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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04956-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04956-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de Minas y Energía, quien actúa por conducto del jefe de la Oficina Jurídica. En consecuencia, Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 4 de julio de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad electoral con radicado No. 11001-03-28-000-2024-00001-00. Tercero.- ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo en el medio de control de nulidad electoral radicado con el No. 11001-03-28-000-2024-00001-00, de conformidad con las consideraciones expuestas. Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04956-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

28 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-00
Demandante: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral
contra elección de comisionado de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas -CREG-. Interpretación del requisito para acreditación
la experiencia como consultor o asesor. Defectos por desconocimiento
del precedente judicial, fáctico y sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Ministerio de Minas y Energía, quien actúa a través del jefe de la
Oficina Jurídica, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El Ministerio accionante afirmó que el 30 de octubre de 2023, en el portal web de
aspirantes de la Presidencia de la República, se publicó la hoja de vida registrada
en el SIGEP del señor Omar Fredy Prias Caicedo, para ocupar el cargo de experto
comisionado código 0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (en adelante CREG), sin que se hubiesen presentado observaciones
de la ciudadanía.

Sostuvo que el presidente de la República expidió el Decreto 1884 del 8 de
noviembre de 2023, por medio del cual nombró al señor Prias Caicedo en el referido
cargo, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial No. 52.473 del 8 de noviembre
de 2023.

Indicó que el señor Germán Lozano Villegas, actuando en nombre propio, promovió
medio de control de nulidad electoral contra el Decreto 1884 del 8 de noviembre de
2023, por considerar que fue expedido con infracción de las normas en que debería
fundarse, en específico el literal c del parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de
19941, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, pues a su juicio, el
señor Prias Caicedo no reunía las calidades y los requisitos establecidos en la ley
para optar al cargo para el que fue nombrado.

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ARTÍCULO 21. La Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa
Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera: (…) PARÁGRAFO 1o.
Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio; (…) c)
Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por
un período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o
superior. (...).
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Demandante: Ministerio de Minas y Energía

Refirió que la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el argumento
de que el demandado cumplió con los requisitos previstos en la ley, enfatizando en
que la interpretación de los requisitos para el ejercicio de un cargo público debe
realizarse en el sentido de restringir la posibilidad de extender o incluir exigencias
no incorporadas por el legislador, por lo que no era viable darle interpretaciones
adicionales que afecten el correcto funcionamiento de la administración pública.

Relató que allí agregó que el nombramiento del señor Prias Caicedo se efectuó de
acuerdo con (i) el Decreto 1083 de 2015 -Único Reglamentario de la Función
Pública-, artículos 2.2.5.1.5 y 2.2.13.2.2; (ii) el procedimiento para la verificación del
cumplimiento de los requisitos, (iii) la certificación de cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Constitución Política, la ley y el reglamento, que es de
competencia exclusiva del jefe de recursos humanos o de quien haga sus veces y
(iv) el cómputo del tiempo de experiencia efectuado de conformidad con el análisis
de las certificaciones aportadas.

Adujo que la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de
julio de 2024, en la que participó un conjuez, declaró la nulidad del acto de
nombramiento del señor Prias Caicedo como experto comisionado, código 0090 de
la planta de personal de la CREG, contenido en el Decreto 1884 del 8 de noviembre
de 2023, tras considerar, en primer lugar, que incumplía el requisito de haber
ocupado cargos de responsabilidad en el sector energético, por un término igual o
superior a seis años, por lo que incurría en la causal de nulidad electoral prevista en
el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Añadió que, en cuanto al requisito alternativo de haberse desempeñado como
consultor o asesor por un período igual o superior a seis años, la autoridad judicial
accionada argumentó lo siguiente:

“77. Según la constancia expedida por el secretario general de Colciencias, el señor Prias
Caicedo suscribió cuatro contratos de prestación de servicios profesionales, cuyos
objetos consistieron en «prestar asesoría a la Subdirección de Programas de
Innovación y Desarrollo Empresarial de Colciencias en la formulación, desarrollo,
seguimiento y evaluación de las actividades requeridas por el Programa Nacional de
Investigaciones en Energía y Minería, y que están dirigidas a actualizar y
desarrollar el plan estratégico del programa y a desempeñar la función de la
Secretaría Técnica y Administrativa del mismo».

(...)

78. Al respecto, se destaca que, aunque la experiencia como asesor estuvo
relacionada con la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación en el marco
del Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería, actividad que
guarda relación con asuntos de naturaleza energética, lo cierto es que Colciencias,
era un departamento administrativo, actualmente fusionado al Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que es claro que no forma parte del sector
energético, como lo exige la normativa que contempla los requisitos para acceder al
cargo de experto comisionado.

(...)

81. Así pues, la función que desarrolla Colciencias no tiene conexidad alguna con
el sector energético, requisito este que debe ser concurrente con la actividad que se
realice para el cumplimiento del requisito de especificidad que consagra el literal c),
parágrafo 1o del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la
Ley 2099 de 2021. En consecuencia, la experiencia del demandado como asesor en la
entidad no puede ser tenida en cuenta para efectos de cumplir con la exigencia de la
norma.

(...)

86. Finalmente, se encuentra acreditado que el demandado fue consultor en
sistemas de energía y eficiencia energética en la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial, en el programa de promoción de la eficiencia
energética industrial en industrias colombianas.
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Demandante: Ministerio de Minas y Energía

(...)

91. De acuerdo con lo expuesto, en cuanto al aspecto institucional, se tiene que ONUDI
no es una organización que tenga como objetivo el desarrollo de labores en el
sector energético, en tanto fomenta la cooperación entre los países industrializados y
los que se encuentran en desarrollo, y promueve las inversiones y transferencia en
tecnología”.

Por último, sostuvo que del criterio expuesto por la mayoría de la Sala se apartaron
dos magistrados, quienes salvaron su voto bajo el argumento de que “la experiencia
adquirida por el demandado en la Cámara de Comercio de Bogotá, COLCIENCIAS
y en ONUDI, contrario a excluirse, acudiendo a un criterio puramente orgánico,
debió tenerse en consideración”, pues, “del análisis del literal c), parágrafo 1 del
artículo 21 de la Ley 143 de 1994, se advierte que el legislador estableció dos formas
de acreditarse como experto de la CREG”, esto es, “i) tener cargos de
responsabilidad, para lo cual sí es necesario haber desempeñado esa posición en
el sector energético, o sea, entidades que hagan parte de este o ii) ser asesor o
consultor en el área energética, lo cual implica un espectro más amplio y no exige
que sea necesariamente en el sector mencionado, tal y como se deriva del
entendimiento que respecto del mismo ha efectuado la Sala. Ante ello, para este
presupuesto de la norma, no resulta relevante que la entidad o la persona natural o
jurídica a la que se prestan, pertenezcan al sector energético, siendo esto último,
un concepto completamente diferente del primero”.

2. Fundamentos de la acción

El Ministerio de Minas y Energía, por conducto del jefe de la Oficina Jurídica,
presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental al debido proceso,
supuestamente vulnerado por la sentencia del 4 de julio de 2024, mediante la cual
el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró la nulidad del acto de nombramiento
del señor Omar Fredy Prias Caicedo como experto comisionado, código 0090 de la
planta de personal de la CREG, contenido en el Decreto 1884 del 8 de noviembre
de 2023, en el marco del proceso de nulidad electoral que promovió el señor
Germán Lozano Villegas.

En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la solicitud, de donde resaltó que cumple con el de relevancia
constitucional, en tanto “dadas las especificidades de la función de regulación de la
CREG, en tanto desarrolla la finalidad social de intervención del Estado en los
servicios públicos, las decisiones que emite deben estar sujetas a estrictos criterios
técnicos que atiendan las características del sector y su dinámica propia, (…) En
consecuencia, el nombramiento como experto comisionado de la CREG debe
realizarse conforme a los requisitos y calidades que legalmente deben tener los
aspirantes, pues tales exigencias fueron consagradas expresamente por el
legislador, en desarrollo de la reserva de ley, para el nombramiento de servidores
públicos que no son de carrera, de elección popular, ni de libre nombramiento y
remoción, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución. De modo que a la
vista de la regulación legal detallada de estos aspectos, resulta improcedente que
los jueces distorsionen estos requerimientos, dificultando en extremo su oportuna y
debida conformación”.

Señaló que, en su criterio, la providencia censurada incurre en i) defecto
sustantivo, porque interpretó irrazonablemente el literal c del parágrafo 1° del
artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de
2021, en el que se consagran de manera clara dos supuestos distintos de
acreditación de la experiencia técnica requerida. El primero que alude a la
experiencia proveniente del ejercicio de “cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional”, y el segundo
que contempla “haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo
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Demandante: Ministerio de Minas y Energía

igual o superior a seis años”, frente al que la ley no circunscribe dicha experiencia
al “sector energético”, sino que lo hizo en términos más amplios que incluyen el
“área energética”, como ocurre en el caso del señor Prias Caicedo.

Indicó que, no obstante lo anterior, en la sentencia objetada se señaló respecto de
la experiencia acreditada por el señor Prias Caicedo en Colciencias, que “aunque la
experiencia como asesor estuvo relacionada con la formulación, desarrollo,
seguimiento y evaluación en el marco del Programa Nacional de Investigaciones en
Energía y Minería, actividad que guarda relación con asuntos de naturaleza
energética, lo cierto es que Colciencias, era un departamento administrativo,
actualmente fusionado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que
es claro que no forma parte del sector energético”, por lo que no podía ser tenida
en cuenta, lo que, a su juicio, constituye un requisito adicional a los consagrados de
manera clara y expresa en la ley para acreditar la experiencia requerida, por lo que
se configura un defecto sustantivo.

Indicó que la misma Sección Quinta del Consejo de Estado fijó postura sobre la
materia en sentencia del 2 de febrero de 2023 (radicación 11001-03-28-000-2022-
00211-00), en la que, al realizar una interpretación sistemática y teleológica de la
norma dijo: “es claro que el requisito en comento debe leerse en conjunto con el
primer condicionamiento, por manera que la experiencia en la consultoría o asesoría
tiene que provenir del área energética y no de otro sector de la economía, pues un
razonamiento en ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no
atendería al objeto y funciones de la CREG”.

Agregó que, dado lo anterior, con la interpretación efectuada en la sentencia del 4
de julio de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado atribuyó al literal c) del
parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de
la Ley 2099 de 2021, requisitos que no contempla la norma, incurriendo con ello en
un defecto sustantivo, pues indicó en sus considerandos que Colciencias no forma
parte del sector energético, “como lo exige la normativa”, lo cual no es cierto, pues
la norma únicamente prevé para el supuesto de haberse desempeñado como
consultor o asesor que tal experiencia haya tenido lugar por un período igual o
superior a 6 años y no la connotación de que “deba ser en entidades del sector
energético”.

Añadió que el defecto sustantivo se configura también por la aplicación de dicha
interpretación de la norma a la calificación de la experiencia acreditada por el señor
Prias Caicedo en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial -ONUDI-, en donde señaló que “ONUDI no es una organización que tenga
como objetivo el desarrollo de labores en el sector energético”, por lo que “no hay
duda en cuanto a que las funciones como consultor realizadas por el demandado
en esa organización no pueden ser tenidas en cuenta para acreditar la experiencia
como consultor en el sector energético, dada la ausencia de conexidad directa y
específica con esa área de la economía”.

De otra parte, adujo que la sentencia objetada incurre en ii) defecto fáctico, en
tanto, dado lo anterior, no valoró las pruebas aportadas para acreditar la experiencia
técnica del señor Prias Caicedo, porque consideró que jurídicamente no eran aptas
para acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados por la Ley 143 de 1994, dado
que no provenían de entidades del sector energético, al entender que el requisito
de haber sido consultor o asesor de entidades debía ser únicamente en entidades
que formaran parte del sector energético, esto, bajo un criterio orgánico o
institucional restrictivo, y no como debe ser interpretado, es decir, bajo un criterio
funcional y literal, apegado al texto de la norma legal, según el cual la asesoría o
consultoría debe ser prestada en los asuntos que son competencia de la CREG, y
que tienen que ver con el área energética de manera amplia.

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Refirió que al no valorar las certificaciones, no pudo ser sumada la experiencia
adquirida en Colciencias y ONUDI, misma que, unida a la experiencia adquirida en
la Unidad de Planeación Minero Energética, hubiese generado para el señor Omar
Fredy Prias Caicedo un escenario en el que se valorara su trayectoria en temas
energéticos, y sumadas estos tres cargos tuviese 8,9 años de experiencia,
cumpliendo a todas luces la exigencia de 6 años en asesoría en temas energéticos
exigido por la norma.

Finalmente, sostuvo que la sentencia objeto de tutela incurre en iii)
desconocimiento del precedente judicial, contenido en la referida sentencia del
2 de febrero de 20232, en tanto se desconoció la postura allí precisada sobre la
forma como debe acreditarse la experiencia técnica como consultor o asesor
requerida para acceder al cargo de comisionado de la CREG, frente a la que se
desarrolló el concepto de “conexión con el área energética”, concepto amplio que,
indicó, impide limitar que la experiencia sea adquirida únicamente en las entidades
enlistadas en el Decreto 1073 del 2015, y que posibilita acreditarlo en entidades
diferentes y en temas que tengan conexión con el área energética, como ocurre en
el caso del señor Prias Caicedo.

Señaló que en la jurisprudencia desconocida “se generó un concepto relacionado
con la conexión [con] el área energética, que generó para los evaluadores de los
requisitos técnicos del cargo de Experto comisionado un precedente y seguridad
jurídica enfocado en que en las certificaciones de experiencia se debe evidenciar
que exista una conexión con el área energética independientemente de las
entidades donde se desempeña o un criterio meramente orgánico”, el cual no fue
tenido en cuenta en la sentencia objetada.

Adujo que el fallo objetado no aplicó ese criterio en el caso del señor Omar Fredy
Prias Caicedo, sino que tuvo en cuenta un precedente judicial distinto, derivado de
la sentencia del 27 de abril de 2023 (radicado No. 2022-00209-00), caso que,
señala, se circunscribió al análisis de la acreditación de la experiencia en el ejercicio
de cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector
energético, nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años, es
decir, el primer supuesto de la norma, dado que en el caso se analizó la legalidad
de la elección como delegada de la CREG de una persona que acreditó la
experiencia necesaria a través de su cargo como Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios y en otros cargos de responsaibilidad, por lo que la regla allí
desarrollada no constituía precedente judicial aplicable.

Refirió que, no obstante lo anterior, el desconocimiento del precedente judicial
alegado se evidencia al comparar las razones expresadas en la mencionada
sentencia del 27 de abril de 2023 respecto al análisis de la experiencia como asesor,
con lo decidido en el fallo impugnado, pues en aquella la Sección Quinta del Consejo
de Estado estableció que, si bien desde el punto de vista orgánico la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no pertenecía al sector
energético, “lo cierto es que las competencias constitucional y legalmente asignadas
a esta son transversales al mismo, y por lo tanto, (…) el tiempo laborado por la
señora Avendaño García en esta entidad del Estado serviría para acreditar la
exigencia normativa de los requisitos de experiencia en el sector”, lo que contradice
lo considerado en el fallo que se censura.

Finalmente, refirió que las anteriores razones fueron recogidas en el salvamento de
voto presentado por dos magistrados al fallo objetado, en el que, haciendo
referencia a la jurisprudencia sentada en los fallos del 2 de febrero y 27 de abril de
2023, desconocidos, manifestaron que “la Sala dijo que el área energética
comprende una actividad que forma parte de un mercado, con dinámicas propias.
Por tanto, aunque en dicho antecedente se haya hablado de manera enunciativa de

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unas entidades que conformen el sector energético según el Decreto 1073 de 2015,
lo cierto es que esto no puede llevar a limitar la adquisición de conocimiento del
área energética en otras autoridades, como ocurre con el demandado”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: TUTELAR o AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, así como cualquier otro
derecho fundamental que pudo verse afectado con la actuación de la autoridad
judicial accionada.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DE 2024
proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, en el proceso
de nulidad electoral identificado con el radicado 11001-03-28-000-2024-00001-
00 y en su lugar ORDENAR a dicha autoridad judicial PROFERIR UNA NUEVA
DECISIÓN JUDICIAL que atienda las pruebas obrantes en el proceso, la debida
interpretación normativa y el precedente judicial establecido en las sentencias:
(i) sentencia del 2 de febrero de 2023 dentro del proceso con radicado No. 11001-
03-28-000-2022-00211-00 y (ii) sentencia del 27 de abril de 2023 dentro del
proceso con radicado No. 11001-03-28-000-2022-00209- 003, proferidas por la
Sección Quinta del Consejo de Estado”.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 18 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al ministerio accionante,
a la autoridad judicial accionada, así como a los señores Germán Lozano Villegas y
Omar Fredy Prias Caicedo, como terceros interesados en el resultado del proceso.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
264488 a 264452 del 20 de septiembre de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión3.

4.2. El despacho del magistrado ponente registró proyecto de fallo que se discutió
en Sala del 21 de noviembre de 2024, sin alcanzar la mayoría requerida, por lo que
se dictó auto de la misma fecha en el que se dispuso el sorteo de dos conjueces.

Efectuado el sorteo el mismo día y conforme con el acta, fueron designados los
doctores Juan de Dios Bravo González y Lucy Cruz de Quiñones, a quienes se les
comunicó la decisión el 21 de noviembre de 2024.

5. Oposición

La Sección Quinta del Consejo de Estado y los demás vinculados al presente trámite
constitucional guardaron silencio, aun cuando fueron debidamente notificados del
auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 4 de julio de 2024, mediante
la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró la nulidad del acto de
nombramiento del señor Omar Fredy Prias Caicedo como experto comisionado,
código 0090 de la planta de personal de la CREG, incurre en i) defecto sustantivo,
en tanto interpretó irrazonablemente el literal c del parágrafo 1° del artículo 21 de la
Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, al atribuirle
requisitos para la calificación de la experiencia necesaria que no contempla la
norma, ii) defecto fáctico, en tanto, dado lo anterior, no valoró las pruebas
aportadas para acreditar la experiencia técnica del señor Prias Caicedo, y en iii)
desconocimiento del precedente judicial contenido en las sentencias del 2 de
febrero de 20234 y 27 de abril de 20235 de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en las que, sobre la forma como debe acreditarse la experiencia técnica adquirida
como consultor o asesor, se estableció que esta debe tener “conexión con el área
energética”, concepto amplio que impide limitar que la experiencia sea adquirida
únicamente en las entidades enlistadas en el Decreto 1073 del 2015, y que posibilita
acreditarlo en entidades diferentes y en temas que tengan conexión con el área
energética, como ocurre en el caso del señor Prias Caicedo.

La Sala anticipa que amparará el derecho fundamental al debido proceso señalado
como transgredido, en tanto la autoridad judicial accionada se apartó del precedente
judicial desarrollado sobre la materia, sin invocar razones de suficiencia y
transparencia para su apartamiento y que justificaran su decisión, lo que conllevó
que se incurriera en los defectos fáctico y sustantivo alegados.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos6 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos7, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20128, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 9,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó

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Radicado 11001-03-28-000-2022-00211-00.
5
Radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00306-00 (acumulado).
6
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
7
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
8
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
9
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico11; (ii) Defecto procedimental absoluto12; (iii) Defecto
fáctico13; (iv) Defecto material o sustantivo14; (v) Error inducido15; (vi) Decisión sin
motivación16; (vii) Desconocimiento del precedente17 y (viii) Violación directa de la
Constitución18.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte Constitucional20.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

10
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
12
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
13
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
14
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
15
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
16
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
17
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
18
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
19
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
8
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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneró al Ministerio de Minas y
Energía el derecho fundamental al debido proceso, con la sentencia del 4 de julio
de 2024, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
nulidad del acto de nombramiento del señor Omar Fredy Prias Caicedo como
experto comisionado, código 0090 de la planta de personal de la CREG.

En este punto, es importante resaltar que la posible afectación iusfundamental de la
cartera ministerial encuentra sustento en que intervino en la expedición del Decreto
1884 del 8 de noviembre de 2023, a través del cual se hizo el nombramiento del
señor Omar Fredy Prias Caicedo, como experto comisionado, código 0090, a lo que
se agrega que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado
por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, es quien preside la Comisión de
Regulación de Energía y Gas.

De igual manera, aun cuando se trató de un proceso de nulidad electoral de única
instancia, la discusión propuesta por la entidad accionante no pretende volver sobre
las razones de estricta legalidad expuestas en el proceso ordinario, sino que se
orienta a determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, lo que conllevaría,
de encontrarse acreditados, la vulneración de garantías iusfundamentales.

(ii) La parte actora no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues el caso que
originó la controversia se tramitó en un proceso de única instancia, es decir, no
procede recurso alguno, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que
la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico enviado el 5 de
julio de 2024 y la acción de tutela se presentó el 16 de septiembre de 2024, esto es,
dos (2) meses y ocho (8) días después, dentro del término prudencial precisado por
esta Corporación y la Corte Constitucional21; (iv) se identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Por último, (vii) el Ministerio de Minas y Energía está legitimada en la causa por
activa22, en tanto intervino en el proceso de nulidad electoral, junto con el presidente
de la República, a partir de la notificación que se hizo en el auto admisorio de la
demanda del 12 de enero de 2024, “por tratarse de las autoridades que adoptaron
el acto y/o intervinieron en su adopción”23.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará a
efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

4.2. La sentencia objeto de tutela incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial vinculante y, por consecuencia, en defecto fáctico y sustantivo

4.2.1. El Ministerio de Minas y Energía, por conducto del jefe de la Oficina Jurídica,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, con el fin de
21
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
En relación con la legitimidad e interés en materia de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 señala:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante.
(…)”.
23
Adicionalmente, en el auto admisorio de la demanda se le indicó al Ministerio de Minas y Energía que durante
el término de contestación de la demanda debería allegar copia de los antecedentes administrativos del acto
acusado.
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Demandante: Ministerio de Minas y Energía

que el juez constitucional ampare el derecho fundamental al debido proceso,
vulnerado, supuestamente, con la sentencia del 4 de julio de 2024, mediante la cual
declaró la nulidad del acto de nombramiento del señor Omar Fredy Prias Caicedo
como experto comisionado, código 0090 de la planta de personal de la CREG,
contenido en el Decreto 1884 del 8 de noviembre de 2023, en el marco del proceso
de nulidad electoral impetrado por el señor Germán Lozano Villegas.

Del análisis de los argumentos que soportan los defectos alegados, la Sala en
primer lugar, advierte que efectuará su estudio conjunto bajo las reglas del defecto
por desconocimiento del precedente judicial, en tanto se trata de aquel que mejor
engloba los reparos que fundamentan la presente acción, relativos a que en el caso
se desconoció la jurisprudencia aplicable sobre los criterios de evaluación de la
experiencia como asesor o consultor necesaria para ser nombrado en el cargo de
experto comisionado de la CREG, contenidos en literal c del parágrafo 1º del artículo
21 de la Ley 143 de 1994 , modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, lo
que determinó que se anulara la elección del señor Prias Caicedo, y que conllevó
una indebida valoración de las certificaciones expedidas por Colciencias y la
ONUDI.

4.2.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial
implica que24: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso
del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas25:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido
y exponer las razones por las que estima que se desconoció26.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

24
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al
caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable
que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de
indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
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3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones
para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de
la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto27.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección
del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la
garantía de la confianza legítima.

4.2.3. De las sentencias alegadas como desconocidas, proferidas en el marco del
medio de control de nulidad electoral, la Sala observa que sobre el tema de la
acreditación de la experiencia necesaria para ocupar el cargo de experto
comisionado de la CREG, descrita en el literal c del parágrafo 1º del artículo 21 de
la Ley 143 de 199428, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha desarrollado la siguiente línea jurisprudencial:

En la sentencia del 2 de febrero de 202329, en la que se estudió la nulidad de la
elección como comisionado de la CREG del señor Andrés Bernardo Barreto
González, la Sección Quinta de Consejo de Estado determinó i) que, en tanto la
segunda opción para acreditar la experiencia necesaria contemplada en la norma,
tendiente a cumplir con el requisito a través del desempeño como consultor o asesor
por un periodo igual o superior a seis años, no consagraba en forma expresa que la
acreditación de la experiencia como consultor o asesor debía haberse obtenido en
el sector energético, como sí lo hacía la primera alternativa del texto, una
interpretación teleológica de la misma determinaba que la asesoría debía provenir
del área energética y no de otro sector de la economía, “pues un razonamiento en
ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería al
objeto y funciones de la CREG”. Sobre el particular expresó lo siguiente:

“La segunda opción tendiente a cumplir con el requisito está relacionada con el
desempeño como consultor o asesor por un periodo igual o superior a seis años.

Nótese que ese último apartado de la disposición normativa no consagra en forma
expresa que la acreditación de la experiencia como consultor o asesor deba haberse
obtenido en el sector energético, como sí lo reitera la primera alternativa del texto.
No obstante, al realizar una interpretación sistemática y teleológica, es claro que el
requisito en comento debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento, por
manera que la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que provenir del área
energética y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento en ese sentido
vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería al objeto y funciones de
la CREG.

Por consiguiente, el verdadero sentido del supuesto normativo apunta a que los
requisitos de conocimientos y experiencia técnica, así como los referentes a la
consultoría o asesoría deben estar circunscritos al sector energético”.

27
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
28
ARTÍCULO 21. La Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa
Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera: (…) PARÁGRAFO 1o.
Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio; (…) c)
Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por
un período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o
superior. (...)
29
Rad. 2022-00211-00.
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Dado lo anterior, ii) consideró pertinente determinar qué comprende el sector
energético, para lo cual abordó dicho concepto desde (a) un punto de vista
funcional, esto es, desde las entidades que lo componen según el Decreto 1073 de
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
administrativo de minas y energía”, y de las entidades adscritas a estas, y (b) desde
un punto de vista económico, en donde describió las actividades de generación,
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, conforme
con lo señalado en la Ley 143 de 1994.

Ahora bien, al resolver el caso concreto, centró el análisis en el presupuesto de la
experiencia acreditada a través de la realización de consultorías o asesorías, como
había sido solicitado por el demandado, de donde concluyó que ninguna de las
certificaciones aportadas por aquel a este efecto estaba referida o relacionada con
el sector energético, sino a distintas áreas del derecho, por lo que no podían ser
tenidas en cuenta para cumplir el requisito de la experiencia. Allí indicó sobre el
particular lo siguiente:

“La Sala verificará el cumplimiento del requisito para acceder al cargo de experto
comisionado, bajo el presupuesto de la realización de consultorías o asesorías, toda vez
que el argumento de defensa del demandado se centró en dicho aspecto, aunado a que
se hizo constante énfasis en la certificación expedida por el Ministerio de Minas y Energía
para acreditar las exigencias contempladas en el parágrafo 1o, literal c) del artículo 44
de la Ley 2099 de 2021.

Así pues, de la revisión de los certificados de funciones en el desempeño como
consultor o asesor, aportados con los antecedentes administrativos, se advierte
con claridad que ninguna está referida o relacionada con el sector energético, sino
a distintas áreas del derecho.

Al respecto, se debe señalar que, a pesar de que el demandado arguyó como argumento
de defensa que ha desempeñado cargos que implican funciones de regulación, como el
de superintendente de Industria y Comercio, y de Sociedades, en encargo, lo cierto es
que, tal como quedó explicado en precedencia, la norma consagra como requisito
expreso que la consultoría o asesoría deben provenir puntualmente del sector
energético y no de cualquier área de la economía.

Asimismo, sostuvo que al ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio
cumplió funciones relacionadas con la competencia, y en esa medida, acreditó la
experiencia requerida.

En línea con lo expuesto, se tiene que las funciones como superintendente de Industria
y Comercio, esencialmente, se refieren a la formulación de políticas en todas aquellas
materias que tengan que ver con la protección del consumidor, la promoción y protección
de la competencia, la propiedad industrial, la protección de datos personales y en las
demás áreas propias de sus funciones, por lo que, aunque algunas de las tareas
desplegadas tengan relación con las que desempeñan los expertos de la CREG, lo cierto
es que el texto normativo expresamente prevé que la experiencia técnica, consultoría o
asesoría sea en materia energética, además de consagrar en dónde se obtienen.
Por su parte, en la Personería de Bogotá desempeñó las siguientes funciones en el cargo
de personero delegado código 040, grado 03, de acuerdo con la certificación expedida
para el efecto: (…)

Ahora bien, con independencia del lapso en el que desplegó funciones de asesor o
consultor, lo cierto es que, como se indicó previamente, de la valoración de aquellas
no existe duda en cuanto a que no tienen conexión alguna con el área energética,
de modo que, en esas condiciones, se concluye que el demandado incumplió con
el requisito referente a que la asesoría o consultoría para ocupar el cargo de
comisionado experto en asuntos energéticos en la CREG provenga de ese
específico sector.

(…)

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la decisión cuya legalidad se
cuestiona incurrió en la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 5 del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011, en consideración a que el demandado no acreditó el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal c), parágrafo 1o del artículo 21
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de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, para ocupar
el empleo de comisionado experto de la CREG, toda vez que el presupuesto de
haberse desempeñado como consultor o asesor, por un periodo igual o superior a
seis años, no atendió al criterio de la especificidad de que las funciones se
hubieran desplegado en el sector energético”.

De lo anterior, la Sala observa que en la sentencia alegada como desconocida la
Sección Quinta del Consejo de Estado fijó una regla jurisprudencial conforme con
la cual para que la experiencia como consultor o asesor por lapso de seis años para
aspirar al cargo de comisionado de la CREG fuese válida, esta debía “provenir del
área energética”, “estár referida o relacionada con el sector energético” y/o “tener
conexión alguna con el área energética”, como no ocurría en el caso allí analizado,
en el que se había acreditado dicha experiencia a través de las actividades
realizadas en el cargo de Superintendente de Industria y Comercio y otros cargos
administrativos ejercidos por el demandado.

Posteriormente, en sentencia del 27 de abril de 202330, en la que se estudió la
legalidad de la elección de la señora Natasha Avendaño García como comisionada
de la CREG, la Sección Quinta del Consejo de Estado reiteró la sentencia del 2 de
febrero de 2023 sobre la necesidad de que la experiencia como consultor proviniera
del área energética, y consideró pertinente ahondar en el concepto de “área
energética”, frente a lo que sostuvo que esta podía ser vista desde dos perspectivas:
la primera, relacionada con la consecución, generación y posterior disposición de la
energía, y la segunda, “que surge de entender que las actividades descritas, hacen
parte de un sector económico, y en consecuencia de un mercado que cuenta con
una regulación especializada”, de donde concluyó que “el área energética no solo
refiere a circunstancias propias de la generación y posterior disposición de los
energéticos, desde el punto de vista operativo y técnico, sino también, su
comprensión como una actividad que forma parte de un mercado, con unas
dinámicas económicas propias y altamente reguladas”.

Al momento de resolver el caso concreto, indicó que en el caso la experiencia
acreditada por la demandada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no
podía ser tenida en cuenta, en tanto no provenía de asuntos energéticos y no tenía
una clara “especificidad y conexidad con aquellos”, de la siguiente manera:

“119. Aunque esta judicatura no desconoce que desde dicha entidad la demandada
ejerció su profesión en temas que denotan una alta condición técnica en temas
económicos, especialmente macroeconómicos, lo cierto es que las competencias
desempeñadas por la señora Avendaño García en esta cartera no permiten
concluir que se trate de una actividad en asuntos energéticos, en la forma en que
fueron descritos en los acápites precedentes en esta decisión.

120. Como fue expuesto en el marco teórico de esta providencia, se resalta que las
funciones de asesoría y consultoría deben haberse realizado material y efectivamente
en dichos temas, pues solo desde esta perspectiva se puede atender la finalidad de la
norma en punto de las competencias que deben predicarse de los expertos comisionados
de la CREG. Por ello, es claro que estas actividades deben tener una clara relación de
especificidad y conexidad con aquellos, enfocándose en las particularidades que
envuelven este mercado desde el punto de vista de su operatividad y de las
condiciones económicas del mismo”.

De lo anterior, la Sala observa que en la precitada sentencia la Sección Quinta del
Consejo de Estado continuó el desarrollo de la línea jurisprudencial iniciada con el
fallo del 2 de febrero de 2023, respecto a que la evaluación de la experiencia como
consultor o asesor descrita en el el literal c del parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley
143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, debía tener como
punto central que las actividades realizadas lo fueran en asuntos energéticos, y que
las mismas tuviesen una “clara relación de especificidad y conexidad con aquellos”,
lo que no ocurría en el caso.

30
Rad. 2022-00209-00 y acumulado.
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Demandante: Ministerio de Minas y Energía

4.2.4. Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala observa que en la sentencia
del 4 de julio de 2024, objeto de tutela, la Sección Quinta del Consejo de Estado al
analizar la legalidad de la elección del señor Omar Fredy Prias Caicedo como
comisionado experto de la CREG, en lo relativo a la experiencia acreditada como
consultor y asesor en Colciencias en la Subdirección de Programas de Innovación
y Desarrollo Empresarial para el Programa Nacional de Investigaciones en Energía
y Minería, consideró lo siguiente:

“77. Según la constancia expedida por el secretario general de Colciencias, el señor
Omar Fredy Prias Caicedo suscribió cuatro contratos de prestación de servicios
profesionales, cuyos objetos consistieron en «prestar asesoría a la Subdirección de
Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial de Colciencias en la formulación,
desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades requeridas por el Programa
Nacional de Investigaciones en Energía y Minería, y que están dirigidas a actualizar y
desarrollar el plan estratégico del programa y a desempeñar la función de la Secretaría
Técnica y Administrativa del mismo». El término de duración de cada contrato fue el
siguiente: (…)

78. Al respecto, se destaca que, aunque la experiencia como asesor estuvo relacionada
con la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación en el marco del Programa
Nacional de Investigaciones en Energía y Minería, actividad que guarda relación con
asuntos de naturaleza energética, lo cierto es que Colciencias, era un
departamento administrativo, actualmente fusionado al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por lo que es claro que no forma parte del sector energético,
como lo exige la normativa que contempla los requisitos para acceder al cargo de experto
comisionado.

(…)

80. Y, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2162 de 2021, «el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación es un organismo del sector central de la rama ejecutiva en el
orden nacional, rector del sector y del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
(SNCTI), encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y
controlar la política del Estado en esta materia, teniendo concordancia con los planes y
programas de desarrollo (...)».

81. Así pues, la función que desarrolla Colciencias no tiene conexidad alguna con
el sector energético, requisito este que debe ser concurrente con la actividad que
se realice para el cumplimiento del requisito de especificidad que consagra el
literal c), parágrafo 1o del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021. En consecuencia, la experiencia del demandado
como asesor en la entidad no puede ser tenida en cuenta para efectos de cumplir
con la exigencia de la norma”.

De igual forma, frente a la experiencia acreditada por el señor Prias Caicedo como
consultor en sistemas de energía y eficiencia energética en la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, expresó:

“(…) se debe tener en cuenta que la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI), establecida en 1979, es la agencia especializada de las Naciones
Unidas que promueve el desarrollo industrial para disminuir la pobreza, alcanzar una
globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de las actividades productivas. Con la
Declaración de Lima del 2 de diciembre de 2013, en el marco de la 15o Conferencia
General de la organización, se asumió el mandato de promover y acelerar el desarrollo
industrial sostenible e inclusivo en países en desarrollo y economías en transición.

89. El principal objetivo de la Organización es «promover y acelerar el desarrollo industrial
en los países en desarrollo con miras a contribuir al establecimiento de un nuevo orden
económico internacional. La Organización promoverá también el desarrollo industrial y la
cooperación en los planos mundial, regional y nacional, así como en el plano sectorial».
(…)
91. De acuerdo con lo expuesto, en cuanto al aspecto institucional, se tiene que ONUDI
no es una organización que tenga como objetivo el desarrollo de labores en el sector
energético, en tanto fomenta la cooperación entre los países industrializados y los que se
encuentran en desarrollo, y promueve las inversiones y transferencia en tecnología.

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92. Así, con fundamento en la naturaleza de las actividades propias de ONUDI, para
la Sala no hay duda en cuanto a que las funciones como consultor realizadas por el
demandado en esa organización no pueden ser tenidas en cuenta para acreditar la
experiencia como consultor en el sector energético, dada la ausencia de conexidad
directa y específica con esa área de la economía”.

Conforme con lo anterior, para la Sala en el caso se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial alegado, en tanto en la sentencia objetada
la autoridad judicial accionada no aplicó la regla jurisprudencial desarrollada
respecto a la forma como debe evaluarse la experiencia como consultor o asesor
requerida para el cargo de experto comisionado código 0090 de la planta de
personal de la CREG, contenida en el literal c del parágrafo 1º del artículo 21 de la
Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, conforme
con la cual esta debe provenir del área energética, concepto amplio que la
comprende como una “actividad que forma parte de un mercado, con unas
dinámicas económicas propias y altamente reguladas”, y en la que, en todo caso,
debe primar que la actividad realizada tenga una clara relación de
especificidad y conexidad con asuntos energéticos.

En efecto, en la sentencia objeto de tutela, aun cuando la autoridad judicial
accionada hizo referencia a los fallos del 2 de febrero y del 27 de abril de 2023, no
aplicó la regla jurisprudencial desarrollada en ellos respecto del análisis de la
experiencia acreditada por el demandado como consultor y asesor y, por el
contrario, efectuó dicho análisis bajo un criterio orgánico e institucional, del que
concluyó que la experiencia acreditada “aun cuando guarda relación con asuntos
de naturaleza energética”, no podía ser tenida en cuenta dado que las
organizaciones en las que fue adquirida “en cuanto al aspecto institucional”, “no
forman parte del sector energético”, lo que no se desprende de la jurisprudencia
desarrollada sobre la materia.

Es decir, en la sentencia censurada se aplicó un criterio conforme con el cual la
experiencia como asesor o consultor solo podía ser válida en caso de haber sido
adquirida en instituciones o empresas que hicieran parte del sector energético,
concebido como el integrado por las entidades descritas en el Decreto 1073 de
2015, y de aquellas adscritas a estas, aspecto que ya había sido superado en los
fallos citados, en los que se enfatizó que lo importante al momento de evaluar la
experiencia como consultor o asesor era la conexidad de las actividades
desplegadas con asuntos energéticos, por lo que en el caso se desconoció la
jurisprudencia aplicable sin que se explicara con suficiencia y claridad los motivos
por los cuales se apartaría de la misma, conforme lo ha precisado la jurisprudencia
constitucional, lo que a las claras vulnera también el principio a la igualdad.

En efecto, en la sentencia SU-354 de 201731, la Corte Constitucional estableció que,
con el fin de mantener firmeza en las posiciones adoptadas y en aras de proteger
los derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad, en razón a que no resulta justo
que casos similares se resuelvan de manera diferente, “los Tribunales y las Altas
Cortes deben considerar estos principios al momento de tomar sus decisiones, toda
vez que estas se convertirán en precedente judicial para los administradores
de justicia y su no aplicación devendría en la causal referida. No obstante, tal
regla tiene su excepción y se basa, precisamente, en aquellos momentos en que el
funcionario desee apartarse del precedente establecido, sustentando y motivando
las razones por las que omitió su aplicación”. (Negrillas por fuera del texto original).
En dicha sentencia, refirió que en la sentencia T-794 de 2011 se reiteró que el juez
solo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando
demuestre y cumpla los siguientes requisitos: “(i) haga referencia al precedente que
abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido
como si nunca hubiera existido (principio de transparencia); y (ii) ofrezca una carga
argumentativa seria mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los

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M.P. (E) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía”.

En el presente caso, no se cumplió con esos requisitos, por lo que la Sala amparará
el derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante, en tanto el
defecto por desconocimiento del precedente judicial se configura.

La Sala resalta que la enunciación que se hizo en la sentencia del 2 de febrero de
2023 de las entidades que conforman el sector energético según el Decreto 1073
de 2015, y de aquellas adscritas, se efectuó con el fin de explicar las diferentes
perspectivas desde las que se puede entender el área energética, y no con el de
restringir la adquisición de la experiencia en dicha área a la actividad desplegada
únicamente en las entidades que conforman administrativamente ese sector, por lo
que en el caso se aplicó un criterio que había sido superado con la regla
jurisprudencial desarrollada en las sentencias alegadas como desconocidas.

De igual forma, como fue manifestado por el Ministerio accionante en los
fundamentos de la acción, se observa que, en los fallos desconocidos, la autoridad
judicial accionada sí aplicó la regla jurisprudencial aquí inobservada pues, i) en la
providencia del 2 de febrero de 2023, indicó que la experiencia como consultor del
demandado en la empresa Global Mantenimiento & Servicios, de aseo, no podía ser
tenida en cuenta en tanto “no existe duda en cuanto a que no tienen conexión alguna
con el área energética”, y ii) en la del 27 de abril de 2023, al analizar la experiencia
de la demandada como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
concluyó que “si bien, desde el punto de vista orgánico, la referida entidad de
inspección, vigilancia y control no pertenece al sector energético, lo cierto es que
las competencias constitucional y legalmente asignadas a esta son transversales al
mismo, y por lo tanto, pueden entenderse que en este aspecto, cumple con el criterio
normativo exigido por la Ley 143 de 1994 para el acceso al cargo de experto
comisionado de la CREG”, por lo que “serviría para acreditar la exigencia normativa
de los requisitos de experiencia en el sector”, aun cuando finalmente concluyó que
no podía ser valorada, pero por haber sido adquirida bajo el primer supuesto de la
norma, esto es, al ejercer un cargo de responsabilidad en dicha entidad.

Lo anterior es suficiente para concluir que en el caso se configuró el
desconocimiento del precedente jurisprudencial alegado y, por consecuencia, los
defectos fáctico y sustantivo en los términos expuestos por la parte actora, en tanto
la autoridad judicial accionada, sin expresar razones de transparencia y suficiencia,
se apartó del precedente judicial desarrollado sobre la materia que ha precisado el
alcance y la interpretación del literal c del parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143
de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, conforme con el cual
lo relevante al momento de analizar la experiencia como consultor o asesor por el
lapso de seis años para optar al cargo de comisionado de la CREG, es la conexidad
de las actividades desplegadas con el área energética, en su sentido amplio,
lo que conllevó una indebida valoración de las certificaciones expedidas por
Colciencias y la ONUDI, que llevaron a concluir que el señor Prias Caicedo no
acreditaba la experiencia requerida como consultor y asesor para cumplir con el
requisito como comisionado de la CREG.

La Sala reitera que, en caso de que la autoridad judicial accionada considere que
se encuentra justificado apartarse del precedente judicial sobre la materia, debe
cumplir con el deber y la carga argumentativa de esgrimir los motivos para ello,
sustentando y fundamentando las razones por las que omitió su aplicación,
cumpliendo así con los requisitos de transparencia y suficiencia exigidos por la
jurisprudencia constitucional, para ese efecto. Una vez se ha establecido un
precedente judicial se activa una suerte de deferencia judicial, de allí que sea
posible apartarse del mismo siempre que se cumpla con la exigencia argumentativa
de transparencia y suficiencia.

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Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso del
Ministerio de Minas y Energía, quien actúa por intermedio del jefe de la Oficina
Jurídica. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia del 4 de julio de 2024
proferida en el marco del medio de control de nulidad electoral con radicado No.
11001-03-28-000-2024-00001-00 y se dispondrá que, dentro del término de veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una decisión de
reemplazo, en la que se tengan en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio de
Minas y Energía, quien actúa por conducto del jefe de la Oficina Jurídica. En
consecuencia,

Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 4 de julio de 2024, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de
nulidad electoral con radicado No. 11001-03-28-000-2024-00001-00.

Tercero.- ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
sentencia de reemplazo en el medio de control de nulidad electoral radicado con el
No. 11001-03-28-000-2024-00001-00, de conformidad con las consideraciones
expuestas.

Cuarto.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente SALVA VOTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-00
Demandante: Ministerio de Minas y Energía

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Conjuez Conjueza
SALVA VOTO

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