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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01448-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01448-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela del señor Anderson Gil Castro, en relación con las pretensiones de adopción de medidas de protección en favor de jueces de paz y otros particulares que imparten justicia y aquellas dirigidas a cuestionar o a dejar sin efectos el Decreto 216 de 2021 (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal) y de la Resolución 971 del mismo año (por medio de la cual se implementó dicho estatuto), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO. Negar el amparo solicitado, en lo que concierne a las medidas de protección solicitadas por el señor Anderson Gil Castro ante la UNP, según las razones aquí anotadas. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01448-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: Anderson Gil Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: ANDERSON GIL CASTRO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE SUBSIDIARIEDAD – El
accionante tenía a su disposición otros medios judiciales para reclamar la adopción de medidas
de protección en favor de los jueces de paz y de reconsideración, la implementación de controles
migratorios y la «pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 del mismo
año / NIEGA AMPARO RESPECTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES – Lo
expuesto por el accionante no evidenció ningún vicio o irregularidad en la decisión de la UNP de
catalogar como ordinario su nivel de riesgo y abstenerse de otorgarle medidas de protección,
decisión que, además, se ajustó a las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional.

La Sala1 resuelve la acción de tutela instaurada por Anderson Gil Castro contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 12 de marzo de 20252, Anderson Gil Castro instauró acción de tutela contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección, a fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad personal, a la vida,
y a la tranquilidad, así como de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a
la seguridad y la salubridad públicas.

2. En ese sentido, formuló las siguientes pretensiones3:

1
Se advierte que el 4 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, índice 2.
3 Se transcribe con los posibles errores del texto original.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01448-00
Demandante: Anderson Gil Castro

(…) Se deje[n] sin efectos y/o se adopten medidas necesarias para proteger la
seguridad de los colombianos que se han visto vulnerados por el Decreto 216 de
2021, la resolución 971 del 2021 y se ajusten las medidas equitativas, que no afecten
la seguridad ciudadana y social de los colombianos, en los casos de extorsión,
homicidios, secuestros, sicariatos presentados en su mayoría por ciudadanos
extranjeros (…) dicha medida en la presente pretensión debe ser adoptada por la
presidencia de la república de Colombia en cabeza del Dr. GUSTAVO FRANCISCO
PETRO URREGO (…).

(…) [H]e visto afectad[a] de manera notoria mi seguridad personal (…) por el actuar
de ciudadanos venezolanos en relación [con] mis funciones de juez de paz y
reconsideración (…) he visto amenazada mi vida [y] la de mi familia. Por [tanto] (…)
requiero y solicito se me brinden las medidas de protección necesarias y acordes.

(…) [S]olicito ante su despacho la protección que debe[n] establecer el estado [y] el
gobierno nacional a los jueces de paz y reconsideración (…), de igual manera para
aquellos actores particulares de justicia comunitaria y/o mecanismos alterativos de
justicia como son los conciliadores en equidad, mediadores y presidentes de la[s]
juntas de acción comunal (…).

3. Además, respecto de los ciudadanos venezolanos, solicitó la adopción de medidas
como la deportación, la exigencia de documentos y de «antecedentes» y la disminución
del tiempo de estancia permitido en el territorio nacional. Igualmente, reclamó la
implementación de un modelo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Migración Colombia y la Policía Nacional, a fin de reducir la cantidad de homicidios
cometidos por ciudadanos venezolanos y lograr un debido control migratorio4.

4. De la demanda de tutela se extraen los siguientes hechos y argumentos relevantes:

5. El Gobierno Nacional expidió los decretos 1288 de 20185 y 216 de 20216, a juicio del
accionante, sin analizar su impacto en materia presupuestal y de orden público.

6. Al respecto, el señor Gil Castro aseguró que los delitos de hurto, acceso carnal
violento, homicidio, extorsión y secuestro son mayoritariamente cometidos por
ciudadanos venezolanos. Para respaldar esa afirmación, citó varios artículos de prensa
de 2018 y 2019, referentes a crímenes presuntamente perpetrados por personas de
dicha nacionalidad.

7. Asimismo, acusó a la población venezolana de aprovecharse de los «privilegios»
concedidos a través de los mencionados decretos y de la igualdad de derechos de la
cual gozan frente a los nacionales, con el propósito de delinquir.

4 Aunque esas solicitudes no se incluyeron expresamente en el acápite de pretensiones de la demanda de

tutela, sí se contemplaron en sus fundamentos.
5 «Por el cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro

Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno
de colombianos».
6 «Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo

Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria».

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Demandante: Anderson Gil Castro

8. Por otro lado, afirmó que, como juez de paz, ha intervenido en diligencias de restitución
de inmuebles en Bogotá, en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, los cuales habían
sido invadidos por venezolanos, con el propósito de desarrollar actividades ilícitas
relacionadas con el expendio de estupefacientes, por lo que tanto él como su familia han
sufrido amenazas y atentados. Agregó que la Unidad Nacional de Protección le negó las
medidas de protección solicitadas, por no pertenecer a «grupos desertores, integrantes
del [ELN] o proceso de paz».

9. Señaló que la Rama Judicial ha sido permisiva con los inmigrantes venezolanos,
brindándoles un trato diferencial con respecto a los colombianos, quienes, de hecho, han
aprovechado tal situación para encubrir sus delitos con la participación de aquellos.

10. Desde la óptica del demandante, el Estado ha incumplido su deber de garantizar la
seguridad ciudadana, dado que el Decreto 216 de 2021 ha favorecido el aumento de la
criminalidad en un «700%» y, en conjunto con la Resolución 971 de 20217, no sólo han
generado caos social, sino que son contrarios a la Constitución, en tanto desconocen los
derechos fundamentales a la seguridad personal, a la vida, y a la tranquilidad, así como
los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la seguridad y la salubridad
públicas.

11. Finalmente, advirtió que las políticas públicas necesarias para enfrentar el fenómeno
de criminalidad descrito no pueden implementarse mientras el Decreto 216 de 2021 esté
vigente, razón por la cual insistió en su inconstitucionalidad.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 21 de marzo de 20258, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó que se efectuaran las notificaciones de rigor.

13. La Policía Nacional9 solicitó que se disponga su desvinculación del proceso o, en
su defecto, se declare la improcedencia de la acción de tutela.

14. A fin de sustentar lo anterior, expuso que carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues el accionante no describió ninguna situación cuya resolución estuviera
dentro de sus competencias. Que, en todo caso, aquel no hace parte de la población a
la cual se dirige el programa de prevención y protección de la Policía Nacional.

15. De otra parte, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, en tanto los actos administrativos allí mencionados deben ser
cuestionados a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad.

7«Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado

por medio del Decreto 216 de 2021». Resolución expedida por el director general de la Unidad
Administrativa Especial de Migración Colombia.
8
Samai, índice 5.
9 Samai, índice 9.

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Demandante: Anderson Gil Castro

16. Finalmente, sostuvo que la Unidad Nacional de Protección es la autoridad
competente para adoptar las medidas exigidas por el señor Gil Castro, así como para
resolver sus inconformidades al respecto.

17. La Unidad Nacional de Protección (UNP) adujo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del señor Anderson Gil Castro10.

18. Expuso que, mediante la Resolución DGRP 000205 de 2025, clasificó el riesgo del
señor Gil Castro como ordinario y se abstuvo de adoptar medidas de protección en su
favor. Advirtió que esa decisión no fue recurrida por el accionante y que, en todo caso,
se sustentó en un estudio técnico detallado del Comité de Evaluación del Riesgo y de
Recomendación de Medidas –CERREM–, dentro del cual se realizaron varias entrevistas
y se solicitó información a otras autoridades. Agregó que, en una de esas entrevistas, el
señor Gil Castro manifestó haber recibido amenazas de secuestro por parte de alias La
Mona desde julio de 2024, debido a la restitución de un inmueble ubicado en el barrio
Santa Fe de Bogotá, destinado a la prostitución. También afirmó que desde agosto del
mismo año viene siendo víctima de extorsión y, en una entrevista realizada en
noviembre, indicó que las amenazas en su contra no habían cesado.

19. A partir de lo anterior, la UNP aseguró haber cumplido sus obligaciones y advirtió que
la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener medidas de protección
específicas, pues la decisión sobre su procedencia es una competencia del CERREM,
de conformidad con el Decreto 1066 de 2015.

20. De otra parte, sostuvo que, si bien el accionante denunció la extorsión ante la Fiscalía
General de la Nación, ello no es suficiente para concluir la existencia de una situación de
riesgo extraordinario. Enfatizó en que en la solicitud de amparo no se describió ninguna
circunstancia concreta e inminente que evidenciara una amenaza contra la integridad del
señor Gil Castro.

21. Igualmente, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
obtener una nueva evaluación del nivel de riesgo, pues, en virtud de lo establecido en el
parágrafo 2° del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, ello debe solicitarse por
vía administrativa, siempre y cuando existan hechos sobrevinientes constitutivos de
amenaza.

22. Con fundamento en lo señalado, la UNP acusó al accionante de pretender eludir los
procedimientos establecidos en el Decreto 1066 de 2015 y, de esa manera, desconocer
el carácter subsidiario de la acción de tutela. En consecuencia, solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo.

10 Samai, índice 10.

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Demandante: Anderson Gil Castro

23. Las Secretarías Distritales de Integración Social (SDIS) y de Salud de Bogotá11
solicitaron su desvinculación del proceso, por considerar que carecen de legitimación en
la causa por pasiva. Argumentaron que la satisfacción de las pretensiones del accionante
corresponde a la Presidencia de la República y a la Unidad Nacional de Protección.

24. Adicionalmente, la SDIS resaltó que el señor Gil Castro no ha presentado ninguna
petición ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.

25. En términos similares, la Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia12 solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto carece
de competencias para satisfacer las pretensiones del accionante y, en todo caso, no ha
vulnerado ningún derecho fundamental.

26. Además, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad,
pues los actos administrativos que regulan la situación de los migrantes venezolanos
deben cuestionarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que, de hecho,
dicho requisito tampoco se satisface porque la protección del derecho a la seguridad
pública, también reclamada en la solicitud de amparo, debe exigirse a través de la acción
popular. Al respecto, advirtió que el accionante no aportó pruebas de la vulneración
directa de alguno de sus derechos fundamentales ni de la conexidad entre estos y los
actos administrativos censurados, motivo por el cual ni siquiera podría considerarse la
procedencia excepcional de la acción de tutela.

27. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República13 alegó su
falta de legitimación en la causa por pasiva, con el argumento de que la UNP es la
responsable de adoptar las medidas de protección reclamadas por el accionante y, por
ende, la vulneración de sus derechos fundamentales no le es imputable a la Presidencia.

28. También sostuvo que la solicitud de amparo no cumple el requisito de subsidiariedad,
por cuanto los actos administrativos involucrados pueden ser cuestionados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad
simple, sin que esté acreditado un posible perjuicio irremediable, para que proceda la
acción de tutela como mecanismo transitorio. Agregó que, si el accionante considera
necesaria la protección urgente de sus derechos fundamentales, puede solicitar el
decreto de medidas cautelares ante dicha jurisdicción.

29. Los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores guardaron silencio, pese a
haber sido notificados14 sobre el auto admisorio de la acción.

11 Samai, índices 11 y 14.
12 Samai, índice 12.
13 Samai, índices 16 y 17.
14 Samai, índice 8.

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Demandante: Anderson Gil Castro

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar si las pretensiones de amparo del señor Gil Castro
superan los requisitos generales de procedencia. Sólo en caso afirmativo, también
establecerá lo siguiente:

32. Primero, si los derechos fundamentales del accionante fueron vulnerados con
ocasión de la expedición del Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 del mismo año, y
si deben ordenarse los controles migratorios que solicitó.

33. Segundo, si sus derechos fundamentales fueron vulnerados a causa de la
denegación de medidas de protección por parte de la UNP.

E. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción de tutela frente a las pretensiones de control
migratorio, de adopción de medidas de protección en favor de jueces de paz y de
«pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 del mismo
año

34. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual resulta
improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que
estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un perjuicio
irremediable15.

35. En el presente caso, el actor solicitó el amparo de varios derechos fundamentales y
colectivos. Para ello, además de la adopción de medidas de protección para él y para su
familia, exigió lo siguiente16: primero, la implementación de controles migratorios más

15 En la sentencia T-1190 de 2004, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es

irremediable, debe verificarse «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por
suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad». (Énfasis añadido).
16 Las pretensiones del accionante se reordenan para favorecer la coherencia en la exposición de las

consideraciones de la Sala.

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estrictos sobre la población venezolana; segundo, la concesión de medidas de
protección en favor de los jueces de paz y de reconsideración, así como de otros
particulares que ejercen función jurisdiccional de forma transitoria; y tercero, la «pérdida
de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 de esa misma anualidad.

36. De entrada, se advierte que tanto la Corte Constitucional17 como esta Corporación18
han sostenido que la acción de tutela es excepcionalmente procedente en casos que
involucren la vulneración de derechos colectivos, pues, en principio, el amparo de estos
debe reclamarse a través de la acción popular prevista en la Ley 472 de 1998.

37. La Corte19 ha explicado que, para determinar si la acción de tutela resulta procedente
en un caso como los mencionados, es necesario verificar (i) que exista conexidad entre
la afectación de derechos colectivos y la de derechos fundamentales; (ii) que el
accionante sea el titular de los derechos fundamentales lesionados; (iii) que la
vulneración o amenaza a los derechos fundamentales esté demostrada y (iv) que las
pretensiones del actor tengan por objeto el amparo de sus derechos fundamentales, no
de los derechos colectivos involucrados —sin perjuicio de que estos puedan resultar
protegidos con la eventual orden de tutela—.

38. El alto tribunal constitucional también ha indicado que, para determinar si hay
conexidad entre la afectación de derechos colectivos y la de derechos fundamentales,
deben constatarse las siguientes condiciones:

(i) [L]a perturbación de un derecho colectivo; (ii) la existencia prima facie, desde una
perspectiva exclusivamente jurídica, de una amenaza o vulneración a un derecho
fundamental —lo que no debe confundirse con el requisito de la prueba de la real
amenaza o violación del derecho fundamental—; y (iii) la existencia de un nexo entre las
dos afectaciones que evidencie (a) su simultaneidad y (b) su proximidad causal directa y
no mediada por otros factores externos.

39. Ahora, el señor Anderson Gil Castro sostuvo que el Decreto 216 de 2021 y la
Resolución 971 del mismo año han favorecido la comisión de delitos por parte de
ciudadanos venezolanos y que el Estado ha sido pasivo ante tal situación, todo lo cual
ha vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la seguridad y
salubridad públicas, así como sus derechos fundamentales a la seguridad personal, a la
vida y a la tranquilidad.

40. Lo anterior, por sí solo, no evidencia una afectación de derechos colectivos ni, prima
facie, de las prerrogativas constitucionales del actor, en tanto constituye una afirmación

17 Al respecto, se puede consultar la sentencia de unificación 1116 de 2001, reiterada en la sentencia T-

250 de 2023.
18 Sobre el particular, ver la sentencia del 15 de octubre de 2024, proferida por esta Subsección en el

proceso 11-001-03-15-000-2024-03273-01.
19 Sentencia T-250 de 2023, que reiteró y sintetizó las reglas fijadas en la sentencia de unificación 1116

de 2001.

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genérica, carente de fundamento, sobre la conexión entre los actos administrativos
mencionados, las presuntas omisiones del Estado —que, de hecho, ni siquiera se
identifican o singularizan— y el supuesto aumento de crímenes perpetrados por
inmigrantes venezolanos, con la consecuente afectación de la seguridad ciudadana.

41. A esto se suma que los artículos de prensa de 2018 y 2019, referenciados en la
demanda, no dan cuenta de una amenaza actual y específica sobre los derechos
colectivos aludidos, sino que simplemente se refieren a la supuesta ejecución de
conductas delictivas por parte de ciudadanos venezolanos.

42. De ahí que la Sala no pueda inferir la afectación concreta de ningún derecho colectivo
ni, mucho menos, una vulneración conexa de los derechos fundamentales del
accionante, quien, además, no expuso de qué manera se protegerían sus derechos
fundamentales con la imposición de controles migratorios más estrictos a la población
venezolana o con la adopción de medidas generales de protección en favor de jueces de
paz y de reconsideración, así como para otros particulares que ejercen función
jurisdiccional de forma transitoria.

43. Con fundamento en lo expuesto, se colige que el señor Gil Castro no cumplió ninguna
de las exigencias establecidas en la jurisprudencia constitucional citada, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente, tanto en relación con su solicitud de amparo de
derechos colectivos, como frente a las dos pretensiones aludidas.

44. Por otro lado, el accionante solicitó dejar sin efectos el Decreto 216 de 2021 y la
Resolución 971 del mismo año, aduciendo que son contrarios a la Constitución porque,
al favorecer la comisión de delitos por parte de los inmigrantes venezolanos, amenazan
la seguridad ciudadana.

45. Ciertamente, tanto el decreto como la resolución mencionados constituyen actos
administrativos de carácter general, para cuyo cuestionamiento se ha establecido un
mecanismo de defensa judicial distinto a la acción de tutela: el medio de control de
nulidad simple, contemplado en el artículo 13720 de la Ley 1437 de 201121, que debe ser
ejercido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

46. En consecuencia, la acción de tutela también resulta improcedente en relación con
la pretensión de «pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y la Resolución 971 de
la misma anualidad.

47. Con todo, se advierte que el accionante no expuso ninguna circunstancia de la cual
se infiera el carácter apremiante de la concesión de esa pretensión y, aunque lo hubiera
hecho, la acción de tutela no se tornaría procedente, pues también tiene a su disposición

20 De acuerdo con dicho artículo, «[t]oda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que

se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general».
21 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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la medida cautelar de suspensión de los efectos de dichos actos administrativos, prevista
en el artículo 23022 de la Ley 1437 de 2011.

48. En suma, el señor Gil Castro tenía a su disposición dos mecanismos judiciales
distintos a la acción de tutela para reclamar los controles migratorios aludidos y las
medidas de protección en favor de jueces de paz y de reconsideración, así como la
«pérdida de efectos» del Decreto 216 de 2021 y de la Resolución 971 del mismo año: la
acción popular y el medio de control de nulidad simple, respectivamente.

49. Lo anterior, aunado a que el accionante no alegó ni probó ningún hecho del cual se
desprendiera la falta de idoneidad o de eficacia de los mecanismos aludidos, o la
necesidad de evitar la concreción de un perjuicio irremediable, impone concluir que la
acción de tutela es improcedente en relación con las tres pretensiones abordadas en
este acápite.

Procedencia de la acción frente a la pretensión de adopción de medidas de
protección en favor del accionante y de su familia

50. El señor Gil Castro solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida y a la
seguridad personal y, consecuentemente, reclamó la adopción de medidas de protección
en su favor y en el de su familia.

51. Para sustentar esas solicitudes, el accionante afirmó que ha sufrido amenazas y un
atentado por haber participado, como juez de paz, en diligencias de restitución de
inmuebles ubicados en las localidades de Los Mártires y de Santa Fe (Bogotá, D.C.).
Igualmente, sostuvo que la UNP se negó a adoptar medidas de protección en su favor,
en tanto no pertenece a «grupos desertores, integrantes del [ELN] o proceso de paz».

52. En principio, podría considerarse que la pretensión en cuestión también es
improcedente, por cuanto el señor Gil Castro podía acudir al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para cuestionar la decisión de la UNP ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. Empero, con fundamento en precedente de la Corte
Constitucional, esta Subsección23 ha admitido la solicitud de medidas de protección por
vía de tutela, en asuntos promovidos por líderes sociales o defensores de derechos
humanos.

53. Ahora, la Corte Constitucional24 ha determinado que, en esos asuntos, exigir el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento resulta irrazonable, pues lo
involucrado es la vida misma de los accionantes. Además, ha indicado que dicho medio
de control carece de eficacia, por cuanto su trámite puede tardar un tiempo

22 En el numeral 3 de ese artículo, se facultó expresamente a los jueces administrativos para decretar la

medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.
23 Sentencias de tutela del 6 de diciembre de 2024, proferidas en los procesos 11001-03-15-000-2024-

04820-01 y 11001-03-15-000-2024-05889-00.
24 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2019 y T-469 de 2020.

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prolongado, dentro del cual puede consumarse el riesgo al cual se encuentre expuesto
el actor. También ha señalado que carece de idoneidad, en tanto su objeto principal es
el cuestionamiento de la legalidad de un acto administrativo, no la protección de derechos
fundamentales como la vida y la seguridad personal.

54. Expuesto lo anterior, es importante advertir que, según la Corte Constitucional25, la
Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos han definido a los líderes sociales como defensores de los derechos humanos,
«incluso si no se reconocen como tales, en la medida que actúan para promover o
proteger los derechos humanos de manera pacífica».

55. Adicionalmente, el alto tribunal constitucional26 ha indicado que los defensores de
derechos humanos son quienes «reciben el reconocimiento de su comunidad para dirigir,
orientar y coordinar procesos colectivos que mejoran la calidad de vida de la gente [y]
defienden sus derechos con el fin de construir sociedades más justas e igualitarias, a
través de iniciativas diversas (…)».

56. Además, ha advertido que «el concepto de defensor de derechos humanos o líder
social debe ser amplio y flexible para cobijar la diversidad de actividades que cumplen»27.

57. Aparte de lo anterior, es importante indicar que, en el artículo 247 Superior, se facultó
al legislador para crear jueces de paz, elegidos por voto popular y encargados de resolver
en equidad conflictos individuales y comunitarios. Dicha facultad se materializó en la Ley
497 de 1999, en la cual se estableció la organización y el funcionamiento de dichos
jueces.

58. Según la Corte Constitucional28, el propósito fundamental de la actividad
encomendada a los mencionados jueces es contribuir a lograr la paz, «es decir, a
alcanzar una mayor armonía entre los asociados y la tranquilidad de la persona humana,
de acuerdo con el orden social, político y económico justo».

59. Esto último, sumado a la caracterización de líderes sociales y defensores de
derechos humanos expuesta, permite inferir que los jueces de paz hacen parte de tal
grupo —líderes sociales y defensores de derechos humanos—, pues promueven la
construcción de una mejor sociedad mediante la resolución pacífica de conflictos, en
virtud del reconocimiento que se les confiere mediante voto popular.

25 Corte Constitucional, sentencia T-469 de 2020.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Sentencia C-536 de 1995.

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Demandante: Anderson Gil Castro

60. Con fundamento en lo explicado, se concluye que el señor Gil Castro, al ser juez de
paz —condición verificada por el despacho sustanciador29—, es un líder social o defensor
de derechos humanos30. Esto, aunado a que lo que se encuentra en discusión es una
amenaza contra su vida y la de su familia, torna irrazonable exigirle que ejerza el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la negativa de la
UNP a concederle medidas de protección. En consecuencia, la acción de tutela es
procedente frente a la solicitud de dichas medidas.

61. Así las cosas, la Sala pasará a determinar si la UNP vulneró los derechos
fundamentales del accionante al denegar las medidas de protección mencionadas.

Ausencia de vulneración de derechos fundamentales a causa de la negativa de la
UNP a otorgarle medidas de protección a la parte actora

62. Como ya se indicó, el señor Castro Gil solicitó la adopción de medidas de protección,
exponiendo que ha sufrido amenazas y un atentado por haber participado, como juez de
paz, en diligencias de restitución de inmuebles ubicados en las localidades de Los
Mártires y de Santa Fe (Bogotá, D.C.). Igualmente, sostuvo que la UNP se negó a
otorgarle dichas medidas, en tanto no pertenece a «grupos desertores, integrantes del
[ELN] o proceso de paz».

63. La UNP, por su parte, expuso que estudió la situación del accionante y que, como
resultado, profirió la Resolución DGRP 000205 de 2025, mediante la cual se le informó
que el CERREM clasificó su riesgo como ordinario y se abstuvo de adoptar medidas de
protección en su favor. Adicionalmente, señaló que esta decisión no fue recurrida.

64. Ahora, para determinar si los derechos fundamentales del accionante fueron
vulnerados a causa de la mencionada decisión, se tendrán en cuenta el precedente y las
disposiciones referenciados a continuación:

65. En el Decreto 1066 de 201531, se reguló el programa de protección de las personas
que se encuentran en situación de riesgo inminente contra su vida, su integridad, su
seguridad o su libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o
con el conflicto armado interno, siempre que pertenezcan a alguna de las siguientes
categorías: a) dirigentes o activistas de grupos políticos, b) defensores de derechos
humanos, c) dirigentes sindicales, d) representantes de grupos étnicos, o e) periodistas
y comunicadores sociales.

29 Dicho despacho encontró que el señor Gil Castro se encuentra registrado como juez de paz en una de

las bases de datos del Consejo Superior de la Judicatura, disponible en DIRECTORIO JUECES DE PAZ
• CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ.
30 Ese carácter, incluso, fue reconocido por la UNP mediante la Resolución DGRP 000205 de 2025 (Samai,

índice 24, archivo: 36RECIBEMEMORIAL_Memorial_resolucionUNPconsejo(.pdf) NroActua 24), en la cual
se incluyó al accionante en el grupo de «dirigentes, representantes o activistas de organizaciones
defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas», debido a su
condición de juez de paz.
31 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.

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Demandante: Anderson Gil Castro

66. En el artículo 2.4.1.2.2. del referido decreto, se dispuso que los principios rectores
del programa de protección aludido, además de los constitucionales y legales que
orientan la función administrativa, son los siguientes: a) el principio de causalidad, el cual
encuentra su fundamento en que una persona podrá ser beneficiaria del programa de
protección, siempre que exista conexidad directa entre el riesgo y el cargo que ocupa o
las actividades que desempeña, y b) el principio de idoneidad, que consiste en que las
medidas de prevención y protección deberán ser acordes a la situación de riesgo y
adecuadas a las condiciones particulares del protegido.

67. Así, la valoración y la definición de las medidas de protección y de seguridad deben
fundamentarse en estudios técnicos especializados que justifiquen su necesidad, de
modo que la administración motive la decisión de otorgarlas, modificarlas o finalizarlas
en conceptos técnicos y especializados, en garantía del debido proceso.

68. Ahora, en la sentencia de unificación 546 de 2023, la Corte Constitucional estableció
que la población líder y defensora de derechos humanos se enfrenta a riesgos
importantes por el ejercicio de sus funciones, máxime si se tiene en cuenta el contexto
del conflicto armado que ha padecido el país. Así, según la Corte, «los movimientos
sociales, líderes, lideresas, autoridades y representantes, entre otros, se encuentran en
circunstancias de amenaza y violación constante de sus derechos y libertades por la
función que cumplen dentro de la sociedad».

69. En ese sentido, al Estado le corresponde proteger los derechos fundamentales de
los líderes y defensores de derechos humanos, lo cual implica la adopción de medidas
tendientes a proteger su persona, para que el riesgo que se cierne sobre ella no se
materialice.

70. Entre esos derechos, se encuentra el de la seguridad personal, como una faceta del
derecho fundamental a la vida, «el cual adquiere especial relevancia cuando es invocado
por sujetos que, con ocasión de su actividad social o de su pertenencia a ciertos grupos
vulnerables, están sometidos a riesgos desproporcionados, como es el caso de
defensores de derechos humanos, minorías étnicas, líderes de oposición y/o minorías
políticas»32.

71. Ahora, dentro de los deberes del Estado frente a la protección de la población en
cuestión, la Corte Constitucional33 ha señalado los siguientes:

Identificar el riesgo extraordinario al cual una persona, familia o grupo de personas
están sometidos. Adicionalmente, debe advertir oportuna y claramente a los
afectados el riesgo identificado. Esta obligación implica que no siempre es necesario
que la protección sea solicitada por el interesado. Valorar, con base en un estudio
detallado de cada situación, la existencia, las características y el origen o fuente del

32 Corte Constitucional, sentencia de unificación 426 de 2023.
33 Sentencia T-719 de 2003. Estas obligaciones fueron reiteradas en las Sentencias T-750 de 2011, T-411

de 2018, T-199 de 2019 y T-388 de 2019.

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riesgo identificado. Definir oportunamente las medidas y medios de protección
específicos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario
identificado se materialice. Adoptar medidas con enfoque diferencial, cuando se
trate de, entre otros, líderes sindicales, líderes campesinos y comunitarios, líderes
indígenas y afrodescendientes y, en general, defensores de derechos
humanos. Asignar los medios y medidas de protección de manera oportuna y en
forma ajustada a las circunstancias de cada caso. De tal manera que la medida sea
eficaz. Evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario y tomar las
decisiones correspondientes para responder a dicha evolución. Actuar de forma
efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo extraordinario y adoptar
acciones específicas para mitigarlo o aminorar sus efectos. Prohibir que la
administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las
personas en razón de sus circunstancias. De producirse el riesgo, por parte de la
administración, se debe amparar a los afectados. (Énfasis original).

72. Asimismo, el alto tribunal constitucional34 estableció una escala de riesgos, tomando
en cuenta los niveles de tolerancia jurídica del riesgo por los ciudadanos en virtud del
principio de igualdad ante las cargas públicas y de los títulos jurídicos con fundamento
en los cuales se puede invocar la intervención protectora de las autoridades. Entonces,
reconoció cinco niveles de riesgo: (i) mínimo; (ii) ordinario; (iii) extraordinario; (iv)
extremo; y (v) consumado.

73. Igualmente, la Corte35 estipuló unos factores objetivos y subjetivos que deben ser
tenidos en cuenta por la Unidad Nacional de Protección al momento de decidir si hay
lugar a la protección especial: (i) la amenaza debe ser real; (ii) la amenaza debe ser
individualizable; (iii) se deben identificar las características específicas del amenazado;
(iv) se debe analizar el entorno en el que se presentan las amenazas; y (v) la inminencia
del peligro.

74. Expuesto lo anterior, también con el propósito de determinar si los derechos
fundamentales del accionante fueron vulnerados a causa de la negación de medidas de
protección por parte de la UNP, se tendrá en cuenta la motivación de la Resolución
DGRP 000205 de 2025 —ya aludida—, en la cual se indicó lo siguiente36:

(…) [E]l presente caso corresponde a la evaluación de riesgo por primera vez,
realizada al (a la) señor(a) ANDERSON GIL CASTRO identificado(a) con cédula de
ciudadanía No.79954658, en su condición poblacional de Dirigentes, representantes
o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas,
sociales, cívicas, comunales o campesinas, la cual ostenta por ser, juez de
reconsideración para el periodo 2022-2027 en Bogotá. Condición poblacional que fue
verificada a lo largo del proceso surtido por parte del Cuerpo Técnico de Análisis de
Riesgo – CTAR, cumpliendo de esta forma con el criterio poblacional expuesto en el
numeral Numeral 2 artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015, adicionado y
modificado.

(…) [En] la evaluación de riesgo, se entrevistó al señor ANDERSON GIL CASTRO,
a quien se le indagó sobre los hechos que afectan sus derechos a la seguridad e

34 Sentencia de unificación 426 de 2023.
35 Sentencia T-1026 de 2022.
36 Samai, índice 24, archivo: 36RECIBEMEMORIAL_Memorial_resolucionUNPconsejo(.pdf) NroActua 24.

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integridad personal[,] para lo cual indicó que es juez de reconsideración desde el año
2022, por un periodo de cinco (5) años, sin embargo, indicó que desde el año 2009,
viene actuando como juez de reconsideración (…) de igual manera, el evaluado
indicó que desde el año 2012, les ampliaron las competencias a los jueces de
reconsideración para realizar diligencias de entrega de bienes y añadió que en
muchos casos las alcaldías locales les remiten los casos a los jueces de paz,
adicionalmente, el evaluado indicó que, desde el 29 de junio de 2024, recibió la
primera amenaza de alias la [M]ona del barrio Santa fe en la localidad de Mártires, la
cual fue de manera verbal y por mensaje vía WhatsApp en donde le indicó que se
debía reunir con ella o de lo contrario le iba a tocar recogerlo con los del Santa fe,
por lo que, el 09/07/2024, el evaluado se reunió con ella en el centro comercial Mall
Plaza, en donde le indicó que no restituyera el predio donde funciona una casa de
prostitución y que no se metiera, a lo cual, el evaluado manifestó que, él pretendía
remitir el caso a la fiscalía especializada en extinción de dominio, del mismo modo,
el valorado refirió que, le indicó que, si no lo hacía le tocaría recogerlo, lo cual el
evaluado explicó que era secuestrarlo. De igual manera, el evaluado manifestó que,
todavía tiene el expediente y no ha actuado por miedo a las represalias, así mismo,
el evaluado indicó que, el 24/07/2024, lo llamó alias la [M]ona (…) así mismo, el
precitado manifestó que, desde esa fecha no se ha vuelto a comunicar con alias la
[M]ona. Finalmente, el valorado refirió que, desde el 13/08/2024, lo han estado
extorsionando y que le estaban pidiendo 70 millones y posteriormente lo bajaron a
30 millones y que a la esposa del evaluado la amenazaron de muerte si el precitado
no pagaba. En ampliación de la entrevista, el 05/11/24, el valorado señaló que
continúan las amenazas por las diligencias de restitución de bienes remitidas por la
Alcaldía de Mártires y los jueces civiles.

(…) [E]n consulta del aplicativo para el Sistema Penal Oral Acusatorio – SPOA de la
Fiscalía General de la Nación, registra un proceso por extorsión del año 2024, sin
embargo, no registra denuncias por el delito de amenaza, la Policía Local de San
Cristóbal, refirió que las amenazas se encuentran en verificación (…), sin embargo,
no se conoce amenazas contra jueces de reconsideración en la localidad, ni han
recibido reporte de amenazas de la Fiscalía General de la Nación, (…) solicitó inicio
del Estudio de Nivel de Riesgo al evaluado, quien mencionó hostigamientos, así
mismo, señaló que esa situación podría presentarse en razón a sus actividades como
juez de paz y su visibilidad en la localidad, donde ha realizado procesos por
comisiones para desalojos de espacios públicos, que generalmente son apropiados
por presuntos grupos de microtráfico (…).

(…) [L]a Alcaldía de Mártires manifestó que no tiene conocimiento de amenazas, de
igual manera, señaló que a la fecha no tienen conocimiento de amenazas contra
jueces de reconsideración, así mismo, indicó que, el evaluado no lleva, ni adelanta
procesos de restitución, ni entrega de bienes por solicitud de la Alcaldía Local, toda
vez que, dichos trámites se adelantan previa orden judicial en el cual se comisiona al
alcalde local (…).

(…) [S]e valor[aron] los entornos y los desplazamientos que frecuenta en el
contexto de orden público que registra Bogotá en donde se tiene identificada la
presencia de Grupos armados Organizados y Grupos Delincuenciales Organizados
y nueve (9) estructuras y que eventualmente su accionar es hacia la fuerza pública
y no de forma directa hacia el citado[.]

(…) [E]l cotejo integral [de] los elementos de información obtenidos en el marco de la
respectiva evaluación frente a las diferentes entrevistas, el trabajo de campo, los
elementos de información proporcionados por los organismos de seguridad e
inteligencia del Estado permiten establecer por lo anteriormente descrito, en el

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presente estudio no se evidenció un riesgo excepcional, individual, presente e
importante que esté afectando los derechos fundamentales a la vida, seguridad e
integridad del valorado, toda vez que no existen elementos objetivos que permitan
soportar una amenaza real en su contra derivada por su condición poblacional,
puesto que el valorado manifestó que su riesgo se derivó por las diligencias de
restitución de bienes remitidas por la Alcaldía de Mártires, sin embargo, la alcaldía
manifestó que no ha remitido dichos trámites (…).

(…) [E]l caso del ( de la) señor(a) ANDERSON GIL CASTRO identificado(a) con
cédula de ciudadanía No.79954658, fue presentado ante el Comité de Evaluación del
Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM, en sesión del 13/12/2024.

(…) [E]l citado cuerpo colegiado en virtud [de] lo dispuesto en el numeral 2º. del
artículo 2.4.1.2.38. de la norma pluricitada, validó el nivel del riesgo del (de la)
señor(a) ANDERSON GIL CASTRO, como ORDINARIO. (Énfasis añadido).

75. De entrada, lo expuesto evidencia que la decisión de la UNP no se sustentó en una
simple consideración sobre la ajenidad del señor Gil Castro a cualquier grupo armado al
margen de la ley, como se afirmó en la demanda de tutela. En cambio, demuestra que
dicha decisión partió de los hechos expuestos por el interesado y que tuvo en cuenta los
siguientes aspectos: primero, su condición de juez de paz; segundo, la información
registrada en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio y aquella remitida por
la Policía Nacional y la alcaldía local de Los Mártires; tercero, el ámbito de operación de
los grupos armados organizados y delincuenciales en Bogotá; y cuarto, el concepto del
CERREM —órgano especializado de la entidad—.

76. La resolución citada también enseña que, a partir del análisis de los aspectos
señalados, se concluyó que el señor Gil Castro no se encontraba en un riesgo
excepcional, derivado de una amenaza real por su condición de juez de paz.

77. En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que la decisión de la UNP se ajustó a los
criterios fijados por la Corte Constitucional —expuestos en precedencia—, en tanto se
sustentó en la identificación de las características específicas del solicitante —su
condición de juez de paz—, en el análisis de su entorno —el ámbito de operación de los
grupos armados organizados y delincuenciales en Bogotá— y en la ausencia de una
amenaza real en su contra, derivada del ejercicio de funciones jurisdiccionales.

78. Ahora, el accionante cuestionó tal decisión bajo el único argumento de su ajenidad a
«grupos desertores, integrantes del [ELN] o proceso de paz» —ya descartado—, y con
fundamento en la afirmación de haber sufrido amenazas y un atentado por haber
participado, como juez de paz, en diligencias de restitución de inmuebles en la ciudad de
Bogotá.

79. Al respecto, se advierte que el señor Gil Castro no expuso ni probó las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de la amenaza y el atentado aludidos. Así, la simple afirmación
sobre su ocurrencia no permite inferir que la UNP haya valorado indebidamente el nivel
de riesgo de aquel ni que haya incurrido en algún vicio al proferir su decisión.

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80. Es importante indicar que, en otros casos37, esta Subsección ha ordenado una
reevaluación del riesgo a la UNP, en atención a la concreción de circunstancias
adicionales y posteriores a la valoración inicial. Sin embargo, en el presente asunto, el
accionante no describió ni acreditó ninguna situación concreta y distinta a la evaluada
por dicha entidad, de la cual se infiera que él o su familia se encuentran en una situación
que demande la intervención urgente e inmediata del juez de tutela para que la autoridad
aludida efectúe un nuevo análisis.

81. Se resalta que, de todos modos, el señor Gil Castro puede solicitar la reevaluación
de su nivel de riesgo ante la UNP, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2° del
artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 201538.

82. Con fundamento en lo explicado, la Sala no encuentra que los derechos
fundamentales del accionante hayan sido vulnerados con ocasión de la negativa de la
UNP a otorgarle medidas de protección, ni que deba ordenarse su adopción. En
consecuencia, esa específica pretensión de amparo será denegada.

83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela del señor Anderson Gil Castro, en
relación con las pretensiones de adopción de medidas de protección en favor de jueces
de paz y otros particulares que imparten justicia y aquellas dirigidas a cuestionar o a dejar
sin efectos el Decreto 216 de 2021 (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes
Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal) y de la Resolución 971 del mismo
año (por medio de la cual se implementó dicho estatuto), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

SEGUNDO. Negar el amparo solicitado, en lo que concierne a las medidas de protección
solicitadas por el señor Anderson Gil Castro ante la UNP, según las razones aquí
anotadas.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

37 Sentencia de tutela del 6 de diciembre de 2024, proferida en el proceso 11001-03-15-000-2024-04820-

01.
38 En el mencionado parágrafo se dispuso lo siguiente: «[e]l nivel de riesgo de las personas que hacen

parte del Programa de Protección será revaluado una (1) vez al año, o antes, si se presentan nuevos
hechos que puedan generar una variación del riesgo».

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Demandante: Anderson Gil Castro

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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