Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2013-00690-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2013-00690-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2013-00690-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 19001-23-33-000-2013-00690-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Responsabilidad del Estado por daños causados a
miembros de la fuerza pública - Muerte de suboficial del Ejército Nacional en emboscada
de grupo armado ilegal / CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE TUTELA T-473/25 - La Corte
Constitucional ordenó dictar un fallo de reemplazo en el presente asunto, para lo cual,
fungiendo como juez natural, concluyó configurada la responsabilidad patrimonial del
Estado por la muerte del Cabo Segundo William Torres Alvis, en cuanto indicó que las
pruebas recaudadas dan cuenta de la existencia de una falla del servicio imputable a la
demandada y del nexo causal con el daño alegado, así como de la inexistencia de una
causal eximente de responsabilidad, análisis que impide a la Subsección realizar una
valoración diferente frente a este aspecto de la controversia / PERJUICIOS MORALES-
Los montos reconocido por el a quo se encuentran acordes con el grado de consanguinidad
que probaron los demandantes respecto de la víctima en los términos fijados por esta
Corporación / LUCRO CESANTE - Aplicación sentencia de unificación sobre procedencia
de la acumulación de la indemnización del lucro cesante con el reconocimiento de la
pensión de invalidez en el caso de los miembros voluntarios y profesionales de la Fuerza
Pública.
En cumplimiento de la sentencia de tutela T-473/25 proferida por la Corte
Constitucional, procede la Sala a decidir nuevamente el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Se demanda la reparación de los daños causados por la muerte de un Suboficial
del Ejército, mientras realizaba un desplazamiento con fines de abastecimiento del
Batallón de Alta Montaña No. 8.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.
Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 12 de abril
de 2018, mediante la cual se decidió la demanda1 presentada por las señoras Luz
Dary Alvis de Torres (madre), Ana Milena Torres Alvis (hermana), Mercedes
Buitrago Bohórquez (abuela) y Yolanda Alvis Buitrago (tía), contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
2.
Las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre los que el Tribunal
se pronunció, se resumen, así:
1 Radicada el 3 de diciembre de 2013. Folios 15 a 28 cuaderno 1.
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Pretensiones
3.
Solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la entidad
demandada por la muerte del Cabo Segundo William Torres Alvis. A título de
indemnización, pidieron el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante, perjuicios morales, y daño a la vida en relación2.
Hechos
4.
El señor William Torres Alvis era suboficial del Ejército Nacional y prestaba su
servicio en el municipio de Guachené, Cauca. El 10 de octubre de 2011 sus
superiores lo enviaron junto con otros efectivos a recoger víveres, momento en el
cual fueron víctimas de una emboscada por parte de miembros de un grupo armado
al margen de la ley que causó la explosión del vehículo ABIR en el que se
transportaban, causándole la muerte a todos los pasajeros.
5.
Con ocasión de estos hechos, la Fiscalía 5° Especializada de Popayán inició una
investigación penal. La Oficina de Control Disciplinario de la Tercera Brigada del
Ejército Nacional abrió investigación disciplinaria en contra de los superiores del
cabo Torres Alvis, la cual concluyó con el archivo definitivo.
Fundamentos de derecho
6.
A juicio de la parte actora se configuró una falla del servicio, pues el suboficial
Torres Alvis falleció por la falta de planeación para la ejecución de la actividad de
abastecimiento y fue sometido a una situación de riesgo excesivo, en tanto tuvo
que cumplir un desplazamiento a plena luz del día y sin ningún sistema de
seguridad en una región en la que era un hecho notorio los recurrentes
hostigamientos en contra de la fuerza pública por la guerrilla de las FARC.
7.
Agregó que el atentado en el que resultó muerto el cabo Torres Alvis era
previsible, ya que sus superiores conocían de un posible hostigamiento ese día, a
pesar de lo cual no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para evitar
tal acción, pues la manera en que se ordenó la actividad incumplió los principios
consagrados en el reglamento de operaciones y el manual de campaña.
8.
Asimismo, hizo referencia a falencias tácticas y la insuficiente preparación y
organización del Batallón de Alta Montaña No. 8, lo que conllevó a la falta de
planeación para el traslado de los soldados, y la carencia de personal idóneo y
equipo para contrarrestar el ataque guerrillero3.
La defensa
9.
El Ejército Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Alegó que no
se conocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
2 Reclamaron una indemnización por concepto de lucro cesante estimada en la suma de $400’000.000; por
perjuicios morales pidieron el equivalente a cien (100) SMLMV para la madre del occiso y cincuenta (50) para
Ana Milena Torres Alvis (hermana), Mercedes Buitrago Bohórquez (abuela) y Yolanda Alvis Buitrago (tía).
Finalmente, por daño a la vida de relación solicitaron el equivalente a doscientos (200) SMLMV para cada uno
de los demandantes.
3 Folios 83 a 122 del cuaderno 1.
2
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
hechos en que resultó muerto el suboficial, porque no se allegó el informe
administrativo por muerte. Dijo que se configuró la causal eximente de
responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, en tanto se trató de un
ataque ejecutado por miembros de un grupo armado ilegal en contra de los agentes
de la institución castrense.
10.
Agregó que el señor Torres Alvis conocía los riesgos de su profesión y llevaba
varios años en el Ejército Nacional, lo cual, unido a la grave situación de orden
público en el departamento del Cauca y la imprevisibilidad e irresistibilidad de los
ataques guerrilleros, impide que sea declarada la responsabilidad de la institución
por la materialización de un riesgo propio del servicio al que voluntariamente
ingresó el hoy occiso. Propuso las excepciones de: i) inexistencia de falla en el
servicio, ii) hecho de un tercero; iii) inexistencia de las obligaciones a indemnizar,
y iv) riesgo propio del servicio4.
11.
Concluida la fase probatoria 5 , las partes insistieron en sus acusaciones y
exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron
pertinentes. A su turno, el Ministerio Público solicitó que se accediera a las
pretensiones de la demanda, toda vez que se acreditó que el suboficial Torres Alvis
fue sometido a un riesgo superior al que asumió voluntariamente al ingresar al
Ejército Nacional6.
La sentencia de primera instancia
12.
El Tribunal Administrativo del Cauca declaró administrativamente responsable a
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por el fallecimiento del
suboficial William Torres Alvis7
4 Folios 59 a 74 del cuaderno 1.
5 En el proceso se incorporaron las siguientes pruebas:
i) registros civiles de nacimiento de las demandantes y
registro civil de nacimiento y de defunción de la víctima directa; ii) acta de notificación personal de la OAP No.
1919 del 29 de noviembre de 2011, por la cual se retiró del servicio al CS. William Torres Alvis por causa de
muerte; iii) acta de posesión del señor William Torres Alvis como Cabo Tercero el 31 de enero de 2007; iv)
orden de Operaciones No. 011 ÓRBITA del 1 de octubre de 2011; v) informativo por muerte del señor CS.
William Torres Alvis; vi) copia de la investigación disciplinaria No. 007-2012 adelantada por el Despacho
Comando de la Tercera Brigada, por los hechos ocurridos el 10 de octubre de 2011 en la vereda Pilamo del
municipio de Guachené, Cauca; vii) copia de la investigación penal No. 191426000613201180203 seguida por
la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán; viii) certificado de haberes del Suboficial William Torres Alvis
proferido por la Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal del Ejército Nacional; ix) testimonio
de los señores Flor de María Garzón de Acevedo y Harold Wilson Hernández Alvis; x) copia del Reglamento de
Operaciones en combate irregular -2004-, del Manual de Campaña –Resolución No. 000524 de 2001- y del
Manual de Normas de Seguridad contra Accidentes del Ejército Nacional.
6 Folios 682 a 692 del cuaderno 4.
7 La parte resolutiva de la providencia es del siguiente tenor literal: “1. Declarar responsable administrativamente
a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por el fallecimiento del SLP William Torres Alvis, el 10
de octubre de 2011, en el municipio de Guachené, Cauca, según lo expuesto.
2. Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a pagar, las siguientes cantidades de
dinero:
Por concepto de perjuicios morales:
La suma de CIEN (100) SMLMV, a favor de la señora Luz Dary Alvis.
La suma de CINCUENTA (50) SMLMV, a favor de cada una de las siguientes personas: Ana Milena Torres y
Mercedes Buitrago.
La suma de VEINTICINCO (25) SMLMV, a favor de la señora Yolanda Alvis Buitrago.
Por concepto de perjuicios materiales:
La suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
UNO PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS ($416’601.391,81), a favor de la señora Luz Dary Alvis.
3. La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.
4. Negar las demás pretensiones de la demanda”.
3
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
13.
Soportado en las pruebas que fueron trasladadas de la actuación disciplinaria
que se adelantó por esos hechos, indicó que para la demandada era previsible que
el grupo insurgente al que se combatía en la zona realizara una emboscada como
táctica ofensiva en las rutas por las que se desplazaran las tropas, en particular la
orden de batalla contra el sexto frente de las FARC, el reglamento de operaciones
y el manual de campaña.
14.
Precisó que, para la fecha de ocurrencia de los hechos, estaban prohibidos los
desplazamientos diurnos y se conocía de la constante vigilancia que ejercía el
grupo armado ilegal sobre las actividades de la unidad, de conformidad con lo
acreditado en el libro de programas del Batallón de Alta Montaña No. 8.
15.
Señaló que el batallón al que se encontraba adscrita la víctima no tenía
consolidada una línea de mando, lo que dificultaba la claridad en las órdenes,
aunado a que los hombres que realizaban el desplazamiento no contaban con el
entrenamiento ni con el material y el equipo necesario para operar en la zona, Dicha
situación se vio plasmada en un oficio del 10 de septiembre de 2011, en el que el
propio comandante informó al director de operaciones del Ejército Nacional sobre
las condiciones en que se hallaban operando, y en un oficio suscrito por el oficial
de operaciones del batallón dos días antes de la ocurrencia de los hechos, en el
que informó al comandante sobre las carencias y limitaciones tácticas y técnicas de
esa unidad.
16.
Agregó que no se demostró la planeación del movimiento táctico administrativo
para el abastecimiento de conformidad con las disposiciones de los manuales y
reglamentos de operaciones y seguridad del Ejército Nacional.
17.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que el Ejército Nacional no adoptó las
medidas mínimas de seguridad para la realización del desplazamiento que le fue
encomendado al suboficial Torres Alvis y a otros militares, y que las omisiones e
irregularidades resaltadas incrementaron de forma injustificada el riesgo al que
normalmente deben someterse los vinculados voluntariamente al servicio militar, lo
cual constituyó una evidente falla en la prestación del servicio que fue determinante
en la muerte del suboficial.
18.
Como consecuencia, reconoció por perjuicios morales 100 smlmv en favor de la
mamá del fallecido, 50 smlmv para la abuela, 50 smlmv para la hermana y 25 smlmv
para la tía.
19.
Adicionalmente, señaló que si bien el señor William Torres Alvis tenía más de 25
años para el momento de su fallecimiento, ello no impedía reconocer el lucro
cesante en favor de su madre, dado que los testimonios recaudados daban cuenta
de que la víctima propendía por el sustento económico de su núcleo familiar, razón
por la cual con fundamento en los ingresos de la víctima y la expectativa de vida,
reconoció en favor de la señora Luz Dary Alvis de Torres $87’814.336 por lucro
cesante consolidado y $328’787.055 por lucro cesante futuro.
20.
Finalmente, condenó en costas a la parte demandada, para lo cual fijó como
agencias en derecho el 0.5% del valor de las pretensiones reconocidas8.
8 Folios 764 a 778 del cuaderno principal.
4
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
II. EL RECURSO INTERPUESTO
21. Inconforme con la decisión, el Ejército Nacional formuló recurso de apelación y
para sustentarlo argumentó lo siguiente: i) insistió en que el daño resulta atribuible
al hecho exclusivo y determinante de un tercero, toda vez que fue consecuencia de
un ataque sorpresivo e indiscriminado cometido por miembros de un grupo armado
ilegal; ii) el señor Torres Alvis falleció durante el servicio y por la concreción de un
riesgo propio de su actividad, el cual fue asumido voluntariamente al ingresar a la
institución castrense, sin que se probara la configuración de una falla del servicio;
y, iii) no hay lugar a reconocer lucro cesante, dado que la víctima tenía más de 25
años al momento de su fallecimiento, aunado a que no se demostró que la señora
Luz Dary Alvis de Torres dependiera económicamente de su hijo por encontrarse
incapacitada o imposibilitada para trabajar9.
22.
Surtido el término de traslado para alegar de conclusión, la parte demandante
insistió en sus acusaciones10. El Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron
silencio11.
La sentencia de segunda instancia
23.
A través de sentencia del 1° de marzo de 2024, la Sala revocó la sentencia
apelada para negar las pretensiones de la demanda.
24.
Para arribar a la anterior decisión y luego de realizar una valoración integral de
las pruebas 12 , razonadamente concluyó que dichos elementos resultaban
9 Folios 780 a 787 del cuaderno principal.
10 Folios 821 a 827 del cuaderno principal.
11 Folio 828 del cuaderno principal.
12 Para tal fin la Sala relacionó y valoró las siguientes pruebas
i) auto de apertura de la investigación en contra
del Teniente Coronel Álvaro Londoño Pulgarín, el Subteniente Mario Molano Mejía y el Sargento Viceprimero
Franklin Márquez Martínez; ii) orden de operaciones No. 011 “ÓRBITA CLAVE: SATÉLITE A LA ÓRDEN DE
OPERACIONES NO. 003 ‘BLINDADO’” con fecha del 1 de octubre de 2011 para el Batallón de Alta Montaña
No. 8 “CO. JOSÉ MARÍA VEZGA”; iii) informe de patrullaje del 10 de octubre de 2011 dirigido al Comandante
del Batallón de Alta Montaña No. 8 “CR. José María Vezga”; iv) escrito del 12 de octubre de 2011, a través del
cual el Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 8 presentó denuncia ante la Unidad de Reacción
Inmediata de Caloto, Cauca, por los hechos ocurridos el día anterior; v) “Orden de Batalla Cuadrilla 6 ‘Hernando
González Acosta’ ONT FARC; vi) versión libre y espontánea del Subteniente Mario Molano Mejía, quien para la
fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la Compañía Diamante del Batallón de Alta
Montaña No. 8, diligencia practicada el 25 de septiembre de 2012; vii) versión libre y espontánea del Teniente
Coronel Álvaro Londoño Pulgarín, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante del
Batallón de Alta Montaña No. 8, diligencia practicada el 25 de septiembre de 2012; viii) documentos aportados
en la diligencia de versión libre por el Teniente Coronal Londoño Pulgarín, consistentes en a) Directiva
Transitoria de 2011 para la “creación y activación del Batallón de Alta Montaña No. 8 ‘Coronel José María
Vezga’” con sede en el municipio de Tacueyó, Cauca, en la que consta que el Comando del Ejército tomó la
decisión de “crear un Batallón de Alta Montaña provisto de medios técnicos, militares y económicos suficientes
para combatir a los grupos terroristas generadores de violencia que desestabilizan el país e incrementar el pie
de fuerza de la Vigésima Novena Brigada para brindar sensación de seguridad en esa región del país”; b) oficio
No. 0071 del 29 de agosto de 2011, por medio del cual el TC. Londoño Pulgarín, como Comandante del Batallón
de Alta Montaña No. 8, solicitó al Comandante de la Tercera División que de manera urgente (i) asignara la
jurisdicción del Batallón; (ii) lo enmarcara dentro de una orden de operaciones y un plan de operaciones a nivel
operativo menor que impusiera la misión del comandante del Batallón y (iii) legalizara mediante acto
administrativo la agregación operacional; c) disposición No. 0016 del 1 de agosto de 2011, “por medio de la cual
se crea y activa una Unidad Táctica del Ejército Nacional y se aprueba su Tabla de Organización y Equipo
(TOE)”; d) copia de la misión táctica “Acople”, enmarcada en la orden de operaciones “Estrella2” del Comando
Operativo No. 3 con fecha de agosto de 2011, en Miranda, Cauca, en la que se determina la situación del
enemigo –Sexto Frente de las FARC que delinque en la zona norte del departamento del Cauca y la Columna
Móvil Gabriel Galvis, al sur del departamento de Valle del Cauca. En las instrucciones de coordinación táctica
operacional se encuentra consignado “prohibido efectuar movimientos de día, únicamente se efectúan
observatorios, PAC, zorros, emboscadas, análisis del terreno, etc”; e) copia de la orden de operaciones No. 001
“‘TRAVELING’ CLAVE: JARAVA” del Batallón de Alta Montaña No. 8 del 29 de julio de 2011, en la que se
5
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
insuficientes para acreditar la existencia de una falla del servicio por el
incumplimiento de medidas mínimas de seguridad para llevar a cabo el movimiento
táctico en el que falleció el militar porque:
i) no se demostró objetivamente que la muerte del suboficial hubiera ocurrido
como consecuencia de la inobservancia concreta de alguna disposición de
una normativa que regulara la ejecución de un desplazamiento con el fin de
realizar actividades de abastecimiento de las tropas, ni del incumplimiento
de un específico deber legal por parte de sus superiores;
ii) el estudio de la misión táctica “ÓRBITA”, la orden de operaciones No. 003
“BLINDADO” y las versiones libres recabadas en la actuación disciplinaria
daban cuenta de que el desplazamiento fue debidamente autorizado por sus
superiores;
iii) no se acreditó el desconocimiento de una disposición en el apartado de
planeamiento sobre establecimiento de una defensa en el sector del
corregimiento El Palo, ni que ello guardara relación alguna con los
desplazamientos para abastecimiento;
iv) no obraba evidencia que indicara que no existían medios de
comunicación entre el pelotón que fue víctima de ataque con artefacto
explosivo y el comando u otras unidades.
25.
En suma, se indicó que no era posible concluir que (i) el eventual incumplimiento
de esas disposiciones hubiese sido la causa eficiente del daño, (ii) el cual se
ocasionó por una actuación sorpresiva y deliberada del grupo armado ilegal que
dispone como lugar, Popayán, Cauca; f) orden de operaciones No. 002 “‘TRANVÍA’ CLAVE: JACAL” del Batallón
de Alta Montaña No. 8 con fecha del 31 de julio de 2011, en la que se dispone como lugar, Popayán, Cauca; g)
copia de la orden de operaciones No. 003 “‘PROTECCIÓN’ CLAVE: RESPONSABILIDAD ENMARCADA EN
LA MISIÓN TÁCTICA ‘ACOPLE’ del Batallón de Alta Montaña No. 8, con fecha de 2 de agosto de 2011, en la
que se dispone como lugar, Popayán, Cauca; h) copia de la orden de operaciones No. 010 “‘SURINAM CLAVE:
DESTRUCCIÓN A LA MISIÓN TÁCTICA No. 001 ‘SINGAPUR’” del Batallón de Alta Montaña No. 8, con fecha
del 8 de septiembre de 2011, en la que se dispone como lugar, la Hacienda Vanegas – Cauca, j) copia de la
orden de operaciones No. 012 “‘ORIENTE’ CLAVE: SOL A LA ORDEN DE OPERACIONES No. 003
‘BLINDADO’” del Batallón de Alta Montaña No. 8, con fecha del 1 de octubre de 2011, en la que se dispone
como lugar, la Hacienda Vanegas – Cauca; k) oficio No. 0090 del 13 de septiembre de 2011 suscrito por el
Mayor Germán Alfredo Pabón Contreras Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Alta Montaña No. 8
y dirigido al Comandante del Comando Operativo No. 3, en el que le informa las razones por las cuales no se
ubicó un puesto de mando en el corregimiento El Palo del municipio de Caloto, respecto de lo cual, señaló que
es un área que no se encuentra consolidada, de constante presencia del sexto frente de las ONT FARC y que
había sido víctima de varios hostigamientos en contra de la fuerza pública en días anteriores, en los que habían
resultado muertos varios militares. Además de lo anterior, se refirió a que la Unidad Táctica no contaba con
tropa disponible para asegurar perimétricamente puntos críticos y tener apoyo inmediato, ni con otros elementos
de defensa; y l) oficio del 2 de noviembre de 2011 -posterior a la ocurrencia de los hechos- con el cual el TC.
Álvaro Londoño Pulgarín como comandante del Batallón de Alta Montaña No. 8 propuso una serie de
recomendaciones al Director de Operaciones del Ejército para optimizar el empleo del Batallón y evitar
resultados adversos a la fuerza; ix) oficio No. 0087 del 10 de septiembre de 2011, suscrito por el TC. Álvaro
Londoño Pulgarín como comandante del Batallón de Alta Montaña No. 8 y dirigido al Director de Operaciones
del Ejército, por medio del cual presentó un informe de la situación operacional del BAMJO No. 8 desde su
activación; x) documento titulado “Apreciación de operaciones No. 001” del Batallón de Alta Montaña No. 8 de
agosto de 2011 suscrito por el Oficial de Operaciones; xi) documento manuscrito que, según lo señalado por el
TC. Londoño Pulgarín al allegar ese documento con su versión libre, se trata de un libro de programaciones,
pero no especificó que perteneciera al Batallón de Alta Montaña No. 8 en cuestión , En el documento se advierte
una anotación del mes de octubre de 2011 (sin que sea posible identificar el día exacto) en la que, en lo que
resulta inteligible, se lee “llamado de las unidades (ilegible) rotundamente prohibido hacer movimientos diurnos
en todas las misiones que se cumplen (ilegible); xii) versión libre y espontánea rendida el 1° de octubre de 2012
por el Sargento Viceprimero Franklin Márquez Martínez, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba
como comandante del pelotón “Blindados Bengala Uno”; y, xiii) auto por medio del cual dispuso el archivo
definitivo de la presente investigación disciplinaria y, como consecuencia, exoneró de toda responsabilidad al
Teniente Coronel Álvaro Londoño Pulgarín, al Subteniente Mario Molano Mejía y al Sargento Viceprimero
Franklin Márquez Martínez.
6
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
operaba en la zona, aunado a que (iii) no existía certeza sobre las condiciones
modales y espaciales en que ocurrieron los hechos y que dieran cuenta de que
existieron circunstancias que les hubieran puesto en situación de riesgo excesivo o
les hubieran impedido defenderse adecuadamente o comunicarse con el resto de
la tropa para solicitar refuerzos.
26.
Asimismo, en relación con las irregularidades sobre las que el a quo concluyó
que se probó la falla del servicio, consistentes en la previsibilidad del ataque
insurgente bajo la modalidad de emboscada; prohibición de los desplazamientos
diurnos; la falta de consolidación de la línea de mando; falencias tácticas; falta de
entrenamiento e indebida planeación del movimiento táctico administrativo para el
abastecimiento, (iv) no se encontraban debidamente probadas ni (v) se demostró
que tuvieran la virtualidad suficiente para causar el daño reclamado, (vi) ni que
hubiesen sido un factor determinante13.
La tutela contra la sentencia de segunda instancia
27.
El 12 de septiembre de 2024, los demandantes en el proceso de reparación
directa instauraron acción de tutela contra la decisión proferida el 1° de marzo de
ese mismo año por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad,
a la seguridad jurídica y a la confianza legítima.
28.
Señalaron que la sentencia impugnada incurrió en i) defecto fáctico por indebida
valoración probatoria; ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto; y, iii)
desconocimiento del precedente jurisprudencial y de la seguridad jurídica, en
particular una sentencia del 24 de enero de 2024 proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se declaró la responsabilidad
del Estado por la muerte de otro de los militares que falleció en el mismo ataque
que el suboficial Torres Alvis14.
29.
El 11 de octubre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por falta de relevancia
constitucional.
30.
El 17 de marzo de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado revocó la decisión que había declarado improcedente la acción de tutela y,
en su lugar, la negó, para lo cual indicó que no encontró acreditados los defectos
alegados. Precisó que la valoración probatoria se consideró adecuada y razonada,
aunado a que la falta de un testigo no constituyó una carga probatoria imposible,
sino la falta de sustento para establecer la relación causal. Adicionalmente, señaló
que las sentencias invocadas como precedente no eran vinculantes dado que los
jueces tienen autonomía para llegar a conclusiones distintas en casos similares.
31.
Mediante auto del 30 de mayo de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número
Cinco de la Corte Constitucional escogió el expediente de tutela para revisión y lo
repartió a la Sala Segunda de Revisión, la cual decretó como pruebas: i) copia
digital del expediente de reparación directa; ii) requerimiento a los accionantes en
13 Índice 21 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
14 Radicado número 19001-23-33-000-2013-00689-01, exp. 61974, M.P. William Barrera Muñoz.
7
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
cuanto al tipo de relación que mantenían con el uniformado fallecido y su
dependencia económica; y, iii) copia del expediente penal y un informe detallado
sobre el curso de la investigación.
32.
En la sentencia T-473 de 2025, la Corte Constitucional, a diferencia de las tres
salas de decisión del Consejo de Estado, concluyó que la providencia del 1° de
marzo de 2024 incurrió en los defectos alegados por los accionantes y amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica, en los siguientes
términos:
“PRIMERO. REVOCAR las decisiones proferidas el 11 de octubre de 2024, por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y el 17 de marzo
de 2025, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, igualdad, confianza legítima y seguridad
jurídica que les asisten a las actoras.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
el 1° de marzo de 2024, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que resolvió el medio de control de reparación directa que
presentaron Luz Dary Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis, Mercedes
Buitrago Bohórquez y Yolanda Alvis Buitrago contra la Nación – Ministerio de
Defensa y Ejército Nacional.
TERCERO. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de este
proveído, dicte una nueva decisión en el proceso de reparación directa
instaurado por Luz Dary Alvis de Torres, Ana Milena Torres Alvis, Mercedes
Buitrago Bohórquez y Yolanda Alvis Buitrago, con estricto apego a los
precedentes judiciales aplicables y mediante una valoración probatoria integral
que garantice la efectividad del derecho de acceso a la verdad material, en los
términos de lo expuesto en la presente providencia.
CUARTO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.
Actuaciones posteriores
33.
En cumplimiento de la orden impartida en el ordinal tercero de la parte resolutiva
de la sentencia T-473 de 2025, mediante auto del 16 de diciembre de 202515 se
solicitó al Tribunal Administrativo del Cauca el envío físico del expediente, toda vez
que no se encontraba debidamente digitalizado en Samai. El 30 de enero de 2026
el expediente ingresó al despacho16.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
34.
Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a emitir fallo de reemplazo frente al recurso interpuesto, en los
términos ordenados por la Corte Constitucional en la sentencia T-473 de 2025.
15 Índice 33 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
16 Índice 42 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.
8
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Cumplimiento de la ordenado en la Sentencia T-473 de 2025
35. La Corte Constitucional, en la sentencia T-473 de 2025, desestimó las
conclusiones probatorias a las que arribó esta Subsección en la providencia del 1°
de marzo de 2024, aduciendo valorar las pruebas en orden a señalar que estaba
acreditada la responsabilidad del Estado por la muerte del señor William Torres
Alvis, en tanto se probó una falla del servicio atribuible al Ejército Nacional, el nexo
causal de esa falla con el daño y la inexistencia del hecho de un tercero.
36. En su sentencia, la Corte estimó que la decisión judicial de esta Subsección
había incurrido en un defecto fáctico y en un procedimental por exceso ritual
manifiesto, en tanto estaba acreditado que el riesgo del servicio se transformó en
un riesgo excepcional, sin que el Ejército adoptara medidas anticipatorias frente a
un riesgo ya conocido y concreto, ante un ataque previsible, y de cara a una
emboscada que era evitable, lo que, por demás, era demostrativo de una
negligencia en la planificación y ejecución de la seguridad operativa, cuyo
incumplimiento facilitó la concreción del riesgo, evidenciando una deficiencia en la
respuesta por parte del Ejército a una amenaza conocida.
37. Al respecto, precisó que las pruebas trasladadas del proceso disciplinario daban
cuenta de la existencia de una falla del servicio consistente en deficiencias del
Batallón de Alta Montaña N° 8 “CR José María Vezga”, en cuanto el batallón fue
desplegado en condiciones que incrementaron considerablemente el riesgo de sus
integrantes, dicha unidad se creó de forma apresurada, existió falta de un
entrenamiento adecuado, se acreditaron falencias en el mando y el control, y que
existía una carencia de recursos clave, como comunicaciones seguras y equipo
adecuado, falencias que, a su juicio, constituyeron la causa eficiente del daño 17.
17 Fundamentos 131 a 141 de la sentencia T-473 de 2025: “136. Las deficiencias del Batallón de Alta Montaña
N°. 8 no eran abstractas ni generales: guardaban una relación directa con la emboscada del 10 de octubre de
2011. Sin desconocer la autonomía judicial del Consejo de Estado en la apreciación de los hechos, esta Sala
advierte que la sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera no observó plenamente el valor del material
probatorio obrante en el expediente. En efecto, las deficiencias del Batallón de Alta Montaña N°. 8 no eran
aspectos abstractos o generales, sino circunstancias fácticas acreditadas en el proceso que guardaban
una relación directa con el contexto de la emboscada del 10 de octubre de 2011. Al omitirse su análisis
integral condujo a una comprensión fragmentaria de la causalidad administrativa y, con ello, a un déficit
en su configuración.
(…) 138. Bajo ese marco, esta Sala constata que en el caso concreto, las pruebas obrantes en el expediente,
tanto testimoniales y documentales, evidenciaron que el batallón fue desplegado en condiciones que
incrementaron considerablemente el riesgo de sus integrantes. En particular, la creación apresurada de
la unidad y el entrenamiento breve de veinticinco días no debieron ser considerados hechos
anecdóticos, sino elementos fundamentales que demostraron una preparación insuficiente frente a las
amenazas conocidas por la administración. La falta de formación táctica específica y la débil cohesión entre
los miembros afectaron gravemente la capacidad de la tropa para anticipar, tomar decisiones y reaccionar, lo
cual no podía ser ignorado al analizar la relación entre la omisión administrativa y el daño causado.
139. Desde este punto de vista, la falta de entrenamiento adecuado representó un error en la fase
preparatoria de la misión, que debía considerarse como una causa vinculada a la incapacidad de
prevenir o mitigar un ataque enemigo. Este déficit en la formación generó un riesgo innecesario,
contrario a los estándares de diligencia exigibles en situaciones de alto riesgo. Al respecto, el comandante
del batallón en la declaración rendida dentro del proceso disciplinario señaló que la desorganización y las
falencias tácticas fueron factores que influyeron en el resultado del operativo17.
140. A ello se suman las falencias en el mando y el control. La falta de un equipo de dirección y la
inexistencia de un puesto de mando consolidado generaron un vacío organizativo que afectó
directamente la capacidad de tomar decisiones operacionales. La cadena de mando y el sistema de
control eran responsabilidades de la institución y, al no acreditarse debidamente, la actuación debía
calificarse como negligente. En este contexto, permitir el desplazamiento de la tropa en búsqueda de
suministros bajo estas condiciones no podía considerarse una decisión neutral, por el contrario,
constituyó una decisión administrativa que dada la falta de preparación operativa y logística, aumentó
la exposición al riesgo y, por lo tanto, debía considerarse como una causa vinculada al daño. Sobre este
punto, el comandante del batallón en la declaración rendida dentro del proceso disciplinario indicó que la unidad
9
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
38. Indicó que el ataque insurgente bajo la modalidad de emboscada no tenía el
carácter de imprevisible, pues, aunque pudiera parecer sorpresivo, existía
información suficiente sobre los patrones delictivos y antecedentes de emboscadas
en la zona, lo cual hacía exigible la adopción de medidas preventivas, pese a lo
cual la demandada no implementó las acciones necesarias para proteger a sus
tropas, de manera que permitió que un riesgo conocido se materializara en un daño
evitable18.
no tenía consolidada la línea de mando, que carecía de plana mayor y que no contaba con un puesto de mando
que permitiera el seguimiento de las operaciones17. 141. La información obrante en el expediente, cuya valoración integral correspondía al juez contencioso,
permitía razonablemente inferir que, la carencia de recursos clave, como comunicaciones seguras y
equipo adecuado, agravó aún más las deficiencias operativas. Estas falencias dificultaron la capacidad
de alertar sobre posibles amenazas, solicitar refuerzos y evacuar en caso de ataque, lo que incrementó
significativamente la probabilidad de que se produjera un daño ante una acción hostil. Cuando la
administración decidió enviar fuerzas a una zona de alto riesgo, tenía la obligación de adoptar medidas
suficientes para reducir los riesgos previsibles, como proveer equipo adecuado, asegurar entrenamiento
específico y aplicar estrategias tácticas apropiadas. Al no tomarse estas medidas, el riesgo inherente al
servicio se transformó en un riesgo excepcional”. (se resalta)
18 Fundamentos 142 a 149 de la sentencia T-473 de 2025: “(…)
aunque el ataque pudiera parecer inesperado
en términos generales, ello no implicaba que no existiera información suficiente para identificar
patrones de peligrosidad. A partir de los informes de inteligencia y del historial de emboscadas recurrentes
perpetradas por el Sexto Frente de las FARC, era posible anticipar un nivel de riesgo que justificaba la
adopción de medidas preventivas y anticipatorias.18 Por lo tanto, la exigencia de la autoridad accionada
en cuanto a una previsibilidad exacta resultó desproporcionada, más aún cuando lo razonable era
reconocer un riesgo ya conocido y tomar las precauciones adecuadas para mitigarlo. 143. La información contenida en el expediente respalda este argumento desde diferentes perspectivas. En
contraste con la conclusión de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el Ejército
Nacional, a través de labores de inteligencia, conocía los procedimientos delictivos del Sexto Frente de las
FARC en la zona. Este grupo tenía una presencia constante y arraigada en áreas rurales y urbanas de
municipios como Miranda, Corinto y Caloto. En particular, el documento denominado “Orden de Batalla Cuadrilla
6 Hernando González Acosta” 75 señalaba que uno de los métodos más comunes de actuación de este grupo
consistía en la instalación de emboscadas en sectores aledaños y en vías principales de acceso. 144. Además de las emboscadas, de acuerdo con el mismo documento, el grupo ilegal empleaba otros
procedimientos delictivos como el uso de campos minados, el robo de armas y la demora en el apoyo a las
unidades atacadas, tácticas que fueron utilizadas en el ataque en el que falleció William Torres Alvis. Este
patrón de conducta, junto con los eventos violentos ocurridos en los meses y días previos al 10 de
octubre de 2011 en municipios cercanos como Caloto, Corinto y Toribío, refuerza la conclusión en
cuanto que la entidad responsable pudo y debió contemplar la ocurrencia de una emboscada. En su
declaración el subteniente Molano Mejía Mario confirmó que dada la situación de violencia en esos municipios,
la zona era conocida por su peligrosidad, lo que hacía previsible la acción de los terroristas de este frente. 145. A pesar de esta información detallada, la autoridad accionada concluyó que aunque el Ejército
conociera el modo de operar del enemigo, dicho conocimiento general no era suficiente para prever
cada emboscada pues, según su interpretación, la esencia de este tipo de ataques radicaba
precisamente en el factor sorpresa.
Este razonamiento resulta en contravía con premisas superiores, ya
que reduce la previsibilidad a la posibilidad de anticipar con exactitud el tiempo y el lugar del ataque,
cuando en realidad el deber de la administración no consistía en adivinar el momento preciso de la
agresión, sino en adoptar las medidas necesarias para neutralizar o reducir un riesgo que era cierto,
concreto y conocido. La capacidad para prever el ataque no se reduce a la exactitud del momento, sino
a la identificación de patrones de conducta y a la implementación de estrategias para mitigar los peligros
inminentes. (…)
148. A pesar de esta información detallada, el Ejército no adoptó las medidas preventivas necesarias
para proteger a las tropas en una zona de alto riesgo. La desorganización del batallón, la falta de una
plana mayor consolidada y la precariedad en la planeación operativa resultaron en la ausencia de un
esquema de seguridad adecuado. Los militares fueron enviados a una zona vulnerable sin las medidas
mínimas de protección, lo que los expuso de manera desproporcionada a un peligro evidente y concreto. La emboscada sufrida el 10 de octubre de 2011, que resultó en la muerte del suboficial William Torres Alvis,
no fue un hecho imprevisible ni inevitable. Al contrario, representó la materialización de un riesgo
claramente identificado y conocido por el Ejército, conforme a los patrones de ataque previamente
documentados. 149. En este contexto, la cadena causal no puede ser fragmentada, como lo hizo la autoridad accionada,
al considerar que el daño se originó exclusivamente en la acción hostil del enemigo. La omisión de
medidas de seguridad adecuadas y la posterior materialización del ataque demuestran que la
emboscada no fue inevitable, sino el resultado directo de un riesgo anticipable y superable. A pesar del
conocimiento del Ejército sobre las tácticas del enemigo, no se tomaron las medidas necesarias para mitigar el
peligro. Esta negligencia en la planificación y ejecución de la seguridad operativa constituye una falla
grave de los mandos, cuyo incumplimiento facilitó la concreción del riesgo y evidenció una deficiencia
en la respuesta a una amenaza conocida(…)” Se resalta.
10
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
39. Ala par de estas contundentes manifestaciones, señaló que el material
probatorio permitía inferir la relación de causalidad entre las deficiencias
operacionales, la previsibilidad de la emboscada y el desenlace fatal respecto del
soldado (sic), de manera que las pruebas obrantes resultaban objetivas, claras y
aportaban elementos suficientes para establecer la responsabilidad en cabeza del
Estado19.
40. Finalmente, indicó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado había incurrido en el desconocimiento del precedente judicial, al resolver de
manera contraria un caso en el que otra subsección había concluido sobre la
responsabilidad del Estado, sin exponer razones objetivas, suficientes y
transparentes que justificaran su apartamiento, frente a lo cual reiteró las
conclusiones sobre la existencia del nexo causal entre el ataque armado, el
incumplimiento de deberes normativos por parte del Ejército Nacional y el
fallecimiento del señor Wilson Torres Alvis20.
41. Ante el panorama decisorio antes referido sobre la valoración probatoria que
realizó la Corte Constitucional sobre la configuración de la responsabilidad del
Estado en este asunto, a esta Subsección solo le queda negar el recurso de
apelación interpuesto y confirmar la sentencia estimatoria de las pretensiones de la
demanda, no sin antes precisar que la Sala segunda de revisión de la Corte
Constitucional desconoció su propia competencia, al tenor de la cual “el juez de
tutela no puede desplazar la competencia del juez natural, para tomar decisiones
que no le corresponden21”. Por esta vía se arrogó competencias que no le
pertenecen, pues so pretexto de valorar los defectos de una providencia judicial de
una alta Corte, hizo tabla rasa de la valoración probatoria efectuada por esta
judicatura.
42.
Contra la más aquilatada doctrina constitucional, olvidó la referida sala de
revisión, que al juez de tutela no le está permitido realizar una revisión exhaustiva
de las pruebas ni de la aplicación de la normativa hecha por el juez ordinario, dado
que el proceso de amparo constitucional no está destinado a ser un mecanismo
para revisar la valoración de pruebas o la interpretación normativa realizada por el
juez competente22. Además, por esa vía, tampoco puede ignorar ni dejar de aplicar
19 Fundamentos 151 a 153 de la sentencia T-473 de 2025. “151. Al respecto, el expediente contenía
abundantes pruebas documentales e indirectas que, valoradas de manera integral, permitían construir
el juicio de imputación sin necesidad de testimonios directos (…).
153. Todo este material probatorio permitía inferir la relación entre las deficiencias operacionales, la
previsibilidad de la emboscada y el desenlace fatal respecto del soldado. Por lo tanto, a pesar de la
ausencia de testigos sobrevivientes, las pruebas obrantes resultaban objetivas, claras y aportan
elementos suficientes para establecer la responsabilidad en cabeza del Estado (…)”. Se resalta.
20 Fundamentos 163 y 164 de la sentencia T-473 de 2025: “(…) 163. En segundo lugar,
en ambos casos se
demostraron los perjuicios ocasionados, así como el nexo causal entre ellos y el ataque armado por
parte de las FARC. Por un lado, en los dos casos resulta evidente que el fallecimiento de los soldados
desencadenó la configuración de perjuicios morales para sus familiares más cercanos, debido a la
tristeza que les causó el hecho. Además, en el caso bajo estudio también se configuraron perjuicios
materiales ya que, como consta en el material probatorio, William Torres Alvis era quien propendía por
el sustento económico de su hogar, debido a que era una persona económicamente productiva.
164. Por otro lado, no cabe duda alguna de la existencia del nexo causal entre el ataque armado, el
incumplimiento de deberes normativos por parte del Ejército Nacional y el fallecimiento de los soldados,
toda vez que el ataque y las omisiones por parte de la administración contribuyeron significativamente en la
concreción del daño antijurídico”. (Se destaca).
21 Corte Constitucional, sentencia T-725 de 24 de agosto de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
22 Así lo ha precisado la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional: "1.1.1 A pesar de lo expuesto, la
intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio
del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio; así,
11
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
la jurisprudencia establecida por el Consejo de Estado sobre el tema en su
condición de juez natural de la responsabilidad estatal.
43.
En el presente asunto, diciendo evaluar las mismas pruebas que fueron
decretadas e incorporadas al proceso de reparación directa, y que sí fueron
relacionadas y analizadas por esta Subsección en la providencia del 1° de marzo
de 2024, la Sala segunda de revisión de la Corte Constitucional se abrogó el
derecho de cuestionar la valoración que se realizó en esa oportunidad, para concluir
que estaba acreditada tanto la falla del servicio como el nexo causal con el daño y
la inexistencia del hecho de un tercero.
44.
Las conjeturas de la Corte Constitucional dan cuenta de que la Sala segunda de
revisión privó a esta Subsección de su función jurisdiccional de adoptar una
decisión sobre la atribución de responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte
del Suboficial William Torres Alvis, en tanto, con base en la valoración de las
mismas pruebas que en su momento analizó la Subsección en la providencia del
1° de marzo de 2024 concluyó expresamente sobre la configuración de los
elementos de la responsabilidad patrimonial en este asunto y la inexistencia de una
causa extraña, sin que con el riesgo penal que ello conlleva, exista margen de
valoración diferente que se pueda realizar con el fin de dar cumplimiento a lo
ordenado por el juez de tutela.
45.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario precisar que lo decidido en esta
oportunidad no constituye en ningún caso precedente válido de referencia para las
decisiones que corresponda adoptar a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como juez de la responsabilidad estatal.
46.
En esas condiciones, la Sala solo puede confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del suboficial William Torres Alvis.
Indemnización de perjuicios
Perjuicios morales
47. El Tribunal a quo reconoció indemnización de perjuicios morales en la suma
equivalente a 100 smlmv en favor de la señora Luz Dary Alvis de Torres (madre),
50 smlmv para la señora Ana Milena Torres Alvis (hermana), 50 smlmv para la
señora Mercedes Buitrago Bohórquez (abuela) y 25 smlmv para la señora Yolanda
la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en tratándose del análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra gran importancia y trascendencia. (…)
“1.1.3. En tercer lugar, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no constituyen
errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar,
conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez natural,
en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe22. En consecuencia,
el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas
realizadas por el juez natural. “(...)
“1.1.4. Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, ‘El error en el juicio valorativo de
la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” (Resaltado
fuera del original). “(…) “Por último, es importante tener en cuenta que en análisis al que se acaba de hacer
referencia, no le corresponde al juez de tutela establecer cuál debía haber sido la conclusión del juez
después de un pormenorizado análisis de todos los anteriores elemento” (…)” (se destaca). Corte
Constitucional, sentencia T-302 de 3 de abril 2008, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
12
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Alvis Buitrago (tía), para lo cual señaló que se probó el parentesco de la víctima
con las demandantes, aunado a que la testigo Flor María Garzón dio cuenta de la
relación cercana y la aflicción que sufrió la señora Yolanda Alvis Buitrago, quien
concurrió en calidad de tía del fallecido señor Torres Alvis.
48. La condena por este concepto no fue cuestionada por el Ejército Nacional, lo que
no obsta para que en el marco del criterio unificado por la Sala Plena de la Sección
Tercera se pueda acometer su estudio23, habida cuenta de que la entidad estatal
funge en este caso como apelante único.
49. Como se encuentra acreditado el parentesco de las demandantes con la
víctima24 y los montos fijados por el a quo se encuentran en consonancia con los
criterios fijados por esta Corporación en caso de muerte25, la Sala confirmará en
este punto la sentencia apelada.
Lucro cesante
50.
El Tribunal a quo reconoció una condena por lucro cesante en favor de la señora
Luz Dary Alvis de Torres, quien probó ser la mamá del señor William Torres Alvis26.
51. La parte apelante señaló que no había lugar a reconocer lucro cesante, dado
que la víctima tenía más de 25 años al momento de su fallecimiento y no demostró
que la señora Luz Dary Alvis de Torres dependiera económicamente de su hijo por
encontrarse incapacitada o imposibilitada para trabajar.
52. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el lucro cesante se refiere
a las ganancias que la víctima deja de obtener por culpa del daño sufrido, y solo se
reconoce indemnización cuando esa pérdida es cierta. El perjuicio puede ser actual
o futuro, pero nunca eventual o hipotético. Para que exista, debe ser una
consecuencia directa y segura del daño provocado por la acción dañina de la
autoridad pública; si el perjuicio es solo eventual, no se otorga indemnización27.
23 “Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso
de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el
juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque
de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y
la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de abril de 2018. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad: 46005.
24 Mediante las copias de los registros civiles de nacimiento que obran a folios 3 a 7 del cuaderno 1.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 26.251.
26 Señaló que, si bien para el momento de ocurrencia de los hechos la víctima era mayor de 25 años, lo cierto
era que los testimonios recaudados daban cuenta de que el señor Torres Alvis propendía por el sustento de su
grupo familiar, circunstancia que desvirtuaba la presunción según la cual los hijos únicamente ayudan al
sostenimiento de sus padres hasta los 25 años. Con base en el anterior razonamiento, dijo que se demostró
que el señor Torres Alvis era una persona económicamente productiva y que percibía ingresos mensuales por
$1’536.01,42 derivados de su vinculación laboral al Ejército Nacional, monto que actualizó a la fecha de la
sentencia de primera instancia y que aumentó en un 25 % por concepto de prestaciones laborales.
Adicionalmente, como período a indemnizar precisó que era de 422,4 meses, correspondiente al tiempo
restante de vida probable de la señora Luz Dary Alvis de Torres, pues nació el 24 de abril de 1959 y su
expectativa de vida era menor a la de su hijo. Con base en las anteriores variables indicó que el monto a
reconocer por lucro cesante consolidado ascendía a $87’814.336,69 y $328’787.055,12 por lucro cesante
futuro.
27 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 (expediente 13.168). En igual
sentido pueden verse, entre otros, los pronunciamientos de esta Sección de 2 de junio de 1994 (expediente
8998) y de 27 de octubre de 1994 (expediente 9763).
13
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
53. Asimismo, se ha precisado que el reconocimiento de indemnización por lucro
cesante resulta procedente para aquellas personas que comprueben que
dependían económicamente de la persona fallecida y se ha establecido la
presunción de que los hijos son dependientes de sus padres hasta que cumplan 25
años de edad28 y los cónyuges y compañeros permanentes son dependientes por
la menor vida probable entre ellos.
54. Adicionalmente, la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 26 de
noviembre de 202529 indicó que resulta procedente la acumulación de la
indemnización del lucro cesante con la pensión de invalidez reconocida a los
miembros voluntarios y profesionales de la Fuerza Pública, criterio aplicable a partir
de la fecha de ejecutoria de esa sentencia para todos aquellos asuntos pendientes
de decisión30. Si bien el objeto de unificación versó sobre la pensión de invalidez y
no de sobrevivientes, la Sala considera que los supuestos sobre los que se edificó
esa decisión31 también resultarían aplicables a esta última tipología prestacional32.
55. Frente a este punto, los testimonios recaudados señalaron que la señora Luz
Dary Alvis de Torres dependía económicamente de su hijo y que la demandada le
habría reconocido una pensión de sobrevivientes. Al ser indagada sobre el
particular, la señora Flor de María Garzón de Acevedo, quien indicó que conocía a
la víctima y a su núcleo familiar por más de 20 años en cuanto eran vecinos, señaló
que el señor Torres Alvis era quien propendía por el sustento económico de su
núcleo familiar y que “la mamá como que quedó pensionada y de eso viven”33.
56. En ese mismo sentido, el testigo Harold Wilson Hernández Alvis, quien señaló
ser primo34 del señor William Torres Alvis, informó que la víctima era quien
suministraba el sustento a la señora Luz Dary Alvis de Torres y que “sé que le llegó
una pensión, pero no sé qué les dieron demás (sic), ni de cuanto es la pensión” 35.
28 Esta Corporación ha entendido que el lucro cesante debido a los hijos se extiende desde el momento del
daño hasta la edad de 25 años, momento en que cesa la obligación legal de prestarles alimentos. Sala Plena
de Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2012, exp. 22206, C.P. Danilo Rojas Betancourth. También
sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 22.891, C.P. Olga Valle de De La Hoz.
29 Sentencia de unificación CE-SUJ-3-002-2025, radicación número 25000-23-36-000-2017-00011-01 (66841).
30 Frente a dicha decisión de unificación, se precisa que el magistrado ponente en este proceso salvó su voto
en cuanto se consideró que, bajo la óptica de la reparación integral, el juez debe enfocar las decisiones
indemnizatorias en cubrir la parte no resarcida por el sistema, indemnizando únicamente el porcentaje
descubierto como lucro cesante cuando exista responsabilidad estatal, para lo cual la liquidación del perjuicio
debe romper con esquemas tradicionales y considerar criterios complejos como los cálculos actuariales, la
expectativa de vida y la capacidad laboral futura. Escenario en el que, si el daño ha sido cubierto por otra fuente,
ello debe ser reconocido por el juez, limitando así la acumulación de indemnizaciones, no obstante, se aplica el
criterio jurisprudencial adoptado por la mayoría de la Sección.
31 “En síntesis, los argumentos para aceptar que los miembros de la Fuerza Pública perciban concurrentemente
la pensión de invalidez y la indemnización del lucro cesante son los siguientes: i) la diferencia de causas, porque
los presupuestos fácticos de la causalidad en el régimen pensional y la responsabilidad del Estado son
diferentes; ii) la diversidad de fuentes jurídicas, la indemnización del lucro cesante fundamentada en el artículo
90 de la Constitución Política y la pensión en el régimen especial contenido en la Ley 923 de 2004, así como en
los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014; iii) el carácter no indemnizatorio de la pensión, que corresponde a
una prestación social propiamente dicha; iv) la ausencia de la finalidad de extinguir la obligación indemnizatoria
en el momento en que la entidad reconoce el derecho pensional; v) la falta de consagración de la subrogación
en favor de la entidad que reconoce y paga la pensión”.
32 Como ya se dijo, si bien el magistrado ponente de esta decisión presentó salvamento de voto frente a la
unificación en cita, acoge la postura aprobada por la mayoría de la Sala Plena de Sección Tercera.
33 Folio 629 del cuaderno 4 de pruebas.
34 Folio 631 del cuaderno 4 de pruebas.
35 Folio 632 del cuaderno 4 de pruebas.
14
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
57.Al margen del vínculo familiar de uno de los declarantes y su eventual condición
de testigo sospechoso, lo cierto es que en el expediente no se probó si en efecto
se reconoció una pensión de sobreviviente en favor de la señora Luz Dary Alvis de
Torres por la muerte del señor William Torres Alvis y, de ser así, los términos en
que se realizó ese reconocimiento; sin embargo, de considerar la aplicación por
analogía del criterio de unificación antes referido, ello no impediría el
reconocimiento del lucro cesante en este asunto.
58. Asimismo, si bien se probó que el señor William Torres Alvis nació el 10 de marzo
de 1985 y que para el momento de su muerte tenía 26 años, lo cierto es que esa
circunstancia no impone concluir que él hubiese formado su propio hogar y que no
ayudara económicamente a sus padres, dado que frente a ese hecho los
testimonios dan cuenta de que el señor William Torres Alvis era quien suministraba
el sustento económico a la señora Luz Dary Alvis de Torres, sin que obren
elementos de prueba que den cuenta de una situación diferente.
59. No obran elementos que acrediten una situación de invalidez de la señora Luz
Dary Alvis de Torres que le impidiera proveerse su propia subsistencia; sin
embargo, tampoco obran pruebas que demuestren lo contrario y frente a este punto
la Sala Segunda de revisión de la Corte Constitucional en la sentencia T-473 de
2025 expresamente señaló que “en el caso bajo estudio también se
configuraron perjuicios materiales ya que, como consta en el material
probatorio, William Torres Alvis era quien propendía por el sustento
económico de su hogar, debido a que era una persona económicamente
productiva”36, consideración que impide realizar un análisis diferente sobre el
particular.
60. En esas condiciones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
respecto del lucro cesante reconocido en favor de la señora Luz Dary Alvis de
Torres y por razones de equidad actualizará el monto de la condena reconocida por
el Tribunal.
Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)37
(IPC inicial)38
Lucro cesante $416’601.391,81.
V.A = ($416’601.391,81) x (154.07)
(98,91)
V.A = $648’931.112.
Costas
61. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 202139, en la sentencia se dispondrá sobre la
36 Fundamento 163 de la sentencia T-473 de 2025.
37 IPC vigente a la fecha de la presente providencia. Se precisa que se toma el IPC de enero de 2026, toda vez
que la publicación se hace mes vencido.
38 IPC vigente para la fecha de la sentencia de la primera instancia (abril de 2018).
39 Aplicable en razón de la fecha de interposición del recurso de apelación – 3 de diciembre de 2013-.
15
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
condena en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el
procedimiento civil -hoy Código General del Proceso-.
62. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el
recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”.
63. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de
reparación directa con cuantía que implicó que la parte demandante actuara por
intermedio de apoderado.
64. Así las cosas, se fija como agencias en derecho la suma de cinco millones
doscientos catorce mil cuatrocientos veintitrés pesos M/Cte. ($5’214.423) a favor
de los demandantes en partes iguales y a cargo de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, monto que corresponde al 0.5% del valor de las
pretensiones reconocidas en la sentencia40. Esta determinación se adopta de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 1887 de 2003, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, norma vigente en materia de tarifas de agencias
en derecho para la fecha en que se presentó la demanda41.
65. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por orden y decisión de la Corte
Constitucional.
SEGUNDO: ACTUALIZAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2018 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, cuya parte resolutiva quedará así:
PRIMERO: DECLARAR responsable administrativamente a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por el fallecimiento del CS
William Torres Alvis, el 10 de octubre de 2011, en el municipio de
Guachené, Cauca, según lo expuesto.
40 Se reconocen a los demandantes $1.042’884.737; $393’953.625 por perjuicios morales y $648’931.112 por
lucro cesante.
41 ““CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
16
Radicación: 19001-23-33-000-2013-00690-01 (61.969)
Actor: Luz Dary Alvis de Torres y otras
Demandado: Nación – Mindefensa - Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes
sumas de dinero:
Demandante Monto
Luz Dary Alvis de Torres 100 smlmv
Ana Milena Torres Alvis 50 smlmv
Mercedes Buitrago Bohórquez 50 smlmv
Yolanda Alvis Buitrago 25 smlmv
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante en favor de la señora Luz Dary Alvis de Torres la suma
de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE ($648’931.112),
CUARTO .La sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 192
a 195 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO. Negar las demás pretensiones de la demanda”.
TERCERO: CONDENAR en costas a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional en favor los demandantes en partes iguales. Para el efecto, las agencias
en derecho se fijan en la suma total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/Cte. ($5’214.423).
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los
términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.