Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04937-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04937-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
17 de octubre de 2024
Demandante: Sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04937-00
Demandante: SOCIEDAD VINÍCOLA LOS ROBLES LTDA.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La sociedad Vinícola Los Robles Ltda., actuando por medio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y «doble instancia».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
del 21 de marzo de 2024 proferida por la corporación judicial accionada. Mediante
esta decisión se revocó el fallo del 25 de enero de 2024 emitido por la Sección
Primera del Consejo de Estado, y en su lugar, se negó el amparo solicitado. Tales
decisiones fueron dictadas en el trámite de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-06994-00/01.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente al
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, a nombre de VINÍCOLA LOS ROBLES
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1
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Demandante: Sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-00
LTDA., e inherente a ello quienes me acompañan como conglomerado de
afectados de la comunidad chocoana, extrabajadores, directos e indirectos,
exproveedores, contratistas y en general familias enteras que derivaban su
sustento de la actividad comercial realizada por la que para aquel entonces era
la FÁBRICA DE LICORES DEL CHOCÓ, que fueron directamente afectados por
la declaratoria ilegal de caducidad del CONTRATO DE CONCESIÓN,
orquestada por el gobierno Departamental del Chocó, cuyos derechos fueron
reconocidos inherentemente, en virtud de la SENTENCIA proferida el día 21 de
Junio de 2.018 por su judicatura, se nos confiera amparo constitucional de
TUTELA, por violación al DERECHO FUNDAMENTAL A UNA DOBLE
INSTANCIA y AL DEBIDO PROCESO y por conexidad del artículo 94 de la
Constitución a los principios de BUENA FE que comporta el RESPETO AL ACTO
PROPIO y la confianza legitima, el principio pro actione, unidad de la prueba,
valoración integral de la prueba, imparcialidad, igualdad de armas, integridad y
los demás derechos fundamentales y principios constitucionales invocados en
este escrito, se proceda a dejar sin efecto los autos acusados, declarando la
REVOCATORIA de:
EN PRIMER LUGAR: La PROVIDENCIA del HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, sala de lo Contencioso Administrativo, SECCIÓN SEGUNDA,
subsección “A” Magistrado Ponente Dr. LUIS EDUARDO MESA NIEVES,
Magistrado JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ y Magistrado RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, del día veintiuno (21) de marzo del 2024, con
número único de RADICACIÓN 11001-03-15-000-2023-6994-01, dirigida directa
y expresamente a lo resuelve en el numeral segundo (2) del FALLO, que
acusamos de violatorio de nuestros derechos fundamentales el cual en su texto
expresa:
“Segundo: Negar el amparo solicitado por la sociedad Vinícola Los Robles Ltda.,
mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.” …
Lo anterior por ser a todas luces violatorio del derecho fundamental a una doble
instancia (artículo 31 y 85 de la Constitución Nacional).
Lo descrito por cuanto igualmente VIOLATORIAMENTE legitima haciendo uso
de una VIA DE HECHO, que tipifica un fraude a la constitución y a la ley, el
AUTO INTERLOCUTORIO del dieciocho (18) de mayo de 2023, Magistrado
Ponente Dr. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, del HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
subsección “B” que resuelve el RECURSO DE APELACIÓN presentado por
Vinícola los Robles Limitada (DEMANDANTE), que “CONFIRMA” el AUTO
INTERLOCUTORIO N.º 0364 del ocho (08) de octubre de dos mil
veintiuno(2021), Magistrada Ponente Mirtha abadía Serna, que LIQUIDA
CONDENA proferida “EN ABSTRACTO“, proferido por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ dentro del TRÁMITE
INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO, que “taza
los perjuicios descritos y reconocidos” en la SENTENCIA proferida el día 21 de
Junio de 2.018, por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección “B”, Magistrada
Ponente, Dra. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO en contra del
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DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
EN SEGUNDO LUGAR: En consecuencia, a lo descrito se remita el expediente
al AD-QUO de origen, la SECCIÓN PRIMERA DEL HONORABLE CONSEJO
DE ESTADO, para que esta RESUELVA DE FONDO y procure los
procedimientos, requerimientos y cautelas a que haya lugar, para que se
CONCEDAN LA TOTALIDAD de las PRETENSIONES CONTENIDAS EN
LIBELO PRESENTADO DENTRO DEL TRÁMITE INCIDENTAL DE
LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO, a más de las garantías
constitucionales, procesales y sustanciales a que haya lugar en aplicación de la
conexidad consagrada en el artículo 94 de la Constitución Nacional a favor de
VINÍCOLA LOS ROBLES LTDA – ACCIONANTE. En cumplimiento de lo anterior
y teniendo en cuenta los hechos y consideraciones que dieron lugar a la grave
vulneración se proceda a proferir un nuevo fallo.
EN TERCER LUGAR: De considerarlo necesario, se realice requerimiento
probatorio al CONDENADO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, en los mismos
términos expresados e impuestos a Vinícola los Robles Ltda., conforme a los
autos descritos y acusados, en amparo del principio de IGUALDAD DE ARMAS,
CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA y en pleno acatamiento del artículo 167 del
Código General del Proceso.
EN CUARTO LUGAR: Las demás MEDIDAS, REQUERIMIENTOS y
CAUTELAS que en uso de sus facultades legales y Constitucionales como Juez
de Tutela, allane para MATERIALIZAR LOS DERECHOS LEGITIMAMENTE
RECONOCIDOS en la SENTENCIA proferida el día 21 de Junio de 2.018, por
el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, subsección “B”, Magistrada Ponente, Dra.
STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO en contra del DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ y a favor de Vinícola los Robles Ltda., y así evitar que hechos tan
lamentables, violatorios y vergonzosos sigan aconteciendo.
De lo anterior, en correspondencia con el actuar del accionado, se declare que
incurrió en las causales específicas de procedibilidad de la ACCIÓN DE TUTELA,
para que la misma se abra a su prosperidad2.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes, de conformidad con el
escrito de tutela y los informes rendidos por el actor y las autoridades accionadas,
de la siguiente manera:
5. La Sociedad Vinícola Los Robles Ltda. interpuso demanda contra el
departamento del Chocó pretendiendo la nulidad de los actos administrativos que
declararon la caducidad del contrato de concesión para la fabricación,
distribución y comercialización de licores3.
2
Transcrito del escrito de tutela con posibles errores.
3
Proceso de controversias contractuales identificado con el número de radicado 27001-23-31-
000-1999-00611-00/01/02.
3
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6. En primera instancia, el 20 de abril de 2006, el Tribunal Administrativo del
Chocó negó las pretensiones de la demanda. En virtud, de la incapacidad
financiera y el incumplimiento reiterado del contrato de concesión por parte de la
accionante. Por ende, esa autoridad consideró justificado la imposición de
multas, embargos y la declaratoria de caducidad del contrato referido.
7. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, que fue
resuelto el 21 de junio de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. En esta providencia se revocó la anterior decisión y, en su lugar,
se accedió parcialmente a las súplicas. El fundamento de esta determinación fue
que, si bien la Sociedad Vinícola Los Robles Ltda. incumplió ciertas obligaciones
contractuales, estas devinieron del incumplimiento por parte del departamento
del Chocó.
8. Por último, se condenó en abstracto al departamento del Chocó a pagar el
daño emergente causado y la suma que resulte probada por la liquidación en
trámite incidental como concepto de lucro cesante. Cabe destacar que, en dicha
providencia se estableció el término de sesenta (60) días, siguientes a la
notificación del auto del a quo que ordenara cumplir lo dispuesto en la sentencia,
para que la sociedad solicitara la liquidación mediante trámite incidental.
9. El 13 de febrero de 2019, la parte actora solicitó la apertura del incidente
de liquidación de perjuicios ante el Tribunal Administrativo del Chocó con el fin
de cuantificar el lucro cesante y el daño emergente. Posteriormente, mediante la
providencia del 8 de octubre de 2021 la autoridad judicial únicamente liquidó los
perjuicios por daño emergente con las pruebas aportadas al trámite. Respecto al
lucro cesante, sostuvo que la sociedad no aportó al expediente los elementos
probatorios que podrían llegar a calcular lo que dejó de percibir por la no
ejecución del contrato de concesión, impidiéndole liquidar el perjuicio solicitado.
10. Interpuesto el recurso de apelación contra la decisión anteriormente
expuesta, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 4 encontró
configurada la caducidad5 para promover el incidente de liquidación de la
condena en abstracto. En este orden, se interpuso por parte de la sociedad el
recurso de súplica el cual fue resuelto confirmando la providencia cuestionada,
el 16 de agosto de 2022.
11. Por lo anterior, la sociedad Vinícola Los Robles Ltda. promovió acción de
tutela contra las providencias mencionadas anteriormente. Mediante el fallo del
28 de febrero de 2023, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
amparó los derechos fundamentales de la accionante6. Encontró configurado el
defecto fáctico por haber contabilizado los términos para la caducidad
4
Providencia de 3 de mayo de 2022.
5
Así lo estableció la decisión referida.
6
Ello, al interior del expediente 11001-03-15-000-2022-06576-00.
4
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erróneamente. En consecuencia, ordenó a la Sección Tercera, Subsección B de
esta corporación, proferir una decisión de reemplazo en la que resolviera el
recurso de apelación.
12. En cumplimiento de lo anterior, la autoridad judicial referida mediante el
auto del 18 de mayo de 2023 confirmó la decisión de primera instancia 7 que
ordenó liquidar la condena en abstracto, solo en lo que respecta al daño
emergente, al no encontrar acreditado el lucro cesante.
13. La parte actora interpuso una nueva acción de tutela contra las
providencias que no liquidaron el lucro cesante dentro del trámite incidental.
Sostuvo que tanto el Tribunal Administrativo del Chocó como la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso al incurrir en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente. Ello, por valorar indebidamente ciertos dictámenes y por
considerar que se dio una indebida interpretación normativa referente a la carga
dinámica de la prueba. Considerando entonces que sí le asistía el derecho de
que se le hubiere liquidado el perjuicio referido.
14. La Sección Primera del Consejo de Estado conoció en primera instancia
la solicitud de amparo y decidió declarar improcedente la acción por no encontrar
superado el requisito de relevancia constitucional8. Precisó que la accionante
pretendía reabrir el debate ya resuelto y convertir la tutela en una tercera
instancia.
15. La sociedad Vinícola Los Robles Ltda. impugnó la decisión solicitando que
se estudiara de fondo por considerar que el caso concreto sí superaba el requisito
de relevancia constitucional. Asimismo, reiteró los argumentos y enfatizó en los
cargos expuestos en la solicitud de amparo.
16. Finalmente, en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó las pretensiones de tutela. Esto, al no encontrar
configurado ninguno de los defectos alegados por la parte actora. Sostuvo,
entonces, que las autoridades judiciales accionadas realizaron un análisis
juicioso de las pruebas obrantes en el trámite incidental, aplicaron debidamente
las normas jurídicas y no desconocieron el precedente judicial.
1.4. Sustento de la vulneración
17. La accionante consideró que la sentencia de tutela que profirió la autoridad
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, la
buena fe y a la doble instancia. Adicionalmente, expresó que se incurrió en los
defectos, a saber:
7
Auto del 8 de octubre de 2021, Tribunal Administrativo del Chocó.
8
Sentencia del 25 de enero de 2024. Radicado 11001-03-15-000-2023-06994-00.
5
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Demandante: Sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-00
• Material o sustantivo: Estima que se aplicaron disposiciones regresivas o
contrarias a la Constitución, tipificando entonces, un fraude en contra de
las disposiciones constitucionales y legales. Adicionalmente, manifestó
que el operador judicial sustentó la decisión y valoró las pruebas de
manera insuficiente.
• Desconocimiento del precedente: Referenció ciertas providencias de la
Corte Constitucional que se limitan a definir principios jurídicos
relacionados a la seguridad jurídica.
• Violación directa a la Constitución: Expresó que la falta de imparcialidad y
objetividad del magistrado de segunda instancia del proceso ordinario
vulnera directamente a la Constitución.
1.5. Trámite de la tutela
18. Por medio del auto del 26 de septiembre de 2024, el despacho ponente
de esta decisión admitió la solicitud de amparo 9. En consecuencia, se ordenó
tener como accionado al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Además, se vincularon como terceros con interés a la Sección Primera y Sección
Tercera de esta corporación, al Tribunal Administrativo del Chocó, al
Departamento del Chocó y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
19. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la presente acción de tutela, se
rindieron los siguientes informes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera
20. El magistrado Martín Bermúdez Muñoz rindió informe en el que manifestó
que no intervendrá en el trámite constitucional y se acogerá a lo resuelto en el
presente proceso.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera
21. El magistrado Hernando Sánchez Sánchez realizó un recuento de los
hechos relevantes y de las actuaciones adelantadas dentro del trámite tutelar.
Adicionalmente, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción por no
encontrar superado el requisito de procedencia de la tutela contra sentencia de
la misma naturaleza.
9
La tutela fue inadmitida por medio del auto del 17 de septiembre de 2024 por no allegar el
respectivo poder. Sin embargo, el yerro fue subsanado dentro de los términos de ley establecidos
para tal efecto, mediante el memorial del 24 de septiembre de 2024. Índice 014 de la plataforma
SAMAI.
6
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Demandante: Sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
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22. Lo anterior, al considerar que la parte actora no demostró de manera clara
y suficiente que las sentencias de tutela dentro del expediente 11001-03-15-000-
2023-06994-00/01 hayan emanado de una situación fraudulenta.
23. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado se limitó a
remitir el expediente, mientras que los demás sujetos procesales, a pesar de ser
debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la sociedad actora contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
26. La Sala advierte que la Sociedad Vinícola Los Robles Ltda. está
legitimada en la causa por activa por ser el titular de los derechos fundamentales
que solicita sean protegidos mediante el presente mecanismo constitucional.
Asimismo, fue parte demandante dentro del trámite constitucional aquí
controvertido.
27. Por otro lado, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A está
legitimado en la causa por pasiva por haber dictado la providencia reprochada
mediante esta acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
28. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
• ¿Se superan en el presente caso los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial?
29. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
7
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• ¿La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, buena fe y «doble instancia»
de la accionante con la sentencia de tutela proferida el 21 de marzo de
2024?
30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad del mecanismo
constitucional bajo estudio, y de superarse, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema11. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales12.
32. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia14 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.
33. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
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i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
34. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
35. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
36. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de que no se trate de
una acción de tutela contra una decisión de la misma naturaleza
37. La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en
el marco de otro mecanismo similar, por cuanto «la resolución del conflicto se
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del
goce efectivo de los derechos fundamentales».
38. Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una
nueva solicitud de amparo, se instituiría un recurso adicional para la insistencia
en la revisión de un asunto ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a
las normas que reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite
procesal correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
39. Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional determinó
que, excepcionalmente la acción de tutela procede contra providencias proferidas
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en ejercicio de una acción de la misma naturaleza, bajo los siguientes
parámetros:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto
para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia,
la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional. (…)15 (Negrillas fuera de texto).
40. Como se advierte, el máximo órgano constitucional ha aceptado de
manera excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una
providencia de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente
que la sentencia acusada fue producto de un fraude.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015.
10
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-00
41. Así, además de cumplirse con los demás requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario, para que proceda
contra un fallo de la misma naturaleza, que el accionante demuestre la
configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio ordinario o
extraordinario para resolver esa situación.
2.5.1 Estudio en el caso concreto del requisito de que la acción de tutela no
se dirija contra un fallo de misma naturaleza
42. La parte actora cuestiona por esta vía la providencia del 21 de marzo de
2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que
negó el amparo solicitado16. En su sentir, el fallo reprochado adolece de los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa a la
Constitución.
43. En este orden, la Sala adelanta que el presente asunto no cumple con el
requisito objeto de estudio, como se explicará a continuación:
44. En el referido pronunciamiento, la autoridad judicial accionada después de
encontrar superados los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, concluyó que no se encontraban configurados ningunos de los defectos
invocados por la parte actora. Fundamentó su decisión en que los jueces
ordinarios interpretaron debidamente la figura de la carga de la prueba.
Asimismo, explicó que le correspondía a la sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
aportar el material probatorio suficiente para la liquidación del lucro cesante
dentro del trámite incidental.
45. En ese sentido, le indicó a la accionante que por haberse condenado en
abstracto al departamento del Chocó, era de gran importancia la evidencia que
acreditara tanto el daño emergente como el lucro cesante por el daño derivado
de su controversia contractual. De hecho, se explicó porque el juez del ordinario
condicionó el pago de los perjuicios mencionados anteriormente a la liquidación
que emanara de un trámite incidental.
46. En definitiva, la Sala evidencia que los cargos elevados por la parte actora
en contra de la sentencia de tutela referida no están encaminados en demostrar
la existencia de una vulneración a sus garantías fundamentales. Por el contrario,
presenta una reiteración de argumentos en contra de las providencias de los
jueces ordinarios que resolvieron el proceso de controversias contractuales con
radicado 27001-23-31-000-1999-00611-00/01/02.
47. Por otro lado, respecto a la procedencia excepcional de tutelas dirigidas
contra los fallos de la misma naturaleza, la sociedad sostuvo que tanto en la
16
Ello, al interior del expediente de tutela identificado con el número 11001-03-15-000-2023-
06994-01.
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providencia aquí controvertida como en las del proceso ordinario cometieron
fraude al configurar una «vía de hecho» por faltar a la verdad y por aplicar
disposiciones contrarias a la Constitución.
48. Es importante destacar que a pesar de que la accionante haya
mencionado en múltiples ocasiones que la autoridad judicial accionada incurrió
en fraude, no demostró ni fundamentó que la decisión del juez de amparo haya
surgido de un actuar descaradamente contrario al ordenamiento jurídico que
pueda ser calificado como una acción fraudulenta, en los términos de la sentencia
SU-627 de 2015, de la Corte Constitucional.
49. Es más, el escrito de tutela no se enfocó exclusivamente en demostrar la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales por la consumación de una
situación fraudulenta. De hecho, la parte actora recompiló las razones por las que
no está de acuerdo con las sentencias del proceso ordinario, los autos que
resolvieron el incidente de liquidación y con el fallo de tutela que no accedió a
sus súplicas.
50. Así las cosas, la sociedad Vinícola Los Robles Ltda. pretende reabrir el
debate jurídico ya zanjado con anterioridad a la providencia proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, desnaturalizando la
acción de tutela para utilizarlo como si de un recurso adicional se tratase.
51. En este orden de ideas, recuerda la Colegiatura que es inaceptable que
las decisiones del juez de tutela se discutan a través de otra acción de la misma
naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y coherencia
del ordenamiento jurídico.
52. De conformidad con lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de
este mecanismo constitucional por tratarse de una acción de tutela contra una
decisión de la misma naturaleza y no reunir los requisitos establecidos por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por haberse
interpuesto contra un fallo de la misma naturaleza.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista por el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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