Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04845-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04845-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04845-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la salud, vida digna,
debido proceso y acceso a la administración de justicia / MORA JUDICIAL –
Circunstancias en las que se configura.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora María Otilia Bello de Albornoz, actuando a través de apoderado, en
contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 10 de septiembre de 2024 la parte accionante presentó acción de tutela en
contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
salud, vida digna, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El 6 de julio de 2000 la parte accionante presentó acción de reparación directa en
contra del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU con el objeto que se le declarara
patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios causados con
ocasión de “la ocupación permanente por trabajos públicos de una franja de terreno
de propiedad de la demandante de 7.970 mts2 o de los que resulten probados, que
dicho instituto utilizó para la construcción de la avenida Ciudad de Cali n. ° 7d – 35
con registro catastral no. FBR 9069 y folio de matrícula inmobiliaria 050S.598334
1 Que ingresó para fallo el 23 de septiembre de 2024.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santafe de Bogotá, D.C. zona
sur”.
3. El proceso correspondió a la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 29 de
diciembre de 2004, declaró probadas las excepciones de “inepta demanda por
ausencia de elementos que estructuran la responsabilidad” y “contrato no cumplido”
y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
4. Contra dicha decisión la parte demandante interpuso apelación; recurso que
correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que,
a través de providencia del 29 de agosto de 2014, resolvió:
“Primero.- REVOCAR la sentencia del 29 de diciembre de 2004, por la Sala
de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró probadas las excepciones de “inepta demanda
por ausencia de elementos que estructuran la responsabilidad” y “contrato
no cumplido” y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
Segundo.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.
Tercero.- DECLARAR patrimonialmente responsables al Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- de la ocupación parcial del inmueble de propiedad
de la señora María Otilia Bello de Albornoz con ocasión de la construcción
de la avenida Ciudad de Cali.
Cuarto.- CONDENAR en abstracto al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- a
favor de la señora María Otilia Bello de Albornos por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante en los
términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Este
perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo
previsto en el artículo 178 del C.C.A. y 137 del C.P.C., el cual deberá
promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria
de esta sentencia.}
[…]”.
5. Como consecuencia de lo anterior, la accionante presentó incidente de regulación
de perjuicios, que fue de conocimiento de la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de decisión del 5 de
octubre de 2016, concretó los valores correspondientes.
6. Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación que fue resuelto por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante decisión
del 7 de diciembre de 2023, dispuso:
“PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia del 5 de octubre de 2016 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Subsección C. El numeral segundo de su parte resolutiva, teniendo en
cuenta la actualización de la condena realizada en la parte motiva, quedará
así:
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a lo
ordenado por el Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de
2014, se CONDENA al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a
pagar en favor de la incidentante MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ
a título de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero:
2.1. En modalidad de daño emergente, la suma de tres mil novecientos
ochenta y seis millones quinientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y
cinco pesos ($3.986.521.465).
2.2. En modalidad de lucro cesante, la suma de mil quinientos diecisiete
millones sesenta y siete mil quinientos dieciocho pesos
($1.517.067.518). […]”.
7. En cumplimiento de la orden dictada, el 17 de abril de 2024 el IDU consignó la
suma de $5.503.588.983 a órdenes del despacho de la magistrada María Cristina
Quintero Facundo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de
auto del 4 de junio de 2024, “ordenó obedecer y cumplir por el Consejo de Estado
y dispuso requerir a la contadora de la Sección, para que certificara la existencia de
los depósitos judiciales constituidos dentro del proceso”.
8. El 6 de junio de 2024 la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca informó que, una vez verificada “la base de títulos
de depósito judicial vigente a órdenes de la Sección Tercera de la Corporación en
el Banco Agrario”, se encontró activo y pendiente de pago un título de depósito
judicial por $5.503.588.983.00.
9. El 7 de junio, 10 de julio y 5 de agosto de 2024 el apoderado de la parte accionante
presentó “solicitudes procesales de pago del depósito judicial”, sin que, a la fecha
de la interposición de la acción de tutela de la referencia, la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya efectuado
trámite alguno.
Pretensiones
10. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C – DESPACHO DEL DOCTOR
FERNANDO IREGUI CAMELO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DOCTORA MARÍA CRISTINA QUINTERO FACUNDO el pago del depósito
judicial 400100009291548 de 24 de abril de 2024 consignado por el IDU,
por la suma de CINCO MIL QUINIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($5.503´588.983.oo), en la forma y términos señalados por la señora MARÍA
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
OTILIA BELLO DE ALBORNOZ el 13 de febrero y 15 de mayo de 2024”. (sic
en toda la cita)
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
salud, vida digna, debido proceso, acceso a la administración de justicia y
cumplimiento de las providencias judiciales, presuntamente vulnerados por la falta
de pago del depósito judicial núm. 400100009291548 del 24 de abril de 2024
consignado por el IDU.
12. El apoderado de la señora María Otilia Bello de Albornoz señaló que la
demandante es una persona de la tercera edad que “padece graves quebrantos de
salud” y no cuenta con los recursos económicos para atender su condición médica.
Como fundamento de ello, adjuntó la historia clínica proferida por el Hospital
Universitario Fundación Santa Fe en la que se encuentran los siguientes
diagnósticos: “BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO,
BRADICARDIA – NO ESPECIFICADA, HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA),
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA – NO ESPECIFICADA,
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA”.
13. Sostuvo que “la carencia de recursos para la adquisición de medicamentos y la
atención de procedimientos especializados que requiere la accionante afectan
gravemente sus derechos a la salud y a la vida”, situación que no se justifica, dado
que el dinero necesario para pagar sus tratamientos médicos figura a disposición
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde el 24 de
abril de 2024 y está pendiente de pago.
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto del 3 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado, y a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al IDU como terceros
interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho de defensa.
De igual modo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que interviniera si lo consideraba necesario.
Intervenciones
15. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través del magistrado Fernando Iregui Camelo, solicitó que se
declare improcedente el amparo o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la
acción.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
16. Precisó que desde el 5 de julio de 2024 asumió en encargo del despacho 009
de esa corporación ante la renuncia de la exmagistrada María Cristina Facundo
Quintero y que, pese a ello, el trámite viene siendo impulsado con criterios de
continuidad y razonabilidad, dentro de oportunidades procesales. Asimismo, indicó
que, en razón de las actuaciones adelantadas ante la contadora del Tribunal
accionado, el expediente ingresó a despacho para resolver la solicitud de entrega
del título de depósito judicial hasta el 12 de agosto de 2024.
17. Sin embargo, expuso que, aunque el trámite ha estado sometido a plazos breves
y razonables, “se ha dispuesto imprimir celeridad al asunto de autos, para que
mediante estado del día de hoy, se notifique la providencia que dispone el trámite
subsiguiente para atender la entrega del título reclamado, y por tanto, se anexa
copia de la providencia que será notificada el día de mañana 18 de septiembre de
2024”.
18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio
del consejero Martín Bermúdez Muñoz, manifestó que no participará en la acción
de tutela de la referencia y acatará estrictamente las disposiciones que se adopten
en ella.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
19. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
20. Respecto de la mora judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-052 de
2018, precisó:
“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que
impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos.
[…]
Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho [de acceso a la
administración de justicia], se encuentra incluida la solución célere de los
asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha
determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración
de justicia y la procedencia de la acción de tutela frente a la protección del
adecuado acceso a la administración de justicia en casos donde exista mora
judicial.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017,
entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las
cuales se configura la mora judicial injustificada: ‘(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de una autoridad judicial’2.
[…]
En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra
justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la
jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: ‘(i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o
(iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley’”3.
21. En línea con lo anterior, se ha considerado que el juez de tutela, en cada caso,
debe analizar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y
negligente, pues no toda dilación en emitir un pronunciamiento es constitutiva de
mora judicial y tampoco conllevaría, per se, a una afectación a los derechos
fundamentales de los asociados4.
22. Esto, teniendo en cuenta que existen situaciones que podrían justificar el
retardo, como sería la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el
volumen de trabajo o los estándares de funcionamiento que no están referidos a los
términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del
tipo por el que se demanda la mora5.
23. En el caso concreto, la parte accionante alega que la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una
presunta mora judicial por la falta de pago del depósito judicial núm.
400100009291548 del 24 de abril de 2024, consignado por el IDU dentro del
incidente de regulación de perjuicios radicado núm. 25000-23-26-000-2000-01476-
01.
2 Original de la cita: “Concepto desarrollado por Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007, citado
en la Sentencia T-230 de 2013”.
3 Original de la cita: “Ibídem”.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves García, radicado 2021-06075-00.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
julio de 2019, expediente 54.047.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
24. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que en dicho asunto la autoridad judicial accionada ha adelantado las
siguientes actuaciones:
̶ La señora María Otilia Bello de Albornoz presentó incidente de regulación de
perjuicios en contra del IDU, con el fin de obtener la liquidación de la condena
impuesta por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la sentencia del 29 de agosto de 2014, mediante la cual se declaró
patrimonial y administrativamente responsable a la entidad incidentada por
los perjuicios causados en contra de la accionante.
̶ El asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 5 de
octubre de 2016, accedió parcialmente a la liquidación perseguida.
̶ Contra dicha decisión presentó apelación, recurso que fue fallado por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante
decisión del 7 de diciembre de 2023, dispuso:
“PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia del 5 de octubre de 2016 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C. El numeral segundo de su parte resolutiva, teniendo en cuenta la
actualización de la condena realizada en la parte motiva, quedará así:
(...) SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a lo
ordenado por el Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de 2014, se
CONDENA al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a pagar en favor de la
incidentante MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ a título de perjuicios
materiales las siguientes sumas de dinero:
2.1. En modalidad de daño emergente, la suma de tres mil novecientos ochenta
y seis millones quinientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
($3.986.521.465).
2.2. En modalidad de lucro cesante, la suma de mil quinientos diecisiete
millones sesenta y siete mil quinientos dieciocho pesos ($1.517.067.518)”.
̶ Por medio de auto del 4 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso:
“Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Consejo de Estado, en
providencia adiada siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por la
que se CONFIRMÓ la providencia calendada 5 de octubre de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, mediante la cual se accedió a las pretensiones del
incidente de regulación de perjuicios.
De mediar solicitud de la activa, por Secretaría de esta Subsección, expedir
copias al apoderado de la actora de las sentencias de primera y segunda
instancia que presten mérito ejecutivo, igualmente, por Secretaría de esta
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Subsección DAR cumplimiento a lo dispuesto en los numerales cuarto (4°)
y quinto (5°) de la providencia adiada 5 de octubre de 2016.
Finalmente, REQUERIR a la contadora de la Sección, para que certifique
la existencia de los depósitos judiciales constituidos dentro del proceso
de la referencia, cumplidas las órdenes, deberá ingresar nuevamente al
Despacho para resolver sobre la entrega de los mismos”.
̶ Esta decisión fue notificada a las partes mediante estado del 5 de junio de
2024.
̶ El 6 de junio de 2024 la contadora de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rindió informe y certificó la existencia de un
título de depósito judicial vigente por la suma total de $5.503.588.939.
̶ El 12 de agosto de 2024 el expediente pasó a despacho con solicitud de la
activa de entrega de títulos.
̶ A través de auto del 17 de septiembre de 2024 la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO: Ordenar a través de la Secretaría de esta Sección, el
fraccionamiento y la entrega en favor de la demandante, la señora María
Otilia Bello de Albornoz y del abogado Leopoldo Suárez Carrillo del título
judicial N.4001000092991548, por valor de $5.503.588.939, constituidos por
el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, conforme la parte motiva de esta
providencia.
[…]”.
̶ Como fundamento de su decisión, el Tribunal expuso:
“2.3. En consecuencia, contrastadas las órdenes impartidas por el H. Consejo
de Estado; con la certificación de la Contadora adscrita a esta Sección,
acreditando la existencia de un (1) título de depósito judicial vigente, constituido
por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por la suma total de $5.503.588.939,
y el acto administrativo de cumplimiento de la condena judicial, ello es la
Resolución N.6717 de 2023, proferida también por el demandado, este
despacho procederá a ordenar la entrega de los enunciados títulos
judiciales conforme se deprecó por la activa.
2.3.1. Respecto del título judicial, la Secretaría deberá proceder al
fraccionamiento y la consecuente entrega conforme al contrato de prestación
de servicios profesionales, el cual fue ratificado con memorial obrante en el
índice N.141 del expediente virtual (2.2), en el cual se estableció que, de la
suma total del depósito judicial, deberá hacerse entrega del treinta por ciento
(30%) al abogado Leopoldo Suárez Carrillo y a la demandante, la señora María
Otilia Bello de Albornoz el setenta por ciento (70%) restante, sumas que
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
deberán ser consignadas a las respectivas cuentas bancarias, para lo cual
fueron allegadas las respectivas certificaciones bancarias”.
̶ El auto precitado fue notificado a las partes el 19 de septiembre de 2024
mediante estado.
̶ Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024 la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió copia de la providencia del 17 de
septiembre de 2024 a la Oficina de Contabilidad, ordenándose que
continuara con el trámite de fraccionamiento que dispuso el juez de lo
contencioso administrativo dentro del del incidente de regulación de
perjuicios.
25. De conformidad con las actuaciones previamente descritas, esta Subsección
encuentra que en el presente asunto no se ha incurrido en una mora judicial, toda
vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el fraccionamiento y la
entrega del depósito judicial núm. 001000092991548 en favor de la parte accionante
y de su apoderado, y ha continuado, dentro de un término razonable, con el
procedimiento establecido para el trámite del incidente de regulación de perjuicios.
26. Al respecto, ha dicho la jurisprudencia constitucional6 que la tardanza en la
observancia de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
la autoridad judicial .
27. Sobre ello, jurisprudencialmente7 se han establecido las circunstancias que dan
lugar a la dilación injustificada, exigiéndose para ello lo siguiente:
i. El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente.
ii. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los
procesos a cargo de la autoridad judicial.
iii. La falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar.
28. Así las cosas, en el presente asunto no estamos en presencia de una mora
judicial, toda vez que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de dicha corporación han
observado debidamente los términos dentro del trámite incidental y, por medio de
auto del 17 de septiembre de 2024, se ordenó el fraccionamiento y la entrega del
6 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018.
Radicación No: 11001-03-15-000-2018-02247-00.
7 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
depósito judicial a la parte demandante y su apoderado; pago que está sujeto al
procedimiento establecido y que, desde el 26 de septiembre de 2024, fue ordenado
del Tribunal accionado.
29. Finalmente, a través de memorial del 25 de septiembre de 2024, la parte
accionante solicitó que se “VINCULE al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA –
DEPÓSITOS JUDICIALES, con el fin de obtener el pago real y concreto que se
ordenó desde el auto de 17 de septiembre de 2024. Han transcurrido 10 días, en
los cuales no se le ha dado cumplimiento a la providencia y, las necesidades
económica (sic) para atender los gastos médicos de la accionante son apremiantes,
la angustia de la señora Otilia y de su familia cada día son mayores”.
30. Frente a esto, para esta Sala dicha solicitud no tiene vocación de prosperidad
por cuanto se basa en un hecho que no fue planteado en el escrito de tutela inicial
y que tuvo lugar con ocasión de actuaciones nuevas adelantadas en el proceso
incidental, el cual aún se encuentra en curso.
31. En este orden de ideas, al no advertirse una vulneración de derechos
fundamentales, esta Sala negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la señora María Otilia Bello de Albornoz, actuando a través de
apoderado, en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la señora María Otilia Bello de Albornoz, actuando a través de apoderado, en
contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04845-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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