Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04816-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04816-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04816-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
3 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04816-00
Demandante: Daniel Alfonso Jaimes Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04816-00
Demandante: DANIEL ALFONSO JAIMES SUÁREZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS
Temas: Mora judicial en trámite de proceso disciplinario y tutela contra
actos administrativos en trámite de solicitud traslado
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Daniel Alfonso Jaimes
Suárez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de la Guajira y el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de septiembre de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de la Guajira y el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira por estimar
vulnerados los derechos fundamentales a la salud, de acceso a la administración de
justicia, al buen nombre, a la dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«2. Como medida de protección de los derechos constitucionales a la salud, al trabajo
digno y al debido proceso, y frente a la mora injustificada y a la flagrante vulneración de
derechos fundamentales del suscrito, se autorice el traslado servidor judicial, en la medida
en que exista la vacante y preferiblemente en la forma solicitada por el peticionario con
destino al Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao con el fin de conservar su unidad
familiar.
3. Se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, abstenerse de seguir
invocando normas declaradas ilegales por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así
como emitir las decisiones a su cargo de forma efectiva y oportuna.
4. Se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomar las medidas necesarias
para superar la parálisis de los procesos que tienen a su cargo los despachos de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, especialmente en lo relativo al
nombramiento de los funcionarios encargados de administrar justicia en dicha seccional.
5. Se ordene a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira que una vez
superada la dificultad en el nombramiento del funcionario encargado, se atiendan las
solicitudes y se desarrollen diligentemente las quejas presentadas por el suscrito con
motivo del acoso laboral denunciado, toda vez que los términos establecidos por el Código
Disciplinario Único se han sobrepasado».
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Demandante: Daniel Alfonso Jaimes Suárez
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
De las actuaciones ante el Comité de Convivencia Laboral de Rama Judicial
El 4 de julio de 2023, el señor Daniel Alfonso Suárez Méndez, en calidad de Secretario
del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao (La Guajira) – ahora Juzgado
Primero Civil Municipal de Maicao- , solicitó la intervención del Comité de Convivencia
Laboral de La Guajira, para que se tomaran acciones preventivas, correctivas y
conciliatorias de la situación de acoso laboral, bajo la modalidad de entorpecimiento
laboral, de la que afirmó es víctima, y que es ejercida por la señora Marcela Almeyda
Ayala, quien ocupa el cargo de jueza del referido juzgado.
El 21 de septiembre de 2023, el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial
Seccional La Guajira celebró audiencia de conciliación, en las que las partes
realizaron varios acuerdos y el 22 de septiembre de 2023, la jueza presentó
«desistimiento a la conciliación», porque consideró que no era posible modificar las
metas del funcionario, pues, era el único con perfil profesional de abogado.
Del proceso disciplinario con radicado 2023-00174-00
El 23 de julio de 2023, el señor Daniel Alfonso Jaimes Suárez, en calidad de Secretario
del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao (La Guajira) - ahora Juzgado
Primero Civil Municipal de Maicao, instauró queja en contra de la señora Marcela
Ayala Almeida, juez titular de ese despacho, por incurrir en conductas de acoso
laboral, bajo la modalidad de maltrato laboral.
El 27 de julio de 2023, el asunto fue repartido al magistrado Hernán Reina Caicedo,
integrante de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de La Guajira.
El 25 de septiembre de 2023, el Presidente y la Secretaria del Comité de Convivencia
Laboral de la Rama Judicial Seccional La Guajira remitieron a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial la queja por acoso laboral presentada por el señor Daniel Alfonso
Jaimes Suarez, como secretario del Juzgado Primero Civil Municipal de Maicao,
contra la señora Marcela Ayala Almeida, juez titular de referido despacho. Lo anterior,
con fundamento en que la señora Ayala Almeida desistió de los acuerdos pactados
en audiencia de conciliación celebrada el 21 de septiembre de 2023.
El 26 de septiembre de 2023, dicha queja fue anexada al proceso disciplinario con
radicado número 2023-00174-00.
El 30 de septiembre de 2023, el despacho del magistrado Reina Caicedo profirió auto
en el que dispuso iniciar investigación disciplinaria en contra de Marcela Ayala
Almeida, en calidad de Juez Primero Civil Municipal de Maicao (La Guajira). Asimismo,
decretó la práctica de pruebas documentales y testimoniales.
El 16 de febrero de 2024, en audiencia virtual, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de La Guajira recibió el testimonio del señor José Alberto Petro Castañeda.
Asimismo, consta que, en audiencia virtual del 19 de febrero de 2024, se recibió el
testimonio de la señora Zenny Yesenia Brugés Guerra.
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El 7 de marzo de 2024, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha
– La Guajira, remitió certificado de vinculación, salario, resolución de nombramiento
en provisionalidad y acta de posesión de la jueza Marcela Ayala Almeyda.
El 14 de mayo de 2024, la Secretaría Judicial de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de La Guajira remitió el expediente al despacho e informó que «se celebraron
las diligencias de declaraciones juradas y se allegaron respuesta a la mayoría de los
requerimiento realizados».
El 18 de junio de 2024, el apoderado de la investigada presentó renuncia al poder.
El 15 de agosto de 2024, el señor Jaimes Suarez presentó dos memoriales en los que
solicitó impulso procesal y acumulación del expediente radicado No. 2024-00166-00,
por «por no haber concluido la etapa de investigación, tratarse de la misma disciplinada,
haberse realizado las conductas de acoso en el mismo contexto y contra la misma víctima».
El 27 de agosto de 2024, el señor Jaimes Suárez remitió correo a la Secretaría de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, en la que anexó pruebas. De
igual forma, reiteró la petición atinente a la acumulación del proceso 2024-00166-00.
Del proceso disciplinario con radicado 2024-00166-00
El 31 de enero de 2024, el señor Jaimes Suárez presentó otra denuncia por acoso
laboral, bajo la modalidad de entorpecimiento laboral, contra la señora Marcela Ayala,
Juez Primero Promiscuo Municipal de Maicao (La Guajira). Sobre el particular,
expresó que, desde el 22 de junio de 2023, la juez le prohibió el acceso al correo del
despacho y que este fue concedido nuevamente el 11 de diciembre de 2023. De modo
que, no pudo cumplir con sus funciones secretariales en debida forma. El 19 de julio
de 2024, se abrió indagación previa.
El 22 de julio de 2024, se suscribió constancia secretarial en la que se consignó que
«una vez revisados los hechos contenidos en el presente proceso disciplinario, al parecer estos sí
corresponden a los mismos hechos de la radicación No. 44001250200020230017400 seguida contra
la doctora Marcela Ayala Almeyda, en su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal de Maicao –
La Guajira, el cual se encuentra en etapa de investigación disciplinaria».
De la solicitud de traslado presentada por el actor
El 1 de marzo de 2024, el señor Jaimes Suárez presentó ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de la Guajira solicitud de traslado, en ella pidió ser trasladado del
cargo de secretario en propiedad del Juzgado 001 Civil Municipal de Puerto Maicao,
al Juzgado 003 Civil Municipal de Maicao. Fundamentó la petición en el presunto
acuso laboral del que afirma fue víctima y en la afectación a su salud como
consecuencia de esas conductas.
El 23 de julio de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira emitió
concepto desfavorable de traslado, porque el servidor judicial no aportó la última
calificación integral de servicios del cargo que ocupaba, pues, solamente presentó un
formato de calificación del periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre
de 2023, esto es, una calificación parcial. Esa decisión fue notificada por correo
electrónico enviado el 2 de septiembre de 2024.
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Demandante: Daniel Alfonso Jaimes Suárez
El 3 de septiembre de 2024, mediante correo electrónico remitido a la dirección
mecsjguajira@cendoj.ramajudicial.gov.co, el señor Jaimes Suárez presentó recurso
de apelación contra esa decisión.
El 18 de septiembre de 2024, mediante la Resolución CSJGUR24-508, el Consejo
Seccional de la Judicatura de la Guajira concedió el recurso de apelación ante la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor afirmó que es víctima de acoso laboral por parte de la señora Marcela Ayala
Almeyda, quien se desempeña como Juez Primero Civil Municipal de Maicao, lo que
le ha generado afectaciones a su salud, pues ha sido diagnosticado con «Dx.
Transtorno mixto de ansiedad y depresión», por lo que se encuentra con tratamiento
farmacológico. Además, que dicha situación ha ocasionado que se le otorgue en
varias ocasiones incapacidades médicas.
En cuanto a la mora judicial en el trámite de los procesos disciplinarios en que obra
como quejoso, expresó que dichas situaciones fueron puestas en conocimiento,
mediante queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el
Consejo Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, tramitadas en los procesos con
radicados número 2023-00174-00 y 2024-00166-00. No obstante, el trámite de dichos
procesos no se ha realizado en debida forma, pues en el asunto 2023-00174-00 no se
ha proferido el auto de formulación de cargos, que, de conformidad con la norma, debe
ser proferido seis meses después de la etapa de investigación y en el 2024-00166-00
no se ha proferido alguna decisión. Al respecto, resaltó que la única respuesta que ha
recibido es que «no se ha nombrado magistrado desde que el anterior se pensionó, y que
por esa razón los procesos no avanzan».
En relación con la solicitud de traslado a otro despacho judicial, narró que presentó la
petición ante el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, en el que informó
que no le había sido «notificada calificación definitiva» porque la juez presentó
impedimento y que, a pesar de lo anterior, «la funcionaria judicial sigue realizando
“seguimiento a la calificación de desempeño”».
Indicó que esa solicitud fue resuelta con concepto desfavorable de traslado, con
fundamento en que no se aportó la calificación definitiva sino una parcial. Sobre el
particular, advirtió que el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira no tuvo en
cuenta que la exigencia de aportar la última calificación de servicios carece de
sustento jurídico, porque ese requisito fue declarado nulo en por el Consejo de Estado
en sentencia 2015-01080 de 2020.
Además, anotó que le era imposible aportar la calificación definitiva de servicios
porque esta no le fue notificada por el nominador.
Mediante escrito radicado el 14 de septiembre de 2024, el actor adjuntó incapacidades
e historias de atención por psiquiatría y psicología.
4. Trámite previo
El 11 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar al demandante, a los demandados y, adicionalmente, al Juzgado
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Primero Civil Municipal de Maicao, al Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao y a
la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
como terceros interesados. Asimismo, negó la solicitud de medida provisional
solicitada por la demandante, pues no se evidenciaba la necesidad y urgencia en
decretarla.
5. Oposiciones
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira rindió informe en el que
narró el trámite de los asuntos 2023-00174-00 y 2024-00166-00 y remitió enlaces para
consulta de dichos asuntos. Además, anexó el Acuerdo 086 del 10 de julio de 2024,
proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que se aceptó la
renuncia del señor Hernán Reina Caicedo, como magistrado del despacho 001 de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió que se declare improcedente la
acción de tutela porque no reúne los requisitos de procedibilidad. Señaló que las
quejas disciplinarias con radicados 2023-00174-00 y 2024-00166-00 se encuentran
cursando el trámite determinado en la norma aplicable.
En lo referente al nombramiento del magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de la Guajira en el despacho 001, manifestó que este fue nombrado mediante
Acuerdo 92 del 29 de julio de 2024 «y el mismo se encuentra en trámite de legalización de
documentación para poder posesionarse en el cargo».
El Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira señaló que la solicitud de
traslado del actor como servidor de carrera fue presentada en marzo de 2024 y fue
tramitada, a pesar de que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao no estaba
operando. Sin embargo, la petición fue negada debido a la falta del cumplimiento de
la entrega de la calificación integral de servicios del último año, requisito indispensable
para emitir un concepto favorable.
Además, mencionó que la jueza responsable de realizar la calificación solicitó
prórrogas y posteriormente declaró impedimento para proferirla, debido a conflictos
personales con el solicitante, lo que retrasó el proceso.
Manifestó que no incurrió en mora injustificada o violación de los derechos
fundamentales invocados, pues aplicó el procedimiento previsto en la Ley 270 de
1996, establecido para dicho trámite. Además, advirtió que la solicitud de traslado no
puede ser tratada por razones de salud, como argumenta el accionante en el escrito
de tutela, pues fue fundamentada como un traslado de servidor de carrera.
Finalmente, solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela e indicó que
la discusión debe resolverse mediante el trámite administrativo que se encuentra en
curso.
6. Intervención de los terceros con interés
La Juez Primero Civil Municipal de Maicao realizó recuento de las actuaciones
realizadas ante el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial y las
actuaciones disciplinarias que se tramitan ante la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial la Guajira.
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Por otro lado, expresó que el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, a fin
de pronunciarse respecto de la solicitud de traslado del señor Jaimes Suárez, le
solicitó la calificación integral de servicios de los periodos 2022 y 2023. Expresó que
le informó a esa corporación que el señor Jaimes Suárez no contaba con calificación
integral del año 2022, porque el anterior titular del despacho falleció en marzo de 2023.
Además, resaltó que presentó impedimento ante el Consejo Seccional de la Judicatura
de la Guajira para realizar la calificación del servidor para el año 2023, porque
considera que su objetividad e imparcialidad se encuentran alteradas ante las
situaciones presentadas con el señor Jaime Suárez. En respuesta, esa corporación,
el 18 de septiembre de 2024, señaló que este debía tramitarse ante el superior
jerárquico, en consecuencia, indicó que radicó el impedimento ante el Juez Primero
Civil del Circuito de Maicao.
La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de las pretensiones que tienen
relación con la presunta mora judicial injustificada en la que incurrió la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La
Guajira.
Por otro lado, en cuanto al trámite del traslado solicitado por el señor Jaimes Suárez
señaló que contra el concepto desfavorable expedido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de la Guajira el 23 de julio de 2024, el actor interpuso recurso de apelación,
que fue concedido el 18 de septiembre de 2024. De modo que, la acción de tutela
debe ser declarada improcedente, porque el actor cuenta con otro medio de defensa
en curso, pues se encuentra en trámite la resolución del recurso de apelación, el cual
debe ser resuelto por esa unidad. Asimismo, resaltó que esos actos pueden ser
discutidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao solicitó que se declara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues ese despacho no tiene incidencia en el
trámite de la solicitud de traslado o en el proceso disciplinario.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
En el presente caso, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la
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Guajira vulneraron los derechos fundamentales invocados por incurrir en mora judicial
en resolver los procesos disciplinarios con radicados 2023-00174-00 y 2024-00166-
00, para lo cual previamente, se referirá a la legitimación en la causa por activa del
actor para alegar la mora judicial al interior de un trámite disciplinario en el que tiene
la condición de quejoso.
En segundo lugar, deberá estudiar si el Consejo Seccional de la Judicatura de La
Guajira vulneró los derechos fundamentales del actor al proferir concepto negativo de
traslado.
Previo a lo anterior, la Sala se pronunciará sobre la legitimación en la causa por pasiva
que alegaron en las contestaciones de la acción de tutela la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Superintendencia de Notariado y Registro.
• De la legitimación en la causa por pasiva
La Sala observa que, en el caso objeto de estudio, la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao alegan que carecen
de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, se aclara que la Unidad de Carrera
Judicial es la encargada de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor
Jaimes Suárez contra el concepto desfavorable emitido por el Consejo Seccional de
la Judicatura de La Guajira. Asimismo, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao
es el despacho al cual el actor solicitó se realice el traslado. Lo anterior justifica su
vinculación al presente mecanismo como terceros con interés, por lo que se negará
su solicitud de desvinculación.
• De la legitimación en la causa por activa del señor Daniel Alfonso Jaimes
Suárez1
En los procesos disciplinarios, esta Sección, con fundamento en los artículos 109 y
110 de la Ley 1952 de 20192, ha adoptado el criterio que los derechos del quejoso se
1 Sobre este tema se reitera la tesis adoptada por la Sala en sentencia de 21 de septiembre de 2023, expediente
2023-00264-01, C.P. Milton Chaves García; reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2024, expediente 2024-
01970-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
2 Artículo 109. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. <Aparte tachado eliminado por el artículo 72 de la
Ley 2094 de 2021> Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su
defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
las Comisiones eccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en el Congreso de la República
contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Esta misma condición la
ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así
como de acoso laboral.
En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la
Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.
Artículo 110. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación
disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter
reservado.
Parágrafo 1o. La intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo establecido en el artículo
anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas
que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá
conocer el expediente en la Secretaría del Despacho que profirió la decisión.
Parágrafo 2o. Las víctimas o perjudicados, cuando se trate de investigaciones por violaciones a los
derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o actos constitutivos de acoso
laboral, tienen la facultad de designar apoderado.
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encuentran limitados en sede disciplinaria, en principio, por no tener la calidad víctima,
sujeto procesal o interviniente en el mismo, limitación que se extiende al análisis que
debe hacer el juez de tutela, el cual debe restringirse a los derechos expresamente
consagrados en favor de aquel.
En el presente asunto está acreditado que los procesos disciplinarios 2023-00174-00
y 2024-00166-00 iniciaron por queja interpuesta por el señor Jaimes Suárez contra la
Juez Primero Civil Municipal de Maicao, en los que alegó que es víctima de acoso
laboral.
De acuerdo con lo anterior, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 110 de la
Ley 1952 de 2019, en coherencia con el artículo 17 de la Ley 1010 de 20063, el señor
Jaimes Suárez ostenta la condición de víctima y, en ese sentido, tiene la condición
de sujeto procesal y, por ello, en la presente acción de tutela tiene legitimación en la
causa por activa.
• De la mora judicial4 en el trámite de los procesos disciplinarios
Superado el anterior presupuesto, tal como se señaló en el acápite de antecedentes,
el señor Daniel Alfonso solicitó la protección, entre otros, de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, pues, a su juicio, incurrieron en mora
judicial injustificada.
Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo informado por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, en el expediente 2023-
00174-00 y de la consulta del enlace que contiene el expediente, se encuentra
3
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, en cuyo artículo 17, señala que tienen la calidad de
sujetos procesales: (i) el sujeto activo o partícipe investigado; (ii) el defensor del investigado y, (iii) el sujeto
pasivo o su representante y el artículo 197 del entonces Código Disciplinario Único refería expresamente el
aparte «Esta misma condición la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral».
4 Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos
legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:
(i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un
motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión
sistemática de los deberes por parte del juez.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y
negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir
una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para
decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga
laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad necesaria entre la noción
de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben
analizarse para establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la
administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada
cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias
que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el
funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.
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acreditado que: (i) la etapa de investigación se inició mediante providencia del 30 de
septiembre de 2023; (ii) se decretaron pruebas testimoniales que fueron practicadas
el 16 y 19 de febrero de 2024; (iii) 19 de junio de 2024, el abogado de la defensa
presentó renuncia al poder; (iv) en escritos de 15 y 27 de agosto de 2024, el señor
Jaimes Suárez solicitó acumulación del proceso 2024-00166-00.
De igual forma, de acuerdo con el informe que allegó la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de La Guajira, en el expediente 2024-00166-00, se tiene que: (i) se
abrió a investigación preliminar el 19 de julio de 2024; (ii) el 22 de julio de 2024, se
suscribió constancia secretarial en la que se consignó que « una vez revisados los
hechos contenidos en el presente proceso disciplinario, al parecer estos sí corresponden a
los mismos hechos de la radicación No. 44001250200020230017400 seguida contra la
doctora Marcela Ayala Almeyda, en su condición de Juez Primero Promiscuo Municipal de
Maicao – La Guajira, el cual se encuentra en etapa de investigación disciplinaria».
De lo anterior, se evidencia que en los procesos disciplinarios con radicados 2023-
00174-00 y 2024-00166-00 se encuentra pendiente de resolver la solicitud de
acumulación presentada por el actor, la cual fue solicitada en escritos radicados el 15
y 27 de agosto de 2024.
Por lo anterior, la Sala estima que en el caso objeto de estudio no se está en presencia
de la mora alegada por el actor, dado que, como se vio, los procesos disciplinarios se
encuentran pendientes de que se resuelva la solicitud de acumulación, razón por la
que el presunto retraso en el trámite de estos no obedece a la negligencia o descuido
por parte del juez conductor del proceso, máxime si se tiene en cuenta que el tiempo
que ha transcurrido desde que dicha solicitud fue presentada a la actualidad no es
desmedido.
Luego, le corresponde al actor esperar a que, en el proceso disciplinario sea resuelta
la solicitud de acumulación. Se insiste, el solo transcurso del tiempo no puede ser
considerado caprichoso y vulnerador de derechos fundamentales, para que se pueda
predicar la existencia de la mora judicial, es propio que esta sea injustificada, se
encuentre probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea
probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de
los jueces de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no
es posible dar estricto cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la
alegada mora judicial.
Por lo tanto, concluye la Sala que en el presente caso no existe mora judicial, además,
no se observa que la demandante padezca un perjuicio irremediable que haga
imprescindible la intervención del juez de tutela.
• De la procedencia de la acción de tutela frente al trámite administrativo de
traslado que solicitó el actor
Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la
subsidiariedad5. Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme
al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter
subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y
5 Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.
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viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos” 6. Es ese reconocimiento el
que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten
para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.
En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin
efecto el acto administrativo mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura
de La Guajira emitió concepto desfavorable frente al traslado solicitado por el actor,
por incumplimiento de los requisitos previstos para ese efecto.
Sin embargo, de entrada la Sala advierte que dicha pretensión no resulta procedente,
porque el acto administrativo que pretende cuestionar por esta vía, no se encuentra
en firme, en el entendido que, se encuentra en pendiente por resolver el recurso de
apelación concedido ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial. De manera
que, en la actualidad, se encuentra en curso el procedimiento administrativo de
traslado.
En el presente caso, el actor invoca la protección constitucional, porque, a su juicio, el
Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira desconoció que el requisito de
aportar la última calificación definitiva de servicios carece de sustento jurídico, pues
esa exigencia fue declarada nula en sentencia proferida en el expediente 2015-01080
de 2020. Además, expresó que no le era posible aportar la calificación definitiva
porque esta no le ha sido notificada y entregada por su nominador. Asimismo resaltó
el contexto de acoso laboral, que le ha generado afectaciones a su salud.
El 1 de marzo de 2023, el actor presentó escrito titulado «solicitud de traslado de servidor
de carrera», en el que pidió traslado como secretario nominado del Juzgado Primero
Civil Municipal de Maicao al Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao, resaltó que
su solicitud se efectuaba a causa del presunto acoso laboral del que es víctima y que
le había generado daños a su salud mental.
Además, señaló que no le había sino notificada calificación definitiva de servicios,
como anexó adjuntó el desistimiento de la conciliación celebrada ante el Comité de
Convivencia de la Rama Judicial, formato de acompañamiento psicosocial, dictamen
de psicología y dictamen de psiquiatría. Se transcribe lo pertinente:
«Ruego que se valore la anterior solicitud en el marco de un denunciado acoso laboral que
se puso en conocimiento del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL el 4 de julio de 2023,
comité ante el cual se efectuó conciliación con la Dra. MARCELA AYALA ALMEYDA, pero
que dicha conciliación fue desobedecida por escrito por parte de la misma funcionaria
conforme a documento suscrito por ella y denominado “DESISTIMIENTO A LA
CONCILIACIÓN”, que adjunto. En virtud de dicho desistimiento el asunto está siendo
conocido por el DR. HERNÁN REINA CAICEDO, MAGISTRADO DE LA COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL bajo el radicado 440012502-000-2023-00174-00.
6 Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
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Los actos de acoso laboral nunca cesaron y perjudican enormemente la salud del suscrito,
razón por la cual vengo recibiendo acompañamiento psicosocial por la Dra. YISELL
SUÁREZ, profesional de la salud adscrita a la Seccional Guajira; para tal efecto adjunto
último formato de acompañamiento.
También recibo atención psicológica y psiquiátrica por los daños que se me ha causado
en el marco de las conductas de acoso laboral por parte de la funcionaria judicial del
despacho. Los anteriores profesionales de la salud, coinciden en que agotado el diálogo y
la oportunidad conciliatoria deben reducirse las situaciones de estrés mejorando el
ambiente laboral, pero ese ambiente laboral en el despacho empeora constantemente.
(…)».
El 11 de marzo y el 26 de abril 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de la
Guajira le solicitó a la Juez Primero Civil Municipal de Maicao que remitiera a esa
corporación la calificación integral de servicios del señor Jaimes Suárez, de los
periodos 2022 y 2023.
El 11 de junio de 2024, la Juez Primero Municipal de Maicao declaró impedimento
para realizar la calificación integral de servicios del señor Jaimes Suárez, porque
estaba en trámite queja por acoso laboral ante la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial. Dicho, memorial que fue remitido al Consejo Seccional de la Judicatura de la
Guajira.
El 23 de julio de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira profirió
concepto desfavorable con fundamento en que el actor no aportó la última calificación
de servicios, así:
«(…) se procede a examinar la petición, y los anexos que la sustentan, frente a los
requisitos establecidos en los artículos 12, 13 y 17 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,
para traslado como servidor de carrera, se concluye lo siguiente:
Sin embargo, el servidor judicial no acreditó en debida forma el requisito de la última
calificación integral de servicios del cargo y despacho desde el cual se solicita el traslado,
considerando que aportó un formato de calificación del año 2023, por el periodo
comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2023, que corresponde a una
calificación parcial por lo cual, no podrá ser tenido en cuenta.
Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo previsto en el artículo 3º del Acuerdo
PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 20162, el periodo de calificación de los servidores
judiciales es el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del respectivo año,
cuya consolidación se hará a más tardar el último día hábil del mes de agosto del año
siguiente a la finalización del periodo anual respectivo.
5. Visto lo anterior, se concluye que la solicitud formulada por el servidor judicial DANIEL
ALFONSO JAIMES SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.090.466.252,
no cumple con los requisitos para que este Consejo Seccional emita concepto favorable
de traslado del cargo de secretario de Juzgado Municipal en propiedad, en el Juzgado 001
Civil Municipal de Maicao, para el mismo cargo en el Juzgado 003 Civil Municipal de
Maicao.
Cabe precisar que no se había emitido este concepto debido a que hasta el día jueves
once (11) de julio de 2024, se allegó a esta Corporación la posesión de la señora Juez
Tercero Civil Municipal de Maicao, datos necesarios para la debida notificación.»
El 3 de septiembre de 2024, el señor Jaimes Suárez interpuso recurso de apelación
contra dicha decisión, con fundamento que no le era posible aportar la calificación
definitiva de servicios, porque no esta no le ha sido notificada y ese trámite le
corresponde al superior jerárquico. Además, advirtió que solicitó el traslado a causa
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del acoso laboral al que estaba siendo sometido, el cual le estaba ocasionando
quebrantos de salud.
El 18 de septiembre de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira
remitió oficio a la Juez Primero Civil Municipal de Maicao, en el que le informó que el
impedimento debía formularse ante su superior funcional, en este caso, el Juez Civil
del Circuito de Maicao.
En esa misma fecha, el Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira profirió la
Resolución CSJGUR24-508, por medio de la cual concedió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Jaimes Suárez ante la Unidad de Administración de
Carrera Judicial. Esa decisión fue notificada por correo ese mismo día.
En este contexto, la Sala reitera que la acción de tutela no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, pues su situación se encuentra pendiente de ser resuelta
por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, quien debe resolver el recurso de
apelación interpuesto contra el oficio CSJGUOP24-307 del 23 de julio de 2024,
proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, mediante el cual se
profirió concepto desfavorable de traslado.
Cabe resaltar que no se desconoce que el actor presentó incapacidades médicas,
diagnostico por ansiedad y depresión y acompañamiento psicosocial. No obstante,
esas circunstancias no habilitan al juez de tutela a dar una orden directa a la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para emitir
concepto favorable de traslado, pues, el cumplimiento de los requisitos previstos para
ese efecto es un asunto que se encuentra previsto y reglamentado y es a la autoridad
administrativa a quien le corresponde emitir dicho concepto, oportunidad en la que
valorará los documentos y circunstancias puestas a su consideración.
Con todo, es necesario resaltar que el traslado por servidor de carrera y el traslado
por razones de salud son dos figuras jurídicas reglamentadas en el Acuerdo PSAA10-
6837 de 2010, con requisitos y objetivos diferentes.
En el caso de traslado por servidor de carrera, previsto en el Capítulo IV de ese
acuerdo, se enfoca en permitir que los servidores judiciales puedan ocupar cargos
vacantes dentro de la misma categoría y con funciones afines. En este trámite se exige
permanencia mínima de tres años en el cargo del cual se solicita el traslado, además
de la presentación de la última calificación de servicios en firme, que debe ser igual
o superior a 80 puntos.
Por otro lado, el traslado por razones de salud, reglamentado en el Capítulo II, busca
salvaguardar la salud del servidor judicial o de sus familiares inmediatos, cuando una
condición médica comprobada impide que el servidor continúe en su puesto actual.
En este trámite, no se requiere una permanencia mínima ni calificación de servicios,
pero es necesario presentar un dictamen médico emitido por la EPS, IPS o ARP a la
que esté afiliado el servidor. Este dictamen debe estar vigente (menos de tres meses
de antigüedad) y contener recomendaciones claras que justifiquen el traslado.
Por lo tanto, lo procedente es que el actor concluya el trámite administrativo pertinente,
en el que a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura deberá tomar en consideración la solicitud de trasladado, las razones en
que se fundamenta y los documentos aportados, sin perjuicio de que, en caso de que
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la decisión no sea favorable a sus intereses, el actor agote posteriores solicitudes de
traslado, en los términos del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010 o acuda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, en el marco del cual, incluso puede solicitar medidas cautelares.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación de Unidad Administrativa de Carrera Judicial y
del Juzgado Tercero Civil Municipal de Maicao.
2. Negar la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, en
relación con la presunta mora judicial injustificada.
3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el actor contra el
Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, en lo atinente al trámite de traslado.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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