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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04934-00

Fecha
30 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04934-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela formulada por el señor José Hilario Umbarila Abril, Cristian Leonardo Umbarila Veloza, Daniel Augusto Umbarila Veloza, José Umbarila Veloza y las señoras Blanca Flor Veloza y María Nelly Umbarila Veloza en contra de la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y el Juzgado Ochenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Segundo: Prevenir al abogado Carlos Ernesto Losada Morantes para que, en lo sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones constitucionales aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en conductas que atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de justicia, so pena de incurrir en las respectivas sanciones legales. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04934-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04934-00
Accionante: José Hilario Umbarilla y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otros

Tema: Acción de tutela contra las providencias judiciales por medio de las cuales
se rechazó la oposición a la diligencia de entrega del bien inmueble dentro de un
proceso de restitución. Análisis de la cosa juzgada constitucional.

Decisión: Rechazar por improcedente la acción de tutela por configuración de la
cosa juzgada constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por los señores José Hilario Umbarila Abril, Cristian
Leonardo Umbarila Veloza, Daniel Augusto Umbarila Veloza, José Umbarila
Veloza y las señoras Blanca Flor Veloza y María Nelly Umbarila Veloza, quienes
actúan a través de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, el Juzgado Ochenta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá y el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital, trabajo, seguridad social, defensa y petición; así como también, de
los principios de buena fe y solidaridad, ocurrida con ocasión de las providencias
del 24 de agosto de 2022, el 18 de octubre de 2023 y el 11 de septiembre de
2024, expedidas dentro de un proceso de restitución de bien inmueble.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP
presentó demanda de restitución de tenencia en contra de los señores José
Hilario Umbarilla y Blanca Flor Veloza respecto del bien del predio fiscal ubicado,
en la carrera 68 B Bis n.°. 71-82 en la ciudad de Bogotá, adquirido para la

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construcción de la oreja sur occidental del puente de la carrera 68 con calle 72,
a través de expropiación decidida en sentencia del 22 de noviembre de 1984,
proferida por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá y registrada debidamente
en el Certificado de tradición 50C-469402.

El proceso por reparto correspondió al Juzgado Treinta y Siete Administrativo de
Bogotá, autoridad judicial que, a través de sentencia del 5 de marzo de 2020
ordenó a los señores José Hilario Umbarilla y Blanca Flor Veloza hacer la entrega
real y material del bien inmueble.

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C mediante sentencia del 9 de febrero de 2022 confirmó la
anterior decisión.

En consecuencia, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá por medio
de auto del 24 de agosto de 2022 libró despacho comisorio para dar cumplimiento
a la sentencia del 9 de febrero de 2022, que correspondió por reparto al Juzgado
Ochenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, dependencia judicial que, en
diligencia del 18 de octubre de 2023 efectuó la primera visita de entrega del
referido inmueble. Sin embargo, los hoy accionantes presentaron oposición de
entrega, la cual fue rechazada de plano, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1.° del artículo 309 del CGP.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C mediante auto del 23 de febrero de 2024 resolvió negativamente
el recurso de apelación contra el auto que rechazó de plano oposición en
diligencia de entrega de bien inmueble, al considerar que lo que se pretendía era
el cumplimiento de una orden judicial, sin que hubiera lugar a reabrir el debate ya
clausurado sobre la propiedad del inmueble, como lo pretendía el apoderado de
los hoy accionantes en la diligencia de entrega.

Contra la anterior decisión se presentó una solicitud de aclaración que fue
resuelta desfavorablemente por el aludido tribunal, a través de auto del 11 de
septiembre de 2024.

2.2. Fundamentos jurídicos

Pese a que la parte accionante no manifestó en qué defectos incurrieron las
autoridades accionadas al proferir las decisiones objeto de cuestionamiento en
esta sede, entiende la Sala que se alegó la configuración de un defecto
orgánico, en la medida en que sostuvo que el Tribunal «carecía de competencia
para resolver la apelación contra la decisión […] del 18 de octubre de 2023 por
el Juzgado 89 Civil de Bogotá D.C., que resolvió rechazar de plano la oposición
de la diligencia de entregade un bien inmueble». Por lo tanto, hizo énfasis en
que dicha autoridad judicial debió inhibirse para conocer del asunto de la
referencia.

Por otra parte, señaló que «las entidades accionadas y vinculadas del Distrito
Capital de Bogotá» vulneraron el derecho de petición porque no resolvieron de

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fondo las solicitudes relacionadas con el acompañamiento en el proceso de
desalojo, reubicación familiar y reconocimiento de indemnizaciones.

2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que in extenso se cita:

«(…)
PRIMERA : Solicitamos y rogamos a los honorables magistrados y/o conjueces
que conocen, conforman e integran la SALA DE
SELECCIÓNTUTELASDELHONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
nuevamente y respetuosamente, declarar NULIDAD PARCIAL Y ABSOLUTA Y
CON RANGO CONSTITUCIONAL, respecto de las actuaciones surtidas hasta
la fecha en estas diligencias y comisiones de RESTITUCIÓN Y ENTREGA DEL
INMUEBLE, Rad. 11001333603720180036500, relacionadas, ordenadas y
efectuadas por las entidades judiciales accionadas, dejando sin efectos las
decisiones judiciales emitidas por los juzgados de conocimiento, comitente,
comisionado y tribunal administrativo en apelación, los días 24/08/22, 18/10/23,
11/09/24, 12/09/24, fechas en que se ha intentado infructuosamente realizar el
desalojo de los accionantes y opositores, tanto en primera, como en tercera visita
al predio y como consecuencia de los anteriores hechos y nulidades de carácter
constitucional y legal, ordenar a las entidades judiciales accionadas, vinculadas
y correspondientes, declararse inhibidas para conocer y dirimir el referido
conflicto de competencias, tal y como lo ha venido haciendo y sosteniendo,
desde hace tiempo, las sentencias, jurisprudencia y doctrina de nuestra
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL.

SEGUNDA : Ordenar a las entidades judiciales accionadas y vinculadas,
nuevamente, aplazar, suspender y reprogramar la fecha de la diligencia de
restitución y entrega del inmueble ordenada para el día
viernes15deNoviembre del 2024, hasta tanto se resuelva, definitivamente, por
el juez de conocimiento original de la causa o comitente, es decir,
JUZGADO37ADMINISTRATIVO DE BOGOTA, sobre el trámite de las
oposiciones, admisión, rechazo y nulidades alegadas y solicitadas a ese
despacho judicial y dentro de las citadas audiencias y visitas al predio objeto
de entrega, junto con el recurso de reposición y/o apelación y efectos legales
y devolutivos en que se concedió y a cambio del efecto suspensivo que se
solicitó dentro de ella y hasta que las entidades accionadas, especialmente,
las ALCALDIAS MAYOR Y MENORDEBOGOTA Y ENGATIVA, resuelvan
acerca de las múltiples peticiones que han presentado los suscritos
accionantes, para nuestra ayuda, reemplazo y reubicación de vivienda e
indemnizaciones y subsidios económicos a que haya lugar, como contra
prestación por nuestros servicios de vigilancia y cuidado del predio objeto de
entrega, durante más de 34 años, dadas nuestras apremiantes circunstancias
y necesidades y manifiestas y precarias condiciones económicas y familiares
en que vivimos, pobreza y desigualdad, falta de trabajo y oportunidades
laborales, estado de salud, responsabilidad patrimonial del estado, amenazas
de entrega y desalojo del inmueble por la fuerza y vías de hecho judicial y
administrativa en la interpretación y aplicación de las normas y pruebas y
constante violación de nuestros derechos fundamentales y conforme a lo
dispuesto en los artículos 40, 133, 309 del C.G.P., 11, 13, 20, 23, 25, 29, 43,
83 superiores, etc., e inaplicación de leyes y antecedentes jurisprudenciales y
tutelas que se anexan con la presente, especialmente, conforme a lo dispuesto
por el HONORABLETRIBUNALSUPERIOR DE BOGOTA – SALA CIVIL –
mediante sentencia de tutela número04- 363-01 del 26/05/04, M.P. CARLOS
JULIO MOYACOLMENARES, y tutela radicado bajo el número
11001031500020230649900, Consejo de Estado, M.P. JORGE
PORTOCARRERO, mediante auto del 27/10/23, que en su momento
ampararon nuestros derechos fundamentales al debido proceso y defensa y

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suspensión de su entrega y desalojo y por motivos similares al presente caso
y dadas las circunstancias y hechos actuales y adicionales que se han
presentado durante su trámite judicial.

TERCERA : Ordenar a las entidades accionadas y vinculadas del Distrito
Capital de Bogotá, resolver de fondo nuestras justas peticiones y acompañar
este proceso y orden de desalojo, otorgando todas las garantías y beneficios
económicos e indemnizaciones legales, reubicación familiar, procedentes y
solicitados, conforme a lo dispuesto en la Ley, Jurisprudencia, Convenios,
Protocolos y Tratados Internacionales sobre respeto a los Derechos
Fundamentales y Dignidad Humana y que se deben observar en estos casos
y procedimientos de desalojo de inmuebles de presunta naturaleza estatal y
fiscal, por cuanto allí vivimos personas de la tercera edad y ancianos que nos
encontramos en delicado estado de salud y niños menores de edad, etc.,
especialmente, ordenando requerir al INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - SECRETARIASDEGOBIERNO E
INTEGRACION SOCIAL DE BOGOTA, PROCURADURIA GENERALDELA
NACIÓN, DEFENSORIA DEL PUEBLO Y PERSONERIA DE BOGOTA, para
que asuman la defensa y protección de nuestros derechos fundamentales
objeto de amparo.» Sic a toda la cita

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 9 de octubre
de 2024, a través del cual ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, al Juzgado Ochenta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá, a la Alcaldía de Bogotá, a la Alcaldía Local de Engativá y al
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B después de hacer un recuento del trámite del proceso ordinario,
solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional porque lo que pretende la parte actora con la
interposición del mecanismo constitucional es reabrir un debate ya zanjado por
el juez de la causa pretendiendo la prolongación indefinida del incumplimiento de
la orden impartida para la restitución del bien inmueble objeto de la litis.

Lo anterior, teniendo en cuenta que adelantó todas las actuaciones necesarias
dentro del aludido proceso, de acuerdo con la jurisprudencia, normatividad
vigente aplicable al asunto en cuestión y los elementos probatorios allegados al
plenario.

En ese sentido, manifestó que en el presente asunto no se advierte un hecho u
omisión que derive en la violación de los derechos fundamentales invocados en
protección.

Finalmente, resaltó que la Subsección mediante sentencia del 6 de junio del 2024
rechazó por improcedente una acción de tutela presentada por los accionantes y
levantó la medida cautelar decretada por medio de la cual se suspendía la
diligencia de entrega del bien inmueble objeto de la litis.

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2.4.2. El Juzgado Ochenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá luego de hacer
un recuento del trámite surtido al interior del proceso ordinario, pidió se declare
la improcedencia de la acción de tutela porque tiene fines meramente
económicos.

2.4.3. La Alcaldía de Bogotá solicitó se declare la falta de legitimación por
pasiva.

2.4.4. La Alcaldía Local de Engativá manifestó que el presente asunto fue
estudiado por un juez constitucional dentro del proceso con radicado 11001-03-
15-000- 2023-06499-00 [01], quien resolvió rechazar por improcedente la acción
de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, decisión que se
encuentra debidamente ejecutoriada.

Así las cosas, solicitó se niegue el amparo por configuración de la cosa juzgada
constitucional, puesto que el presente asunto ya fue puesto a consideración del
juez constitucional. Por otro lado, manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección.

Finalmente, pidió ser desvinculada del presente proceso por falta de legitimación
en la causa por pasiva.

2.4.5. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
de Bogotá después de hacer un recuento del trámite impartido dentro del
proceso ordinario, manifestó que lo que pretende la parte actora con la
interposición del mecanismo constitucional es frustrar el cumplimiento de la
sentencia judicial por medio de la cual se ordenó la restitución del predio
propiedad del distrito. Por lo tanto, considera que la acción de tutela es
improcedente por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados en protección.

2.4.6 La Secretaría Distrital del Hábitat solicitó ser desvinculada del proceso
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.7. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

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3.2. Cuestión previa

La Sala procede advertir que si bien, la parte actora cuestiona la providencia del
24 de agosto de 20221 proferida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de
Bogotá por medio de la cual libró un despacho comisorio para dar cumplimiento
a la sentencia del 9 de febrero de 2022 suscrita por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, al interior del proceso de
restitución de bien inmueble con el radicado 11001-33-36-037-2018-00365-00, lo
cierto es que no se abordará su estudio teniendo en cuenta que dicha providencia
no cumpliría con el requisito de inmediatez, toda vez que la parte accionante dejó
transcurrir 2 años, para interponer el mecanismo constitucional. Además, no
existe ningún motivo que justifique dicha tardanza, por lo que se tornaría
improcedente.

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Juzgado Ochenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá al proferir la providencia
del 18 de octubre de 2023; así como también si Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al proferir el proveído del 11 de
septiembre de 2024, respectivamente, incurrieron en el defecto orgánico.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

1Información que reposa en el documento
12_EXPEDIENTEDIGI_PRUEBA_16_9_20248_05_3_20240917100408211.pdf
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. De la cosa juzgada en la acción de tutela

La Corte Constitucional ha señalado que “Cuando el juez de instancia resuelve
un asunto concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección2, el fallo
judicial se torna definitivo, inmutable y vinculante3, presentándose la cosa
juzgada constitucional en materia de tutela. Esta institución jurídica, encuentra su
fundamento en el artículo 243 de la Carta, al establecer que los fallos que dicta
la Corte en ejercicio de control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional4 y de ahí que este vedado al juez volver a decidir sobre lo que se
encuentra materialmente resuelto”5.

Así pues, en la sentencia T-670 de 2017, la Corte Constitucional precisó que el
fenómeno de cosa juzgada constitucional ocurre cuando “se interpone una acción
de tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la misma

2 Si la Corte selecciona el trámite para revisión, la cosa juzgada se produce con la ejecutoria del

fallo de la Corte, por el contrario, cuando la acción no es seleccionada, este fenómeno opera a
partir de la ejecutoria del auto que niega la selección. Así se estableció en la sentencia SU-219
de 2001, citada en la sentencia T-001 de 2016.
3 Sentencia T-001 de 2016.
4 “Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a

cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”
5 T-106-2018.

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naturaleza sin que existan razones suficientes que justifiquen la nueva solicitud”6.

En ese sentido, se ha expresado que existe duplicidad de acciones de tutela
cuando hay identidad respecto a las partes involucradas en el trámite, las
circunstancias fácticas y las pretensiones formuladas.7 Recientemente, en la
sentencia T-280 de 2017 se reafirmó el contenido de los criterios que permiten
establecer la cosa juzgada:

“(i) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

(ii) Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la
demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se
permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a
fallar sobre la nueva causa.

(iii) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la
decisión que constituye cosa juzgada.”8

En ese sentido, cuando se configura un evento de duplicidad, el funcionario
judicial no solo tiene la obligación de rechazar las acciones de tutela sino que
además está facultado para controlar el abuso del derecho y los comportamientos
que se opongan a la lealtad procesal, tendientes a satisfacer intereses
individuales sin fundamento constitucional ni legal9.

3.5. Análisis de la cosa juzgada constitucional

En el presente asunto, la accionante reprocha las providencias (i) del 18 de
octubre de 2023 proferida por el Juzgado Ochenta y Nueve Civil Municipal de
Bogotá por medio de la cual rechazó de plano la oposición en diligencia de
entrega del bien inmueble y (ii) el proveído del 11 de septiembre de 2024 por
medio del cual el Tribunal resolvió negar la solicitud de aclaración presentada

6 Sentencia C-774 de 2001. Postura reafirmada en las sentencias C-622 de 2007, T-185 de 2013,

T-707 de 2016, y T-670 de 2017. Así mismo, se ha determinado que la cosa juzgada constitucional
tiene dos funciones: una negativa, que prohíbe a los funcionarios judiciales fallar sobre lo resuelto
y, una positiva, que procura dotar de seguridad las relaciones jurídicas y lograr la terminación
definitiva de las controversias.
7 Sentencia T-154 de 2014. Iguales supuestos que se estudian respecto a la temeridad.
8 El estándar anterior fue desarrollado inicialmente en la sentencia C-774 de 2001.
9 En la SU 713 de 2006 se desarrolló ampliamente el sentido de la temeridad en materia de tutela.

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contra el auto del 23 de febrero de 2023, suscrito por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

Ahora bien, de conformidad con la información que reposa en el expediente y lo
informado por el Tribunal, se advierte que la accionante ya interpuso, en
oportunidad anterior, una acción de tutela contra la providencia del 18 de octubre
de 2023, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

En dicha oportunidad, formuló las siguientes pretensiones, lo que in extenso se
cita:

«PRIMERA : Ordenar a las entidades judiciales accionadas y vinculadas,
suspender y reprogramar la fecha de la diligencia de restitución y entrega del
inmueble ordenada para el día Lunes 11 de Diciembre del 2023, hasta tanto se
resuelva definitivamente sobre la admisión y trámite de la oposición presentada,
recurso de apelación y efectos legales y devolutivos en que se concedió y a cambio
del suspensivo que se solicitó dentro de la audiencia y diligencia de entrega
verificada por el juez comisionado el día 18/10/23, dadas las apremiantes
circunstancias, amenazas de entrega y desalojo del inmueble por la fuerza y vías
de hecho judicial y administrativa y constante violación de nuestros derechos
fundamentales y conforme a lo dispuesto en el artículo 309 del CGP y demás leyes
y antecedentes jurisprudenciales y tutelas que se anexan con la presente,
especialmente, conforme a lo dispuesto por el TRIBUNAL SUPERIOR DE
BOGOTA – SALA CIVIL – mediante sentencia de tutela número 04-363-01 del
26/05/04, M.P. CARLOS JULIO MOYA COLMENARES, que amparó nuestros
derechos fundamentales al debido proceso y defensa y suspensión de su entrega
y desalojo y por motivos similares al presente caso.

SEGUNDA : Ordenar a las entidades accionadas y vinculadas resolver de fondo y
aclarar las peticiones y respuestas elevadas por los suscritos accionantes y
opositores, acerca de la existencia, legalidad y certificación de la propiedad y en el
respectivo folio de matrícula inmobiliaria número 050C-469402 de la Oficina de
Registro de Bogotá – Zona Centro- respecto de la presunta sentencia de
expropiación adelantada ante el JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA y de todas las tradiciones, anotaciones y transferencias de la propiedad
del inmueble que allí aparecen y sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 56 de
1981, Ley 388 de 1997, Ley 1579 del 2012, Ley 1250 de 1970, etc., sobre
afectación del predio y gravámenes, limitaciones e inscripciones de la propiedad,
prohibición y celebración de negocios y escrituraciones posteriores a su
expropiación, tal como la escritura número 2848 del 20/12/86, otorgada en la
NOTARIA 37 DE BOGOTÁ, entre los señores CARLOS SILVA y ANA CRISTINA
SILVA BUSTOS, tal y como aparece en el mencionado folio de matrícula
inmobiliaria y en que se basaron las sentencias de revisión, reparación directa y
restitución, etc., deduciendo, equivocadamente y por vías de hecho judicial que se
trata de un bien fiscal del Distrito Capital de Bogotá, causando graves e inminentes
daños y perjuicios a los suscritos accionantes y opositores.

TERCERA: Ordenar a las entidades accionadas y vinculadas del Distrito Capital
de Bogotá, resolver de fondo nuestras justas peticiones y acompañar este proceso
y orden de desalojo, otorgando todas las garantías y beneficios económicos e
indemnizaciones legales, reubicación familiar, procedentes y solicitados, conforme
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a lo dispuesto en la Ley, Jurisprudencia, Convenios, Protocolos y Tratados
Internacionales sobre respeto a los Derechos Fundamentales y Dignidad Humana
y que se deben observar en estos casos.»

En ese contexto, la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado de
esta corporación mediante la sentencia del 6 de junio de 2024, consideró:

«En caso negativo, en segundo lugar, si la acción de tutela referenciada cumple
con los requisitos de procedencia para controvertir el proveído del 18 de octubre
de 2023, proferido dentro de la diligencia de lanzamiento de bien inmueble, llevada
a cabo por el Juzgado 89 Civil Municipal de Bogotá, D. C., dentro del expediente
11001 33 36 037 2018 00365 00 (Despacho Comisorio 001-2022).

2.6. Hechos probados

i) El 5 de marzo de 2020, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Tercera, dentro del medio de control de restitución de inmueble, con
radicado 11001 33 36 037 2018 00365 00, emitió sentencia a través de la cual
ordenó a los señores Blanca Flor Veloza y José Hilario Umbarila Abril hacer la
entrega del bien inmueble ubicado en la carrera 68 bis 71-82, identificado con
matrícula inmobiliaria 50C-469402.

ii) El 24 de agosto de 2022, el mencionado juzgado emitió el Despacho Comisorio
001-2022 dirigido a los jueces civiles municipales de Bogotá, con el fin de que
llevaran a cabo la diligencia de entrega del predio. Dicho encargo le correspondió
por reparto al Juzgado 89 Civil Municipal de Bogotá, D. C.

iii) El 6 de octubre de 2023, el mencionado Juzgado 89 Civil Municipal de Bogotá
fijó la fecha de la diligencia de entrega para el 18 de octubre de 2023.

iv) El 18 de octubre de 2023, se llevó a cabo, de manera virtual, la referida
diligencia, en la que se surtieron los siguientes trámites:

a) (Min. 23:09) El apoderado de los demandados presentó oposición a la entrega,
bajo los mismos argumentos fácticos esbozados en la presente acción de tutela.

b) (Min. 31:08) El juez rechazó de plano la oposición, tomando en consideración
que existen varias decisiones en las que ya se ha declarado que los hoy
accionantes no son poseedores del bien objeto de entrega, y que dicha diligencia
no permite el análisis probatorio sobre la propiedad del bien, pues esta ya había
sido decidida en diversas instancias judiciales.

c) (Min. 32:33) El apoderado de los demandados interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, el de apelación. Sobre este punto, reiteró los mismos argumentos
esbozados en la presente acción de tutela y en el escrito de oposición referenciado.

d) (Min. 37:34) El juez decidió no reponer la decisión y concedió el recurso de
apelación en el efecto devolutivo, según lo establecido en el artículo 323 del Código
General del Proceso (Min. 39:32 al 39:54).

e) (Min. 42:00) De igual modo, se fijó el 11 de diciembre de 2023, a las 9:00 a. m.,
para continuar la diligencia de entrega. Así mismo, convocó varias autoridades

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para garantizar que el trámite no vulnere los derechos fundamentales de los
menores, personas de la tercera edad y animales que se encuentren en el predio.
f) (Min. 46:09) El apoderado de los hoy accionantes interpuso recurso de reposición
con el fin de que el juez concediera el recurso de apelación en el efecto suspensivo,
dado que no se podía llevar a cabo el lanzamiento antes de que se resolviera la
alzada.

g) (Min. 46:09) El juez no repuso la decisión, en virtud de que las normas
procesales son de obligatorio cumplimiento y de orden público. Por lo tanto, y en
vista de que el artículo 323 del CGP dispone que el recurso de apelación debe
concederse en el efecto devolutivo, así debe hacerlo.

2.7. Análisis de la Sala. Caso concreto

De acuerdo con el marco fáctico y normativo que antecede, la Sala confirmará el
fallo emitido por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, al
encontrar que, en efecto, el presente asunto carece del requisito de relevancia
constitucional.

Lo anterior, por cuanto los alegatos de la parte actora, lejos de revestir la relevancia
constitucional exigida, lo que avizoran es que se utiliza el mecanismo de amparo
como una instancia adicional para revivir un debate ya decidido en sede de
instancias, que no le corresponde definir al juez de tutela.

En el caso, la redacción de la acción constitucional, tal como los accionantes se
encargaron de señalar, no es más que la reproducción escrita de los argumentos
de reposición y apelación interpuestos contra las decisiones tomadas en la
diligencia de entrega adelantada el 18 de octubre de 2023 por el Juzgado 89 Civil
Municipal de Bogotá, en primera medida, sobre los fundamentos de la oposición a
la entrega del bien inmueble ubicado en la carrera 68 bis 71-82, identificado con
matrícula inmobiliaria 50C-469402; y, en segunda medida, sobre el efecto en el
que se concedió la alzada contra el auto que rechazó de plano la mencionada
oposición.
(…)
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional estableció que para que el juez
constitucional pueda estudiar los cuestionamientos presentados contra
providencias judiciales, esto es, para que proceda una tutela contra una
providencia judicial, es necesario que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos definidos como requisitos especiales o específicos, tales como defecto
orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de la
Constitución.

Llama la atención que los accionantes no cumplieran esta exigencia de
procedencia, pues no explicaron en cuál de los anteriores vicios incurrió la decisión
del Juzgado 89 Civil Municipal de Bogotá, sino que se limitaron a reiterar su
inconformismo con las determinaciones del juez ordinario, sin explicar cómo la
decisión del operador judicial transgredió el ordenamiento constitucional.
(…)
Sin embargo, dicho panorama tiene lugar en aquellos casos en los que, aunque
no se invoque de forma expresa un defecto, el escrito de tutela permite dilucidar
de forma clara el asunto sobre el que debe versar el análisis de fondo, sin que ello

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represente una excesiva adecuación argumentativa por parte del fallador, quien
tampoco está habilitado para suplir las faltas de la parte accionante.

En eventos como el descrito, hay que considerar las condiciones particulares del
accionante como, por ejemplo, ser sujeto de especial protección, encontrarse en
una situación de vulnerabilidad manifiesta o no poseer formación en áreas del
derecho.

Sin embargo, ninguna de esas particularidades se observa configurada en el
presente asunto, por cuanto la acción de tutela fue interpuesta tanto por los
señores José Hilario Umbarila Abril, Blanca Flor Veloza y Daniel Augusto, Cristian
Leonardo, José Luis María Nelly Umbarila Veloza como por su apoderado judicial,
el abogado Carlos Ernesto Losada Mora.

De manera que, en el caso sub judice, no se observa razón válida para que no se
cumpla a cabalidad con las exigencias mínimas de una acción de tutela contra
providencia judicial de la que se considera dependen intereses constitucionales y
económicos.

Además, como se indicó en el numeral 1.5., ut supra, en la alzada tampoco se
expusieron fundamentos disientes y concretos que permitan tomar una decisión
diferente a la resuelta en primer grado por la Subsección B, de la Sección Segunda,
del Consejo de Estado.

Ahora, en gracia de discusión, y tomando en consideración que las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia se interpusieron con el fin de que se
suspendiera la diligencia de entrega del pluricitado bien inmueble, fijada para el
pasado 11 de diciembre de 2023, mientras se resolvía el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado de los hoy accionantes contra la decisión que rechazó
de plano la oposición a la entrega del bien inmueble precitado, lo cierto es que
dicha alzada ya fue resuelta de manera negativa por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante el auto proferido el 23
de febrero de 2024, por lo que también carece de objeto este mecanismo
constitucional. »

De lo anterior se colige que la Sala de la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación, a través de sentencia del 6 de junio de 2024, declaró improcedente
el mecanismo constitucional, al considerar que, lejos de revestir la relevancia
constitucional exigida, lo que se avizoraba era que se utilizaba el mecanismo de
amparo como una instancia adicional para revivir un debate ya decidido que no
le correspondía definir al juez de tutela.

Es preciso poner de presente que, tal como se puede constatar en el portal web
de la Corte Constitucional, por medio del auto del 30 de agosto de 2024, se
decidió no seleccionar la providencia para revisión10.

10

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&da
te3=2019-01-01&date4=2024-10-
30&radi=Radicados&palabra=T10402085&radi=radicados&todos=%25
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Visto lo anterior, para la Sala emerge con claridad que lo pretendido en la
presente acción de tutela ya fue objeto de pronunciamiento por parte de otro juez
constitucional y, en ese sentido, se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, pues, como quedó visto, la acción de tutela tramitada bajo el n.º
11001-03-15-000-2023-06499-01 versó sobre los mismos hechos, las iguales
pretensiones e idéntica causa petendi que se ventilan en el asunto de la
referencia.

Adicionalmente, es necesario precisar que aunque en las pretensiones
formuladas en la presente demanda se solicitó, también, infirmar el auto del 11
de septiembre de 2024 mediante el cual se resolvió negativamente la solicitud de
aclaración, la Sala observa que se trata de una simple estrategia para,
eventualmente, justificar la interposición de una nueva acción de tutela, puesto
que, en todo caso, el cuestionamiento se dirige concretamente contra la
providencia del 18 de octubre de 2023, respecto de la cual esta Subsección tuvo
conocimiento y consideró que, no cumplían con el requisito de relevancia
constitucional.

Lo anterior conduce a concluir que la presente acción de tutela es improcedente
por encontrarse configurado el fenómeno de cosa juzgada pues, en todo caso, la
parte accionante no señaló ninguna razón que justifique la interposición de una
nueva acción constitucional, comportamiento que resulta aún más cuestionable
si se tiene en cuenta que la parte actora actúa por conducto de apoderado judicial
quien, en una conducta contraria a la lealtad procesal quería provocar un
pronunciamiento favorable a sus pretensiones.

Sin embargo, la Sala considera que no hay lugar a declarar la temeridad, en tanto
el apoderado de la demandante, en esta sede judicial, además de cuestionar la
providencia del 18 de octubre de 2023 como lo hizo dentro del proceso n.º 11001
03 15 000 2023 06499 01, pidió infirmar, también, las providencias del 24 de
agosto de 2022 respecto de la cual se indicó que no cumplía con el requisito de
inmediatez; el proveído del 12 de septiembre de 2024. Por tanto, dicha
circunstancia, que aparentemente se trata de una simple estrategia para justificar
la interposición de una nueva acción de tutela – lo que, de suyo, resulta
reprochable –, implica que no se configure en este asunto una actuación
temeraria en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, con las
consecuencias que allí se contemplan.

Por tanto, se prevendrá al abogado Carlos Ernesto Losada Morantes para que,
en lo sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones constitucionales
aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en
conductas que atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de
justicia, so pena de incurrir en las respectivas sanciones legales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela formulada por el señor
José Hilario Umbarila Abril, Cristian Leonardo Umbarila Veloza, Daniel Augusto
Umbarila Veloza, José Umbarila Veloza y las señoras Blanca Flor Veloza y María
Nelly Umbarila Veloza en contra de la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía Local de
Engativá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá y el Juzgado
Ochenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en
precedencia.

Segundo: Prevenir al abogado Carlos Ernesto Losada Morantes para que, en lo
sucesivo, se abstenga de iniciar nuevamente acciones constitucionales
aduciendo los mismos hechos y pretensiones aquí ventilados, y de incurrir en
conductas que atenten contra la lealtad procesal y la correcta administración de
justicia, so pena de incurrir en las respectivas sanciones legales.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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