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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2013-00293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2013-00293-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2013-00293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECRÉTASE de oficio la prescripción trienal extintiva de los derechos prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos y ejecutados con anterioridad a 23 de diciembre de 2008. No obstante lo anterior, el demandante tiene derecho a que el SENA, realice las cotizaciones a pensión, por dichos periodos, por tratarse de una prestación imprescriptible. SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO (2) en cuanto a los aportes para pensión, la entidad deberá calcular el ingreso base de cotización con base en los honorarios pactados para la época en que el actor prestó sus servicios mes a mes y con base en ello, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá que efectuar los aportes correspondientes, y respecto a la devolución de aportes a seguridad social en salud realizados por el demandante, son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del interesado, por lo cual, no es factible que se le retribuyan directamente al contratista. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso por los mencionados conceptos en la forma solicitada por el accionante. 26 Número interno: 1176- 2016 Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA TERCERO.- CONFÍRMASE, en todo lo demás la sentencia de primera instancia proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015), por el Tribunal Administrativo del Magdalena, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO.- RECONOCER personería a la abogada de la parte actora, doctora DANNA SAID K’DAVID, con T.P. No. 265.773 del C.S de la J., en los términos y para los efectos del poder allegado en memorial visible a folio 467 del expediente. QUINTO.- Sin condena en costas. SEXTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2013-00293-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 47001-23-33-000-2013-00293-01
N° interno: 1176-2016

Actor: YAMAL DAVID ZAFADY YOHAID

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TEMA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PRIMACÍA DE
LA REALIDAD SOBRE LA FORMALIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011.

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015) por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena, accedió a las
pretensiones de la demanda promovida por el señor YAMAL DAVID ZAFADY
YOHAID en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

YAMAL DAVID ZAFADY YOHAID, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
demandó al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el fin que se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 2 - 2013 - 002809 del 10
de julio de 2013 por medio de la cual la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago de la totalidad de las prestaciones sociales de orden legal
derivadas del vínculo del demandante con la entidad.

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago en favor
del demandante lo correspondiente a: prima de servicios, cesantías, intereses a
las cesantías, viáticos, vacaciones, sanción moratoria, desde el 7 de abril de 2008
hasta el 20 de enero de 2012. De la misma forma, solicitó el reconocimiento de la
indexación de cada uno de los derechos reclamados, teniendo en cuenta el último
salario, condena en costas y agencias en derecho.

1.2. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda1, son los siguientes:

El demandante prestó sus servicios al SENA, desempeñándose como formador
profesional en el área de agricultura en Centro Agropecuario de Gaira – Santa
Marta, durante siete (5) años, desde el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Afirmó que la vinculación se dio de forma ininterrumpida bajo la continua
subordinación del SENA, de lunes a viernes cumpliendo un horario de 7:00 am a
12:00pm y de 1:00 a 4:30 pm, trabajando más de 8 horas diarias, así mismo las
labores de coordinación de la entidad, eran ejecutadas por la Coordinación del
Centro Agroindustrial de Gaira y el Subdirector del Centro.

Indicó que las labores de aprendizaje ordenadas al señor Yamal David Zafady, se
debían ejecutar fuera de la sede del Centro Agropecuario de Gaira, es decir en
corregimientos, resguardos indígenas y cabeceras municipales, como se
estableció en las cláusulas quinta literal C de los diferentes contratos firmados de
manera continua. Además, cualquier ausencia de la sede de trabajo debía ser
justificada mediante permisos informados al Jefe del Centro Agropecuario.

Manifestó que las labores del demandante estaban orientadas a una formación
integral, profesional y laboral, certificando a sus estudiantes, razón por la cual,
dadas sus características, estima que se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal.

Sostuvo que, el demandante cumplió funciones idénticas a las desarrolladas por
instructores de planta del SENA, como son impartir formación técnica a
estudiantes matriculados en el área pecuaria y apoyo a los alumnos en los

1
ff. 1 - 7

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

proyectos de emprendimientos, los grupos de estudiantes eran aproximadamente
de 25 a 30 en el centro de aprendizaje y en los diferentes municipios. Por último,
seguía directrices, estaba sujeto a llamados de atención, reuniones de personal de
su Jefe inmediato generándose subordinación.

El 3 de julio de 2013 con radicado No1-2013-003087, el demandante solicitó el
reconocimiento de los derechos laborales, petición que fuera resuelta en forma
desfavorable a través del Oficio No. 2-2013-002809 del 10 de julio de 2013.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Los artículos de la Constitución Política; 1, 2, 3, 6, 13, 25, 53, 122, 123 y 125 de la
C.N.
Decreto 3135 de 1968;
Decreto 1848 de 1969,
Decreto 1042 de 1978
Numeral 3 del art. 32 de la Ley 80 de 1993
Ley 1437 de 2011
Ley 640 de 2001
Ley 1285 de 2009
Ley 270 de 1996.

Consideró que el acto administrativo demandado viola el artículo 53 de la
constitución al negar el reconocimiento y pago de los emolumentos prestacionales
causados de la relación laboral causada con el SENA; por cuanto las labores fueron
permanentes, por contratos sucesivos en un periodo de 5 años y ejecutando la
misma tarea de aprendizaje de los instructores de planta.

2. Contestación de la demanda

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA por intermedio de apoderado judicial,
se opuso a todas y cada una de las pretensiones (ff. 82 - 94) ya que siempre
existió una relación de prestación de servicios profesionales, de conformidad con
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por lo cual no era viable que la entidad
reconociera las prestaciones sociales y que se encuentran prescritas.

Señaló que, cuando el empleo específico no está previsto en la respectiva planta
de personal, el hecho que existan otros cargos parecidos que ya están siendo
desempeñados por otras personas y que el personal vinculado por contrato de

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

prestación de servicios realice labores similares a las que desempeñan esos
empleados públicos, no conduce a que se pueda aceptar que el empleo público
existe de acuerdo al régimen jurídico con las funciones que atiende el contratista,
para luego admitir que esa relación contractual encubre una relación legal y
reglamentaria.

Manifestó que no se configuraron los elementos necesarios de un contrato de
trabajo, debido a que la prestación personal del servicio, no materializa por sí sola
el elemento propio de la relación laboral. Asimismo asegura que no está
demostrado de forma incontrovertible la subordinación y dependencia, ya que esto
surgió de acuerdo a lo estatuido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, pues
resulta imperativo en todo contrato que las partes coordinen sus actividades para
un adecuado cumplimiento de lo pactado.

Indicó que, la Ley 80 de 1993 en sus artículos 4o y 5o que las partes en un
contrato tiene deberes recíprocos, motivo por el cual los instructores quedaban
supeditados al cumplimiento idóneo de las obligaciones a su cargo, de ahí que las
instrucciones que recibía no se transforman en subordinación ni intromisión en la
autonomía del contratista al desarrollar el objeto contratado.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, ineptitud de la demanda,
prescripción, buena fe, y genérica.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Magdalena a través de la sentencia del 24 de
noviembre de 2015 (ff. 403 - 415), accedió a las pretensiones de la demanda,
declaró la nulidad del acto administrativo demandado, y a título de restablecimiento
del derecho le ordenó al SENA, reconocer y pagar al demandante las prestaciones
sociales dejadas de percibir entre el 2008 al 2012, devengadas por los empleados de
planta vinculados a la entidad, conforme al valor pactado en los contratos suscritos y
debidamente indexados. De la misma forma lo condenó a pagarle al demandante los
porcentajes de cotización correspondientes a salud y pensión que debió trasladar a
los fondos correspondientes durante el período acreditado que prestó sus servicios.

Analizó cada uno de los elementos con el fin de constatar si se puede declarar la
existencia de la relación laboral tal como lo solicitó el demandante, o en su lugar, lo

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

que existió fue efectivamente el cumplimiento de un contrato de prestación de
servicios. Para tales efectos, sostuvo que se encuentra acreditado la prestación
personal del servicio como instructor en el área de agricultura en el SENA – Regional
Magdalena, de acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente y señaló que la
planta de personal de la entidad es insuficiente, lo que deriva en la contratación
ocasional de personal que debería estar vinculado por contrato laboral.

En cuanto a la remuneración percibida por el demandante, en el contenido de cada
uno de los contratos y órdenes de prestación de servicio, se pactaron unos
honorarios como contraprestación a la actividad desarrollada.

Respecto a la subordinación, teniendo en cuenta las declaraciones se observa que el
demandante cumplía una jornada laboral y atendía las directrices impartidas por la
entidad para el desarrollo de la labor encomendada, por el buen desempeño
académico de los aprendices, asistir a reuniones convocadas por los jefes
inmediatos, que eran los supervisores a quienes debía rendir informes del trabajo
semanal o mensual conforme a los programas asignados e impuestos por el SENA.

Señaló que la labor no era independiente y autónoma en la realización del objeto de
las órdenes de trabajo o contratos de prestación de servicios, consolidándose una
relación de subordinación, personalmente, cumpliendo una jornada laboral y
percibiendo una remuneración.

También señaló que pese a presentarse algunas interrupciones entre uno y otro
contrato, las mismas operaron en cese de periódicos académicos.

Conforme con lo anterior, el Tribunal ordenó el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de la remuneración convenida, al igual que los
aportes a la seguridad social en el porcentaje que debió hacerlo la entidad en los
fondos respectivos, tomando como base para la liquidación de la condena el valor de
lo pactado en los contratos. Aclaró que la reparación del daño no se hace sobre la
totalidad de los aportes por cuanto el demandante, estaba obligado a realizar parte
de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de
1993, por lo que la obligación se hará por la cuota parte que la entidad no trasladó al
respectivo fondo de pensiones y empresa prestadora de salud.

En relación a los viáticos, determinó el a quo que no están llamados a prosperar por
cuanto, no se logró acreditar que el señor Zafady Yohaid se le haya pagado viáticos

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

por su desplazamiento a distintos lugares distintos a su sede de trabajo, puesto que
solo se limitó asegurar que tenía derecho al reconocimiento sin allegar las pruebas
correspondientes.

Sostuvo que respecto de las vacaciones, esta Corporación ha manifestado que no
tienen naturaleza de prestación salarial al tratarse de un descanso remunerado y por
tal motivo negó el reconocimiento.

Por otro lado, negó la sanción moratoria por el no pago de cesantías, teniendo en
cuenta que cuando se reclama la existencia de una relación laboral, no resulta
procedente ya que la obligación surge a partir de la declaración que se hace en la
sentencia. Y sin condena en costas.

4. Fundamento del recurso de apelación

4.1. Por la entidad demandada

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a través de apoderado judicial
mediante escrito visible a folios 426 a 432 del expediente, presentó recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, por encontrarse
inconforme con la decisión, por tal motivo, solicitó se declare la inexistencia del
contrato realidad entre el accionante y la entidad.

Manifestó que no existe ninguna prueba que se configuraron los elementos del
contrato realidad, en relación con la subordinación no existe ningún documento
por parte del SENA que impusiera órdenes de obligatorio cumplimiento, así como
tampoco aportó documentos como llamados de atención, memorandos,
comunicación de horarios preestablecidos por el contratante de la orden de
servicios.

Alegó que la parte demandante no logró desvirtuar la relación laboral, de acuerdo
al acervo probatorio por sí solo no se daban esos presupuestos, ya que los
contratos y certificaciones, no pueden lograr inferir ineludiblemente que el señor
Yamal Zafady Yohaid estaba subordinado, que cumplía horario, ni que los
honorarios fueran salarios.

Sostuvo que el Consejo de Estado en varias sentencias, analizó el hecho que la
prestación de servicios de los contratistas se haga a determinadas horas, no

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Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

constituye subordinación y por ende no generan contrato realidad, en virtud del
principio de coordinación que debe existir entre el contratante y contratista, puesto
que el segundo se somete a las condiciones necesarios para el desarrollo eficiente
de la actividad encomendada, que incluye el cumplimiento de un horario, recibir
órdenes de sus superiores o reportar informes sobre su resultado, no significa
necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

5. Alegatos de conclusión

5.1. Por la entidad demandada

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA mediante apoderado reiteró los
argumentos presentados en la contestación demanda, audiencia inicial, alegatos y
en el recurso de apelación2 y manifestó el Consejo de Estado en varias
sentencias, ha señalado que no necesariamente implica subordinación el
cumplimiento de horario, el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus
superiores o tener que reportar informes sobre sus resultados, ya que es sobre
este elemento que el recurrente aduce la reclamación y la relación laboral,
situación que debe ser demostrada por quien lo alega y hasta el momento no se
configura ninguna relación laboral.

Además, sostuvo que los contratos y órdenes de servicios suscritos entre las
partes no fueron sucesivos, por lo cual se trató de una relación tipo ocasional por
existir lapsos entre uno y otro contrato.

La parte demandante y el Agente del Ministerio Público, vencido el término para
presentar alegatos de conclusión en el curso de la segunda instancia, guardaron
silencio3.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo4, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

2
Folios 461 - 465
3
466.

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Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si al demandante le asiste el derecho o no para
reclamar del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el pago de las
prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que
permaneció vinculado como Instructor, en aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación
de servicios que celebró con dicha entidad territorial se ajustan a la normativa
legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y
continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la sentencia del 24 de
noviembre de 2015, accedió a las pretensiones.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. En cuanto a la Ley 80 de 1993 y el principio de Primacía de la Realidad

La Ley 80 de 1993 que en su artículo 32, numeral 3, dispone:

“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)

3 Contratos de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no pueden
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso, estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

El artículo 22 del C.S.T. define el contrato de trabajo, en los siguientes
términos:

“1. (…) Es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal u otra
persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y
mediante una remuneración.

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El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

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Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
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2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la
remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.”

El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 123 consagra los elementos
esenciales para que se configure un contrato de trabajo, como son:

a.) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.

b.) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a
éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a
la materia obliguen al país, y

c.) Un salario como retribución del servicio.

Estos tres elementos, son constitutivos de una relación contractual del trabajador
oficial, diferentes de las exigencias previstas para las relaciones legales. Distinta es
la situación del contrato de prestación de servicios, al cual la administración por
disposición legal puede celebrar con personas naturales, cuando la planta de
personal no alcance para atender eficazmente el funcionamiento normal y
adicionalmente, cuando se requieran conocimientos especializados.

Como vimos líneas atrás, la Ley 80 de 1993 contempla que quienes celebren
contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, no tienen derecho al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales por cuanto el propósito de dichos
contratos es desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad, a fin de satisfacer las necesidades en beneficio del
interés público.

Sin embargo, tal situación podría variar cuando se logre demostrar que mediante el
contrato de prestación de servicios se pretenda desnaturalizar el contrato de
trabajo, relación propia de los trabajadores oficiales que en las entidades públicas
distintas a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las de
Economía Mixta, se dediquen a las labores de construcción y mantenimiento de
obras públicas, cuya relación es estrictamente contractual, regida por contrato
laboral, así sea que las formalidades indiquen un contrato de prestación de
servicios. O en el caso de los empleados públicos, cuando se desnaturalice el
propio vínculo laboral.

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Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
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Así mismo la H. Corte Constitucional en sentencia C-154 de 1997,5 estableció las
diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, así:

“3. Características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el
contrato de trabajo.

El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por
el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada
por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos
especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores
en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en
determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al
funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la
cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener
también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de
acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la
Constitución Política, según el cual “... Los particulares pueden cumplir funciones
administrativas en las condiciones que señale la ley.”.

b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico,
constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un
amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual
dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal
perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos
previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de
planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de
la modalidad del contrato de prestación de servicios.

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado
y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las
actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su
carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que
la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal
cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que
el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en
el presupuesto correspondiente.

Por último, teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del contrato de
prestación de servicios de que trata el precepto acusado y la naturaleza de las funciones
desarrolladas, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y mucho
menos con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cual no es
procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la
subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se acredita la existencia
de las características esenciales de éste quedará desvirtuada la presunción establecida en el
precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo.

“(...) Como bien es sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación

5 Sentencia del 19 de marzo de 1997, Expediente: D-1430, M.P. Hernando Herrera Vergara.

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de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere de la
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la
remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación
de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona
jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir ordenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales- contrato de prestación de
servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera
que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles
tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del con trato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esa naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente, sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio
con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horarios de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho a
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de
un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más
bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. (Negrilla del
Despacho).

En este orden de ideas, se puede colegir que el contrato de prestación de
servicios puede ser desnaturalizado siempre y cuando sea evidente la
subordinación o dependencia respecto del empleador, lo cual conlleva el derecho
al pago de prestaciones sociales o indemnización a título de restablecimiento del
derecho, según sea el caso.

Para desvirtuar el contrato de prestación de servicios se deben acreditar tres
elementos característicos de toda relación laboral, así lo manifestó el H. Consejo
de Estado en la providencia del 23 de junio de 2005, Expediente No. 0245,
Consejero Ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante.:

“De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de
prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de
los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación
personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que,
en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.
(...)
La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de
subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según se desprende de las cláusulas

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Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
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que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de ésta de labores propias de
un funcionario público:
(…)
Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando el demandante desarrolló su
actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir
una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto
en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el
desarrollo de la actividad, (…)”

Y en igual sentido misma Corporación6 posteriormente sobre los elementos que
desvirtúan la existencia de un contrato de prestación de servicios expuso:

“No existe discusión en cuanto a que para ostentar la calidad de empleado público es necesario
cumplir las previsiones del artículo 122 de la Constitución, como son que el empleo se
encuentre contemplado en la respectiva planta, que tenga asignadas funciones y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente. Adicionalmente se deben cumplir los
presupuestos de ley: Nombramiento y Posesión. El fundamento según el cual el contratista que
desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la
posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del
daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro,
ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la
planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca
fueron sufragadas.
(…)
“El artículo 53 de la Constitución que establece la prevalencia de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede ser
escindido, si no concordado con la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales”, por lo que una vez declarada la situación irregular del contrato de prestación
de servicios, la lógica jurídica y la interpretación gramatical de la norma superior no debe ser
otra que reconocer las garantías establecidas en las normas jurídicas.
(…)
La tesis que actualmente maneja esta Corporación al momento de indemnizar este tipo de
controversias, se limita a condenar al pago de las prestaciones sociales ordinarias que devenga
un empleado público en similar situación, pero liquidadas conforme se pactó en el contrato de
prestación de servicios. Dicho argumento es justificado, en que como quien pretende demostrar
el contrato realidad, no ostenta la calidad legal de empleado público, carece del derecho al
pago de todas las prestaciones sociales a las que tendría derecho un servidor en estas
condiciones (…)

De conformidad con las normas trascritas y la jurisprudencia citada en
precedencia, se puede arribar a dos conclusiones: la primera, que para que haya
una vinculación laboral se requiere que concurran tres elementos, a saber: a) La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, b) Continua
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta
a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, dependencia que
debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y c) Un salario
como retribución del servicio, y la segunda, que el contrato de prestación de

6 Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de 2009, C.P. Doctora: Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o
dependencia del empleado respecto del empleador, evento en el cual surgirá no la
declaratoria de una relación legal y reglamentaria, puesto que la calidad de
empleado público requiere el cumplimiento de ciertos requisitos tanto
constitucionales como legales, sino el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en virtud del principio de prevalencia de la realidad sobre las
formalidades en las relaciones laborales.

Sobre el elemento de la subordinación o dependencia, punto álgido en el caso de
autos, en el mismo pronunciamiento la Corte Constitucional7 expuso lo siguiente:

“Subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador en el contrato de
trabajo.

(…)

7. Esta corporación ha señalado que la relación de subordinación del trabajador es
determinante de la relación laboral, que el poder subordinante del empleador comprende de
modo general la dirección de las actividades de aquel, la imposición de reglamentos y la función
disciplinaria y que el empleador está sujeto en su ejercicio a los límites constitucionales que
imponen el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales que en ella se
sustentan y a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, así:

‘La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato
de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la
jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para
dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe
realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al
cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos
de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél’”.

De lo anteriormente expuesto, se colige que es imprescindible la acreditación de
los elementos descritos para desvirtuar la existencia de un contrato de prestación
de servicios, contrario sensu, evidenciar la relación laboral, que de demostrarse
acarreará el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en aplicación del
artículo 53 de la Constitución Política, que establece el principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales, en aras de proteger
los derechos mínimos de las personas, contemplados en normas que regulan la
materia.

7 Sentencia C-154 de 1997.

14
Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

2.3.2. Del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA

Ahora bien, la Ley 119 de 1994 “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras
disposiciones.”, establece:

ARTÍCULO 2o. MISIÓN. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de
cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Por su parte, el Decreto 1424 de 1998 publicado en el Diario Oficial No. 43.349 de
29 de julio de 1998 “Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por
méritos para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena”, definió
la Educación con el siguiente tenor literal:

“ARTICULO 22. EDUCACION. Se entiende por educación el desarrollo de facultades
físicas, intelectuales o morales mediante la aplicación de una serie de contenidos
académicos realizados en establecimientos o instituciones educativas, públicas o privadas,
oficialmente reconocidas y aprobadas, que conduzcan a la obtención de certificados,
títulos o grados.” (Resaltado y Subrayado fuera del texto).

El artículo 2 del Decreto 1426 de 1998 “Por el cual se establece el sistema de
nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos públicos del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA.”, publicado en el Diario Oficial No. 43.349 de 29 de
julio de 1998, clasifica el cargo de Instructor conforme con las siguientes funciones:

“Comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional, desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada.” (Negrita del Despacho)

La normatividad que regula al personal de Instructores del SENA, establece
que dicha entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y
profesional certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos
que se desarrollan; define la educación como todos aquellos procesos
especializados tendientes a la obtención de certificados, títulos o grados; e
indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta actividades académicas.
La Ley 115 de 1994 en su artículo 1º y 2, consagra que:

“Artículo 1. OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
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La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad
escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas,
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitación social.

La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.”

“Artículo 2º. SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el conjunto de
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación
no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados
en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.” (Destacado y
subrayado extratexto)

Ahora bien, de acuerdo a lo expresado, la función prestada por el SENA a través
de los Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral
certificando a sus estudiantes, así que por estas características y su naturaleza se
clasifica dentro de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su
categoría pues no hace parte de los niveles propios de educación formal ni se
cataloga dentro de la definición de educación informal, regulándose de esta
manera por las normas generales del Servicio Público de Educación.

4. De lo probado en el proceso

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

El señor Yamal David Zafady, celebró con el SENA los siguientes contratos de
prestación de servicios:

# DURACIÓN INICIÓ FINAL OBJETO VALOR
CONTRATO DEL CONSTRACTUAL DEL
CONTRATO CONTRATO
Prestación de servicios
personales de carácter
Liquidación
temporal como instructor
No 243 del 8 de abril del contrato contratista impartiendo horas
7 de abril de 2008 el 22 de de formación profesional
2008 800 horas diciembre de integral en la especialidad $14.433.504
de cultivo de café orgánico
(fl 24) 2008
dentro del programa de
desplazados, en el
Departamento del
Magdalena.

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Prestación de servicios
personales, como instructor
No 839 del
para el fortalecimiento
30 de 2 de 29 de técnico y empresarial a
noviembre diciembre diciembre de unidades productivas en el $2.525.562
de 2009 130 horas de 2009 2009 área de agricultura
conformadas en el programa
(fl. 24 / 163
de JÓVENES RURALES
• 165) EMPRENDEDORES en el
departamento del
Magdalena.
Prestación de servicios
personales, como instructor
contratista, impartiendo
No 116 del 11 de Formación Profesional
27 de enero febrero de Integral por proyectos, $13.667.250
de 2010 750 horas 2010 asesoría y acompañamiento
en el área AGRICOLA en los
(fl 21)
diferentes programas que
imparta el Centro en el
Departamento del
Magdalena.
Adición No
Ibídem
116 del 27 200 horas 27 de 13 de $3.644.600
de agosto agosto de noviembre
de 2010 (fl 2010 de 2010
20/ 237)
Prestación de servicios
personales de carácter
temporal como instructor
impartiendo Formación
Profesional Integral, apoyar
No 0376 de el desarrollo de las
actividades de formación
14 de 15 de 30 de junio
complementaria, formulación
marzo de 320 horas marzo de de 2011 de proyectos y diseños de $5.982..080
2011(fl 16/ 2011 actividades de aprendizaje;
188/191) para dar respuesta a las
necesidades de capacitación
en el área de agricultura en
los diferentes programas
que imparta el Centro en el
Departamento del
Magdalena.
Prestación de servicios
personales de carácter
temporal como como
Desde el 21 instructor para ejecutar
No 832 del de julio de acciones de Formación
2011 2011 por un Profesional Integral
mediante la conformación de
(fl 12) plazo de
Unidades Productivas en el
5 meses marco de la formación de $12.733.663
nueve días proyectos; para dar
respuesta a las necesidades
de capacitación,
privilegiando la atención a
los damnificados de la ola
invernal, a través de
proyecto productivos y
sostenibles en el
programada de Jóvenes
Rurales Emprendedores en
el área de GESTIÓN
AMBIENTAL en el
departamento del
Magdalena.
Prestación de servicios
personales de carácter
temporal como instructor
para ejecutar acciones de
Formación Profesional
No 427 del Integral mediante la
conformación de Unidades
07 de
Productivas en el marco de
febrero de 4 meses la formación de proyectos; $10.400.000
2012 para dar respuesta a las
(fl 27) necesidades de
capacitación, privilegiando la
atención a los damnificados

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Número interno: 1176- 2016
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de la ola inverna a través de
proyecto productivos y
sostenibles en el
programada de Jóvenes
Rurales Emprendedores en
el área de CONSTRUCCIÓN
en el Departamento del
Magdalena
• En el certificado expedido por el Subdirector del Centro Acuícola, mencionan el contrato de prestación 0101
de 2012, desde el 20 de enero de la misma anualidad por 5 meses, pero no reposa documentación; sin
embargo, folio 360 la Unidad de correspondencia del Sena - Regional Magdalena, allegó las planillas de
pago correspondiente a dicho contrato.

Respecto de los contratos y órdenes de prestación de servicios obrantes a folios 9
a 29 del expediente, se observa que tienen como objeto Impartir formación
profesional, como instructor; se encontró estipulado la supervisión y control directo
del contrato por cuenta del Subdirector del Centro o a quien delegue, o Gestor del
Programa de Jóvenes Rurales o Coordinadores Académica del Centro Acuícola y
Agroindustrial de Gaira; la forma de pago, de acuerdo con las horas o meses
contratadas; con obligaciones para el contratista, tales como las de cuidar y
responsabilizarse de los instrumentos de trabajo que se le facilitaran para el
desempeño de sus funciones; además manifiesta la inexistencia de la relación
laboral, puesto que los contratos no generan ningún vínculo de conformidad con la
ley 80 de 1993, y con la imposibilidad para el mismo de ceder el contrato a
persona alguna, natural o jurídica, sin el consentimiento previo, expreso y escrito
del SENA.

Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Aristides Blanquicet Córdoba y José Luis Cataño Echeverri, quienes dan cuenta
de las condiciones bajo las cuales prestaba el servicio en el SENA regional
Magdalena, de la siguiente manera (fl. Aud. conjunta de pruebas 390):

El señor Aristides Blanquicet Córdoba indicó que lleva aproximadamente 25
años en la Institución y conoció al accionante en el año 2008 cuando ingreso a la
institución a trabajar como instructor por contrato. Manifestó que no existe ninguna
distinción en el ejercicio de formación profesional entre los contratistas e
instructores de planta, puesto que es exactamente lo mismo en su forma y
contenido. De igual forma reveló, que los instructores de planta recibieron viáticos
cuando dictaban clases por fuera de Santa Marta, situación que no ocurrió con los
contratistas puesto no reciben estos beneficios, debían trasladarse a diferentes
lugares a desarrollar la formación, el contenido asignado, la metodología y reportar
al finalizar la jornada de trabajo. Tampoco existe ninguna diferencia en el horario

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Número interno: 1176- 2016
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impuesto por la institución de siete a doce y de dos a seis, todo lo anterior bajo la
supervisión de un coordinador que les imparte las cargas de trabajo.

Por su parte, el señor Luis Castaño Echeverri señaló que trabajó en el SENA
como instructor de ética, acción social y de todos los estudios en los años 1997 a
2004. Además, manifestó que vio trabajando en el SENA agropecuario al
demandante, ya que realizó visitas periódicamente a las instalaciones de la
entidad con posterioridad a la terminación de su contrato.

Ahora bien, de los testimonios recepcionados, respeto de lo declarado por el señor
José Luis Castaño Echeverri esta Sala no lo tendrá en cuenta, por cuanto laboró
en periodos diferentes (1997 a 2004) al demandante y es poco lo que puede
aportar a los hechos aquí señalados.

El Subdirector del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira del SENA – regional
Magdalena, expidió certificación del 13 de abril de 2011 donde consta que el
demandante prestó sus servicios como instructor contratista, impartiendo
formación profesional en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.8

Obra certificación del 14 de abril de 2015, expedida por el Coordinador Académico
del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, que el señor Yamal David Zafady
estuvo contratado por el centro de formación en el área de lenguas modernas,
donde manifestó que “el tiempo de ejecución de la formación es concertada entre
el instructor y los aprendices; La carga académica es determinada por los
instructores teniendo en cuenta la duración en tiempo de cada competencia o
modulo a desarrollar”, a folio 356 del expediente.

La Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto del SENA – Regional
Magdalena9, certificó que el salario y prestaciones sociales a que tiene derecho un
empleado público con cargo de instructor, están establecidos en el Decreto 181
del 7 de febrero de 2014, de acuerdo a la escala de asignación básica para los
diferentes grados del empleo. De igual forma, la entidad reconoce a los empleados
de tiempo completo un subsidio mensual de alimentación en cuantía del 20% del
SMLMV y las prestaciones ordinarias a que tiene derecho un instructor de planta
son las siguientes: prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones. Por

8
Fl 9 y 10
9
Folios 357 a 359

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último, respecto del horario de trabajo de un instructor manifestó que era de 8.5
horas diarias, con una jornada laboral semanal de 42.5, divididas 32.5 horas
dedicadas en actividades directas de formación profesional y 10.5 dedicadas a la
ejecución de actividades de obligatorio cumplimiento, previamente programadas,
el tiempo de dedicación, los productos y resultados que el instructor debe cumplir,
conforme a las siguientes distribuciones: a) Preparación de sesiones; b) inducción
general; c) participación en Comités de evaluación de Alumnos; d) participación en
el Equipo pedagógico del Centro; e) formación y actualización pedagógica y
tecnológica; f) atención de alumnos fuera de las sesiones presenciales para
brindarles alguna orientación o responder inquietudes; g) actividades de apoyo a
los procesos del Sistema Nacional de formación para el trabajo; h) permiso
sindical, en los casos en que haya lugar y hayan sido previamente reconocidos

En el mismo sentido, las actividades desarrolladas por el funcionario público con
cargo de instructor, son las siguientes de acuerdo a lo establecido en el Manual de
funciones de la entidad, regulado 000986 de 2007:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos
de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con
los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el
Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

El 3 de julio de 2013 con radicado No 1-2013-003087, el demandante solicitó al
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA regional Magdalena se liquide y pague
las prestaciones sociales comunes u ordinarias que se le reconocen a un
instructor de planta conforme al valor pactado en cada una de las órdenes de
pago y contratos de prestación de servicios, igualmente se pague los porcentajes
de salud y pensión.

Mediante el Oficio 2-2013-002809 del 10 de julio de 2013, la Directora Regional
del Magdalena despachó de manera desfavorable las pretensiones invocadas con

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el argumento, que no tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales ya que no existió entre el SENA y el contratista un vínculo laboral.

2.4.1. Caso concreto

Para arribar a la solución del problema jurídico planteado, partiendo del marco
teórico previamente expuesto, lo primero que debemos determinar es si
efectivamente la relación que se mantuvo entre las partes trató de ocultar una
verdadera relación laboral. Para ello, la parte demandante tendrá que demostrar
en el debate probatorio la concurrencia de los elementos sustanciales de la
relación laboral como son: la prestación personal del servicio, la remuneración
como contraprestación o pago por los servicios prestados y la subordinación, este
último se constituye como el elemento esencial de la relación laboral.

En el trámite de primera instancia se logró demostrar la prestación personal del
servicio y las funciones desempeñadas del demandante a través de la
celebración de los contratos de prestación de servicios en el periodo comprendido
entre el 7 de abril de 2008 hasta el 20 de enero de 2012 de forma continua,
aunque se presentaron interregnos que se estudiaron más adelante, ya que prestó
lo servicios en calidad de Instructor Docente en el área de agricultura en el SENA -
Regional Magdalena.

Respecto a la contraprestación económica, de acuerdo a los contratos y
órdenes de servicios allegados, los comprobantes de pago proferidos por la
entidad, comprobantes de egresos y órdenes de pagos, se observa que el
demandante percibió una remuneración por ejecutar la función de “INSTRUCTOR”
en las instalaciones del SENA o donde la entidad a bien tuviere que enviarlo a
ejecutar esta función.

Respecto de la subordinación y dependencia, se configuró este elemento por
cuanto los contratos celebrados no fueron de manera temporal, ya que durante
casi cuatro años prestó los servicios al SENA, es decir desde el 7 de abril de 2008
hasta el 20 de enero de 2012, en el cumplimiento de funciones y horarios de
trabajo propios de la entidad, desarrollando idénticas funciones a las asignadas a
los instructores de planta, que permiten exponer a todas luces, el interés de la
administración por emplear de modo permanente los servicios del demandante,
desconociendo los emolumentos correspondientes, toda vez, que no tenía

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autonomía ni independencia para el desarrollo de los contratos, pues sus labores
fueron ejecutadas de manera personal, como se colige del acervo probatorio
obrante en el proceso.

Así las cosas, prestó sus servicios al SENA Regional Magdalena en calidad de
instructor y formador profesional en el área agrícola al programa jóvenes
emprendedores, brindando capacitación a los beneficiarios de esos programas,
que a su turno le eran expresamente asignados por los Coordinadores
Académicos y los Jefes de Centro, según los planes docentes previamente
definidos por la entidad.

De igual forma, cumplió con el horario que le fue asignado para adelantar la
formación durante determinadas horas por día según el área de instrucción que
previamente le fue definida; situación que de todos modos implicó la entrega de
reportes a su superior, la ejecución de la labor asignada en los tiempos que
explícitamente le fueron estipulados, teniendo en cuenta el programa a desarrollar
y las metas a cumplir.

Ahora bien, en lo que respecta a que desarrollo funciones idénticas a las
establecidas para los docentes de planta, del material probatorio de uno de los
testimonios recepcionados, quien en calidad de instructor de planta señaló, que en
el SENA Regional Magdalena no existía ninguna diferencia entre los formadores
contratistas y los de planta, por cuanto prestaban los mismos servicios y cumplían
las mismas funciones, con la asignación de horarios similares, atender las
directrices impartidas para el desarrollo de la labor encomendada y entregar
mensualmente reportes de cumplimiento de actividades, por lo cual no era una
actividad independiente ni autónoma porque se encontraba gobernada por los
Coordinadores Académicos del SENA.

Todo lo anterior corrobora que el actor, en su condición de contratista del SENA,
no sólo cumplía un horario de trabajo, sino que se encontraba bajo la supervisión
de un jefe, y su labor no difería de la desarrollada por el personal de la planta de la
entidad.

Por lo anterior, no hay duda de que la labor desarrollada por el accionante al
servicio del SENA, además de ser personal, era subordinada a las instrucciones y

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Número interno: 1176- 2016
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condiciones impuestas previamente por la entidad.

Por tales razones, esta Sala modificará la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por cuanto se realizará las siguientes
precisiones.

Respecto a las prestaciones sociales, en sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, esta Corporación sostuvo:

“El restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica de la nulidad que se decreta, ya que una
vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico,
por lo que los derechos y situaciones afectados deben volver a su estado inicial, es decir, que en las
controversias de contrato realidad hay lugar a reconocer las prestaciones que el contratista dejó de
devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales, pues su situación jurídica fue mediante un
contrato estatal, pero que en su ejecución se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral,
que en caso de haber sido vinculado como empleado público hubiese tenido derecho a las mismas
prestaciones que devengan los demás servidores de planta de la respectiva entidad (…)”10

Así las cosas, deben reconocerse las prestaciones sociales que el contratista dejó de
devengar con ocasión de la modalidad de vinculación a través de contratos de
prestación de servicios, y tener ese tiempo como efectivamente laborado para
efectos pensionales. La liquidación de las prestaciones sociales se hará con base en
los honorarios pactados en los contratos suscritos entre la entidad y el
demandante11.

En la misma providencia, se estableció a efectos de declarar probada la excepción
de prescripción en los contratos de prestación de servicios, lo siguiente:

“(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en
el servicio”.

En lo relacionado con la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria
de existencia de la relación laboral, en la misma sentencia de unificación, la Sala
manifestó que:

“quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 5 de agosto de 2016. Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-

15) CE-SUJ2-005-16. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Radicación: 66001-23-33-000-2013-
00091-01(0237-14). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en
armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad
y progresividad”.

Ahora bien, de acuerdo a la sentencia del 9 de septiembre de 2021 de la Sección
Segunda de esta Corporación12, se indicó sobre el término y el momento a partir
del cual debe computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con
el fin de establecer si se presentó o no la solución de continuidad en la relación
laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera adecuado establecer un
periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no
solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que
obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral

Pese a lo anterior, resulta indispensable revisar lo atinente al fenómeno
prescriptivo, en atención a la interrupción entre cada vínculo contractual, en forma
considerable:

Contrato Lapso de ejecución
1 243 08 /04/2008 – 22/12/2008
800 horas
Interrupción

2 02/12/2009 – 29 de diciembre de 2009
839
130 horas
3 116 11/02/2010 – 750 horas
4 116 con su adición 27/08/2010 – 13/11/2010
200 horas
Interrupción
5 0376 15/03/2011 – 30/06/2011
320 horas
6 832 21/07/2011 – 5 meses

7 427 07/02/2012 - 4 meses

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Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

De acuerdo al anterior cuadro, es evidente que entre los contratos 243 de 2008 y
839 de 2009, y entre el contrato de adición 116 de 2010 y el 0376 del 2011, se dio
detención o discontinuidad; por tanto, la relación laboral que hoy se solicita se
interrumpió y se dio por finalizada entre la terminación y la suscripción de un
nuevo contrato, configurándose la solución de no continuidad entre un contrato y
otro.

Ahora bien, el demandante presentó reclamación ante la entidad el 3 de julio de
2013, por lo cual en el primer contrato se encuentra configurada la prescripción,
por cuanto a partir del 23 de diciembre de 2008 el conteo de los tres años vencía
en el año 2011 y, en relación con la segunda interrupción el contrato de adición
116 de 2010, contaba hasta el 14 de noviembre de 2013 y la petición interrumpió
dicho termino. Por lo anterior, los últimos seis vínculos no se presenta dicho
fenómeno, pues desde el vencimiento del vínculo séptimo (junio de 2012) hasta la
petición trascurrieron alrededor de 1 año y 26 días; por ende, le asiste derecho a
que le sean reconocidos los emolumentos prestacionales derivados de los
contratos 839 de 2009, 116 y la adición del 2010, 0376 y 832 de 2011, 427 de
2012 y se declare la prescripción trienal respecto de los demás vínculos citados.

En cuanto a los aportes para pensión, la entidad deberá calcular el ingreso base de
cotización con base pensional del demandante el salario legalmente sufragado a
quienes desempeñaban el empleo de instructor de planta o los honorarios
pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes y si existe diferencia entre
aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por lo que el
demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema
durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá que efectuar los aportes
correspondientes.

Respecto a la devolución de aportes a seguridad social en salud realizados por el
demandante a cuenta propia, tienen la naturaleza de parafiscales, es decir, son de
obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un crédito a
favor del interesado, por lo cual, no es factible que se le retribuyan directamente
al contratista. En consecuencia, resulta improcedente que se disponga el

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

reembolso por los mencionados conceptos en la forma solicitada por el
accionante, por lo que la sentencia será modificada en ese aspecto.

Así las cosas, la sentencia deberá ser confirmada atendiendo a las precisiones
expresadas en los acápites precedentes relativos a la prescripción, devolución de
los aportes en seguridad social y corrección de la fecha que inició la relación
laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- DECRÉTASE de oficio la prescripción trienal extintiva de los derechos
prestacionales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos y
ejecutados con anterioridad a 23 de diciembre de 2008. No obstante lo anterior, el
demandante tiene derecho a que el SENA, realice las cotizaciones a pensión, por
dichos periodos, por tratarse de una prestación imprescriptible.

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO (2) en cuanto a los aportes para
pensión, la entidad deberá calcular el ingreso base de cotización con base en los
honorarios pactados para la época en que el actor prestó sus servicios mes a mes y
con base en ello, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador, por lo que el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá que efectuar
los aportes correspondientes, y respecto a la devolución de aportes a seguridad
social en salud realizados por el demandante, son de obligatorio pago y recaudo
para fines específicos y no constituyen un crédito a favor del interesado, por lo
cual, no es factible que se le retribuyan directamente al contratista. En
consecuencia, resulta improcedente que se disponga el reembolso por los
mencionados conceptos en la forma solicitada por el accionante.

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Número interno: 1176- 2016
Demandante: YAMAL DAVID SAFADY YOHAID
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

TERCERO.- CONFÍRMASE, en todo lo demás la sentencia de primera instancia
proferida el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015), por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, según lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

CUARTO.- RECONOCER personería a la abogada de la parte actora, doctora
DANNA SAID K’DAVID, con T.P. No. 265.773 del C.S de la J., en los términos y
para los efectos del poder allegado en memorial visible a folio 467 del expediente.

QUINTO.- Sin condena en costas.

SEXTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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