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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04820-01

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04820-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Revocar la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar, se dispone: PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal y al debido proceso de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha. Como consecuencia, se ordena a la Unidad Nacional de Protección – UNP que, en el término de treinta (30) días contado a partir de la notificación de la presente decisión, realice una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, en la cual tenga en consideración los eventos descritos en la ampliación de denuncia presentada el 14 de mayo de 2024. La decisión adoptada deberá ser comunicada al accionante mediante acto administrativo motivado de forma clara, adecuada y específica, en los términos de la presente sentencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04820-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de diciembre de 2024

___________________________________
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04820-01
Demandante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04820-01
Demandante: LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA – DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO DE
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / Se
desconocieron los derechos fundamentales de la parte actora, por cuanto no se motivó
adecuadamente la Resolución que finalizó el esquema de protección, al no tener en cuenta
la denuncia realizada por la actora en el mes de mayo de 2024.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 9 de septiembre de la presente anualidad1, la señora Lilia Patricia Cardozo
Cipamocha interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal
y al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: SE TUTELEN MIS DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD
FÍSICA, A LA SEGURIDAD PERSONAL Y AL DEBIDO PROCESO.

SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución No. 006680 del 17 de julio de 2024
por lo expuesto en la parte motiva de esta acción constitucional.

TERCERO: Se ordene a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP),
mantener lo dispuesto en la Resolución No. 03906 del 01 de junio de 2023,

1
Se advierte que, el 12 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

hasta que cesen las amenazas contra mi vida o hasta que se surta el proceso
judicial en mi contra y con él se garanticen los procesos de justicia y reparación
a los que tengo derecho.

2. Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
hechos jurídicamente relevantes:

3. La accionante manifestó que desde el año 2022 ha sido víctima de amenazas por
personas desconocidas, dada su labor como defensora de derechos humanos en el
Departamento de Boyacá.

4. Expuso que el 9 de julio de 2022, la fachada de su casa fue untada con heces,
hecho que fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y la Defensoría del
Pueblo Regional Boyacá.

5. El 12 de septiembre de 2022 su vehículo fue rayado con las palabras «guerrilla y
sapa», por lo que puso de presente esa situación ante la Estación de Policía de
Tunja.

6. El 21 de diciembre de 2022 expuso que continuaron las amenazas en su contra,
mediante el uso de un panfleto que fue dejado en la oficina en la cual desempeña
sus labores que contenía el siguiente mensaje: «la vamos a matar guerrillera
hijueputa, ya sabemos dónde está, objetivo militar por sapa».

7. El 26 de enero de 2023 salió con unos familiares a realizar unas compras y
advirtió que estaba siendo perseguida por un hombre en moto.

8. El 20 de febrero de 2023 fue notificada de la Resolución 00011833 de 2022,
mediante la cual la Unidad Nacional de Protección le informa que tenía un nivel de
riesgo extraordinario y, por tanto, adoptó un esquema de protección tipo uno,
conformado por 1 vehículo convencional y 2 hombres de protección, un chaleco
blindado y un medio de comunicación, con una temporalidad inicial de 12 meses.

9. Manifestó que el 10 de abril de 2023 fue víctima de un ataque con sustancias
químicas, que produjeron quemaduras de primer y segundo grado en su cara, cuello
y tórax, por lo que fue hospitalizada por 5 días. Precisó que para ese momento aún
no había sido implementado el esquema de seguridad.

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10. El 21 de junio de 2023, le notificaron la Resolución 00003906 de 2023, por medio
de la cual fue evaluada con un nivel de riesgo extraordinario y se ratificó el esquema
de protección asignado.

11. El 11 de julio de 2023, en su lugar de trabajo encontró un panfleto que contenía
la siguiente declaración «declaramos objetivo militar a la guerrillera Lilia Patricia
Cardozo Cipamocha y a las viejas (que se hacen llamar defensoras) de la
Plataforma Feminista Boyacense, pro seguir promoviendo las ideas socialistas y
comunistas en Boyacá, muerte a todas las que promueven el feminismo y las ideas
que quieren dañar a los niños en Boyacá, promoviendo a los gay, lesbianas y
prostitutas, Boyacá libre de ideas de izquierda». El 21 de julio siguiente, recibió un
mensaje de texto que indicaba lo siguiente «muerte a Patricia Cardozo objetivo
militar por guerrillera y a todas las que quieran dañar a los niños en Boyacá
advertidas están AUC».

12. El 28 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo de
la investigación con radicado 150016000132202300413 por el delito de feminicidio
en grado de tentativa y, además, ordenó iniciar investigación en su contra por los
delitos de fraude procesal, falsa denuncia y fraude a subvenciones, al indicar que
ella misma fue quien se lesionó.

13. El 5 de mayo de 2024, se encontraba con su compañero permanente y un sujeto
con casco le tomó fotos a su vivienda. De ese hecho se le puso conocimiento a la
Unidad Nacional de Protección.

14. El 30 de julio de 2024, le notificaron la Resolución 006680 por la cual se evaluó
con nivel de riesgo ordinario a la accionante y se adoptó la recomendación de
finalización de las medidas de protección. Inconforme con la anterior decisión, la
señora Cardozo Cipamocha interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante Resolución 00949 de 2024, del 3 de septiembre, mediante la cual no se
repuso la decisión recurrida.

15. La accionante considera que las decisiones por medio de las cuales dieron por
terminadas las medidas de protección brindadas carecen de veracidad y no se
basaron en un estudio objetivo de evaluación del riesgo y evaluación de medidas
CERREM.

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16. Expuso que no comparte la valoración realizada, pues quedó expuesta a merced
de los inescrupulosos que «han venido ejerciendo violencia en su contra y de su
familia por el lapso de 2 años».

17. Adujo que, a pesar de contar con un esquema de protección, las amenazas se
materializaron al ser atacada el 10 de abril de 2023, el mismo no fue implementado
sino hasta el 12 de abril de 2023.

18. Manifestó que la afirmación según la cual cuando se entrevistó sobre los hechos
que afectan su seguridad únicamente indicó que no deseaba volver a señalar el
hecho victimizante, situación que no es cierta, puesto que en esa oportunidad
ampliamente confirmó a la analista los hechos sucedidos durante todo el periodo de
amenazas, lo cual le ha afectado su salud física y mental, su realidad social y
familiar, pues ha tenido que cambiar de lugar de residencia, restringir su actividad
laboral y disminuir el activismo social.

19. Señaló que su actitud de defensa ante las reiteradas dinámicas y procesos
administrativos, transgreden su dignidad y la ubican en un lugar de vulnerabilidad,
aunado al hecho de que la Unidad Nacional de Protección, en contravía de lo
manifestado por el Consejo de Estado frente a la revictimización, se dispuso a hacer
públicos en redes sociales sus datos personales y relevantes en cuanto a las
disposiciones asignadas para su protección «factores que tampoco fueron tenidos
en cuenta por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de
Medidas».

20. Expuso que en la parte motiva de la Resolución 006680 de 2024, se mencionó
que una vez consultado el proceso en la Fiscalía 131 Seccional de Tunja, en el cual
advirtió que se archivó la investigación por el delito de feminicidio en grado de
tentativa por la presunta inexistencia del hecho investigado «a pesar de no ser la
Unidad Nacional de Protección la autoridad e instancia competente para reconocer
otra de las inconformidades latentes en mi caso, pues esa decisión se basa en la
misma inoperancia y falta de diligencia del ente acusador», pues el ente investigador
se limitó a señalarla como presunta autora, exponiéndola a nuevos ataques y
negándole la posibilidad de ser escuchada, desconociendo su calidad de víctima.

21. Asimismo, indicó que es un principio rector del derecho que toda persona se
presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no exista decisión judicial

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que reconozca la responsabilidad penal, por lo que, en su criterio, es contradictorio
que como motivos para finalizar las medidas de protección se invoquen la noticia
criminal y el proceso penal que se surte en su contra, pues sólo se han llevado a
cabo las audiencias preliminares sin que exista una decisión judicial que le endilgue
responsabilidad penal.

22. Finalmente, sostuvo que es evidente la falta de análisis objetivo para adoptar la
decisión cuestionada, pues tuvo en cuenta las afirmaciones de medios de
comunicación, «siendo este un valor subjetivo dentro del análisis de prevención del
riesgo, alejado de los fines de la UNP y el CERREM».

Trámite impartido e intervenciones

23. Mediante auto del 12 de septiembre de 2024, el Despacho sustanciador admitió
la demanda de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior
y la Unidad Nacional de Protección, como parte demandada.

24. La Unidad Nacional de Protección alegó que hasta la expedición de la
Resolución 11833 del 20 de diciembre de 2022, los hechos y situaciones
manifestados por la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha estaban siendo
investigados por la Fiscalía General de la Nación, sin conocer el resultado de la
investigación.

25. Adujo que la accionante omitió informar que la Fiscalía 5 Especializada de la
Unidad Seccional de Administración Pública de Tunja se encuentra adelantando una
investigación en su contra por el delito de fraude procesal.

26. Expuso que no es cierto que la Unidad Nacional de Protección hubiera expuesto
los datos en la red social X, sino que, por el contrario, «exhortó a los protegidos a
hacer buen uso de medidas e indicó que el mal uso de las medidas tiene
consecuencias jurídicas».

27. Indicó que si bien se realizó la ampliación de la denuncia de amenazas no aportó
prueba de que las hubiera enviado a la respectiva entidad.

28. Explicó que el resultado del nuevo estudio del nivel de riesgo estuvo
fundamentado en que los hechos por los cuales habían sido concedidas las medidas

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de protección habían sido desestimados por las autoridades que conocieron de las
amenazas y del supuesto feminicidio en grado de tentativa, pues, la Fiscalía 131
Seccional de Tunja ordenó el archivo de la denuncia por inexistencia del hecho
investigado y, además, formuló imputación por los delitos de falsa denuncia, fraude
procesal y fraude a subvenciones contra la señora Cardozo Cipamocha.

29. Manifestó que con la expedición de las resoluciones cuestionadas se tuvo en
cuenta su factor diferencial de género, su condición poblacional de dirigente de
organización de derechos humanos y las actividades que realiza encaminadas a
promover los derechos de la mujer y la visibilidad que tiene frente a la comunidad
de la que hace parte, su entorno social, sus desplazamientos y su lugar de arraigo.

30. Asimismo, que se realizaron múltiples entrevistas, visitas, solicitudes de
información a varias dependencias de seguridad y se realizó un recorrido detallado
acerca de su rutina diaria, en el cual se determinó que el riesgo era ordinario.

31. Expuso que al determinarse que el riesgo es ordinario con ponderación de la
matriz de 42,77%, no había título jurídico para que se invocara medidas de
protección especial, y, en la mayoría de las ocasiones, «los delegados del Comité
CERREM han recomendado no implementar medidas».

32. Agregó que no es suficiente ostentar la calidad de dirigente de organizaciones
defensoras de derechos humanos, pues para ser merecedora de un esquema de
seguridad, sino que se requiere que del estudio del nivel de riesgo sea, como
mínimo, extraordinario.

33. Finalmente, expuso que la tutela no es el mecanismo idóneo para acceder a lo
pretendido por la accionante, ya que existe un procedimiento ordinario y unos
requisitos establecidos en la Unidad Nacional de Protección los cuales deben ser
atacados por los protegidos.

34. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República indicó
que del escrito de tutela no se observa que hubieran imputado alguna acción u
omisión a esa autoridad, y, en todo caso, solo la Unidad Nacional de Protección
estaría facultada para analizar los planteamientos elevados por la accionante por lo
que pidió que se declarara improcedente la tutela.

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35. El Ministerio del Interior pidió que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues si bien el director de derechos humanos de esa entidad es
miembro del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, la
Secretaría Técnica del CERREM está en cabeza de la Unidad Nacional de
Protección, y quien expide y notifica la resolución del resultado de la evaluación de
riesgo y las medidas adoptadas es la UNP.

Sentencia impugnada

36. Mediante sentencia del 3 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, al considerar que la accionante dispone de otro medio
de defensa judicial, a través de los cuales podía controvertir los actos
administrativos expedidos por la Unidad Nacional de Protección, por los cuales se
finalizó el esquema de protección otorgado a la señora Lilia Patricia Cardozo
Cipamocha.

37. De igual modo, precisó que no existía un perjuicio irremediable puesto que los
hechos y denuncias por amenazas realizadas por la accionante son materia de
investigación por la Fiscalía General de la Nación y una de ellas fue archivada por
inexistencia del hecho investigado.

Impugnación

38. La parte demandante impugnó la anterior decisión y, para tal efecto, argumentó
que los otros medios ordinarios carecen de idoneidad y eficacia, pues lo pretendido
con la solicitud de amparo es evitar un perjuicio irremediable y como fundamento
citó las sentencias T-199 de 2019 y T-292 de 2022, proferidas por la Corte
Constitucional.

39. Expuso que se desempeña como activista social y defensora de derechos
humanos en el Departamento de Boyacá desde hace más de 12 años. Indicó que
la Sala no debe pasar por alto que ha sido objeto de nuevos actos que afectan su
seguridad e integridad personal días antes de que el CERREM emitiera sus
recomendaciones en relación con el último estudio de riesgo, pues presentó una
denuncia el 14 de mayo de 2024 en la cual expuso que en la UNP se presentó la

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señora Juliana del Pilar Pineda Forero quien argumentó ser su representante legal,
lo cual no es cierto, y solicitando información sobre su esquema de protección.

40. Indicó que la Corte Constitucional no ha identificado los avances de la Fiscalía
como un criterio específico para el acceso a las medidas de protección que se
solicitan, pues ha señalado que al momento de evaluar el nivel de amenaza, es de
gran relevancia analizar el contexto histórico en general, sino también verificar el
comportamiento de la situación del actor a través del tiempo.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema jurídico

41. La Sala deberá determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
que declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Para tal efecto, se deberá establecer si la solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedencia y, en caso de acreditarse, se
determinará si las autoridades demandadas vulneraron o no los derechos
fundamentales de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha.

Análisis de la Sala

42. En primer lugar, conviene precisar que, contrario a lo considerado por el a quo¸
la Sala advierte que sí se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad. Lo
anterior, por cuanto la jurisprudencia pacífica y uniforme de la Corte Constitucional
ha sostenido que «debido a las condiciones particulares de las personas que
solicitan protección especial del Estado, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no es un mecanismo eficaz, ya que el proceso puede prolongarse de forma
indefinida interfiriendo gravemente en la garantía de los derechos del individuo»2.

43. Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que la señora Lilia Patricia
Cardozo Cipamocha alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida
y a la integridad personal.

2
Sentencia T-040 de 2023.

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44. En criterio de la Corte, no resulta proporcional y podría ser excesivo someter a
la accionante a los extensos tiempos del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues en los casos en los que se discute la actuación de entidades
encargadas de determinar el nivel de riesgo y adoptar medidas de protección en
favor de personas que son objeto de amenazas o escenarios de victimización,
«particularmente en aquellos eventos en los cuales se discute la disminución o
finalización de medidas de protección previamente adoptadas en su favor “resulta
irrazonable exigir a estas personas que expongan su caso ante el juez contencioso,
cuando lo que se encuentra en discusión es la vida misma».

45. Asimismo, precisó que el mecanismo ordinario de defensa no resulta idóneo por
cuanto el objetivo principal es cuestionar la legalidad de un acto administrativo y «no
la protección de los derechos que se invocan en estos casos»3.

46. Así las cosas, si bien la señora Cardozo Cipamocha pretende que se amparen
sus derechos fundamentales, por cuanto la Unidad Nacional de Protección, al
proferir las Resoluciones DGRP 006680 de 17 de julio y DGRP 009049 del 3 de
septiembre de 2024, por medio de las cuales se adoptaron las recomendaciones
del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM de
Mujeres y se finalizó el esquema de protección que previamente le había sido
otorgado, lo cierto es que el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho
no es idóneo ni eficaz para garantizar la protección de las garantías constitucionales
que considera desconocidos, en los términos de la jurisprudencia constitucional.

47. Lo anterior, por cuanto la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha es la
presidenta de la Organización no Gubernamental de Derechos Humanos Asesorías
y Servicios Integrales -ASSEINSA-ONG, asimismo, está demostrado que ha
presentado denuncias por amenazas en su contra las cuales están siendo objeto de
investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo que da cuenta que la
vida e integridad personal de la aquí demandante se puede encontrar en riesgo, lo
que denota la ineficacia y la falta de idoneidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

48. Pues bien, le corresponde a la Sala determinar si al proferir las Resoluciones
DGRP 006680 de 17 de julio y DGRP 009049 del 3 de septiembre de 2024, la

3
Sentencia T-388 de 2019.

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Unidad Nacional de Protección desconoció el debido proceso administrativo que se
debe garantizar en el procedimiento de calificación de riesgo.

49. Para tal efecto, por considerarlas pertinentes, la Sala citará las consideraciones
expuestas en las sentencias T-591 de 2013, T-367 de 2019, T-199 de 2019 y T-040
de 2023.

50. El Decreto 1066 de 2015 regula el programa destinado para la protección de las
personas que se encuentran en situación de riesgo inminente contra su vida,
integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o
ideológica, o con el conflicto armado interno, siempre que pertenezcan a alguna de
las siguientes categorías: a) dirigentes o activistas de grupos políticos, b)
defensores de derechos humanos, c) dirigentes sindicales, d) representantes de
grupos étnicos, y e) periodistas y comunicadores sociales.

51. El artículo 2.4.1.2.2. del referido Decreto prevé los principios que rigen los
programas de prevención y protección, adicionales a los constitucionales y legales
que orientan la función administrativa. Estos son: a) el principio de causalidad, el
cual encuentra su fundamento en que una persona podrá ser beneficiaria del
programa de protección, siempre que exista conexidad directa entre el riesgo y el
cargo que ocupa o las actividades que desempeña, y b) el principio de idoneidad,
que consiste en que las medidas de prevención y protección deberán ser acordes a
la situación de riesgo y adecuadas a las condiciones particulares del protegido.

52. De manera que la valoración y definición de las medidas de protección y
seguridad deben fundamentarse en estudios técnicos especializados que justifiquen
la necesidad de las medidas, pues ese procedimiento busca garantizar el debido
proceso de las personas cobijadas por ese tipo de medidas, dado que la
administración debe argumentar sus determinaciones con conceptos técnicos y
especializados que motiven la decisión de otorgar, modificar o finalizar medidas de
seguridad.

53. Ahora, en cuanto a los riesgos que la población líder y defensora de
derechos humanos asume por el ejercicio de sus funciones, la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-546 de 2023 precisó que el ejercicio de esa labor
implica asumir riesgos importantes, máxime si se tiene en cuenta el contexto del
conflicto armado que ha padecido el país, así «los movimientos sociales, líderes,

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lideresas, autoridades y representantes, entre otros, se encuentran en
circunstancias de amenaza y violación constante de sus derechos y libertades por
la función que cumplen dentro de la sociedad».

54. De hecho, en la sentencia T-469 de 2020 la Corte precisó que las personas que
asumen la defensa de los derechos humanos son aquellas que reciben el
reconocimiento su comunidad para dirigir, orientar y coordinar procesos colectivos
que mejoran la calidad de vida de la gente y defienden sus derechos con el fin de
construir sociedades más justas e igualitarias, a través de iniciativas diversas, como
la protección del medio ambiente, la recuperación del territorio, la participación
política o los derechos de las víctimas.

55. De igual modo, se debe garantizar la protección de la seguridad personal y
comunitaria para emprender las actividades de defensa de los derechos y el amparo
de las libertades requeridas para su ejercicio, que conforman el núcleo de la
protección constitucional de los defensores de derechos humanos.

56. De manera que al Estado le corresponde proteger los derechos básicos de las
personas que integran la población líder y defensora de derechos humanos, lo cual
implica que adopte las medidas tendientes a proteger a la persona, para que el
riesgo que se cierne sobre ella no se materialice.

57. Entre esos derechos, se encuentra el relacionado con la seguridad personal
como una faceta del derecho a la vida «el cual adquiere especial relevancia cuando
es invocado por sujetos que, con ocasión de su actividad social o de su pertenencia
a ciertos grupos vulnerables, están sometidos a riesgos desproporcionados, como
es el caso de defensores de derechos humanos, minorías étnicas, líderes de
oposición y/o minorías políticas»4.

58. Dentro de los deberes que le corresponde asumir al Estado, la Corte ha
señalado los siguientes:

Identificar el riesgo extraordinario al cual una persona, familia o grupo de
personas están sometidos. Adicionalmente, debe advertir oportuna y
claramente a los afectados el riesgo identificado. Esta obligación implica que
no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el
interesado. Valorar, con base en un estudio detallado de cada situación, la

4
Sentencia SU-426 de 2023.

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existencia, las características y el origen o fuente del riesgo
identificado. Definir oportunamente las medidas y medios de protección
específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario
identificado se materialice. Adoptar medidas con enfoque diferencial, cuando
se trate de, entre otros, líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios,
líderes indígenas y afrodescendientes y, en general, defensores de derechos
humanos. Asignar los medios y medidas de protección de manera oportuna y
en forma ajustada a las circunstancias de cada caso. De tal manera que la
medida sea eficaz. Evaluar periódicamente la evolución del riesgo
extraordinario y tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha
evolución. Actuar de forma efectiva ante signos de concreción o realización del
riesgo extraordinario y adoptar acciones específicas para mitigarlo o aminorar
sus efectos. Prohibir que la administración adopte decisiones que creen un
riesgo extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias. De
producirse el riesgo, por parte de la administración, se debe amparar a los
afectados5.

59. Asimismo, estableció una escala de riesgos, tomando en cuenta los niveles de
tolerancia jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del principio de igualdad
ante las cargas públicas y los títulos jurídicos con fundamento en los cuales se
puede invocar la intervención protectora de las autoridades. Entonces, reconoció
cinco niveles de riesgo: (i) mínimo; (ii) ordinario; (iii) extraordinario; (iv) extremo, y
(v) consumado.

60. De hecho, también la Corte estableció unos factores objetivos y subjetivos que
deben ser tenidos en cuenta por la Unidad Nacional de Protección al momento de
decidir si hay lugar a la protección especial, estos son: (i) la amenaza debe ser real;
(ii) la amenaza debe ser individualizable; (iii) se deben identificar las características
específicas del amenazado; (iv) se debe analizar el entorno en el que se presentan
las amenazas, y (v) la inminencia del peligro6.

61. Visto lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si, tal como lo señaló la
accionante, la Unidad Nacional de Protección desconoció sus derechos
fundamentales ante la incorrecta e indebida motivación y, por ende, se vulneró el
debido proceso administrativo.

62. Por ende, se deberá establecer si la decisión de la Unidad Nacional de
Protección consistente en no brindar medidas de protección a la accionante con
base en una evaluación que determinó su nivel de riesgo como ordinario, vulnera
sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso,

5
Sentencia T-719 de 2003. Estas obligaciones fueron reiteradas en las Sentencias T-750 de 2011,
T-411 de 2018, T-199 de 2019 y T-388 de 2019.
6
Sentencia T-1026 de 2022.

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a pesar de las amenazas que ha recibido en su contra y el ataque con ácido que
recibió el 10 de abril de 2023, debido a su labor como defensora de derechos
humanos.

63. De las pruebas que obran en el expediente, se tiene acreditado que la señora
Lilia Patricia Cardozo Cipamocha puso de presente ante la Defensoría del Pueblo
Regional Boyacá que había sido amenazada por un medio telefónico y que fue
atacada con heces en su residencia por personas desconocidas, el 9, 11 y 19 de
julio de 2022. De esa situación, la Defensoría del Pueblo activó la ruta de protección
y le comunicó esa información al comandante, a la coordinación de derechos
humanos y a la oficina de asuntos jurídicos de la Policía Metropolitana de Tunja el
19 de julio de 2022.

64. El 15 de septiembre de 2022, la accionante amplió la denuncia «dentro del
proceso con noticia criminal 150016099163202253993 por el delito de amenazas»
consistente en que el 12 de septiembre de 2022 le rayaron su vehículo con las
palabras «guerrilla y sapa». El 22 de diciembre de ese mismo año, amplió la
denuncia porque recibió una amenaza a través de un panfleto en su lugar de trabajo.

65. El 28 de marzo de 2023, amplió nuevamente la denuncia porque el 26 de enero
de 2023 la estaba persiguiendo un hombre en una moto y el 21 de febrero recibió
una llamada en la que le indicaron «por más que me esconda y me cambie de casa
me van a encontrar, además que un día de estos saliendo del hospital me van a
matar».

66. El 11 de julio de 2023, amplió la denuncia por el delito de amenazas por cuanto
recibió en su oficina un panfleto que señalaba lo siguiente: «declaramos objetivo
militar a la guerrillera Lilia Patricia Cardozo Cipamocha y a las viejas (que se hacen
llamar defensoras) de la Plataforma Feminista Boyacense, por seguir promoviendo
las ideas socialistas y comunistas en Boyacá, muerte a todas las que promueven el
feminismo y las ideas que quieren dañar a los niños en Boyacá, promoviendo a los
gay, lesbianas y prostitutas, Boyacá libre de ideas de izquierda».

67. El 21 de julio de 2023, amplió la denuncia porque recibió un mensaje de texto
que contenía el siguiente mensaje: «muerte a patricia Cardozo objetivo militar por
guerrillera y a todas las que quieran dañar a los niños en Boyacá advertidas están

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AUC», aunado al hecho que cuatro de sus compañeras de la Plataforma Feminista
Boyacense recibieron en el mismo horario el mismo mensaje.

68. El 14 de mayo de 2024, amplió nuevamente la denuncia por amenazas, por
cuanto el 3 de mayo se comunicaron vía telefónica los hombres de protección del
esquema asignado a su favor, quienes le manifestaron que en las oficinas de la
UNP se presentó una mujer «haciéndose pasar por mi representante y realizando
exigencias sobre el esquema de protección que tengo asignado». Dicha persona
era la señora Juliana del Pilar Pineda Forero, quien «si bien ha tenido dos
encuentros presenciales conmigo, los demás han sido por llamadas, mensajes y
correos (ella se presentó conmigo cuando sucedió el ataque con químicos el 10 de
abril de 2023, diciendo que es defensora de derechos humanos y que quería
apoyarme, por lo que no vi inconveniente en seguir manteniendo conversaciones
con ella».

69. Lo anterior también fue puesto en conocimiento del señor Alberto Gómez
Amador, procurador Regional de Boyacá.

70. Asimismo, obra en el expediente copia de las siguientes Resoluciones
expedidas por el director general de la Unidad Nacional de Protección:

71. Resolución 00011833 del 20 de diciembre de 2022, por la cual se adoptan las
recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de
Medidas – CERREM, del programa de prevención y protección de los derechos a la
vida, la libertad, la integridad, y la seguridad de personas, grupos y comunidades.

72. En esta Resolución se validó el riesgo de la señora Cardozo Cipamocha como
extraordinario, y, por tanto, se implementó un esquema tipo uno conformado por un
vehículo convencional y dos hombres de protección, así como un chaleco blindado
y un medio de comunicación, por el término de 12 meses.

73. Este esquema fue asignado, por cuanto las amenazas se generaron dada la
continuidad en las actividades que realiza como defensora de derechos humanos y
toda vez que sus vulnerabilidades se tiene en cuenta los desplazamientos que
realiza dentro de la ciudad, su entorno laboral, social, residencial, visibilidad y
representatividad, el contexto de orden público y la alerta temprana para Boyacá
que hace referencia a líderes y lideresas sociales.

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74. Además, se consideró que existía un riesgo por su labor y las continuas
denuncias públicas, lo que podría causar un inconformismo ante una población en
particular, quienes podrían generar retaliación y afectar sus derechos.

75. Resolución 00003906 del 1 de junio de 2023, por la cual dio a conocer a la
accionante que se validó su nivel de riesgo como extraordinario y se ratificó el
esquema de protección previamente implementado, por el término de 12 meses.

76. La anterior decisión se adoptó con fundamento en que luego de valorar el factor
diferencial de mujer de la señora Cardozo Cipamocha, y toda vez que ella fue objeto
de atentado contra su integridad, al ser objeto de agresión con ácido, así como su
condición poblacional y visibilidad por la defensa de los derechos fundamentales,
especialmente de las mujeres.

77. Resolución 006680 del 17 de julio de 2024, por la cual se dio a conocer a la
accionante la validación del nivel de riesgo como ordinario y se adoptó la
recomendación del CERREM consistente en finalizar el esquema de protección
asignado.

78. La anterior determinación se adoptó con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Que el presente caso corresponde a la reevaluación por temporalidad,
realizada a la señora LILIA PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA identificada
con cédula de ciudadanía No. 40041550, en su condición poblacional de
Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de
derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas, la
cual ostenta por ser, presidenta de la Organización no Gubernamental de
derecho humano asesorías y servicios integrales -ASSEINSA -ONG. Condición
poblacional que fue verificada a lo largo del proceso surtido por parte del
Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo – CTAR, cumpliendo de esta forma con
el criterio poblacional expuesto en el numeral 2 artículo 2.4.1.2.6. del Decreto
1066 de 2015 del artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015, adicionado y
modificado.

Que, en el desarrollo de la evaluación de riesgo, se entrevistó a la señora LILIA
PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, a quien se le indagó sobre los hechos
que afectan sus derechos a la seguridad e integridad personal para lo cual
indicó que, no desea volver a señalar los hechos victimizantes en la presente
entrevista, solicitó que estos sean tomadas de la ampliación de la denuncia que
realizó en la Fiscalía 35, el día 15 de febrero de 2024.

De conformidad con lo solicitado por la señora LILIA, se procede a tomar los
hechos narrados por la evaluada en la noticia criminal

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150016099163202253993, por el delito de amenazas, encontrando que el día
14 de febrero de 2024, siendo las 8:04 a.m. recibo una llamada telefónica
amenazante, posterior a ello entre las 11:30 a.m. y las 4:00 pm, su hija le
informó que rompieron un vidrio de la puerta de la casa. Hechos puestos en
conocimiento a las personas de protección que conforman el esquema
asignado por la Unidad Nacional de Protección. Agrega la valorada que
nuevamente se presentan amenazas que ponen en riesgo la integridad física y
psicológica, tanto personal, como de los integrantes de su familia.

Conforme a lo anterior, una vez verificado el instrumento de valoración del nivel
de riesgo individual para el caso de la señora LILIA PATRICIA CARDOZO
CIPAMOCHA, se pudo observar que el analista tuvo en cuenta la información
suministrada por las entidades y autoridades consultadas, permitiendo que de
las actividades de recopilación se observara que la Fiscalía 131 Seccional,
comunicó que se archivó el proceso por el delito de Feminicidio en grado de
tentativa, y relaciona que la causal por la cual se ordena el archivo es la
inexistencia del hecho investigado. Así mismo, La Fiscalía 35 de Tunja, Boyacá,
comunicó que el proceso por el punible de amenazas, no se ha logrado
identificar a los autores de los hechos, pero se encuentra activa y en
indagación.

Por su parte, el Juzgado 03 Penal Municipal de Control de Garantías señaló
que se realizó audiencia de Formulación de Imputación por los delitos de Falsa
Denuncia, Fraude Procesal y Fraude A Subvenciones, a favor de la evaluada.
Hecho por el cual la Fiscal 35 ordenaron entrevistas. El Juzgado tercero de
Tunja, imputó cargos por falsedad en denuncia, donde la evaluada no acepto
cargos.

La Procuraduría General de la Nación, relacionó que no tienen información de
amenazas a favor de la precitada.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo señaló que a favor de la evaluada en
varias oportunidades se ha realizado activación de rutas de protección por las
constantes amenazas. Así mismo, el grupo de derechos humanos de la Policía
Nacional, comunicó que se implementaron medidas preventivas, pero en la
actualidad no se cuenta con hechos amenazantes a favor de la evaluada. En
consulta realizada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, se evidenció que la precitada presentó declaración por el hecho
victimizantes de amenaza el 26 de junio de 2023, pero no fue incluida al
Registro Único de Víctimas.

En el escenario de entrevista a terceros, la inspección de Policía Urbana Tunja,
relacionó que no hay antecedente de amenazas a favor de la evaluada.

Finalmente, en medios abiertos se evidencia noticias donde relaciona que la
Fiscalía General de la Nación, imputó cargos a la evaluada por supuestamente
simular de ser víctima de un ataque con ácido, para obtener esquema de
seguridad.

De esta manera, el cotejo integral a los elementos de información obtenidos en
el marco de la respectiva evaluación frente a las diferentes entrevistas, el
trabajo de campo, los elementos de información proporcionados por las
entidades locales y territoriales, permiten establecer que la señora LILIA
PATRICIA CARDOZO CIPAMOCHA, relacionó que en febrero de 2024, fue
objeto de amenazas por medio de llamadas telefónicas y su vivienda fue
afectada por la obstrucción de los vidrios. Los hechos fueron denunciados ante
la Fiscalía General de la Nación, bajo el punible de amenazas; sin embargo, la
Fiscalía 131 Seccional ordenó el archivo de la denuncia, por Inexistencia del
hecho investigado de Tentativa de feminicidio y formulo imputación de cargos
por el delito de Falsa Denuncia, Fraude Procesal y Fraude a Subvenciones en

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contra de la evaluada, donde el Juzgado 03 Penal Municipal Control Garantías
formuló la imputación de esos cargos el día 4 de marzo de 2024.

De otra parte, se tuvo en cuenta su factor diferencial de género, su condición
poblacional de dirigente y/o representante de organizaciones defensoras de
derechos humano, la cual ostenta por ser presidente la Organización no
gubernamental de derechos humanos Asesorías y Servicios Integrales -
ASSEINSA, las actividades que realiza encaminadas a promover los Derechos
de la Mujer, donde orienta y acompaña a mujeres víctimas de violencia física,
así mismo, la visibilidad que tiene frente a la comunidad de la que hace parte,
su entorno social, sus desplazamientos, su lugar de arraigo y el contexto de la
zona de residencia, en la cual según información de la Dirección de Protección
y Servicios Especiales Policía Nacional, hay presencia de actores armados, en
conjunto con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo de
índole nacional la A.T. 019 de 2023, y la 022 de 2023, debido a la situación de
riesgo que afrontan los territorios con presencia y accionar de actores armados
no estatales y grupos armados de delincuencia organizada.

De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que la señora LILIA PATRICIA
CARDOZO CIPAMOCHA, en la actualidad se encuentra inmersa en un riesgo
generalizado por el hecho de vivir en sociedad, toda vez que no se obtuvieron
elementos objetivos que pudieran soportar una amenaza real y actual en su
contra, pues si bien es cierto presentó denuncia por amenazas en su contra, la
Fiscalía General de la Nación, informó sobre posibles conductas inapropiadas
de la valorada en los procesos que denuncio respecto a hechos y amenazas
en su contra, por lo cual le imputaron cargos de Falsa Denuncia y Fraude
Procesal. Sin embargo, se valoró la condición poblacional de la evaluada, las
actividades que realiza, la visibilidad que cuenta la misma en la comunidad, sus
antecedentes de riesgo y se evidencia una disminución en la ponderación de
riesgo para la presente temporalidad, al no evidenciar actividades específicas
que pudieran enmarcarla en un riesgo excepcional el cual no está en el deber
jurídico de soportar, se infiere que no hay lugar a demandar del Estado medidas
de protección reforzada a través de esta Entidad.

79. Contra la anterior decisión, la señora Cardozo Cipamocha interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación. Para tal efecto, manifestó que no compartía
la valoración de riesgo como ordinario, por cuanto desde el 2022 le fueron
asignadas medidas de protección, ante las amenazas y descalificaciones de toda
índole relacionadas con su ejercicio como defensora de derechos humanos en el
Departamento de Boyacá.

80. Asimismo, reiteró los argumentos que expuso en la demanda de tutela, en la
cual precisó que la última ampliación de la denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación en mayo de 2024 no fue tenida en cuenta por el CERREM.

81. Resolución 009049 del 3 de septiembre de 2024, por medio de la cual se
resolvió el recurso de reposición. En este acto no se repuso la decisión, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

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82. En primer lugar, advirtió que para determinar la pertinencia, la conducencia y la
utilidad de la prueba aportada en el escrito del recurso, el objeto de esa instancia
es corregir, modificar o aclarar el acto administrativo recurrido, de manera que las
pruebas aportadas no inciden en un elemento adicional que evidencie que la
recurrente en la actualidad tenga un riesgo superior y desborde su capacidad de
soportar, debido a que todas estas fueron tenidas en cuenta al momento de la
expedición del acto administrativo objeto de recurso.

83. Precisó que el CERREM determinó que a la fecha el riesgo evidenciado por la
señora Cardozo Cipamocha es ordinario, con ponderación de la matriz de 42,77%.

84. Lo anterior, toda vez que el riesgo disminuyó ostensiblemente porque no se
cuenta con una amenaza real que pueda ser valorada objetivamente. Aunado al
hecho que, en su criterio, se respetaron los parámetros para la adecuada valoración
del riesgo.

85. Expuso que el profesional analista realizó todas las actividades tendientes a
determinar, analizar e identificar la situación de la señora Cardozo Cipamocha, pues
no manifestó alguna nueva situación de riesgo o vulnerabilidad que pudiera afectar
su seguridad personal.

86. Asimismo, la conminó para que diera a conocer con sus correspondientes
soportes los acontecimientos recientes que hubieran sucedido en contra de su
humanidad, para que acredite pertenecer a alguna población objeto de protección
debido al riesgo o al cargo y al nexo causal, con la finalidad de que se inicie
nuevamente su respectivo proceso y por lo tanto una nueva ruta de su evaluación
de riesgo.

87. Luego de efectuar un análisis exhaustivo del material probatorio que obra en el
expediente, la Sala advierte que la Unidad Nacional de Protección incluyó en la
valoración del riesgo realizado a la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha su perfil
como defensora de derechos humanos, así como el contexto en el cual desempeña
esa labor. También se observa que, en principio, motivó en debida forma las
razones por las cuales adoptaba la recomendación del CERREM consistente en la
finalización del esquema de protección previamente asignado, pues:

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a) Tuvo en cuenta la ampliación de los hechos narrados en la ampliación de la
denuncia del 14 de febrero de 2024, consistentes en la llamada telefónica de
amenaza y que en horas de la tarde le rompieron un vidrio de la puerta de la
casa.
b) La Fiscalía 131 Seccional de Tunja archivó el proceso por el delito de
feminicidio en grado de tentativa por inexistencia del hecho investigado.
c) La Fiscalía 35 de Tunja, Boyacá, comunicó que en el proceso por el punible
de amenazas, no ha sido posible lograr identificar a los autores de los
hechos, pero la misma se encuentra activa y en indagación.
d) Ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías se
adelantó audiencia de formulación de imputación por los delitos de falsa
denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones en contra de la señora
Lilia Patricia Cardozo Cipamocha «donde la evaluada no aceptó cargos».
e) La Procuraduría General de la Nación relacionó que no tienen información
de amenazas en contra de la señora Cardozo Cipamocha.
f) La Defensoría del Pueblo indicó que, si bien ha activado las rutas de
protección por las constantes amenazas, en la actualidad no se cuenta con
hechos amenazantes a favor de ella.
g) En medios abiertos de comunicación se evidenciaban noticias donde se
relacionaba que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la evaluada
por simular ser víctima de un ataque con ácido, para obtener el esquema de
seguridad.
h) En febrero de 2024 fue objeto de amenazas por medio de llamadas
telefónicas y su vivienda fue afectada por la obstrucción de los vidrios y esos
hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.
i) Tuvo en cuenta el factor diferencial de género y su condición de dirigente de
organización defensora de derechos humanos, así como la visibilidad que
tiene frente a la comunidad de la que hace parte, su entorno social, sus
desplazamientos, su lugar de arraigo y el contexto de la zona de residencia
«en la cual según información de la Dirección de Protección y Servicios
Especiales Policía Nacional, hay presencia de actores armados».

88. A partir de esas consideraciones, determinó que no se evidenciaban actividades
específicas que pudieran enmarcarse en un riesgo excepcional el cual no está en el
deber jurídico de soportar, por lo que no había lugar a implementar medidas de
protección reforzada por parte de la Unidad Nacional de Protección.

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89. La Sala considera que la Unidad Nacional de Protección en el análisis contenido
en las resoluciones cuestionadas por las cuales adoptó las recomendaciones
realizadas por el CERREM en el estudio de riesgo, y valoró que las amenazas
fueran reales y no hipotéticas, así como que la señora Cadozo Cipamocha fuera la
destinataria directa y que las mismas obedecieran a una situación especial en razón
al lugar en el que habita, o la labor que desempeña, así como la inminencia del
peligro en relación con la probabilidad de ocurrencia de la violación al derecho
fundamental a la vida.

90. A partir de ese análisis fundamentó su decisión, pues pudo corroborar que la
Fiscalía General de la Nación archivó la denuncia por la supuesta comisión del delito
de feminicidio en grado de tentativa por los hechos que tuvieron lugar el 10 de abril
de 2023. En este punto, conviene precisar que la accionante manifestó que no
estaba de acuerdo con la decisión de archivo por parte de la Fiscalía General de la
Nación; sin embargo, en el expediente no obra prueba de que la parte actora hubiera
manifestado ante el ente acusatorio su inconformidad o que la misma hubiere
solicitado la reanudación de la investigación, o que hubiera presentado elementos
probatorios nuevos que dieran lugar a reabrir el procedimiento investigativo, o,
finalmente, que se hubiera sometido ante el juez de control de garantías esa
decisión en caso de existir una controversia entre la posición de la señora Cadozo
Cipamocha y la Fiscalía General de la Nación.

91. De otra parte, se advierte que uno de los principales argumentos de la Unidad
Nacional de Protección al retirar las medidas de protección asignadas a la
accionante consistió en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por la
supuesta comisión de los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a
subvenciones, por faltar a la verdad con ocasión de los hechos que ocurrieron el 10
de abril de 2023, en los que supuestamente fue atacada con ácido en su rostro,
cuello y tórax.

92. La señora Cardozo Cipamocha alegó que, a la fecha de presentación de la
solicitud de amparo, su presunción de inocencia se mantiene incólume, pues no ha
sido declarada responsable penalmente por la comisión de esos delitos. Aunado al
hecho de que tiene la oportunidad de defenderse en la respectiva oportunidad en
ese proceso penal, para desvirtuar la teoría de la Fiscalía General de la Nación.

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93. Del análisis de las resoluciones cuestionadas, no se advierte que la Unidad
Nacional de Protección hubiera desconocido la presunción de inocencia de la
señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, sino que, por el contrario, en el estudio
que se realizó con el fin de determinar el nivel de riesgo de la persona protegida
resultaba necesario analizar esa circunstancia particular, pues guardaba estrecha
relación con la implementación de las medidas de protección que le fueron
concedidas en el año 2023. La Sala no advierte de qué manera la Unidad Nacional
de Protección pudiera desconocer esa garantía constitucional, pues es un asunto
que escapa de sus competencias legales y constitucionales, toda vez que es a la
Fiscalía General de la Nación a quien le corresponde desvirtuarla en el desarrollo
de un proceso penal que se adelante ante el juez natural correspondiente.

94. Es así como la valoración del nivel de riesgo de la accionante estuvo fundada
en estudio previo e individualizado de la situación de la señora Cardozo Cipamocha,
con consideraciones de índole técnico que se encuentran plasmadas en las
resoluciones cuestionadas. Asimismo, se observa que se argumentó de manera
clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar que sustentaron dicho cambio.

95. Todo lo anterior conduciría a negar el amparo de los derechos fundamentales
de la aquí accionante; sin embargo, la Sala considera procedente el amparo con el
fin de que la Unidad Nacional de Protección realice una nueva evaluación del riesgo,
puesto que en la Resolución 006680 del 17 de julio de 2024 y en la Resolución
009049 del 3 de septiembre de 2024, no se hizo referencia a la ampliación de la
denuncia que la actora presentó en el mes de mayo de 2024, en la cual puso de
presente nuevos hechos que podrían dar lugar a la variación en su nivel de riesgo,
que, de hecho, fue calificado como ordinario y ponderado en 42,77%, oscilando el
extraordinario entre 51% y 80% y el extremo entre 81% y 100%.

96. La Unidad Nacional de Protección en el informe de tutela manifestó que «no le
constaba el hecho decimo quinto, puesto que no aporta prueba de que las haya
enviado a la respectiva entidad» y en la Resolución que resolvió el recurso de
reposición del 3 de septiembre de 2024, hizo referencia a la copia de ampliación de
denuncia de mayo de 2024, pero manifestó que «no se encontraron elementos que
incrementen el valor de la matriz del estudio realizado con las pruebas aportadas o
que se considere realizar una nueva ruta de estudio de nivel de riesgo con la misma,
debido a que todas estas fueron tenidas en cuenta al momento de la expedición del
acto administrativo objeto de recurso».

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97. No obstante lo anterior, esta Subsección observa que en la referida ampliación
de la denuncia se puso de presente que el 3 de mayo de 2024 la señora Juliana del
Pilar Pineda Forero se presentó como su representante en las instalaciones de la
Unidad Nacional de Protección, «cosa que no es cierta, manifestando que se
presentan fallas relacionadas con mi esquema», por lo que solicitó se investigara
cuál era el interés que mostraba la referida señora sobre su caso y «si de alguna
manera pudiese estar relacionada con los hechos denunciados por mi ante esta
Fiscalía».

98. Asimismo, denunció que el 5 de mayo de 2024 se encontraba con su esposo en
las horas de la tarde y «un individuo de sexo masculino, vestido de negro, con un
casco de motociclista puesto (no llevaba moto), el cual toma fotos a nuestra vivienda
y posteriormente se aleja caminando, hecho informado a los hombres de protección
quienes pasan informa la UNP, entidad que me recuerda la obligación de denunciar
y poner en conocimiento de la Policía del Departamento dicha situación».

99. La Sala observa que, aunque no obra constancia de que la referida ampliación
de la denuncia hubiese sido efectivamente radicada ante la Fiscalía General de la
Nación, lo cierto es que la Unidad Nacional de Protección sí tuvo conocimiento de
la misma, al menos con el recurso de reposición interpuesto contra de la Resolución
006680 del 17 de julio de 2024; sin embargo, al resolver la apelación, el director
general de la Unidad Nacional de Protección se limitó a señalar que esa información
sí fue tenida en cuenta en el análisis efectuado por el CERREM, sin que se observe
en la parte considerativa de la Resolución cuestionada que se hubiera hecho
referencia a esos hechos nuevos denunciados por la aquí accionante que,
eventualmente, podrían incrementar su actual nivel de riesgo.

100. Recientemente, en un caso en el que se presentaron nuevas amenazas contra
una persona a la que el Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de
Medidas – CERREM había calificado con un nivel de riesgo ordinario del 44.44%,
con el consecuente retiro del esquema de seguridad, la Corte Constitucional
concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados y ordenó a la UNP
que realizara una nueva evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo
que aquella afrontaba. Textualmente, esto sostuvo el alto tribunal (T-038 de 2024):

I. Síntesis de la decisión

En esta oportunidad le correspondió a la Sala determinar si la Unidad Nacional
de Protección vulneró los derechos fundamentales a la vida, la seguridad

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Demandante: Lilia Patricia Cardozo Cipamocha

personal y el debido proceso del señor Luis, al proferir la resolución por medio
de la cual decidió retirar el esquema de seguridad con el que contaba el
periodista, bajo el argumento de que actualmente se encuentra en un nivel de
riesgo ordinario.

La Sala reiteró los criterios jurisprudenciales que se deben tener en cuenta al
momento de evaluar este tipo de solicitudes por parte de la UNP, entre ellas,
que al momento de verificar las condiciones de seguridad de un periodista, las
autoridades encargadas deben evaluar el riesgo, en cada caso, de manera
diligente, considerando también las circunstancias que implican ejercer su
labor. Esto, a fin de adoptar las medidas de protección que mejor hagan frente
a la situación en la que se ve inmersa el sujeto, y que garanticen su derecho a
la seguridad personal.

En consecuencia, concluyó que en el caso estudiado los derechos
fundamentales del actor pueden verse amenazados, si se tiene en cuenta que
días previos al estudio realizado al peticionario, este fue objeto de nuevas
amenazas e intimidaciones. La UNP puede estar vulnerando los derechos
fundamentales a la vida, la seguridad personal y el debido proceso del actor,
pues al parecer incumplió la obligación de solicitar información a las entidades
correspondientes, de acuerdo con el Decreto 1066 de 2015, y valorar
integralmente todos los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto en
su labor de periodista, lo que desconoce el principio de buena fe y el deber de
diligencia que deben regir este tipo de actuaciones.

Por lo tanto, la Sala decidió revocar la Sentencia del 11 de abril de 2023
proferida por el Juzgado de Primera Instancia de Tutela, mediante la cual se
declaró improcedente la solicitud de tutela instaurada por Luis. Esto, para en
su lugar conceder el amparo solicitado y, en consecuencia, ordenar a la UNP
que, en caso de no haberlo hecho, realice un nuevo estudio de riesgo al actor,
en el que se tengan en cuenta los nuevos hechos denunciados.

101. A partir de lo anterior se concluye que la UNP está vulnerando los derechos
fundamentales a la vida, a la seguridad personal y al debido proceso de la actora,
al no analizar la ampliación de denuncia formulada el pasado 14 de mayo de 2024
al momento de efectuar el estudio de riesgo de la señora Lilia Patricia Cardozo
Cipamocha.

102. Por todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, amparará los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal y
al debido proceso de la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha. En consecuencia,
se ordenará a la Unidad Nacional de Protección que, en el término de treinta (30)
días contado a partir de la notificación de la presente providencia, realice una nueva
evaluación respecto de las condiciones actuales de riesgo que afronta la accionante,
en la que se tenga en cuenta los eventos descritos en la ampliación de denuncia
presentada el 14 de mayo de 2024.

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103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado. En su lugar, se dispone:

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal,
a la seguridad personal y al debido proceso de la señora Lilia Patricia Cardozo
Cipamocha. Como consecuencia, se ordena a la Unidad Nacional de Protección –
UNP que, en el término de treinta (30) días contado a partir de la notificación de la
presente decisión, realice una nueva evaluación respecto de las condiciones
actuales de riesgo que afronta la señora Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, en la
cual tenga en consideración los eventos descritos en la ampliación de denuncia
presentada el 14 de mayo de 2024. La decisión adoptada deberá ser comunicada
al accionante mediante acto administrativo motivado de forma clara, adecuada y
específica, en los términos de la presente sentencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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