Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01351-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
25 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01351-01
Demandante: Leda Montealegre de Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01351-01
Demandante: LEDA MONTEALEGRE DE RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por falta de
relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Frente al defecto
fáctico alegado no se cumple, porque la solicitud de amparo carece de la carga argumentativa
mínima y la accionante pretende provocar un pronunciamiento sobre un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura en
este caso, teniendo en cuenta que ese defecto se configura cuando se advierte la violación de la
razón de la decisión de una providencia judicial que cumple las condiciones para calificarse como
precedente.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia
del 15 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 10 de marzo de 2025, la señora Leda Montealegre de Ramírez interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, con ocasión de la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2024, mediante la
cual revocó el fallo del 22 de marzo de 2024, emitido por el Juzgado 57 Administrativo
de Bogotá, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-42-057-2022-00157-00/01; en su lugar, el Tribunal las
negó. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
1.- RIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de la señora LEDA
MONTEALEGRE DE RAMÍREZ al debido proceso y a la igualdad en las
decisiones judiciales.
2.- DECLARAR que la providencia judicial tutelada, esto es, la sentencia de
segunda instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “D” del H.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cinco (5) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024)¸ dentro del proceso con radicado 11001-33-42-057 2022-
00157-01, desconoció el precedente vinculante, (Sentencias de Unificación
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Se advierte que el 16 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01351-01
Demandante: Leda Montealegre de Ramírez
00260 de 2016, Sentencia de Unificación 0025 de 2021 proferidas por la Sala
Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado y Sentencia C-555 de
1994 Proferida por la corte Constitucional) en los términos acá expuestos.
3.- TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin
efectos la sentencia de segunda instancia de fecha cinco (5) de diciembre de
dos mil veinticuatro (2024)¸ proferida por la Sección Segunda, Subsección “D"
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42-057-2022-00157-01, por
medio de la cual se confirmó la decisión del juzgado 57 Administrativo Oral de
Bogotá y en su lugar, se dicte una nueva decisión que en derecho
corresponda.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Leda Montealegre de Ramírez prestó sus servicios a la Secretaría Distrital
de Integración Social (SDIS) desde el 8 de enero de 2013 hasta el 28 de octubre de
2021, en virtud de la suscripción de contratos de prestación de servicios, en los que se
obligó a ejercer la labor docente de tiempo completo para coordinar los jardines infantiles
oficiales que le fueran asignados.
4. El 18 de marzo de 2022, la señora Montealegre de Ramírez presentó reclamación ante
la SDIS y solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas del «contrato
realidad», que, en su sentir, se ocultó tras los contratos de prestación de servicios
suscritos por más de 8 años. La entidad negó la petición con oficio del 22 de abril de
2022.
5. En atención de lo anterior, la accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que correspondió por reparto al Juzgado 57 Administrativo
de Bogotá, con el radicado 11001-33-42-057-2022-00157-00. Mediante sentencia del 22
de marzo de 2024, la autoridad judicial negó a las pretensiones.
6. Inconforme con la decisión, la señora Montealegre de Ramírez interpuso recurso de
apelación, que se resolvió desfavorablemente por la Sección Segunda, Subsección D,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con sentencia del 5 de diciembre de 2024.
7. A juicio de la parte actora, el Tribunal, al proferir la providencia cuestionada, incurrió
en los siguientes defectos:
8. Desconocimiento del precedente judicial. Se apartó injustificadamente del
precedente judicial vertical y horizontal vigente en la materia. En especial, reprocha que
no aplicó las directrices dispuestas por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación 0260 de 2016, en la que se indicó que «la labor del docente contratista no es
independiente, sino que el servicio se presta de manera personal y subordinada al
cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la educación».
9. Aunado a ello, manifestó que existen diversos casos con contornos fácticos similares
o idénticos al suyo, en los que se ha accedido a las pretensiones. Verbigracia, la
demanda interpuesta por la maestra coordinadora Brígida Inés Ramírez Castellanos
(Radicado 11001333501420180040101), que fue resuelta favorablemente con sentencia
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Demandante: Leda Montealegre de Ramírez
proferida por el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, confirmada mediante fallo dictado
el 9 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.
10. También citó varios autos proferidos en el marco del mecanismo de extensión de
jurisprudencia, en los que se declaró la existencia de relaciones laborales ocultas o
subyacentes detrás de la suscripción de contratos de prestación de servicios entre la
SDIS y maestras que se encontraban en igualdad de condiciones que la actora.
Particularmente, se refirió al auto interlocutorio dictado en el proceso con radicado
11001-03-25-000-2020-00455-00, mediante el cual se accedió a la solicitud de extensión
de la jurisprudencia, providencia que, incluso, fue cuestionada por la SDIS a través de
acción de tutela, pero, en su momento, la Sección Quinta de esta Corporación la declaró
improcedente.
11. Asimismo, refirió que en un proceso anterior (radicado 11001-33-42-052-2023
00046-00/01), el Tribunal accionado, basado en la misma tesis, negó las pretensiones,
sin embargo, la sentencia se dejó sin efecto mediante el fallo de tutela del 27 de febrero
de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado2.
12. Defecto fáctico. Afirmó que la decisión judicial objeto de reproche es el resultado de
una valoración probatoria parcial, que restó relevancia a los inicios y elementos de la
subordinación probados conforme a la sentencia de unificación 0025 de 2001.
Textualmente, consideró que estos hechos demostrados no se tuvieron en cuenta al
momento de proferir la sentencia:
a. El cumplimiento de jornada de trabajo establecida por la contratante, que
incluso se lleva a cabo mediante resoluciones y lineamientos técnicos y
curriculares incorporados en las documentales (calendario académico y
curricular).
b. La asignación discrecional del lugar de trabajo o jardín infantil por parte de la
demandada y del espacio u oficina y aulas de trabajo (circunstancia prevista
desde los objetos contractuales).
c. El suministro de bienes y equipos para el desarrollo del objeto contractual
(testimoniales).
d. La permanencia, la innegable relación e identidad que existió entre servicio
contratado con la misionalidad de la entidad (objetos, necesidades justificación
de los estudios previos y carga obligacional del contrato y 8 años de
vinculación continua). o La identidad con personal de planta (testimoniales) y,
e. La dirección y control permanente derivada de la naturaleza docente de la
actividad realizada por la actora, quien estuvo sometida desde la carga
obligacional pactada al cumplimiento de los reglamentos pedagógicos,
lineamientos técnicos y curriculares, así como a los estándares y protocolos
adoptados por la demandada en el marco del servicio público de educación
inicial, servicio regulado por la Ley 1804 de 2016 (Política de Estado) y
reglamentado por el Decreto 1411 de 2022 del Ministerio de Educación
Nacional.
2 Radicado 11001-03-15-000-2025-00249-00.
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Demandante: Leda Montealegre de Ramírez
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 14 de marzo de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D. Además, ordenó que se notificara al juez 57
administrativo de Bogotá y al secretario distrital de integración social de Bogotá.
14. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, ponente de la decisión cuestionada, señaló que el precedente vertical
invocado por la parte actora, esto es, la sentencia de unificación 0260 de 2016, no resulta
aplicable al caso concreto, dado que la señora Montealegre de Ramírez no prestó sus
servicios como docente adscrita a la educación formal, conforme a lo descrito en el
Decreto Ley 2277 de 1979, en concordancia con la Ley 115 de 1994, sino que su
vinculación tuvo lugar con la SDIS como coordinadora de jardines infantiles, dirigidos a
la educación inicial, esto es, antes de los grados obligatorios que hacen parte de la
educación formal.
15. En cuanto al precedente horizontal invocado por la parte actora, adujo que no es
obligatorio, y que la subsección viene adoptando una postura diferente, cimentada en
una argumentación seria y consistente.
16. En todo caso, señaló que, si en gracia de discusión se tuviera como aplicable el
precedente vertical, lo cierto es que la accionante no estaba de exenta de acreditar el
elemento de la subordinación, para obtener la prosperidad de las pretensiones.
17. Aunado a lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
toda vez que, a su juicio, la parte actora pretende revivir el debate ya zanjado en sede
ordinaria.
18. La Secretaría Distrital de Integración Social sostuvo que la tutela es improcedente
porque operó la caducidad, dado que la providencia censurada se notificó el 11 de
diciembre de 2014.
19. De igual forma, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva para atender
las pretensiones de amparo.
C. Fallo impugnado
20. Mediante sentencia del 15 de mayo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso en cabeza
de la señora Leda Montealegre Ramírez y dejó sin efectos la sentencia del 5 de diciembre
de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-
057-2022-00157-00/01.
21. El a quo señaló que es cierto que en la sentencia del 25 de agosto de 2016, solo se
fijaron reglas de unificación en torno a la prescripción y el reconocimiento de las
prestaciones derivadas de relaciones laborales encubiertas, pero también lo es que en
esa oportunidad se establecieron criterios sobre el elemento subordinación en los casos
de docentes contratistas del Estado, en el sentido de indicar que estos ejercen sus
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funciones de forma subordinada, puesto que cumplen permanentemente directrices que
son impuestas por las entidades públicas contratantes y el propio Ministerio de
Educación Nacional, deben cumplir horarios y acatar el marco de los calendarios
académicos.
22. Asimismo, resaltó que es un precedente consolidado de la Sección Segunda de esta
Corporación, considerar que la prestación de servicios por parte de los docentes
contratistas a favor de las entidades educativas adscritas al Ministerio de Educación
Nacional, a la luz de los artículos 2 del Decreto ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de
1994, se realiza bajo completa subordinación.
23. En ese orden, el fallador de primera instancia determinó que el Tribunal accionado
se apartó injustificadamente del precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, aplicable a casos relacionados con el reconocimiento de relaciones laborales
encubiertas en contratos de prestación de servicios suscritos entre docentes e
instituciones educativas autorizadas por el Ministerio Nacional; y con ello desconoció los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en consecuencia, accedió al
amparo solicitado.
24. Teniendo en cuenta lo anterior, el a quo, al encontrar demostrado el cargo de
desconocimiento del precedente judicial, accedió al amparo solicitado y se relevó de
analizar los demás cargos formulados.
D. Impugnación
25. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, ponente de la providencia censurada, afirmó que el precedente contenido
en la SUJ2-005-16 se limita a la prescripción y al reconocimiento de prestaciones
sociales derivadas de relaciones laborales encubiertas.
26. Adujo que es cierto que en esa oportunidad el Consejo de Estado analizó la
prestación del servicio docente, y a partir de su naturaleza misional, permanente y
reglamentada por el Ministerio de Educación Nacional, estableció que el elemento de la
subordinación resulta evidente en ese tipo de relaciones; no obstante, dicho criterio no
puede extenderse al caso de la señora Leda Montealegre de Ramírez, quien fungió como
coordinadora de jardines infantiles dependientes de la Secretaría Distrital de Integración
Social, una entidad no certificada por el Ministerio de Educación Nacional para la
prestación del servicio educativo formal.
27. Insistió en que los jardines infantiles adscritos a la Secretaría de Integración Social
de Bogotá no son instituciones educativas formales avaladas por el Ministerio de
Educación, sino centros de atención integral a la primera infancia, cuya habilitación se
rige por el Acuerdo 138 de 2004 y el Decreto 1075 de 2015.
28. Agregó que, en todo caso, la labor ejercida por la actora no fue la de orientadora del
proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, sino de coordinación administrativa y
operativa, sin sujeción a los reglamentos propios del servicio público educativo ni al
calendario académico ni a directrices curriculares del sistema educativo nacional.
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29. En ese orden de entendimiento, según la magistrada, al caso de la señora
Montealegre de Ramírez no le son aplicables las disposiciones del Decreto Ley 2277 de
1979 ni de la Ley 115 de 1994, las cuales definen al educador como aquel que ejerce la
enseñanza en los niveles de preescolar (desde transición), básica y media, y que
desarrollan funciones dentro del sistema de educación formal y tampoco puede
considerarse como «directivo docente», en la medida en que tal figura presupone el
ejercicio de la autoridad pedagógica en establecimientos educativos formales.
30. Frente a las sentencias invocadas por la parte actora como precedente, señaló que
una vez analizadas cada una de ellas no se encontró que resolvieran situaciones
similares a la de la señora Montealegre de Ramírez, dado que en todas ellas las personas
contratistas ejercieron labores como docentes, propias del magisterio, al servicio de
instituciones educativas oficiales.
31. El único asunto que se identifica con el caso de la actora es el resuelto en la sentencia
del 14 de marzo de 20243, en el que se estudió la vinculación de la señora Dora Inés
Méndez de Carrillo, que fue contratada como «maestra profesional» en educación inicial
por la Secretaría de Integración Social de Bogotá, bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios entre los años 2004 y 2018, pero en esa oportunidad se concluyó
que existió una relación laboral, porque se acreditó la subordinación, el cumplimiento de
horario y la ejecución de funciones misionales de forma continua, en aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. En todo caso, nótese que la
señora Montealegre de Ramírez estuvo vinculada como coordinadora de jardín infantil y
no ejerció propiamente como docente.
32. En la impugnación también se expuso puntualmente la ausencia de material
probatorio aportado al proceso de origen, encaminado a demostrar el elemento de
subordinación, carga de la que no está exenta la persona contratista que desea develar
la existencia de una verdadera relación laboral.
33. En consideración a lo anterior, la impugnante solicitó que se revoque el fallo de
primera instancia y, en su lugar, se declare la improcedencia de la acción o, en subsidio,
se deniegue el amparo solicitado, por cuanto no se comprobó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
34. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
3 Radicado 25000-23 42-000-2019-01432-01 (1198-2023).
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F. Problemas jurídicos
35. En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si se debe
confirmar, modificar o revocar la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se accedió al amparo solicitado
por la señora Leda Montealegre de Ramírez y se dejó sin efectos la sentencia del 5 de
diciembre de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
36. Se abordará el estudio de fondo, con el fin de determinar si la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, al negar
las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-42-057-2022-00157-00/01, en el que solicitó el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral, por los servicios prestados como coordinadora
de un jardín infantil, en virtud de la suscripción de contratos de prestación de servicios
con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, entre el 8 de enero de 2013 y
el 28 de octubre de 2021.
G. Análisis de la Sala
Sobre el desconocimiento del precedente judicial
37. Recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU-304 de 2024, estableció
como regla de unificación que «[e]l desconocimiento del precedente es un defecto
independiente y separado del defecto sustantivo», y también, refiriéndose a las
providencias proferidas por fuera del control de validez, que determinan criterios para la
interpretación y aplicación de normas jurídicas, como las decisiones de los órganos de
cierre, señaló que aquellas cobran especial importancia, en razón a la función
hermenéutica que cumplen, y que, por tanto, «(…) son susceptibles de constituirse en
precedentes de obligatorio acatamiento frente a casos futuros semejantes, además que
pueden fijar reglas hermenéuticas obligatorias sobre la manera en que se debe
interpretar y aplicar una norma (…)».
38. En esa oportunidad, la Corte Constitucional, concluyó que «[s]e configura un defecto
por desconocimiento del precedente cuando se advierta la violación de la razón de la
decisión de una providencia judicial que cumple las condiciones para calificarse como
precedente».
39. Ahora bien, conforme a las reglas de unificación implementadas por la Corte en esa
oportunidad, una providencia judicial se considera «precedente vinculante y aplicable a
un caso concreto», cuando:
a. La razón de su decisión contiene una regla aplicable a la situación por
resolver.
b. El problema jurídico que allí se resolvió sea semejante al que ahora
corresponde decidir.
c. Los hechos de ambos casos sean equiparables.
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40. En esos casos, «El juez está obligado a observar el precedente, pues de esta manera
se garantiza la igualdad en la aplicación del derecho, la seguridad jurídica y la coherencia
del sistema jurídico»; y solo puede apartarse de él cuando existan razones «de especial
fuerza constitucional» que así lo justifiquen, caso en el cual, «el juez tiene la carga de
hacer explícita en la decisión los argumentos que, en su criterio, justifican decidir de
manera diversa a como lo impone el precedente, siguiendo para ello los deberes que la
jurisprudencia ha previsto en la materia, a partir de la autoridad que adoptó la regla de
decisión».
41. Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas4:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció5.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que
se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente6).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto7.
4 Sobre el tema, ver, entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
5 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable
al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución
jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
6 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver, entre
otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
7 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia8.
42. En la demanda de tutela, la parte accionante alegó que el Tribunal accionado vulneró
su derecho fundamental a la igualdad, dado que se apartó injustificadamente del
precedente vertical y horizontal vigente en la materia.
43. En especial, reprocha que no aplicó las directrices dispuestas por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación 0260 de 2016, en la que se indicó «que la labor del
docente contratista no es independiente, sino que el servicio se presta de manera
personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público
de la educación».
44. Sobre el particular, en primer lugar, hay que señalar que dicha providencia no unificó
criterios sobre el elemento de subordinación en los casos en que se pretende desvelar
una relación laboral encubierta de docentes contratistas del Estado, dado que las reglas
de unificación se concentraron en aspectos como la prescripción y el reconocimiento de
prestaciones sociales derivadas de relaciones laborales encubiertas.
45. Ahora bien, es cierto que a lo largo de esa providencia la Corporación analizó el
elemento de la subordinación en la prestación del servicio docente, dada la naturaleza
misional y permanente de la labor desarrollada por las personas que ejercen actividades
en el magisterio, y, teniendo en cuenta que esta es reglamentada por el Ministerio de
Educación Nacional, lo cual implica el cumplimiento de horarios, calendarios académicos
y demás directrices impuestas por el MEN, determinó que en dichas relaciones
contractuales, casi siempre, se presenta el elemento de subordinación.
46. No obstante lo anterior, la Sala concuerda con la magistrada impugnante, habida
consideración de que el servicio prestado por la señora Leda Montealegre de Ramírez
no atendía a lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley
115 de 1994, pues, según el objeto de los contratos suscritos con la Secretaría Distrital
de Integración Social de Bogotá (SDIS), desde el 8 de enero de 2013 hasta el 28 de
octubre de 2021, se desempeñó como responsable del jardín infantil que le fuera
asignado y fungió como coordinadora en dichos centros de atención integral a la primera
infancia.
47. Es decir, que la labor desarrollada por la accionante no es equiparable con la que
ejerce un docente adscrito al magisterio. Además, conforme a las labores pactadas,
descritas en los contratos suscritos entre las partes, se conoce que la señora
Montealegre de Ramírez no ejerció como orientadora del proceso pedagógico de
enseñanza-aprendizaje, sino que sus tareas se relacionaron con la coordinación
administrativa y operativa de los centros de atención integral a la primera infancia que le
fueron asignados.
8 La accionante también consideró vulnerados los principios de seguridad jurídica, «norma más favorable»
y «perpetuatio jurisdictionis».
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Demandante: Leda Montealegre de Ramírez
48. Bajo ese entendimiento, para desatar la controversia planteada por la señora Leda
Montealegre de Ramírez en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de
origen, no es válido invocar la sentencia de unificación 0260 de 2016 de esta corporación,
como precedente judicial de obligatorio acatamiento; y, en todo caso, para obtener la
declaratoria de la existencia del vínculo laboral, la interesada debía demostrar los tres
elementos que la jurisprudencia ha establecido como indispensables para que se
estructure la relación laboral subyacente u oculta detrás de la suscripción de contratos
de prestación de servicios (prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación).
49. Recuérdese que la Corte Constitucional en la SU-304 de 2024 fue clara en señalar
que para que una providencia judicial se considere como precedente vinculante y
aplicable a un caso concreto, la razón de su decisión debe contener una regla aplicable
a la situación por resolver, y el problema jurídico que allí se solucionó debe ser semejante
al pendiente por decidir, aspectos que no se cumplen en la controversia planteada por la
accionante, pues, como quedó expuesto, (i) la sentencia 0260 de 2016 del Consejo de
Estado solo fijó reglas de unificación respecto de la prescripción y el reconocimiento de
prestaciones sociales derivadas de relaciones laborales encubiertas; y (ii) no existe
consonancia fáctica entre los casos analizados por el Consejo de Estado en dicha
decisión unificadora y el planteado por la señora Montealegre de Ramírez, por cuanto
nunca se desempeñó en las labores propias del magisterio y bajo los criterios y
directrices fijados por el MEN.
50. Así las cosas, la Subsección no comparte la conclusión del a quo, según la cual la
autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial sentado
en la sentencia de unificación 0260 de 2016, proferida por esta corporación.
51. De otra parte, en la tutela se invoca como desconocida la sentencia de 22 de junio
de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado,
en el proceso con radicado 76001-23-33-000-2015 00016-01 (2954-2022).
52. No obstante, revisada la providencia se encontró que en esa oportunidad se analizó
el caso del señor Omar Valencia, quien reclamó que se declarara la existencia de una
relación laboral encubierta o subyacente, con fundamento en el servicio que prestó como
docente vinculado a través de contratos de prestación de servicios con el Departamento
del Valle del Cauca entre 1999 y 2002. En ese sentido, a la luz de la sentencia SU-304
de 20249, se descarta que dicho pronunciamiento constituya un precedente obligatorio
para resolver la controversia planteada por la señora Montealegre de Ramírez, toda vez
que el problema jurídico fue distinto y los fundamentos de hecho no son equiparables.
53. Como precedente horizontal, en el libelo introductorio se invocan como desconocidas
las siguientes providencias:
54. Sentencia del 9 de abril de 2021, emitida por la Sección Segunda, Subsección
E, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la decisión del
9 «(iii) Una sentencia previa constituye un precedente vinculante y aplicable a un caso concreto cuando: a.
la razón de su decisión contiene una regla aplicable a la situación por resolver; b. el problema jurídico que
allí se resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y c. los hechos de ambos casos sean
equiparables».
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Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, que, a su vez, accedió a las pretensiones en
el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 110013335014-2018-00401-
0110. En esa oportunidad, la autoridad judicial conoció el caso de la señora Brígida Inés
Moreno Castellano, quien prestó sus servicios a la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá, en virtud de la suscripción de contratos de prestación de servicios,
entre el 10 de enero de 2012 y el 26 de febrero de 2017.
55. Si bien la decisión fue confirmatoria de la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones, en ese caso específico se demostró que la accionante, de
conformidad con el objeto del contrato y las actividades pactadas, desarrolló labores en
materia de educación a la primera infancia, de conformidad con los Decretos 607 de
200711 y 057 de 200912, las cuales hacen parte del rol misional de la entidad. Además,
se probó que las ejecutó de forma permanente y que actividades similares eran
desarrolladas por empleados de planta.
56. Aunado a lo anterior, conforme al relato de los testigos que declararon en aquel
proceso, se determinó que la labor se ejecutó de forma subordinada, es decir, totalmente
desprovista de autonomía e independencia, aspecto que no se demostró en el caso de
la señora Leda Montealegre de Ramírez, dado que el Tribunal accionado consideró que
el material probatorio aportado al expediente fue insuficiente para acreditar ese elemento
de la relación laboral, porque, a su juicio, la documental aportada «no lleva al
convencimiento de la existencia de una relación laboral encubierta», y las declaraciones
de los testigos no aportaron los detalles necesarios para desvirtuar la relación de
coordinación existente entre las partes.
57. Así mismo, según el análisis efectuado por la autoridad judicial accionada, las labores
que ejecutó la accionante fueron más de tipo administrativo y operativo, porque estaban
relacionadas con la coordinación de los jardines infantiles, actividades que, según lo
declarado por la contratista, no eran desarrolladas por alguna persona adscrita a la planta
de personal de la entidad.
58. Así las cosas, además de que se trata de una decisión de otra sala del mismo tribunal,
la cual, en principio, no puede resultar vinculante para sus pares, en gracia de discusión,
tampoco cumpliría con la exigencia relativa a la identidad fáctica y jurídica para
considerarse como precedente judicial obligatorio.
59. Sentencia del 25 de octubre de 2024, emitida por la Sección Segunda,
Subsección E, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó la
decisión del Juzgado 9º Administrativo de Bogotá, y en su lugar accedió a las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 11001-33-
35-009-2022-00352-0113. Si bien es cierto, analizada la providencia se advierte que se
trata de un caso de contornos similares al propuesto por la señora Leda Montealegre de
Ramírez, toda vez que se analizó la situación particular de la señora Alba Lucía Sabogal
10 M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
11 «Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital
de Integración Social».
12 «Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de las
personal naturales y jurídica, públicas y privadas que prestan el servicio de Educación Inicial en el Distrito
Capital, a niños y niñas entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad»
13 M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
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Sánchez, quien desarrolló labores al servicio de la SDIS como coordinadora o
responsable de la unidad operativa o jardín infantil, también lo es que, en esta
oportunidad la parte accionante desplegó una dinámica probatoria diferente, que permitió
al operador judicial llegar al convencimiento de la existencia de los tres elementos que
configuran la relación laboral, en especial la subordinación.
60. Es ese caso, no solo se acreditó que las labores se desarrollaron en el marco de la
implementación de los lineamientos pedagógicos y curriculares de la educación inicial,
que pertenecían al rol misional de la entidad, sino que existía personal de planta que
tenía asignada las mismas funciones que fueron pactadas como actividades objeto del
contrato y que, a la contratista se le obligó a cumplirlas en iguales condiciones de tiempo,
modo y lugar que aquellas personas vinculadas a la SDIS.
61. En suma, en la sentencia invocada, la parte accionante lejos de pretender que el
fallador presumiera la subordinación entre los extremos contractuales, cumplió con la
carga probatoria exigida y la demostró, y fue ese ejercicio probatorio que precisamente
echó de menos el Tribunal accionado al analizar el caso concreto de la señora
Montealegre de Ramírez, tal y como quedó dicho en la sentencia censurada.
62. Sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que modificó
parcialmente la decisión del Juzgado 46 Administrativo de Bogotá en el proceso
de nulidad y restablecimiento con radicado 11001-33-42-046-2020-00339-0114. En
esta oportunidad se analizó el caso de la señora Ingrid Johana Camargo Castro, quien
suscribió contratos con la SDIS entre el 14 de enero de 2013 y el 13 de agosto de 2019,
para desarrollar actividades como coordinadora de unidad operativa (jardín infantil) y
como maestra en los programas de educación inicial de primea infancia en los jardines
infantiles adscritos a la entidad.
63. Al igual que en el caso anterior, en esa ocasión la autoridad judicial encontró probada
la subordinación de la contratista, por cuanto determinó que recibió instrucciones
directas, concretas y permanentes sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que
debía cumplir con sus obligaciones contractuales, situación que, se reitera, no se
presentó en el proceso de origen, en el que la actividad probatoria no observó la dinámica
suficiente para conducir al operador judicial al convencimiento sobre la existencia de una
verdadera relación laboral oculta detrás de la suscripción de los contratos de prestación
de servicios.
64. Nótese que en estas controversias relacionadas con la declaratoria de las relaciones
labores subyacentes, pese a que el análisis puede recaer en casos de similares
contornos fácticos, en los que, incluso, se encuentre coincidencia sobre las labores
contratadas, le corresponde al contratista, demostrar las particularidades y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las ejecutó, en aras de que la autoridad
judicial descarte una simple coordinación en el cumplimiento de las actividades pactadas
y llegue al convencimiento de que en realidad se presentó dependencia y falta de
autonomía para desarrollar el objeto del contrato en cada caso particular.
14 M.P. Néstor Javier Calvo Chaves.
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65. Sentencia del 25 de octubre de 2024, emitida por la Sección Segunda,
Subsección E, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que modificó la
decisión del Juzgado 52 Administrativo de Bogotá en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 11001-33-42-052-2023-00207-0115. Este caso, en el que
se estudió la situación particular de la señora Victoria Chivatá Fuentes, es muy similar al
ya analizado, en el que fue demandante la señora Alba Lucía Sabogal Sánchez, cuya
solución resulta diametralmente distinta a la controversia planteada por la señora
Montealegre de Ramírez, había consideración de que en esos casos, aunque las
demandantes también ejecutaron labores al servicio de la SDIS como coordinadoras o
responsables de la unidad operativa o jardín infantil, desplegaron una actividad
probatoria diferente, definitiva y contundente para que el operador judicial dirimiera la
controversia en forma favorable a las accionantes.
66. Se insiste: en este tipo de asuntos es determinante la labor probatoria que asuma el
o la contratista, a quien le corresponde desvirtuar la legalidad de los actos acusados, lo
que consigue al acreditar los tres elementos que configuran la relación laboral (prestación
del servicio, remuneración y subordinación), de conformidad con la jurisprudencia del
máximo órgano de lo contencioso-administrativo vigente en la materia.
67. Cabe enfatizar, en todo caso, que, si bien el seguimiento del precedente horizontal
atiende a la necesidad de asegurar la coherencia en la aplicación del derecho y la
protección de principios como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima,
no guarda la misma rigurosidad que se exige a los operadores judiciales al momento de
aplicar el precedente vertical, con mayor razón si proviene de un órgano de cierre.
Además, también es cierto que el fallador bien puede apartarse del precedente horizontal
cuando cumple la carga argumentativa exigida en estos casos16.
68. En la demanda también se trajeron a colación como posibles precedentes
vinculantes algunos pronunciamientos del Consejo de Estado en sede de tutela, a
saber: (i) sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta dentro del
proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-00249-00; y (ii) fallo del 24 de octubre de
2024, emitido por la Sección Quinta de esta Corporación, en el expediente con radicado
11001 03-15-000-2021-06513-00.
69. Aunque en esas oportunidades se analizaron casos de contornos similares al
15 M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
16 «130. En cuanto al desconocimiento del precedente de los jueces ordinarios, la Corte ha señalado que
existen dos tipos de precedente judicial objeto de valoración: (i) el horizontal, que hace referencia a las
decisiones de autoridades de una misma jerarquía o a una misma autoridad; y (ii) el vertical, que alude a
las providencias proferidas por un superior jerárquico o por la autoridad de cierre encargada de unificar la
jurisprudencia, como ocurriría, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia.
131. Para apartarse de este precedente se requiere el cumplimiento de exigentes cargas argumentativas,
a saber: (a) la de transparencia, que implica que el juez reconozca expresamente de cuál precedente se
va a separar, pues no es posible simplemente ignorarlo, de manera que no basta con sólo identificar las
decisiones que son relevantes para la solución del caso, es necesario además que se refiera a ellas de
forma detallada y precisa para fijar su contenido y su relevancia jurídica en el caso bajo examen. La otra
carga que corresponde (b) es la argumentación, por virtud de la cual se debe explicar por qué acoger una
nueva orientación normativa no sacrifica desproporcionadamente los fines atrás enunciados y,
particularmente no lesiona injustificadamente los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e
igualdad. No puede tratarse de una simple discrepancia de criterio que busque una corrección jurídica, ni
tampoco puede fundarse únicamente en la invocación de la autonomía judicial». Tomado de la sentencia
SU-304 de 2004.
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planteado por la señora Montealegre de Ramírez en el proceso de origen, también lo es
que los fallos proferidos en sede de tutela tienen efectos inter partes.
70. Bajo el análisis expuesto, la Subsección descarta que la autoridad judicial accionada,
al proferir la sentencia censurada del 5 de diciembre de 2024, se apartara de algún
precedente judicial en la materia, que fuera obligatorio para resolver la controversia
planteada y, por consiguiente, no comparte la tesis acogida por el a quo .
Sobre el defecto fáctico
71. Recuérdese que, en sentencia del 5 de agosto de 201417, la Sala Plena de esta
Corporación señaló que el requisito general de relevancia constitucional tiene como
finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se
inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que,
para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos a saber: (i) una carga argumentativa mínima y (ii)
que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
72. En este caso, si bien la parte actora afirmó que la decisión judicial objeto de reproche
es el resultado de una valoración probatoria parcial, y se refirió a algunos hechos que
considera se demostraron con el plenario, no especificó cuál fue el medio de prueba que
se interpretó erradamente o se dejó de valorar por parte de la autoridad judicial
accionada, con lo que inicialmente, se evidencia la insuficiencia de la carga
argumentativa necesaria para impugnar decisiones judiciales por vía de la acción de
tutela.
73. Aunado a ello, la Sala observa que la inconformidad con la valoración de los medios
de prueba allegados al plenario, fue una inquietud ampliamente esbozada en el recurso
de alzada presentado en contra de la sentencia del 22 de marzo de 2024, emitida por el
Juzgado 57 Administrativo de Bogotá en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-42-057-2022-00157-00/01, por lo que se advierte la
intención de la parte actora de reabrir el debate probatorio zanjado por el juez ordinario.
74. En efecto, en la sentencia cuestionada, el Tribunal demandado luego de referirse
detalladamente a las pruebas allegadas al plenario, en especial a las testimoniales y a
la declaración de parte, señaló:
De las funciones realizadas, advierte la Sala que la accionante ejecutó actividades
similares desde el 8 de enero de 2013 hasta el 28 de octubre de 2021 -con algunas
interrupciones-; tiempo en el que fue responsable de jardín o unidad operativa,
según su mismo dicho fungiendo como coordinadora, sin embargo, de las pruebas
obrantes con las que se pretende modificar la relación jurídica originada, no existe
material probatorio que dé cuenta de la configuración del elemento subordinación,
comoquiera que solo se aportó como documentales copia de certificaciones,
constancias, extractos de noticias publicadas en la página web de la Secretaría de
Integración Social y copia de manuales de funciones de dicha entidad, las cuales
no llevan al convencimiento de la existencia de una relación laboral encubierta.
17 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Asimismo, las pruebas testimoniales tampoco dieron la suficiente certeza de la
configuración del mencionado elemento, habida cuenta que, de tales declaraciones,
no resulta posible hallar mayores elementos de juicio que permitan evidenciar la
dependencia a la que dice la demandante a que estuvo sometida. Pues, el señor
Luis Óscar Meza Zamudio y la señora Rocío del Pilar Alfonso Alfonso indicaron que
la señora Leda Montealegre de Ramírez fungió como su jefe inmediato en su
calidad de coordinadora del jardín infantil la República de Canadá. Al respecto se
destaca lo siguiente: “del jardín ella era la coordinadora y yo sabía que había
maestras de la secretaria de educación, ella era la coordinadora, la que nos daba
la directriz de qué teníamos que hacer, como teníamos que hacerlo, bajo qué
lineamientos y todo.”
Aunado los deponentes, al cuestionárseles sobre el cumplimiento de un horario de
trabajo afirmaron que la demandante llegaba a las 7:00 a.m. y se iba a las 5:00 p.m.
o hasta que el último niño fuera recogido por su cuidador, sin embargo, no señalaron
quien le imponía dicho horario a la demandante y, en todo caso también
manifestaron que no había ningún superior al interior del jardín asignado. Lo
anterior, permite inferir que no había un control de horario, sino que prestaba sus
servicios en la jordana establecidas por la unidad educativa y asimismo pese a que
dijo que la Secretaría Distrital de Integración Social ejercía inspección y vigilancia,
no es posible indicar que se dieran órdenes a la actora en esa labor.
Además, la señora Chacón Toro en el interrogatorio señaló que le correspondía
asistir a reuniones, capacitaciones y talleres. No obstante, considera la Sala que se
planeaban con el objeto de que la contratista tuviera mayor claridad de los procesos
a seguir para la atención integral a la primera infancia, lo que va acorde a las
órdenes contractuales donde se pactaron obligaciones que precisamente buscaban
la participación de la contratista en reuniones, mesas de trabajo todo en aras de
garantizar una correcta aplicación de los estándares, lineamientos y procesos al
interior del jardín asignado. Sin que adicional, obre prueba de una repercusión
negativa por la inasistencia.
Por lo que la asistencia a las referidas reuniones hacía parte de la esencia misma
de las obligaciones pactadas en las órdenes de prestación de servicios, necesarias
además con el fin de articular al interior de cada unidad operativa, todos los
lineamientos, procedimientos, proyectos, directrices establecidas por la demandada
para la primera infancia y en consideración a la condición que ostentaba la actora,
pues al hacer las veces de una coordinadora era su deber reunirse periódicamente
con maestros, maestros y profesionales de apoyo que acompañan
permanentemente a los niños, niñas y familias acogidas por el jardín.
De otro lado, al cuestionarse sobre la existencia de personal de planta que ejecutara
labores similares a las desarrolladas por la actora, se destaca que el señor Luis
Óscar Meza Zamudio refirió que “Y pues que desarrollarán esa actividad pues como
tal una y era la señora la señora Leda.”. A su turno la misma accionante narró que
“PREGUNTADO: ¿Ese rol de coordinadora lo hacía personal de planta de la
entidad? CONTESTÓ: No, eso solo lo hacía yo.”
Ahora bien, en cuanto a que recibía instrucciones u órdenes por un referente de
infancia o subdirector local, para la Subsección, resulta importante citar al Consejo
de Estado15, quien ha indicado que el simple cumplimiento de un horario, o el hecho
de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, no necesariamente
configura el elemento de subordinación. Al respecto, sostiene: (…)
Igualmente, señaló esa Alta Corporación16 que las simples manifestaciones de que
la contratista cumplía un horario de trabajo, acataba órdenes, e instrucciones,
asistía a capacitaciones y reuniones, entre otras, en manera alguna, constituye
prueba suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la
exigida subordinación, en tanto que, no existe el caudal probatorio que respalde la
afirmación de los testigos, así: (…)
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Por lo anterior, si bien, se aportó copia del cuaderno o antecedentes contractuales
del demandante, los documentos, no evidencian subordinación, por el contrario,
acreditan el trámite que la entidad desplegó para la contratación, como: los estudios
previos, formato de solicitud de contratación, certificado de disponibilidad
presupuestal, formato de evaluación de propuestas para la prestación de servicios
personales, entre otros.
Como resultado, la parte actora, debía desplegar una actividad probatoria para
llegar a la certeza de la configuración de subordinación y, comoquiera que en el
caso sub examine, solo militan documentos de la contratación y declaraciones que
no relata circunstancias subordinantes, para la Sala, carece de elementos
materiales probatorios que demuestren que debió cumplir órdenes e instrucciones
por parte de sus superiores, o que le hayan efectuado llamados de atención o la
imposición de memorandos, entre otros, lo que imposibilita la verificación de este
elemento necesario para la declaración perseguida.
De otro lado, si bien la Sala no desconoce la continuidad en la relación frente a los
objetos contractuales pactados, toda vez que, suscribió contratos de prestación de
servicios en calidad de responsable de jardín aproximadamente 7 años,
circunstancia que evidencia no se trató de un vínculo ocasional o temporal,
característica propia del contrato de prestación de servicios y que, por el contrario,
el tiempo de vinculación prolongado, constituye un “indicio claro de que bajo la
figura del Contrato de Prestación de Servicios se dio en realidad una relación de
tipo laboral”19, considerando el planteamiento precedente sobre la subordinación20,
el factor de la continuidad no constituye una prueba irrefutable sobre la
configuración de la relación laboral. Además, solo esa circunstancia no es suficiente
para declarar la existencia de una relación laboral encubierta, en razón a que las
demás pruebas obrantes en el plenario demuestran que en realidad no se configuró
una subordinación.
(…)
75. Nótese que el Tribunal accionado valoró juiciosamente el caudal probatorio y,
conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, concluyó que entre la señora
Leda Montealegre de Ramírez y la SDIS no existió una relación de subordinación sino
de coordinación, propia de la ejecución de contratos de prestación de servicios.
76. Para la autoridad judicial no fue suficiente la documental y la testimonial recaudada
para desvirtuar la legalidad de los actos acusados, dado que, a su modo de ver, era
necesario que se acompañara documental de la que se desprendiera que las actividades
pactadas se ejecutaron sin autonomía y en completa dependencia. Por ejemplo, frente
a la jornada en la que se prestó el servicio, señaló que, si bien los testigos declararon
que la contratista permanecía de 7 a.m. a 5 p.m. en el jardín infantil que tenía a cargo,
no se demostró que el incumplimiento de dicho horario trajera consecuencias adversas
a la accionante, respecto de la relación contractual que sostenía con la SDIS. Lo propio
sucedió respecto de las reuniones y capacitaciones a las cuales asistía, dado que no se
comprobó que su inasistencia le acarreara algún tipo de sanción o llamado de atención
por parte de la entidad.
77. Aunado a ello, el Tribunal accionado resaltó que, según la declaración de parte
rendida por la señora Montealegre de Ramírez, sus labores no estaban asignadas a un
cargo adscrito a la planta de personal, por lo que no fue posible determinar que la entidad
contratante la obligaba a cumplir sus actividades en iguales condiciones de tiempo,
modo y lugar que una persona perteneciente a dicha planta.
78. Además, la providencia censurada se fundamentó en sentencias del Consejo de
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Estado, para determinar que el solo cumplimiento de un horario no estructura per se una
relación de subordinación, y que no basta la manifestación del o de la contratista sobre
las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que desempeñó sus labores, sino que
se requiere de un serio respaldo probatorio, que permita al operador judicial establecer
que entre las partes surgió una verdadera relación laboral, porque se presentaron los
tres elementos que la estructuran (prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación).
79. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la señora Leda Montealegre de
Ramírez no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto
que ya fue decidido por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
80. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos fundamentales, mas
no es una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa.
Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son
cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas.
81. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los
procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por desconocer
los principios de autonomía judicial y del juez natural.
82. Bajo ese entendimiento, para la Sala, el defecto fáctico invocado por la señora Leda
Montealegre de Ramírez no satisface el requisito de relevancia constitucional, porque
de una parte, no cuenta con la carga argumentativa mínima exigida para cuestionar
providencias judiciales a través de la acción de tutela, y de otra, con los argumentos
esbozados se evidencia el interés de la accionante de revivir el debate probatorio
zanjado en sede ordinaria.
83. Conforme a lo analizado, la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, negará
las pretensiones, dado que no se encontró que la sentencia censurada haya sido
proferida con desconocimiento del precedente judicial vigente en la materia. En cuanto
al defecto fáctico invocado, se declarará la improcedencia por las razones invocadas en
esta providencia.
84. Finalmente, revisada la plataforma SAMAI se advirtió que el Tribunal Accionado, en
cumplimiento del fallo de tutela impugnado, el 12 de junio de los corrientes, emitió
sentencia de remplazo, en la que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta
por la señora Leda Montealegre de Ramírez bajo el radicado 2022-0057-01, en
consecuencia, como esta subsección revocará el amparo concedido por el a quo, en
virtud de lo señalado en el artículo 7º del Decreto 304 de 1992, debe entenderse que
dicha providencia de reemplazo queda sin efectos18.
18 Artículo 7° De los efectos de las decisiones de revisión de la corte constitucional y de las decisiones
sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte
Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta,
quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en
cumplimiento del fallo respectivo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01351-01
Demandante: Leda Montealegre de Ramírez
85. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Leda
Montealegre de Ramírez, respecto del defecto fáctico invocado, y negar el amparo
solicitado, en lo atinente al desconocimiento del precedente judicial alegado, por las
consideraciones expuestas en esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Ausente con permiso
VF
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