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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00134-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00134-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial-. Segundo.- NEGAR la pretensión de la acción de tutela promovida por el señor Jaime Andrés Arredondo, quien actúa en nombre propio, contra el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, tendiente a que se otorgue respuesta de fondo a lo solicitado el 17 de diciembre de 2024. Tercero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el Jaime Andrés Arredondo, en relación con las demás pretensiones. 8 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 Modificado por el artículo 28 de Ley 2430 de 2024. 10 https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones-procesales/avisos-vacantes-temporales Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00 Demandante: Jaime Andrés Arredondo Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00134-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

20 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: JAIME ANDRÉS ARREDONDO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, JUZGADO
DOCE PENAL DEL CIRCUITO DE CALI y JUZGADO
TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL
DE GARANTÍAS DE GUADALAJARA DE BUGA

Temas: Tutela contra autoridades administrativa y judiciales. Derecho
fundamental de petición. Requisito objetivo de subsidiariedad.
Improcedencia de la acción de tutela cuando se plantea una
discusión que no involucra afectación de derechos fundamentales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jaime Andrés Arredondo, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Doce Penal del Circuito de
Cali y el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Guadalajara de Buga.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de enero de 2025, el demandante acudió al juez constitucional con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo,
igualdad, de acceso a cargos públicos y petición, los cuales considera vulnerados
por las autoridades demandadas.

En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS y PETICIÓN.

SEGUNDA: ORDENAR al Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali que: a) Informe la
decisión adoptada sobre la vacante temporal b) Explique los criterios de selección
utilizados c) Presente el análisis comparativo de las hojas de vida.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTOS la Resolución 011 del 20 de diciembre de 2024 del
Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Guadalajara de Buga, hasta tanto se realice una valoración objetiva de las hojas de
vida de los 3 candidatos postulados.

CUARTA: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que establezca: a) Un
sistema centralizado para publicación de vacantes b) Términos mínimos razonables
para postulaciones c) Procedimientos estandarizados para evaluar hojas de vida d)
Criterios objetivos de selección, así como volver obligatorio entre los documentos para
nombramiento de cada cargo, la prueba de cada despacho previo a hacer un
nombramiento realizo el procedimiento en debida forma.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

QUINTA: ORDENAR a las entidades accionadas que en lo sucesivo: a) Publiquen las
vacantes por términos razonables b) Documenten la evaluación de los postulantes c)
Motiven suficientemente las decisiones d) Notifiquen oportunamente los resultados”.

2. Hechos

El actor afirmó que mediante Resolución No. CSJVAR24-1389 de 3 de octubre de
2024, fue inscrito en el escalafón de la carrera judicial en el cargo de escribiente
municipal nominado.

Mencionó que el 12 de diciembre de 2024, el Juzgado Doce Penal del Circuito de
Cali publicó una convocatoria para cubrir una vacante temporal de secretario de
circuito, por lo que, ese mismo día, presentó su postulación formal adjuntando la
documentación requerida, a saber: i) título de magíster en derecho (2024), ii)
especialización en derecho procesal (2023), iii) título de abogado (2020), iv) título
de técnico de investigación judicial (2015), v) certificado de experiencia en la
Rama Judicial desde el año 2016, vi) certificado de experiencia como docente
desde el año 2020, y vii) la Resolución No. CSJVAR24-1389 del 3 de octubre de
2024, por medio del cual se encuentra inscrito en el escalafón de carrera.

Sostuvo que el 17 de diciembre de 2024, en ejercicio del derecho fundamental de
petición solicitó ante el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali que se le
informara la decisión adoptada sobre la provisión del mencionado cargo, sin
embargo, afirma que para el 8 de enero de 2025, no había obtenido respuesta.

Afirmó que el 18 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Guadalajara de Buga publicó aviso para
proveer una vacante temporal de secretario municipal, convocatoria a la que,
indica, se presentó oportunamente con la acreditación de la información
académica y la experiencia profesional solicitada.

Por último, aseveró que mediante Resolución No. 011 de 20 de diciembre de
2024, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Guadalajara de Buga realizó el nombramiento de la vacante de secretario
municipal, para lo cual indicó que la persona nombrada era la que tenía mayor
experiencia profesional.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali no emitió
respuesta a la petición elevada el 17 de diciembre de 2024, toda vez que dejó de
resolver los cuestionamientos tendientes a que se informara la persona
seleccionada para la vacante temporal de secretario de circuito, que explicara los
criterios de selección y ponderación objetiva de las hojas de vida y que indicara la
manera en la que garantizó la transparencia del proceso, “como la fecha y hora de
las postulaciones recibidas”.

Estimó que la Resolución No. 011 de 20 de diciembre de 2024, por medio de la
cual el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Guadalajara de Buga realizó el nombramiento de una persona en el cargo el
secretario, se profirió sin efectuar un estudio comparativo objetivo de las hojas de
vida, una valoración fundamentada en los títulos académicos, una evaluación
ponderada de la experiencia profesional y sin “una motivación suficiente”, porque
se “limitó básicamente a decir que la seleccionada tiene más experiencia en
juzgados penales que el suscrito”, cuando, en su concepto, cuenta con mayor
formación académica porque la persona nombrada solo acreditó título de abogada
y experiencia “básica” en la Rama Judicial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

Indicó que el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Guadalajara de Buga no realizó una valoración objetiva, conforme
con los criterios estipulados por el Consejo Superior de la Judicatura para evaluar
las hojas de vida en los concursos de méritos en el Acuerdo PCSJA17-10643 de
2017, lo que vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y el principio de
transparencia en el acceso a los cargos públicos.

Finalmente, precisó que los juzgados y el Consejo Superior de la Judicatura no
han establecido i) un sistema centralizado de publicación de vacantes, ii) los
términos mínimos razonables para las publicaciones y postulaciones, iii) los
procedimientos estandarizados para documentar postulaciones y iv) los criterios
objetivos de evaluación de hojas de vida y mecanismos de control sobre los
procedimientos.

4. Trámite procesal

Por auto de 14 de enero de 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Guadalajara de Buga, ordenó remitir por
competencia la acción de tutela al Consejo de Estado.

En proveído de 16 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades judiciales
demandadas. Así mismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 4358 a 4361 de
21 de enero de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión 1.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial

La directora de la unidad solicitó que se desvincule del trámite constitucional por
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no tiene
competencia para pronunciarse respecto de las pretensiones del demandante,
toda vez que las situaciones derivadas de nombramientos le corresponde a los
titulares del despacho en calidad de nominadores, cualquiera que sea la
naturaleza de su vinculación, sin que el Consejo Superior de la Judicatura pueda
tener injerencia alguna.

Adujo que en el marco de su competencia, mediante Acuerdo PCSJA24-12238 de
9 de diciembre de 2024, reglamentó y expuso los lineamientos que deben
aplicarse para la provisión de cargos en provisionalidad en vacancias definitivas.

Por último, advirtió que no vulneró los derechos fundamentales del accionante
porque ninguno de los reparos planteados involucra actuación alguna que haya
surtido o deba surtir la Unidad, por lo que tampoco puede efectuar un
pronunciamiento respecto de las pretensiones de la acción constitucional.

5.2. Respuesta del Juzgado Doce Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cali

La titular del despacho rindió informe en el que indicó que no vulneró el derecho
fundamental de petición del accionante, comoquiera que mediante oficio No. 020

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Índice 9 de Samai.
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Demandante: Jaime Andrés Arredondo

de 23 de enero de 2025 resolvió de fondo la solicitud elevada, el cual fue
notificado ese mismo día al correo electrónico jarredo@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Explicó que la petición fue resuelta en término porque durante el periodo
comprendido entre el 19 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, no
corrieron los términos procesales por vacancia judicial, por lo que teniendo en
cuenta que la petición se presentó el 17 de diciembre de 2024 contaba hasta el 29
de enero de 2025 para emitir respuesta.

Por último, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela porque se
configuró la carecía actual de objeto por hecho superado.

5.3. Respuesta del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías Guadalajara de Buga

El secretario del despacho judicial presentó informe en el que pide que se nieguen
las pretensiones de la tutela, por cuanto no ha vulnerado los derechos
fundamentales alegados como desconocidos.

Sostuvo que realizó en debida forma la convocatoria y publicidad del cargo a
proveer a partir de 20 de diciembre de 2024, con ocasión de la licencia no
remunerada del titular de ese cargo. Agregó que el aviso fue publicado el 19 de
diciembre de 2024 desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm y recibió 4 hojas de vida,
entre ellas, la del señor Jaime Andrés Arredondo.

Explicó que mediante Resolución No. 011 de 20 de diciembre de 2024, la titular
del despacho, en ejercicio de sus facultades como nominadora y directora de
personal, realizó el nombramiento de la persona que acreditó los requisitos
exigidos para el cargo que se encontraba vacante, decisión que fue notificada ese
mismo día a los correos electrónicos de las personas postuladas con el fin de
garantizar la transparencia del proceso de convocatoria. Agregó que la
convocatoria objeto de discusión fue realizada hace mas de un mes, periodo
durante el cual el despacho realizó una nueva porque la persona designada
renunció, sin embargo, el accionante no se postuló.

Por último, puso de presente que este mecanismo constitucional no es procedente
para la pretensión del demandante, tendiente a dejar sin efectos la Resolución No.
011 de 20 de diciembre de 2024, porque no cumple el requisito de subsidiariedad.

6. Escrito allegado por el actor

El 22 de enero de 2025, el accionante presentó escrito en el que amplió los
hechos y las pretensiones de la solicitud de amparo, en el sentido de indicar que
se postuló al cargo de secretario con ocasión de la convocatoria publicada por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, sin embargo,
advirtió que la misma fue rechazada por el despacho judicial mediante Resolución
No. 004 de 22 de enero de 2025, bajo el argumento de que su experiencia “no se
relaciona, ni es afín, desde el punto de vista del conocimiento de la norma procesal y
sustancial que rige a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Por lo anterior, solicita:

“PRIMERA: Vincular al presente trámite al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Cali, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Guadalajara de Buga y al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

SEGUNDA: Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga
dejar sin efectos la Resolución No. 004 del 22 de enero de 2025, y en su lugar realizar una
valoración objetiva de las postulaciones recibidas aplicando exclusivamente los requisitos

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establecidos en los Acuerdos PCSJA17-10780 de 2017 y PCSJA24-12238 de 2024, sin
adicionar exigencias no contempladas en la normatividad vigente.

TERCERA: Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca implementar
un sistema de control efectivo sobre los nombramientos provisionales que realizan los
despachos judiciales, verificando que se dé estricto cumplimiento a la prioridad que debe
otorgarse a los empleados de carrera judicial, conforme lo establece el Acuerdo PCSJA24-
12238 de 2024 y la sentencia C-134 de 2023.

CUARTA: Como medida estructural, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura y al
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca establecer directrices unificadas y
vinculantes para todos los nominadores sobre el procedimiento que debe seguirse al
momento de proveer vacantes temporales, garantizando los principios de transparencia,
objetividad y preferencia por el personal de carrera”.

Para finalizar, indicó que no busca saturar el expediente sino evidenciar un patrón
sistemático de las normas que regulan la provisión de cargos de la Rama Judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestiones preliminares

2.1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicial-, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que no tiene competencia para pronunciarse respecto de las
pretensiones del demandante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 2022 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, por cuanto una de las pretensiones del demandante está dirigida
contra esa entidad, razón por la cual su vinculación, en calidad de accionada, se
encuentra debidamente justificada.

2.2. En relación con el escrito allegado por el actor relacionado con la adición del
escrito de tutela, la Sala advierte que no se tendrá en cuenta porque el mismo fue
radicado con posterioridad a la admisión de la demanda planteando hechos y
pretensiones nuevas contra una autoridad judicial diferente a las inicialmente
demandadas, es decir, cuando se encontraba integrado el contradictorio y se
había notificado debidamente a las partes.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer a partir de las pretensiones y la vulneración
alegada en la solicitud de amparo, si i) el Juzgado Doce Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cali vulneró el derecho fundamental de petición del

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señor Jaime Andrés Arredondo por falta de respuesta a la solicitud formulada el 17
de diciembre de 2024, a través de la cual pidió información sobre la decisión
adoptada respecto de la provisión de la vacancia temporal ofertada en el cargo de
secretario del circuito y ii) si la acción de tutela es procedente para: a) controvertir
la Resolución No. 011 de 20 de diciembre de 2024, por medio de la cual el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Guadalajara de Buga realizó el nombramiento en el cargo de secretaria del
despacho y b) para ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que establezca
“a) Un sistema centralizado para publicación de vacantes b) Términos mínimos razonables para
postulaciones c) Procedimientos estandarizados para evaluar hojas de vida d) Criterios objetivos
de selección”.

4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

5. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que

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conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”2. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 20113, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20114.

6. Estudio y solución del caso concreto

6.1. De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición

6.1.1. El señor Jaime Andrés Arredondo, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, igualdad, de acceso a cargos públicos y petición, los cuales
considera vulnerados por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali.

6.1.2. De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, se
evidencia que el actor elevó solicitud el 17 de diciembre de 2024, ante el Juzgado
Doce Penal del Circuito de Cali, en la que pidió:

“1. Se me informe sobre la decisión adoptada respecto a la provisión de la vacante
temporal de Secretario de Circuito.

2
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información
deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente,
la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se
entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando
los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto”.
4
La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al
de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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2. Se me indique el análisis realizado sobre las postulaciones recibidas y la forma en
que se dio aplicación a los principios establecidos en el Acuerdo PCSJA24-12238.

3. En caso de haberse seleccionado a otro candidato, se me informe las razones
objetivas que fundamentaron dicha decisión”.

Con el informe rendido en la acción de tutela, la precitada autoridad judicial
informó que mediante Oficio No. 020 de 24 de enero de 2025 dio respuesta a lo
solicitado, en los siguientes términos:

“En ese contexto, la Judicatura le informa en lo referente al punto No. 1 de su petición
que, mediante la Resolución No.28 del 12 de diciembre de 2024, se dispuso nombrar
en el cargo de SECRETARIO DE JUZGADO DEL CIRCUITO GRADO NOMINADO a la
Dra. María Ximena Paz Muñoz, resolución que se adjunta con la presente
comunicación”.

En cuanto a los puntos No. 2 y 3 de su petición, que guardan concordancia entre sí, se
informa que se realizó análisis de las postulaciones realizadas el 12 de diciembre de
2024, bajo estricto apego a la Ley 2430 de 2024, la cual modificó el Artículo 132 de la
Ley 270 de 1996, en la cual se dispone como aplicación obligatoria para ocupar cargos
vacantes temporalmente el convocar a los empleados de carrera administrativa del
respectivo Despacho que cumplan los requisitos para la vacante ofertada, y a falta de
estos, a las personas que conforman el registro seccional de elegibles.

El 12 de diciembre de 2024 un empleado de carrera administrativa del Despacho
manifestó y luego declinó su interés de ocupar la vacante, tampoco ninguna persona
que hacía parte del registro de elegibles manifestó su interés de ocupar la vacante, por
lo que se recibieron tres postulaciones de personas que no hacían parte del registro
seccional de elegibles.

(…)

Ahora bien, en punto de los principios establecidos para la selección del personal, se
tuvo que: i) se garantizó una convocatoria abierta y masiva al interior de la rama judicial
con el fin de materializar el derecho a la igualdad en el acceso al cargo; ii) se evaluó de
manera objetiva e imparcial las necesidades de este despacho con funciones mixtas
(Ley 600/00 y Ley 906/04); las actividades requeridas para el cierre de año -salida de
procesos y apelaciones-, así como las requeridas para el inicio de año (reporte de la
estadística), en función -adicionalmente- de los cargos y experiencia acreditada por los
postulados, lo cual permitió que la postulación de la Dra. María Ximena Paz Muñoz se
destacara de manera objetiva sobre los demás postulados. Amén que, se cumplió con
la publicidad en las etapas requeridas para la convocatoria y selección, sin atentar
contra la moralidad en las actuaciones y la celeridad en su resolución, como se puede
evidenciar en el desarrollo de las mismas”.

La anterior respuesta fue comunicada al demandante el mismo día de su
expedición -24 de enero de 2025-, al correo electrónico
jarredo@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual fue reportado por el actor para recibir
notificaciones.

6.1.3. Bajo este contexto, la Sala evidencia que el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Cali no vulneró el derecho fundamental de petición del demandante,
toda vez que se demostró que la solicitud fue atendida a los doce (12) días
hábiles de haber sido presentada, pues conforme con el artículo 146 de la Ley
Estatutaria de la administración de justicia el mencionado despacho judicial
gozaba de vacaciones colectivas desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 10 de
enero de 2025, tiempo durante el cual no corrieron términos.

En ese sentido, la Sala considera que no le asiste razón al accionante cuando
afirma que la autoridad accionada vulneró el derecho fundamental de petición,
puesto que, contrario a lo afirmado, se logró evidenciar que se otorgó una
respuesta acorde con lo solicitado y dentro de la oportunidad correspondiente,
situación diferente es que el accionante acudió a la acción de tutela de manera
anticipada a la finalización del término para contestar la petición elevada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela incoada
por el señor Jaime Andrés Arredondo, quien actúa en nombre propio.

6.2. De la pretensión dirigida contra el Juzgado Tercero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Guadalajara de Buga

6.2.1. El actor considera vulnerados los derechos fundamentales invocados con la
expedición de la Resolución No. 011 de 20 de diciembre de 2024, por medio de la
cual el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Guadalajara de Buga, realizó el nombramiento de una persona en el cargo de
secretario del despacho.

Afirma que el mencionado acto se profirió sin efectuar una valoración objetiva,
conforme con los criterios estipulados por el Consejo Superior de la Judicatura
para evaluar las hojas de vida en los concursos de méritos en el Acuerdo
PCSJA17-10643 de 2017, lo que, a su juicio, vulneró el derecho fundamental a la
igualdad y el principio de transparencia en el acceso a cargos públicos.

6.2.2. En el expediente se encuentra probado que el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Guadalajara de Buga mediante
aviso de 18 de diciembre de 2024 convocó a las personas que conforman el
registro de elegibles vigente suministrado por el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, correspondiente al cargo de secretario municipal
grado nominado de la Convocatoria 4, para proveer cargos de empleados de
Tribunales, Juzgados y Centros de Servicio del Distrito Judicial y Administrativo
del Valle del Cauca, para cubrir la vacante temporal a partir de 20 de diciembre de
2024, por renuncia del empleado que se encontraba nombrado en provisionalidad.

El 18 de diciembre de 2024, el actor manifestó su interés en ser considerado para
ocupar la mencionada vacante temporal por lo que remitió su hoja de vida a ese
despacho judicial.

Mediante Resolución No. 11 de 20 de diciembre de 2024, la Jueza Tercera Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Guadalajara de Buga, efectuó
el nombramiento en provisionalidad de la doctora Laura Marcela Arena Grisales en
el cargo de secretaria a partir del 20 de diciembre de 2024. Estimó que se
acreditaron los requisitos exigidos por la Constitución Política y las normas
vigentes para el desempeño del cargo, concretamente, el artículo 129 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996 y el artículo 1 del Acuerdo PSAA13-10038 de 7 de
noviembre de 2013 y, además, la persona elegida contaba con las calidades y la
experiencia relacionada para asumir las funciones de la secretaria del despacho.

6.2.3. Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la acción
de tutela se torna improcedente, en principio, para debatir la legalidad de actos
administrativos por medio de los cuales se realiza un nombramiento en un cargo
público, ya que, por regla general, el mecanismo idóneo para dirimir dicha
controversia es el medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 20115, sin perjuicio de que, en el eventual caso en que persiga
el restablecimiento de sus derechos, pueda acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 138
ibídem, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la misma
normativa.

De conformidad con el escrito de tutela y las pruebas allegadas, la Sala no
encuentra razones válidas para habilitar la procedencia de este mecanismo de

5
En ese sentido se pronunció la sentencia del 3 de octubre de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2024-04816-00. M.P. Milton
Chaves García.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

protección constitucional de naturaleza residual y subsidiaria, pues ello sería
desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto un medio de defensa judicial
con la aptitud suficiente para ventilar estas controversias de naturaleza
estrictamente legal.

Adicionalmente, se evidencia que no se configura un perjuicio irremediable, en
tanto no se observan circunstancias particulares que ameriten la intervención del
juez constitucional ante la existencia de una situación grave, urgente, inminente e
impostergable que afecte los derechos fundamentales del demandante, como lo
es, por ejemplo, que se vea afectada su salud, vida, integridad o la de su núcleo
familiar, a lo que se agrega que no ven comprometidos sus derechos de carrera y
al mérito, en tanto continúa con el nombramiento en el cargo de oficial mayor en
provisionalidad del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de
conocimiento de Cartago6, es decir, no se encuentran bajo amenaza sus derechos
al trabajo ni al mínimo vital máxime cuando se encuentra desempeñando un cargo
de carrera.

Por el contrario, se resalta que la inconformidad recae sobre la presunta
inaplicación de los criterios de selección establecidos en el Acuerdo PCSJA17-
10643 de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, argumento de estricta
legalidad que escapa del ámbito de competencia del juez constitucional.

Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional ha señalado que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en
sede judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen
en la jurisdicción contenciosa administrativa”7.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, por
desatender el requisito de subsidiariedad.

6.3. Pretensión dirigida contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Administración de Carrera Judicial-

6.3.1. El actor pide, adicionalmente, que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial- que se establezca “a)
Un sistema centralizado para publicación de vacantes b) Términos mínimos razonables para
postulaciones c) Procedimientos estandarizados para evaluar hojas de vida d) Criterios objetivos
de selección, así como volver obligatorio entre los documentos para nombramiento de cada cargo,
la prueba de cada despacho previo a hacer un nombramiento realizo el procedimiento en debida
forma”. Así mismo, que las autoridades judiciales demandadas publiquen las
vacantes por términos razonables, documenten la evaluación de los postulantes,
motiven suficientemente sus decisiones y notifiquen oportunamente los resultados.

6.3.2. Para la Sala, el caso bajo examen no puede ser estudiado por cuanto el
debate propuesto no es de naturaleza constitucional ni involucra la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales.

En este punto, se destaca que la acción de tutela fue instituida como mecanismo
de protección de los derechos fundamentales, cuyo objeto consiste en lograr una
protección efectiva e inmediata frente a los derechos conculcados por el actuar de
una autoridad pública o un particular. Así las cosas, cuando el juez constitucional
no encuentre una conducta que determine la presunta vulneración debe declarar
la improcedencia de la acción de tutela. En ese sentido, se pronunció la Corte
Constitucional en la sentencia T-130 de 2014, así:

6
En el expediente de tutela el actor afirma que para el 21 de enero de 2025, se desempeña en el cargo de oficial mayor en
provisionalidad del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de conocimiento de Cartago Valle del Cauca.
7
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

“(…) partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los
artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión
cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los
derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción
tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea
procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las
acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan
(…)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho
fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al
interesado (…)8”.

En el presente asunto, la Sala observa que la pretensión que plantea el
demandante desborda el ámbito de competencia del juez de tutela por cuanto no
se propone una discusión de naturaleza constitucional que involucre la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales, sino que se trata de la adopción de una
medidas generales consistente en que: i) se establezca un sistema para la
publicación de los cargos vacantes en la rama judicial, ii) se regulen los términos
para las postulaciones, ii) se determinen procedimientos estandarizados para la
evaluación de hojas de vida así como los criterios objetivos de selección, para lo
cual debe acudir de manera directa ante el Consejo Superior de la Judicatura,
quien de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia9, le corresponde la administración de la Rama Judicial,
decidir y hacer seguimiento permanente a la ejecución de las políticas que adopte
con el fin de garantizar la autonomía e independencia judicial, el acceso a la
justicia, la eficiencia de la Rama Judicial y la tutela judicial efectiva.

En cualquier caso, se evidencia que recientemente esa entidad mediante el
Acuerdo PCSJA24-12238 de 9 de diciembre de 2024, reguló los aspectos
planteados por el demandante y habilitó un canal en el Portal de Publicaciones
Procesales ubicado en la página web de la Rama Judicial para la publicación de
avisos de vacantes temporales10.

Por lo anterior, se declarará la improcedencia de la acción de tutela en la
pretensión relacionada contra el Consejo Superior de la Judicatura.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial-.

Segundo.- NEGAR la pretensión de la acción de tutela promovida por el señor
Jaime Andrés Arredondo, quien actúa en nombre propio, contra el Juzgado Doce
Penal del Circuito de Cali, tendiente a que se otorgue respuesta de fondo a lo
solicitado el 17 de diciembre de 2024.

Tercero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
Jaime Andrés Arredondo, en relación con las demás pretensiones.

8
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9
Modificado por el artículo 28 de Ley 2430 de 2024.
10
https://publicacionesprocesales.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones-procesales/avisos-vacantes-temporales
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00134-00
Demandante: Jaime Andrés Arredondo

Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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