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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04896-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04896-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modifícase la sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el sentido de denegar la acción de tutela frente al derecho a la igualdad y, confírmase en lo demás, el fallo impugnado, que declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04896-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

28 de noviembre de 2024

Demandante: Melba Esperanza Benítez Coy
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-04896-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04896-01
Demandante: MELBA ESPERANZA BENÍTEZ COY
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la providencia
del 10 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de tutela impetrada por Melba
Esperanza Benítez Coy, contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda - Subsección A y el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito
de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

La parte accionante, actuando a través de apoderado judicial, interpuso amparo
constitucional contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
• Subsección “A y el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de
Bogotá, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. 1

Consideró vulneradas las citadas garantías con ocasión de la providencia del 6 de
junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual
confirmo la sentencia del Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, quien negó las pretensiones de la demanda.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

1 También invoco los principios de seguridad jurídica, favorabilidad en materia pensional, protección

del erario público y Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional.
1

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Demandante: Melba Esperanza Benítez Coy
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-04896-01

… 1º. PRIMERO: Dejar sin efectos las sentencias emitidas por el tribunal
administrativo de Cundinamarca - sección segunda - subsección “a”, en la
providencia de fecha 06 de junio de 2024 que confirmo la sentencia de primera
instancia proferida por el juzgado cincuenta y uno (51) administrativo de oralidad del
circuito judicial de Bogotá D.C. – sección segunda de fecha 08 de febrero de 2024
mediante la cual se negaron las suplicas de la demanda, dentro del proceso con
radicado no. 11001334205120230016700.
2°. SEGUNDO: Ordenar al tribunal administrativo de Cundinamarca - sección
segunda - subsección “A” a proferir sentencia de fondo ordenando al fondo nacional
de prestaciones sociales del magisterio a reliquidar la pensión jubilación al retiro del
servicio de la docente, incluyendo además de los factores reconocidos,
adicionalmente se debe reconocer la prima de vacaciones, factor sobre el cual se
hicieron cotizaciones a seguridad social…2

1.3. Hechos

La señora Melba Esperanza Benítez Coy laboró al servicio del Estado y cotizó al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio desde el 22 de enero de
2001 hasta el 26 de marzo de 2021.

La Secretaría de Educación del Distrito, mediante Resolución No. 3956 del 30 de
julio de 2020, le reconoció la pensión de jubilación y, por ende, ordenó el pago de la
misma a la parte accionante, aclarada mediante Resolución No. 4460 del 24 de
agosto de 2020, efectiva a partir del 29 de julio de 2016.

Con posterioridad, esto es, el 10 de diciembre de 2021, por medio de la Resolución
No. 9312, la entidad accionada reliquidó la pensión por retiro del servicio,
incluyendo los factores salariales de asignación básica, bonificación mensual y
bonificación pedagógica.

El 16 de noviembre de 2022, la parte actora solicitó a la entidad demandada la
revisión y reajuste de la pensión de jubilación debido a que no se tuvieron en cuenta
todos los factores salariales devengados al retiro del servicio; así mismo, pidió que
se realizaran los descuentos a seguridad social de aquellos factores a los que no se
hubiese realizado.

Mediante el Oficio No. S-2022-362394 del 16 de noviembre de 2022, la Secretaría
de Educación de Bogotá negó el ajuste de la pensión de jubilación. Así como, la
solicitud de realizar el pago de los aportes a seguridad social sobre los factores
salariales en los que no se realizó dichas cotizaciones.

Por lo anterior, el tutelante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó a la Nación- Ministerio De Educación
Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Distrito Capital-
Secretaría de Educación, con el fin de declarar la nulidad de la Resolución No. 144
del 13 de enero de 2023, por la cual se negó el ajuste de la pensión de jubilación, y

2 Transcripción original con posibles errores

2

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del Oficio No. S-2022-362394 del 16 de noviembre de 2022, que negó la solicitud
de descuentos a seguridad social sobre la totalidad de los factores salariales
devengados por la actora.

De la citada demanda, fechada el 8 de febrero de 2024, conoció en primera
instancia El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo Del Circuito Judicial De
Bogotá, quien negó las pretensiones de la demanda. No obstante, el demandante
interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.

En sede de apelación, Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
– Subsección “A”, mediante sentencia del 6 de junio de 2024 decidió confirmar la
sentencia proferida por El Juzgado Cincuenta Y Uno Administrativo Del Circuito
Judicial De Bogotá.3

1.4 Sustento de la vulneración

La accionante señaló que, las autoridades accionadas violaron su derecho
fundamental a la igualdad, puesto que, tanto en primera como en segunda
instancia, los despachos en casos similares han aplicado en debida forma el
precedente judicial del Consejo de Estado relacionado con la manera en que se
deben reliquidar las pensiones de los empleados públicos en virtud de la Ley 91 de
1989.

Por otro lado, precisó que se ve afectado su derecho fundamental al debido
proceso, como quiera que, aplicaron de manera errada al precedente judicial del
Consejo de Estado, pues no se están teniendo en cuenta los factores sobre los
cuales se realizaron las correspondientes cotizaciones, dicho emolumento
corresponde a la prima de vacaciones, lo que en efecto, conlleva a tomar una
decisión que no es razonable frente al asunto, más aún cuando existe el Acto
legislativo 01 de 2005, el cual indica que para la liquidación de pensiones deben de
tenerse en cuenta las cotizaciones realizadas por el aportante al sistema pensional.

Aseveró que, se violó el derecho fundamental a la seguridad social en razón a que
la mesada pensional devengada no está conforme a las cotizaciones realizadas
sobre los factores devengados al momento del retiro del servicio, asignaciones
salariales a las cuales la entidad reconoció a través de la resolución N° 144 del 13
de enero 2023, mediante la cual se ajusta la reliquidación de una pensión de
jubilación por aportes, donde se reconocieron los siguientes factores salariales:
asignación básica, bonificación mensual, bonificación pedagógica quedando sin
incluir el factor salarial correspondiente a la prima de vacaciones.

Seguidamente, refirió que con el actuar de los despachos judiciales se le está

3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumento que no tiene derecho a que se le reliquide

la pensión de jubilación que le fue reconocida teniendo como base todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, toda vez que, no se allega otra prueba que acredite sobre
qué factores cotizo la demandante en el año anterior al retiro del servicio.
3

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desconociendo el derecho al mínimo vital, toda vez que, al no haberse proferido una
sentencia conforme a derecho, se le han generado inconvenientes económicos,
emocionales y familiares, que desmejoran su calidad de vida, ya que no se reajustó
la mesada pensional, vulnerando también derechos relacionados con la seguridad
social.

Por último, citó el artículo 58 de la Constitución Política4 relacionado con la
propiedad privada de personas naturales y jurídicas, con el cual afirmó que se vio
quebrantado, debido a que no se realizó la liquidación de la mesada pensional con
la inclusión de los factores sobre los cuales la entidad realizó las cotizaciones a
seguridad social, por tanto, no ha podido disfrutar de la utilidad de este bien
fungible.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 16 de septiembre de 20245, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar en calidad de demandada al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda - Subsección A y al
Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá , así como, la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria la Previsora S.A. (como vocera y
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y al
Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, en
calidad de terceros con interés.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá

Mediante escrito remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo
de Estado, argumentó que no se acreditó ninguno de los requisitos específicos
establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que sea procedente la acción
de tutela incoada y, por el contrario, lo que pretende la accionante es revivir, en
sede de tutela, la discusión jurídica respecto de la decisión tomada por la el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda -Subsección “A”- con la cual se
confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo Oral

4 Artículo 58. Constitución Política Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función
social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá
y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.
5 Ver en expediente. Auto que admite acción de tutela. Índice 005

4

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del Circuito de Bogotá D.C.

1.6.2. La Nación – Ministerio de Educación Nacional

Estimó que, no se demostró que las vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometieran gravemente la existencia o supervivencia
del accionante, ni el acceso a la administración de justicia. En este caso se
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional,
situación por la cual debería declararse improcedente la presente acción de tutela.

1.6.3. Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “A”.

Arguyó que, la demanda de tutela incoada debe negarse, por cuanto la sentencia
atacada se ajustó al material probatorio que obraba en el plenario. Específicamente,
se profirió en atención al formato único para expedición de certificado de salarios
expedido el 28 de octubre de 2022 proferido por la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C.

Por otra parte, advirtió que, efectivamente, la demandante en el año anterior al
retiro del servicio, devengó sueldo, prima de alimentación, prima especial,
bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de
vacaciones y prima de navidad. Sin embargo, no se indicó sobre qué factores se
realizaron las cotizaciones. Esto, pues si bien el factor “prima de vacaciones”
aparece en el certificado, lo cierto es que en ninguna parte del citado documento se
advierte qué significa, por ende, no se podía concluir qué sobre el factor prima se
había realizado la cotización.

1.6.4. La Fiduprevisora S.A.

Indicó que, el ejercicio de la acción de tutela por vía de hecho exige para el
accionante la fundamentación de causales genéricas y específicas de
procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y
por eso, deben ser expuestas de manera nítida por el accionante. De ahí que, la
argumentación es exigua, en relación con la configuración de dichos requisitos,
puesto que, el mecanismo tutelar se está utilizando con el ánimo invalidar
actuaciones procesales realizadas con anterioridad, mediante el ejercicio de la
presente acción.

1.7. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante providencia del 10 de octubre
de 2024, declaró improcedente la acción de tutela porque no se cumplió con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto que , lo formulado en el amparo

5

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constitucional ya fue objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas,
por lo que este mecanismo no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la parte
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

Por otra parte, la Sala indicó que la controversia planteada por la actora es de
naturaleza puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y
goce de los derechos fundamentales indicados supra, en razón a que, el proceso de
nulidad y restablecimiento de derecho se adelantó ante la autoridad competente, se
respetó de las formas propias del proceso, adicionalmente, se presentaron y
controvirtieron las pruebas allegadas.

1.8. Impugnación

La parte actora, con memorial enviado por correo el 29 de octubre de 20246,
impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 28 de
octubre del mismo año, por los siguientes motivos:

Señalo que, durante la vinculación laboral como docente oficial del Magisterio
Colombiano, realizó las cotizaciones a seguridad social, tal como lo estipula el
principio de sostenibilidad financiera, sin embargo, al momento en que se retira del
servicio, la Secretaría de Educación del distrito no emite el acto administrativo
conforme a derecho, incurriendo en un error, en razón a que no realizó un estudio a
la liquidación consecuente con lo devengado y cotizado, para que se incluyeran los
emolumentos a los que se realizaron las cotizaciones correspondientes. Tal
omisión, infringe la norma de rango constitucional, que indica:

ARTICULO 1° inciso 6°. "Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

De igual manera, reiteró que se esta vulnerado el derecho a la igualdad, ya que en
casos similares al de ella, los despachos judiciales tanto en primera como en
segunda instancia, han aplicado en debida forma el precedente judicial del Consejo
de Estado relacionado con la manera en que se deben reliquidar las pensiones de
los empleados públicos en virtud de la Ley 91 de 1989.

Por otra parte, alegó que se vulneró el debido proceso cuando la autoridad judicial
en el presente asunto aplica de manera errada la interpretación de la norma,
tomando una decisión que no es razonable frente al asunto sin una fundamentación
conforme a derecho. Seguidamente citó la sentencia T-377 del año 2000, en la cual
la corte constitucional se pronuncio frente al debido proceso.

El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a
las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones

6 Ver en SAMAI, índice 00024.

6

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que se adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter
disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los
trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el
objeto de cumplir una obligación.

Por último, trajo a colación la sentencia T – 011 de 1998, relacionada con el mínimo
vital, en la cual define el derecho en mención, como los requerimientos básicos
indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia.
Con lo expuesto en el párrafo anterior, señaló que toda persona tiene derecho al
goce de condiciones esenciales, con el fin preservar su seguridad material.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de
1991, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia de acuerdo
con lo planteado por la parte impugnante.

Se establecerá si la providencia emitida por el Consejo de Estado, Sección Primera,
sala de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se confirmó la sentencia del
6 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda - Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda,
vulneran los derechos fundamentales.

Por tanto, se analizará si teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple el presupuesto de relevancia
constitucional. De ser así, se estudiarán los demás requisitos generales de
procedencia y en caso de acreditarse se examinará el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

7 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
7

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…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. 8

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción
constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y
cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–9.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y

8 Ibídem.
9 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
8

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de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Requisito de procedibilidad de relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202210, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional
ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún
derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que
analizó el juez natural de la causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de procedibilidad en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el juez de tutela
debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…”.

La citada corte consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. Por lo que, no
se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito son las
siguientes:

10 Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante: Darío
José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
9

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(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal 11
(Énfasis de la Sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de
la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con
este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política
o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

2.5. Análisis del requisito de relevancia constitucional

En el presente asunto, se advierte que la accionante pretende que se deje sin
efecto la providencia de segunda instancia fechada el 6 de junio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda- Subsección A.

La controversia tiene origen en un proceso ordinario a través del medio de control
de Nulidad y Restablecimiento de Derecho promovido por la parte demandante
contra la Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Distrito Capital- Secretaría de Educación,
con número único de radicación: 11001-3342-051-2023-00167-00, en el cual se le
denegó la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta los factores
salariales devengados en el último año de servicio.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso, seguridad social y al mínimo vital, habida cuenta de
que, a juicio de la parte actora , la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivó y desconocimiento de precedente, comoquiera que, los
despachos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección C -E -F, en
casos similares han aplicado en debida forma el precedente judicial del Consejo de
Estado relacionado con la manera en que se deben reliquidar las pensiones de los
empleados públicos en virtud de la Ley 91 de 1989, así mismo, la interpretación que

11 Sentencia SU-573 de 2019.

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Demandante: Melba Esperanza Benítez Coy
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-04896-01

le dan a la norma es errada, lo que conlleva a que se tome una decisión que no es
razonable frente al asunto sin una fundamentación conforme a derecho.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta
corporación especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se
dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente
relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada
como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de
defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a
reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el
desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso
constitucional, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras
de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela12

Descendiendo al caso concreto, se evidencia que en la providencia del 6 de junio
de 2024 proferida por el tribunal, se tuvo en cuenta la sentencia del del 26 de
noviembre de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda de del
Consejo de Estado 13, en razón a que la pensión del demandante, se rige por el
régimen de transición y la Ley 71 de 1988. En ese sentido, indicó cual es el salario
base para liquidar la pensión, dejando en claro que, es el salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.

Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes.
El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.14

Frente a lo pretendido en la demanda respecto a la reliquidación de la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio, el Tribunal señaló que si bien en el formato único para la
expedición de certificado de salarios expedido por la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C., se evidenció que durante el último año de servicio, « la señora Melba
Esperanza Benítez Coy devengó sueldo, prima de alimentación, prima especial,
bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, prima de

12Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto
13 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION
SEGUNDA-SUBSECCIÓN “B”. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Bogotá
D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Radicado: 25000-23-42-000-
201401326-01. N° Interno: 3677-2016. Demandante: David Turbay Turbay. Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema: Pensión. Instancia: Segunda-ley 1437 de 2011
14 Decreto 2709 de 1994. Articulo 6.

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vacaciones y prima de navidad, lo cierto es que no se indicó sobre qué factores se
realizaron cotizaciones, aunque el factor prima de vacaciones aparece con “***”, en
ninguna parte del citado documento se advierte que significa “***”, por tanto, no se
logró concluir que sobre el factor prima de vacaciones se había realizado dicha
cotización». Adicional a ello, de acuerdo a la sentencia de unificación de 25 de abril
de 201915, precisó que, «para liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes y para el presente caso no se allega otra prueba que acredite
sobre qué factores cotizó la demandante en el año anterior al retiro del servicio».16

En ese orden de ideas, se advierte que la acción de tutela de la referencia es
improcedente por falta del requisito general de la relevancia constitucional, porque a
través de ésta, la accionante lo que busca es cuestionar una decisión judicial, como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso
ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad judicial accionada
pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del
principio de la autonomía judicial. Por el contrario, se observa que le dio plena
aplicación al precedente del Consejo de Estado.

En efecto, la divergencia planteada por la actora subyace del hecho de que, en su
sentir, de una adecuada aplicación de la jurisprudencia y la normativa dispuesta
para el asunto se podía advertir el derecho que tenía a ser reliquidada su pensión
de vejez incluyendo el factor salarial denominado: “[…] PRIMA DE VACACIONES
[…]”, devengada durante el último año de servicios.

Lo anterior significa que lo que propone es que el juez de tutela haga un nuevo
examen integral del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con la
finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se
acoja la interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una
instancia o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

Sumado a lo anterior, las inconformidades que ahora alega el actor en esta sede
constitucional fueron ampliamente atendidas por el tribunal, con fundamento en el
análisis que realizó de las normas jurídicas y la jurisprudencia aplicable al caso
concreto.

En suma, no se advierte la existencia de una cuestión que sea de « relevancia
constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales
del actor, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en relación con

15 Sobre el régimen pensional de docentes oficiales ver Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019, Expediente:
68001-23-33-000-2015-00569- 01 (0935-17) de 25 de abril de 2019
16 Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “A”. Sentencia de

segunda instancia proferida el 6 de junio de 2024. Identificada con numero de radicación 11001-33-
42-051-2023-00167-01.
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aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad judicial
accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se encuentra que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones
que efectúe la autoridad judicial que conoce un asunto, se debe respetar por el juez
de tutela, quien no puede desconocer la decisión que haya adoptado.

Ahora bien, se observa que la tutelante también invocó el desconocimiento del
derecho a la igualdad por cuanto en casos similares al suyo, la autoridad judicial de
segunda instancia adoptó una decisión distinta y favorable a los intereses de los
demás accionantes. Dicho cargo cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto conlleva a una discusión sobre el alcance de la mencionada
prerrogativa de cara a la providencia controvertida pues se reprocha precisamente
que esta se adoptó en contravía de la tesis que han venido adoptando los distintos
despachos judiciales.

También se cumple con los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial como lo son inmediatez, dado que la sentencia atacada
data de 6 de junio de 2024, por lo que sin necesidad de establecer su ejecutoria se
puede establecer que no han pasado más de seis meses desde esa fecha y el
ejercicio del amparo; subsidiariedad, en tanto no proceden recursos ordinarios o
extraordinarios contra ese fallo; y no se trata de una acción de tutela contra un fallo
de la misma naturaleza.

Por ende, se analizará de fondo la acción de tutela únicamente frente a la presunta
vulneración del derecho a la igualdad.

2.6. Análisis de fondo del derecho a la igualdad

En la demanda de tutela, la actora señaló que se lesionó tal bien jurídico, por
cuanto en varios antecedentes se reconoció la prima de vacaciones como factor
salarial, en casos similares a los suyos, los cuales citó:

• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -F- MP: BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS-
EXPEDIENTE 11001333502920210034301.- FALLO DEL 11 DE JULIO DE
2023. - .
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -E- MP: RAMIRO IGNACIO DUEÑAS RUGNON-
EXPEDIENTE 11001333503020220008601.- FALLO DEL 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2023. –
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -F- MP: LUIS ALFREDO ZAMORA ACOSTA- EXPEDIENTE
11001333502120220004201.- FALLO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023. –
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• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -C- MP: AMPARO OVIEDO PINTO - EXPEDIENTE
11001333501320210025101.- FALLO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023. - .
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -C- MP: SAMUEL JOSE RAMIREZ POVEDA - EXPEDIENTE
11001333501320210025101.- FALLO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 – T
• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION -C- MP: SAMUEL JOSE RAMIRE

Como se puede observar, ninguno de los fallos enunciados fue proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
razón por la cual se trata de salas distintas a la que adoptó la decisión objeto de
controversia. Como quiera que, las sentencias que presuntamente fueron
desconocidas estuvieron conformadas por distintos magistrados a la subsección
accionada

Por ende, no se advierte lesionado el derecho a la igualdad, motivo por la cual se
modificará la sentencia impugnada para, en su lugar, denegar el amparo frente al
derecho a la igualdad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modifícase la sentencia del 10 de octubre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, en el sentido de denegar la acción de tutela
frente al derecho a la igualdad y, confírmase en lo demás, el fallo impugnado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los días (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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Demandante: Melba Esperanza Benítez Coy
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-04896-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providenciaoficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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