RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04937-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04937-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04937-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01 Demandante: Sociedad Vinícola LTDA Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04937-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-04937-011
Demandante : Sociedad Vinícola Los Robles Ltda.
Demandado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Acción : Acción de tutela contra sentencia de la misma naturaleza
Derechos : Debido proceso, buena fe y doble instancia
Tema : Tutela contra providencia de la misma naturaleza
Decisión : Confirma

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la sociedad accionante en
contra de la sentencia del 17 de octubre de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

La Sociedad Vinícola Los Robles Ltda., actuando a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, “buena fe y doble instancia”,
presuntamente quebrantados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

Como consecuencia de lo anterior, pretende que se deje sin efectos la sentencia
del 21 de marzo de 2024 dictada dentro de la acción de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2023-06994-00/01, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección

1
Expediente digital disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

Segunda, Subsección A, revocó la del 25 de enero de 2024 proferida por la Sección
Primera de esta corporación, y en su lugar, negó el amparo solicitado por la aquí
accionante.

Hechos.

Relata la parte accionante que, el 1 de julio de 1999, interpuso demanda de
controversias contractuales contra el departamento del Chocó con la finalidad de
obtener la anulación de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró
la caducidad del contrato de concesión para la fabricación, distribución y
comercialización de licores [27001-23-31- 000-1999-00611-00/01/02].

Que, el proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Chocó, quien mediante
sentencia del 20 de abril de 2006 negó las súplicas de la demanda.

Que, inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en sentencia del 21 de junio de 2018 en la que revocó la decisión,
y, en su lugar, accedió parcialmente a las súplicas, condenó en abstracto al
departamento del Chocó a pagar el daño emergente causado y la suma que
resultara probada por la liquidación en trámite incidental como concepto de lucro
cesante.

Que, el 13 de febrero de 2019 la parte accionante presentó el trámite incidental de
liquidación de perjuicios ante el Tribunal Administrativo del Chocó, para que se
cuantificara el lucro cesante y el daño emergente.

Que, por auto del 8 de octubre de 2021, el Tribunal mencionado liquidó los
perjuicios únicamente en la modalidad de daño emergente con base en los
dictámenes allegados por la parte actora y el practicado en el trámite incidental. Se
abstuvo de liquidar perjuicios en la modalidad de lucro cesante, pues no se aportó
al expediente la propuesta económica presentada por la sociedad Vinícola Los
Robles Ltda. dentro del proceso de selección que dio lugar al contrato, ni sus
estados financieros y contables durante el período comprendido entre el inicio y
declaratoria de caducidad, de los que se pudiera extraer el porcentaje de la utilidad

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

requerido, lo que impedía liquidar dichos perjuicios bajo los parámetros
establecidos por el Consejo de Estado.

Que, presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante proveído del 3 de mayo de 2022
declaró la caducidad del derecho para promover el incidente de liquidación de la
condena en abstracto; decisión contra la cual se interpuso recurso de súplica, y fue
confirmada, a través de auto de 16 de agosto de 2022.

Que, la parte actora promovió acción de tutela contra las providencias
mencionadas; dicho proceso correspondió al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, quien mediante sentencia del 28 de febrero de 2023
resolvió amparar los derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenó al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B proferir una decisión de
reemplazo en la que resolviera el recurso de apelación en el entendido de que no
había operado el fenómeno de caducidad.

Que, en cumplimiento de la anterior orden judicial, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de auto del 18 de mayo de 2023 resolvió confirmar
el proveído del 8 de octubre de 2021, por medio del cual el Tribunal Administrativo
del Chocó ordenó liquidar en concreto la condena ordenada en abstracto, pero solo
respecto del daño emergente, puesto que no encontró acreditado el lucro cesante.

Que, inconforme con lo anterior, la parte actora nuevamente presentó una acción
de tutela (11001-03-15-000-2023-06994-00) contra las providencias que no
liquidaron el lucro cesante dentro del trámite incidental, argumentando la
configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

Que, el proceso fue asignado en primera instancia al Consejo de Estado, Sección
Primera, quien declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional.

Que, la accionante impugnó la decisión, solicitando estudiar de fondo la acción
constitucional.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

Que, finalmente, en segunda instancia, con sentencia de 21 de marzo de 2024 2
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se revocó la
decisión, y, en su lugar, negó el amparo solicitado por la sociedad Vinícola Los
Robles Ltda, al no configurarse ninguno de los defectos alegados.

1.2 Contestaciones de la acción.

1.2.1 El Consejo de Estado, Sección Tercera3 rindió informe manifestando no
tener el deseo de intervenir en la acción de tutela y que se acogía a las resultas del
proceso.

1.2.2 El Consejo de Estado, Sección Primera4 solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto no se demostró el
requisito de procedencia excepcional contra una providencia de la misma
naturaleza, pues la parte actora no acreditó de manera clara y suficiente que las
sentencias emitidas en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-
06994-01, fueran resultado de una situación de fraude.

Agregó que, “[e]n caso de considerar procedente la acción de tutela, se observa
que la Sección Primera del Consejo de Estado desarrolló las actuaciones del
proceso identificado con el número único de radicación 110010315000202306994-
01, dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, profiriendo las decisiones que en derecho correspondían, sin que
con sus actuaciones se hayan vulnerado los derechos fundamentales invocados en
la solicitud de tutela”.

1.2.3 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A5. guardó silencio
en esta etapa procesal, sólo se limitó a remitir el expediente deprecado por el a
quo.

1.2.4 El Tribunal Administrativo del Chocó, el Departamento del Chocó y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en la
oportunidad dispuesta para ello.

2
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, expediente: 11001-03-15-000-
2023-06994-01, consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves.
3
Visible en el índice 26 de Samai, primera instancia.
4
Visible en el índice 27 de Samai, primera instancia.
5
Visible en el índice 25 de Samai, primera instancia.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

1.3 Sentencia de primera instancia.6

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 17 de octubre de 2024,
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que “[e]s
importante destacar que a pesar de que la accionante haya mencionado en
múltiples ocasiones que la autoridad judicial accionada incurrió en fraude, no
demostró ni fundamentó que la decisión del juez de amparo haya surgido de un
actuar descaradamente contrario al ordenamiento jurídico que pueda ser calificado
como una acción fraudulenta, en los términos de la sentencia SU-627 de 2015, de
la Corte Constitucional”.

Agregó que, en el escrito de tutela la parte actora no evidenció la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales debido a la ocurrencia de una situación
fraudulenta. Que, solo argumentó su inconformidad con las sentencias del proceso
ordinario, los autos que resolvieron el incidente de liquidación y con la sentencia de
tutela que desestimó sus solicitudes.

1.4 Impugnación.7

El apoderado judicial de la parte actora, inconforme con la anterior decisión, la
impugnó, manifestando que “[s]e equivoca la sala de decisión en su análisis para
fallar, al considerar que la presente acción constitucional, simplemente constituye
una tutela contra un fallo de tutela y que por consiguiente este asunto ya hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional”.

Que el a quo no tuvo en cuenta los hechos y pruebas que demuestran el fraude,
los actos arbitrarios y abuso de poder cometidos por el señor Luis Gilberto Murillo
Urrutia, Gobernador del Chocó.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

6
Visible en el índice 29 de Samai, primera instancia.
7
Visible en el índice 35 de Samai, primera instancia.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta
subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si la acción de tutela es procedente
para dejar sin efectos la sentencia del 21 de marzo del 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2023-06994-00/01.

2.3 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en

8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«[…] Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por
la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «[…] el reglamento interno del Consejo de Estado».
6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que
esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los
que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales12, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201213, en el sentido de disponer que
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha

8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

aplicado en los términos antes expuestos14.

2.4 Caso concreto.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del
derecho fundamental al debido proceso; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se
encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, toda vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 22 de abril del
202412 y la solicitud de amparo se instauró el 16 de septiembre de 2024, es decir,
dentro de un término prudencial (4 meses y 25 días).

No obstante, se advierte que no se satisface el requisito de que la tutela no se
instaure contra una providencia que decida una acción de esa naturaleza, pues la
sentencia reprochada fue dictada dentro del trámite de tutela con radicación 11001-
03-15-000-2023-06994-01, promovido por la sociedad Vinícola los Robles Ltda.
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

La jurisprudencia constitucional13, en principio, indicó que la tutela no es procedente
para controvertir fallos adoptados dentro de otras acciones de ese tipo, por cuanto
se afectaría su naturaleza y se originaría inseguridad jurídica y desconocimiento
del principio de cosa juzgada, puesto que las controversias conocidas por la
autoridad judicial nunca serían decididas definitivamente ante la posibilidad de
instaurar, de manera concadenada, varias solicitudes de amparo. Al respecto, la
Corte Constitucional14 sostuvo:

“3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye
aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los
precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de la
acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 200120.
En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no
procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

12
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 15 de abril de 2024, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 17 de abril del mismo año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
13
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Sentencia T-272 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela
porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión
de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad
jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución,
confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría
indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no
insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su
posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando
un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una arbitrariedad
o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en
el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo
241 Superior.21 En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la
Constitución puede ser ajustada en sede de revisión”.

Cabe destacar que el alto tribunal constitucional flexibilizó15 la postura de
improcedencia de la tutela contra sentencia de amparo en varios pronunciamientos,
al punto de que en el fallo SU-627 de 201516 dijo que a ello hay lugar, siempre que
se cumplan ciertos presupuestos, en los siguientes términos:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude
y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii)
no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación
[…]”. (Énfasis propio).

Al aplicar las exigencias precisadas por la Corte Constitucional para que la tutela
sea procedente contra providencias que decidan otra de similar raigambre, en el
asunto sub examine la Sala concluye que no se colman, pues no se evidencia que
la decisión reprochada corresponda a una situación de fraude, es decir, que se
configure lo que ese alto tribunal ha denominado cosa juzgada fraudulenta,
entendida como la “[…] intención dolosa de servirse de la justicia para alcanzar

15
Sentencias T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, y T-951 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
M. P. Mauricio González Cuervo.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

fines inicuos […]”24. Además, porque los motivos de inconformidad de la sociedad
accionante atañen al fondo de la decisión adoptada por la autoridad accionada, en
sede de tutela, lo cual no es procedente a través de esta acción constitucional.

Ahora bien, la afirmación de la actora, según la cual sí se presentó fraude procesal,
no se encuentra ajustada a los postulados delimitados por la citada providencia SU-
627 de 2015 de la Corte Constitucional, en razón a que lo que se debe probar es
que haya existido fraude en la decisión que se cuestiona, lo que no acontece en el
sub lite.

III. DECISIÓN

Comoquiera que en el presente asunto no se cumple el requisito general de
procedibilidad de la tutela consistente en que el fallo objeto de censura no sea
proferido dentro de una acción de la misma naturaleza, esta Sala estima que las
circunstancias propias del asunto no colman los preceptos legales ni
jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, por lo que la
acción de tutela resulta improcedente. Por tal motivo, se confirmará la sentencia de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela,
por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04937-01
Demandante: Sociedad Vinícola LTDA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado Electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.