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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1424 del 29 de julio de 2022 por medio del cual se nombró a la señora Natasha Avendaño García en el cargo de experta comisionada, código 0090, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no procede recurso alguno. TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

27 de abril de 2023

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00209-00 acumulado
Demandantes: Diana Sofia Rubiano Medina y otro
Demandado: Natasha Avendaño García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00209-00 (principal)
11001-03-28-000-2022-00306-00 (acumulado)
Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otro
Demandada: Acto de nombramiento de Natasha Avendaño García
como experta comisionada código 0090 de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Temas: Funciones de la CREG. Interpretación de los requisitos
para el acceso al cargo de experto comisionado de la
CREG. Procedencia de la equivalencia entre estudios y
experiencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar fallo de única instancia en
el medio de control de la referencia.

I. ACTUACIONES PROCESALES

1.1. Demanda presentada en el expediente 2022-00209-001

1. La ciudadana Diana Sofia Rubiano Medina, actuando en nombre propio, interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, en la cual solicitó:

“La nulidad del acto administrativo por medio del cual el entonces Presidente de la
República nombró a NATASHA AVENDAÑO GARCÍA como experta en asuntos
energéticos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, contenido en el Decreto
1424 del 29 de julio de 2022”

1.1.1. Hechos

2. Relató la accionante que el presidente de la República realizó el nombramiento de
la señora Natasha Avendaño García en el cargo de experta comisionada, código
0090, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -en adelante CREG o la
Comisión-, a través del Decreto 1424 del 29 de julio del 2022.

1
M.P: Rocío Araújo Oñate.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00209-00 acumulado
Demandantes: Diana Sofia Rubiano Medina y otro
Demandado: Natasha Avendaño García

3. Mencionó que la designada no cumple con los requisitos exigidos para el efecto,
en tanto no cuenta con la preparación y experiencia técnica en el área energética, ni
acreditó haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a 6
años; o de consultora o asesora por un término igual o superior.

1.1.2 Concepto de la violación

4. En síntesis, la demandante consideró que se desconoció el literal c) del parágrafo
1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099
de 2021, el cual establece los requisitos antes mencionados, configurándose la
causal de nulidad establecida en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del
2011.

5. En cuanto hace al primer evento del literal c) del parágrafo primero del artículo 21
de la Ley 143 de 1994 -contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el
área energética-, señaló que debe entenderse por preparación técnica la adquisición
de conocimientos que tengan dicha condición en asuntos energéticos, lo cual implica
que debe ser en ciencias básicas -biología, física, geología, matemáticas, entre otros-
y ciencias aplicadas, como la ingeniería. Precisó entonces, que experiencia técnica es
aquella que conlleva la aplicación del tipo de conocimiento precisado anteriormente.

6. Adicionalmente, resaltó que la preparación y experiencia técnica, debe ser
reconocida, lo que en sus términos implica que sea acreditada, reputada y
distinguida.

7. Consideró así mismo que, por asuntos energéticos, debe entenderse que son
aquellos que se refieren a aspectos relativos a la energía eléctrica, gas combustible y
combustibles líquidos, lo anterior, partiendo que el cargo es el de experto
comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

8. En relación con el segundo evento -haber desempeñado cargos de responsabilidad en
entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período
superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período
igual o superior- manifestó que solo se puede acreditar dicha condición cuando se
labora en las entidades que hagan parte de alguno de los tres subsectores antes
mencionados. Frente a las funciones de asesoría o consultoría, indicó que aquellas
deben ser en los asuntos energéticos del resorte de la comisión precisados en el
párrafo precedente.

9. Señaló que revisada la historia laboral de la demandada publicada en la plataforma
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP II-, se evidencia que no
se acredita el cumplimiento de los requerimientos referidos, en tanto:

“Carece de preparación técnica, pues sus estudios se limitan al área de la economía y
las políticas públicas. Carece de experiencia técnica, pues su trayectoria laboral se ha

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Demandado: Natasha Avendaño García

circunscrito a ciertas áreas de la hacienda pública y la vigilancia y control en temas de
servicios públicos.

Carece de reconocimientos como experta en asuntos energéticos. No ha desempeñado
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético,
nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años.

No se ha desempeñado como consultora o asesora en asuntos energéticos por un
período superior a seis (6) años.”

1.1.3 Trámite relevante

10. En decisión del 15 de septiembre de 2022, la Sala admitió la demanda y denegó
la suspensión provisional de los efectos del acto acusado. Mediante auto del 8 de
noviembre de 2022, se ordenó remitir el proceso para su eventual acumulación.

1.1.4. Contestaciones

11. La demandada, actuando a través de su apoderado judicial2, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, porque no se demostró la ocurrencia de las
irregularidades que soportan las pretensiones de la demandante.

12. Luego de analizar cada uno de los requisitos para acceder al empleo3, señaló
que frente a ellos acreditó su cumplimiento, así.

• Ser ciudadana: Con la presentación de su cédula de ciudadanía.

• Formación profesional: La demandada es economista, por ello sostuvo que
el legislador habilitó que personas con diferentes perfiles profesionales
pudieran ser expertos comisionados de la CREG, conforme el literal b) de la
norma que se aduce desconocida.

De esta manera, para el cumplimiento de este requisito se deberán presentar
los títulos de educación superior en la modalidad profesional correspondiente a
ingeniería, economía, administración de empresas o similares y derecho; así
como estudios de posgrado los cuales pueden corresponder a especialización,
maestría, doctorado y/o posdoctorado.

• Reconocida preparación y experiencia técnica: Para acreditar la
experiencia técnica y laboral, cada aspirante deberá presentar la
documentación que considere suficiente y que permita realizar la evaluación

2
Señor Juan Carlos Bejarano Rodríguez, portador de la tarjeta profesional 77.891 del Consejo Superior de la Judicatura.
3
Artículo 21 Comisión de Regulación de Energía y Gas — CREG. La Comisión de Regulación de Energía y Gas se
organizará como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía (…) Parágrafo 1. Los expertos deberán
reunir las siguientes condiciones: a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio; b) Tener título universitario en ingeniería,
economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado; y c) Contar con una reconocida
preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un periodo superior a seis (6) años; o haberse
desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior.

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Demandado: Natasha Avendaño García

de los requisitos y competencias exigidos expresamente en las normas, en los
términos del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 20154.

El funcionario encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos está
obligado a acatar la Ley 143 de 1994 y los manuales de funciones adoptados
en cada entidad.

Para el caso concreto esta normativa se complementaba con lo dispuesto en
la Resolución No. 633 de 2021 de la CREG, mediante la cual se modificó el
manual de funciones y competencias laborales para los empleos de su planta
de personal.

Señaló que el artículo 3° del Manual de Funciones, acto que goza de
presunción de legalidad y que hace parte del bloque normativo a tenerse en
cuenta para realizar el análisis de hoja de vida y la vinculación de los expertos
comisionados de la CREG, estableció que son aplicables las equivalencias
para la acreditación de estudios y experiencias en los términos del artículo
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

“Lo cual … permite concluir que fue un acto propio de la entidad hacer efectiva y
aplicar la equivalencia de estudios por experiencia profesional al cargo de Experto
Comisionado.”

Luego de todo lo reseñado, para acreditar este requisito, sostuvo que la
demandada durante su paso por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, tal y como consta en las diferentes certificaciones que hacen parte de
los antecedentes administrativos, asesoró “al viceministro técnico en asuntos
relacionados con la planeación macroeconómica, consolidación del marco fiscal de
mediano plazo, estimaciones correspondientes al PIB nacional y al presupuesto
general de la Nación, aspectos que sin lugar a dudas tienen en cuenta conocimientos
y consideraciones relacionadas, entre otras con el sector energía, minero, de
consumo, entre otros. Es así como ejecutó procesos misionales tales como “Definición
de Supuestos macroeconómicos y análisis de variables de los sectores” y
“Elaboración y Distribución del marco fiscal de mediano plazo” en los cuales su
interrelación con los aspectos materiales que desarrolla la CREG es innegable
(regulación, análisis sectoriales, etc.). A la presente respuesta se anexan dichos
procesos vigentes en la actualidad en el Ministerio”.

En su paso por la DIAN, sus funciones se concretaron en aspectos como la
definición del plan táctico de la entidad y el desarrollo del proceso de
inteligencia corporativa, para los cuales se requiere ser conocedor de
profundos aspectos del mercado energético y minero dentro de un contexto
macro.

4
Artículo 2.2.5.1.5. Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos. Corresponde al jefe de la unidad
de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe el nombramiento: 1. Verificar y certificar que el aspirante cumple
con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los
manuales de funciones y de competencias laborales. (…) (se resalta).

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Demandado: Natasha Avendaño García

Concluyó con el siguiente cuadro resumen, la acreditación de los requisitos del
empleo, a saber:

13. Indicó que la demandada cumple con los requisitos de acceso al empleo,
manifestando que la valoración que hizo la demandante se sustentó en la
documentación que obra en el SIGEP, que no fue la aportada al nominador para
efectuar su nombramiento.

14. Sostuvo que los reparos expuestos por la parte actora en su escrito, en realidad
se encuentran enfocados a cuestionar la interpretación y alcance normativo de los
requisitos contenidos en la Ley 143 de 1994, modificados por la Ley 2099 de 2021
para el ejercicio del cargo de experto comisionado en la CREG. Con lo anterior, a su
juicio, no solo se evidenciaría una indebida escogencia del medio de control, sino una
limitante para el estudio de fondo de su escrito de demanda, por cuanto funda su
solicitud de declaratoria de nulidad en un alcance interpretativo que escapa a lo
reglado por el legislador.

15. Destacó que conforme con las normas que rigen el sector, esto es el Decreto
1260 de 20135, para entender con parámetros ciertos el alcance y objeto de la CREG,
se deben analizar los artículos 2 y 4 idem, que señalan que esta deberá: i) regular los
monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica y gas combustible cuando la competencia no sea posible; ii) promover la
competencia entre quienes presten el servicio público, para que las operaciones de

5
“Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).”

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los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, iii) esto
para evitar los abusos de la posición dominante y que se produzcan servicios de
calidad; iv) expedir la regulación económica para las actividades de la cadena de
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos en los términos legales; v) regular
el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, donde se busque la
liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia; vi) realizar el
planeamiento y la coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y
para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible;
vii) fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible, entre otros.

16. De lo enunciado expuso que, a diferencia de lo señalado en el escrito de
demanda, las competencias de la CREG si bien tienen una connotación técnica
ligada al sector energético, lo cierto es que su campo de acción no se limita a estos
aspectos, sino también a consideraciones de servicios públicos domiciliarios, de
mercado, regulatorios y de orden económico relacionados con el funcionamiento del
sector en el país.

17. Concluyó que “… la función de las Comisiones de Regulación no es exclusivamente
entender aspectos técnicos de la energía o la minería, o en general de los servicios públicos,
es aplicar una serie de conocimientos especializados sobre mercados, formación de precios,
variables macro y microeconómicas a la forma como se transan esos bienes dentro de un
mercado. La búsqueda de este conocimiento y su aplicación al sector energético no es
consecuente con las restricciones que la demanda pretende endilgar a la legislación”.

18. Los apoderados del Ministerio de Minas y Energía y del presidente de la
República se limitaron a aportar los antecedentes administrativos del acto
demandado.

1.1.5 Traslado de las excepciones

19. En el término respectivo, la parte actora sostuvo que las excepciones
presentadas son de mérito y con ellas no se logró desvirtuar los cargos del escrito
introductorio.

1.2. Demanda presentada en el expediente 2022-00306-006

20. La ciudadana Guisel Astrid Corredor Galvis, actuando en nombre propio,
presentó demanda en la cual cuestionó la legalidad del acto de nombramiento de
Natasha Avendaño García como experta comisionada, código 0090, de la planta de
personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

1.2.1 Hechos

21. Lo expuesto en este acápite es similar al medio de control detallado en el

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M.P: Rocío Araújo Oñate.

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expediente 2022-00209-00.

1.2.2. Concepto de la violación

22. Consideró que se desconoció el artículo 47 de la Ley 2099 de 2021, que modifica
el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en punto de los requisitos para el acceso al
cargo de experto comisionado de la CREG7.

23. Sobre dicho particular, señaló que la nombrada no cumple con la exigencia de
contar con experiencia técnica en el sector energético, en la medida en que sus
labores profesionales se han desempeñado en el Banco de la República, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así
como en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

24. De otra parte, refirió como desconocido el artículo 44.1 de la Ley 142 de 19948.
Concluyó que se configuran los supuestos de la norma antes señalada, en atención a
que la señora Natasha Avendaño García, en su condición previa de superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios, decretó la liquidación de ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P., así como adelantó investigaciones e impuso sanciones en diversos asuntos,
lo que implica que tendrá que declararse impedida en varios aspectos que conocerá
como comisionada experta de la CREG.

25. Finalmente, alegó la vulneración del artículo 21 de la Ley 2099 de 20219, del cual
se deriva que la experiencia técnica se requiere para el cabal cumplimiento de la
función constitucional y legalmente asignada a la entidad.

1.2.3 Trámite relevante

22. En providencia del 15 de noviembre del 2022, se dispuso, entre otros, rechazar
parcialmente la demanda en cuanto hace al cargo por desconocimiento del artículo
44.1 de la Ley 142 de 1994, en la medida en que no fue atendido el requerimiento
efectuado en el auto inadmisorio10. En decisión del 7 de diciembre de 2022 se admitió
la demanda y se negó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado.
El 19 de enero de 2023, se negó la reposición de la negativa de decretar la cautelar y,
el 6 de febrero de 2023 se remitió para estudio de acumulación.

1.2.4. Contestaciones

7
“c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a
seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior”
8
“ARTÍCULO 44. Conflicto de intereses; inhabilidades e incompatibilidades. Para los efectos del funcionamiento de las
empresas de servicios públicos y de las autoridades competentes en la materia, se establecen las siguientes inhabilidades e
incompatibilidades: 44.1. Salvo excepción legal, no podrán participar en la administración de las comisiones de regulación y
de la Superintendencia de Servicios Públicos, ni contribuir con su voto o en forma directa o indirecta a la adopción de sus
decisiones, las empresas de servicios públicos, sus representantes legales, los miembros de sus juntas directivas, las
personas naturales que posean acciones en ellas, y quienes posean más del 10% del capital de sociedades que tengan
vinculación económica con empresas de servicios públicos”.
9
“La Comisión contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo con lo que ella misma determine y tendrá regímenes especiales en materia de contratación, de
administración de personal, de salario y de prestaciones y gozaré de autonomía presupuestal”.
10
Por no precisar el concepto de la violación.

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23. La demandada no contestó.

24. Los apoderados del Ministerio de Minas y Energía y del presidente de la
República aportaron los antecedentes administrativos del acto demandado.

1.3. Auto que da trámite a la sentencia anticipada

25. En providencia del 9 de marzo del 2023, el despacho conductor del proceso fijó el
litigio, decretó prueba y dispuso dar trámite a la figura de la sentencia anticipada, en
los términos del artículo 182A de la Ley 1437 del 2011, para lo cual se ordenó correr
traslado para que las partes e interesados para alegar de conclusión, así como al
Ministerio Público para que dictara su concepto.

1.4. Alegatos de conclusión

26. Diana Sofía Rubiano Medina (Exp. 2022-00209-00). La demandante solicitó
acceder a las pretensiones del medio de control del asunto. Reiteró que conforme a lo
señalado en el literal c) parágrafo primero del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, quien
acceda al cargo de experto en asuntos energéticos debe cumplir una serie de
requisitos personales, profesionales y de experiencia específica en esa área.

27. Señaló que si bien la demandada cumple con los requisitos relativos a ser
colombiana de nacimiento, así como los títulos profesionales y de posgrados
correspondiente, lo cierto es que de las pruebas aportadas al proceso,
especialmente, de los antecedes del acto cuestionado, se tiene que la señora
Natasha Avendaño García no cumple con los requisitos de preparación y experiencia
técnica, así como tampoco ha desempeñado cargos de responsabilidad en el sector
energético nacional o internacional o actividades de consultoría o asesoría por un
período igual o superior.

28. Manifestó que las certificaciones laborales respecto de los cargos ocupados en el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, “acreditan que la experiencia es en área de la economía, políticas
públicas, hacienda pública, vigilancia y control en temas de servicios públicos, siendo evidente
que NO tiene preparación y experiencia técnica en el área energética, ni en el sector
energético.”

29. Consideró que a la misma conclusión se arriba si se observan los requisitos
establecidos en el manual de funciones de la CREG.

30. Indicó entonces que el experto comisionado de la CREG debe contar con
experiencia detallada o específica, que le permita desempeñar el cargo y las
funciones de la entidad. Ello, en el marco de las consideraciones efectuadas por la

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Sala en la sentencia del 2 de febrero del 202311, en donde se indicó que la referida
entidad tiene una función técnica, especializada y específica de regulación del sector
de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.

31. De otra parte, resaltó que no se puede confundir el contar con uno de los títulos
universitarios que consagra, por ejemplo, en economía, con la obligación de cumplir
con el requisito de preparación y experiencia técnica. Sobre este punto, manifestó:

“Así las cosas, respecto del cuestionamiento realizado por el Despacho la norma es clara
que los profesionales de ingeniería, economía, administración de empresas o similares,
derecho (artículo 21 de la Ley 143 de 1994 modificado por el artículo 44 de la Ley 2099
de 2021, en su parágrafo 1, inciso b), pueden acceder al empleo porque cumplen con
una de tres las condiciones señaladas por las normas; sin embargo también se debe
demostrar que cumple con la condición señalada en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en su parágrafo 1, inciso c, que es
CONTAR con una preparación y experiencia técnica en el aérea energética y haber
desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector
energético, circunstancia que NO se acreditó en el proceso puesto que si bien es cierto la
demandada cuenta con un título en economía y estudios de posgrado NO cuenta con
preparación, experiencia en el área energética, de igual forma tampoco ha desempeñado
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético.”

32. Continuó su análisis señalando que, de las certificaciones laborales aportadas al
momento de la expedición del acto demandado, se observa que las mismas no
guardan relación con el sector energético, lo que permite concluir que la demandada
no acreditó los requisitos legales de acceso al cargo. Indicó que, en gracia de
discusión, si “se quisiera acoger lo argumentado en la contestación de la demanda que la
experiencia como Superintendente de Servicios Públicos permite que se cumpla con dicha
condición es necesario recordar que el lapso en que la demandante desempeñó el cargo NO
es superior a 6 (seis) años (como señala la norma), puesto que dicho período fue del 4 de
octubre de 2018 al 6 de julio de 2022 (3 años y 7 meses).”

33. En punto de los argumentos expuestos en la contestación, relacionados con la
necesidad de homologar o hacer equivalencias con el fin de computar la experiencia
técnica exigida por la norma, señaló que, de una revisión de la disposición jurídica, se
puede acreditar que la misma no consagró expresamente esta posibilidad respecto
del cargo de experto comisionado de la CREG.

34. Resaltó que, del certificado de cumplimiento de requisitos suscrito por la
subdirección de talento humano del Ministerio de Minas y Energía, se observa que la
entidad encontró acreditados requisitos únicamente con las certificaciones aportadas,
sin acudir a equivalencias u homologaciones. Por lo tanto,

“(…) se encuentra probado que el Ministerio de Minas y Energía en el momento de
revisar si la demandada cumplía con los requisitos exigidos por la Ley para desempeñar

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Sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, radicado: 11001-03-28-000-
2022-00211-00, M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio., 2 de febrero de 2023.

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Demandado: Natasha Avendaño García

el cargo de EXPERTA COMISIONADA, NUNCA HIZO EQUIVALENCIAS O (sic)
HOMOLOGACIONES, para concluir que la Señora AVENDAÑO GARCÌA cumplía con
los requisitos exigidos en el Art. 21 de la Ley 143 de 1994 modificado por el artículo 44 de
la Ley 2099 de 2021, puesto que simplemente afirmó que al desempeñarse como
consultor o asesor (EN SECTORES DIFERENTES AL ENERGETICO), cumplía con los
requisitos del empleo, olvidando el Ministerio que la norma de manera expresa indica que
debe cumplir con varios requisitos de experiencia NO solamente con uno y que esta
experiencia DEBE SER EN EL SECTOR ENERGETICO”.

35. Concluyó señalando que:

“Por ende, la señora Avendaño García NO cumplía con los requisitos exigidos por la
Ley, para desempeñar el empleo de EXPERTA EN ASUNTOS ENERGETICOS,
puesto que:

a) NO tiene experiencia técnica en el área energética.
b) y NO ha desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a
seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período
igual o superior (en el sector energético).
c) Finalmente, el Ministerio de Minas y Energías NO realizó ninguna homologación o
equivalencia entre estudios y experiencia técnica para afirmar que la demandada
cumplía con los requisitos del cargo. (legalmente no hay lugar a ello)”

36. Si en gracia de discusión, se aceptara que es procedente efectuar la equivalencia
u homologación alegada por la parte demandada en su escrito de contestación,
señaló que si bien la Resolución 633 del 2022 -Manual de Funciones de la CREG-
dispone la aplicación de dicha figura entre estudios y experiencia, conforme el artículo
2.2.2.5.1 del Decreto 1083 del 2015, ello implica una modificación a la ley por parte
del reglamento, lo cual a su juicio, es irregular, por cuanto este último solo puede
desarrollar a la primera, más no incluir eventos nuevos.

37. Indicó que, de todas maneras, de conformidad con el Decreto 1083 del 2015, las
equivalencias entre estudios y experiencia solo es procedente cuando la formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, lo cual no se observa en este caso, en
cuanto los posgrados adicionales que se acreditaron en sede administrativa, esto es
las maestrías y el doctorado en políticas públicas, no tienen dicha relación de
conexidad. Concluyó que:

“Por lo tanto, se concluye que la experiencia técnica exigida por la norma NO es
homologable y/o equivalente con los estudios realizados por la demandada puesto
que como se ha argumentado previamente la norma NO hace mención a que la
experiencia técnica pueda ser homologada puesto que es un conocimiento especifico
y especializado necesario para desempeñar el cargo de EXPERTO EN ASUNTOS
ENERGETICOS, y en gracia discusión la norma (no aplicable al caso) prevé que para
que sean equivalentes los estudios y la experiencia DICHA FORMACIÓN
ADICIONAL DEBE SER AFIN CON LAS FUNCIONES DEL CARGO, es decir
estudios en el ÁREA ENERGÉTICA, sin que sea homologable o equivalente con otro
tipo de estudios que no se refieran exactamente a este sector.”

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38. Finalmente, consideró que respecto de la señora Avendaño García, también se
configura la inhabilidad prevista en el artículo 44 de la Ley 142 de 1994, en tanto “al
revisar la hoja de vida y las certificaciones aportadas en los antecedentes administrativos
remitidos por la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas y Energía la señora
Avendaño García desde 4 de octubre de 2018 al 6 de julio de 2022, laboraba en la
Superintendencia de Servicios Públicos, circunstancia que de conformidad con la
normatividad antes citada la INHABILITABA para desempeñar el cargo de comisionada de la
CREG, puesto que NO había transcurrido ni un año entre el cargo desempeñado en la
Superintendencia y el nombramiento realizado a través del Decreto 1424 del 29 de julio de
2022 como Experta Comisionada de la CREG.” (Énfasis propio del texto original)

39. Conforme con lo dicho, consideró que se encuentran acreditados los hechos que
soportan la pretensión de nulidad, por lo que solicitó se acceda a la misma.

40. La demandada. En su escrito de alegatos finales, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones del escrito inicial, al considerar que la interpretación normativa
efectuada por la parte actora, en punto de los requisitos para el acceso al cargo de
experto comisionado de la CREG, no protege la finalidad específica de protección del
interés público que se predica de la regulación de los servicios públicos.

41. Lo anterior, en tanto “[s]ostener que para efectos de lograr una adecuada regulación
económica (o socioeconómica en palabras de la jurisprudencia) no es válida la preparación
de una funcionaria en el sector público en áreas dedicadas de manera específica al análisis
de variables macro y microeconómicas, estudio de las cuentas nacionales, y, en general,
asuntos especializados en economía, para sostener que la prevención de fallas del mercado
que busca la regulación – que perjudican a los usuarios y las partes más débiles del mercado
debe tener origen exclusivamente en funcionarios que provengan del propio sector, sin
importar que nunca hayan hecho análisis de eficiencia o tengan formación profesional en
cómo funcionan los mercados, es totalmente contradictorio con las motivaciones de interés
general que están presentes en dichas acciones de nulidad electoral.”

42. Indicó que, de una revisión de los antecedentes normativos de la actual
legislación en materia de servicios públicos, se puede concluir que la nueva
institucionalidad introdujo las nociones de mercado y competencia en la prestación de
aquellos. Resaltó que conforme con ello, se tiene que estos conceptos no implican
una visión técnica restringida del sector, sino amplia que incluye ciencias como la
economía, “la cual trasciende a nociones como “externalidades”, “fallos de mercado”,
“información imperfecta” “monopolios naturales”, “incentivos”, “desincentivos”, “oferta”,
“demanda”, “equilibrio macro”, conceptos cuya adecuada concesión redunda en la protección
de los ciudadanos. El manejo y aplicación de estos conocimientos, se tiene en formaciones
profesionales específicas y se concreta en el ejercicio de cargos en áreas cualificadas del
Estado”.

43. Por ello, consideró que “se quiso dar un contenido económico al sector energético y su
regulación, y en ese sentido es que debemos entender esta última noción, de tal manera que
la “regulación del sector energético” si bien comprende elementos técnicos, propios de la
ingeniería, su columna vertebral tiene que ver con el conocimiento de mercados, eficiencia y
variables macroeconómicas; de hecho, así lo reconoció la Ley 143 de 1994, entre otros, en

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los artículos 3, 20 y 23. Es en este sentido que, en nuestro concepto, debe realizarse la
interpretación sistemática y teleológica de la normativa que enmarca los requisitos de
nombramiento de los expertos comisionados. En otras palabras, en el ámbito de la normativa
pública colombiana el sector energético y su regulación cubre la noción de lo económico y no
solo de lo técnico en términos de ciencias aplicadas, ingeniería o “industria eléctrica”

44. Manifestó entonces que, de prosperar los argumentos de la demanda, se
aceptaría una óptica restringida de la industria energética, en tanto se optaría por una
sola visión profesional de esos asuntos.

45. Descendiendo al argumento relacionado con la falta de requisitos, indicó que la
expedición de la Ley 2099 del 2021, tuvo como finalidad la modernización de la
legislación vigente en el mercado energético, para el fortalecimiento de los servicios
públicos que se prestan a través de este. Bajo esta perspectiva, ello “resulta pertinente
para el caso particular por cuanto el entendimiento del sector energético, cuya regulación está
a cargo de la CREG, no contempla exclusivamente una noción limitada a un conocimiento
técnico apartado de la realidad económica, social y ambiental. Es así como, tal y como fue
reafirmado con la modificación introducida al artículo 21 de la Ley 143 de 1993, se autorizó
por parte del Legislador la posibilidad de contar con expertos comisionados con perfiles
interdisciplinarios, en particular en economía. El parágrafo b) de la citada norma es claro y
expreso en permitirlo.”

46. Seguidamente, indicó que, si bien es cierto, el manual de funciones de las
entidades públicas no tiene la virtualidad de modificar la ley, también lo es que este
documento permite incluir parámetros operativos para el acceso a la función pública.
Por ello, indicó que la disposición adoptada por la CREG no define los requisitos para
el acceso al cargo de experto comisionado, sino que define el cómo deben ser
acreditados por los aspirantes.

47. Precisado lo anterior, reiteró el argumento señalado en la contestación de la
demanda, consistente en que el artículo 3º de la Resolución 633 del 2021, establece
la procedencia de las equivalencias entre estudios y experiencia en los términos del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 del 2015. Sobre el particular, indicó que “la
aplicabilidad de las equivalencias para los cargos al interior de la CREG no fue condicionada
o limitada, aplicación de estas equivalencias nótese que en ningún momento es un imperativo
normativo, sino por el contrario una facultad que se le otorga a cada entidad de definir la
procedencia o no de este mecanismo. No obstante, la entidad que decide aplicar estas reglas
de equivalencia de manera general en su manual de funciones no podrá abstenerse de
acreditar como experiencia profesional lo que resulte correspondiente en los términos del
citado artículo 2.2.2.5.1.”

48. Dicho ello, consideró entonces la procedencia de efectuar la correspondiente
equivalencia del título de doctorado acreditado por la señora Avendaño García12.

12
Sobre el particular indicó “En conclusión, teniendo en cuenta los estudios acreditados por parte de NATASHA
AVENDAÑO GARCÍA, y que reposan en los antecedentes y anexos administrativos del Decreto 1424 de 2022 – adicionales
a los exigidos en el parágrafo 1, literal b) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 que modificó el artículo 21 de la Ley 143 de
1994 - correspondientes a la Maestría en Economía, Maestría en Política Pública, Maestría en Tributación Internacional,
Comercio Exterior y Aduanas y Doctorado en Política Pública, no solo resultan pertinentes y ligados a la naturaleza
funcional de la CREG, lo cual le permitiría acceder de manera directa al cargo, sino que dada la equivalencia contenida en

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49. En punto de la presunta falta de preparación y experiencia técnica, indicó que la
interpretación de la norma (restrictiva y literal), se tiene que la misma consagra dos
eventos para establecer el desempeño del aspirante: i) en cargos de responsabilidad
en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional por el
periodo de tiempo establecido por el legislador; o ii) como consultor o asesor en un
periodo igual o superior para que se cumplan los requerimientos establecidos por la
disposición.

50. Reiteró en este punto, que la función de regulación del sector energético debe
concebirse como integral, y no meramente técnica como lo pretenden los
demandantes, aspecto que influye en el estudio de los requisitos para el acceso al
cargo de experto comisionado. Así las cosas, trajo a colación las funciones de la
CREG dispuestas en el artículos 3º, 20, 23 y 44 de la Ley 143 de 1994, así como en
el artículo 2º y 4º del Decreto 2360 del 2013, para concluir que “contrario a lo expuesto
por las demandadas (sic), las competencias de la CREG no contemplan un ámbito técnico en
un sentido limitado a la producción o generación energética, por el contrario, entiende el
sector energético desde una perspectiva integral que conlleva necesariamente a un
entendimiento de servicios públicos domiciliarios, de mercado, regulatorios y de orden
económico relacionado con el funcionamiento del sector en el país.”

51. Por ello, refirió que la experiencia exigida a los expertos comisionados de la
CREG se relaciona con la visión de mercado y económica del sector energético, por
lo que entiende que las labores desempeñadas tanto en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público como en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
están estrechamente relacionadas con las exigencias normativas alegadas como
desconocidas por el acto de nombramiento.

52. Resaltó que “en análisis de la experiencia técnica en el sector energético de los
expertos comisionados no puede limitarse a una visión orgánica sobre las entidades o
empresas públicas que existen a la fecha. Por el contrario, el análisis de la experiencia
profesional acreditada debe darse de manera puntual sobre el contexto y alcance de las
diferentes funciones desempeñadas a fin de comprender que es posible desarrollar
conocimientos técnicos en materia de regulación, intervención económica, servicios públicos
domiciliarios en entidades del orden nacional, territorial o del sector privado, diferentes a las
que comprenden el sector energético desde una visión meramente orgánica, más no
funcional”.

53. Dicho ello, reiteró sus argumentos en relación con las funciones que fueron
acreditadas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para concluir que
“no se puede desconocer la formación técnica que en aspectos macroeconómicos, de
planeación de presupuesto y de entendimiento de mercado que tiene la hoy experta
comisionada, la cual por más de una década estuvo vinculada a aspectos de planeación
financiera y de política pública macro relacionada con el funcionamiento de diferentes

el artículo 3 de la Resolución 633 de 2021, estos resultan afín a las competencias o funciones del cargo de experto
comisionado, código 0090.”

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sectores de la Nación, entre los cuales se encuentran sin lugar a dudas, los servicios públicos
y el sector energético y de hidrocarburos”.

54. Concluyó señalando que:

“Finalmente, se llama la atención sobre la naturaleza misma de la figura de los expertos
comisionados, los cuales a la luz de lo dispuesto en la Ley 143 de 1994, exige un
conocimiento holístico del sector energético el cual involucra aspectos técnicos de detalle
pero también propios de la realidad económica del país, comprensión de las profesiones
exigidas en literal b del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, lo cual
indudablemente contempla un entendimiento del mercado, así como también de las
dinámicas del sector público y privado, del funcionamiento del Estado, de variables
económicas de orden macroeconómico, e inclusive en materia fiscal y de hacienda
pública, así como de los usuarios de los servicios públicos respectivos, a saber: gas
combustible y energía eléctrica. Sería paradójico que se cumpla los requisitos para
pertenecer a una Comisión de Regulación por parte de un ingeniero que no sabe de
regulación de mercados, oferta, externalidades y fallos de mercado, pero no pueda
aplicar una funcionaria que ha manejado dichos temas de manera transversal en el
Estado, convirtiéndose en interpretación ad absurdum que daría al traste con la intención
del legislador y el propio constituyente”.

1.5. Concepto del Ministerio Público

55. No rindió concepto13.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

56. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley
1437 de 201114 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y fallar en
única instancia el proceso de la referencia.

2.2. Cuestión previa

57. La Sala observa que la parte demandante en sus alegatos de conclusión señaló
que frente a la demandada se configura la inhabilidad consagrada en el artículo 44.1
de la Ley 142 de 1994.

58. Sobre dicho particular, se indica que no corresponde a esta judicatura dictar
pronunciamiento alguno, toda vez que como se puso de presente en los
antecedentes de esta providencia, en cuanto hace a la demanda presentada bajo el
radicado 2022-00306-00 en donde fue expuesto o dicho reparo de ilegalidad, se tiene

13
Ver informe secretarial del 12 de abril del 2023, consignado en la actuación No. 58 del sistema SAMAI.
14
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad
del acto de elección (...) de las comisiones de regulación (…)”.

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que mediante auto del 15 de noviembre del 2022, se dispuso, entre otros, rechazar
parcialmente la demanda frente al cargo por desconocimiento del artículo 44.1 de la
Ley 142 de 1994, en la medida en que no fue atendido el requerimiento efectuado en
el auto inadmisorio dictado en dicho trámite.

59. A su vez, como pasa a señalarse a continuación, en la correspondiente fijación
del litigio no se incluyó la presunta configuración de una condición de inelegibilidad
respecto de la señora Natasha Avendaño García, centrándose la controversia
únicamente en punto del cumplimiento de los requisitos de la mencionada para el
acceso al cargo, decisiones que quedaron en firme al no ser controvertidas por los
sujetos procesales reconocidos en la presente actuación.

2.3. Problemas jurídicos

60. Teniendo en cuenta el inciso 2º del literal d), del numeral 1º, del artículo 182A de
la Ley 1437 de 201115, el despacho de la magistrada ponente fijó el litigio16 en los
siguientes términos:

“Considerando los fundamentos del escrito inicial, así como las intervenciones
presentadas por los apoderados de la demandada, del presidente de la República y del
Ministerio de Minas y Energía, considera esta judicatura que en el fallo que se dicte,
corresponde determinar si el acto de nombramiento de Natasha Avendaño García
como experta comisionada, código 0090, de la planta de personal de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, consignado en el Decreto 1424 del 29 de julio de 2022,
se encuentra afectado de nulidad, basada en el siguiente problema jurídico:

¿Carece de una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética
conforme lo establece el parágrafo 1, literal c) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021
que modificó el artículo 21 de la Ley 143 de 1994?

Para ello se determinará:

a) Si conforme con las normas que rigen la vinculación de los expertos comisionados
de la CREG, su preparación debe ser en asuntos energéticos, lo cual implica conocer
sobre ciencias básicas -biología, física, geología, matemáticas, entre otros- y ciencias
aplicadas, como la ingeniería o si los profesionales en economía pueden acceder al
empleo, como ocurre en el caso concreto.
b) Si conforme lo establece el artículo 3° del Manual de Funciones de la CREG, es
factible aplicar a sus expertos comisionados, código 0090, las equivalencias para la
acreditación de estudios y experiencias en los términos del artículo 2.2.2.5.1 del
Decreto 1083 de 2015.
c) Si la experiencia acreditada por la demandada es técnica en asesoría, consultoría o
en entidades públicas o privadas del sector energético nacional o internacional, por un
período superior a 6 años.”

61. A efectos de dar respuesta a lo anterior, la Sala abordará los siguientes asuntos;
(i) naturaleza y funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas

15
“(…) El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia (…).
16
En providencia del 9 de marzo del 2023, determinación que quedó en firme en la medida en que las partes no
presentaron recursos respecto de la misma.

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Combustible; (ii) alcance e interpretación de los requisitos para el acceso al cargo de
experto comisionado en la mencionada entidad y (iii) caso concreto.

2.4. La CREG: las funciones de la regulación estatal del sector de energía y gas
combustible

62. Sobre este particular, es necesario reconocer que a partir de la Constitución
Política de 1991 se planteó un modelo que se conoce como de “economía social de
mercado”17, que busca un equilibrio entre la propiedad privada y el reconocimiento de
las libertades económicas18 y la posibilidad de la intervención del Estado en la
economía, de conformidad con las potestades consagradas en el texto superior a
partir de los artículos 333, 334 y 33519.

63. Conforme con ello, el Estado tiene a su cargo la dirección general de la economía
y, por dicha circunstancia, es legítima su intervención en ciertos sectores a efectos de
racionalizar la actividad de los particulares, buscando el mejoramiento de la calidad
de vida de los pobladores, la distribución equitativa de oportunidades y los beneficios
del desarrollo20.

64. En el marco antes descrito, surge la regulación como un mecanismo de
intervención, siendo los servicios públicos uno de los sectores destinatarios de esta al
considerarse aquellos como esenciales a la finalidad social del Estado, dada la
injerencia que tienen en la calidad de vida y la dignidad de las personas21. La Corte
Constitucional, sobre dicho particular, ha referido:

“La intervención del Estado en la economía, en particular en el ámbito de los servicios
públicos, está ligada al deber que en él recae de garantizar la realización efectiva de los
postulados mínimos del Estado Social de Derecho. En orden a cumplir dicho objetivo,
con la Constitución de 1991 se da entrada a sujetos de distinta naturaleza
(comunidades organizadas y/o particulares) habilitándolos para prestar servicios, pero
bajo la regulación que para cada caso corresponde fijar al Legislador. Es así como se
garantiza, de una parte, que los agentes externos al Estado pueden ejercer sus
libertades económicas dentro de la dinámica propia del mercado; y de otra, que se va a
asegurar la prestación eficiente de servicios y a proteger los derechos de los usuarios
bajo los límites constitucionales y legales trazados.

17
Corte Constitucional. Sentencia C-263 del 2013.
18
De empresa, de libre competencia y de iniciativa privada.
19
Ver sentencias C-865 de 2004, C-352 de 2009 y C-228 de 2010. En la sentencia C-865 de 2004, la Corte definió la
“economía social de mercado”, como el modelo “(…) según la cual las reglas de la oferta y la demanda deben estar al
servicio del progreso y desarrollo económico de la Nación”. En el mismo sentido, en la sentencia C-228 de 2010, la
Corporación afirmó: “Como se observa, el Estado Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del
liberalismo económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con modalidades de economía de
planificación centralizada en las que el Estado es el único agente relevante del mercado y la producción de bienes y
servicios es un monopolio público. En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce
a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y
proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines
constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general.” Sobre el fundamento de este modelo, la Corte
en la sentencia C-352 de 2009 explicó: “(…)“el nuevo derecho constitucional diseña un marco económico ontológicamente
cualificado, que parte del reconocimiento de la desigualdad social existente (art. 13), de la consagración de ciertos y
determinados valores como la justicia y la paz social, principios como la igualdad y la solidaridad, y derechos y libertades
civiles, sociales, económicos y culturales que conforman la razón de ser y los límites del quehacer estatal”.
20
Corte Constitucional. Sentencia C-263 del 2013.
21
Corte Constitucional. Sentencia C-1162 de 2000.

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La regulación de los servicios públicos es entonces una de las formas de intervención
del Estado en la economía, “para corregir los errores de un mercado imperfecto y
delimitar el ejercicio de la libertad de empresa, así como para preservar la sana y
transparente competencia, con el fin de lograr una mejor prestación de aquéllos”22

65. Bajo esta perspectiva, la Ley 142 de 1994 estableció el régimen de prestación de
los servicios públicos domiciliarios, señalando, entre otras cosas, la creación de las
comisiones de regulación como entidades que hacen parte de la Rama Ejecutiva del
poder público, con asignación específica de funciones administrativas y respecto de
las cuales el presidente de la República es suprema autoridad administrativa23.

66. La Corte Constitucional, en la sentencia C-1162 del 2000, declaró la exequibilidad
condicionada de las entidades creadas por la referida norma, entre ellas, la Comisión
de Regulación de Energía y Gas, bajo los siguientes parámetros: (i) en cumplimiento
de la función presidencial del primer apartado del artículo 370 del texto superior24,
corresponde a estas entidades regular el sector al que pertenecen; (ii) dicha
competencia no implica una capacidad normativa equiparable a la ley; (iii) se
encuentran adscritas al ministerio del ramo correspondiente, por lo que están bajo la
orientación y política del jefe de la cartera correspondiente, sin olvidar que el
presidente es la suprema autoridad administrativa.

67. Por lo dicho, se ha señalado que “para atender las necesidades regulatorias en
actividades económicas que exigen criterios técnicos, en una dinámica de evaluación,
seguimiento y ajuste permanente es válida la concurrencia de funciones entre el Legislador
y entes administrativos especializados. Recuérdese que “la Constitución no ordena que
existan Comisiones de Regulación de los servicios públicos, pero sí autoriza al Legislador
para crearlas cuando estime que este tipo de órgano es el adecuado para hacer cumplir el
régimen de la regulación de los servicios públicos”25 (énfasis de la Sala)

68. Ahora bien, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 dispone las facultades generales
de las comisiones de regulación en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 73. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de
promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes,
no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad.”

69. De otra parte, es de resaltar que el artículo 20 de la Ley 143 de 199426 señala
que:

“ARTÍCULO 20. En relación con el sector energético la función de regulación por parte
del Estado tendrá como objetivo básico asegurar una adecuada prestación del servicio

22
Sobre el particular, ver la Ley 489 de 1998, artículos 38, 39 y 48, así como el artículo 189 de la Constitución Política.
23
“Corresponde al presidente de la República, señalar, con sujeción a la Ley, las políticas generales de administración y
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios (…)”.
25
Corte Constitucional. Sentencia C-263 del 2013. Ver también Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.
26
Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.

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mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en
beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio. Para
el logro de este objetivo, promoverá la competencia, creará y preservará las condiciones
que la hagan posible”. (énfasis de la Sala)

70. Mediante el Decreto 1260 del 201327, se establecieron respecto de la CREG, las
siguientes funciones:

a) En relación con los sectores de energía y gas combustible28.

b) Funciones específicas relacionadas con el servicio de electricidad29.

27
Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por este decreto, se
compilaron las funciones especiales establecidas en los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994, en el artículo 23 de la Ley
143 de 1994 y en el artículo 3o del Decreto 4130 de 2011. 28
1. Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de
una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las
medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la
libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en
el mercado. 2. Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de electricidad y el uso eficiente de
energía y gas combustible por parte de los consumidores y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas
garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas y entre estas y los grandes usuarios. 3. Establecer el
reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del sistema interconectado
nacional y para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas combustible. 4. Fijar las tarifas de venta
de electricidad y gas combustible. 5. Delegar en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los
propósitos de la Ley 142 de 1994, la facultad de fijar las tarifas de venta electricidad y gas combustible, bajo el régimen
establecido en la citada ley. 6. Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de despacho y coordinación
prestados por los centros regionales y el centro nacional de despacho de energía eléctrica. 7. Establecer la metodología
para seleccionar y remunerar los servicios del gestor del mercado de gas natural, asegurando la neutralidad, la
transparencia, la objetividad y la total independencia del prestador de los mismos, así como la experiencia comprobada en
las actividades a desarrollar. 8. Definir el alcance de los servicios a cargo del gestor del mercado de gas natural,
responsable de facilitar las negociaciones y de recopilar y publicar información operativa y transaccional del mercado de gas
natural. 9. Preparar proyectos de ley para someter a la consideración del Gobierno Nacional y recomendarle la adopción de
los decretos reglamentarios que se necesiten. 10. Someter a regulación de la CREG a las empresas que no sean de
servicios públicos, en los casos señalados en el artículo 73, numeral 73.2 de la Ley 142 de 1994. 11. Definir los criterios de
eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de
servicios públicos y solicitar a las instancias pertinentes las evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus
funciones. 12. Fijar las normas de calidad del servicio a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos en la
prestación del mismo. 13. Definir los eventos en los que la realización de obras, instalación y operación de equipos de las
empresas de servicios públicos deban someterse a normas técnicas oficiales y pedirle al ministerio competente que las
elabore. 14. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que surjan entre empresas por razón de los
contratos o servidumbres que existan entre ellas y acerca de quién debe servir a usuarios específicos o en cuales regiones
deben prestar sus servicios y que no corresponda decidir a otras autoridades administrativas. 15. Conceptuar sobre la
legalidad de las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración y sobre
aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la competencia.

La Comisión podrá limitar por vía general
la duración de los contratos que celebren las empresas de servicios públicos para evitar que se limite la posibilidad de
competencia. 16. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad vigilada
o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas y establecer las fórmulas para la fijación de las mismas cuando ello
corresponda. 17. Determinar, de acuerdo con la ley, para cada bien o servicio público las unidades de medida y de tiempo
que deben utilizarse al definir el consumo; y definir con base en estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos
medibles y verificables quienes pueden considerarse “grandes usuarios”. 18. Ordenar que una empresa de servicios
públicos se escinda en otras que tengan el mismo objeto de la que se escinde, o cuyo objeto se limite a una actividad
complementaria, cuando se encuentre que la empresa que debe escindirse usa su posición dominante para impedir el
desarrollo de la competencia en un mercado donde ella es posible; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidios
con el producto de uno de sus servicios que no tiene amplia competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en general, que
adopta prácticas restrictivas de la competencia. 19. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren
que ello es indispensable para extender la cobertura y abaratar los costos para los usuarios. 20. Ordenar la liquidación de
empresas monopolísticas oficiales en el campo de los servicios públicos y otorgar a terceros el desarrollo de su actividad,
cuando no cumplan los requisitos de eficiencia a los que se refiere la Ley 142 de 1994. 21. Impartir directrices para impedir
que quienes captan o producen un bien que se distribuye por medio de empresas de servicios públicos adopten pactos
contrarios a la libre competencia en perjuicio de los distribuidores; y exigir que en los contratos se especifiquen los diversos
componentes que definen los precios y tarifas. 22. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de
posición dominante en los contratos de servicios públicos y sobre la protección de los derechos de los usuarios en lo
relativo a facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con el usuario. 23. Establecer
los requisitos generales a los que deben someterse las empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y
acceder a las redes públicas de interconexión; así mismo, establecer las fórmulas tarifarias para cobrar por el transporte e
interconexión a las redes, de acuerdo con las reglas de la Ley 142 de 1994. 24. Establecer las metodologías y fórmulas
para que las empresas apliquen los factores de subsidios a los que hacen referencia las leyes sobre la materia, en los
temas de su competencia. 25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración de la propiedad
accionaria en empresas con actividades complementarias, en un mismo sector o sectores afines en la prestación de cada
servicio público.

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c) Funciones específicas en punto del sector de combustibles líquidos derivados
del petróleo30.

d) Funciones generales31

71. Conforme lo dicho, se tiene que la Comisión de Regulación de Energía y Gas es
una entidad que materializa la regulación como un mecanismo de intervención del
Estado en la economía, específicamente, en la prestación de los servicios públicos de
electricidad, gas combustible y combustibles líquidos, para lo cual busca, entre otros
aspectos:

(i) La garantía de la competencia, en el marco de las actividades económicas en
donde ello sea posible.

(ii) La regulación de los monopolios, cuando la competencia, de hecho, no sea
viable.

(iii) La eficiencia en la prestación del servicio.

(iv) Asegurar la calidad, oportunidad y el costo de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

29
1. Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la
demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales, de viabilidad financiera y de promoción y preservación de la
competencia. La oferta eficiente tendrá en cuenta la capacidad de generación de respaldo, la cual será valorada por la
CREG, según los criterios que establezca la Unidad de Planeación Minero Energética en el Plan de Expansión. 2. Determinar las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia. 3. Definir la metodología para
el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas y los cargos por los servicios de despacho y coordinación
prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho. 4. Aprobar las tarifas que deban
sufragarse por el acceso y uso de las redes eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados
por los centros regionales de despacho y centro nacional de despacho. 5. Definir la metodología para el cálculo de las
tarifas aplicables a los usuarios regulados del servicio de electricidad. 6. Fijar las tarifas de venta de electricidad para los
usuarios finales regulados. Esta facultad podrá ser delegada en las empresas distribuidoras, en cumplimiento de sus
funciones de comercialización, bajo el régimen de libertad regulada. 7. Definir, con base en criterios técnicos, las
condiciones que deben reunir los usuarios regulados y no-regulados del servicio de electricidad. 8. Establecer el
Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema Interconectado
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Operación, el cual no es vinculante. 9. Emitir conceptos sobre el alcance
e interpretación de las definiciones contempladas en el artículo 11 de la Ley 143 de 1994. 10. Definir y hacer operativos los
criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía. 11. Reglamentar la prestación del servicio
eléctrico en los barrios subnormales y áreas rurales de menor desarrollo. 12. Definir mediante arbitraje los conflictos que se
presenten entre los diferentes agentes económicos que participen en las actividades del sector en cuanto a interpretación
de los acuerdos operativos y comerciales.13. Velar por la protección de los derechos de los consumidores en especial, los
de estratos de bajos ingresos. 30
1. Expedir la regulación económica referente a las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución, y
transporte de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, tales como gasolina motor corriente, ACPM, Jet A1, diésel
marino, avigas, gasolina extra, kerosene, entre otros, salvo fijar los precios para gasolina motor corriente y ACPM. 2. Definir
los criterios y condiciones a los que deben sujetarse los diferentes agentes de la cadena de combustibles en sus relaciones
contractuales y sus niveles de integración empresarial. 3. Determinar la metodología para remunerar los activos que
garanticen el abastecimiento estratégico de combustibles. 4. Determinar los parámetros y la metodología de referencia,
utilizada por el Ministerio de Minas y Energía, para fijar el precio de ingreso al productor y de venta al público de la gasolina
motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. 5. Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los
precios y las tarifas de las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los
combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, diferentes al precio de ingreso al productor y de venta al público de la
gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. 6. Fijar los precios de los productos derivados del petróleo a lo
largo de toda la cadena de producción y distribución, salvo para la gasolina motor corriente, el ACPM y los biocombustibles. 7.

Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y las tarifas de gas para uso vehicular. 8. Definir la metodología y establecer las fórmulas para la fijación de los precios y las tarifas del transporte de combustibles,
terrestre y por poliductos. 9. Establecer las normas sobre medida de los combustibles en las diferentes actividades de la
cadena. 31
1. Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de otras entidades, en los casos que disponga la ley, en
lo que se refiere a materias de su competencia. 2. Dictar los estatutos de la comisión y su propio reglamento. 3. Resolver
consultas sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilidades al que se refiere la Ley 142 de 1994. 4. Absolver consultas
sobre las materias de su competencia. 5. Todas las demás que le sean atribuidas por la ley.

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(v) Garantizar el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos, a efectos
de tener la disponibilidad de la oferta de los mismos.

72. A manera de conclusión, se reiteran las consideraciones de esta Sala, en donde
se señaló que:

“A partir de lo expuesto, se tiene que, dadas las especificidades de la función de
regulación de la CREG, en tanto desarrolla la finalidad social de intervención del
Estado en los servicios públicos, las decisiones que emite deben estar sujetas a
estrictos criterios técnicos que atiendan las características del sector y su dinámica
propia, así como a ‘parámetros objetivos adoptados después de procesos cuidadosos
de deliberación, con argumentos de orden especializado y orientados a alcanzar los
objetivos de interés general trazados en la ley que fijó el régimen de dichos
servicios’32”33.

73. Precisado lo anterior, la Sala estudiará los requisitos necesarios para el acceso al
cargo de experto comisionado de la CREG.

2.5. El experto comisionado de la CREG: alcance e interpretación de los
requisitos legales para acceder al cargo

74. En primer lugar, es de resaltar que de conformidad con lo señalado en el Decreto
1260 del 2013, dentro de la estructura orgánica de la CREG34 se tiene a la cabeza de
dicha entidad al comité de expertos comisionados, compuesto por ocho (8) miembros,
el cual tiene como funciones35 más importantes la de (i) formular la agenda
regulatoria anual; (ii) analizar y estudiar el estado de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios y sus actividades complementarias y definir los aspectos que
deban ser regulados; (iii) dirigir la investigación, análisis y diseño de la regulación de
los asuntos que son competencia de la Comisión, (iv) analizar y proponer medidas
para la garantía de la competencia o la regulación de los monopolios; (v) hacer
evaluación del impacto de las medidas regulatorias; (vi) absolver las consultas de su
competencia; entre otras.

75. Por ello, se puede concluir entonces, que desde la referida instancia y de las
competencias asignadas a la misma, se concreta la finalidad de la comisión, en punto
de la regulación técnica y especializada de los sectores económicos respecto de los
cuales adelanta su función.

76. Ahora bien, el artículo 44 de la Ley 2099 del 2021, modificó el artículo 21 de la
Ley 143 de 1994, fijando en punto de la estructura y los requisitos para el acceso al
cargo de experto comisionado de la CREG lo siguiente:

“ARTÍCULO 21. La Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará como
Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada
de la siguiente manera:

32
Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023.
Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
34
Artículo 5º.
35
Artículo 6º.

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a) Por el Ministro de Minas y Energía, quien la presidirá;
b) Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público;
c) Por el Director del Departamento Nacional de Planeación;
d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva,
nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro (4) años.
El superintendente de servicios públicos domiciliarios asistirá con voz, pero sin voto.
(…)
PARÁGRAFO 1o. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones
a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio;
b) Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas
o similares, derecho y estudios de posgrado; y
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un
período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o
asesor por un período igual o superior.
PARÁGRAFO 2o. Los expertos comisionados serán escogidos libremente por el
Presidente de la República. En su elección, el Presidente propenderá por la formación
de un equipo interdisciplinario, por lo que no podrá nombrar a más de un abogado como
experto comisionado.
PARÁGRAFO 3o. Los expertos podrán ser reelegidos por una sola vez.
PARÁGRAFO 4o. Los expertos no podrán ser elegidos en cargos directivos en
entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al ejercicio
de su cargo.
PARÁGRAFO 5o. Informes semestrales. Sin perjuicio del cumplimiento de la
ley 1757 de 2015, la CREG deberá presentar ante las Comisiones Quintas del
Congreso de la República, semestralmente un informe que sintetice las decisiones y
actos administrativos expedidos indicando de forma clara y precisa la medida y el
motivo de que provocó su aprobación.” (Énfasis de la Sala)

77. Esta Sección36 se ha pronunciado sobre el alcance interpretativo de la norma
antes transcrita, en cuanto hace los requisitos para el acceso al cargo de experto
comisionado, aspectos que se reiteran en su mayoría en la presente providencia, así:

78. El legislador estableció que quienes sean designados en el cargo por el
presidente de la República deberán tener estudios en ingeniería, economía,
administración de empresas o similares, derecho y estudios de postgrado. Bajo esta
perspectiva, encuentra la Sala que se autorizó a que distintos profesionales puedan
ser considerados a efectos de ocupar un asiento en el comité de expertos de la
Comisión. Ello se compagina con lo señalado en el parágrafo 2º, que fija al primer
mandatario la necesidad de buscar la conformación de dicho órgano con un equipo
interdisciplinario.

79. Ahora bien, la disposición jurídica en comento plantea dos escenarios en relación
con los aspectos de orden subjetivo que se deben predicar de quien ocupe la
posición:

(i) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades

36
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públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un
período superior a seis (6) años; o

(ii) Haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o
superior.

80. A juicio de esta judicatura, la interpretación que corresponde a la literalidad de la
norma y a la finalidad de la misma, permite entonces señalar que la experiencia
exigida para ocupar el cargo se acredita (i) al haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidad públicas o privadas del sector energético; o (ii) al haber
realizado actividades como consultor o asesor, en ambos casos, por un período
superior a seis (6) años.

81. Ahora bien, la Sala encuentra que varios elementos descriptivos componen los
requisitos fijados en el evento (i) de la norma, respecto de los cuales es procedente
realizar el siguiente análisis.

(i) Reconocida: De conformidad con el diccionario de la RAE37, refiere a un
adjetivo que califica algo que es acreditado. A juicio de esta Sala, para efectos
del acceso al cargo, este aspecto de la norma debe entenderse como la
necesidad de presentar las respectivas certificaciones o documentos
equivalentes para acreditar la preparación y experiencia exigida y no como un
elemento que se mida en punto de la opinión de una comunidad o grupo de
personas determinadas. Lo anterior, en tanto es necesario contar con factores
objetivos y verificables, alejados de valoraciones subjetivas o que respondan al
capricho del intérprete.

(ii) Preparación: Este concepto refiere, entre otros, a los conocimientos que
alguien tiene de cierta materia38. Aquí se observa una relación inescindible con
las profesiones que la misma norma consagra como habilitadas para acceder
al cargo, tal y como fue precisado en párrafos precedentes. Por ello, el alcance
de este ingrediente se debe enmarcar dentro de la posibilidad para que los
titulados en ingeniería, economía, derecho y administración sean designados
como expertos comisionados de la CREG.

(iii) Experiencia: Sobre este particular, la Sala39 ha acogido la definición que a
nivel reglamentario se consagra en el Decreto 1083 del 2015, artículo
2.2.2.3.7, que entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,
arte u oficio.

(iv) Técnica: Esta judicatura40 determinó que “según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, una de las acepciones del término “técnico”, se

37
Consultado en https://dle.rae.es/reconocido?m=form.
38
Consultado en https://dle.rae.es/preparaci%C3%B3n%20?m=form
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023.
Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
40
Ídem.

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refiere a la persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte”.
(énfasis de la Sala). En el contexto de la norma, el calificativo bajo estudio se
aplica a la preparación y a la experiencia.

(v) En el área energética: Corresponde a los temas que se relacionan con la
energía, específicamente, aquella que es competencia de la CREG, como son
la eléctrica -producida mediante fuentes convencionales o no
convencionales41-, el gas combustible o los combustibles líquidos, entendiendo
que estas circunstancias abarcan diversos aspectos de una cadena que inicia
con la producción o generación, sigue con el transporte, incluye su
comercialización y la disposición para el usuario final.

Para este fallador, es claro que el sector puede ser visto desde dos
perspectivas: la primera, la que se relaciona con las vicisitudes propias de la
consecución, generación y posterior disposición de la energía, para lo cual se
acude a conocimientos propios de las ingenierías y ciencias como la física y
química. Aquí, por ejemplo, se cuenta con los aspectos técnicos de la
exploración y explotación de los yacimientos de gas, las actividades
relacionadas con la construcción de plantas de generación, las dinámicas
propias de las actividades técnicas de transporte y distribución y su
correspondiente operación, entre otras.

La segunda, surge de entender que las actividades descritas, hacen parte de
un sector económico, y en consecuencia de un mercado que cuenta con una
regulación especializada.

En otras palabras: el área energética no solo refiere a circunstancias propias
de la generación y posterior disposición de los energéticos, desde el punto de
vista operativo y técnico, sino también, su comprensión como una actividad
que forma parte de un mercado, con unas dinámicas económicas propias y
altamente reguladas.

Por ello, pueden abordarse desde diversas áreas del conocimiento que se
especialicen en la materia, como la ingeniería, la economía, la regulación, la
administración, la adopción de políticas públicas en la materia, entre otros,
siempre teniendo en cuenta que la experiencia que se demuestre en el mismo
debe ser directa, específica y guardar conexidad con el sector energético.

41
Sobre el particular, ver lo dispuesto en los numerales 15 y 16 del artículo 5º de la Ley 1715 del 2014, que señala:
ARTÍCULO 5º. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se entiende por: (…)15. Fuentes
convencionales de energía. Son aquellos recursos de energía que son utilizados de forma intensiva y ampliamente
comercializados en el país. 16. Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos recursos de energía
disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de
manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER.
Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la UPME. 17. Fuentes No Convencionales de
Energía Renovable (FNCER). Son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se
comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la
geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

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(vi)Haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas del sector energético: Sobre este requisito, que se lee en forma
conjunta con la primera parte de la norma, es de resaltar que es necesario
verificar la ubicación del cargo y sus funciones en la entidad pública o privada,
del sector energético nacional o internacional, para de esta forma establecer si
se trata de un empleo que implique responsabilidad.

En cuanto al concepto de “sector energético”, se precisa que este es aquel en el
que se estudian, analizan, deciden, regulan o se ejercen actividades
relacionadas con el área energética en la forma en que fue definida
previamente, para lo cual, esta judicatura indica que ello tiene las siguientes
perspectivas:

a) Un aspecto institucional42, el cual se deriva de las entidades del Estado
que abordan estos asuntos, tal y como se define en el Decreto 1073 del
2015, así como todas aquellas que, de forma directa, en el ejercicio de sus
funciones específicas y concretas, tengan que ver con estos temas e
implique la toma de decisiones específicas en estos asuntos.

b) Se resalta que, a su vez, existen una serie de organizaciones que no tienen
el carácter de gubernamentales, pero que desempeñan sus labores en el
sector energético, verbo y gracia, la Agencia Internacional de Energía43, la
Agencia Internacional de Energías Renovables44, entre otras.

c) De otra parte, es claro que el sector está compuesto por quienes, desde
una perspectiva económica, desarrollan las actividades propias de la
cadena energética que corresponda. Por ejemplo, a nivel del servicio de
energía eléctrica, la Ley 143 de 1994 define la existencia de varios
agentes, como son, el generador, el transportador, el distribuidor y el
comercializador.

82. De lo dicho hasta el momento, se tiene que el primer evento dispuesto por la
norma, debe entenderse de la siguiente manera: para el acceso al cargo de experto
comisionado de la CREG, se tiene, por un lado, lo que la persona debe ser en punto
de su profesión y preparación, y por el otro, que su ejercicio profesional sea calificado
-técnico- en el área energética y no en otras, mediante el desempeño de cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, de los niveles
nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años.

42
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43
Cuya misión es trabajar con los gobiernos y la industria para dar forma a un futuro energético seguro y sostenible para todos. Ver
https://www.iea.org/about/mission
44
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) es una agencia intergubernamental líder a nivel mundial para
la transformación de energía que sirve como plataforma principal para la cooperación internacional, apoya a los países en
sus transiciones energéticas y proporciona datos y análisis de vanguardia sobre tecnología, innovación, política, finanzas e
inversiones. IRENA impulsa la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable,
incluidas la bioenergía, geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica, en la búsqueda del desarrollo sostenible, el
acceso a la energía y la seguridad energética, para la resiliencia económica y social y la prosperidad y un futuro a prueba
del clima. Ver: https://www.irena.org/About

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83. Conforme con ello, entiende la Sala que en atención a las importantes funciones
que se desempeñan en la comisión de expertos de la CREG frente a un sector
económico/servicio público domiciliario de altísima importancia nacional y respecto
del cual es posible predicar un grado de especialidad y tecnicidad45, se requiere
entonces que las personas que la integran tengan las calidades que se acompasen
con dichas características, las cuales se materializan en la triada de especificidades
antes descritas: una serie de profesiones determinadas, una experiencia
calificada en el área energética y las vinculaciones con el sector, todos ellos de
forma concurrentes.

84. Bajo esta perspectiva, no solo se atiende la literalidad de la disposición jurídica,
sino que, a su vez, se materializa la finalidad que se persigue con ella: garantizar que
los expertos comisionados de la CREG tengan las competencias necesarias para
regular los sectores de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos
derivados de los hidrocarburos, y cumplir con el cometido de la intervención estatal en
este sector de la economía, así como los importantísimos bienes jurídicos que se
buscan proteger con la creación de la entidad, como son la garantía de la libre
competencia, la regulación de monopolios, la oferta energética eficiente, la protección
a los usuarios finales, entre otros.

85. Ahora bien, respecto del segundo evento de la norma -haberse desempeñado como
consultor o asesor por un período igual o superior-, la Sala reitera46 que “al realizar una
interpretación sistemática y teleológica, es claro que el requisito en comento debe leerse en
conjunto con el primer condicionamiento, por manera que la experiencia en la consultoría o
asesoría tiene que provenir del área energética y no de otro sector de la economía, pues un
razonamiento en ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería
al objeto y funciones de la CREG”. A lo anterior, se suma la definición de área energética
que se ha establecido en forma precedente.

86. Precisado lo anterior, procede esta Sección al estudio del caso concreto.

2.6. Caso concreto

87. Para efectos metodológicos, la Sala abordará la solución a los problemas
jurídicos fijados en esta providencia, de la siguiente manera: (i) en primer lugar,
efectuará una precisión de los hechos probados, para (ii) establecer si en efecto, al
momento de la expedición del acto demandado, la señora Natasha Avendaño García
acreditó los requisitos para ser designada en el cargo de experta comisionada, código
0090, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

88. De lo probado en el proceso

45
Diccionario RAE: Cualidad o carácter técnico de algo. Consultado en: https://dle.rae.es/tecnicidad
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023.
Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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89. La Presidencia de la República, tal y como obra en los índices correspondientes
del sistema SAMAI47, remitió los antecedentes administrativos del Decreto 1424 del
29 de julio del 2022, aquí demandado. De estos, la Sala encuentra relevante las
siguientes circunstancias:

90. En cuanto hace a su formación profesional, obran los documentos
correspondientes a los siguientes títulos:

Nivel de formación Institución Título otorgado Fecha
Universitario Universidad de los Economista48 15 de septiembre
Andes del 2001
Maestría Universidad de los Magister en Economía 20 de septiembre
Andes del 2003
Maestría Master of Public Policy University of California 22 de mayo del
2008
Doctorado Doctor of Philosophy University of California 16 de diciembre del
2011.

91. Estos estudios se corresponden con los incluidos en el formato de hoja de vida
de la función pública diligenciado por la demandada, en donde se registró la siguiente
información49:

92. En relación con su experiencia laboral, en el mencionado documento se incluyó la
siguiente información:

No. Entidad Cargo Fecha de Fecha de Tipo de
ingreso salida entidad
1 Superintendencia de Superintendente 4 de octubre del Empleo actual a
Servicios Públicos 2018 la fecha de la Pública
Domiciliarios verificación de
requisitos

47
Índice No. 26, 28 y 29.
48
Así mismo, en los antecedentes administrativos obra copia del acta de grado del 15 de septiembre del 2001, bajo el No.
563-2001, Libro 11, Folio 55.
49
Se aclara que, si bien en el documento se relaciona un título de Magister en Tributación Internacional, Comercio Exterior y
Aduanas, lo cierto es que, en los antecedentes del acto, no se observa diploma por dicho postgrado.

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Demandantes: Diana Sofia Rubiano Medina y otro
Demandado: Natasha Avendaño García

2 Dirección de Impuestos Directora de gestión 27 de marzo del 30 de
y Aduanas Nacionales - organizacional 2015 septiembre del Pública
DIAN- 2018
3 Dirección de Impuestos Subdirectora de 22 de enero del 26 de marzo del Pública
y Aduanas Nacionales - Gestión de Análisis 2014 2015
DIAN- Operacional
4 Dirección de Impuestos Asesor II 27 de enero del 21 de enero del Pública
y Aduanas Nacionales 2012 2014
5 Ministerio de Hacienda y Asesor 1020 Grado 09 de febrero del 26 de enero del Pública
Crédito Público 08 2006 2012
6 Ministerio de Hacienda y Asesor 1020 Grado 28 de noviembre 08 de febrero Pública
Crédito Público 08 del 2005 del 2006
7 Ministerio de Hacienda y Asesor 1020 Grado 12 de febrero del 27 de Pública
Crédito Público 08 2004 noviembre del
2005
8 Ministerio de Hacienda y Contratista 19 de enero del 11 de febrero Pública
Crédito Público / 2004 del 2004
Proyecto MAFP II
9 Ministerio de Hacienda y Contratista 01 de marzo del 31 de diciembre Pública
Crédito Público / PNUD 2003 del 2003
10 Ministerio de Hacienda y Contratista 01 de febrero del 31 de diciembre Pública
Crédito Público / PNUD 2002 del 2002
11 Ministerio de Hacienda y Contratista 01 de septiembre 30 de Pública
Crédito Público / PNUD del 2001 noviembre del
2001

93. El tiempo total de experiencia consignado en el formato de hoja de vida es:

94. La subdirectora de talento humano del Ministerio de Minas y Energía, el 7 de julio
del 2022, emitió certificación del cumplimiento de requisitos, en los siguientes
términos:

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Demandado: Natasha Avendaño García

95. Como se observa de los documentos antes señalados, se tiene que la autoridad
administrativa que intervino en la formación del acto, esto es, el Ministerio de Minas y
Energía, conceptuó que la demandada acreditó los requisitos para el acceso al cargo
de experto comisionado de la CREG, en aplicación del segundo supuesto
consagrado en el literal c) del parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 del 2021, esto es haberse
desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior a 6
años.

96. Ahora bien, es procedente determinar si dicha experiencia se corresponde con la
hermenéutica de la norma que ha efectuado esta judicatura, pues como fue expuesto
en el marco teórico de esta providencia, “al realizar una interpretación sistemática y
teleológica, es claro que el requisito en comento debe leerse en conjunto con el primer
condicionamiento, por manera que la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que
provenir del área energética y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento
en ese sentido vaciaría de contenido la disposición, aunado a que no atendería al objeto y
funciones de la CREG”50. (Énfasis de la Sala)

97. En primer lugar, la Sala resalta que la demandada ostenta el título de
economista¸ así como acreditó ante la autoridad administrativa la culminación de una
serie de estudios de postgrado a nivel maestría e incluso doctorado.

98. Conforme con ello, se entiende que el requisito fijado en el literal b) del artículo 21
de la Ley 143 de 1994, se cumple por parte de la señora Avendaño García, en tanto

50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023.
Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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su profesión se encuentra dentro de aquellas que el legislador expresamente autorizó
para el efecto.

99. En este punto, se debe resaltar que no son de recibo los argumentos de la
demandante del proceso con radicado 2022-00209-00, con los cuales pretende limitar
el alcance de la expresión preparación técnica, a la adquisición de conocimientos
ciencias básicas -biología, física, geología, matemáticas, entre otros- y ciencias
aplicadas, como la ingeniería. Ello, en tanto dicha interpretación resultaría contraria a
la misma norma que establece las profesiones que pueden acceder al cargo.

100. No sobra indicar que, desde la CREG, se adelantan importantes funciones que
no necesariamente se abordan desde las ciencias básicas o aplicadas, como se
plantea en la visión de la parte actora en su demanda, toda vez que, por ejemplo,
asuntos como la garantía de la libre competencia o la regulación de monopolios,
pueden ser abordados por la economía, o incluso el derecho.

101. Así las cosas, en respuesta al primer subproblema jurídico planteado51, se
establece que en cuanto hace a la formación académica, la misma disposición
normativa determina las calidades de quien puede acceder al cargo, señalándose
que para ello podrán ser ingenieros, economistas, administradores de empresas
o similares y abogados, siendo una de estas la que acredita la demandada.

102. De otra parte, para efectos de resolver los problemas jurídicos restantes, se
requiere entonces por analizar si la experiencia como asesora o consultora se
acreditó debidamente por parte de la demandada, conforme a las exigencias de los
requisitos de la norma antes estudiados.

103. En primer lugar, la Sala encuentra que el Ministerio de Minas y Energía
encontró comprobado dicho requisito legal de la siguiente manera:

104. Ahora bien, en el expediente obran las certificaciones que contienen las
funciones desempeñadas por la demandada en los referidos cargos, así:

105. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

51
Si conforme con las normas que rigen la vinculación de los expertos comisionados de la CREG, su preparación debe ser
en asuntos energéticos, lo cual implica conocer sobre ciencias básicas -biología, física, geología, matemáticas, entre otros-
y ciencias aplicadas, como la ingeniería o si los profesionales en economía pueden acceder al empleo, como ocurre en el
caso concreto.

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106. En esta cartera ministerial, se ocuparon por la señora Natasha Avendaño
García los siguientes cargos

Asesor 1020 grado 08 – Dirección General de Política Macroeconómica – Del 12 de febrero
del 2004 al 27 de noviembre del 2005
No. Función Tiempo
1 Asistir al Director en todos los asuntos relacionados con el funcionamiento, la
coordinación y ejecución de las políticas y los plantes generales de la Dirección.
1,8
2 Construir indicadores de eficiencia y resultados de la estrategia de seguridad años
democrática y realizar un seguimiento permanente de la evolución de estos
indicadores
3 Estimación del PIB por el lado del gasto, replicando, en la medida de lo posible, la
metodología del DANE.
4 Construir las cuentas de exportaciones e importaciones en pesos constantes y
generar los deflactores correspondientes.
5 Realizar un seguimiento continuo a las variables del entorno macroeconómico y
analizar su posible efecto sobre el PIB
6 Participar activamente en el estudio y desarrollo de los trabajos adelantados por la
Dirección General de Política Macroeconómica relacionados con el desempeño del
sector real de la economía.
7 Ejercer control interno sobre cada una de las actividades a su cargo
8 Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de
acuerdo con la naturaleza del cargo.
Asesor 1020 grado 08 -Despacho del Viceministro Técnico y comisionada para prestar
servicios en la Dirección General de Política del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –
Del 28 de noviembre del 2005 al 8 de febrero del 2006 / del 9 de febrero del 2006 al 26 de
enero del 2012.
1. Estimación del PIB por el lado del gasto y de cada uno de sus componentes
siguiendo la metodología de cuentas nacionales, para la elaboración de cuentas
nacionales trimestrales.
2. Construir las cuentas de exportaciones e importaciones en pesos constantes y
generar los deflactores correspondientes, par calcular el PIB por el lado de la 6,25
demanda. años
3. Realizar seguimiento continuo a las variables del entorno macroeconómico y
analizar el posible efecto sobre el PIB, para apoyar la toma de decisiones de
política macroeconómica.
4. Implementar, desarrollar y actualizar los modelos de equilibrio general computable,
enfocados al análisis de la estructura tributaria y su impacto en la economía, para
acompañar el proceso de toma de decisiones tributarias.
5. Implementar, desarrollar y actualizar los modelos de equilibrio general computable,
enfocados al análisis del sistema pensional colombiano, para medir su impacto
sobre las variables macroeconómicas más relevantes.
6 Trabajar conjuntamente con la DIAN, para elaborar e implementar los estudios y
trabajos necesarios en la presentación de proyectos de ley sobre temas tributarios.
7 Representar al Ministerio de Hacienda en los procesos de negociación de tratados
internacionales, relacionados con temas tributarios, para apoyar la toma de
decisiones en materia tributaria.
8 Participar activamente en todos los procesos relacionados con temas tributarios del
orden nacional e internacional, que requieran el apoyo o intervención de la
Dirección General de Política Macroeconómica, para apoyar los procesos
tributarios a ejecutar.
9. Participar activamente en el estudio y desarrollo de los trabajos adelantados por la
Dirección General de Política Macroeconómica relacionados con el desempeño del

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sector real de la economía.
10. Ejercer control interno sobre cada una de las actividades a su cargo
11. Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de
acuerdo con la naturaleza del cargo.
TOTAL TIEMPO 8,06
AÑOS

107. Sobre esta experiencia, la Sala efectúa el siguiente análisis:

108. En primer lugar, los cargos desempeñados en la cartera ministerial de
hacienda y crédito público son del nivel asesor. Esta categoría jerárquica dentro de
la administración pública responde a aquellos empleos cuyas funciones, de manera
general, consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empelados de
la alta dirección de la Rama Ejecutiva del orden nacional52. Bajo esta perspectiva,
esta judicatura entiende que este tipo de posiciones pueden asimilarse a las
funciones de asesoría que se consagran en el literal c) del parágrafo 1º del artículo 21
de la Ley 143 de 1994.

109. Ahora bien, corresponde determinar si dichas labores se desempeñaron o
ejecutaron en una entidad que pertenezca al área energética y en la cual se aborden
asuntos de dicha naturaleza. Esta Sección encuentra que la cartera ministerial en la
que se empleó a la señora Avendaño García no pertenece al sector de minas y
energía que se consagra en el Decreto 1073 del 2015, en cuanto por disposición del
Decreto 1068 del 2015, esta entidad es la cabeza del sector de hacienda y crédito
público.

110. Tampoco se trata de una entidad no gubernamental que adelante actividades
en el mismo, o incluso, que sea una empresa del sector privado que adelante alguna
de las actividades económicas que componen la cadena de los energéticos. Por ello,
desde el punto de vista orgánico, es claro que la entidad no responde a esta
característica.

111. Sin embargo, no pasa inadvertido que, en su escrito de contestación, el
representante judicial de la accionada expone que, desde las funciones allí
desempeñadas, la señora Avendaño García sí desarrolló actividades de asesoría que
pueden ser consideradas como ejercidas en el marco del sector energético, en tanto
le brindaron conocimientos y competencias específicas que le permiten atender las
funciones que se encargan a la CREG.

112. En su defensa, refiere que a su paso por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, tal y como consta en las diferentes certificaciones que hacen parte de los
antecedentes administrativos, asesoró “al viceministro técnico en asuntos relacionados
con la planeación macroeconómica, consolidación del marco fiscal de mediano plazo,
estimaciones correspondientes al PIB nacional y al presupuesto general de la Nación,
aspectos que sin lugar a dudas tienen en cuenta conocimientos y consideraciones
relacionadas, entre otras con el sector energía, minero, de consumo, entre otros. Es así como
ejecutó procesos misionales tales como “Definición de Supuestos macroeconómicos y
52
Decreto 1083 del 2015. Artículo 2.2.2.2.2.

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análisis de variables de los sectores” y “Elaboración y Distribución del marco fiscal de
mediano plazo” en los cuales su interrelación con los aspectos materiales que desarrolla la
CREG es innegable (regulación, análisis sectoriales, etc.)”.

113. Para demostrar lo anterior, la parte demandada aportó los documentos53
denominados “DEFINICIÓN DE SUPUESTOS MACROECONÓMICOS Y ANÁLISIS DE
VARIABLES DE LOS SECTORES (REAL, EXTERNO Y FISCAL)” y “ELABORACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO”, los cuales, a juicio de esta
corporación, no pueden ser analizados a efectos de verificar si las funciones
acreditadas en el trámite administrativo previo al nombramiento se corresponden con
la exigencia normativa.

114. Lo anterior, en la medida en que la señora Natasha Avendaño García ocupó
los cargos de asesora en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 12 de
febrero del 2004 al 26 de enero del 2012, mientras que los referidos documentos que
consagran lo procesos misionales de la dependencia a la cual estuvo vinculada,
fueron aprobados hasta el 18 de diciembre del 2020, e incluso, la primera versión de
los mismos se remonta hasta el año 201654.

115. De esta manera, no se tiene certeza en relación con que las actividades allí
descritas se correspondan con la forma en que la demandada desempeñó sus
funciones durante el tiempo en que estuvo vinculada a la referida cartera ministerial,
dado a que fueron definidas en forma posterior, e incluso, en un tiempo en que ya no
laboraba en dicha dependencia, razón por la cual el análisis que realizará esta Sala,
se centrará en el contenido de las funciones que le fueron certificadas y que fueron
relacionadas en la tabla que precede.

116. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala efectuar el análisis
correspondiente de las funciones certificadas, de la siguiente manera:

117. El artículo 1.1.1.1 del Decreto 1068 del 2015, menciona que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público tiene como objetivo “la definición, formulación y ejecución
de la política económica del país, de los planes generales, programas y proyectos
relacionados con esta, así como la preparación de las leyes, la preparación de los decretos
y la regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal,
de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de
las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la República, y las que ejerza, a
través de organismos adscritos o vinculados, para el ejercicio de las actividades que
correspondan a la intervención del Estado en las actividades financiera, bursátil, aseguradora
y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del
ahorro público y el tesoro nacional, de conformidad con la Constitución Política y la ley.”
(énfasis de la Sala)

53
SAMAI. Actuación No. 27 Anexos de contestación de la demanda presentada por el apoderado de la señora Natasha
Avendaño García.
54
Ver los documentos en la actuación No. 27 del sistema SAMAI, en los anexos presentados en la contestación de la
demanda.

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118. Precisado lo anterior, la Sala entonces analiza cada una de las funciones
desempeñadas, así:

Función Concepto de la Sala.
Construir indicadores de eficiencia y Se observa que esta función no guarda relación con el sector
resultados de la estrategia de seguridad energético, en la medida en que hace referencia a la creación de
democrática y realizar un seguimiento indicadores de una estrategia de seguridad nacional.
permanente de la evolución de estos
indicadores
Estimación del PIB por el lado del gasto, El PIB puede calcularse por la estimación del gasto, que
replicando, en la medida de lo posible, la corresponde a una fórmula que suma todos los gastos finales de la
metodología del DANE. demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Es
decir, se trata de sumar el valor a precio de mercado de todas las
compras realizadas de bienes y servicios finales55. Entendiendo lo
anterior, la Sala no observa una relación específica con asuntos
energéticos.
Construir las cuentas de exportaciones e Considerado que se trata de un asunto propio del comercio
importaciones en pesos constantes y internacional colombiano, en tanto con estas cuentas se construye
generar los deflactores correspondientes la denominada balanza comercial, no se observa que la función
guarde una relación específica y concreta con el sector energético
y los asuntos de este.
Realizar un seguimiento continuo a las Estas variables son aquellas que buscan medir un fenómeno
variables del entorno macroeconómico y macroeconómico, como lo es la balanza comercial, el desempleo,
analizar su posible efecto sobre el PIB. la inflación, el producto interno bruto, entre otros. Así las cosas, se
observa que no se trata de una competencia que se relacione de
manera directa respecto los asuntos energéticos.
Participar activamente en el estudio y El sector real de la economía corresponde a la producción de
desarrollo de los trabajos adelantados por bienes y servicios56. A su vez, está compuesto del sector
la Dirección General de Política agropecuario, industrial -extractivo57 e industrial de transformación-
Macroeconómica relacionados con el y de servicios -no producen una mercancía58. Según lo anterior, se
desempeño del sector real de la economía. podría decir que al sector real pertenecen todos los sectores
económicos, exceptuando el sector financiero y monetario59.
Bajo esta competencia, se puede determinar que la demandada
adelantó actividades que implican la adquisición de conocimientos
y la realización de diagnósticos del amplio sector real de la
economía, en el cual se incluye la industria extractiva de minerales
y petróleo -ambos considerados energéticos-, e incluso, la
prestación de servicios públicos domiciliarios, considerándolos
como integrantes de las actividades económicas que se llevan a
cabo en el país.
Sin embargo, de la misma no se puede derivar específicamente
alguna función de asesoría o asistencia en asuntos que se
enmarquen dentro del área energética, pues si bien es cierto, es
posible considerar que conoció dicho sector desde los estudios
efectuados para determinar el desempeño del sector real de la
economía, lo cierto es que ello no implica que se hubiere
desempeñado específicamente en algún aspecto se enmarque en
la exigencia normativa.
Esto no solo surge de la interpretación que hace el juez de la
norma y la prueba de las funciones, sino que, no hubo un
elemento probatorio que demostrara por parte de la demanda
que en efecto ella cumpliera puntualmente con tal experiencia.

Implementar, desarrollar y actualizar los
modelos de equilibrio general computable,

55
Ver https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf.
56
Ver: https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-catolica-de-salta/economia/sector-real-economia-ii/17742632
57
Minería y petróleo.
58
Ver: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sector_real
59
Ídem.

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enfocados al análisis de la estructura Sobre estas funciones, la Sala observa que se trata sobre
tributaria y su impacto en la economía, para procesos que se enfocan en procesos tributarios y pensionales,
acompañar el proceso de toma de por lo que no se observa una relación directa con el sector
decisiones tributarias energético y los asuntos del mismo.
Implementar, desarrollar y actualizar los
modelos de equilibrio general computable,
enfocados al análisis del sistema pensional
colombiano, para medir su impacto sobre
las variables macroeconómicas más
relevantes.
Trabajar conjuntamente con las DIAN, para
elaborar e implementar los estudios y
trabajos necesarios en la presentación de
proyectos de ley sobre temas tributarios.
Representar al Ministerio de Hacienda en
los procesos de negociación de tratados
internacionales, relacionados con temas
tributarios, para apoyar la toma de
decisiones en materia tributaria.
Participar activamente en todos los
procesos relacionados con temas
tributarios del orden nacional e
internacional, que requieran el apoyo o
intervención de la Dirección General de
Política Macroeconómica, para apoyar los
procesos tributarios a ejecutar.

119. Aunque esta judicatura no desconoce que desde dicha entidad la demandada
ejerció su profesión en temas que denotan una alta condición técnica en temas
económicos, especialmente macroeconómicos, lo cierto es que las competencias
desempeñadas por la señora Avendaño García en esta cartera no permiten concluir
que se trate de una actividad en asuntos energéticos, en la forma en que fueron
descritos en los acápites precedentes en esta decisión.

120. Como fue expuesto en el marco teórico de esta providencia, se resalta que las
funciones de asesoría y consultoría deben haberse realizado material y efectivamente
en dichos temas, pues solo desde esta perspectiva se puede atender la finalidad de
la norma en punto de las competencias que deben predicarse de los expertos
comisionados de la CREG. Por ello, es claro que estas actividades deben tener una
clara relación de especificidad y conexidad con aquellos, enfocándose en las
particularidades que envuelven este mercado desde el punto de vista de su
operatividad y de las condiciones económicas del mismo.

121. Por ello, aunque desde sus responsabilidades en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público la demandada obtuvo una serie de competencias importantes en
asuntos macroeconómicos, lo cierto es que no se observa cómo aconsejó o asistió el
área específica del sector de la energía eléctrica, el gas combustible y los
combustibles líquidos.

122. De otra parte, si bien pudo conocer el sector desde la perspectiva del análisis
de las distintas variables económicas que se incluyen en los eventuales estudios
realizados desde la dependencia para la cual laboró -como la estimación del PIB-, no
es claro y no se demostró de su parte que haya ejercido alguna función técnica

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especializada de asesoría o consultoría en asuntos energéticos. A este punto, se
reitera, se requiere el ejercicio efectivo de la función y no al mero conocimiento que se
pueda tener sobre ello.

123. Así mismo, se debe resaltar que las funciones y la regulación que se
encuentra en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de sus entidades
vinculadas o adscritas, se enfocan en los sectores fiscal, tributario, aduanero, de
crédito público, presupuestal, de tesorería, cooperativo, financiero, cambiario,
monetario y crediticio, sin que se incluya en el mismo los asuntos energéticos
propiamente dichos.

124. Por ello, se concluye que la experiencia acreditada en los cargos
desempeñados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se tuvieron en
cuenta como de asesoría o consultaría, no se acompasa con la exigencia normativa.

125. Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN –

126. En los documentos que soportan los antecedentes administrativos del acto
demandado, se observa que la señora Natasha Avendaño García acreditó que, en la
mencionada entidad, ocupó los siguientes cargos y desarrolló las funciones
asignadas a los mismos así:

Directora de Gestión Organizacional Código 509 Grado 06 – Del 27 de marzo del 2015 al 30 de
septiembre del 2018
No. Función Tiempo
1 Dirigir y coordinar la formulación del Plan Estratégico institucional incorporando el
Plan Anual de Choque contra la Evasión y el Contrabando y los planes operativos,
su evaluación y ajustes y presentarlo a las instancias correspondientes para su 3,56
aprobación años
2 Establecer, dirigir y evaluar el sistema de gestión de calidad de control interno de
acuerdo con los términos definidos en la Ley
3 Dirigir y coordinar el diseño e instrumentación de la estructura básica del sistema de
carrera, reglas y criterios de movilidad y sus procesos de evaluación y monitoreo
según las normas legales vigentes
4 Dirigir, coordinar e integrar la caracterización, definición y elaboración de los
procesos, procedimientos, las herramientas conceptuales, tecnológicas, los
formularios, formas, formatos, instructivos y cartillas y de los servicios electrónicos
necesarios para la estandarización y el desarrollo adecuado de las actividades de la
Entidad, en concordancia con el sistema de gestión, de calidad y de control
establecidos.
5 Dirigir, reglamentar, implementar y evaluar las políticas, alternativas y
especificaciones técnicas para la adquisición, construcción y desarrollo de la
tecnología de la información, hardware, software, comunicaciones, seguridad, y de
los servicios informáticos electrónicos, dentro de la arquitectura técnica y en
concordancia con la formulación y ejecución del plan estratégico de la Entidad, el
modelo de gestión, de calidad y de control establecidos.
6 Dirigir las propuestas de reorganización interna teniendo en cuenta los estudios de
las cargas de trabajo, perfilamiento del riesgo y comportamiento de los procesos de
la DIAN.
7 Dirigir la formulación y evaluación de los planes, programas y/o campañas de
control, facilitación, capacitación y divulgación, así como el establecimiento de
modelo de gestión para aprobación y ejecución de las áreas responsables.
8 Dirigir y coordinar los estudios económicos internos en materia tributaria, aduanera
y cambiaria
9 Coordinar y canalizar la interacción, cooperación e intercambio de información

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tributaria, aduanera y cambiaria entre la DIAN y organismos nacionales e
internacionales, de conformidad con la ley. 10 Las señaladas como funciones comunes de la Direcciones, Oficinas y
Subdirecciones de la Entidad y las demás asignadas por autoridad competente, de
acuerdo con su competencia y el área de desempeño. Subdirectora Código 506-04 – Subdirección de Gestión de Análisis Operacional – Del 22 de
enero del 2014 al 26 de marzo del 2015
1 Proveer escenarios que permitan la formulación, evaluación y ajuste del plan
estratégico y el anteproyecto de presupuesto anual de rentas y gastos
2 Establecer los métodos, procedimientos e indicadores que permitan medir el 1,19
cumplimiento del plan estratégico y su impacto en la organización. años
3 Elaborar y formular propuestas sobre estudios y modelos de perfilamiento de riesgo
y comportamiento en los procesos de la DIAN. 4 Formular, evaluar y ajustar planes, programas y/o campañas de control, facilitación,
comunicación interna y divulgación, así como el establecimiento de metas, recursos
e indicadores de acuerdo con la ley, el plan estratégico y el modelo de gestión para
su aprobación y ejecución de las áreas responsables. 5 Realizar estudios y mediciones económicas de las medidas, cambios internos y
externos y decisiones gubernamentales en materia tributaria, aduanera y de control
cambiario, así como sobre la estructura tributaria colombiana y estructura tributaria
de otros países como apoyo a la definición de políticas en materia tributaria,
aduanera y cambiaria. 6 Apoyar la elaboración y evaluación de anteproyectos de legislación tributaria,
aduanera y cambiaria, en relación con el impacto sobre tributación. 7 Proporcionar estadísticas y rendir informes relacionados con los resultados de la
gestión tributaria, aduanera, cambiaria y administrativa. 8 Solicitar y coordinar con las áreas el suministro de la información interna y externa
requerida para la ejecución del Plan Estratégico. 9 Adelantar estudios de cargas de trabajo requeridos por la Entidad en mejora del
modelo de gestión. 10 Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional, responder por su
ejecución, evaluación y rendición de cuentas de los resultados. 11 Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de los planes operativos de
las dependencias a su cargo. 12 Proponer en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Anteproyecto de
Presupuesto Anual de Rentas y Gastos de su dependencia y garantizar su
ejecución. 13 Participar en la elaboración del Plan de Capacitación de los empleados públicos a
su cargo. 14 Ejercer las funciones de superior técnico y jerárquico administrativo de las
dependencias a su cargo, y superior técnico en materias de su competencia, de los
niveles local y delegado. 15 Dirigir, supervisar y evaluar la gestión de las áreas en las Direcciones Seccionales
16 Orientar y apoyar en los aspectos normativos y procedimentales a los empleados
públicos de la DIAN que atiende los procesos de atención al cliente. 17 Participar en el desarrollo, implementación y evaluación del modelo de gestión
institucional, de acuerdo con los requerimientos del mismo. 18 Mantener actualizada la información requerida por los procesos y los servicios
informáticos soporte de la gestión de la DIAN, así como suministrar y requerir la
información necesaria para los fines de control, facilitación, capacitación,
cooperación e intercambio, comunicación interna y/o divulgación de conformidad
con lo establecido en la ley y los reglamentos. 19 Participar en el diseño y evaluación de programas de control, facilitación y
capacitación y/o divulgación de los asuntos propios de su área
20 Proponer indicadores que permitan medir la gestión del área. 21 Definir y ejecutar el Plan de Supervisión y Control del área a nivel nacional y prestar
el apoyo que se requiera.

22 Responder por la implantación y funcionamiento del Sistema de Control Interno de
su área
23 Avocar el conocimiento y competencia de funciones de las áreas a su cargo en el
nivel central, local y delegado, cuando las circunstancias lo ameriten. 24 Dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre sus dependencias.

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25 Proponer las reformas normativas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y
administrativa.
26 Las demás que le asigne el superior inmediato, acordes con la naturaleza de la
dependencia.
Asesor II Código 402 Grado 02 – En el despacho de la Dirección General de la DIAN – Del 27 de
enero del 2012 al 21 de enero del 2014
1 Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse
para el logro de los objetivos y metas asignadas al despacho. 2,01
2 Coordinar, consolidar y participar en las investigaciones, estudios, planes y años
programas tendientes al logro de la misión de la entidad.
3 Asesorar y participar en la celebración de contratos, convenios o acuerdos que
permitan cumplir con la misión de la entidad y que deba firmar el Director General.
4 Asesorar y preparar la presentación de informes que deba realizar y presentar la
Dirección General para el cumplimiento de los compromisos requeridos.
5 Absolver consultas y emitir conceptos técnicos y operativos relacionados con los
procesos y servicio, según asignación del superior inmediato, para dar trámite
oportuno y eficiente.
6 Proyectar oportunamente la respuesta a las peticiones, comunicaciones y demás
actuaciones administrativas que le sean asignadas.
7 Prestar asistencia y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones
relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas propios de las
dependencias de la Entidad.
8 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato
de acuerdo con la naturaleza del empleo.
TOTAL TIEMPO 6,77
AÑOS

127. En igual consideración a lo expuesto en el acápite que precede, desde el
punto de vista orgánico, la DIAN no pertenece al sector de minas y energía, siendo
que, por el contrario, aquella es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, formando el sector descentralizado de dicha rama del Gobierno
Nacional60.

128. De otra parte, el apoderado de la demandada señaló que, en su paso por esta
entidad, sus funciones se concretaron en aspectos como la definición del plan táctico
y el desarrollo del proceso de inteligencia corporativa, para los cuales se requiere ser
conocedor de profundos aspectos del mercado energético y minero dentro de un
contexto macro.

129. Por ello, corresponde determinar si las funciones certificadas, responden a los
criterios de asesoría o consultoría en el sector energético.

130. Para responder a este argumento, es de señalar que la DIAN tiene como
objeto “coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la protección del
orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación
de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y
legalidad.”61 (énfasis de la Sala)

131. Bajo esta perspectiva, la Sala considera que las funciones desempeñadas por
la señora Avendaño García en esta entidad, en los diferentes cargos que ostentó, si

60
Artículo 1.2.1.5 del Decreto 1068 del 2015.
61
Ídem.

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bien le otorgan una serie de competencias en materia del cumplimiento de dicho
objeto, lo cierto es que no evidencian que en efecto se hubiere tratado de labores de
asesoría o consultoría concretas, específicas y directamente relacionadas con el
sector energético y los asuntos que allí se tratan.

132. Así las cosas, se observa que desde las distintas posiciones cuyas funciones
fueron acreditadas, se puede señalar que todas ellas estuvieron enfocadas en el
cumplimiento de los planes y programas tendientes a la materialización de la
importante función de la DIAN en punto de la garantía de cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduaneras, cambiaras y las operaciones de comercio exterior
en el país, mas no guardan una relación de especificidad o conexidad con los
denominados asuntos energéticos.

133. Contrario a lo que se expone en la contestación de la demanda, los
documentos que se aportaron con ella, en donde se exponen los procesos de
inteligencia corporativa y de planeación estratégica, no ponen de presente situaciones
que permitan concluir lo contrario.

134. Como prueba, la demandada aportó un documento denominado
“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO -CP-I-0010 – INTELIGENCIA CORPORATIVA”, el
cual tiene como objetivo “gestionar la información relevante sobre el ambiente externo y las
condiciones internas de la organización, para la toma de decisiones operativas, la
orientación estratégica, el mejoramiento de la capacidad corporativa y el cumplimiento
de la misión y objetivos de la DIAN”. (Énfasis de la Sala)

135. Así mismo, se indica que tiene el siguiente alcance:

 Desarrollo de la planeación estratégica, táctica y operativa
 La definición, implementación y evaluación de la metodología, estructura de
responsabilidades y estrategias para la gestión del riesgo.
 La gestión de las solicitudes de los usuarios cuanto éstos consideran vulnerados
sus derechos y las recomendaciones par la mejora de la entidad.
 La identificación de las necesidades derivadas de la Planeación Estratégica termina
con el cierre o finalización del proyecto de inversión.
 Las estrategias para garantizar el acceso y/o divulgación de la información
institucional para las partes interesadas; y
 El desarrollo de las acciones de planificación, implementación, revisión,
monitoreo y mejoramiento de los sistemas de Gestión de Calidad, Control
Interno y Gestión Ambiental de la DIAN. (Énfasis de la Sala)

136. La Sala entiende, del contenido de la referida prueba, que se trata de un
proceso interno de la DIAN a efectos de obtener la información y presentar
propuestas para garantizar el mejoramiento continuo de las decisiones operativas y
estratégicas, darlas a conocer a los interesados y buscar con ello el cumplimiento de
la misión institucional y la eficacia de los sistemas de calidad, control interno y gestión
ambiental.

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137. Sin embargo, no se observa alguna función específica y concreta que permita
concluir que tuvo acciones de asesoría en asuntos energéticos.

138. Así mismo, se aportó como prueba del cumplimiento de los requisitos, el
documento denominado “PLAN TÁCTICO DIAN 2014-2018”62, el cual establece los
objetivos, estrategias, metas, proyectos y responsables de la entidad. Nuevamente,
aquel responde al establecimiento de aquellas actividades que se consideran como
prioritarias para el desarrollo de la misión institucional, lo cual se evidencia en algunos
de los objetivos estratégicos y tácticos allí expuestos, más no se concluye que en
efecto se hubiere prestado alguna labor de asesoría en asuntos energéticos o que
alguno de ellos hubiere sido parte de la planeación de la entidad para la cual trabajó
la demandada.

139. Por todo lo dicho, la experiencia acreditada en la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales no se acompasa con la exigencia normativa fijada en la Ley 143
de 1994, modificada por la Ley 2099 del 2021, para el acceso al cargo de experto
comisionado de la CREG.

140. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

141. En los antecedentes del acto demandado, se aportó la siguiente certificación de
funciones:

Superintendente Código 0030 Grado 25 – Del 04 de octubre del 2018 al 6 de julio del 2022
No. Función
1 Liderar la estrategia de la Superintendencia y aprobar los lineamientos que le sean
presentados para el cumplimiento de la misma
2 Aprobar las políticas, estrategias, metodologías y procedimientos para ejercer la supervisión
de las entidades sometidas a la inspección, vigilancia, control de conformidad con lo dispuesto
en las Leyes 142 y 143 de 1994.
3 Proponer a las autoridades competentes, la regulación de interés para la Superintendencia y
sus entidades vigiladas, así como las políticas y mecanismos que propendan por el desarrollo
y el fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios.
4 Identificar e inscribir de oficio en el Registro Único de Proponentes -RUPS, a aquellos
prestadores que estén prestando servicios públicos bajo cualquier modalidad.
5 Fijar las tarifas de las contribuciones que deben pagar las entidades vigiladas y controladas,
de conformidad con la ley.
6 Decidir sobre la asimilación de actividades principales o complementarias que componen la
cadena de valor de los servicios públicos y la obligación de constituirse como empresas de
servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en el parágrafo (sic) artículo
14 de la Ley 142 de 1994.
7 Definir los lineamientos para la presentación, actualización y cargue de la información

62
Este plan se adopta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011, que señala lo siguiente:
ARTÍCULO 74. PLAN DE ACCIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las
entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de
Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los
indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del
año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como
las modificaciones a este o a su desagregación. PARÁGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las
Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.

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requerida para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control a cargo de la
Superintendencia.
8 Sancionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios que incumplan leyes,
contratos, planes, acuerdos, programas y actos y ordenes administrativos (sic) a los que están
sujetos.
9 Sancionar, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 158 de la Ley 142 de
1994 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, a las empresas que no
respondan de forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios frente a la prestación del servicio.
10 Tomar posesión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en los casos y para los
propósitos que contempla el artículo 59 de la Ley 142 de 1994 y las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.
11 Suscribir los actos administrativos, contratos, circulares e instructivos que se requieran para
cumplir con la medida de toma de posesión, de acuerdo con la normativa vigente para esta
forma de intervención estatal.
12 Ordenar la liquidación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios,
cuando a ello hubiere lugar y en los casos señalados en la ley, por no haberse solucionado
dentro del término por él definido, la situación que dio origen a la toma de posesión.
13 Designar o contratar al liquidador del prestador de servicios públicos domiciliarios que se
encuentre en toma de posesión.
14 Celebrar, cuando así lo estime, el contrato de fiducia en virtud del cual se encargue a una
entidad fiduciaria la administración de una empresa en forma temporal, en el evento de la
toma de posesión de alguna de las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control.
15 Ordenar, previo concepto de la Comisión de Regulación competente, la reducción
simplemente nominal del capital social, cuando una empresa haya perdido cualquier parte de
su capital, sin recurrir a la asamblea o a la aceptación de sus acreedores.
16 Actuar como ordenador del gasto del Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de 2003
17 Ejercer la representación legal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
18 Expedir los actos administrativos, circulares e instructivos que sean necesarios para el
cumplimiento de las funciones que la ley le otorga a la Superintendencia
19 Nombrar, remover y distribuir a los servidores de la Superintendencia, de conformidad con las
disposiciones legales.
20 Organizar grupos internos de trabajo, comités, comisiones e instancias de coordinación
internas para el mejor desempeño de las funciones de la Entidad.
21 Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Superintendencia para su posterior
incorporación al proyecto de Presupuesto General de la Nación.
22 Adelantar y resolver en segunda instancia los procesos disciplinarios respecto de aquellas
conductas en que incurran los servidores y ex servidores de la Superintendencia.
23 Coordinar la implementación del Sistema de Control Interno y disponer el diseño de los
métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, así como el
ejercicio de las funciones a cargo de los servidores de la Superintendencia se ciñan a los
artículos 209 y 269 de la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y demás normas legales y
reglamentarias que se expidan sobre el particular
24 Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
25 Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo.
TOTAL DE TIEMPO: 3,81 AÑOS.

142. Sobre este particular, se efectúan las siguientes consideraciones:

143. De conformidad con el artículo 370 constitucional, corresponde al presidente de
la República, ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el control, inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

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144. Esta Sección advierte, que las funciones que desempeña esta entidad, en
cabeza de quien ocupa el cargo de superintendente, se enfocan en establecer el
cumplimiento de los parámetros normativos que se aplican a las empresas que
prestan servicios públicos, entre ellos, los correspondientes a la energía eléctrica y el
gas combustible. Dichos parámetros, incluyen, entre otros, la regulación que se dicta
por la CREG63 en el ejercicio de sus competencias.

145. Por ello, entiende que el desarrollo material de estas atribuciones conlleva a un
conocimiento especializado en las materias y la forma en que son regulados los
prestadores de los servicios públicos antes señalados, lo que implica que, en efecto,
se adquiere la experiencia correspondiente sobre el tema cuando se ocupa esta
posición.

146. Se concluye entonces, que quien ostenta la condición de superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, ejerce una serie de competencias y funciones en
dicho sector, que le permiten conocer y materialmente ejercer una profesión en el
mismo, atendiendo para ello las altas condiciones técnicas de aquel y las
especificidades propias de un mercado que tiene una connotación importante frente
al cumplimiento de las finalidades propias del Estado Social y Democrático de
Derecho.

147. Adicionalmente, puede concluirse que si bien, desde el punto de vista orgánico,
la referida entidad de inspección, vigilancia y control no pertenece al sector
energético, lo cierto es que las competencias constitucional y legalmente asignadas a
esta son transversales al mismo, y por lo tanto, pueden entenderse que en este
aspecto, cumple con el criterio normativo exigido por la Ley 143 de 1994 para el
acceso al cargo de experto comisionado de la CREG.

148. Así las cosas, el tiempo laborado por la señora Avendaño García en esta
entidad del Estado, serviría para acreditar la exigencia normativa de los requisitos de
experiencia en el sector, más se precisa que ello no se acompasa con el segundo
evento de la norma -labores de asesoría o consultoría-, sino en el primero, esto es,
haber desempeñado cargo de responsabilidad en entidades públicas o privadas de
este ramo de la economía. Sin embargo, como pasa a señalarse a continuación, la
labor allí desempeñada, no se llevó a cabo por el numero de años establecidos por el
legislador.

149. Conclusiones frente al estudio de la experiencia acreditada en sede
administrativa

150. Conforme lo señalado hasta el momento, se tiene que, en realidad, la
demandada acreditó la siguiente experiencia para el acceso al cargo:

63
No sobra indicar que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, El superintendente de servicios públicos
domiciliarios asistirá a la CREG con voz, pero sin voto.

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Señora Natasha Avendaño García – Verificación del cumplimiento de los requisitos para el
cargo de experta comisionada de la CREG – Parágrafo 1º del artículo
Fundamento Normativo: Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas
del sector energético, nacional o internacional por un período superior a seis años (…)
Cargo Tiempo
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
• Superintendente Código 0030 Grado 25 – Del 04 de octubre del 3,81 años
2018 al 6 de julio del 2022
Fundamento normativo: Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, (…) o
haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior.
Cargo Tiempo
Asesor 1020 grado 08 – Dirección General de Política
Macroeconómica – Del 12 de febrero del 2004 al 27 de noviembre 0 años
del 2005
Asesor 1020 grado 08 -Despacho del viceministro Técnico y 0 años
comisionada para prestar servicios en la Dirección General de
Política del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Del 28 de
noviembre del 2005 al 8 de febrero del 2006 / del 9 de febrero del
2006 al 26 de enero del 2012.
Directora de Gestión Organizacional Código 509 Grado 06 – Del 27 0 años
de marzo del 2015 al 30 de septiembre del 2018
Subdirectora Código 506-04 – Subdirección de Gestión de Análisis 0 años
Operacional – Del 22 de enero del 2014 al 26 de marzo del 2015
Asesor II Código 402 Grado 02 – En el despacho de la Dirección 0 años
General de la DIAN – Del 27 de enero del 2012 al 21 de enero del
2014
Total de tiempo en experiencia acreditado para el acceso al 3,81 AÑOS
cargo de experto comisionado de la CREG

151. Conforme con lo dicho, se tiene entonces que la señora Natasha Avendaño
García no cumple con ninguno de los eventos descritos en literal c) del parágrafo 1º
del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en tanto no acreditó haberse desempeñado en
un cargo de responsabilidad en el sector energético nacional o internacional por un
período superior a 6 años, así como tampoco ha desarrollado actividades de
consultoría o asesoría, en los mismos asuntos por un lapso igual al señalado con
anterioridad.

152. De la procedencia de la figura de la equivalencia.

153. La Sala observa que, en su defensa, el apoderado de la demandada señaló que
el artículo 3° del Manual de Funciones de la entidad (Resolución No. 633 de 2021 de
la CREG), acto que goza de presunción de legalidad y que hace parte del bloque
normativo a tenerse en cuenta para realizar el análisis de hoja de vida y la vinculación
de los expertos comisionados de la CREG, estableció que son aplicables las
equivalencias para la acreditación de estudios y experiencias en los términos del
artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.

“Lo cual en materia de equivalencia permite concluir que fue un acto propio de la
entidad hacer efectiva y aplicar la equivalencia de estudios por experiencia profesional
al cargo de Experto Comisionado.”

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154. Sobre el particular, es necesario señalar que, de los antecedentes del acto de
nombramiento demandado, no se observa constancia alguna que permita tener como
acreditado que la Presidencia de la República, al momento de verificar los requisitos
de acceso al cargo, procedió a efectuar equivalencias con los estudios acreditados
por la señora Avendaño García, en los términos del 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de
2015.

155. Adicionalmente, se debe reiterar lo dicho por esta judicatura64, al indicar que
para el cargo de experto comisionado que se ubica jerárquicamente en el nivel
directivo, el Manual de Funciones de la CREG (Resolución No. 633 de 2021)
establece como requisitos, los siguientes:

156. Así las cosas, en el citado acto administrativo no se contemplaron las
equivalencias o alternativas para ocupar el cargo, en razón a que estas no son
aplicables a los empleos cuyos requisitos estén fijados en forma expresa en la
Constitución o en la ley, tal como lo dispone el artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1085
de 201365, siendo este el caso de los expertos comisionados de la CREG, respecto
de los cuales el legislador consagró parámetros específicos para el acceso al mismo.

157. Ahora bien, tampoco son de recibo los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, en los cuales se señala que el manual de funciones es
un documento que dispone la forma en cómo se acreditan los requisitos legales para
el acceso a un cargo.

64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023.
Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
65
Decreto 1085 de 2013. Artículo 2.2.2.4.10. Requisitos determinados en normas especiales. (…) Parágrafo 1.
PARÁGRAFO 1. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan
requisitos establecidos en la Constitución Política, en la ley y en el presente artículo, se acreditarán los señalados en tales
disposiciones, sin que sea posible modificarlos o adicionarlos en los manuales específicos de funciones y de competencias
laborales.

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158. A juicio de esta judicatura, es claro que el perfil fijado por el legislador en estos
casos, responde a las necesidades de una garantía técnica y especializada para el
cumplimiento de las funciones encomendadas a la CREG. Por ello, al haberse
elevado dicho nivel de exigencia respecto de quien aspira a ocupar un asiento en la
comisión de expertos de dicha entidad, implica que la forma en que se acreditan los
requisitos, debe ser únicamente mediante la acreditación de los eventos fijados
directamente por el legislador.

159. No sobra indicar que es claro que con las leyes 142, 143 y 2099, el
legislador tuvo en cuenta criterios de “proximidad” y “cercanía” al sector
energético de aquellos que desearan ser postulados al citado cargo. Tales
parámetros, están concebidos desde 1994 y fueron reiterados en el 2021 ya que
el interés de regular los servicios públicos, es guiado por la tecnificación de tales
áreas.

160. De tal manera que, se excluyen aspectos generales, abstractos, etéreos
frente a la acreditación de tal experiencia. Así fue la concepción que tuvo el
legislador y que el juez debe aplicar, pensar lo contrario, seria desdecir al
legislador.

161. Bajo la perspectiva propuesta por el apoderado de la nombrada, se aceptaría
entonces que las entidades públicas, ante una exigencia legal específica, puedan
considerar que los estudios puedan equipararse con la experiencia técnica exigida,
sin que ello sea viable, en la medida en que expresamente el legislador no determinó
esa posibilidad.

162. Y si bien no se desconoce que el manual de funciones puede o no adoptar la
aplicación de equivalencias entre estudios y experiencia, lo cierto es que una
decisión positiva en tal sentido, debe entenderse en el marco de las restricciones que
a nivel legal se han fijado para el efecto, por lo que la alegada a autonomía de la
administración pública para el efecto, no puede ir en contra de las disposiciones que
le regulan en la materia.

163. Por esta razón, los argumentos en este sentido, expuestos en defensa de la
legalidad del acto demandado, no son de recibo, y por lo tanto se despachan en
forma desfavorable.

164. Conclusión

165. Conforme lo señalado en esta providencia, se concluye que la señora Natasha
Avendaño García no cumplió con los requisitos para el acceso al cargo de experta
comisionada, código 0090, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, sin que
sea procedente para el efecto acudir a la figura de la equivalencia entre estudios y
experiencia.

166. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

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III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1424 del 29 de julio de 2022 por
medio del cual se nombró a la señora Natasha Avendaño García en el cargo de
experta comisionada, código 0090, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no
procede recurso alguno.
TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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