Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06994-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06994-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-06994-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06994-01
Accionante: Vinícola Los Robles Ltda.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Temas: Acción de tutela contra las providencias proferidas dentro trámite de
incidente de regulación de perjuicios de condena en abstracto dictada en proceso
de reparación directa.
Decisión: se niega el amparo. No se acreditan los defectos alegados
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la providencia
del 25 de enero de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
La Sociedad Vinícola Los Robles Ltda., actuando por intermedio de apoderado
judicial, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Chocó y
de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de obtener
el amparo del derecho fundamental al debido proceso que consideró vulnerado por
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las autoridades judiciales accionadas al proferir los proveídos del 21 de junio de
2018 y 18 de mayo de 2023, respectivamente.
1. HECHOS
La Sociedad Vinícola Los Robles Ltda., en ejercicio de la acción contractual1,
demandó al departamento del Chocó con la finalidad de que se declarara la nulidad
de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró la caducidad del
contrato de concesión para la fabricación, distribución y comercialización de licores.
Por reparto el proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Chocó,
dependencia judicial que mediante sentencia del 20 de abril de 2006 resolvió negar
las súplicas de la demanda.
Por su parte, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante
sentencia del 21 de junio de 2018 revocó la anterior decisión y, en consecuencia,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual ordenó:
“(…)
SEGUNDO.- Declarar la nulidad de las resoluciones n.º 0218 de 11 de marzo y 0464 de
28 de abril de 1998, por medio de las cuales el departamento del Chocó declaró y
confirmó la caducidad del contrato de concesión de licores suscrito con la sociedad
Vinícola Los Robles Ltda., el 29 de diciembre de 1993.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, condenar al departamento del Chocó a
reconocer y pagar a la sociedad Vinícola Los Robles Ltda. la suma que resulte
probada dentro del trámite incidental, por concepto de lucro cesante derivado de
la inhabilidad, de conformidad con los parámetros señalados en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO.- Condenar al departamento del Chocó a reconocer y pagar a la sociedad
Vinícola Los Robles Ltda. el daño emergente causado en razón del decomiso de las
mercancías –licores-, insumos, materias primas y bienes muebles, previa
liquidación mediante trámite incidental y conforme los parámetros señalados en la
parte motiva de la presente providencia, el cual se iniciará por solicitud de la parte actora,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del a quo que
ordenará cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en el
artículo 56 de la Ley 446 de 1998.
(…).” Resaltado de la Sala.
1 Demanda presentada en vigencia del Decreto 01 de 1984.
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En virtud de lo anterior, la parte accionante presentó el 13 de febrero de 2019 ante
el Tribunal Administrativo del Chocó el trámite incidental de liquidación de perjuicios
para que se cuantificara el lucro cesante y el daño emergente.
Dicho tribunal a través de auto del 8 de octubre de 2021 liquidó los perjuicios
únicamente en la modalidad de daño emergente con base en los dictámenes
allegados por la parte actora y el practicado en el trámite incidental. Se abstuvo de
liquidar perjuicios en la modalidad de lucro cesante, pues no se aportó al expediente
la propuesta económica presentada por la sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
dentro del proceso de selección que dio lugar al contrato, ni sus estados financieros
y contables durante el período comprendido entre el inicio y declaratoria de
caducidad, de los que se pudiera extraer el porcentaje de la utilidad requerido, lo
que impedía liquidar dichos perjuicios bajo los parámetros establecidos por el
Consejo de Estado.
Apelada la anterior decisión, la Sección Tercera Subsección B del Consejo de
Estado mediante proveído del 3 de mayo de 2023 declaró la caducidad del derecho2
para promover el incidente de liquidación de la condena en abstracto.
Contra lo anterior se interpuso recurso de súplica, frente a lo cual la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de auto de 16 de agosto de
2022, resolvió confirmar la providencia recurrida.
Con posterioridad, la parte actora promovió acción de tutela, proceso que por
reparto correspondió a la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
autoridad judicial que mediante sentencia del 28 de febrero de 2023 resolvió
amparar los derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenó a la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado proferir una decisión de reemplazo
en la que resolviera el recurso de apelación en el entendido de que no había
operado el fenómeno de caducidad.
2 Es de advertir que así lo señala la decisión de la referencia.
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En cumplimiento de la anterior orden judicial, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado a través de auto del 18 de mayo de 2023 resolvió confirmar
el proveído del 8 de octubre de 2021 por medio del cual el Tribunal Administrativo
del Chocó ordenó liquidar en concreto la condena ordenada en abstracto, pero solo
respecto del daño emergente, puesto que no encontró acreditado el lucro cesante.
La parte accionante sostiene que la providencia objeto de cuestionamiento adolece
de defecto sustantivo por indebida aplicación de lo contemplado en el artículo 167
del CGP, teniendo en cuenta que, para liquidar los perjuicios en la modalidad de
lucro cesante, no aplicó el principio de la carga dinámica de la prueba.
En ese sentido, explicó que en el trámite incidental se debió redistribuir la carga de
la prueba porque el departamento del Chocó decomisó de manera ilegal muchos
elementos de propiedad de la sociedad, entre los que se encontraban los
documentos exigidos por las autoridades judiciales accionadas para liquidar el lucro
cesante.
Asimismo, señaló que incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, en la medida que las autoridades judiciales accionadas se encontraban
en la obligación de integrar en su totalidad el material probatorio aportado al proceso
(documentos, testimonios y diligencias judiciales) “sobre los cuales hayan (sic)
arraigo los peritazgos realizados, que soportan información contable y financiera
fiable atendiendo a que el contrato se ejecutó por varios años”, material probatorio
que permitía demostrar el lucro cesante.
Finalmente alegó el desconocimiento del precedente proferido por la Corte
Constitucional en las sentencias T-295 de 1999, T-366 de 2002, T-089 de 2007, T-
342 de 2015 y SU - 635 de 2015.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
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«(…) se proceda a dejar sin efecto los autos acusados, declarando la REVOCATORIA
de:
EN PRIMER LUGAR: Del AUTO INTERLOCUTORIO del dieciocho (18) de mayo de
2023, Magistrado Ponente Dr. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, del HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
subsección “B” que resuelve el RECURSO DE APELACIÓN presentado por Vinícola los
Robles Limitada (DEMANDANTE), que “CONFIRMA” el AUTO INTERLOCUTORIO N.º
0364 del ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno(2021), Magistrada Ponente Mirtha
abadía Serna, que LIQUIDA CONDENA proferida “EN ABSTRACTO“, proferido por el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ dentro del TRÁMITE
INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO, que “tasa los
perjuicios descritos y reconocidos” en la SENTENCIA proferida el día 21 de Junio de
2.018, por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, subsección “B”, Magistrada Ponente, Dra. STELLA
CONTO DIAZ DEL CASTILLO en contra del DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
EN SEGUNDO LUGAR: Se procuren los procedimientos, requerimientos y cautelas a
que haya lugar, para que se CONCEDAN LA TOTALIDAD de las PRETENSIONES
CONTENIDAS EN LIBELO PRESENTADO DENTRO DEL TRÁMITE INCIDENTAL DE
LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN ABSTRACTO, a más de las garantías
constitucionales, procesales y sustanciales a que haya lugar en aplicación de la
conexidad consagrada en el artículo 94 de la Constitución Nacional a favor de VINÍCOLA
LOS ROBLES LTDA – ACCIONANTE. En cumplimiento de lo anterior y teniendo en
cuenta los hechos y consideraciones que dieron lugar a la grave vulneración se proceda
a proferir un nuevo fallo.
EN TERCER LUGAR: De considerarlo necesario, se realice requerimiento probatorio al
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, en los mismos términos expresados e impuestos a
Vinícola los Robles Ltda., conforme a los autos descritos y acusados, en amparo del
principio de IGUALDAD DE ARMAS y CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA y el artículo
167 del Código General del Proceso.
EN CUARTO LUGAR: Las demás MEDIDAS, REQUERIMIENTOS y CAUTELAS que
en uso de sus facultades legales y Constitucionales como Juez de Tutela, allane para
MATERIALIZAR LOS DERECHOS LEGITIMAMENTE RECONOCIDOS en la
SENTENCIA proferida el día 21 de Junio de 2.018, por el HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección “B”,
Magistrada Ponente, Dra. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO en contra del
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ y a favor de Vinícola los Robles Ltda., y así evitar que
hechos tan lamentables, violatorios y vergonzosos sigan aconteciendo.» (sic a toda la
cita).
3. INFORMES
La acción de tutela de la referencia fue admitida por el a quo el 5 de diciembre de
2023 mediante proveído en el que se ordenó notificar a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo del Chocó como
accionados y al departamento del Chocó como tercero con interés.
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3.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado3 manifestó
no participar en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero
interesado e indicó que acatará las decisiones que se adopten en el presente
trámite.
3.2. El Tribunal Administrativo del Chocó4 pidió que se niegue el amparo de
tutela, en tanto no vulneró derecho fundamental al debido proceso porque surtió el
trámite que en derecho corresponde.
Al respecto, informó que luego de un análisis del material probatorio, aplicó la
normatividad vigente sobre la materia y el precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado aplicable al asunto.
3.3. El departamento del Chocó5 solicitó se niegue el amparo de tutela porque no
existe vulneración del derecho fundamental invocado en la demanda de tutela, en
la medida que la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales
accionadas se encuentra ajustada a derecho.
4. SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 25 de enero
de 2024 declaró la improcedencia de la acción de tutela porque no se acreditó el
requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.
Al respecto, precisó que el asunto controvertido en sede de tutela ya fue objeto de
estudio por su juez natural y, en esa medida, el mecanismo constitucional no
constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate ya resuelto, pues este
tiene por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración
de derechos fundamentales.
3 Ver índice 19
4 Ver índice 22
5 Ver índice 21
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En ese orden, consideró que no es dable hacer un pronunciamiento al respecto,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial, lo que desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
5. IMPUGNACIÓN
La sociedad Vinícola Los Robles recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en la demanda, particularmente en que, en las
providencias cuestionadas, no se tuvo en cuenta el acta de inspección judicial núm.
990611; el auto interlocutorio núm. 402 del 13 de diciembre de 1999 y “todos los
documentos y pruebas que hacen parte del expediente de primera instancia”.
Asimismo, que se aplicó de manera indebida lo dispuesto en el artículo 167 del CGP
y que se incurrió en desconocimiento de precedente judicial.
Por otra parte, señaló que la acción de tutela contra providencia supone una
discusión en torno a la vulneración de derechos fundamentales, por lo que se
acredita el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.
Por lo anterior, pidió revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, estudiar de
fondo la acción de tutela de la referencia.
I. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
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2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala de Subsección considera
que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, al proferir la providencia del 18 de mayo de
2023, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y en desconocimiento del
precedente6.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
6 Aunque el demandante cuestiona, también, la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, la Sala centrará en análisis en el auto dictado por el Consejo de Estado
toda vez que este puso fin al proceso de liquidación de perjuicios.
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de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro
de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
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3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde la expedición de la última providencia cuestionada (18 de mayo de
2023).
3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
en que presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada.
3.1.5. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una
marcada importancia. Así, en la sentencia T-114 de 2002, indicó que los asuntos
legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los
derechos fundamentales.
Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí
es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió
la autoridad judicial accionada.
Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, a realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión, a efectos de
identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.
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Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia .
4. Caso concreto
El reproche del demandante consiste, en síntesis, en que las decisiones proferidas
el 21 de junio de 2018 y el 18 de mayo de 2023, respectivamente, dentro del trámite
de incidente de regulación de perjuicios de condena en abstracto, dictadas en
proceso de reparación directa, quebrantaron su derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que no se valoró íntegramente el material probatorio aportado al
plenario; se aplicó de manera indebida lo contemplado en el artículo 167 del CGP y
se desconoció precedente judicial de la Corte Constitucional.
Ahora bien, de las piezas procesales aportadas al proceso (índice 2 del expediente
visible en SAMAI), la Sala observa que la autoridad judicial en la decisión
cuestionada consideró que los dictámenes periciales aportados en el trámite
incidental solo tuvieron en cuenta los documentos que ya obraban en el expediente,
pese a que en la sentencia del 21 de julio de 2018 se indicó que los perjuicios de
lucro cesante y daño emergente no estaban acreditados, lo que condujo
precisamente a que se dictara la condena en abstracto.
Lo anterior, suponía la actividad probatoria que debía desplegar la parte
incidentante para cumplir con la carga de demostrar la tasación de perjuicios
reconocidos en abstracto, a fin de suplir la insuficiencia probatoria advertida por el
juez que dictó la condena. Sin embargo, no ocurrió respecto del lucro cesante
puesto que la parte hoy accionante aportó un dictamen que se basó en el material
probatorio obrante en el expediente, esto es, sin tener en cuenta los parámetros
fijados por el Consejo de Estado en el fallo de segunda instancia.
Ahora bien, respecto de la exigencia de aportar la propuesta económica presentada
por Los Robles dentro del proceso de selección y el AIU estimado en la oferta, los
estados financieros y contables de Los Robles durante la ejecución del contrato y la
constancia de porcentaje de ejecución del contrato para la fecha de la declaratoria
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de caducidad, señaló que estos eran necesarios porque en la sentencia del 21 de
junio del 20187 la misma corporación había precisado la necesidad de considerarlos
a fin de liquidar el lucro cesante.
Al respecto, advirtió que aunque la demandante señalara que la totalidad de dichos
documentos fueron confiscados por parte del departamento del Chocó cuando tomó
posesión de la Fábrica de Licores del Chocó, lo cierto es que no evidenció una
conducta activa por su parte, tendiente a obtener dichos documentos, lo que
demostraba una inactividad en el cumplimiento de la obligación de acreditar los
perjuicios reconocidos en la sentencia.
En ese sentido, la Sala no encuentra acreditado el defecto fáctico alegado, en la
medida que de lo relacionado en los párrafos que anteceden se puede observar un
análisis juicioso del material obrante en el trámite incidental, hecho que no puede
ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.
Lo anterior, permite inferir a la Subsección que la autoridad judicial accionada no
incurrió en defecto fáctico, pues sustentó la decisión en un análisis probatorio
integral, lo que le permitió inferir que se debía confirmar la decisión del Tribunal de
liquidar en concreto la condena en abstracto, pero solo respecto del perjuicio del
daño emergente; por lo tanto, lo planteado en esta sede radica en la divergencia de
criterios frente al análisis que se realizó en la decisión objeto de censura.
Por otra parte, tampoco encuentra la Sala configurado el defecto sustantivo por
indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 167 CGP8, porque en la decisión
7 Información que obra en el documente 007ED_PRUEBAYANEXONº1S.pdf. pág. 175.
8ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
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cuestionada la autoridad judicial puso de relieve que la parte incidentante debía
cumplir con la carga de demostrar la tasación de perjuicios reconocidos en abstracto
para suplir la insuficiencia probatoria advertida por el juez que dictó la condena, lo
cual en sentir de la autoridad judicial accionada no ocurrió, pues no aportó los
documentos que fueron requeridos para liquidar el lucro cesante; así como tampoco
demostró una conducta tendiente a obtenerlos.
Finalmente, no se encuentra acreditado el desconocimiento del precedente judicial
proferido por la Corte Constitucional contenido en las sentencias T-295 de 1999, T-
366 de 2002, T-089 de 2007, T-342 de 2015 y SU - 635 de 2015, puesto que dichas
providencias se dictaron conforme a los contornos fácticos y jurídicos de cada caso
particular, diferentes a los expuestos en el asunto bajo estudio, por lo que no es
dable considerar la decisión cuestionada como constitutiva de desconocimiento del
precedente.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la
conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
Por lo tanto, al no hallarse estructurados los defectos invocados, se revocará la
providencia impugnada para, en su lugar, negar la totalidad de las pretensiones
formuladas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
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Ac ci ón D e T ute la
Rad i ca do: 1 10 0 1- 03- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 99 4 - 0 1
Ac ci on ant e: V iní co la Los Ro bl e s Lt da .
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 25 de enero de 2024 por medio de la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia. En su lugar,
Segundo: Negar el amparo solicitado por la sociedad Vinícola Los Robles Ltda.,
mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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