Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05862-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05862-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05862-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la salud y a la
vida / MORA JUDICIAL – Circunstancias en las que se configura.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora María Otilia Bello de Albornoz, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 18 de septiembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la salud y a la vida digna.
Hechos relevantes
2. El 6 de julio del 2000, la señora María Otilia Bello de Albornoz interpuso demanda
en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Instituto de Desarrollo
Urbano (en adelante IDU) con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial y administrativa de la entidad. Esto, con ocasión de los perjuicios
causados por “la ocupación permanente por trabajos públicos de una franja de
terreno de propiedad de la demandante de 7.970 mts 2 o de los que resulten
probados, que dicho instituto utilizó para la construcción de la avenida Ciudad de
Cali n. ° 7d – 35 con registro catastral no. FBR 9069 y folio de matrícula inmobiliaria
050S.598334 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santafe de
Bogotá, D.C. zona sur”2.
1 Que ingresó para fallo el 2 de octubre de 2025.
2 Archivo “014RECIBEPRUEBAS_OneDrive_20250924zip”.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
3. El estudio del proceso correspondió a la Sala de Descongestión de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia
del 29 de diciembre de 2004, (i) declaró probadas las excepciones de “inepta
demanda por ausencia de elementos que estructuran la responsabilidad” y “contrato
no cumplido” y, en consecuencia, (ii) negó las pretensiones de la acción.
4. La parte demandante apeló la decisión precitada, recurso que correspondió a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, a través de
providencia del 29 de agosto de 2014, resolvió:
“Primero.- REVOCAR la sentencia del 29 de diciembre de 2004, por la Sala
de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró probadas las excepciones de “inepta demanda
por ausencia de elementos que estructuran la responsabilidad” y “contrato
no cumplido” y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
Segundo.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.
Tercero.- DECLARAR patrimonialmente responsables al Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- de la ocupación parcial del inmueble de propiedad
de la señora María Otilia Bello de Albornoz con ocasión de la construcción
de la avenida Ciudad de Cali.
Cuarto.- CONDENAR en abstracto al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- a
favor de la señora María Otilia Bello de Albornos por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante en los
términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. Este
perjuicio deberá liquidarse mediante trámite incidental de acuerdo a lo
previsto en el artículo 178 del C.C.A. y 137 del C.P.C., el cual deberá
promoverse por el interesado dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria
de esta sentencia. […]”3.
5. Debido a que la condena se dictó en abstracto, la parte actora, mediante escritos
del 14 y 27 de enero de 2015, promovió incidente de regulación de perjuicios y
solicitó la práctica de un dictamen pericial para calcular el daño emergente y el lucro
cesante ordenado en la sentencia condenatoria.
6. El asunto fue estudiado por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, a través de sentencia del 5 de octubre de
2016, accedió parcialmente a las pretensiones del incidente, fijándose el daño
emergente en la suma de $2.705.984.742 y el lucro cesante en $1.029.760.304,010.
7. Dicha decisión fue objeto de recurso de alzada, el cual fue fallado por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante decisión
del 7 de diciembre de 2023, dispuso:
“PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia del 5 de octubre de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C. El numeral segundo de su parte resolutiva, teniendo en
cuenta la actualización de la condena realizada en la parte motiva, quedará
así:
3 Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 29 de agosto de 2014.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a lo
ordenado por el Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de 2014,
se CONDENA al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a pagar en favor
de la incidentante MARÍA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ a título de
perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero:
2.1. En modalidad de daño emergente, la suma de tres mil novecientos
ochenta y seis millones quinientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y cinco
pesos ($3.986.521.465).
2.2. En modalidad de lucro cesante, la suma de mil quinientos diecisiete
millones sesenta y siete mil quinientos dieciocho pesos ($1.517.067.518).
[…]”.
8. El 17 de abril de 2024, el IDU consignó la suma de $5.503.588.983 a órdenes de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por medio de auto
del 4 de junio de 2024, la autoridad judicial “ordenó obedecer y cumplir por el
Consejo de Estado y dispuso requerir a la contadora de la Sección, para que
certificara la existencia de los depósitos judiciales constituidos dentro del proceso”4.
9. El 6 de junio de 2024, la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca informó que, una vez verificada la base de títulos
de depósito judicial vigente a órdenes de la Sección Tercera de la Corporación en
el Banco Agrario, se encontró activo y pendiente de pago un título de depósito
judicial por $5.503.588.983.
10. El 7 de junio, 10 de julio y 5 de agosto de 2024, el apoderado de la parte
accionante presentó “solicitudes procesales de pago del depósito judicial”.
11. Por medio de auto del 17 de septiembre de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió:
“PRIMERO: Ordenar a través de la Secretaría de esta Sección, el
fraccionamiento y la entrega en favor de la demandante, la señora María
Otilia Bello de Albornoz y del abogado Leopoldo Suárez Carrillo del título
judicial N.4001000092991548, por valor de $5.503.588.939, constituidos por
el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, conforme la parte motiva de esta
providencia. […]”5.
12. Respecto del título judicial, la autoridad judicial dispuso que la Secretaría de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debería proceder al
fraccionamiento y la consecuente entrega conforme al contrato de prestación de
servicios profesionales, en el cual se estableció que, de la suma total del depósito
judicial, debería pagarse el 30% al abogado Leopoldo Suárez Carrillo y el 70%
restante a la señora María Otilia Bello de Albornoz, sumas que serían consignadas
a las respectivas cuentas bancarias certificadas.
13. El 21 de octubre de 2024, los depósitos judiciales fueron pagados a la parte
accionante, de acuerdo con los Oficios núms. 102 y 103 suscritos por la señora
María Otilia Bello de Albornoz, su apoderado, el magistrado ponente de la decisión
4 Auto del 4 de junio de 2024. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera.
5 Folio 3 del auto del 17 de septiembre de 2024. Archivo “23_AUTODETRAMITE
_25000232600020000147_0_20240917105946131”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
del 17 de septiembre de 2024 y la secretaria de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
14. Posteriormente, el 7 de marzo de 2025, el IDU informó al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca del pago ordenado mediante la Resolución núm. 1571 de 2024,
correspondiente a la suma de $212.971.725, por concepto de los intereses
causados por la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa.
15. El 25 de marzo, el 7 y el 22 de abril de 2025, el apoderado de la accionante
presentó memoriales en los cuales ratificó el poder conferido y autorizó el pago del
depósito judicial.
16. El 16 de junio de 2025, la actora solicitó librar mandamiento de pago ejecutivo y
medidas cautelares, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la
sentencia del 7 de diciembre de 2023, dictada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
17. Asimismo, por medio de memoriales del 19 de agosto y 18 de septiembre de
2025, solicitó al Tribunal que “se pronuncie sobre la solicitud de pago del título
judicial consignado por la demandada que le comunicó al Tribunal el 2025-03-07
que registra en el índice 00167 del aplicativo SAMAI. II) Se pronuncie sobre solicitud
para que se digne librar mandamiento ejecutivo que obra en el índice 00172 de 16-
06-2025 del aplicativo SAMAI. III) En el mandamiento ejecutivo se incluyan, liquiden
y paguen los demás intereses moratorios de acuerdo con el numeral 5° de la
sentencia del Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, en segunda
instancia de 29 de agosto de 2014 y los que se sigan causando hasta la fecha en
que se efectúe el pago total de la obligación. (Art. 177 inciso 6 del Decreto 01 de
1984)”6.
18. Según la parte accionante, a la fecha de la presentación de la acción de tutela
de la referencia, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca no ha efectuado trámite alguno, pese a que el expediente se
encuentra a despacho desde el 6 de mayo de 2025.
Pretensiones
19. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - DESPACHO DEL DOCTOR ANDREW JULIAN
MARTINEZ MARTINEZ:
i) EL PAGO DEL DEPÓSITO JUDICIAL CONSIGNADO POR EL IDU,
COMUNICADO AL TRIBUNAL EL 2025-03-07 (ÍNDICE 00167
APLICATIVO SAMAI), en la forma y términos señalados por la señora
MARIA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ visible en el aplicativo Samai
en el índice 00168.
6 Folio 6 del escrito de tutela.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
ii) LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO RADICADO EL 16 DE JUNIO DE
2025 (ÍNDICE 00172 APLICATIVO SAMAI)
iii) EN EL MANDAMIENTO EJECUTIVO SE INCLUYAN, LIQUIDEN Y
PAGUEN LOS DEMÁS INTERESES MORATORIOS DE ACUERDO CON
EL NUMERAL 5° DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B, EN SEGUNDA INSTANCIA DE 29
DE AGOSTO DE 2014 Y LOS QUE SE SIGAN CAUSANDO HASTA LA
FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.
(ART. 177 INCISO 6 DEL DECRETO 01 DE 1984)”7.
Fundamentos de la demanda de tutela
20. La parte demandante sostiene que no tiene los suficientes recursos económicos
para atender su grave estado de salud, pese a que el dinero que le corresponde “se
encuentra a disposición de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desde 4 de octubre de 2024, comunicados al Despacho el 7 de
marzo de 2025. Como tampoco ha librado el mandamiento ejecutivo radicado el 16
de junio de 2025, con los intereses moratorios que se sigan causando hasta la fecha
en que se efectúe el pago total de la obligación”8.
21. Afirma que es una persona de la tercera edad que padece graves quebrantos
de salud y carece de recursos para la adquisición de medicamentos y para acceder
a procedimientos especializados, lo cual afecta gravemente sus derechos a la salud
y a la vida. De igual modo, sostiene que “colateralmente sus hijos, nietos y grupo
familiar están supremamente afectados al observar el estado de salud de su ser
querido y necesitan de los recursos económicos para atender las necesidades”9.
Trámite procesal
22. Mediante auto del 22 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionado y a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro
del proceso de reparación directa con radicado número 25000-23-26-000-2000-
01476-00/01/02 en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, para
que rindieran informe.
23. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado Diego Enrique Franco Victoria, sostuvo que en el presente trámite
constitucional no se imputa a esta Corporación violación o desconocimiento alguno
7 Folio 16 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
8 Folio 7 ibid.
9 Ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
de los derechos fundamentales de la parte accionante. Esto, en razón a que la
inconformidad surge por la falta de decisión de las solicitudes efectuadas ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual es una actuación de su exclusiva
competencia y, en consecuencia, del todo ajena al Consejo de Estado.
25. El IDU señaló que para la entidad el proceso de reparación directa culminó con
la realización del depósito judicial a nombre del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para el respectivo pago de la sentencia condenatoria, por lo que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno de la actora. Por lo anterior, solicitó que
se nieguen las pretensiones de la demanda.
26. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que el escrito contentivo de la solicitud de entrega de título
judicial fue radicada el 22 de marzo de 2025, petición reiterada el 7 y 22 de mayo
del año en curso y el asunto ingresó al despacho para resolver el 6 de mayo de los
corrientes, donde se encuentra en trámite prioritario para darle celeridad atendiendo
la naturaleza del asunto, sin que ello se pueda considerar como negligencia o mora
judicial que conculque los derechos fundamentales de los administrados.
27. Adicional a ello, aclaró que, con auto del 17 de septiembre de 2024, se ordenó,
a través de la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el fraccionamiento y la entrega en favor de la demandante, la señora
María Otilia Bello de Albornoz y del abogado Leopoldo Suárez Carrillo del título
judicial núm. 4001000092991548, por valor de $5.503.588.939, constituidos por el
IDU, orden fue cumplida en efecto entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre de
2024 con la entrega del depósito a las partes.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
29. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una mora judicial
con la falta de entrega del depósito judicial del 4 de octubre de 2024, consignado
por el IDU, y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la salud y a la vida digna
de la parte accionante?
30. Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar el caso
concreto y la Sala se remitirá a algunas consideraciones previamente señaladas por
esta misma Subsección en la sentencia del 11 de octubre de 2024, proferida dentro
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
del proceso de tutela radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04845-00. En esa
ocasión, la señora María Otilia Bello de Albornoz también interpuso acción
constitucional contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por la presunta mora judicial en el fraccionamiento
y la entrega de otro depósito judicial, el núm. 4001000092991548 del 24 de abril de
2024, en favor de la parte accionante y de su apoderado.
Caso concreto
31. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
32. Respecto de la mora judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-052 de
2018, precisó:
“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que
impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos. […]
Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho [de acceso a la
administración de justicia], se encuentra incluida la solución célere de los
asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha
determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración
de justicia y la procedencia de la acción de tutela frente a la protección del
adecuado acceso a la administración de justicia en casos donde exista mora
judicial.
Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017,
entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las
cuales se configura la mora judicial injustificada: ‘(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por
parte de una autoridad judicial’10. […]
En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra
justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la
jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: ‘(i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o
(iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”11.
10 Original de la cita: “Concepto desarrollado por Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007, citado
en la Sentencia T-230 de 2013”.
11 Original de la cita: “Ibídem”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
33. En línea con lo anterior, se ha considerado que el juez de tutela, en cada caso,
debe analizar si la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y
negligente, pues no toda dilación en emitir un pronunciamiento es constitutiva de
mora judicial y tampoco conllevaría, per se, a una afectación a los derechos
fundamentales de los asociados12.
34. Esto, teniendo en cuenta que existen situaciones que podrían justificar el
retardo, como sería la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, el
volumen de trabajo o los estándares de funcionamiento que no están referidos a los
términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del
tipo por el que se demanda la mora13.
35. En el caso concreto, la parte accionante alega que la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una
presunta mora judicial por la falta de trámite del depósito judicial del 4 de octubre de
2024, a través de la cual el IDU reconoció y ordenó el pago de $212.971.725, en
favor de la señora María Otilia Bello de Albornoz, por concepto de intereses
causados por la condena impuesta dentro del proceso con radicado núm. 25000-
23-26-000-2000-01476-02.
36. Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se
advierte que en dicho asunto la autoridad judicial accionada ha adelantado las
siguientes actuaciones:
̶ La señora María Otilia Bello de Albornoz presentó incidente de regulación de
perjuicios en contra del IDU, con el fin de obtener la liquidación de la condena
impuesta por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la sentencia del 29 de agosto de 2014, mediante la cual se declaró
patrimonial y administrativamente responsable a la entidad incidentada por
los perjuicios causados en contra de la accionante.
̶ El asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 5 de
octubre de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones.
̶ Contra dicha decisión presentó apelación, recurso que fue fallado por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante
decisión del 7 de diciembre de 2023, dispuso:
“PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia del 5 de octubre de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C. El numeral segundo de su parte resolutiva,
teniendo en cuenta la actualización de la condena realizada en la parte
motiva, quedará así:
(...) SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y en cumplimiento a
lo ordenado por el Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves García, radicado 2021-06075-00.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
julio de 2019, expediente 54.047.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
2014, se CONDENA al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO a
pagar en favor de la incidentante MARÍA OTILIA BELLO DE
ALBORNOZ a título de perjuicios materiales las siguientes sumas de
dinero:
2.1. En modalidad de daño emergente, la suma de tres mil novecientos
ochenta y seis millones quinientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y
cinco pesos ($3.986.521.465).
2.2. En modalidad de lucro cesante, la suma de mil quinientos diecisiete
millones sesenta y siete mil quinientos dieciocho pesos
($1.517.067.518)”.
̶ Por medio de auto del 4 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso:
“Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Consejo de Estado, en
providencia adiada siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023),
por la que se CONFIRMÓ la providencia calendada 5 de octubre
de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual
se accedió a las pretensiones del incidente de regulación de perjuicios.
De mediar solicitud de la activa, por Secretaría de esta Subsección,
expedir copias al apoderado de la actora de las sentencias de primera
y segunda instancia que presten mérito ejecutivo, igualmente, por
Secretaría de esta Subsección DAR cumplimiento a lo dispuesto
en los numerales cuarto (4°) y quinto (5°) de la providencia adiada
5 de octubre de 2016.
Finalmente, REQUERIR a la contadora de la Sección, para que
certifique la existencia de los depósitos judiciales constituidos dentro
del proceso de la referencia, cumplidas la ordenes, deberá ingresar
nuevamente al Despacho para resolver sobre la entrega de los
mismos”.
̶ Esta decisión fue notificada a las partes mediante estado del 5 de junio de
2024.
̶ El 6 de junio de 2024, la contadora de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rindió informe y certificó la existencia de un
título de depósito judicial vigente por la suma total de $5.503.588.939.
̶ El 12 de agosto de 2024, el expediente pasó a despacho con solicitud de la
activa de entrega de títulos.
̶ A través de auto del 17 de septiembre de 2024. la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:
“PRIMERO: Ordenar a través de la Secretaría de esta Sección, el
fraccionamiento y la entrega en favor de la demandante, la señora
María Otilia Bello de Albornoz y del abogado Leopoldo Suárez
Carrillo del título judicial N.4001000092991548, por valor de
$5.503.588.939, constituidos por el Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU, conforme la parte motiva de esta providencia. […]”.
̶ Como fundamento de su decisión, el Tribunal expuso:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
“2.3. En consecuencia, contrastadas las ordenes impartidas por el H.
Consejo de Estado; con la certificación de la Contadora adscrita a
esta Sección, acreditando la existencia de un (1) título de depósito
judicial vigente, constituido por el Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU, por la suma total de $5.503.588.939, y el acto administrativo de
cumplimiento de la condena judicial, ello es la Resolución N.6717 de
2023, proferida también por el demandado, este despacho
procederá a ordenar la entrega de los enunciados títulos
judiciales conforme se deprecó por la activa.
2.3.1. Respecto del título judicial, la Secretaría deberá proceder al
fraccionamiento y la consecuente entrega conforme al contrato de
prestación de servicios profesionales, el cual fue ratificado con
memorial obrante en el índice N.141 del expediente virtual (2.2), en
el cual se estableció que, de la suma total del depósito judicial,
deberá hacerse entrega del treinta por ciento (30%) al abogado
Leopoldo Suárez Carrillo y a la demandante, la señora María Otilia
Bello de Albornoz el setenta por ciento (70%) restante, sumas que
deberán ser consignadas a las respectivas cuentas bancarias, para
lo cual fueron allegadas las respectivas certificaciones bancarias”.
̶ El auto precitado fue notificado a las partes el 19 de septiembre de 2024
mediante estado.
̶ Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024 la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió copia de la providencia del 17 de
septiembre de 2024 a la Oficina de Contabilidad, ordenándole que continuara
con el trámite de fraccionamiento que dispuso el juez de lo contencioso
administrativo dentro del trámite del incidente de regulación de perjuicios.
̶ Mediante Oficio núm. 102 del 21 de octubre de 2024, la Secretaría de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pagó a la
señora María Otilia Bello de Albornoz la suma de $3.852.512.288,10. Trámite
que se hizo a través del depósito núm. 400100009553172.
̶ Asimismo, por medio del Oficio núm. 103 del 21 de octubre de 2024, la
Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pagó al abogado Leopoldo Suárez Carrillo, apoderado de la
parte accionante, la suma de $1.651.076.694,90. Trámite que se hizo a
través del depósito núm. 400100009553173.
̶ Luego de ello, el IDU expidió la Resolución núm. 1571 de 2024, por medio
de la cual ordenó:
“ARTÍCULO PRIMERO. Reconocimiento y orden de pago.
Reconocer y ordenar el pago a favor de la señora MARIA OTILIA
BELLO DE ALBORNOZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
20.930.775 la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
PESOS M/CTE ($212.971.725), por concepto de intereses causados
por la condena impuesta dentro del proceso con Rad. No.
2500023260002000147602, por el periodo causado entre el 14 de
diciembre de 2023 y el 22 de abril de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
ARTÍCULO SEGUNDO. Autorización de pago. Autorizar al
Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo del Instituto de Desarrollo
Urbano, para girar la suma indicada en el artículo anterior, a la cuenta
de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia No.
250001027001 a órdenes del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a favor de la señora
MARIA OTILIA BELLO DE ALBORNOZ. […]”14.
̶ El 4 de octubre de 2024 se realizó el depósito judicial al Banco Agrario de
Colombia, transacción que fue aprobada bajo el núm. 743672542.
̶ El 7 de marzo de 2025 el IDU allegó memoriales a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca comunicando el acto administrativo
precitado.
̶ El expediente ingresó a despacho para lo de su cargo el 6 de mayo de 2025,
instancia en la cual el accionante ha presentado los siguientes memoriales:
37. De conformidad con las actuaciones previamente descritas, esta Subsección
encuentra que en el presente asunto no se ha incurrido en una mora judicial, toda
vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tramitado el incidente de
regulación de perjuicios de acuerdo con lo previsto en la ley. Más, si se tiene en
cuenta que los depósitos judiciales correspondientes al pago del lucro cesante y del
daño emergente ordenados en la sentencia que decidió la acción de reparación
directa ya se entregaron a las partes y sólo se encuentra pendiente lo relacionado
con el reconocimiento de los intereses moratorios.
38. Al respecto, ha dicho la jurisprudencia constitucional15 que la tardanza en la
observancia de los términos judiciales constituye una mora judicial injustificada
cuando (i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique
dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de
la autoridad judicial.
39. Sobre ello, jurisprudencialmente16 se han establecido las circunstancias que dan
lugar a la dilación injustificada, exigiéndose para ello lo siguiente:
i. El incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente.
ii. La omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los
procesos a cargo de la autoridad judicial.
14 Folio 10 de la Resolución núm. 1571 de 2024.
15 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018.
Radicación No: 11001-03-15-000-2018-02247-00.
16 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05862-00
Accionante: María Otilia Bello de Albornoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
Referencia: Acción de tutela
iii. La falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar.
40. Así las cosas, como ya lo indicó esta Sala al resolver un asunto similar, en el
presente caso no estamos en presencia de una mora judicial, toda vez que la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Secretaría de dicha corporación han observado debidamente los términos
dentro del trámite incidental y no es posible hablar de una tardanza o dilación
injustificada de los mismos.
41. En este orden de ideas, al no advertirse una vulneración de derechos
fundamentales, esta Sala negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la señora María Otilia Bello de Albornoz, actuando a través de
apoderado, en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la señora María Otilia Bello de Albornoz, actuando a través de apoderado, contra
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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