Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00211-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00211-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00211-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
2 de febrero de 2023
Demandante: Diana Sofía Rubiano Medina
Demandado: Andrés Bernardo Barreto González
Rad: 11001-03-28-000-2022-00211-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00211-00
Demandante: DIANA SOFÍA RUBIANO MEDINA
Demandado: ANDRÉS BERNARDO BARRETO GONZÁLEZ – EXPERTO
COMISIONADO EN ASUNTOS ENERGÉTICOS DE LA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Temas: Requisito de experiencia técnica para ocupar el cargo de
comisionado en la CREG
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la Sala la demanda presentada por la ciudadana Diana Sofía Rubiano
Medina, en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en contra del acto de
nombramiento de Andrés Bernardo Barreto Medina, como experto en asuntos
energéticos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), contenido
en el Decreto 1423 del 29 de julio de 2022, expedido por el presidente de la
República.
1. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones
La señora Diana Sofía Rubiano Medina promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, con el fin de que se hiciera la siguiente
declaración:
“La nulidad del acto administrativo por medio del cual el entonces Presidente
(sic) de la República nombró a ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ como
experto en asuntos energéticos en la Comisión de Regulación de Energía y
Gas, contenido en el Decreto 1423 del 29 de julio de 2022”.
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Demandante: Diana Sofía Rubiano Medina
Demandado: Andrés Bernardo Barreto González
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1.2 Hechos
Como supuestos fácticos de las pretensiones, narró los siguientes:
Indicó que mediante el Decreto 1423 del 29 de julio de 2022, el presidente de la
República nombró a Andrés Barreto González, como experto en asuntos
energéticos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Sostuvo que el demandado no reúne dos de los requisitos para ocupar el empleo,
previstos en el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021: i) contar con una reconocida
preparación y experiencia técnica en el área energética, y ii) haber desempeñado
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector
energético, nacional o internacional, por un periodo superior a seis años; o
haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
Como fundamento de la pretensión, expuso que el acto de nombramiento
acusado es nulo por vulnerar el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, toda vez que recayó sobre una persona que, según los datos consignados
en la hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo
(SIGEP), no cumple con los requisitos para ocupar el empleo, relacionados con
la experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas en ese mismo sector, nacional
o internacional, por un periodo superior a seis años, o haberse desempeñado
como consultor o asesor por un periodo igual o superior, consagrados en el
literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994.
Arguyó que la preparación y la experiencia técnica, para el caso, se refiere a la
a los conocimientos y la aplicación de ciencias básicas como la biología, física,
geología, matemáticas, química, y las ciencias aplicadas (ingenierías).
Indicó que, para ocupar el cargo de experto en asuntos energéticos no es
suficiente con tener preparación y experiencia técnica, sino que, adicionalmente,
estas deben ser reconocidas, es decir, acreditadas, reputadas, afamadas o
distinguidas.
Sostuvo que el área energética, tratándose del requisito que se debe cumplir
para ocupar ese preciso empleo, comprende las temáticas que son de
competencia de la CREG, esto es, las que son exclusivamente ligadas a su
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objeto misional, a saber: la regulación de los servicios públicos de energía
eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos.
Por otro lado, en cuanto al requisito de haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional
o internacional, por un periodo superior a seis años, manifestó que las entidades
que conforman esa área son las que integran alguno los subsectores de energía
eléctrica, minería e hidrocarburos.
Y respecto de la segunda opción, acotó que es claro que debe tratarse de una
consultoría en asuntos energéticos de competencia de la CREG.
Afirmó que el demandado carece tanto de preparación como de experiencia
técnica, si se tiene en cuenta que sus estudios se limitan al derecho internacional
y a las relaciones internacionales, aunado a que la trayectoria laboral se ha
circunscrito a esos mismos campos y a la vigilancia y control en asuntos
comerciales.
Indicó que el señor Barreto González no tiene reconocimientos como experto en
asuntos energéticos y no ha desempeñado cargos de responsabilidad en
entidades públicas o privadas de ese sector, nacional o internacional, por un
periodo superior a seis años, ni ha sido consultor o asesor en temas energéticos
por ese mismo lapso.
1.4. Contestación de la demanda
Andrés Bernardo Barreto González
Mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, en tanto
cumple con los requisitos previstos en el numeral 1º del artículo 21 de la Ley 143
de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en el Decreto
1083 de 2015 y en el manual de funciones específicas de la CREG, para ejercer
el cargo de experto comisionado.
Reseñó que el acceso a cargos públicos es un derecho fundamental sujeto a los
requisitos establecidos en la Constitución, leyes y reglamentos, de manera que
la interpretación sobre tales presupuestos debe ser taxativa y no restrictiva.
Arguyó que el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994
consagra dos opciones válidas para reunir los requisitos de acceso al cargo de
experto comisionado. La primera, contar con una reconocida preparación y
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experiencia técnica en el área energética y haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional
o internacional, por un periodo superior a seis años; y, la segunda, haberse
desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior.
Expuso que el Ministerio de Minas y Energía expidió una certificación de
acreditación de requisitos del señor Barreto González, en la que se indica que
cuenta con nueve años de experiencia como consultor o asesor, lo que implica
que cumple con la segunda de las opciones previstas en la ley, es decir, haber
ejercido como asesor o consultor por un periodo de seis años o más.
Advirtió que no es un requisito exigido legalmente que la experiencia como
asesor o consultor sea en el sector energético.
Al respecto, anotó que la Resolución 633 del 23 de diciembre de 2021 modificó
el manual de funciones de la CREG, -acto administrativo que goza de presunción
de legalidad y de obligatorio acatamiento-, cuyo artículo 3 prevé que los
requisitos de que tratan los diferentes empleos tendrán las equivalencias entre
estudios y experiencia dispuesta en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de
2015.
Resaltó que, según el citado decreto, es viable compensar la formación
académica por experiencia y viceversa, siempre y cuando se cuente con el título
profesional respectivo; en todo caso, las equivalencias deben fijarse en forma
expresa en el manual de funciones.
Precisó que el manual de funciones de la CREG exige para el cargo de
comisionado experto, en cuanto a la formación académica, tener título
universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares,
derecho y estudios de posgrado; y, en relación con la experiencia, tener una
reconocida preparación y experticia técnica, preferiblemente en el área
energética, y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas, nacional o internacional, por un periodo superior a seis años;
o haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o
superior.
Manifestó que el demandado tiene dos títulos de especialización y dos de
maestría, los cuales exceden el requisito mínimo exigido para el cargo; por
consiguiente, se debe incrementar al periodo de experiencia la equivalencia de
estudios de posgrado, como lo establece el manual de funciones.
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Citó los artículos 20 de la Ley 143 de 1994 y 4 del Decreto 1260 de 2013, para
señalar que la experiencia en el sector energético está referida a las funciones
asignadas legalmente a la CREG, lo que presupone que el requisito de
experiencia debe ser analizado en el contexto regulatorio.
Añadió que no es igual la experiencia en el sector energético para un profesional
en ingeniería, economía, administración de empresas, a la de un abogado, pues
cada uno la tiene de acuerdo con el núcleo esencial de su profesión.
Expresó que el demandado, aunque acreditó en debida forma el tiempo como
asesor o consultor, también cumplió con las equivalencias permitidas en el
manual de funciones y, por lo tanto, tiene la experiencia técnica requerida.
Adujo que el señor Barreto González se desempeñó como superintendente de
Industria y Comercio, desde el 21 de septiembre de 2018 hasta el 31 de julio de
2022, y dentro de ese mismo periodo fue superintendente de Sociedades, cargos
cuyas actividades están referidas a las de todas las empresas de los distintos
sectores, incluido el energético.
Expuso que la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolla funciones
relacionadas con la competencia, para lo cual tiene tres instrumentos:
1. Control previo de integraciones empresariales
2. Represión de:
a. Acuerdos restrictivos de la competencia
b. Actos de abuso de posición dominante
c. Otros actos anticompetitivos
d. Actos de competencia desleal
3. Rendición de conceptos sobre proyectos de regulación
Explicó que las funciones como superintendente de Industria y Comercio se
relacionaron con todos los sectores del mercado, incluido el energético.
Señaló que fue asesor del Congreso de la República, entre el 1º de agosto de
2014 al 2 de junio de 2016, periodo en el cual participó en ponencias, controles
políticos, debates, entre otras labores.
También fue consultor externo en Luna de Aliaga Abogados & Asociados SAS,
en asuntos de derecho privado corporativo, de la empresa y los negocios,
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derecho internacional y derecho público, así como en temas regulatorios en
telecomunicación, minería y extracción.
Sostuvo que, según las certificaciones laborales, es evidente que ha ejercido, en
forma recurrente, cargos de responsabilidad, tanto en entidades públicas como
en el sector privado.
En cuanto al requisito de la experiencia técnica, indicó que, según el artículo 2
del Decreto 1260 de 2013, la CREG tiene como objeto la regulación de los
monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica y gas combustible, cuando la competencia no sea, de hecho, posible;
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten los
servicios públicos para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la
posición dominante, y produzcan servicios de calidad.
Aludió que las comisiones de regulación son “entes administrativos a los cuales
se atribuye la función de regulación –entendida en un sentido muy amplio,
comprensivo- por tanto, no solo de actividades de producción normativa o de
expedición de actos generales, sino también de tareas que se materializan a
través de actos singulares”.
1.5. Fijación del litigio
Por auto del 22 de septiembre de 2022, se admitió la demanda y se negó la medida
de suspensión provisional en contra del acto de nombramiento acusado.
De otra parte, mediante auto del 15 de noviembre de 2022, se informó de la
posibilidad de dictar sentencia anticipada, según lo establecido en el numeral 1º
del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011; por esa razón, se decretaron las
pruebas que reunían los requisitos de ley y seguidamente, el litigio fue fijado en
los siguientes términos:
“Con base en los argumentos esbozados en la demanda y su contestación,
se debe establecer hay lugar a declarar la nulidad del acto de nombramiento
del señor Andrés Bernardo Barreto González, como experto en asuntos
energéticos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
contenido en el Decreto 1423 del 29 de julio de 2022, expedido por el
presidente de la República.
Para el efecto, se deberá determinar:
(i) Si el acto de nombramiento demandado es nulo por configurarse la causal
de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que recayó en una persona que no reúne las calidades señaladas
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en el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado
por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, referentes a contar con una
reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética y haber
desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas
en el sector energético, nacional o internacional, por un periodo superior a
seis años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo
igual o superior.
(ii) Si para el análisis de legalidad del acto de nombramiento acusado es
procedente la homologación o equivalencias de los estudios realizados por
el demandado, con el fin de computar la experiencia técnica exigida en la
norma en mención, en armonía con lo previsto en el manual de funciones y
competencias de la planta de personal de la CREG, adoptado mediante la
Resolución 633 del 24 de diciembre de 2021.
1.6. Alegatos de conclusión
1.6.1. Demandante
Alegó de conclusión en el sentido de señalar que, de conformidad con los
antecedentes administrativos allegados al proceso, está demostrado que el
señor Andrés Barreto González no cumple con las calidades específicas que se
requiere para ocupar el cargo de experto comisionado de la CREG, dado que no
cuenta con i) reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética,
ii) no ha desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas del sector energético, nacional o internacional por un periodo de seis
años, y iii) tampoco fue consultor o asesor por un periodo igual o superior en el
sector energético, con la advertencia adicional de que la norma siempre hace
referencia a esa específica área, por lo que debe interpretarse de tal forma que
el desempeño de los cargos de consultor o asesor también deben ser en el
referido sector.
En ese sentido, el demandado no cumple con el tercer presupuesto señalado en
la norma, si se tiene en cuenta que carece de preparación y experiencia técnica,
pues su trayectoria laboral se ha circunscrito a las áreas del derecho
internacional, relaciones internacionales y a la vigilancia y control en temas
comerciales.
Adujo que para el cómputo de la experiencia técnica no es procedente la
homologación o equivalencia con los estudios efectuados, toda vez que el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, que modificó el artículo 21 de la Ley 143 de
1994, respecto de los requisitos para ser experto en asuntos energéticos, no
señala o indica en forma expresa algún concepto sobre el punto.
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Expresó que el Ministerio de Minas y Energía, al expedir la certificación de
cumplimiento de requisitos del demandado para ocupar el cargo de experto
comisionado, no realizó ninguna equivalencia u homologación, en razón a que
se basó, únicamente, en las certificaciones de experiencia aportadas.
Señaló que el ministerio simplemente afirmó que el señor Barreto González, por
el hecho de desempeñarse como consultor o asesor en sectores diferentes al
energético, cumplía con los requisitos del empleo, pero con la omisión de que el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, exige el cumplimiento de varios presupuestos
de experiencia, no solamente de uno, aunado al hecho de que debe ser en el
área energética.
Manifestó que la Resolución 633 de 2022 “por la cual se modifica el manual de
funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal
de la CREG”, pretendió “modificar” la Ley 2099 de 2021, pero es claro que, dada
la jerarquía normativa de dicho acto, no puede realizar cambios a la legislación.
Esbozó que, aunque el artículo 3 de la parte resolutiva de la Resolución 633 de
2022, establece que los requisitos de que tratan los diferentes empleos
contenidos en ese acto tendrán las equivalencias entre estudios y experiencia
dispuestas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, lo cierto es que el
legislador no las contempló en la Ley 2099 de 2021.
Con todo, el Decreto 1083 de 2015 no prevé que la equivalencia se realice
cuando los requisitos del cargo exijan una experiencia técnica en áreas
específicas, como ocurre en este asunto.
Advirtió que, en gracia de discusión, las equivalencias pueden efectuarse
siempre y cuando la formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
Puntualizó que del análisis de los estudios adicionales realizados por el señor
Barreto González, es evidente que se encuentran enfocados en el área de
políticas y asuntos internacionales, es decir que no son afines con la experiencia
técnica que se requiere en el área energética.
1.6.2. Andrés Bernardo Barreto González
A través de apoderado, allegó escrito de alegaciones para señalar que la
Resolución 633 de 2022 consagró la posibilidad de emplear equivalencias en la
provisión de empleos en la CREG, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, norma que tiene aplicación directa a las
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distintas entidades “que ya el mismo cumple con lo ordenado en el Decreto ley
770 de 2006”.
Mencionó que no es cierta la afirmación referente a que, como las equivalencias
y homologaciones no fueron previstas en la Ley 143 de 1994, no se pueden
aplicar, ya que se desconocería la integración normativa procedente en materia
de provisión de cargos, máxime si se tiene en cuenta que dicha norma no es
especializada en esa temática, por lo que resulta obligatorio acudir a la
legislación correspondiente.
Refirió que las equivalencias operan por ministerio de la ley, luego no dependen
de la mera liberalidad del respectivo funcionario ni de las interpretaciones que
sobre aquellas se realicen.
Reiteró que la experiencia en el sector energético está relacionada con el
contexto de la función de regulación de la CREG, la cual cumple a cabalidad el
señor Barreto González por haberse desempeñado como superintendente de
Industria y Comercio y superintendente de Sociedades en encargo, empleos en
los cuales las funciones son referidas a todas las empresas de los distintos
sectores, incluido el energético.
Finalmente, precisó que el demandado cumplió con el requisito de haber sido
consultor o asesor por un periodo superior a seis años.
1.7. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para resolver en única instancia la demanda de nulidad
electoral promovida en contra del acto de nombramiento de Andrés Bernardo
Barreto González, como experto comisionado, código 0090 de la planta de
personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, contenido en el
Decreto 1423 del 29 de julio de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo1 y el artículo 13 del acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación2.
2. Problema jurídico
De conformidad con la fijación del litigio, el problema jurídico consiste en
establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto de nombramiento de Andrés
Bernardo Barreto González, como experto comisionado de la CREG, por incurrir
en la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011, toda vez que recayó en una persona que no reúne las calidades
señaladas en el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, referentes a contar con una
reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética y haber
desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas en el
sector energético, nacional o internacional, por un periodo superior a seis años;
o haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o
superior.
Asimismo, se debe establecer si para el análisis de legalidad del acto de
nombramiento acusado es procedente la homologación o equivalencias de los
estudios realizados por el demandado, con el fin de computar la experiencia
técnica exigida en la norma en mención, en armonía con lo previsto en el manual
de funciones y competencias de la planta de personal de la CREG, adoptado
mediante la Resolución 633 del 24 de diciembre de 2021.
1 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El
Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la
Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor
de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del
orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación.
2 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el
artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de
trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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3. Análisis de los argumentos de la demanda
En criterio de la demandante, el acto de nombramiento acusado adolece de
nulidad en la medida en que el señor Andrés Bernardo Barreto González no
cumplió con los requisitos de contar con experiencia técnica en el área
energética y haber ocupado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas, nacional o internacional, por un periodo superior a seis años, ni
tampoco se desempeñó como consultor o asesor en ese mismo sector, por un
periodo igual o superior, consagrados en el literal c), parágrafo 1º del artículo 21
de la Ley 143 de 1994.
Arguyó que el demandado carece tanto de preparación académica como de
experiencia técnica en el sector energético, por cuanto sus estudios se limitan
al área del derecho internacional y a las relaciones internacionales, aunado a
que la trayectoria laboral se ha circunscrito a esos mismos campos y a la
vigilancia y control en asuntos comerciales.
3.1. Objeto y funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
Combustible
De manera preliminar, es importante señalar que el artículo 69 de la Ley 142 de
1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios”,
creó las comisiones de regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de
Energía y Gas Combustible, y de Telecomunicaciones, como unidades
administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y
patrimonial, adscritas al respectivo ministerio.
Por su parte, el artículo 73 ibidem prevé que “las comisiones de regulación tienen
la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos,
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de
promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios
de calidad (…)”.
El artículo 21 de la Ley 143 de 1994, “por la cual se establece el régimen para la
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética”, determina que la Comisión de
Regulación de Energía y Gas es una unidad administrativa especial del Ministerio
de Minas y Energía, cuyo objetivo básico es asegurar la prestación del servicio
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mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos,
en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.
Ahora bien, la Corte Constitucional al efectuar el análisis de constitucionalidad
de los artículos 69, 128 y 129 de la Ley 142 de 1994, en la sentencia C-1162 de
2000, señaló que las comisiones de regulación son órganos especializados de
carácter técnico encargados de fijar, con arreglo a la ley y a los reglamentos y
previa delegación del presidente de la República, las pautas dirigidas a intervenir
en los servicios públicos para preservar el equilibrio y la razonabilidad en la
competencia, así como determinar aspectos técnico-operativos en orden a
asegurar la calidad de aquellos, su prestación eficiente y defender los derechos
de los usuarios.
A partir de lo expuesto, se tiene que, dadas las especificidades de la función de
regulación de la CREG, en tanto desarrolla la finalidad social de intervención del
Estado en los servicios públicos, las decisiones que emite deben estar sujetas a
estrictos criterios técnicos que atiendan las características del sector y su
dinámica propia, así como a “parámetros objetivos adoptados después de
procesos cuidadosos de deliberación, con argumentos de orden especializado y
orientados a alcanzar los objetivos de interés general trazados en la ley que fijó
el régimen de dichos servicios”3.
3.2. Requisitos para ocupar el cargo de experto en asuntos energéticos
El artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099
de 20214, consagra que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, estará
conformada de la siguiente manera:
a) Por el ministro de Minas y Energía, quien la presidirá;
b) Por el ministro de Hacienda y Crédito Público;
c) Por el director del Departamento Nacional de Planeación;
d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva,
nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años.
3 Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003.
4 “[p]or la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución
y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se
dictan otras disposiciones en materia energética”.
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El parágrafo primero de la citada disposición indica que los expertos
comisionados deben reunir las siguientes condiciones:
a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio;
b) Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas
o similares, derecho y estudios de posgrado; y
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un
período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor
o asesor por un período igual o superior.
Este último requisito contempla dos supuestos para acceder al cargo de experto
comisionado. De una parte, se debe acreditar en forma concurrente, -según la
redacción de la norma-, la adquisición de i) preparación académica y ii) la
experiencia técnica en el sector energético, al igual que el iii) desempeño en
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas a nivel nacional o
internacional, reiterando que estas deben formar parte del sector en mención.
De acuerdo con el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 20155 , se entiende por
experiencia los conocimientos, habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio; y si bien la
norma no trae la definición de experiencia técnica, según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española6, una de las acepciones del término “técnico”,
se refiere a la persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o
arte.
La segunda opción tendiente a cumplir con el requisito está relacionada con el
desempeño como consultor o asesor por un periodo igual o superior a seis años.
Nótese que ese último apartado de la disposición normativa no consagra en
forma expresa que la acreditación de la experiencia como consultor o asesor
deba haberse obtenido en el sector energético, como sí lo reitera la primera
alternativa del texto.
No obstante, al realizar una interpretación sistemática y teleológica, es claro que
el requisito en comento debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento,
5 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
6 https://dle.rae.es
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por manera que la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que provenir del
área energética y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento en
ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería al
objeto y funciones de la CREG.
Por consiguiente, el verdadero sentido del supuesto normativo apunta a que los
requisitos de conocimientos y experiencia técnica, así como los referentes a la
consultoría o asesoría deben estar circunscritos al sector energético.
Ahora bien, para determinar qué comprende el sector energético, la Sala
encuentra que, desde un punto de vista funcional, según el Decreto 1073 de
2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
administrativo de minas y energía”7, está conformado en el nivel central por el
Ministerio de Minas y Energía, a la cabeza, y en el sector descentralizado, por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería
(ANM), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas (IPSE), el Servicio Geológico Colombiano, y la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME).
Como entidades vinculadas se encuentran: Ecopetrol SA, Interconexión Eléctrica
SA ESP – ISA SA ESP, Isagen SA ESP, Electrificadora del Huila SA ESP –
Electrohuila SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP – Electrocaquetá SA
ESP, Electrificadora del Meta SA ESP – EMSA SA ESP, Centrales Eléctricas del
Cauca SA ESP – Cedelca SA ESP, Centrales Eléctricas de Nariño SA ESP –
Cedenar SA ESP, Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP – DISPAC SA
ESP, Empresa Multipropósito Urrá SA ESP – Urrá SA ESP, Empresa de Energía
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina SA ESP – EEDAS
SA ESP, Generadora y Comercializadora de Energía Eléctrica del Caribe SA
ESP – Gecelca SA ESP, Gestión Energética SA ESP – Gensa SA ESP, Empresa
de Energía del Amazonas SA ESP – EEASA ESP y la Corporación Eléctrica de
la Costa Atlántica – Corelca SA ESP en liquidación.
Por otro lado, desde un punto de vista económico, se encuentran las actividades
de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad, conforme con lo señalado en la Ley 143 de 1994.
7 Artículos 1.1.1.1 y siguientes.
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Finalmente, es del caso resaltar que las comisiones de regulación por ser
organismos altamente especializados en cada sector, deben contar con personal
técnico con suficiente conocimiento y experiencia cualificada, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 143 de 19948, con el fin de asegurar la
libre competencia y la adecuada prestación de los servicios públicos.
4. Caso concreto
Los planteamientos esbozados en la demanda se centran en que el señor
Andrés Bernardo Barreto González no acreditó la experiencia técnica requerida
en el sector energético para ocupar el cargo de experto comisionado, toda vez
que tanto su formación académica como su experiencia están relacionadas con
el derecho internacional y las relaciones internacionales.
De acuerdo con los antecedentes administrativos que dieron lugar a la
expedición del acto de nombramiento acusado, en punto del cumplimiento del
requisito de que trata el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de
1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, se encuentra que
el señor González Barreto, además de contar con el título de abogado, tiene una
especialización en derecho administrativo y otra en políticas y asuntos
internacionales; asimismo, es magister en asuntos internacionales y obtuvo el
título de máster en estudios internacionales.
En criterio del demandado, acreditó el segundo supuesto de la citada disposición
normativa, en tanto fungió como consultor o asesor, por un periodo superior a
seis años, sin que mencionara que dicha experiencia estuviera relacionada con
el sector energético.
Asimismo, adujo que, según concepto de la subdirectora de Talento Humano
del Ministerio de Minas y Energía, contenido en la certificación de cumplimiento
de requisitos expedida por esa misma cartera ministerial, es claro que acreditó
tales exigencias, por haberse desempeñado como consultor o asesor por un
periodo de nueve años y seis meses.
La certificación de cumplimiento de requisitos que obra en los antecedentes
administrativos del acto demandado, es la siguiente:
8 (…) La Comisión contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para
el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo que ella misma determine y. tendrá
regímenes especiales en materia de contratación, de administración de personal, de salarios y
de prestaciones y gozará de autonomía presupuestal.
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La Sala verificará el cumplimiento del requisito para acceder al cargo de experto
comisionado, bajo el presupuesto de la realización de consultorías o asesorías,
toda vez que el argumento de defensa del demandado se centró en dicho
aspecto, aunado a que se hizo constante énfasis en la certificación expedida por
el Ministerio de Minas y Energía para acreditar las exigencias contempladas en
el parágrafo 1º, literal c) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
Así pues, de la revisión de los certificados de funciones en el desempeño como
consultor o asesor, aportados con los antecedentes administrativos, se advierte
con claridad que ninguna está referida o relacionada con el sector energético,
sino a distintas áreas del derecho.
Al respecto, se debe señalar que, a pesar de que el demandado arguyó como
argumento de defensa que ha desempeñado cargos que implican funciones de
regulación, como el de superintendente de Industria y Comercio, y de
Sociedades, en encargo, lo cierto es que, tal como quedó explicado en
precedencia, la norma consagra como requisito expreso que la consultoría o
asesoría deben provenir puntualmente del sector energético y no de cualquier
área de la economía.
Asimismo, sostuvo que al ocupar el cargo de superintendente de Industria y
Comercio cumplió funciones relacionadas con la competencia9, y en esa
medida, acreditó la experiencia requerida.
En línea con lo expuesto, se tiene que las funciones como superintendente de
Industria y Comercio10, esencialmente, se refieren a la formulación de políticas
en todas aquellas materias que tengan que ver con la protección del consumidor,
9 Expuso que la Superintendencia de Industria y Comercio desarrolla funciones relacionadas con
la competencia, para lo cual tiene tres instrumentos:
1. Control previo de integraciones empresariales
2. Represión de:
a. Acuerdos restrictivos de la competencia
b. Actos de abuso de posición dominante
c. Otros actos anticompetitivos
d. Actos de competencia desleal
3. Rendición de conceptos sobre proyectos de regulación
10 Decreto 4886 de 2011. Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de
Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones. Artículo 1º. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las funciones
establecidas en la Ley 155 de 1959, el reto 3307 de 1963, el Decreto 1302 de 1964, los Decretos
3466 y 3467 de 1982, el Decreto 2876 de 1984, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto 2269 de
1993, la Ley 256 de 1996, la Ley 446 de 1998, la Ley 527 de 1999, el Decreto 1130 de 1999, el
Decreto 1747 de 2000, la Ley 643 de 2001, el Decreto 3081 de 2005, el Decreto 3144 de 2008,
la Ley 1266 de 2008, las Leyes 1335, 1340 y 1341 de 2009, la Ley 1369 de 2009, el Decreto
4130 de 2011, y el Decreto 4176 de 2011, y aquellas que modifiquen o adicionen las anteriores,
las demás que le señalen las normas vigentes y las que le delegue el Presidente de la República.
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la promoción y protección de la competencia, la propiedad industrial, la
protección de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones,
por lo que, aunque algunas de las tareas desplegadas tengan relación con las
que desempeñan los expertos de la CREG11, lo cierto es que el texto normativo
expresamente prevé que la experiencia técnica, consultoría o asesoría sea en
materia energética, además de consagrar en dónde se obtienen.
Por su parte, en la Personería de Bogotá desempeñó las siguientes funciones
en el cargo de personero delegado código 040, grado 03, de acuerdo con la
certificación expedida para el efecto:
1. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de las entidades distritales, así
como dirigir el seguimiento y evaluación a los proyectos de prevención en materia de
seguridad y de orden público de la ciudad.
2. Liderar la ejecución de las acciones necesarias para defender el cumplimiento de los
acuerdos entre los sectores público y privado para la solución integral de problemas
que afecten la seguridad o la convivencia ciudadana.
3. Dirigir y coordinar el desarrollo de estudios sobre las situaciones conflictivas y la
seguridad ciudadana en Bogotá.
4. Dirigir la elaboración de los informes sobre la seguridad y convivencia ciudadana
solicitados por la administración distrital y/o la dirección de la entidad.
5. Dirigir la ejecución del plan operativo anual, los programas, proyectos y las
estrategias de su dependencia, adecuándolas a las políticas y misión de la entidad.
6. Coordinar la elaboración de documentos e informes de competencia de la
dependencia, así como las respuestas a los requerimientos, de conformidad con las
normas vigentes y los procedimientos establecidos.
7. Garantizar que los servidores adscritos a la dependencia, conozcan y entiendan las
políticas, planes, programas y directrices que se adopten.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo.
De otro lado, en el Congreso de la República fue nombrado y se desempeñó en
el cargo de asesor grado VIII en la Unidad de Trabajo Legislativo del otrora
senador Iván Duque Márquez, y cumplió funciones en materia legislativa y
asesoría en asuntos internacionales.
En la empresa Máster Andina Ltda., ocupó el cargo de gerente general, y como
funciones principales se encontraban las de “fungir como representante legal y
asesor jurídico de la empresa”.
11 Artículo 4º del Decreto 1260 de 2013.
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En la firma de abogados Luna de Aliaga prestó sus servicios profesionales en
“temas relacionados con el derecho privado, corporativo, de la empresa y de los
negocios, derecho internacional y derecho público, así como en asuntos
regulatorios, internacionales, públicos y de gobierno, para nuestros clientes en
el sector de las telecomunicaciones, minería y extracción, organizaciones no
gubernamentales e internacionales”.
En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República fungió
como contratista con el objeto de “apoyar la gestión institucional dirigida a la
creación de estrategias que permitan articular la oferta institucional del programa
a las entidades que conforman el gobierno nacional, en todos los temas
relacionados con la promoción de servicios, recursos y beneficio para los
jóvenes y la generación de oportunidades”.
En la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ocupó el cargo de director técnico código
009, grado 08 en la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la
Secretaría General, y desplegó, como funciones esenciales, las siguientes:
1. Dirigir el establecimiento de relaciones internacionales de Bogotá D.C. con
instituciones internacionales, los bogotanos residentes en el exterior, las distintas
ciudades del mundo, organizaciones multilaterales, bilaterales y otras entidades
internacionales, mediante la gestión de convenios, acuerdos, actas de entendimiento y
otros instrumentos que profundicen el intercambio y las relaciones internacionales de la
ciudad.
2. Dirigir la promoción y el diseño y coordinación de mecanismos y estrategias que
permitan fortalecer los intercambios políticos, culturales e institucionales de Bogotá con
las diferentes ciudades, regiones y comunidades a nivel internacional.
3. Asesorar al secretario general en la formulación y ejecución de la política de
relaciones internacionales de Bogotá.
4. Dirigir bajo las orientaciones del secretario general, la concertación en torno a los
procesos de globalización y en las negociaciones de tratados y acuerdos comerciales
y de integración que adelante el gobierno nacional.
5. Dirigir el análisis de las tendencias internacionales de ciudades, regiones y naciones
que le permita a la administración distrital definir las políticas públicas con perspectiva
estratégica en contexto con la globalización.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
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Finalmente, en la empresa Global Mantenimiento & Servicios ocupó el cargo de
jefe de asuntos legales, cuyas funciones estaban relacionadas con:
1. Elaboración y terminación de contratos de los trabajadores.
2. Negociación, revisión y protocolización de los contratos con los clientes.
3. Negociación y adquisición de pólizas de seguros.
4. Contestación de solicitudes, derechos de petición y acciones de tutela.
5. Adelantar las diligencias disciplinarias de los trabajadores.
6. Vinculación de trabajadores.
7. Verificación del cumplimiento de la normatividad laboral, seguridad social, seguridad
industrial, etc.
8. Supervisión del Departamento de Gestión Humana.
9. Supervisión del cumplimiento de las normas internas de la compañía, así como la
legislación nacional.
10. Representación administrativa y judicial de la compañía.
11. Auditor interno de calidad en norma ISO 9000.
12. Adelantar trámites propios del derecho comercial – sociedades ante la Cámara de
Comercio de Bogotá.
Ahora bien, con independencia del lapso en el que desplegó funciones de asesor
o consultor, lo cierto es que, como se indicó previamente, de la valoración de
aquellas no existe duda en cuanto a que no tienen conexión alguna con el área
energética, de modo que, en esas condiciones, se concluye que el demandado
incumplió con el requisito referente a que la asesoría o consultoría para ocupar
el cargo de comisionado experto en asuntos energéticos en la CREG provenga
de ese específico sector.
Otra de las alegaciones del demandado estriba en que se deben aplicar las
equivalencias previstas en el Decreto 1083 de 2015, y en el manual de funciones
de la CREG, contenido en la Resolución 633 de 2021, en el que se establecieron
las calidades para acceder al cargo de comisionado experto, acto administrativo
que goza de presunción de legalidad y, por lo tanto, con fuerza ejecutoria.
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Sobre el particular, el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 201512, establece
que, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las
responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al fijar los
requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán
prever la aplicación de equivalencias en cada uno de los empleos de los niveles:
i) directivo, asesor y profesional y ii) técnico y asistencial.
Así, para los empleos pertenecientes a los niveles directivo, asesor y
profesional, se consagran las siguientes equivalencias:
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
• Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título
profesional; o
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o,
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:
• Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título
profesional; o
• Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional.
Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en
el requisito del respectivo empleo
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
12 El ámbito de aplicación del Decreto 1083 de 2015, incluye a las
unidades administrativas
especiales, como es el caso de la CREG, según lo dispone el artículo 2.2.2.1.1. de dicha
normatividad.
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El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
• Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o
• Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
• Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional.
Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en
el requisito del respectivo empleo.
Por su parte, en la Resolución 633 de 2021 “por la cual se modifica el manual
de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal de la Comisión de Regulación e Energía y Gas, CREG”, se establece
en el artículo 3 que los requisitos de que tratan los diferentes empleos tendrán
las equivalencias entre estudios y experiencia dispuestas en el artículo 2.2.2.5.1
del Decreto 1083 de 2015.
De esa manera, consagra las alternativas para ocupar los empleos en cada uno
de los niveles de acuerdo con la jerarquía y el área funcional.
Para el cargo de experto comisionado, que se ubica jerárquicamente en el nivel
directivo13, se establecen como requisitos, los siguientes:
En el citado acto administrativo no se contemplaron las equivalencias o
alternativas para ocupar el cargo de experto comisionado, en razón a que estas
no son aplicables a los empleos cuyos requisitos estén fijados en forma expresa
en la Constitución o en la ley, tal como lo dispone el artículo 2.2.2.4.10 del
Decreto 1085 de 201314.
13 Resolución 633 de 2021.
14 Decreto 1085 de 2013. Artículo 2.2.2.4.10. Requisitos determinados en normas especiales.
(…) Parágrafo 1. PARÁGRAFO 1. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los
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Adicionalmente, se tiene que si bien dentro las exigencias referentes a la
experiencia se introdujo que la preparación y la experticia técnica deben ser
“preferiblemente” en el área energética, lo cierto es que dicha modificación no
se aviene a la consagración expresa del literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de
la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, de tal
manera que los presupuestos que se deben acreditar para el desempeño del
referido empleo son únicamente los previstos en la mencionada ley, sin que sea
jurídicamente viable utilizar equivalencias o alternativas, como
injustificadamente lo pretende el demandado.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la decisión cuya legalidad
se cuestiona incurrió en la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 5
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en consideración a que el demandado
no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal c),
parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44
de la Ley 2099 de 2021, para ocupar el empleo de comisionado experto de la
CREG, toda vez que el presupuesto de haberse desempeñado como consultor
o asesor, por un periodo igual o superior a seis años, no atendió al criterio de la
especificidad de que las funciones se hubieran desplegado en el sector
energético.
Por consiguiente, comoquiera que se desvirtuó la presunción de legalidad del
acto de nombramiento demandado, se declarará la nulidad del Decreto 1423 del
29 de julio de 2022, por el cual se nombró al señor Andrés Bernardo Barreto
González, en el empleo de experto comisionado de la CREG.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la nulidad del acto de nombramiento de Andrés Bernardo
Barreto González, como experto comisionado, código 0090 de la planta de
personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), contenido en
el Decreto 1423 del 29 de julio de 2022, dictado por el presidente de la República.
diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política, en
la ley y en el presente artículo, se acreditarán los señalados en tales disposiciones, sin que sea
posible modificarlos o adicionarlos en los manuales específicos de funciones y de competencias
laborales.
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SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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