii) Sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
Sección Segunda, radicación: 0500123-33-000-2013-01143-01 (1317-2016);
Sentencia de 24 de marzo de 2022, radicación 47001-23-33-000-2013-00293-01
(1176-2016), M.P. César Palomino Cortés […]”.
2.8. Finalmente, señaló que se incurrió en violación directa de la Constitución porque
el artículo 53 de la Constitución Política establece la primacía de la realidad sobre las
formas, pero en la providencia controvertida se le dio prevalencia a la forma del
contrato de prestación de servicios sobre la realidad probada del vínculo laboral.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA.- Se conceda el amparo constitucional a la accionante al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, quebrantados
por SALA DE DECISION [sic] PRESIDIDA POR LA MAGISTRADA ALBA
LUCÍA BECERRA AVELLA, Y CONFORMADA POR LOS MAGISTRADOS
CERVELEON PADILLA LINARES E ISRAEL SOLER PEDROZA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “D”
SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni efecto la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Accionada con fecha 04
de julio de 2024 y notificada el 10 de julio de 2024, en el expediente
11001333501420190019401.
TERCERA.- Se le ordene al ACCIONADO que en lugar de las decisiones que
se dejan sin efecto, proferir el fallo que en derecho corresponde, acorde con
las disposiciones violadas y con las sentencias de carácter constitucional que
infringió […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 20 de enero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional - Dirección de Sanidad y al Juzgado Catorce
Administrativo del Circuito de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que la acción de tutela era improcedente porque estaba
siendo utilizada como una tercera instancia.
5.2. Indicóque en el evento de llegar a establecer que la presente acción
constitucional era procedente, se debían negar las pretensiones de la misma.
5.3. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá manifestó que no
incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante
porque analizó, valoró y tuvo en cuenta todas las pruebas obrantes en el proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
5.4. Señaló que aplicó las sentencias de unificación proferidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado que se encontraban vigentes para el momento en
el cual se dictó la sentencia de primera instancia.
5.5. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional – Dirección
de Sanidad – Oficina de Asuntos Jurídicos solicitó que se denieguen las
pretensiones de la tutela en razón a que era improcedente y no existía un perjuicio
irremediable.
5.6. Finalmente solicitó su desvinculación teniendo en cuenta que no es competente
en dar trámite y cumplimiento a la tutela.
5.7. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional – Dirección
de Sanidad – Regional de Aseguramiento en Salud señaló que esa dirección de
sanidad no es la llamada a responder por las pretensiones señaladas por la parte
accionante.
5.8. Por último, solicitó su desvinculación teniendo en cuenta que quien se debe
pronunciar es la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión Previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Oficina de Asuntos Jurídicos
y la Regional de Aseguramiento en Salud.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional – Dirección de Sanidad – Oficina de Asuntos Jurídicos y la Regional de
Aseguramiento en Salud fueron partes demandadas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento objeto de la presente acción de tutela, la Sala considera
que le asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional. Por
lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
en un defecto procedimental, en un defecto sustantivo, en violación directa a
la Constitución y en desconocimiento del precedente judicial.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. La señora Vilma Lucila Niño solicitó, a través de apoderada judicial, el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad
humana y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 4 de julio de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el número de radicación 11001-33-
35-014- 2019-00194-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando guarda
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.
26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.
27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y al acceso a la administración
de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental, en un
defecto sustantivo, en violación directa a la Constitución y en desconocimiento del
precedente judicial, por las siguientes razones:
28. Frente al defecto procedimental manifestó que la accionada omitió la definición
del elemento subordinación, al afirmar que no encontró pruebas que lo
demostraran, pasando por alto todas las relacionadas en el proceso como son los
testimonios y documentales.
29. Sobre el defecto sustantivo, refirió que la autoridad judicial accionada no realizó un
análisis en conjunto de las pruebas aportadas y elaboró un fallo sobre otro proceso,
puesto que se daban todas las condiciones para presumir la existencia del contrato
de trabajo.
30. Puntualizó,
respecto del desconocimiento del precedente judicial, que se
desconocieron las siguientes sentencias del Consejo de Estado: “[…] (i) Sentencia
del 25 de agosto de 2016, radicación: SUJ2-005-16; (ii) Sentencia del 7 de febrero
de 2019, radicación: 66001-23-33-000-2011-00282-01(1824-17), M.P. César
Palomino Cortés; (iii) Sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
Sección Segunda, radicación: 0500123-33-000-2013-01143-01 (1317-2016);
Sentencia de 24 de marzo de 2022, radicación 47001-23-33-000-2013-00293-01
(1176-2016), M.P. César Palomino Cortés […]”.
31. Finalmente, señaló que se incurrió en violación directa de la Constitución porque el
artículo 53 de la Constitución Política establece la primacía de la realidad sobre las
formas, pero en la providencia controvertida se le dio prevalencia a la forma del
contrato de prestación de servicios sobre la realidad probada del vínculo laboral.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no existe
un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que
considera que se afectaron.
35. Además, la accionante no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que
fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión
adoptada en la sentencia de segunda instancia revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda.
36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la providencia cuestionada:
“[…] Para la Sala, se tiene que las pruebas obrantes en el plenario, con las
cuales se pretende desvirtuar la relación jurídica originada en los contratos de
prestación de servicios y la consecuente configuración de una relación laboral,
no resultan suficientes a la hora de demostrar el vínculo laboral, pues, se
recuerda que el elemento determinante para declarar la existencia de una
relación laboral es la subordinación “(…) en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo
momento con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su
vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador
impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin
que le asista ningún tipo de independencia. (…)”18
En este orden, se considera que los testimonios rendidos por las señoras
Esperanza Almedia y Martha Quintero, no dieron la suficiente certeza de la
configuración del elemento de subordinación, habida cuenta que, las simples
manifestaciones hechas por los declarantes y la demandante en su
interrogatorio de parte, relacionadas con el cumplimiento de un horario de
18
Ver Sentencia Radicado: veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021).41001-23-33-000-2014-00486- 01(0126-
19)
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Accionante: Vilma Lucila Niño
trabajo, que desempañaba sus actividades empleando los elementos
suministrados por la entidad y que recibía órdenes y lineamentos para la
ejecución de sus actividades, no constituyen prueba suficiente para la
formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida subordinación,
en tanto que no existe el caudal probatorio suficiente que permita desvirtuar la
autonomía para realizar sus funciones. En efecto, así lo señaló el Consejo de
Estado19 :
“[…] Nótese que contrario a lo que pretende hacer ver el
demandante, cuando asienta que lo manifestado en las
declaraciones aportan todos los elementos necesarios para
probar la existencia de una relación laboral y “que el actor cumplía
idénticas funciones a las desempeñadas por ARNULFO
AGUIRRE funcionario de planta de la demandada, que cumplía
un horario de trabajo que era señalado por la demandada,…que
recibía órdenes y memorandos de parte de la Coordinadora”10 ,
en manera alguna constituye medio de prueba suficiente para la
formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida
subordinación, razón por la que permanece inexistente el caudal
probatorio que respalde la afirmación de los testigos y del actor,
[…]”.
En este orden, de los dichos de las testigos, no se concluye que la demandante
haya estado en situación de subordinación respecto de la entidad hospitalaria.
Toda vez que, la Sala advierte que estas señalan que la demandante recibía
órdenes y directrices de los jefes de unidad, sin dar cuenta de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que se dictaban. Aunado a lo anterior, pese a
que los testigos y la demandante afirmaron que los contratos eran vigilados por
los jefes de unidad, como son el Mayor César Reyes, la coronel Eliana Gaitán,
la teniente Carina Sánchez” tampoco es claro para la Sala, que tipo de órdenes
o instrucciones eran dadas a la señora Niño Carrillo, o que se haya impuesto
el cumplimiento de reglamentos.
Asimismo, está demostrado que la señora contaba con la facilidad de cambiar
el cumplimiento de horas en las que prestaba el servicio y distribuirlas en los
días que considerara tal y como obra en el archivo 00 pág. 323 que por un viaje
a México distribuyó 13 horas en una hora diaria para así cumplir con el objeto
de su contrato, de igual forma, según lo afirmó la señora Vilma Lucila Niño
Carrillo en su declaración el horario que debía cumplir era de 4 a 6 horas
diarias, es decir, menos de una jornada laboral ordinaria.
En el mismo sentido, obra en el archivo 00 pág. 311 solicitud de cambio de
horario presentado por la Jefe UASAD Sur, de la señora Vilma Lucila Niño
Carrillo de la jornada de la tarde para la mañana, la cual según declaración de
la demandante, se debió a petición de la propia parte, ello implica, que contaba
con la posibilidad de modificar la jornada en la que prestaba el servicio.
Además, para la Sala no resulta plausible que una optómetra a la cual se le
asignó un consultorio reciba para el desempeño de sus funciones órdenes de
un director de unidad que no tenía los conocimientos profesionales
especializados en esa área, respecto a cómo atender a un paciente, pues ello
implicaría que las decisiones que, en virtud de sus conocimientos técnicos en
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", Consejero ponente: CÉSAR
PALOMINO CORTÉS, Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de d os mil diecinueve (2019), Radicación número: 50001-23-31-
000-2011-00712-01(1809-17 10 Folio 204.
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Accionante: Vilma Lucila Niño
la Lex artis debía tomar para la prestación del servicio, requiriesen aprobación,
lo cual resultaría extrado dado que, los testigos indicaron que de los 3 a 4 jefes
que tuvieron solo uno era especialista en esa área de la salud, lo que implica
que los demás no tenían los conocimientos técnicos en optometría.
De igual manera, ninguno de los testigos afirmó que los directores de unidad le
dijeran a la señora Vilma Lucila Niño Carrillo como tratar a los usuarios que
atendía, por lo que contaba con total independencia para desarrollar su labor,
máxime cuando la afirmación dada por las señoras Esperanza Almedia y
Martha Quinter al momento de preguntárseles respecto al tema dijeron que la
demandante tenía autonomía sobre el tratamiento de los usuarios.
[…]
Por consiguiente, considera la Sala que en el caso sub examine, no se acreditó,
fehacientemente, a través de las pruebas allegadas y practicadas en el
proceso, que los contratos de prestación de servicios mutaron en una relación
laboral, sino que se desarrollaron en el ámbito de un contrato de prestación de
servicios, el cual, se ejecutó con autonomía, con las destrezas y habilidades
del demandante, por lo tanto, no existen elementos de juicio capaz de soportar
la nulidad del acto que se demanda y, en consecuencia, se revocará la
sentencia que primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda
y en su lugar se negarán las mismas […]”. [Negrilla y cursiva original del texto].
37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
38. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso analizó, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente y las normas
aplicables, que los actos demandados no estaban viciados de nulidad porque no
se probó la existencia de una relación laboral.
39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
40. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00048-00
Accionante: Vilma Lucila Niño
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional – Dirección de Sanidad – Oficina
de Asuntos Jurídicos y la Regional de Aseguramiento en Salud, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Vilma Lucila Niño
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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