Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04956-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04956-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04956-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
28 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-01
Accionante: Ministerio de Minas y Energía
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 28 de
noviembre de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El Ministerio de Minas y Energía, a través de su Jefe de Oficina Asesora Jurídica1,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de su derecho fundamental
al debido proceso que consideró vulnerado por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en sentencia del 4 de julio de 2024 proferida dentro de la nulidad electoral
11001-03-28-000-2024-00001-00, a través de la cual anuló el acto de
nombramiento de Omar Fredy Prias Caicedo como experto comisionado, código
0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –
CREG.
1.1. Hechos
1.1.1. Germán Lozano Villegas interpuso demanda de nulidad electoral 3 en contra
del acto de nombramiento de Omar Fredy Prias Caicedo en el cargo de experto
comisionado código 0090 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG,
pues consideró que no reunía las calidades y requisitos necesarios para ser
elegible, ya que no cumplió con el criterio reputacional ni con la experiencia en
cargos de responsabilidad, consultoría o asesoría en el sector energético.
1 Según los documentos que obran en el certificado 8AD14AB9CED0E463 87FD793EE15036C2
F67F07762E443D71 3B8761D0841612CC, índice 2.
2 Obra en el certificado E67946B044951D35 4E15CBE1EFC17CE5 A2C8ADC2F84BB800
15D3EBF601DE2FD8, índice 2.
3 Obra en el archivo 002_DemandaWeb_Demanda del certificado 304E22624D988D97 1E6D32DD451B6051
D948151C909F1321 0930672CF0D9ADBA, índice 10.
2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-01
Accionante: Ministerio de Minas y Energía
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
1.1.2. El 4 de julio de 20244, en sentencia de única instancia, la Sección Quinta del
Consejo de Estado accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad
del acto de nombramiento de Omar Fredy Prias Caicedo.
La anterior decisión se fundamentó en que el actor acreditó tener experiencia como
director de proyecto en la Cámara de Comercio de Bogotá, como contratista en
Colciencias para prestar asesoría a la Subdirección de Programas de Innovación y
Desarrollo Empresarial y como asesor técnico y asesor código 1020 grado 12 en la
UPME, entre otras, pero de todas estas posiciones ocupadas, la única que cumplía
con el requisito de ser asesor o consultor en el sector energético era la experiencia
adquirida en la UPME, la cual tuvo un lapso menor a los 72 meses fijados en el
literal c del parágrafo 1° de la Ley 143 de 1994. De esta manera, se consideró:
“96. Con fundamento en lo expuesto, esta Sala de Decisión concluye que la
decisión cuya legalidad se cuestiona incurrió en la causal de nulidad electoral
prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en
consideración a que el demandado no acreditó el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, para ocupar el empleo de
comisionado experto de la CREG, toda vez que el presupuesto de haberse
desempeñado como consultor o asesor, por un periodo igual o superior a seis
años, no atendió al criterio de la especificidad de que las funciones se hubieran
desplegado en el sector energético”5.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante estimó vulnerados sus derechos fundamentales por las
siguientes razones:
1.2.1. Consideró que se configuró un defecto sustantivo, toda vez que la Sección
Quinta del Consejo de Estado atribuyó al literal c del parágrafo 1° del artículo 21 de
la Ley 1143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, unos
requisitos no contemplados en la norma, lo que implicó una interpretación judicial
que endureció injustificadamente las condiciones de acceso al servicio público.
1.2.2. También acusó a la autoridad judicial de incurrir en un defecto fáctico, en
razón de la falta de valoración de la experiencia certificada que demostraba una
4 Obra en el archivo 081Sentencia declara nulidad nombramiento 202400001, ibid.
5 Folio 25, ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04956-01
Accionante: Ministerio de Minas y Energía
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trayectoria en temas energéticos de más de 8.9 años, es decir, mayor a los 6 años
exigidos legalmente.
1.2.3. Estimó que se desconoció el precedente, toda vez que se dio aplicación a lo
considerado en la sentencia con radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00, sin
que esta fuera observable en el caso del señor Prias Caicedo y se omitió emplear
el razonamiento expuesto en la sentencia de radicado 11001-03-28-000-2022-
00211-00 que sí resolvió un problema jurídico análogo al ventilado en el medio de
control aquí cuestionado.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La parte interesada solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR o AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO
PROCESO del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, así como cualquier otro
derecho fundamental que pudo verse afectado con la actuación de la autoridad
judicial accionada.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DE 2024
proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, en el
proceso de nulidad electoral identificado con el radicado 11001-03-28-000-
2024-00001-00 y en su lugar ORDENAR a dicha autoridad judicial PROFERIR
UNA NUEVA DECISIÓN JUDICIAL que atienda las pruebas obrantes en el
proceso, la debida interpretación normativa y el precedente judicial establecido
en las sentencias: (i) sentencia del 2 de febrero de 2023 dentro del proceso con
radicado No. 11001-03-28-000-2022-00211-00 y (ii) sentencia del 27 de abril
de 2023 dentro del proceso con radicado No. 11001-03-28-000-2022-00209-
003 , proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado.”6.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1. Mediante auto del 18 de septiembre de 20247 se admitió la acción de tutela y
se ordenó notificar en calidad de demandada a la Sección Quinta del Consejo de
Estado y se vinculó como terceros con interés a Germán Lozano Villegas y a Omar
Fredy Prias Caicedo8.
6 Folio 10 del certificado E67946B044951D35 4E15CBE1EFC17CE5 A2C8ADC2F84BB800
15D3EBF601DE2FD8, índice 2.
7 Obra en el certificado 78ADBBB9B458642B 8CA289933C11B35C D8970CA9305BE0C0
FE015E1AEEEF03BB, índice 5.
8 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
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2.2. Pese a haber sido debidamente notificados, tanto la demandada como los
vinculados guardaron silencio.
3. Fallo de tutela de primera instancia
El 28 de noviembre de 20249 la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los
derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia del 4 de julio de
2024 emitida por la Sección Quinta de esta Corporación y ordenó que, dentro de
los 20 días siguientes a la notificación del fallo, la autoridad judicial emitiera una
sentencia de reemplazo.
3.1. El juez constitucional de primera instancia consideró que se incurrió en un
desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y, como consecuencia,
en un defecto fáctico y sustantivo.
3.2. Para ello se hizo un recuento sobre lo decidido por la Sección Quinta en las
sentencias del 2 de febrero de 202310 y del 27 de abril de 202311, según las cuales
la mencionada Sección fijó una regla jurisprudencial conforme con la cual, para que
la experiencia como consultor o asesor a efectos de aspirar al cargo de comisionado
de la CREG pueda tenerse en cuenta, esta debe provenir del área energética, estar
referida o relacionada con el sector o tener alguna conexión con esa área.
Así, concluyó que, pese a que la providencia censurada tuvo en cuenta los fallos
mencionados, no dio aplicación a la regla jurisprudencial existente y, en su lugar,
impuso un análisis desde un criterio orgánico, que implicó que, aunque la
experiencia acreditada guardara relación con asuntos de naturaleza energética, no
podía tenerse en cuenta, dado que las organizaciones en las que fue adquirida no
forman parte del sector. Lo anterior resultó contrario a lo ya establecido
jurisprudencialmente, pues la posición adoptada con anterioridad hacía énfasis en
que al momento de evaluar el criterio de experiencia como consultor o asesor, lo
prevalente era la conexidad de las actividades ejecutadas con asuntos energéticos,
9 Obra en el certificado 84F5A0DD52518C95 594624F9771BB82D 45014CD043014A8D
66B1519FDD37E1F6, índice 22.
10 Obra en el certificado F35F40536BBF7D0B 8EFD610A3719A46C BB04796A3CD52D88
A6A59B4FC8225685, índice 46 del expediente 11001032800020220021100.
11 Obra en el certificado E817E661F1308B64 B5343DF72AD5C60B 7C524A492BA349D0
67BE02939E982EF3, índice 59 del expediente 11001032800020220020900.
5
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en sentido amplio. Adicionalmente, el juez ordinario no justificó las razones por las
cuales se apartó de este precedente.
4. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión tomada, la Sección Quinta del Consejo de Estado
presentó12 escrito de impugnación13, mediante el cual aseguró que la decisión
adoptada en primera instancia convirtió al mecanismo de amparo en una instancia
adicional al proceso ordinario; estimó que no existe una posición unificada en
materia del cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo de experto
comisionado y que las sentencias del 2 de febrero de 2023 y del 27 de abril de 2023
fueron ampliamente analizadas por la sala de decisión, al punto en que prevaleció
una posición mayoritaria, pero también existe una minoritaria que se expresó a
través de los correspondientes salvamentos de voto.
En ese sentido, argumentó que, en sede de tutela, el juez constitucional terció en
lo ya discutido por la sala ordinaria, para acoger el criterio minoritario y darle el
alcance de precedente judicial a los fallos del 2 de febrero de 2023 y del 27 de abril
de 2023, pese a que estos se limitan a ser meros antecedentes jurisprudenciales,
toda vez que no cuentan con los mismos supuestos de hecho del caso examinado.
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
5.1. Mediante auto del 12 de diciembre de 202414 se concedió la impugnación.
5.2. El Ministerio de Minas y Energía15 solicitó que se confirmara la sentencia de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado e insistió en que se configuró un defecto
sustantivo, un defecto fáctico y un desconocimiento del precedente.
12 El 9 de diciembre de 2024, según el correo que obra en el certificado 31676B092A026DB8
F53BE8E5C8514F9F 22E9445B78CE66AC B9C880FD5549C15F, índice 29.
13 Obra en el certificado 18DC980DD5107723 EB7698A31CD9277D DAE8C625B012646B
9BB00BA11BEAB917, índice 29.
14 Obra en el certificado 753E642C1DF87F30 AD0C3338DD85E1AB 26931082A7971335
1158826E5ED94417, índice 34.
15 Obra en el certificado E7621D9927C13692 1ED97B9861820D96 353948AEE890FA40
6A3AF2701815A51A, índice 4 de segunda instancia.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
No. 080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 28 de noviembre de 2024 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.
3. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
3.1. La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción
de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de
rigurosos requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17, con el fin de determinar
si se vulneraron o no los derechos de orden superior.
Así mismo, el Alto Tribunal ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”18.
16 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
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En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de
aquellos y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales”.
Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales”.
3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
del debate planteado ante el juez ordinario de la nulidad electoral 11001-03-28-000-
2024-00001-00, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se
explicará.
3.3. El Ministerio de Minas y Energía alegó, en esencia, que la Sección Quinta
incurrió en un defecto sustantivo, fáctico y en desconocimiento del precedente, toda
vez que impuso unos requisitos adicionales al considerar que Omar Fredy Prias
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Caicedo debía acreditar una experiencia obtenida por actividades desarrolladas
únicamente en el sector energético.
3.4. Al respecto, se encuentra que, dentro de la contestación de la demanda21
ordinaria, la parte tutelante ya había planteado el anterior debate, pues señaló:
“Es así como, el operador de la norma no puede establecer requisitos
adicionales a los consagrados de manera clara y expresa, de tal forma que no
sean viables interpretaciones de las cuales se deriven requerimientos distintos
a los previstos en la literalidad de la disposición respectiva.
(...)
En este sentido, la interpretación de los requisitos para el ejercicio de un cargo
público debe realizarse restringiendo la posibilidad de extender o incluir
exigencias no incorporadas por el legislador, por lo que el demandante no
puede darle interpretaciones adicionales, a fin de evitar interpretaciones
extensivas que afecten el correcto funcionamiento de la administración pública.
Por lo tanto, no es conforme a derecho que el demandante en su escrito
interpretara que en el requisito “Contar con una reconocida preparación y
experiencia técnica” deba referirse a un aspecto reputacional, de renombre o
reconocido por un grupo de personas, más cuando el propio Consejo de
Estado ha establecido que esta expresión debe entenderse como la necesidad
de presentar las respectivas certificaciones o documentos equivalentes para
acreditar la preparación y experiencia exigida, y no como un elemento que se
mida en punto de la opinión de una comunidad o grupo de personas
determinadas, lo cual incluso se refleja en la definición de la RAE de la palabra
reconocida que incluye el demandante, con el significado “acreditado”.
(...)
Es por ello que, la interpretación que hizo el demandante al establecer
requisitos adicionales a los consagrados de manera clara y expresa, se aparta
de los postulados de garantizar el derecho al acceso a la carrera pública, la
seguridad jurídica, confianza legítima y principio de legalidad que rige la
función pública todo lo anterior en armonía con las garantías de los aspirantes
al ejercicio de la función pública y de interpretaciones que restrinjan el acceso
a la misma, por lo cual, no encuentra esta cartera ministerial que haya sido
infringido el requisito de contar con una reconocida preparación y experiencia
técnica como lo alega el demandante”22.
Adicionalmente, se observa que, en la sentencia del 4 de julio de 2024, la Sección
Quinta del Consejo de Estado expuso los siguientes razonamientos:
“c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un
21 Obra en el archivo 08_02_2024 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA de la carpetat 025 Memorial y anexos
del certificado 304E22624D988D97 1E6D32DD451B6051 D948151C909F1321 0930672CF0D9ADBA, índice
10.
22 Folios 5 – 7, ibid.
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período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o
asesor por un período igual o superior.
43. Este último requisito contempla dos supuestos para acceder al cargo de
experto comisionado. De una parte, se debe acreditar en forma concurrente, -
según la redacción de la norma-, la adquisición de i) preparación académica y
ii) la experiencia técnica en el sector energético, al igual que el iii) desempeño
en cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas a nivel nacional
o internacional, reiterando que estas deben formar parte del sector en mención.
(...)
46. Nótese que ese último apartado de la disposición normativa no consagra en
forma expresa que la acreditación de la experiencia como consultor o asesor
deba haberse obtenido en el sector energético, como sí lo reitera la primera
alternativa del texto.
47. No obstante, al realizar una interpretación sistemática y teleológica, es claro
que el requisito en comento debe leerse en conjunto con el primer
condicionamiento, por manera que la experiencia en la consultoría o asesoría
tiene que provenir del área energética y no de otro sector de la economía,
pues un razonamiento en ese sentido vaciaría de contenido la disposición,
aunado a que no atendería al objeto y funciones de la CREG.
48. Por consiguiente, el verdadero sentido del supuesto normativo apunta a que
los requisitos de conocimientos y experiencia técnica, así como los referentes
a la consultoría o asesoría deben estar circunscritos al sector energético.
49. Ahora bien, en la sentencia del 27 de abril de 2023, esta Sala al resolver un
asunto de similares bases fácticas y conceptuales al que se analiza en esa
oportunidad, relacionó los elementos descriptivos que componen los
requisitos fijados en el primer supuesto de la norma, en el siguiente sentido:
(...)
50. En relación con la exigencia que contempla el primer supuesto de la norma
para ocupar el empleo de experto comisionado, atinente a haber
desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas
del sector energético, en la providencia citada se indicó que es necesario
verificar la ubicación del cargo y sus funciones en la entidad pública o privada
del sector energético nacional o internacional, para de esta forma establecer
si se trata de un empleo que implique responsabilidad.
51. Para determinar qué comprende el sector energético, desde un punto de vista
funcional, según el Decreto 1073 de 2015 [p]or medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de minas y energía],
se encuentra que está conformado, en el nivel central, por el Ministerio de
Minas y Energía, a la cabeza, y en el sector descentralizado, por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas (IPSE), el Servicio Geológico Colombiano, y la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME).
52. Como entidades vinculadas se encuentran: Ecopetrol SA, Interconexión
Eléctrica SA ESP – ISA SA ESP, Isagen SA ESP, Electrificadora del Huila SA
ESP – Electrohuila SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP –
Electrocaquetá SA ESP, Electrificadora del Meta SA ESP – EMSA SA ESP,
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Accionante: Ministerio de Minas y Energía
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP – Cedelca SA ESP, Centrales
Eléctricas de Nariño SA ESP – Cedenar SA ESP, Empresa Distribuidora del
Pacífico SA ESP – DISPAC SA ESP, Empresa Multipropósito Urrá SA ESP –
Urrá SA ESP, Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina SA ESP – EEDAS SA ESP, Generadora y
Comercializadora de Energía Eléctrica del Caribe SA ESP – Gecelca SA ESP,
Gestión Energética SA ESP – Gensa SA ESP, Empresa de Energía del
Amazonas SA ESP – EEASA ESP y la Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica – Corelca SA ESP en liquidación.
53. Por otro lado, desde un punto de vista económico, se encuentran las
actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad, conforme con lo señalado en la Ley 143 de
1994.
54. Asimismo, en cuanto al aspecto institucional, es decir, el que comprende las
entidades del Estado que, según el Decreto 1073 de 2015 abordan los
asuntos energéticos, se precisó en la sentencia del 27 de abril de 2023 que,
además de las enlistadas en la norma, existen una serie de organizaciones
que no tienen el carácter de gubernamentales, pero que desempeñan sus
labores en el sector energético como, por ejemplo, la Agencia Internacional
de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, entre otras.
55. Respecto del segundo evento que contempla la norma -haberse
desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior a seis
años-, se reitera que la Sala fijó la postura consistente en que, al realizar una
interpretación sistemática y teleológica de la norma, «es claro que el requisito
en comento debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento, por
manera que la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que provenir del
área energética y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento en
ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería
al objeto y funciones de la CREG.
(...)
57. Por su parte, en la sentencia del 27 de abril de 2023, para efectos de
determinar si la demandada cumplía o no con el requisito de haberse
desempeñado como consultora o asesora por un periodo igual o superior a
seis años, se valoró la experiencia adquirida en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en el cargo de asesor 1020 grado 08 – Dirección General de
Política Macroeconómica, y se concluyó que esa cartera ministerial no
pertenece al sector energético ni se trata de una entidad no gubernamental
que adelante actividades en este ni es una empresa privada que adelante
alguna actividad que componga la cadena de los energéticos, razón por la
cual las funciones realizadas como asesora no se correspondían con la
exigencia de la norma.
(...)
69. Al respecto, se advierte que, para efectos de acreditar que el demandado
ocupó cargos de responsabilidad, se aportó con la contestación de la
demanda un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, calendado 4
de julio de 2012, en el que se indica que el señor Prias Caicedo suscribió el
contrato de prestación de servicios profesionales 4600002712-2009, con un
plazo de ejecución desde el 29 de abril de 2009 hasta el 14 de octubre de
2012, cuya función era «dirigir el proyecto para el desarrollo del Convenio
Promoción de Oportunidades de Mercado en Energías Limpias y Eficiencia
Energética acorde con las metas y objetivos del mismo y, como tal, deberá
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planear, dirigir, formular metodologías, dar conferencias y supervisar las
actividades necesarias para el cabal desarrollo del proyecto».
(...)
71. En ese sentido, la experiencia que demuestra podría ser contabilizada como
consultor o asesor. No obstante, las cámaras de comercio, según lo previsto
en el artículo 78 del Decreto 410 de 1971, [p]or el cual se expide el Código de
Comercio, «son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas
por el Gobierno Nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del
territorio donde hayan de operar. Dichas entidades serán representadas por
sus respectivos presidentes».
(...)
73. En ese contexto, se advierte que la Cámara de Comercio de Bogotá, en la
que fue contratista, no forma parte del sector energético. Sobre el punto, se
pone de presente que, si bien el proyecto objeto del contrato está relacionado
con asuntos energéticos, tal actividad no se desplegó en una entidad pública
o privada de ese específico sector, de acuerdo con la interpretación realizada
por esta Sección del literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de
1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
74. Por consiguiente, con la experiencia adquirida en virtud del contrato de
prestación de servicios profesionales suscrito con la Cámara de Comercio de
Bogotá no se cumple el presupuesto de haber ocupado un cargo de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético.
Tampoco se acredita la experiencia como asesor o consultor, dado que, como
se explicó en el marco conceptual, la entidad en la que se prestó la asesoría
o consultoría debe relacionarse con ese específico sector de la economía. En
ese orden, el tiempo de experiencia que obtuvo con ocasión del contrato, el
cual tuvo una duración de 42.13 meses y en años de 3.511, no se computa
para el cumplimiento del segundo evento del artículo en referencia.
(...)
76. Al respecto, se encuentra que en la certificación de cumplimiento de requisitos
a la que se ha hecho referencia se indicó que la experiencia como consultor
o asesor en el sector y nivel energético se acreditó por parte del demandado
al haberse desempeñado como tal en Colciencias, en la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) y en la Organización de las Naciones
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
77. Según la constancia expedida por el secretario general de Colciencias, el
señor Omar Fredy Prias Caicedo suscribió cuatro contratos de prestación de
servicios profesionales, cuyos objetos consistieron en «prestar asesoría a la
Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo Empresarial de
Colciencias en la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las
actividades requeridas por el Programa Nacional de Investigaciones en
Energía y Minería, y que están dirigidas a actualizar y desarrollar el plan
estratégico del programa y a desempeñar la función de la Secretaría Técnica
y Administrativa del mismo». El término de duración de cada contrato fue el
siguiente:
(...)
78. Al respecto, se destaca que, aunque la experiencia como asesor estuvo
relacionada con la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación en el
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marco del Programa Nacional de Investigaciones en Energía y Minería,
actividad que guarda relación con asuntos de naturaleza energética, lo cierto
es que Colciencias, era un departamento administrativo, actualmente
fusionado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que es
claro que no forma parte del sector energético, como lo exige la normativa
que contempla los requisitos para acceder al cargo de experto comisionado.
(...)
80. Y, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2162 de 2021, «el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación es un organismo del sector central de la
rama ejecutiva en el orden nacional, rector del sector y del Sistema de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), encargado de formular, orientar,
dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en
esta materia, teniendo concordancia con los planes y programas de desarrollo
(…)».
81. Así pues, la función que desarrolla Colciencias no tiene conexidad alguna con
el sector energético, requisito este que debe ser concurrente con la actividad
que se realice para el cumplimiento del requisito de especificidad que
consagra el literal c), parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021. En consecuencia, la
experiencia del demandado como asesor en la entidad no puede ser tenida
en cuenta para efectos de cumplir con la exigencia de la norma.
82. Igualmente, en la certificación de cumplimiento de requisitos se señaló que el
demandado fungió como asesor técnico y asesor código 1020, grado 12 en la
UPME. En el primero de los citados cargos brindó asesoría en el uso racional
y eficiente de energía en la Unidad de Coordinación del Organismo Ejecutor,
desde el 1º de julio de 1999 hasta el 15 de agosto de 2001. Y, en el segundo,
tuvo como función asesorar la evaluación socioeconómica de los planes,
programas y proyectos en materia de uso racional deéc los recursos
energéticos, en el periodo comprendido entre el 12 de febrero de 1998 hasta
el 30 de junio de 1999, para un total de experiencia en meses de 42.64.”23.
3.5. Luego de relatado lo que precede, esta Sala difiere de la conclusión a la que
llegó el juez constitucional de primera instancia, pues resulta evidente que la parte
accionante pretende utilizar la solicitud de amparo como si se tratara de una
instancia adicional, en razón a que es claro que las dos sentencias que estimó
desconocidas fueron analizadas y citadas dentro de la providencia atacada, así
mismo, el juez ordinario examinó los certificados de experiencia y le otorgó a cada
uno un valor probatorio para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos
legales para acceder al cargo dentro de la CREG, de conformidad con la ley y la
jurisprudencia aplicable.
3.6. Adicionalmente, esta Subsección considera que el vicio por desconocimiento
del precedente al que se accedió, no corresponde al denunciado por el actor.
23 Folios 11 – 22 del certificado 5953BCA13E5BE4A7 E27BEECE70AE52C9 DBCADD0141EC3470
300EFFBE51BAEC6D, índice 64 del expediente 11001032800020240000100.
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Ciertamente, en la demanda tuitiva presentada a través de un profesional del
derecho, se señaló que la sentencia del 27 de abril de 2023 emitida al interior del
radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00, por el hecho de haberse pronunciado
respecto a una demanda de nulidad electoral en contra de una persona designada
como comisionada de la CREG: “no convierte la providencia en un precedente
aplicable al caso del señor PRIAS CAICEDO”24.
En ese orden, el fundamento para declarar configurado el desconocimiento del
precedente no debía ser una sentencia que el tutelante tildó, de forma explícita,
como inaplicable en su caso concreto. Contrario a lo último, el a quo constitucional
estimó que la postura adoptada en el fallo del 27 de abril de 2023 era una reiteración
de la jurisprudencia contenida en el fallo del 2 de febrero de 2023, sin explicar la
razón por la cual ello sería así, pese a la contradicción entre el fundamento de su
decisión y lo pedido por el interesado.
3.6.1. Sumado a lo anterior, una vez revisadas las consideraciones de la
providencia en mención ––del 27 de abril de 2023–– se encuentra que en aquella
ocasión se declaró la nulidad del acto de elección de Natasha Avendaño García en
el cargo de experta comisionada código 0090 de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas, quien tenía estudios en el área de la economía y las políticas
públicas. Así, luego de considerarse que la demandada sí tenía una profesión
dispuesta por la norma para acceder al cargo, se analizaron las funciones que
desempeñó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para determinar que, solo en la última entidad en mención, pudieron
tener relación con el sector energético25. Finalizado este recuento, es claro que la
posición adoptada en dicha oportunidad por la Sección Quinta podría soportar la
tesis sostenida por el tutelante, pero dentro de su argumentación, específicamente
expresa que esta providencia no cuenta con los mismos supuestos ni resulta
aplicable a su caso concreto.
3.6.2. En ese sentido, el cargo mencionado pudiera haberse entendido solo frente
al fallo del 2 de febrero de 2023 emitido al interior del radicado 11001-03-28-000-
24 Folio 29 del certificado E67946B044951D35 4E15CBE1EFC17CE5 A2C8ADC2F84BB800
15D3EBF601DE2FD8, índice 2.
25 Obra en el certificado E817E661F1308B64 B5343DF72AD5C60B 7C524A492BA349D0
67BE02939E982EF3, índice 59 del expediente 11001032800020220020900.
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2022-00211-00, toda vez que se encuentra que en la demanda tuitiva se estimó
que esta providencia “sí ofrece tanto un patrón fáctico como un problema jurídico
análogo al ventilado en el caso del nombramiento del señor OMAR FREDY PRÍAS
CAICEDO”26.
En este punto es necesario precisar que la mencionada providencia declaró la
nulidad del nombramiento de un abogado como experto comisionado código 0090
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con una determinada experiencia
profesional que no es compatible con la del demandado en el proceso ordinario, de
manera que no se podría afirmar que se trata del mismo presupuesto fáctico del
aquí analizado, toda vez que Omar Fredy Prias Caicedo ostenta el título de
ingeniero eléctrico y cuenta con unos antecedentes laborales específicos de su
carrera.
3.6.3. Además, la sentencia del 2 de febrero de 2023, en los términos del artículo
1027 y del artículo 27028 del CPACA, no tiene la calidad de ser una sentencia de
unificación, de sus consideraciones no se puede derivar la expresa intencionalidad
de la Sala ordinaria de unificar algún tema por su importancia, trascendencia
económica, social o para superar una divergencia de interpretación o aplicación,
así como tampoco fue emitida durante el trámite de un recurso extraordinario o de
un mecanismo eventual de revisión.
3.6.4. En ese sentido, si la parte demandante estimó desconocida una regla
jurisprudencial debió señalar con claridad el precedente vinculante para el juez
ordinario, en lugar de aportar otra sentencia de un caso que consideró similar, pero
que, por un lado, no tenía virtualidad para obligar a la Sección Quinta a seguir su
misma línea argumentativa y, por el otro, fue usada en la providencia censurada
26 Folio 31 del certificado E67946B044951D35 4E15CBE1EFC17CE5 A2C8ADC2F84BB800
15D3EBF601DE2FD8, índice 2.
27 “Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. <artículo condicionalmente
exequible> al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos
fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta
las sentencias de unificación jurisprudencial del consejo de estado en las que se interpreten y apliquen dichas
normas”.
28 “Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. <artículo modificado por el artículo 78 de la ley 2080
de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> para los efectos de este código se tendrán como sentencias de
unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el consejo de estado por importancia jurídica o
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia precisar su alcance o
resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios
y las relativas mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36a de la ley 270 de 1996, adicionado por
el artículo 11 de la ley 1285 de 2009”.
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como un mero antecedente judicial. Con todo, anota la Sala que la determinación
del precedente aplicable le corresponde al juez natural que, en este caso, es el
tutelado.
3.6.5. De esta manera, fuerza concluir que la solicitud de amparo está destinada a
plantear un desacuerdo frente a las conclusiones a las que arribó el juez natural de
la causa y a definir la posición jurisprudencial que la Sección Quinta debió adoptar
para el caso concreto, lo que implicaría que este juez constitucional usurpara las
funciones del juez de la nulidad electoral, máxime cuando resulta claro que dentro
de la resolución del asunto ordinario existió tanto una posición mayoritaria como
una minoritaria al interior de dicha Sala de Decisión.
3.7. En ese orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar de
manera genérica la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.
3.8. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada29, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario30.
4. Con fundamento en las razones expuestas, se revocará el fallo impugnado para,
en su lugar, declarar improcedente la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
29 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
30 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 28 de noviembre de 2024
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado para, en su lugar,
DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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