Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2018-00616-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2018-00616-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2018-00616-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024
Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por ejecución
extrajudicial – Caducidad – Cosa juzgada
Síntesis del caso: una persona fue asesinada por integrantes del ejército y luego fue
presentada como baja en un combate que nunca ocurrió
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia anticipada proferida el 24 de septiembre de 2021
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró la caducidad de la
acción.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de un fallo emitido por un Tribunal
Administrativo1 que conoció en primera instancia debido a la cuantía
estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 152
del CPACA2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1 Ley 1437 de 2011. Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. (…)”.
2 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. “Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive
aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.” En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del
CPACA, la pretensión mayor, por concepto de “daño a la familia”, ascendió a la suma de $ 792.960.630, monto que
superó los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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1. El 12 de diciembre de 2018, Paula Andrea Rendón Duque, con su grupo
familiar3, presentaron demanda4, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con
el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):
“La acción que aquí se impetra, es la Demanda de Acción de Reparación Directa, por
"HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD la cual tiene
por objeto que los Demandantes abajo relacionados sean reparados por el daño
antijuridico (Art. 90 C.P) que les fue causado a raíz de la ejecución extrajudicial de
JULIAN ANDRES TORRES CASTANEDA, en hechos ocurridos el día 27 de Agosto de 2007
en Jurisdicción de la Vereda la Aurora del municipio de Manizales - Departamento de
Caldas, por miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón BCG-57 compañía
EXPARTA y al GAULA Risaralda, LOS CUALES YA FUERON SENTENCIADOS - CONDENADOS
POR ESTOS HECHOS”5.
2. Los perjuicios solicitados se resumen en los siguientes montos:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Compañera 300 SMLMV6
Paula Andrea Rendón Duque
permanente
Moral
Santiago Muñoz Rendón Hijo de crianza 300 SMLMV
Samuel Rendón López Suegro 15 SMLMV
Los mismos montos
“Daño a la
A favor de cada uno de los demandantes solicitados a título de
familia”
perjuicios morales
Lucro cesante:
Material A favor de los demandantes
$285.722.023
3. Finalmente, solicitaron como medidas de satisfacción y garantías de no
repetición, que la demandada pidiera excusas públicas, y se construyera un
parque en memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
5. 1) El 27 de agosto de 2007, Julián Andrés Torres Castañeda fue asesinado
junto con otras dos personas en la vereda La Aurora del municipio de
Manizales (Caldas), producto de un supuesto enfrentamiento con miembros
del Ejército Nacional adscritos al batallón BCG-57, Compañía Exparta, en una
operación conjunta realizada con el Gaula de Risaralda.
3 Obran como demandantes: Paula Andrea Rendón Duque (compañera permanente de la víctima), Santiago Muñoz
Rendón (hijo de crianza de la víctima) y Samuel Rendón López (suegro de la víctima). Si bien en la demanda también
se incluyó a Julián Andrés Torres Castañeda (víctima directa) y Mateo Torres Rendón (hijo de la víctima), lo cierto es
que no fueron mencionados en el auto admisorio (folios 64 y 65 del cuaderno No.1, parte 3, del expediente digital), y
la parte actora no recurrió esa decisión. De hecho, en el Auto de 27 de noviembre de 2020, el tribunal, al resolver
sobre la excepción previa de falta de legitimación activa en la causa, únicamente mencionó como demandantes
a Paula Andrea Rendón Duque, Samuel Rendón López y Santiago Muñoz Rendón (folio 90 del cuaderno No. 1ª del
expediente digital).
4 Folios 4 a 24 del cuaderno No. 1, parte 1, del expediente digital.
5 Folio 4 del cuaderno No. 1, parte 1, del expediente digital.
6 La expresión “SMLMV” se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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6. 2) El 21 de julio de 2016, el Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de
Antioquia declaró responsable a Robinson Javier González por el delito de
homicidio en persona protegida, luego de que este aceptara que, cuando
fue comandante del batallón BCG-57, hizo creer a la víctima y a otras dos
personas que realizarían un cobro en una finca, para luego simular un
intercambio de disparos y presentarlos como miembros de grupos al margen
de la ley dados de baja en combate
7. 3) El 28 de julio de 2016, el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de
Pereira condenó a Carlos Alberto Ayala Pacheco a 600 meses de prisión, por
la conducta punible de homicidio en persona protegida, al advertir que era
teniente coronel del mencionado batallón para la época de los hechos, y
que participó en la operación que buscaba presentar los falsos resultados
operacionales.
8. 4) El 25 de mayo de 2017, el Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal,
confirmó la anterior decisión, la cual quedó ejecutoriada el 1 de septiembre
del mismo año.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El Ejército Nacional contestó la demanda7. Sostuvo que el daño no le era
atribuible porque la operación militar fue ejecutada en ejercicio legítimo de
una orden de operaciones emitida por autoridad competente y en
cumplimiento de un deber institucional. Además, los fallecidos no gozaban de
la protección de no combatientes, según el Derecho Internacional
Humanitario. Agregó que, en caso de que se accediera a las pretensiones, los
perjuicios materiales no estaban probados y debía realizarse “un estudio
exhaustivo de los grados de cercanía” de quienes actuaban como
demandantes al momento de analizar los perjuicios morales.
1.3. Sentencia de primera instancia
10. El 24 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró
probada la caducidad de la acción8. Estaba acreditado que Julián Andrés
Castañeda falleció el 27 de agosto de 2007, y que la inscripción en el registro
civil ocurrió el 16 de octubre de 2007, por lo que los demandantes tenían hasta
el 17 de octubre de 2009 para presentar la demanda en oportunidad. Sin
embargo, radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 23 de abril de
2018, y la demanda el 12 de diciembre de 2018, es decir, cuando ya se habían
vencido los dos años para ejercer la acción en oportunidad.
7 Folios 235 a 237 del cuaderno No. 1A del expediente digital.
8 Id de Samai No. 10 del expediente digital
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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11. Además, la parte demandante actuó en el proceso penal adelantado
por esos hechos, en el que resultó condenado el coronel Carlos Alberto Ayala,
y las audiencias de juicio oral se realizaron entre el 18 de agosto de 2015 y el
11 de abril de 2016. Sin embargo, no se demostró ninguna situación que le
impidiera, materialmente, acceder a la administración de justicia o conocer
de la participación de agentes del Estado en una oportunidad posterior, que
diera lugar a hacer un conteo diferente del término de caducidad, de
acuerdo con lo previsto en la Sentencia de Unificación proferida por la
Sección Tercera de esta corporación, el 29 de enero de 2020, expediente No.
61033.
12. Finalmente, señaló que no era necesario esperar a que estuvieran
ejecutoriados los fallos de las actuaciones penales adelantadas por esos
hechos para demandar, y se abstuvo de condenar en costas porque la
demanda fue radicada antes de la mencionada sentencia de unificación.
1.4. Recurso de apelación
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación9. Afirmó que solo
hasta que los miembros del Ejército, Robinson Javier González del Río y Carlos
Alberto Ayala Pacheco, fueron declarados penalmente responsables por el
homicidio de la víctima, en sentencias de 21 de julio y 28 de julio de 2016,
respectivamente, se tuvo certeza de la participación de agentes del Estado
en los hechos y la consecuente atribución de responsabilidad.
14. Agregó que ya habían radicado una demanda de reparación directa
en contra del Ejército, “de manera conjunta, las señoras: Paula Andrea
Rendón Duque y sus familiares en su calidad de víctimas perjudicadas del
fallecido Julián Andrés Torres Castañeda”, y los familiares de otras personas
que también fallecieron en el supuesto combate. Tuvo como fundamento los
mismos hechos, y se presentó el 26 de mayo de 2009, bajo el radicado No.
17001-33-31-002-2009-00247-00, esto es, 1 año y 9 meses después del homicidio
de la víctima.
15. Sin embargo, en ese proceso se negaron las pretensiones porque se
concluyó que el combate fue legítimo y no se probó una falla del servicio,
dado que para esa época no existían los fallos penales condenatorios10. Por
ello, cuando se profirieron y quedaron ejecutoriadas las mencionadas
sentencias, decidieron radicar la presente demanda, el 12 de diciembre de
2018, es decir, dentro del término de dos años previsto en la ley.
9 Id de Samai No. 13 del expediente digital
10 Finalmente, citó varias sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional relacionadas con el conteo de
la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia; 2.1.1. Cosa juzgada; 2.1.2. Caducidad; 2.2. Costas
2.1 Síntesis de la controversia
16. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que,
según afirmó, le fueron causados por el homicidio de Julián Andrés Torres
Castañeda, cometido por miembros del Ejército Nacional, quienes lo
ejecutaron extrajudicialmente y lo presentaron como baja de un combate
que nunca ocurrió. La Sala modificará la sentencia apelada. Declarará la
caducidad respecto a Samuel Rendón López, y en relación con los demás
demandantes, declarará probada la excepción de cosa juzgada.
2.1.1 Cosa juzgada
17. Según el artículo 189 del CPACA, párrafo 4, “(…) La sentencia dictada
en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento,
producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo
objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica
de partes. (…)”. En el recurso de apelación, la parte actora sostuvo que ya
había presentado demanda de reparación directa por los mismos hechos
que dieron origen al presente asunto, el 26 de mayo de 2009, y que el fallo
había sido desfavorable.
18. En efecto, la Sala advierte que, el 29 de enero de 2015, el Juzgado 3
Administrativo de Manizales, dentro del proceso de reparación directa No. 17-
001-33-31-002-2009-00247-00, negó las pretensiones de la demanda porque no
se probó la existencia de una falla del servicio, decisión que fue confirmada
el 6 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Caldas11. En dicha
actuación obraron como demandantes, entre otros, Paula Andrea Rendón
Duque y Santiago Muñoz Rendón, compañera permanente e hijo de crianza
de la víctima, respectivamente.
19. El demandado fue la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
y se formuló la siguiente pretensión declarativa: “4.1. Declárase que LA
NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es
administrativamente responsable por el daño antijurídico causado, tanto en
las víctimas mismas como en los demandantes relacionados en el numeral 2.1.
de esta demanda, por las muertes arbitrarias de JULIAN ANDRES TORRES
CASTAÑEDA Y LUIS FERNEY GARCÍA GÓMEZ, quienes fueron sumariamente
ejecutados por miembros del Ejército Nacional el día 27 de agosto de 2007,
en la vereda “La Aurora” del municipio de Manizales, Caldas”.
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Id de Samai No. 18 del expediente digital
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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20. Como puede observarse, entre los dos procesos de reparación directa
hay identidad de objeto y causa. En relación con las partes, son los mismos
demandantes y demandado, salvo Samuel Rendón López, quien solo obra
como demandante en la presente actuación. Por lo tanto, la Sala declarará
probada la excepción de cosa juzgada respecto de Paula Andrea Rendón
Duque y Santiago Muñoz Rendón.
2.1.2. Caducidad
21. En relación con el demandante Samuel Rendón López, la Subsección
encuentra probada la caducidad de la acción. De conformidad con lo
previsto por el artículo 164, numeral i del CPACA, la demanda de reparación
directa debe presentarse dentro de los dos años siguientes “contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
22. Respecto a las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado decidió unificar su jurisprudencia, en
los siguientes términos: (a) en tales eventos resulta aplicable el término para
demandar establecido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437 de
2011; (b) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, se computa
desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de atribuirle
responsabilidad patrimonial, y (c) el término pertinente no se aplica cuando
se observan situaciones que hubieran impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción12.
23. En el presente asunto está probado que, Julián Andrés Torres Castañeda
falleció el 27 de agosto de 200713. El 28 de julio de 2016, el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Pereira declaró penalmente responsable
a Carlos Alberto Ayala Pacheco, a título de coautor del delito de homicidio
en persona protegida, en el que figuraba como víctima, entre otros, Julián
Andrés Torres Castañeda. El despacho concluyó que el acusado participó en
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020, Exp.
85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033). La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros de Estado:
María Adriana Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de Estado Guillermo
Sánchez Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia, respecto de la decisión
unificada, que se pueden consultar en extenso el salvamento de voto referido, están relacionados con que, a mi
juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición. También puede consultarse el salvamento de voto de la decisión de tutela de 22 de
julio de 2002, con radicado 11001-03-15-000-2022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional vigente, así
como elementos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las normas de caducidad en casos de
graves violaciones a los Derechos Humanos.
13 De acuerdo con el registro civil de defunción. Folio 39 del cuaderno No. 1, parte 1, del expediente digital.
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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un supuesto operativo que tenía como objetivo hacer pasar civiles como
miembros de grupos al margen de la ley dados de baja en combate14.
24. Esa decisión fue confirmada el 25 de mayo de 2017 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Manizales15, y quedó ejecutoriada el 1 de septiembre de
201716. En el mismo sentido, el 21 de julio de 2016, el Juzgado 3º Penal
especializado de Antioquia declaró responsable a Robinson Javier González
del Río por los mismos hechos17, decisión que quedó ejecutoriada el 3 de
agosto de 201618.
25. La Sala advierte que, en la actuación penal adelantada en contra de
Carlos Alberto Ayala, el juicio oral se realizó en varias sesiones, entre el 18 de
agosto de 2015 y el 11 de abril de 201619, y que la parte actora participó en
dicho proceso20. Es decir que, por lo menos, para esa última fecha, Samuel
Rendón López ya debía tener conocimiento de la participación de miembros
del Estado en el homicidio de la víctima y de la posibilidad de atribuirle
responsabilidad patrimonial.
26. En consecuencia, tenía hasta el 12 de abril de 2018 para presentar la
demanda en oportunidad. Sin embargo, tan solo presentó la solicitud de
conciliación extrajudicial el 23 de abril de 201821, y radicó la demanda el 12
de diciembre de 201822, es decir, cuando ya había vencido el término.
Además, no alegó ninguna situación que le impidiera materialmente acceder
a la administración de justica.
27. Contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, la caducidad no
puede contarse desde que se profirieron los fallos condenatorios de los
procesos penales, toda vez que “la responsabilidad del Estado es
independiente de la sanción penal del autor o partícipe de la conducta, por
tal razón, la primera no se encuentra condicionada a la segunda, de ahí que
el trámite dado al proceso penal carezca de la suficiencia de determinar la
forma en la que se computa el plazo de caducidad de la pretensión de
reparación directa”23. En ese sentido, este evento es diferente de aquel en el
14 Folios 53 a 78 del cuaderno No. 1, parte 1, del expediente digital.
15 Folios 40 a 81 del cuaderno No. 1, parte 2, del expediente digital.
16 Folio 84 del cuaderno No. 1, parte 2, del expediente digital.
17 Folios 87 a 105 del cuaderno No. 1, parte 2, del expediente digital.
18 Folio 58 del cuaderno No. 1, parte 3, del expediente digital.
19 Según lo señalado en la sentencia proferida el 25 de mayo de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Manizales. Folio 42 del cuaderno No. 1, parte 2, del expediente digital.
20 De acuerdo con la constancia suscrita por la policía judicial el 6 de Julio de 2008, en la que se señaló: “siendo las
08 horas de la mañana, me desplace a la carrera 12 No. 23 - 45, del Barrio Colombia, en Manizales Caldas, lugar
donde me reuní con las señoras PAULA ANDREA RENDÓN DUQUE y DEISY OCAMPO GÓMEZ, esposas de los hoy occisos
JULIÁN ANDRÉS CASTAÑEDA y LUIS FERNEY GARCÍA GÓMEZ; quienes me hicieron entrega de los registros civiles de
nacimiento No. 37479843 perteneciente a TORRES RENDÓN MATEO, y el No. 40889739 correspondiente a LUÍS FERNEY
OCAMPO GÓMEZ, para efectos de constituirse a futuro como víctimas”. Folio 52 del cuaderno No.1, parte 1, del
expediente digital.
21 Folio 6 del cuaderno No. 1, parte 3, del expediente digital.
22 Folio 3 del cuaderno No. 1, parte 1 del expediente digital.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020, Exp.
85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).
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que, con posterioridad a los hechos, se tiene información que comprometa la
participación de un agente estatal, lo que no se alegó ni probó en el presente
caso. Por lo tanto, se declarará la caducidad de la acción respecto al
demandante Samuel Rendón López.
28. Finalmente, la Sala advierte que no es necesario readecuar el trámite del
proceso de acuerdo con lo previsto en la sentencia SU-167 de 2023 proferida
por la Corte Constitucional24, porque la parte actora pudo exponer las razones
jurídicas y probatorias relacionadas con la Sentencia de Unificación expedida
por esta corporación el 29 de enero de 2020. Además, correr nuevamente
traslado para alegar de conclusión sería ineficaz, dado que en esa
oportunidad procesal no se pueden aportar nuevas pruebas y, en todo caso,
no obra ningún elemento que permita inferir que los demandantes estaban
en imposibilidad material acudir a la administración de justicia en
oportunidad25.
2.2. Costas
29. De conformidad con el artículo 188 del CPACA26 y el numeral 3 del
artículo 365 del CGP27, se condenará en costas de esta instancia a la parte
demandante. En los términos del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura 28, y dado que la entidad demandada no
participó en esta instancia y se trata de sujetos de especial protección
constitucional, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en
1 SMLMV.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 24 de septiembre de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con las razones
24 Corte Constitucional, SU – 167 de 18 de mayo de 2023. En esa oportunidad, la Sala sostuvo que, “la aplicación del
fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad
de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades
procesales que este contiene.”
25 En el mismo sentido, ver la sentencia proferida por esta Subsección el 30 de noviembre de 2023, Exp. 64744.
26 Artículo 188. “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
27 Artículo 365. “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda.”.
28 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Radicación: 17001-23-33-000-2018-00616-01 (68076)
Actor: Paula Andrea Rendón Duque y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada respecto a los
demandantes Paula Andrea Rendón Duque y Santiago Muñoz Rendón.
TERCERO: DECLARAR la caducidad de la acción en relación con el
demandante Samuel Rendón López
CUARTO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. Por
Secretaría del tribunal, se ordena liquidarlas, incluyendo la suma de 1 SMLMV
por concepto de agencias en derecho.
QUINTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta
providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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