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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06749-00

Fecha
11 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06749-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Paula Andrea Rendón Duque y otros en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06749-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06749-00
Accionantes: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06749-00
Accionantes: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: defectos fáctico y procedimental.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la señora Paula Andrea Rendón Duque y otros, en
contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Paula Andrea Rendón Duque, su hijo Mateo Torres Rendón y el señor
Santiago Muñoz Rendón, a través de apoderada, presentaron acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a la
seguridad jurídica, que consideraron vulnerados con ocasión de las sentencias
proferidas el 24 de septiembre de 2021 y el 20 de mayo de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, respectivamente, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 17001-23-33-000-2018-00616-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El 27 de agosto de 2007, Julián Andrés Torres Castañeda fue asesinado junto con
otras dos personas en la vereda La Aurora del municipio de Manizales (Caldas), en
medio de un enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional adscritos al «Batallón
1
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1

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BCG-57, Compañía Esparta», en una operación conjunta realizada con el Gaula de
Risaralda.
3. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante
sentencia del 21 de julio de 2016, condenó penalmente al mayor del Ejército Nacional,
Robinson Javier González del Río, por la muerte de Julián Andrés Torres Castañeda,
luego de que este admitiera que, cuando fue comandante del Batallón BCG-57, hizo
creer a la víctima y a otras dos personas que realizarían un cobro en una finca, para
luego simular un intercambio de disparos y presentarlos como miembros de grupos al
margen de la ley dados de baja en combate.
4. Asimismo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a través de
sentencia del 25 de mayo de 2017, confirmó la condena impuesta por el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira al coronel del Ejército Nacional,
Carlos Alberto Ayala Pacheco, por el mismo hecho punible, toda vez que participó en
la operación que buscaba presentar los falsos resultados operacionales.
5. Con fundamento en dichas providencias, Paula Andrea Rendón Duque y otros2
presentaron demanda de reparación directa, en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa de las entidades demandadas por la muerte de Julián Andrés Torres
Castañeda y se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y
materiales causados.
6. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 24 de septiembre de
2021, declaró probada la caducidad del medio de control judicial, al considerar que los
demandantes tenían plazo para presentar la demanda hasta el 17 de octubre de 2009,
pero radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 23 de abril de 2018 y la
demanda el 12 de diciembre de 2018, es decir, por fuera del término legal establecido.
Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.
7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de providencia del
20 de mayo de 2024, modificó la sentencia de primera instancia en los siguientes
términos:

i) Declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de los señores Paula
Andrea Rendón Duque y Santiago Muñoz Rendón, por cuanto el asunto ya había
sido decidido de manera desfavorable por el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Manizales, con fallo del 29 de enero de 2015, el cual fue
confirmado por el Tribunal Administrativo de Caldas, en providencia del 6 de
agosto de 2015 y;

ii) declaró la caducidad del medio de control, con relación al señor Samuel Rendón
López.

2
Se aclara que en el proceso de reparación directa actuaron como demandantes las siguientes personas: Paula Andrea Rendón
Duque (compañera permanente de la víctima), Santiago Muñoz Rendón (hijo de crianza de la víctima) y Samuel Rendón López
(suegro de la víctima).

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

[…]

PRIMERA: Solicito respetuosamente se ordene revocar la Sentencia de Segunda
Instancia con fecha 20 de mayo del año 20[24], emanada del Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente
Alberto Montaña Plata, en la cual, confirma la Sentencia de Primera Instancia, emitida
por el Tribunal Administrativo de Caldas Sala de Decisión.

SEGUNDO: Consecuencialmente se acojan todas las pretensiones que instauré en la
demanda principal y de acuerdo con los alegatos de conclusión, a la sustentación del
recurso de apelación y a la argumentación de esta acción de tutela.

TERCERO: Solicito respetuosamente que se tutelen los derechos fundamentales
invocados3.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que las
providencias proferidas el 24 de septiembre de 2021 y el 20 de mayo de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, respectivamente, incurrieron en defecto fáctico porque no realizaron
una valoración adecuada del contenido y alcance de las sentencias expedidas por los
jueces penales, que condenaron a los miembros del Ejército Nacional por su
participación en la muerte del señor Julián Andrés Torres Castañeda, las cuales tenían
por objeto demostrar la responsabilidad del Estado en los hechos.
10. Así pues, resaltó que dichas decisiones judiciales constituían un «hecho
sobreviviente», que habilitaba a las autoridades accionadas para realizar un estudio
de fondo de la demanda de reparación directa y tener por superada la cosa juzgada.
11. Para la parte actora, la existencia de estos fallos les permitió tener certeza del
daño y la responsabilidad de las entidades demandadas en el fallecimiento del señor
Torres Castañeda, por lo que esta circunstancia permitía flexibilizar el presupuesto de
la cosa juzgada y entender que no se configura una identidad de causa con un asunto
decidido previamente.
12. Adicionalmente, advirtió que tampoco era procedente declarar la caducidad porque
en los casos de «ejecuciones extrajudiciales», el término para ejercer el medio de
control de reparación directa debe contarse a partir del último fallo penal condenatorio
a los miembros de la fuerza pública que participaron en los hechos, por lo que, a su
juicio, la demanda se presentó oportunamente, en atención a las fechas en que fueron
proferidas las providencias por las autoridades penales.
13. Por otro lado, refirió que también se configuró un defecto procedimental porque
no le notificaron en debida forma la sentencia de segunda instancia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3
Se transcribe incluso con errores.

3

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2.3. Trámite procesal
14. El despacho ponente, mediante auto del 11 de diciembre de 2024 4, requirió a la
apoderada de la parte actora para que adecuara el escrito de tutela en el sentido de
precisar la representación de las personas que acudían a la acción constitucional, y
para que aportara los poderes judiciales que correspondan.
15. Posteriormente, con auto del 15 de enero de 20255, se admitió la demanda, se
ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Primera de Decisión y al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, y puso en conocimiento el escrito de
tutela a los terceros interesados, estos son, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales de Descongestión.

2.4. Intervenciones
16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B6, a través del magistrado
ponente de la decisión objeto de tutela, manifestó estar dispuesto a atender la decisión
que se adopte en el trámite de esta acción constitucional, de acuerdo con el análisis
que se efectué de la providencia del 20 de mayo de 2024 y del expediente del medio
de control de reparación directa.
17. El Tribunal Administrativo de Caldas7 remitió en medio digital el expediente de
reparación directa con radicado núm.17001-23-33-0002018-00616-00, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de tutela.
18. El Juzgado Octavo Administrativo de Manizales8 explicó que, previo a la
redistribución de los despachos judiciales en el distrito judicial de Manizales, se
denominaba Juzgado Tercero Administrativo de Manizales en Descongestión, y tuvo
a su cargo el proceso de reparación directa con radicado núm. 17001-33-31-002-2009-
00247-00, dentro del cual se profirió sentencia el 29 de enero de 2015, confirmada por
el Tribunal Administrativo de Caldas mediante providencia del 6 de agosto de 2015.
19. Asimismo, indicó que la solicitud de amparo se dirige en contra de las sentencias
proferidas el 24 de septiembre de 2021 y el 20 de mayo de 2024, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, respectivamente, dentro del proceso radicado núm. 17-001-23-33-000-
2018-00616, por lo que el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales no tuvo
injerencia alguna en los hechos objeto de tutela, razón por la cual solicitó su
desvinculación de esta acción constitucional.

4
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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Paula Andrea Rendón Duque y
otros, en contra del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3.2. Legitimación en la causa
21. En el presente asunto, la señora Paula Andrea Rendón Duque y otros están
legitimados por activa para acudir a esta acción de tutela en tanto ostentan la
titularidad de los derechos fundamentales que consideraron vulnerados, toda vez que
está demostrado que fueron los demandantes en el medio de control de reparación
directa en el que se expidieron las providencias objeto de tutela.
22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
porque fueron las autoridades que profirieron las sentencias acusadas de vulnerar los
derechos fundamentales de la parte accionante.

3.3. Cuestión preliminar
23. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de
la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a
las dos decisiones.
24. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 20 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación
judicial que promovieron los aquí accionantes.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional10.
26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

5

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i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
30. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa

11
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

6

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sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares mas no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus garantías fundamentales, indicó expresamente que la autoridad
accionada desconoció el ordenamiento jurídico sustancial que impidió una decisión
ajustada a derecho.
32. Asimismo, la solicitud de amparo supera el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
33. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que
la sentencia proferida el 20 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, fue notificada el 7 de junio de 202415, y la demanda de tutela
se presentó el 9 de diciembre de 202416, esto es, dentro del plazo de seis meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional17 y el Consejo de Estado18 como
razonable.
34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, al punto
que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que hubiera
alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque
su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación
judicial.
35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y
procedimental y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico
37.Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana y a la seguridad jurídica
15
Samai, exp. 17001-23-33-000-2018-00616-01, índice 40, certificado 7B48B9106D792FAD 18E8BE4B4F9F4E56
4D53624E3F3B4AF4 FC14A335E056CEA5.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06749-00, índice 1.
17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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de la parte actora. En particular, deberá establecer si incurrió en los defectos fáctico y
procedimental al proferir la sentencia del 20 de mayo de 2024, que modificó la
providencia del 24 de septiembre de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual se declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa promovido por los accionantes en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional.
38. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii)
el caso concreto.

Generalidades de los defectos invocados
39. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en los
defectos: i) fáctico y ii) procedimental.

El defecto fáctico

40. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»19. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»20 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

41. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»21. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»22.

42. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez

19
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
20
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso23.

43. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial24, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»25.
44. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]26.

Defecto procedimental
45. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.
46. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de
los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las
partes, constituyen una causal especifica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
47. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido, en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales»27.
23
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
24
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
25
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
27
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.

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48. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»28.
49.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
50. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos: «(i)
que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»29.

3.6. Caso concreto
51. En el asunto bajo estudio, la señora Paula Andrea Rendón Duque presentó, junto
con los integrantes de su núcleo familiar, escrito en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, con la pretensión de resarcimiento de los daños causados por la muerte de
Julián Andrés Torres Castañeda. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante providencia del 24 de septiembre de 2021, declaró probada de oficio
la excepción de caducidad del mecanismo judicial.
52. Apelada la anterior decisión, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado emitió sentencia el 20 de mayo de 2024 en la que modificó la decisión de
primera instancia, en el sentido de: i) declarar la excepción de cosa juzgada respecto
de los demandantes Paula Andrea Rendón Duque y Santiago Muñoz Rendón; y ii)
declarar la caducidad del medio de control, en relación con el señor Samuel Rendón
López.
53. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia del 20
de mayo de 2024, incurrió en defecto fáctico, toda vez que omitió realizar una
valoración adecuada del contenido y alcance de las sentencias expedidas por los
jueces penales, que condenaron a los miembros del Ejército Nacional por su
participación en la muerte del señor Julián Andrés Torres Castañeda, las cuales tenían

28
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

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por objeto demostrar la responsabilidad del Estado en los hechos.
54. En este sentido, la parte tutelante resaltó que dichas decisiones judiciales tenían
relevancia probatoria, por cuanto constituían un «hecho sobreviviente» que permitía
flexibilizar el presupuesto de la cosa juzgada y entender que no se configura una
identidad de causa con un asunto decidido previamente.
55. Asimismo, advirtió que tampoco era procedente declarar la caducidad porque en
los casos de «ejecuciones extrajudiciales», el término para ejercer el medio de control
de reparación directa, también, puede flexibilizarse y debe contarse a partir del último
fallo penal condenatorio a los miembros de la fuerza pública que participaron en los
hechos, por lo que, a su juicio, la demanda se presentó oportunamente, en atención a
las fechas en que fueron proferidas las providencias por las autoridades penales.
56. Pues bien, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
fallo objeto de tutela (sentencia del 20 de mayo de 2024), declaró probada de oficio la
excepción de cosa juzgada, con fundamento en lo siguiente:

2.1.1 Cosa juzgada

[…]

18. En efecto, la Sala advierte que, el 29 de enero de 2015, el Juzgado 3 Administrativo
de Manizales, dentro del proceso de reparación directa No. 17-001-33-31-002-2009-
00247-00, negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la existencia de
una falla del servicio, decisión que fue confirmada el 6 de agosto de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Caldas. En dicha actuación obraron como demandantes, entre otros,
Paula Andrea Rendón Duque y Santiago Muñoz Rendón, compañera permanente e
hijo de crianza de la víctima, respectivamente.

19. El demandado fue la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y se
formuló la siguiente pretensión declarativa: “4.1. Declárase que LA NACIÓN
COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es
administrativamente responsable por el daño antijurídico causado, tanto en las víctimas
mismas como en los demandantes relacionados en el numeral 2.1. de esta demanda,
por las muertes arbitrarias de JULIAN ANDRES TORRES CASTAÑEDA Y LUIS
FERNEY GARCÍA GÓMEZ, quienes fueron sumariamente ejecutados por miembros
del Ejército Nacional el día 27 de agosto de 2007, en la vereda “La Aurora” del municipio
de Manizales, Caldas”.

20. Como puede observarse, entre los dos procesos de reparación directa hay
identidad de objeto y causa. En relación con las partes, son los mismos demandantes
y demandado, salvo Samuel Rendón López, quien solo obra como demandante en la
presente actuación. Por lo tanto, la Sala declarará probada la excepción de cosa
juzgada respecto de Paula Andrea Rendón Duque y Santiago Muñoz Rendón».

57. De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad accionada realizó una
valoración de los documentos aportados al proceso de reparación directa, lo que le
permitió concluir que los señores Paula Andrea Rendón Duque y Santiago Muñoz
Rendón, en el año 2009, presentaron demanda de reparación directa ante el Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión de Manizales, por los mismos hechos y
pretensiones a las expuestas en el caso objeto de estudio.

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58. En efecto, como bien lo mencionó la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la providencia acusada, los documentos aportados al proceso
ordinario demostraban la existencia de una actuación judicial promovida por los
accionantes con anterioridad al asunto objeto de estudio. Al respecto se destaca lo
siguiente:

Radicado - Decisión de
Sujetos Objeto Causa
la autoridad judicial
«la Demanda de Acción de
Reparación Directa, por
"HOMICIDIO EN PERSONA 17001-23-33-000-2018-
PROTEGIDA COMO DELITO 00616-00/01
DE LESA HUMANIDAD la cual En sentencia del 24 de
El 27 de agosto de 2007,
tiene por objeto que los septiembre de 2021, el
Demandante: Julián Andrés Torres
Demandantes abajo Tribunal Administrativo de
Paula Andrea Castañeda fue asesinado
relacionados sean reparados Caldas declaró probada
Rendón Duque, junto con otras dos
por el daño antijuridico (Art. 90 de oficio la caducidad.
Santiago Muñoz personas en la vereda La
C.P) que les fue causado a raíz Esta decisión fue
Rendón, Samuel Aurora del municipio de
de la ejecución extrajudicial de modificada por el Consejo
Rendón López. Manizales (Caldas),
JULIAN ANDRES TORRES de Estado, Sección
producto de un supuesto
CASTANEDA, en hechos Tercera, Subsección B, en
enfrentamiento con
ocurridos el día 27 de Agosto de sentencia del 20 de mayo
miembros del Ejército
2007 en Jurisdicción de la de 2024, en el sentido de:
Nacional adscritos al
Vereda la Aurora del municipio i) declarar probada la
batallón BCG-57,
de Manizales - Departamento cosa juzgada respecto de
Compañía «Exparta» [sic],
de Caldas, por miembros del Paula Andrea Rendón
en una operación conjunta
Ejército Nacional, adscritos al Duque y Santiago Muñoz,
realizada con el Gaula de
Batallón BCG-57 compañía y ii) declarar la caducidad
Demandada: Risaralda.
EXPARTA y al GAULA del medio de control, con
Nación – Ministerio Risaralda, LOS CUALES YA relación con Samuel
De Defensa – FUERON SENTENCIADOS - Rendón.
Ejército Nacional CONDENADOS POR ESTOS
HECHOS»

Como sustento fáctico de
las pretensiones, la parte
actora manifestó que «los
señores Julián Andrés
Torres Castañeda y Luis
«4.1. Declárase que LA
Ferney García Gómez, el
NACIÓN COLOMBIANA –
27 de agosto de 2007,
MINISTERIO DE DEFENSA –
salieron de sus casas con
EJÉRCITO NACIONAL es 17001-33-31-002-2009-
una promesa de trabajo
administrativamente 00247-00
hacia la vereda “La
responsable por el daño En sentencia del 29 de
Aurora”, sector “La
Demandante: antijurídico causado, tanto en enero de 2015, el Juzgado
Francia”, del municipio de
Paula Andrea las víctimas mismas como en Tercero Administrativo de
Manizales (Caldas) y que
Rendón Duque, los demandantes relacionados Descongestión de
las tropas del Grupo
Santiago Muñoz en el numeral 2.1. de esta Manizales negó las
Sparta [sic] del Batallón 57
Rendón, MTR, demanda, por las muertes pretensiones de la
adscrita a la Octava
Ana Joaquina arbitrarias de JULIAN ANDRES demanda. Dicha decisión
Brigada de la Tercera
Loaiza López y TORRES CASTAÑEDA Y LUIS fue confirmada por el
División del Ejército
Agustín Castañeda FERNEY GARCÍA GÓMEZ, Tribunal Administrativo de
Nacional, reportaron
Muñoz quienes fueron sumariamente Caldas, mediante
haber dado de baja en
ejecutados por miembros del sentencia del 6 de agosto
combate a tres supuestos
Ejército Nacional el día 27 de de 2015.
paramilitares, miembros
agosto de 2007, en la vereda
del frente “Cacique
“La Aurora” del municipio de
Pipintá”, dos de ellos
Manizales, Caldas».
fueron identificados como
Julián Andrés Torres
Castañeda y Luis Ferney
García Gómez». Afirmó la
parte demandante que la

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Demandado: muerte obedeció a una
Nación – Ministerio «ejecución extrajudicial»
De Defensa – [sic].
Ejército Nacional

59. De la descripción anterior, es posible inferir que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B desarrolló un adecuado estudio de las demandas presentadas
en ejercicio del medio de control de reparación directa por la señora Paula Andrea
Rendón Duque y otros, que lo llevaron a la convicción, con total certeza, de que en el
segundo proceso se configuró la cosa juzgada, lo que impedía efectuar un nuevo
estudio de la responsabilidad del Estado derivada de la muerte del señor Julián Andrés
Torres Castañeda.
60. Sobre el particular, es pertinente destacar que la cosa juzgada es un efecto
atribuible a la sentencia proferida en el proceso contencioso que se encuentra regulada
en el inciso 4 del artículo 189 del CPACA, el cual establece que: «[…] La sentencia
dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento,
producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto
y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes […]».
61. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que «La cosa juzgada es
una institución jurídico procesal, mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar
un estado de seguridad jurídica»30.
62. En este orden, es válido afirmar que la cosa juzgada se presenta cuando el litigio
sometido a consideración de un juez ya fue definido en otro proceso anterior, cuyos
efectos tanto procesales como sustanciales, impiden un nuevo pronunciamiento dada
la naturaleza vinculante de los fallos judiciales, pues solo así se logra garantizar la
seguridad jurídica, la inmutabilidad y la certeza de las decisiones judiciales.
63. De lo expuesto, la Sala observa que, contrario a lo que argumentaron los
tutelantes, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B desarrolló un estudio
pertinente y razonable de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa y de
la normativa procesal aplicable, sin que se pueda advertir que la decisión de declarar
la cosa juzgada constituya una actuación arbitraria o desproporcionada que afecte o
desconozca los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de los tutelantes31.
64. Ahora bien, en cuanto a la figura de la caducidad, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en la providencia objeto de tutela, concluyó lo
siguiente32:

2.1.2. Caducidad

[…]

30
Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
31
En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia del 15 de octubre de
2024, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04908-00.
32
Se transcribe incluso con errores de texto.

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22. Respecto a las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado decidió unificar su jurisprudencia, en los siguientes términos: (a) en
tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador
en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; (b) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
atribuirle responsabilidad patrimonial, y (c) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubieran impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción33.

23. En el presente asunto está probado que, Julián Andrés Torres Castañeda falleció
el 27 de agosto de 200734. El 28 de julio de 2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Pereira declaró penalmente responsable a Carlos Alberto Ayala
Pacheco, a título de coautor del delito de homicidio en persona protegida, en el que
figuraba como víctima, entre otros, Julián Andrés Torres Castañeda. El despacho
concluyó que el acusado participó en un supuesto operativo que tenía como objetivo
hacer pasar civiles como miembros de grupos al margen de la ley dados de baja en
combate.

24. Esa decisión fue confirmada el 25 de mayo de 2017 por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Manizales, y quedó ejecutoriada el 1 de septiembre de 2017. En el mismo
sentido, el 21 de julio de 2016, el Juzgado 3º Penal especializado de Antioquia declaró
responsable a Robinson Javier González del Río por los mismos hechos, decisión que
quedó ejecutoriada el 3 de agosto de 2016.

25. La Sala advierte que, en la actuación penal adelantada en contra de Carlos Alberto
Ayala, el juicio oral se realizó en varias sesiones, entre el 18 de agosto de 2015 y el 11
de abril de 2016, y que la parte actora participó en dicho proceso. Es decir que, por lo
menos, para esa última fecha, Samuel Rendón López ya debía tener conocimiento de
la participación de miembros del Estado en el homicidio de la víctima y de la posibilidad
de atribuirle responsabilidad patrimonial.

26. En consecuencia, tenía hasta el 12 de abril de 2018 para presentar la demanda en
oportunidad. Sin embargo, tan solo presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el
23 de abril de 2018, y radicó la demanda el 12 de diciembre de 2018, es decir, cuando
ya había vencido el término. Además, no alegó ninguna situación que le impidiera
materialmente acceder a la administración de justica.

27. Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, la caducidad no puede contarse
desde que se profirieron los fallos condenatorios de los procesos penales, toda vez que
“la responsabilidad del Estado es independiente de la sanción penal del autor o
partícipe de la conducta, por tal razón, la primera no se encuentra condicionada a la

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020,

Exp. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033). La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes consejeros
de Estado: María Adriana Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de
Estado Guillermo Sánchez Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia,
respecto de la decisión unificada, que se pueden consultar en extenso el salvamento de voto referido, están
relacionados con que, a mi juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer
los estándares vigentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También puede consultarse el salvamento de voto
de la decisión de tutela de 22 de julio de 2002, con radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el
estándar internacional vigente, así como elementos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las
normas de caducidad en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos.
34 De acuerdo con el registro civil de defunción. Folio 39 del cuaderno No. 1, parte 1, del expediente digital.

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segunda, de ahí que el trámite dado al proceso penal carezca de la suficiencia de
determinar la forma en la que se computa el plazo de caducidad de la pretensión de
reparación directa”35. En ese sentido, este evento es diferente de aquel en el que, con
posterioridad a los hechos, se tiene información que comprometa la participación de un
agente estatal, lo que no se alegó ni probó en el presente caso. Por lo tanto, se
declarará la caducidad de la acción respecto al demandante Samuel Rendón López.

28. Finalmente, la Sala advierte que no es necesario readecuar el trámite del proceso
de acuerdo con lo previsto en la sentencia SU-167 de 2023 proferida por la Corte
Constitucional36, porque la parte actora pudo exponer las razones jurídicas y
probatorias relacionadas con la Sentencia de Unificación expedida por esta corporación
el 29 de enero de 2020. Además, correr nuevamente traslado para alegar de conclusión
sería ineficaz, dado que en esa oportunidad procesal no se pueden aportar nuevas
pruebas y, en todo caso, no obra ningún elemento que permita inferir que los
demandantes estaban en imposibilidad material para acudir a la administración de
justicia en oportunidad37.

65. Pues bien, de los apartes transcritos, es pertinente indicar que la autoridad judicial
realizó un análisis de la figura de la caducidad del medio de control de reparación
directa, con fundamento en la regla de unificación definida por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de enero de 2020, expediente
con radicado núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
66.
Dicho criterio jurisprudencial precisó que a las pretensiones indemnizatorias
dirigidas a obtener la reparación por daños ocasionados por delitos de lesa humanidad,
los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, se aplica de manera general el
término establecido por el legislador (artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA) y,
eventualmente, el término no se aplica cuando «se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción», por lo que «una vez
superadas, empezará a correr el plazo de ley».
67. A partir de este contexto, y en concordancia con la situación fáctica acreditada en
el expediente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo un
estudio flexible38 de las particularidades del asunto, examinó las sentencias adoptadas
en los procesos penales que se adelantaron en contra de los señores Carlos Alberto
Ayala Pacheco y Robinson Javier González del Río, lo cual le permitió advertir que el
señor Samuel Rendón López participó en estas actuaciones judiciales, por lo que
desde el juicio oral que se desarrolló en la sesión del 16 de abril de 2016 tenía
conocimiento de la participación de miembros del Estado en el homicidio de Julián
Andrés Torres Castañeda y de la posibilidad de atribuirle responsabilidad patrimonial.
68. Así pues, concluyó que la parte demandante tenía hasta el 12 de abril de 2018
para ejercer el medio de control de reparación en forma oportuna. Sin embargo,
presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 23 de abril de 2018 y radicó la

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2020, exp. 85001-
33-33-002-2014-00144-01 (61033).
36
Corte Constitucional, SU – 167 de 18 de mayo de 2023. En esa oportunidad, la Sala sostuvo que, “la aplicación del fallo de
unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite
para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene.”
37
En el mismo sentido, ver la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de noviembre de 2023, Exp. 64744.
38
Con relación a la flexibilización del término de caducidad para ejercer el medio de control de reparación directa en casos de
violación de derechos humanos, la Corte Constitucional se ha pronunciado en las siguientes sentencias: SU-312 de 2020, SU-
167 de 2023, T-024 de 2024 y SU-239 de 2024.

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demanda el 12 de diciembre de 2018, es decir, cuando ya había vencido el término.
69. Adicionalmente, la autoridad judicial refirió que la parte actora no acreditó la
existencia de alguna situación que le haya impedido acudir oportunamente a la
administración de justicia, razón por la cual no era posible establecer un criterio flexible
para contabilizar el término de caducidad.
70. En este orden, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado no omitió resolver puntos objeto de la litis entre las partes y,
contrario a lo expuesto por la parte tutelante, sí tuvo en cuenta las sentencias emitidas
por las autoridades penales para definir el término con el que contaba el señor Samuel
Rendón López para acudir al medio de control de reparación directa. No obstante,
dichas decisiones judiciales no resultaron suficientes para tener por superado el
presupuesto procesal de la caducidad, por cuanto se evidenció que el demandante no
actuó diligentemente, dado que se tomó un mayor tiempo para presentar la demanda.
71. En los anteriores términos, la Sala concluye que la autoridad accionada, en
ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
desarrolló una valoración coherente de los documentos obrantes en el expediente de
reparación directa y las normas procesales aplicables al caso concreto, por lo que la
providencia objeto de reparos respetó las garantías constitucionales de los tutelantes.
72. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación
directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses
y pretensiones.
73. Por otro lado, la parte tutelante argumentó que la autoridad judicial accionada
incurrió en el defecto procedimental porque no le notificó en debida forma la sentencia
del 20 de mayo de 2024.
74. Al respecto, es pertinente advertir que al examinar las actuaciones procesales
realizadas dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 17001-23-
33-000-2018-00616-01, se observa que la providencia cuestionada se notificó por
correo electrónico enviado a las partes. De esta manera, esta corporación remitió la
comunicación núm. 87122 el 7 de junio de 2024 al buzón electrónico de la abogada de
la señora Paula Andrea Rendón Duque, es decir, abogadalemc@hotmail.com, que
pertenece a la señora Luz Elena Mejía Ceballos39.
75. En este orden, la Sala encuentra que el trámite de notificación de la sentencia
acusada se surtió adecuadamente, conforme la información referida por la profesional
del derecho en la demanda de reparación directa, sin que se pueda evidenciar alguna
situación irregular que haya afectado el derecho al debido proceso de la parte actora.
Así las cosas, no está acreditado el defecto procedimental alegado en la tutela.

39
Samai, exp. 17001-23-33-000-2018-00616-01, índice 40, certificado 7B48B9106D792FAD 18E8BE4B4F9F4E56
4D53624E3F3B4AF4 FC14A335E056CEA5.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06749-00
Accionantes: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

IV. CONCLUSIONES
76. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B no vulneró los derechos fundamentales invocados por
los accionantes, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico y procedimental y que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por los tutelantes.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Paula Andrea Rendón
Duque y otros en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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