Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04890-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04890-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04890-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
11 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04890-00
Accionantes: Luz Dary Alvis de Torres y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04890-00.
Accionantes: Luz Dary Alvis de Torres y otros.
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A.
Referencia: Acción de tutela.
Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos de procedencia.
Subtema 2: Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que promovieron Luz Dary
Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis, Mercedes Buitrago Bohórquez y Yolanda
Alvis Buitrago en contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela1
Luz Dary Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis, Mercedes Buitrago Bohórquez y
Yolanda Alvis Buitrago, por conducto de apoderado judicial, presentaron escrito en
procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a
la confianza legítima y al “precedente jurisprudencial”; garantías que consideraron
vulneradas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
ocasión del contenido de la providencia de fecha 1° de marzo de 2024, en curso del
proceso de reparación directa identificado con radicado núm. 19-001-23-33-000-
2013-00690-00/01.
1.2. Hechos probados en el proceso ordinario2
De lo narrado en el escrito de tutela y las pruebas incorporadas en el plenario, la
Sala resume los siguientes:
1.2.1. La parte accionante indicó que el señor William Alvis Torres (q.e.p.d.) estuvo
vinculado al Ejército Nacional en calidad de suboficial, en el Batallón de Alta
Montaña núm. 8, ubicado en el municipio de Toribio, Cauca.
1.2.2. Agregó que, el 10 de octubre de 2011, el suboficial Alvis Torres por orden de
su superior, fue enviado en un vehículo junto con otros compañeros para recoger
víveres en horas de la mañana sin sistema de seguridad.
Luego de varios minutos de trayecto, fueron interceptados por miembros del grupo
subversivo FARC, quienes, con artefactos explosivos, procedieron a asesinarlos.
1.2.3. A partir de ello, el extremo activo promovió el medio de control de reparación
directa, con la pretensión de declaración de responsabilidad por parte del órgano
1 Documento incorporado en el índice 2 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
núm. C1D9547EE7F5ADD4 042931E3F597C052 236FAA9C74FE4897 86E82BF9D04BF8BC.
2 Ibidem.
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demandado a título de falla en el servicio. Como consecuencia de la anterior
declaración, solicitaron el resarcimiento de perjuicios de orden material y moral.
1.2.4. El Tribunal Administrativo del Cauca conoció del proceso en primera
instancia, quien, mediante sentencia del 12 de abril de 2018, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
Consideró que la parte demandada no adoptó las medidas mínimas de seguridad
necesarias para salvaguardar la integridad de los militares al momento en el que
realizaron el desplazamiento. Asimismo, afirmó que las omisiones e irregularidades
al interior de la fuerza, incrementaron de forma injustificada el riesgo al que
normalmente son sometidos los militares con ocasión de la prestación del servicio.
Por lo anterior, ordenó el reconocimiento de perjuicios morales y materiales a favor
del extremo activo.
1.2.5. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional recurrió la anterior
decisión. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció
del proceso en segunda instancia y, a través de fallo del 1° de marzo de 2024,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Manifestó que en el expediente no se incorporaron suficientes elementos
probatorios que permitieran demostrar que el órgano demandado incurrió en
omisiones respecto del desplazamiento que debió realizar la tropa para el
abastecimiento de la unidad. Adicionalmente, indicó que no se probó que el occiso
haya sido sometido a un riesgo excepcional diferente al que normalmente debía
soportar, ni que durante el desarrollo de la actuación se le hubiere obligado a asumir
una carga superior a la implícita, que conllevara al rompimiento del principio de
igualdad respecto de sus compañeros y que, con ocasión de ello, se haya producido
su muerte.
1.2.6. De otro lado, la parte actora puso de presente que, por los mismos hechos,
el grupo familiar del soldado Daniel Alberto Hernández Ariza (q.e.p.d.) – quien se
encontraba en el mismo cantón militar y en la misma operación – presentó demanda
de reparación directa con identidad de pretensiones declarativas y de resarcimiento
de perjuicios. El Tribunal Administrativo del Cauca conoció del proceso en primera
instancia bajo el radicado núm. 19001-23-33-003-2013-00689-003 (sic), quien
declaró responsable administrativamente a la parte demandada y ordenó el pago
de perjuicios de orden material y moral.
1.2.7. Añadió que esta Subsección confirmó la sentencia proferida, bajo el
entendido de que no se probó que el hecho que causó el daño haya sido
imprevisible, dado que, el Ejercito Nacional, con base en labores de inteligencia,
conocía los procedimientos delictivos de las FARC, por lo que, en últimas, la entidad
no fue diligente ni cuidadosa, pues la base militar carecía de personal suficiente,
entrenamiento adecuado, elementos de comunicación y municiones.
1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela.
La parte actora solicitó al juez constitucional: i) amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
defensa, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y al
“precedente jurisprudencial”; ii) dejar sin efectos la providencia adiada del 1° de
marzo de 2024 y, en su lugar, iii) ordenar a la parte accionada que profiera una
3 De la revisión del expediente en el aplicativo Samai, se tiene que, el radicado correcto del medio
de control referenciado corresponde a 19-001-23-33-000-2013-00689-00/01. Presentado por Martha
Luz Hernández Ariza y Yeni Carolina Rojas Hernández contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional.
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nueva providencia que garantice una protección integral.
Como sustento, alegó que la autoridad contra la que se dirige la tutela vulneró su
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al desconocer
el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación S-072 de
2018, entre otras, pues la responsabilidad que se deprecó en el proceso ordinario
se originó al exponer a un riesgo mayor a la víctima, lo que conllevó a su deceso.
De otro lado, manifestó que la parte accionada incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, pues dejó de lado las pruebas que obraban en el
proceso, tales como i) la orden de operaciones núm. 11 “Órbita clave: Satélite a la
orden de operaciones núm. 003 blindado” del 1° de octubre de 2011; ii) el
documento en el que se establecieron las tareas claves para el cumplimiento de
misiones tácticas; así como iii) el proceso disciplinario adelantado contra los
oficiales que ordenaron el desplazamiento de los militares asesinados.
Agregó que la parte accionada incurrió en un error procedimental por exceso de
ritual manifiesto, ya que, al no valorar en debida forma el acervo probatorio, renunció
de manera consciente de la verdad jurídica objetiva evidente, por el extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales.
Además, consideró que la autoridad judicial desconoció los principios de igualdad y
seguridad jurídica, pues por los mismos hechos y pruebas se tramitó un proceso de
reparación directa que fue de conocimiento en segunda instancia por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta corporación, quien finalmente resolvió declarar la
responsabilidad por parte del órgano demandado.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El magistrado ponente, en providencia de 13 de septiembre de 20244, i)
admitió la acción; ii) solicitó a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y al Tribunal Administrativo del Cauca que, quien tenga a su disposición
el expediente ordinario de reparación directa radicado núm. 19001-23-33-000-2013-
00690-00/01, informara al Despacho los nombres y las direcciones de los sujetos
que integran la parte demandante, la parte demandada y terceros dentro del citado
proceso; iii) vinculó, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo del Cauca,
a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a quienes hubieren
participado en el proceso de reparación directa radicado núm. 19001-23-33-000-
2013-00690-01 y que a la fecha no hayan sido vinculados a esta acción
constitucional, de conformidad con el informe solicitado en el numeral segundo; iv)
ordenó la notificación de las partes y vinculados; v) ofició a la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Cauca para
que, quien tuviera a su disposición el expediente de reparación directa bajo el
radicado núm. 19001-23-33-000-2013-00690-01, lo remitiera al presente trámite; vi)
ofició al Tribunal Administrativo del Cauca para que allegara el proceso de
reparación directa bajo el radicado núm. 19001-23-33-000-2013-00689-00; vii)
reconoció personería al abogado Diego Fernando Medina Capote como apoderado
de la parte accionante y viii) suspendió los términos de la acción constitucional.
1.4.2. En cumplimiento del requerimiento efectuado, la Secretaría de la Sección
Tercera del Consejo de Estado5 informó que el expediente con radicado núm.
19001-23-33-000-2013-00690-01, en el que fungieron como demandantes la señora
Luz Dary Alvi de Torres y otros, se remitió al Tribunal Administrativo del Cauca el 8
de abril del presente año.
4 Documento incorporado en el índice 5 del expediente digital de Samai, identificado con certificado
núm. 1A94D629C36F1900 9AAB7AA50233DFD4 85D56CFA2BA187FE 4F7C4E1AC6E423D9.
5 Documento incorporado en el índice 9 del expediente digital de Samai identificado con certificado
núm. E4632B1E2AA6A8DE FA0EB9B4DCA2339B 2A948F727E716BE6 129F342620183328.
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1.4.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 manifestó que, a
partir de la lectura de los argumentos expuestos por la parte accionante, le fue dable
concluir que la discrepancia planteada, obedeció a situaciones de índole legal y
puntos que fueron debatidos en el trámite del proceso ordinario al resolver el recurso
de apelación presentado contra la decisión de primera instancia.
Consideró que, de conformidad con el contenido de la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el proceso con
radicado núm. 17001-23-31-000-1997-08034-01 [20688], “la carga de la prueba
recae sobre quien pretende desvirtuar la presunción del acto administrativo que
demanda y, por consiguiente, es la parte actora la que debe soportar las
consecuencias de su inobservancia”.
Por lo anterior, expuso que, por una parte, al extremo activo le correspondía la carga
de probar la falla alegada en el trámite del proceso ordinario, situación que no logró
demostrar y, por otra, los argumentos que esbozó aquel en el presente trámite
constitucional, no contaron con la suficiente fundamentación, pues no logró
demostrar de manera fehaciente de qué manera la autoridad judicial incurrió en los
defectos mencionados. Por ello, solicitó negar lo pretendido o, en su lugar, declarar
la improcedencia de la acción.
1.4.4. El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado7 solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, toda
vez que el asunto carece de relevancia constitucional, en tanto el fallo cuestionado
se fundó en el estudio del acervo probatorio allegado al expediente, así como en los
lineamientos jurisprudenciales aplicables al caso.
Con relación al defecto fáctico por inadecuada valoración y omisión de las pruebas
correspondientes a: i) la “declaración”8 del teniente coronel Álvaro Londoño Pulgarín
rendida en el proceso disciplinario; ii) el oficio núm. 0087/MDN-CGFM-CE-DIV3-
BR3-CO3-BANJO-CDO-53.1 del 10 de septiembre de 2011 y; iii) la orden de
operaciones núm. 11 “órbita clave: satélite a la orden de operaciones No. 003
“blindado”, explicó que fueron estudiadas en conjunto con las demás aportadas, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y en atención a los siguientes aspectos: i)
la previsibilidad del ataque insurgente bajo la modalidad de emboscada; ii) sobre la
prohibición de los desplazamientos diurnos; iii) sobre la falta de consolidación de la
línea de mando y demás limitaciones tácticas del Batallón de Alta Montaña núm. 8
y iv) sobre la planeación del movimiento táctico administrativo para el
abastecimiento; cosa distinta es que la parte accionante haya manifestado su
inconformidad con la valoración efectuada por la Sala.
Ahora, frente al segundo defecto mencionado, esto es, el desconocimiento del
precedente, expuso que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la
configuración de un “precedente vinculante” tiene unos requerimientos particulares9,
de manera que no todos los casos semejantes pueden reputarse como tales, por lo
que la existencia de otro proceso sobre los mismos hechos no tiene per se dicho
carácter, pues, a lo sumo podría constituir un antecedente, sin que puedan
desconocerse las particularidades probatorias de cada proceso.
6 Documento incorporado en el índice 10 del expediente digital de Samai identificado con certificado
núm. 47F0457F7E428936 D9358B0F61DD497C 09ADE7FFF81805DF AE81836CAFB4E653. /
Actuación visible también en el índice 14.
7 Documento incorporado en el índice 11 del expediente digital de Samai identificado con certificado
núm. 7FF5705541E2CA6F 738D06B5825DA66B 006D9A1AE95B3C36 643932C1823656BC.
8 Como lo manifestó en el escrito de contestación “que en realidad corresponde a la versión libre y
espontánea del mencionado oficial”.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-388 de 2021. En similar sentido, sentencias T- 531 de 2023,
SU-048 de 2022 y SU-149 de 2021.
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Dicho esto, enfatizó en que la existencia de procesos judiciales sobre los mismos
hechos no implican la imposición de una valoración particular de la prueba, debido
a que los jueces cuentan con la garantía de la autonomía funcional para el ejercicio
de su función jurisdiccional; de ahí la viabilidad de que, en el caso de la existencia
de dos procesos adelantados por los mismos hechos, puedan surgir conclusiones
distintas, dado que la realidad probatoria y la valoración que de ella haga, no
necesariamente debe ser la misma.
Finalmente, concluyó que la tutela es un mecanismo de alternativo de protección,
situación que pasó por alto el extremo activo, pues pretendió usarla como una
instancia adicional al proceso ordinario surtido, por lo que, de acceder a su
pretensión, desnaturalizaría la finalidad del amparo constitucional.
1.4.5. El Tribunal Administrativo del Cauca10 aportó los links de los expedientes
digitales de los procesos de reparación directa solicitados, sin embargo, guardó
silencio respecto de los hechos que fundamentaron la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa
2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luz
Dary Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis, Mercedes Buitrago Bohórquez y
Yolanda Alvis Buitrago, puesto que son las titulares de los derechos fundamentales
que afirman fueron vulnerados, dada su condición de demandantes en el medio de
control de reparación directa, adelantado bajo el radicado núm. 19-001-23-33-000-
2013-00690-00/01.
2.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por cuanto actuó como
juez dentro del medio de control mencionado, y fue su actuación a la que la parte
actora atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
2.3. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción; pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
10 Documento incorporado en el índice 13 del expediente digital de Samai, identificado con certificado
núm. 2644B271EB173B90 D412B3E68685DF56 1FB689D4CD660187 968BD3E2DC245705.
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo
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2.3.1. Relevancia constitucional
En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las
que el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende
de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con
relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia
como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto13.
En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela
gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
2.4. Caso concreto
2.4.1. En el asunto bajo estudio, Luz Dary Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis,
Mercedes Buitrago Bohórquez y Yolanda Alvis Buitrago presentaron la solicitud de
amparo de sus garantías fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la defensa, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la
confianza legítima y al “precedente jurisprudencial”, que consideraron vulneradas
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al interior del
proceso iniciado en ejercicio del medio de control de reparación directa con radicado
núm. 19-001-23-33-000-2013-00690-00/01.
El extremo activo expuso, por un lado, que la parte accionada incurrió en un defecto
fáctico, toda vez que no ejerció un análisis adecuado al acervo probatorio
incorporado en el proceso ordinario, pues desconoció el contenido de estas tres
pruebas: i) la declaración del teniente coronel Álvaro Londoño Pulgarín rendida en
el proceso disciplinario; ii) el oficio núm. 0087/MDN-CGFM-CE-DIV3-BR3-CO3-
BANJO-CDO-53.1 del 10 de septiembre de 2011 y; iii) la orden de operaciones núm.
11 “órbita clave: satélite a la orden de operaciones No. 003 “blindado”, así como el
contenido del proceso disciplinario adelantado a los oficiales que dieron la orden
para que se llevara a cabo la operación de abastecimiento.
Asimismo, afirmó que se configuró el desconocimiento del precedente, pues la parte
accionada no tuvo en cuenta el contenido de la sentencia de unificación S-072 de
2018, ya que, en su sentir, la responsabilidad que se deprecó en el proceso ordinario
se originó al exponer a la víctima a un riesgo excepcional, lo que finalmente produjo
a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º
de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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su deceso. Además, consideró que la autoridad judicial desconoció los principios de
igualdad y seguridad jurídica, debido a que por los mismos hechos y pruebas se
tramitó un proceso de reparación directa que fue de conocimiento en segunda
instancia por esta Subsección.
2.4.2. De conformidad con lo anterior y de la lectura del contenido de la providencia
atacada, la Sala considera que los argumentos expuestos por la parte accionante
en este escenario, fueron resueltos en su totalidad en el proceso ordinario. Ello,
porque la autoridad judicial explicó que, de conformidad con el acervo probatorio
contenido en el expediente, en el que se incluyó el estudio de las pruebas que la
parte actora consideró que no habían sido tenidas en cuenta, no se logró demostrar
de manera objetiva que la muerte del suboficial Torres Alvis hubiera ocurrido como
consecuencia de la inobservancia concreta de alguna disposición normativa que
regulara la ejecución de un desplazamiento con el fin de realizar actividades de
abastecimiento de la tropa, ni del incumplimiento de un deber legal específico por
parte de los superiores que dieron la orden.
La parte accionada agregó en la providencia que era pertinente insistir en que los
lamentables sucesos en los que falleció el suboficial Torres Alvis junto a otros
militares, constituyen hechos trágicos que vislumbran las dinámicas en que se
desarrolla la guerra, pero que, en el marco de las pruebas aportadas al proceso,
obedecieron netamente a circunstancias imposibles de prever por el Ejército
Nacional, ante el ataque sorpresivo y deliberado de un grupo armado ilegal y en el
contexto de las limitaciones operativas y tácticas que ofrece la realidad del conflicto
armado no internacional colombiano.
Lo anterior permite inferir que el debate planteado fue analizado por el juez natural
del asunto y no se avizora que la decisión haya sido proferida de manera arbitraria
y sin soporte y análisis de los supuestos fácticos y normativos, o se hayan
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso ordinario.
2.4.3. Ahora, frente al desconocimiento del precedente citado en la solicitud de
amparo presentada, consistente en la omisión de la aplicación al caso concreto el
contenido de la SU-072 de 2018, así como el contenido de la sentencia proferida en
segunda instancia por esta Subsección el 24 de enero de 2024 14, la Sala precisa
que el precedente15 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca
asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las
decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se
constituye en una herramienta de protección de los principios de la confianza
legítima y la buena fe al momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que
existen dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero,
comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el
mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para
la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios
judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas,
son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores”16.
14 En el trámite del proceso ordinario de reparación directa con radicado núm. 19001-23-33-000-
2013-00689-01 [61974].
15 Corte Constitucional, sentencia SU- 113 de 2018.
16 Ibidem.
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Accionantes: Luz Dary Alvis de Torres y otros
Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada, frente a la SU-
072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, corresponde a la postura fijada
en casos en los que sus pretensiones versen en la declaración de responsabilidad
del Estado por casos de privación injusta de la libertad y el precedente judicial fijado
en este tema, el cual dista del que se debate en el presente caso.
Ahora, respecto a la decisión que adoptó esta Subsección, en un caso con identidad
fáctica a la del presente caso, esta atañe a un pronunciamiento judicial, sin que por
el hecho de que verse en los mismos hechos, ello permita concluir que constituye
precedente horizontal con fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia de
unificación. Por tanto, no se puede concluir que estas providencias componen un
precedente en el cual, el juez natural de la causa debió basar su estudio.
Adicionalmente, la Sala destaca que, en el presente caso, es el criterio del juez de
conocimiento el que prevalece, pues es el juez natural del asunto y lo decidido en
la providencia objeto de controversia, lo fue de conformidad con el principio de
autonomía e independencia judicial, lo que impone el respeto por la cosa juzgada.
2.4.4. Cabe precisar que la inconformidad con lo decidido en la providencia no
habilita al juez constitucional a estudiar los cargos y pruebas que la autoridad judicial
contra la que se dirige la acción consideró o no al resolver el asunto. En este sentido,
compete al interesado demostrar, según los requisitos enunciados por la
jurisprudencia constitucional, que la actuación de aquella en el proceso ordinario fue
consecuencia de una afectación al debido proceso, situación que en este caso no
se configura.
2.4.5. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela
formulada por la parte accionante está encaminada a continuar con el debate
normativo y probatorio surtido en el trámite del proceso de reparación directa, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión atacada se
sustenta en el principio de autonomía judicial. Así las cosas, la Sala concluye que
la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por lo
que se torna improcedente.
2.4.6. Así, es preciso recordar que este mecanismo, fue concebido con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
Finalmente, es de indicar que el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de
validez y no de corrección de la decisión cuestionada17, lo que se opone a que use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltas en el curso del
proceso ordinario18.
En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por falta del
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
17 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
18 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04890-00
Accionantes: Luz Dary Alvis de Torres y otros
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luz
Dary Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis, Mercedes Buitrago Bohórquez y
Yolanda Alvis Buitrago en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
LMMT
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