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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00489-00

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00489-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Yaneth Tamayo Molina en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00489-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00489-00
Accionante: Yaneth Tamayo Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00489-00
Accionante: Yaneth Tamayo Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la señora Yaneth Tamayo Molina, en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Yaneth Tamayo Molina, a través de apoderado, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, dentro del medio de control de reparación directa
con radicado núm. 05001-33-33-022-2018-00280-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La señora Yaneth Tamayo Molina prestaba sus servicios al municipio de Medellín,
como Agente de Tránsito en carrera administrativa desde el 1 de octubre de 1999.
3. El 15 de septiembre de 2004, la tutelante, en ejercicio de sus funciones, sufrió un
accidente laboral, a partir del cual se le determinó una pérdida de la capacidad laboral

1
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Accionante: Yaneth Tamayo Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

del 10.20%. Por lo anterior, solicitó su relevo en la actividad de conducir motocicletas,
puesto que ya contaba con 50 años, usaba lentes y padecía de una lesión previa; sin
embargo, su petición fue negada, pese a los soportes que aportó, relacionados con las
restricciones médicas.
4. La accionante, el 25 de mayo de 2016, nuevamente estuvo involucrada en un
accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta de la Secretaría de Movilidad
de Medellín, en el cual resultó con lesiones en su pie izquierdo. Posteriormente, fue
calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia con una
pérdida de la capacidad del 13.67% de origen laboral.
5. La señora Yaneth Tamayo Molina y otros2 presentaron demanda de reparación
directa, en contra del municipio de Medellín, con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa de la entidad demandada por las lesiones causadas y
se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales
ocasionados, como consecuencia de la pérdida de la capacidad laboral de la
demandante.
6. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 28 de
febrero de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte
demandante no demostró el carácter antijurídico del daño alegado y tampoco que este
fuera atribuible a la entidad demandada.
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, a través de
providencia del 29 de noviembre de 2024, revocó la sentencia de primera instancia y
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

«[…]

Primero. Declare que no le asistió razón al accionado al momento de declarar la
caducidad del medio de control, tal como decidió en la sentencia de 2ª instancia,
anulando el proveído correspondiente.

Segundo. Consecuencialmente, se le ordene al accionado estudiar de fondo y resolver
la instancia con las pruebas vertidas en el proceso»3.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la accionante consideró que la
providencia proferida el 29 de noviembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, incurrió en defecto fáctico porque no realizó una valoración adecuada de
los documentos aportados al proceso de reparación directa y, en consecuencia,
declaró probada la excepción de caducidad de la demanda de reparación directa sin
tener en cuenta que se presentó dentro de la oportunidad prevista en el literal i) del
numeral segundo del artículo 164 del CPACA.

2
Se aclara que en el proceso de reparación directa actuaron como demandantes las siguientes personas: Yaneth Tamayo Molina,
Juan Esteban Pérez Tamayo, Johan Sebastián Morales Tamayo y Catherin Aristizábal Tamayo.
3
Se transcribe incluso con errores.

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10. En este sentido, explicó que el término para presentar la demanda de reparación
directa inició el 26 de mayo de 2016, se interrumpió el 21 de mayo de 2018 con la
radicación de la solicitud de conciliación y se reanudó el 28 de junio siguiente, cuando
aún faltaban 7 días calendario. De esta manera, como el escrito se interpuso el 5 de
julio de 2018, es claro que el mecanismo judicial se ejerció dentro del plazo previsto
por el legislador.
11. Así pues, afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta que «el término de caducidad
inicial» finalizó el sábado, 26 de mayo de 2018, por ende, «era obligatorio por expreso
mandato legal [artículo 62 de la Ley 4 de 1913] correr ese término hasta el primer día
hábil siguiente», lo que implicaba modificar los cómputos sobre la cantidad de días
restantes al momento de la radicación de la solicitud de conciliación, por lo que el
conteo realizado por la autoridad judicial partió desde un supuesto equivocado.

2.3. Trámite procesal
12. El despacho ponente, mediante auto del 3 de febrero de 20254, admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, y puso en conocimiento el
escrito de tutela a los terceros interesados, esto es, el municipio de Medellín, al
Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, a los demandantes, demandados y
demás sujetos procesales vinculados al proceso de reparación directa.

2.4. Intervenciones
13. El municipio de Medellín hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación5 solicitó que se declare improcedente porque la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos
expuestos por la parte actora no plantean ni acreditan una irregularidad que vulnere
los derechos fundamentales de la accionante.
14. Adicionalmente, indicó que la sentencia cuestionada no incurrió en defecto fáctico,
pues en su contenido no se puede observar algún yerro que sobresalga a simple vista
y que pueda ser considerado como irracional o alejado de los criterios legales. Distinto
es que la parte actora no comparta la posición tomada por la autoridad judicial, lo que
no implica que la providencia haya incurrido en irregularidades o vías de hecho.
15. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín6 remitió en medio digital el
expediente de reparación directa con radicado núm.05001-33-33-022-2018-00280-00,
sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de tutela.
16.La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, Metro de Medellín
Ltda.,7 pidió que se nieguen las peticiones de la tutela, por cuanto la providencia del

4
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7
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Accionante: Yaneth Tamayo Molina
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Tribunal Administrativo de Antioquia realizó un análisis razonable de las pruebas
aportadas al proceso, la normativa procesal y la jurisprudencia aplicable, lo que le
permitió concluir que la demanda de reparación directa promovida por la señora
Yaneth Tamayo Molina fue presentada por fuera del término previsto por el legislador.
17. Asimismo, manifestó que el conteo del término de caducidad que plantea la
accionante en el escrito de tutela se apartan de los criterios legales y jurisprudenciales
que rigen la materia, por lo que no se advierte una situación que amerite la intervención
del juez constitucional.
18. La empresa de seguros HDI Seguros Colombia S.A.8, se opuso a las
pretensiones de la tutela, con el argumento de que la sentencia objeto de tutela no
vulneró los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que realizó una
valoración adecuada de los hechos acreditados en la actuación judicial, sin incurrir en
alguna irregularidad o arbitrariedad que constituya un defecto fáctico.
19. Asimismo, manifestó que la providencia adoptada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se sustentó en una interpretación razonable de la normativa aplicable al
caso, pues la decisión de declarar probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación tiene fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 del CGP,
el 164 del CPACA y el 70 del Código Civil, en la medida en que garantiza la seguridad
jurídica.
20. Los demás sujetos vinculados al presente trámite constitucional guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Yaneth Tamayo Molina, en contra
del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.

3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa de la señora Yaneth Tamayo Molina está
acreditada porque fue la demandante en el proceso de reparación de directa en el que
fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque fue la autoridad que profirió la sentencia acusada
de vulnerar los derechos fundamentales de la parte accionante.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

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24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional10.
25.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

5

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29. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus garantías fundamentales, indicó expresamente que la autoridad
accionada desconoció el ordenamiento jurídico sustancial que impidió una decisión
ajustada a derecho.
31. Asimismo, la solicitud de amparo supera el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
32. De igual manera, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que
la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, fue notificada ese mismo día17, y la demanda de tutela se presentó el 30 de
enero de 202518, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos por la
jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.
33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
era posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.

14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Samai, radicado núm. 05001-33-33-022-2018-00280-02, índice 17.
18
Samai, radicado núm. 11001-03-15-000-2025-00489-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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34. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
35. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la señora Yaneth Tamayo Molina. En particular, deberá establecer si incurrió
en el defecto fáctico, al proferir la sentencia del 29 de noviembre de 2024 que revocó
la providencia del 28 de febrero de 2022, expedida por el Juzgado Veintidós
Administrativo de Medellín y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa promovido por la accionante en contra del
municipio de Medellín.
37.Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de los defectos invocados; y ii) el
caso concreto.

Generalidades de los defectos invocados
38. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
fáctico.

El defecto fáctico

39. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

40. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.

41. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

21
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso25.

42. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»27.
43. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.

3.5. Caso concreto
44. En el asunto bajo estudio, la señora Yaneth Tamayo Molina presentó escrito en
ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del municipio de
Medellín29, con la pretensión de resarcimiento de los daños causados por lesiones que
sufrió en el ejercicio de sus funciones como Agente de Tránsito y que le ocasionaron
una pérdida de la capacidad laboral. En primera instancia, el Juzgado Veintidós

25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
A partir de la expedición la Ley 2286 de 2023, el municipio de Medellín paso a denominarse Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín.

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Administrativo de Medellín, mediante providencia del 28 de febrero de 2022, negó las
pretensiones de la demanda.
45. Apelada la anterior decisión, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia emitió sentencia el 29 de noviembre de 2024 en la que
revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control de reparación directa.
46. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
el Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia del 29 de noviembre de
2024, incurrió en defecto fáctico, toda vez que omitió realizar una valoración adecuada
de los hechos y los documentos aportados al proceso de reparación directa y, en
consecuencia, no tuvo en cuenta que la demanda se presentó dentro de la oportunidad
prevista en el literal i) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA.
47. En este sentido, la tutelante expresó que, el término para acudir a la jurisdicción
inició el 26 de mayo de 2016, se interrumpió el 21 de mayo de 2018 con la solicitud de
conciliación y se reanudó el 28 de junio de 2018, cuando aún faltaban 7 días calendario
para el vencimiento. La demanda se radicó el 5 de julio de 2018, esto es, dentro del
plazo previsto por el legislador.
48. Así pues, afirmó que el Tribunal no tuvo en cuenta que «el término de caducidad
inicial» finalizó el sábado, 26 de mayo de 2018, por ende, «era obligatorio por expreso
mandato legal [artículo 62 de la Ley 4 de 1913] correr ese término hasta el primer día
hábil siguiente», lo que implicaba modificar los cómputos sobre la cantidad de días
restantes al momento de la radicación de la solicitud de conciliación, por lo que el
conteo realizado por la autoridad judicial partió desde un supuesto equivocado.
49. Pues bien, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el fallo objeto de tutela
(sentencia del 29 de noviembre de 2024), declaró probada la excepción caducidad,
con fundamento en las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte en primera medida que erró el a quo al
indicar que el hecho dañoso sobre el que versa la pretensión indemnizatoria de la parte
accionante, ocurrió el día 26 de mayo de 2016, puesto que de las pruebas obrantes en
el expediente se encuentra acreditado que tal suceso tuvo lugar el día 25 de mayo de
2016, fecha está en que la demandante tuvo un accidente de tránsito al caer de la
motocicleta que conducía en razón de la prestación de sus servicios laborales como
agente de tránsito del municipio de Medellín, hecho que atribuye a una falla del servicio
por parte de la demandada, al desatender sus obligaciones como empleador.

Así se desprende por ejemplo del Informe Policial de Accidente de Tránsito (fls. 58),
que da cuenta que el accidente ocurrió el día 25 de mayo de 2016 aproximadamente
a las 11:00 horas. Y tal referencia coincide además con la información consignada en
la historia clínica (fls. 64) y el dictamen de pérdida de capacidad practicado (fls. 88).

Teniendo en cuenta tal situación, el término de caducidad de dos años previsto en el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 arriba citado, comenzó a contar al día siguiente de
la ocurrencia del hecho, esto es, el día 26 de mayo de 2016 finalizando el 26 de mayo
de 2018, al tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 4 de 1913, que establece
que los plazos contenidos en las leyes en meses o años se entenderán dados en
calendario común.

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Accionante: Yaneth Tamayo Molina
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Ahora, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 vigente a la fecha de presentación de la
demanda, dispone que la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial
suspende el término de caducidad hasta la expedición de la constancia respectiva; en
razón de lo cual, teniendo en cuenta que la parte actora, presentó tal solicitud el día 21
de mayo de 2018, se tiene que el término de caducidad se suspendió este día
inclusive, cuando restaban 6 días para su finalización (del 21 de mayo al 26 de mayo).

Por su parte, la constancia de no haberse logrado un acuerdo conciliatorio fue expedida
por la Procuradora 222 Judicial II para Asuntos Administrativos, el día 28 de junio de
2018, de donde se tiene que el término que restaba para que operara la caducidad (6
días), inició nuevamente al día siguiente corriendo entre los días 29 y 30 de junio y 1,
2, 3 y 4 de julio de 2018. De allí que se tiene que el término de caducidad venció el
miércoles 4 de julio de 2018, día hábil, no obstante, lo cual, la demanda como se
desprende del sello de recibido impuesto por la Oficina de Apoyo Judicial de los
Juzgados Administrativos de Medellín fue presentada al día siguiente 5 de julio de
2018 (fls. 31), cuando la caducidad ya había operado.

Sobre el asunto, es necesario indicar que no pueden atenderse en este punto, las
afirmaciones del demandante contenidas en el escrito de pronunciamiento a las
excepciones, dirigidas a indicar que al vencer el término inicial el día 26 de mayo de
2018, día no hábil por tratarse de un sábado, el término debía contarse inicialmente
hasta el día hábil siguiente, esto es, el lunes 28 de mayo, por cuanto la prerrogativa
contenida en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, está dirigida a permitir que la
presentación de la demanda se realice al día hábil siguiente sin sujeción al vencimiento
en un día no hábil; sin embargo, para el presente caso es necesario tener en cuenta
que tal disposición no resulta aplicable, en tanto el término había sido suspendido con
anterioridad, el 21 de mayo, siendo entonces irrelevante si el 26 de mayo fue un día no
hábil, se reitera, porque al encontrarse suspendido el término no puede considerarse
que el mismo vencía en un día no hábil, siendo que dicha situación correspondía ser
analizada una vez se reanudara el cómputo, encontrando que en este caso el mismo
finalizó en un día hábil, el 4 de julio, sin que la interesada presentara oportunamente la
demanda.30

50. De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad accionada realizó una
valoración del Informe Policial de Accidente de Tránsito, la historia clínica y el dictamen
de pérdida de la capacidad laboral, para advertir que el hecho generador del daño,
esto es, el accidente del cual derivaba las lesiones la demandante ocurrió el día 25 de
mayo de 2016.
51. A partir de lo anterior, el Tribunal precisó que el término de caducidad de 2 años
previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 inició al
día siguiente de la ocurrencia del hecho, es decir, el 26 de mayo de 2016 y finalizaba
el 26 de mayo de 2018, bajo el entendido que los plazos contenidos en las leyes en
meses o años se deben contar como días calendario, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 4 de 1913.
52. Adicionalmente, la corporación judicial accionada refirió que en el expediente del
proceso ordinario se encontraba acreditado que la demandante radicó la solicitud de
conciliación extrajudicial el 21 de mayo de 2018. Esto significaba que el término de
caducidad se suspendió ese día inclusive, cuando restaban 6 días para su finalización.

30
Se transcribe incluso con errores.

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53. De igual manera, se observa que el Tribunal indicó que al proceso se aportó
certificación expedida por la Procuradora 222 Judicial II para Asuntos Administrativos,
el día 28 de junio de 2018, en la que consta que no se logró acuerdo conciliatorio. A
partir del día siguiente se reanudó el término de caducidad, el cual venció el 4 de julio
de 2018, siendo este un día hábil.
54. Asimismo, la autoridad accionada puso de presente que la demanda fue radicada
el 5 de julio de 2018, como consta en el sello de radicación impuesto por la Oficina de
Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Medellín, es decir, por fuera del
término legal.
55. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 29 de noviembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia no incurrió en defecto
fáctico, pues la decisión de revocar la providencia de primera instancia31 y, en su lugar,
declarar probada la excepción de caducidad de la demanda de reparación directa
promovida por la señora Yaneth Tamayo Molina en contra del municipio de Medellín
estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, los elementos probatorios
aportados al proceso y las normas procesales aplicables al caso concreto.
56. En efecto, se observa que la autoridad accionada realizó una valoración adecuada
de los documentos allegados al trámite judicial, con los cuales concluyó que la
tutelante no actuó oportunamente, pues presentó la demanda de reparación directa
superado el término previsto en el literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
57.En este sentido, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
desconocer el ejercicio probatorio realizado por la autoridad judicial accionada,
basándose en una interpretación particular del conteo de los términos de caducidad
que resulta contraria a la normativa procesal que regula la materia.
58. Lo anterior, pues como bien lo indicó el Tribunal, el supuesto de hecho descrito en
el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 está dirigido a «permitir que la presentación de la
demanda se realice al día hábil siguiente sin sujeción al vencimiento en un día no
hábil». No obstante, esta disposición no era aplicable al caso objeto de estudio, debido
a que «el término había sido suspendido con anterioridad, el 21 de mayo [de 2018],
siendo entonces irrelevante si el 26 de mayo [de 2018] fue un día no hábil».
59. Por consiguiente, al haberse suspendido el plazo para acudir a la jurisdicción, no
era posible considerar que este vencía en un día no laborable, como lo planteó la
accionante en el recurso de apelación del fallo de primera instancia y en el escrito de
tutela, toda vez que el trámite conciliatorio aplazó el conteo de la caducidad y cuando
se reanudó faltaban 6 días, los cuales finalizaron en un día hábil, esto fue, el 4 de julio
de 2018, «sin que la interesada presentara oportunamente la demanda».
60. En los anteriores términos, la Sala concluye que la autoridad accionada, en
ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica,
desarrolló una valoración coherente de los documentos obrantes en el expediente de
reparación directa y las normas procesales aplicables al caso concreto, por lo que la
providencia objeto de tutela, respetó las garantías constitucionales de la accionante.

31
Sentencia del 28 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín.

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61. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación
directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.

IV. CONCLUSIONES
62. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia no vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por defecto fáctico, que exija la intervención del juez de
tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la tutelante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Yaneth Tamayo Molina en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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