Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04908-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04908-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04908-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
15 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04908-00
Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
CONSEJ DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04908-00
Accionante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Tema: tutela contra providencia judicial – cosa juzgada. Subtema 1: reparación
directa/ejecución extrajudicial. Subtema 2: defectos fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de tutela que presentó Daessy Ocampo Gómez en su propio nombre y
en representación de su hijo Luis Ferney García Ocampo en contra del Tribunal
Administrativo de Caldas y el Juzgado Sexto Administrativo de Manizales.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Daessy Ocampo Gómez quien obra en su propio nombre y en
representación de su hijo Luis Ferney García Ocampo presentó acción de tutela 1
con el fin de que se amparen sus derechos y garantías fundamentales a la
dignidad humana, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, «a la verdad, justicia y reparación de las víctimas» y el principio
de seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias proferidas el 24 de junio de 2022 y el 14 de marzo de 2024 por el
Juzgado Sexto Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con
el radicado 17001-33-39-006-2019-00236-00/02.
1 índice 2 de Samai.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04908-00
Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
II. ANTECEDENTES
2.1. Pretensiones
En el escrito de tutela la parte actora solicitó que como consecuencia del amparo
de los derechos que afirmó fueron vulnerados, se revoque la sentencia que profirió
el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, el 14 de marzo de
2024 y se le ordene emitir una nueva que acoja la totalidad de las pretensiones de
reparación del daño causado con la muerte de su compañero permanente y padre
de su hijo, Luis Ferney García Gómez.
2.2 Hechos
La parte actora expuso, como fundamento de su solicitud, los hechos que se
resumen a continuación:
El 27 de agosto de 2007, su compañero permanente Luis Ferney García Gómez
falleció producto de una «ejecución extrajudicial» en la que participaron miembros
del Ejército Nacional.
Como consecuencia de lo anterior, Daessy Ocampo Gómez, en nombre propio y en
representación de su hijo, Luis Ferney García Ocampo, presentó demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el
fin de que se les declarara responsables por la muerte de Luis Ferney García Gómez
y se les reparara el daño causado.
El Juzgado Sexto Administrativo de Manizales en sentencia del 24 de junio de 2022
declaró de oficio la cosa juzgada, al encontrar probada la existencia de un proceso
anterior con identidad de partes, objeto y causa, identificado con el número 17001-
33-3-004-2009-00347-00 y tramitado ante el Juzgado Tercero Administrativo de
Manizales en descongestión.
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 14 de marzo de 2024
desató el recurso de apelación interpuesto por Daessy Ocampo Gómez en contra
del fallo del 24 de junio de 2022, emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de
Manizales, y confirmó la decisión recurrida.
2.3. Fundamentos de la solicitud
La tutelante consideró que las accionadas trasgredieron sus garantías
constitucionales, pues incurrieron en sus sentencias en los defectos: (i) fáctico y (ii)
procedimental absoluto.
Frente al defecto fáctico precisó, que el Tribunal Administrativo de Caldas y el
Juzgado Sexto Administrativo de Manizales omitieron valorar la totalidad de los
documentos aportados con la demanda de reparación directa; a saber:
(i) La sentencia condenatoria proferida, por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Pereira, el 28 de julio de 2016, dentro del proceso penal
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Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
adelantado a Carlos Alberto Ayala Pacheco por la muerte de Luis Ferney García
Gómez. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales, Sala Penal, mediante providencia del 25 de mayo de 2027.
(ii) La sentencia condenatoria proferida, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Antioquia, el 21 de julio de 2016, en el proceso penal
adelantado a Robinson Javier González del Rio por la muerte de Luis Ferney
García Gómez.
(iii) La sentencia del 3 de octubre de 2019, expedida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, a través de la cual se declaró administrativa y
patrimonialmente a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por la
muerte de Luis Ferney García Gómez y Jorge Luis García Gómez.
(iv) El Registro civil de nacimiento de Luis Ferney García Ocampo con el que se
acreditó que es hijo biológico de la víctima directa del daño, Luis Ferney García
Gómez.
Asimismo, indicó que las decisiones cuestionadas también incurrieron en defecto
procedimental por desconocimiento del principio de «no reformatio in pejus», en
tanto los argumentos resueltos en la decisión de segunda instancia, no se
circunscribieron a lo alegado por la parte demandante en el recurso, quien actuó
como apelante único.
2.4. Trámite procesal
El despacho ponente mediante auto del 17 de septiembre de 20242 admitió la
demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Juzgado
Sexto Administrativo de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas, y puso en
conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados, la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, y las señoras Alisson Dahiana García, Dana Isabella
García y María Marleny Gómez Loaiza3.
2.5. Intervenciones
2.5.1. El Juzgado Sexto Administrativo de Manizales4 remitió expediente del
proceso ordinario sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tutela.
2.5.2. El Tribunal Administrativo de Caldas5 solicitó que se niegue o se declare
improcedente la tutela al considerar que este tribunal no vulneró ninguno de los
derechos que refirió la parte actora. Además, la sentencia de segunda instancia se
fundamentó en la normativa y jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con
el instituto jurídico de la cosa juzgada.
2.5.3. Los terceros con interés guardaron silencio.
2 índice 6 de Samai.
3 Índices 10 y 20 de Samai.
4 índice 12 de Samai
5 índice 18 de Samai
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de
la presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Caldas y el Juzgado Sexto Administrativo de Manizales.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. La legitimación en la causa por activa de Daessy Ocampo Gómez y de su
hijo Luis Ferney García Ocampo se encuentra acreditada, por cuanto fueron
demandantes en el proceso ordinario en el que se expidieron las sentencias del 24
de junio de 2022, que declaró configurada la cosa juzgada y del 14 de marzo de
2024 que la confirmó. Estas decisiones son objeto de tutela y, por lo tanto, los
accionantes son titulares de los derechos fundamentales cuyo amparo pretenden.
3.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Sexto Administrativo de Manizales y del Tribunal Administrativo de Caldas, en la
medida en que fueron las autoridades que emitieron las providencias que, afirmó la
tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales y los de su representado.
3.3. Cuestión preliminar
Aunque el escrito de tutela se dirige a cuestionar las sentencias proferidas por el
Juzgado Sexto Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas,
la Sala considera que el estudio de la presente acción constitucional debe centrarse
en la providencia de segunda instancia proferida el 14 de marzo de 2024, por el
referido tribunal, toda vez que esta decisión puso fin al proceso de reparación directa
que promovió Daessy Ocampo Gómez contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, en tanto confirmó integralmente el fallo de 24 de junio de 2022,
dictado por el referido juzgado.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración de jurisprudencia.
Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional7.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes: i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia
6 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial (subsidiariedad); iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo
razonable y proporcionado (inmediatez), iv) que si se trata de una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión
objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados
los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible,
se aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra
sentencia de tutela.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de las garantías fundamentales.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de las siguientes causales o defectos: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
3.4.1. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que
la configuración de los defectos que expuso la parte actora puede comprometer y
afectar sus derechos fundamentales, para cuyo amparo acudió a esta acción
constitucional.
3.4.2. Los accionantes no cuentan con otros mecanismos ordinarios y/o
extraordinarios para la protección de sus derechos, pues agotaron las instancias
respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
3.4.3. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia
proferida el 14 de marzo de 2024, por el Tribunal Administrativo de Caldas, se
notificó a las partes por correo electrónico el 19 de marzo de 202410, y la demanda
de tutela se presentó el 13 de septiembre de 202411, dentro del plazo razonable de
los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia Constitucional12 y el Consejo
de Estado13.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10 índice 13 de Samai - expediente reparación directa, radicado 17001333900620190023602, Tribunal
Administrativo de Caldas.
11 índice 1 de Samai.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2022.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.4.4. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta
los hechos y argumentos, en los que sustentó la pretensión de amparo y los
defectos que le atribuyó a la providencia. Finalmente, la providencia reprochada no
fue emitida dentro de un trámite de tutela.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales
específicas en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en los defectos
fáctico y procedimental, al proferir la sentencia del 14 de marzo de 2024 y, en
consecuencia, vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, «a la
seguridad judicial, a la verdad, justicia y reparación de las víctimas» de la señora
Daessy Ocampo Gómez y su hijo Luis Ferney García Ocampo.
Para el efecto se estudiará: (i) generalidades de los defectos invocados, y (ii) el
caso en concreto.
3.6. Generalidades de los defectos invocados
Para la accionante, el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia del 14 de
marzo de 2024, trasgredió sus garantías constitucionales, porque incurrió en los
defectos: (i) fáctico y (ii) procedimental absoluto.
3.6.1 Del defecto fáctico
Una decisión judicial presenta defecto fáctico cuando «el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión»14. Este defecto tiene dos dimensiones: una positiva y otra negativa.
La dimensión positiva se configura en aquellos eventos en que el juez, por ejemplo,
«[…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, fueron
indebidamente recaudadas […]»15,, es decir, con desconocimiento del debido
proceso en los términos del artículo 29 de la Carta Política. En estos casos, sin
embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando
ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el juez.
Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:
[…] Debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia. […]16.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-062 de 2018.
15 Sentencia T-538 de 1994, T-781 de 2011, SU-399 de 2012 y SU-453 de 2019.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
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La dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria
ejercida por el juez se presenta la omisión de la «[…] valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez
[…]»17. En esta situación se incurre «[…] cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente […]»18.
En lo que respecta al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la
Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:
«[…] (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en
la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore
pruebas debidamente aportadas en el proceso. […]19.
De acuerdo con lo expuesto, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria
no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio
aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que
aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.
Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, en
atención a los principios de autonomía judicial y del juez natural.
Así las cosas, la configuración del defecto fáctico impone la existencia de un yerro
en la interpretación del acervo probatorio, de tal magnitud que afecte el sentido de
la decisión, por lo que es necesario que se identifique la prueba o pruebas que no
fueron valoradas o fueron valoradas indebidamente, y que el tutelante exponga
válidamente las razones por las cuales la autoridad accionada incurrió en un error
de naturaleza ostensible, flagrante y manifiesto.
3.6.2 Defecto procedimental – reiteración jurisprudencial
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
18 Sentencia SU-159 de 2002; SU-129 de 2021.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013.
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En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de los
procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las
partes, constituyen una causal especifica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el defecto
procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se presenta
cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento legalmente
establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el goce
efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales20».
Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede configurar
porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»21.
De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela,
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno de sus a la defensa y a la contradicción.
En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior, se presente una
vulneración a los derechos fundamentales.»22.
3.7. Del caso concreto
Daessy Ocampo Gómez afirmó en su escrito de tutela que el Tribunal Administrativo
de Caldas, en la sentencia del 14 de marzo de 2024, incurrió en defecto fáctico y
procedimental porque no tuvo en cuenta nuevos hechos y circunstancias acaecidas
con posterioridad a la primera demanda de reparación directa y derivadas de lo
siguiente:
20 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, y T-008 de 2019, y T-367 de 2018
21 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
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(i) las sentencias que declararon penalmente responsables de la muerte de Luis
Ferney García Gómez al mayor y al coronel del Ejército Nacional, Robinson Javier
González del Río y Carlos Alberto Ayala Pacheco, respectivamente;
(ii) la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que declaró la responsabilidad administrativa y condenó patrimonialmente a la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por el fallecimiento del señor
García Gómez, y
(iii) el registro civil de nacimiento de Luis Ferney García Ocampo con el que se
acredita que es hijo biológico de la víctima.
La Sala con el fin de resolver si hay lugar a conceder el amparo constitucional,
estima pertinente precisar lo siguiente:
La señora Daessy Ocampo Gómez y su hijo, Luis Ferney García Ocampo, en el año
2009, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con la pretensión
de reparar el daño causado con la muerte de Luis Ferney García Gómez, atribuida
a los miembros de la fuerza pública.
A la demanda se le asignó el radicado número 17001-33-31-002-2009-00347-0023,
y el conocimiento le correspondió, por reparto, al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Manizales de Descongestión que, por sentencia del 29 de enero de
2015, negó las pretensiones. Esta decisión fue recurrida en apelación por la parte
demandante y el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante providencia del 6 de
agosto de 2015 la confirmó al considerar que no se acreditaron los elementos para
imputarle responsabilidad a la entidad demandada.
Con posterioridad a la resolución del conflicto ordinario en precedencia, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante sentencia del 21
de julio de 2016, condenó al mayor del Ejército Nacional, Robinson Javier González
del Río, por la muerte de los hermanos Jorge Luis y Luis Ferney García Gómez en
hechos acaecidos el 27 de agosto de 2007.
De igual manera, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a través de
sentencia del 25 de mayo de 2017, confirmó la condena impuesta por el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, al coronel del Ejército Nacional,
Carlos Alberto Ayala Pacheco, por el mismo hecho punible.
En proceso separado, Oscar García Gómez y su grupo familiar promovieron
demanda de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejercito Nacional24, con base en los mismos hechos y pretensiones que sirvieron de
fundamento a Daessy Ocampo Gómez para reclamar, en el año 2009, la reparación
del daño que finalmente le fue negada por los jueces que, en su momento,
conocieron la demanda y adelantaron el proceso.
23 Índice 12 de Samai.
24 Identificado con el radicado número 17001-23-31-000-2009-00310-01 (47860).
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Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
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El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como juez de segunda
instancia de la demanda que adelantaron Oscar García Gómez y su grupo familiar,
decidió en sentencia del 3 de octubre de 2019:
(i) Revocar el fallo de 6 de junio de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo
de Caldas.
(ii) Declarar la responsabilidad administrativa de la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, en la muerte de los señores Luis Ferney y Jorge Luis
García Gómez.
(iii) Condenar a la entidad demandada a pagar a favor de los demandantes, Dana
Isabella García Jiménez, Alisson Dahiana García Jiménez, Luis Eduardo García
Tamayo, Oscar García Gómez, José Hernando García Gómez, Dora Lilia García
Gómez, María Saturia García Gómez y Carlos Arturo Saturia Gómez, los perjuicios
morales ocasionados y una indemnización por concepto de violación a bienes e
intereses constitucional y convencionalmente protegidos, así como la realización de
medidas de no repetición.
Esta decisión condenatoria estuvo precedida del decreto de prueba de oficio en
virtud de la cual se trajeron al proceso ordinario, en copia, las sentencias dictadas
el 28 de julio de 2016 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Antioquia, y el 25 de mayo de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala Penal.
La señora Daessy Ocampo Gómez en el año 2019, con fundamento en lo decidido
por los jueces en los procesos penales, acudió nuevamente a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, para que se declarara la
responsabilidad administrativa de la demandada y se condenara a pagar los
perjuicios causados con la muerte de Luis Ferney García Gómez. A la demanda se
le asignó el radicado número 17001-33-39-006-2019-00236-00.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, a quien se le asignó por
reparto el conocimiento de esta nueva demanda, luego del trámite correspondiente,
profirió sentencia el 24 de abril de 2022 en la que declaró configurado el fenómeno
de la cosa juzgada. Esta decisión fue recurrida por la parte demandante y el Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 14 de marzo de 202425, la
confirmó, a partir del análisis de lo demandado en uno y otro proceso, de los sujetos
que integran las partes demandante y demandada, de las pretensiones y del objeto
de cada uno de los procesos, así:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04908-00
Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Radicado -
Sujetos Objeto Causa Decisión de la
autoridad judicial
Demandante: Luis Ferney García Gómez
Daessy Ocampo falleció el 27 de agosto de 2007
Gómez y su hijo Luis en la vereda la Aurora del
Ferney Ocampo Declarar municipio de Manizales, dentro
Gómez administrativamente de la actuación que adelantó un
responsable a la grupo del Ejército Nacional 17001-33-39-006-
entidad demandada adscrito al Batallón BCG-57 2019-00236-00/02
de los perjuicios compañía ESPARTA y al GAULA En sentencia del
irrogados a los del departamento de Risaralda 24 de junio de
demandantes, en la operación denominada 2022, el Juzgado
como consecuencia ATENAS y que dio lugar al inicio Sexto
de la muerte de Luis del proceso penal por homicidio Administrativo de
Ferney García en persona protegida en Manizales, declaró
Gómez por concurso homogéneo y configurada la
Demandada: miembros del heterogéneo con otros delitos, en cosa juzgada.
Nación – Ministerio Ejército Nacional, contra de los señores Robinson Esta decisión fue
De Defensa – en hechos ocurridos Javier González del Río en confirmada por el
Ejército Nacional el 27 de agosto de calidad de Mayor del Batallón de Tribunal
2008. Se condene Contraguerrilla No. 57 y el señor Administrativo de
al pago de lo Carlos Alberto Ayala Pacheco en Caldas, en
perjuicios a título su calidad de Teniente Coronel sentencia del 14
de: - DAÑO MORAL del Ejército Nacional, hechos que de marzo de 2024.
[...] y DAÑO fueron investigados por la
MATERIAL [...]» Fiscalía General de la Nación
como ejecuciones extrajudiciales
de civiles por miembros de la
Fuerzas Militares.
Declarar que la
Demandante: demandada es
Daessy Ocampo administrativamente Como sustento fáctico de las
Gómez y su hijo responsable por el pretensiones manifestó la parte
Luis Ferney daño antijurídico actora, que los señores Julián
Ocampo Gómez Y causado, tanto en Andrés Torres Castañeda y Luis 17001-33-31-002-
Alisson Dahiana las víctimas mismas Ferney García Gómez, el 27 de 2009-00347-00
García, Dana como en los agosto de 2007, salieron de sus En sentencia del
Isabella García, y demandantes casas con una promesa de 29 de enero de
María Marleny relacionados por las trabajo hacia la vereda “La 2015, el Juzgado
Gómez Loaiza muertes arbitrarias Aurora”, sector “La Francia”, del Tercero
de JULIAN municipio de Manizales (Caldas) Administrativo de
ANDRES TORRES y que las tropas del Grupo Sparta Descongestión de
CASTAÑEDA Y del Batallón 57 adscrita a la Manizales negó
LUIS FERNEY Octava Brigada de la Tercera las pretensiones
GARCÍA GÓMEZ, División del Ejército Nacional, de la demanda.
quienes fueron reportaron haber dado de baja en Dicha decisión fue
ejecutados por combate a tres supuestos confirmada por el
Demandado:
miembros del paramilitares, miembros del Tribunal
Nación – Ministerio
Ejército Nacional el frente “Cacique Pipintá”, dos de Administrativo de
De Defensa –
día 27 de agosto de ellos fueron identificados como Caldas, mediante
Ejército Nacional
2007, en la vereda Julián Andrés Torres Castañeda sentencia del 6 de
“La Aurora” del y Luis Ferney García Gómez. agosto de 2015.
Municipio de Afirmó la demandante que la
Manizales, Caldas. muerte obedeció a una ejecución
Se condene al pago extrajudicial.
de PERJUICIOS
MORALES: [...]»
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Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
De la descripción anterior, es posible inferir que el Tribunal Administrativo de Caldas
realizó un adecuado estudio de las demandas presentadas en ejercicio del medio
de control de reparación directa por la señora Daesy Ocampo Gómez en nombre
propio y en representación de su hijo Luis Ferney Gómez Ocampo, que lo llevó a
concluir que para el segundo proceso se configuró la cosa juzgada que le impedía
efectuar un nuevo estudio de la responsabilidad en los términos propuestos por la
parte demandante, hoy tutelante.
Adicionalmente, precisó que la existencia de otras demandas definidas en forma
positiva o el hecho de que en un proceso penal se haya condenado a los integrantes
de la fuerza pública que participaron en el operativo en el que resultó muerto el
señor Luis Ferney García Gómez, no es razón suficiente para reabrir un proceso
legalmente terminado y con fuerza de cosa juzgada, máxime cuando los asuntos
penales y los administrativos son autónomos e independientes.
Ahora bien, con relación al fenómeno jurídico que aplicó el tribunal accionado, la
jurisprudencia Constitucional ha precisado que «la cosa juzgada es una institución
jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y
definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica»26.
Acorde con lo mencionado, el Consejo de Estado27, en distintos pronunciamientos
ha sostenido que el concepto de cosa juzgada «[…] hace referencia al carácter
imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica
de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en
ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia».
En consecuencia, es posible «[…] predicar la existencia del fenómeno de la cosa
juzgada, cuando llega al conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con
identidad jurídica de partes, causa y objeto».
Consecuente con lo anterior, es válido afirmar que la cosa juzgada se presenta
cuando el litigio sometido a consideración de un juez ya fue definido en otro proceso
anterior cuyos efectos tanto procesales como sustanciales, impiden un nuevo
pronunciamiento dada la naturaleza vinculante de los fallos judiciales, pues solo así
se logra garantizar la seguridad jurídica y la inmutabilidad de las decisiones
judiciales.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 14 de marzo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, no incurrió en los defectos fáctico
y procedimental, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia28,
que declaró configurada la cosa juzgada, el encontrar acreditados los elementos de
26 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de
2009, radicación número: 11001-03-24-000-2004-00262-01, reiterada en sentencia de la Sección Tercera,
Subsección A, del 24 de marzo de 2011, expediente 34396. Sentencia de la Sección Tercera, Subsección B,
del 24 de mayo de 2012, expediente 23221.
28 Sentencia de 24 de junio de 2022, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo de Manizales.
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Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
identidad de partes, de causa y de objeto, estuvo soportada en un estudio razonable
de cada uno de los procesos promovidas por la aquí tutelante, así como en la
normativa procesal y la jurisprudencia aplicable al caso concreto que, a pesar de
resultar desfavorable a la parte demandante, no por ello se puede colegir que estuvo
precedida de arbitrariedad, irracionabilidad o capricho.
De otra parte debe precisar la Sala que, los argumentos en los que la accionante
fundó la pretensión de amparo, demuestran su inconformidad con la decisión que
adoptó la autoridad judicial accionada, por tal razón, no es de recibo que pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso
ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, pues no hay que olvidar que la tutela contra providencia judicial implica
un juicio de validez y no de corrección de la decisión29.
IV. CONCLUSIÓN
La Sala no advierte vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
tutelante, por cuanto no se infiere del contenido de la decisión objeto de tutela, un
análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden
constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico y
procedimental, que amerite la intervención del juez de tutela.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora Daessy
Ocampo Gómez quien actúo en nombre propio y en representación de su hijo
Luis Ferney García Ocampo, en la solicitud de tutela que presentó en contra del
Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.
29
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 6 de mayo de 2021.
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Demandante: Daessy Ocampo Gómez y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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