Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00011-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00011-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00011-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de septiembre de 2024
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Ppal.)
Acumulado: 11001-03-28-000-2024-00076-00
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro1
Demandado: Baisser Antonio Jiménez Rivera, experto comisionado (E) de
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Nombramiento en encargo, en empleos de periodo fijo y de
dedicación exclusiva. Experiencia requerida en cargos de
Tema:
responsabilidad para el empleo de experto comisionado de la
CREG.
SENTENCIA
La Sala dicta sentencia de única instancia, dentro del medio de control de nulidad
electoral, ejercido contra el nombramiento en encargo de Baisser Antonio Jiménez
Rivera, como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), contenido en el Decreto 2005 de 21 de noviembre de 2023 2.
I. ANTECEDENTES
1. Demandas
Los demandantes, en nombre propio, presentaron libelo, en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral3, ante lo cual mencionaron que el 7 de agosto de 2022,
el comité de expertos de la CREG estaba conformado por Jorge Valencia Marín,
Luis Julián Zuluaga, Natasha Avendaño, José Fernando Prada, Sara Vélez y Andrés
Barreto, designados mediante nombramientos ordinarios.
Señalaron que luego, José Fernando Prada y Luis Julián Zuluaga renunciaron; se
declaró la nulidad de los nombramientos de Natasha Avendaño, Andrés Barreto y
Sara Vélez, y Jorge Valencia Marín culminó su periodo de cuatro años.
Agregaron que el demandado se desempeña como asesor, código 1020, grado 10
del Ministerio de Minas y Energía, y el presidente de la República lo nombró4, en
encargo y por un periodo de tres meses, como experto comisionado, código 0090
de la planta de personal de la CREG, por encontrarse dicho empleo en vacancia
definitiva.
1
Daniel Currea Moncada.
2
«Por el cual se acepta una renuncia, se declara una vacancia definitiva y se hace un encargo».
3
«Por el cual se acepta una renuncia, se declara una vacancia definitiva y se hace un encargo».
4
Mediante el Decreto 2005 del 21 de noviembre de 2023.
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1
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Sostuvieron que en el decreto acusado se dispuso que el accionado continuaría
ejerciendo las funciones de su empleo como asesor en la planta de personal en el
Ministerio de Minas y Energía, lo cual desconoce la dedicación exclusiva, propia del
cargo de experto comisionado de la CREG.
Afirmaron que el empleo de experto comisionado de la CREG es de periodo fijo, por
tanto, no le es aplicable la figura del encargo, la cual está prevista solo para cargos
de libre nombramiento y remoción, en los términos del Decreto 1083 de 2015 5.
De acuerdo con los argumentos planteados por los accionantes, las Leyes 1426 y
1437 de 1994, regularon el régimen de competencias y la estructura orgánica de las
comisiones de regulación de servicios públicos. Específicamente, respecto de la
CREG, se precisa que tiene naturaleza de unidad administrativa especial, con
independencia administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de Minas
y Energía.
Manifestaron que el accionado no cumple con los requisitos exigidos en el parágrafo
1 del artículo 21 de la Ley 143 de 19948, pues carece de los seis años de experiencia
reconocida, en el área energética, en cargos de responsabilidad o como como
asesor, por un periodo igual o superior, en el sector minero energético.
1.2. Concepto de la violación
Para los demandantes, el acto de nombramiento vulneró las normas en que debía
fundarse9, comoquiera que se contravinieron los artículos 21 de la Ley 143 de 1994
y 2.2.5.5.4310 del Decreto 1083 de 2015, así como lo prevista en el numeral 5 del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Lo cual se sustentó de la siguiente manera:
1.2.1. El ejercicio de la función reguladora de la CREG debe ser independiente
Afirmaron que el legislador, al crear la CREG, determinó mecanismos institucionales
que garantizan su autonomía, en el ejercicio de su función reguladora, como su
carácter técnico y especializado, la pluralidad de sus integrantes, independencia
patrimonial, periodo fijo de los expertos comisionados y su sometimiento al régimen
de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses.
5
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». Al respecto, hizo referencia
a los artículos 2.2.5.42 y 2.2.5.43.
6
«Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones».
7
«Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética».
8
Artículo 21. <Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021> La Comisión de Regulación de Energía y Gas
se organizará como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente
manera: (…) PARÁGRAFO 1o. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones: a) Ser colombiano y ciudadano en
ejercicio; b) Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de
posgrado; y c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado
cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período
superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior.
9
Artículo 137 del CPACA.
10
Artículo 2.2.5.5.43 Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. Los empleos de libre nombramiento y remoción
en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia temporal, el encargo
se efectuará durante el término de ésta. En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses,
vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
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Asimismo, indicaron que dicha atribución sobre el servicio público, a cargo de la
CREG, es independiente y fue otorgada directamente por la ley, por lo que debe
diferenciarse de las competencias del presidente de la República respecto de las
políticas generales de la administración y la eficiencia de los servicios públicos.
En ese orden, consideraron que dicha autonomía tiene como fin asegurar la
imparcialidad y neutralidad de la entidad, en torno a la creación de normas
regulatorias, «que establecen de manera detallada la forma de prestación de los
servicios públicos domiciliarios».
1.2.2. El acto demandado es nulo porque desconoce el periodo fijo del empleo
de experto comisionado de la CREG, establecido en el artículo 21 de la Ley
143 de 1994
De acuerdo con los demandantes, del artículo 21 de la Ley 143 de 1994 se concluye
que el cargo de experto comisionado tiene periodo fijo de cuatro años y es de
dedicación exclusiva; luego, el decreto acusado vulnera dicha norma, al haberse
nombrado, en encargo.
Al unísono, se refirieron al artículo 125 de la Constitución Política, para resaltar que,
en los cargos de periodo fijo, el funcionario podrá permanecer en el mismo hasta el
final del término previsto y el nominador no podrá removerlo de forma discrecional.
En este orden, señalaron los actores que la figura del encargo resulta incompatible
con los empleos de periodo fijo, pues solo es aplicable para los empleos de carrera
administrativa o de libre nombramiento y remoción, (art 24, Ley 909 de 200411).
Mencionaron que el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015, da sustento a sus
argumentos, por tanto, no era aplicable tal modalidad en el empleo de experto
comisionado de la CREG, al ser de periodo fijo.
Aludieron al carácter transitorio del encargo, de tres meses, prorrogables por una
sola vez, en caso de vacancia definitiva. Así, la característica de permanencia del
empleo de periodo fijo y la temporalidad de dicha institución jurídica, resultan
opuestos.
En ese sentido, se indicó que el nombramiento en encargo para un empleo de
periodo fijo contraviene el ordenamiento jurídico porque no hay norma que faculte
al Gobierno Nacional, para efectuar estas designaciones. Aseguraron que el decreto
demandado lo usó «ilegalmente», al haberse expedido sin competencia
constitucional, legal y reglamentaria y, además, contraviene el literal d) del artículo
2112 de la Ley 143 de 1994, norma en la que debía fundarse, y que establece que
los expertos comisionados serán nombrados para periodos de cuatro años.
11
Modificado por el artículo 1.° de la Ley 1960 de 2019.
12
«Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. La Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará
como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera: a) Por
el ministro de Minas y Energía, quien la presidirá; b) Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; c) Por el Director del
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Rivera, experto comisionado (E) de la
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1.2.3. El acto demandado es nulo porque desconoce la dedicación exclusiva
del empleo de experto comisionado de la CREG, prevista en el artículo 21 de
la Ley 143 de 1994
Mencionaron que el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 determinó el carácter de
dedicación exclusiva como experto comisionado de la CREG, lo que lo hace
incompatible con el encargo, pues en este se prevé la posibilidad de ejercer dicho
empleo, sin desvincularse de las funciones del otro, como lo establece el artículo
2.2.5.4.713 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.
Conforme lo anterior, «la característica principal de este tipo de empleos: una vez
el funcionario es nombrado y posesionado, [es la dedicación exclusiva] al ejercicio
de su cargo». A juicio de los actores, con lo anterior se busca asegurar el ejercicio
eficaz y eficiente de tales funciones, así como garantizar el interés general y evitar
que se produzcan conflictos de intereses que pongan en riesgo la objetividad,
imparcialidad e independencia de la actividad.
Expuso que, en este caso, de acuerdo con el Decreto 2005 de 2023, en el cual se
encargó al señor Baisser Antonio Jiménez Rivera en el empleo de experto
comisionado, el mismo continuaría ejerciendo las funciones del cargo que
desempeña en el Ministerio de Minas y Energía, lo cual contraviene normas
superiores. Lo anterior, teniendo en cuenta que tal empleo de la CREG es de
dedicación exclusiva y el legislador no prevé excepciones a esta característica, por
lo que, su ejercicio es incompatible con cualquier otra actividad profesional.
1.2.4. El acto demandado es nulo porque, a través del encargo, se desconoce
la estructura de la CREG prevista en las Leyes 142 y 143 de 1994
Afirmaron los accionantes que la Ley 142 de 1994 estableció la estructura orgánica
de las comisiones de regulación, dentro de la que se encuentra el comité
Departamento Nacional de Planeación; d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados
por el Presidente de la Republica para periodos de cuatro (4) años. El superintendente de servicios públicos domiciliarios
asistirá con voz, pero sin voto. La Comisión contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo que ella misma determine y tendrá regímenes especiales en materia de
contratación, de administración de personal, de salario y de prestaciones y gozaré de autonomía presupuestal. La Comisión
manejara sus recursos presupuestales y operará a través del contrato de fiducia mercantil que celebrara el Ministerio de Minas
y Energía con una entidad fiduciaria, el cual se someterá a las normas del derecho privado Estas disposiciones regirán,
igualmente, los actos que se realicen en desarrollo del respectivo contrato de fiducia. Los expertos tendrán la calidad que
determine el presidente de la Republica y devengarán la remuneración que él mismo determine. La Comisión de Regulación
de Energía y Gas expedirá su reglamento interno, que será aprobado por el Gobierno Racional, en el cual se señalará el
procedimiento para la designación del Director Ejecutivo de entre los expertos de dedicación exclusiva. PARÁGRAFO 1. Los
expertos deberán reunir las siguientes condiciones: a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio; b) Tener título universitario
en ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado; y c) Contar con una
reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en
entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un periodo superior a seis (6) años; o haberse
desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior. PARÁGRAFO 2. Los expertos comisionados serán
escogidos libremente por el Presidente de la Republica. En su elección, el Presidente propenderá por la formación de un
equipo interdisciplinario, por lo que no podrá nombrar a más de un abogado como experto comisionado. PARÁGRAFO 3. Los
expertos podrán ser reelegidos por una sola vez. PARÁGRAFO 4. Los expertos no podrán ser elegidos cargos directivos en
entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al ejercicio de su cargo. PARÁGRAFO 5. Informes
semestrales. Sin perjuicio del cumplimiento de la ley 1757 de 2015, la CREG deberá presentar ante las Comisiones Quintas
del Congreso de la República, semestralmente l n informe que sintetice las decisiones y actos administrativos expedidos
indicando de forma clara y precisa la medida y el motivo de que provocó su aprobación».
13
Artículo 2.2.5.4.7 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de
empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular,
desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente capítulo.
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conformado por expertos comisionados que, en el caso de la CREG, desarrollan las
funciones previstas en la ley y en el Decreto 1260 de 2013 14, las cuales tienen que
ver con el ejercicio de su función reguladora y garantizan el desarrollo autónomo e
independiente de la misma.
Indicaron que los demás miembros de la CREG que desempeñan cargos en el
Gobierno Nacional no tienen atribuidas funciones particulares, pues su participación
está limitada solo a las sesiones que realice dicha comisión. 15 En ese sentido,
advirtieron que, con el encargo, se elimina la diferencia entre los integrantes del
Gobierno Nacional y los expertos comisionados, distinción que responde «a una de
las garantías institucionales definidas por el Legislador para garantizar su
independencia a través de la conformación de un órgano colegiado».
Afirmaron que, bajo la figura del encargo, el demandado deja de ser independiente
y representa al Ministerio de Minas y Energía y, así las cosas, «el MME pasa de
tener un puesto -que le otorga la ley- a tener la cantidad de puestos que el propio
MME determine». Dicho lo anterior, a criterio de los demandantes, el acto
demandado infringe normas superiores en las que debía fundarse, como también,
se expidió sin competencia, puesto que el presidente de la República no puede
desconocer la estructura de la CREG, acudiendo a la figura del encargo.
1.2.5. En el acto demandado se nombró en encargo a Baisser Antonio Jiménez
Rivera, como experto comisionado de la CREG, sin cumplir los requisitos
legales para ello16
Expuso la parte actora, que el accionado no cumplió con la experiencia requerida
para ser experto comisionado de la CREG, pues no logró certificar 72 meses de
experiencia profesional en cargos de responsabilidad de empresas o entidades
del sector energético, ni en empleos de asesoría o consultoría 17.
Al respecto, se indicó que en punto a la nacionalidad y estudios, el demandado
cumple a cabalidad con lo exigido por el parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 143
de 1994; empero, respecto de la experiencia, insisten en que no se acredita
conforme a la interpretación que la Sección Quinta ha dado frente a esta clase de
nombramientos.
Para soportar sus aseveraciones, manifestó que el nombrado no desempeñó cargos
de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético por seis
años, comoquiera que ha sido el Consejo de Estado quien ha entendido:
14
Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
15
Por su parte, los expertos comisionados, tiene las siguientes: «Formular la agenda regulatoria anual y presentarla para
aprobación de la CREG. Analizar el estado de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y definir los aspectos que
requieran ser regulados, las modificaciones, complementaciones y ajustes a la regulación vigentes para incluirlos en la agenda
regulatoria. Dirigir la investigación, análisis y diseño de la regulación en los temas de competencia de la CREG. Presentar a
la CREG los proyectos de regulación de carácter general y particular y los documentos que se requieran. Analizar las
observaciones y sugerencias recibidas sobre la regulación y sobre los nuevos proyectos y aprobar sus respuestas».
16
Cargo que solo fue propuesto en la demanda de radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00011-00 (principal).
17
Para fundar su dicho, en los folios del 13 al 16 de la demanda, presentó tabla en la que hizo referencia a la experiencia al
demandado y las razones por las que, a su juicio, no cumple con los criterios de la norma.
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[Q]ue debe realizarse un análisis de «la ubicación del cargo y sus funciones
en la entidad pública o privada, del sector energético nacional o internacional,
para de esta forma establecer si se trata de un empleo que implique
responsabilidad (…).18
A partir de ello, se analizó la hoja de vida del demandado para concluir que, el
desempeño como profesional especializado 2028 grado 22 en la Unidad de
Planeación Minero Energética no cumple19, «con el requisito de ser experiencia
en cargos de responsabilidad o de consultoría o asesoría, ya que de acuerdo con
las funciones, estas eran propias del nivel profesional (ejecución de actividades bajo
supervisión del nivel Directivo y asesor)».
Conforme a lo dicho, indicaron que las prescripciones legales exigen una
cualificación especial; por lo tanto, señalan que el decreto es nulo, «en la medida
que no garantiza la idoneidad del nombrado y tampoco asegura que el mismo sea
experto en la materia, para participar en las decisiones» del sector energético.
2. Actuaciones procesales relevantes
En auto del 23 de enero de 2024 y del 16 de julio del mismo año, los despachos
sustanciadores admitieron las demandas de los expedientes:
20 21
11001032800020240001100 y 11001032800020240007600 , respectivamente.
Así mismo, mediante providencia del 2 de julio de 2024, se dispuso la acumulación
de los citados procesos, quedando el 2024-00011-00 como principal.
2.1. Contestaciones
Realizadas las notificaciones ordenadas en los autos admisorios de las demandas,
según consta en los respectivos informes secretariales, se pronunciaron:
2.1.1. Ministerio de Minas y Energía
A través de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones22, al considerar, que no
se configuran las causales de nulidad alegadas. En ese orden, propuso las
siguientes excepciones de mérito:
2.1.1.1. Inexistencia de causal de nulidad frente al Decreto 2005 del 21 de
noviembre de 2023 al no ser desconocid[a] la estructura e independencia de
la CREG
Indicó que, contrario al dicho del accionante, el encargo se utilizó como herramienta
transitoria para evitar la paralización del servicio y garantizar la continuidad de la
18
Citó Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de mayo de 2023, exp.
11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum. 11001-03-28-000-2022-00308-00.
19
Insistió en que las prestaciones de servicio con la UPME y la vinculación con las empresas ADECO, Universidad de los
Andes y GENELEC no cumplen con la exigencia del legislador.
20
Magistrado ponente: Luis Alberto Álvarez Parra.
21
Magistrado ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
22
De los expedientes acumulados.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
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CREG, lo cual no implica desdibujar la independencia de los expertos comisionados,
propia de su carácter técnico.
Asimismo, manifestó que la aludida alteración de la estructura funcional de la CREG
no tiene sustento probatorio y no es posible afirmar que el Ministerio de Minas y
Energía tenga doble representación en dicha comisión, ya que el encargo tiene
carácter temporal.
2.1.1.2. Inexistencia de causal de nulidad frente al Decreto 2005 del 21 de
noviembre de 2023 al no ser desconocido el literal d) del artículo 21 de la Ley
143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 en lo relativo
al período fijo
Señaló que si bien el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015 prevé la figura
del encargo para los empleos de libre nombramiento y remoción, no existe norma
jurídica que prohíba su aplicación en los de periodo fijo. Además, debe considerarse
que los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 201523 se refieren al
encargo como algo «transversal», procedente en todos los eventos en los que se
verifiquen los elementos esenciales de su supuesto de hecho.
Afirmó que el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015 consagra el encargo sin
restringirlo a los empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción. Asimismo,
indicó que:
[…] [A]unque resulta infortunado que el Decreto demandado haya invocado
erradamente como fundamento competencial el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083
de 2015 relativo a encargos en empleos de libre nombramiento y remoción, ello no se
traduce forzosamente en la ilegalidad del encargo realizado. Como ha quedado visto,
existe una pluralidad de disposiciones del Decreto 1083 de 2015 como los artículos
2.2.5.4.1, 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.1 o el 2.2.5.5.45 que dan sustento a la legalidad de la
determinación adoptada mediante el Decreto 2005 del 21 de noviembre de 2023.
En consecuencia, agregó que no es cierto que el acto administrativo hubiera sido
expedido con infracción de las normas en que debía fundarse porque el encargo en
empleos de periodo fijo no está prohibido y es una figura que pertenece al régimen
general de la función pública que armoniza los principios de eficacia, economía,
celeridad y prevalencia del interés general, con las necesidades temporales de los
procedimientos de selección del personal apto para esta clase de cargos.
2.1.1.3. Inexistencia de causal de nulidad del Decreto 2005 del 21 de noviembre
de 2023, el encargo puede ser realizado sin dedicación exclusiva
Advirtió que el Decreto 2005 de 2023 no desatendió el artículo 21 de la Ley 143 de
1994, pues la dedicación exclusiva solo es exigible para aquellos expertos que sean
nombrados por el presidente de la República para periodos de cuatro años y no
para quienes sean encargados transitoriamente. En todo caso, precisó que la
temporalidad de los nombramientos en encargo «no desmeritan (sic) el trabajo
realizado con gran dedicación por estos comisionados».
23
Modificado por el Decreto 648 de 2017, artículo 1.
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Finalmente, expuso que dado el carácter técnico y especializado del cargo de
experto comisionado, previsto en el literal c)24 del parágrafo 1 del artículo 21 de la
Ley 143 de 1994, quien sea designado debe cumplir con características
profesionales específicas y no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades,
por lo que es necesario hacer uso de la figura del encargo mientras se nombra a
una persona que tenga el perfil legalmente requerido.
2.1.1.4. La interpretación de los requisitos para el ejercicio de un cargo público
debe realizarse restringiendo la posibilidad de extender o incluir exigencias
no incorporadas por el legislador
Frente a la falta de cumplimiento de requisitos para el cargo de experto comisionado
de la CREG manifestada por la parte accionante, la entidad se refirió al carácter
restrictivo y taxativo de las exigencias para acceder al ejercicio de empleos públicos.
En ese sentido, indicó que al operador no le es posible establecer requisitos
adicionales a los previstos expresamente en la norma jurídica, por tanto, no se
admiten interpretaciones de las que se extraigan nuevos requerimientos para
ocupar el cargo respectivo.
Al respecto, aseveró que, contrario a lo concluido por la parte actora, el requisito de
«contar con una reconocida preparación y experiencia técnica», no se refiere a un
aspecto reputacional o de renombre respecto de un grupo de personas, en tanto, el
Consejo de Estado ha establecido que la expresión «reconocida» debe entenderse
como la necesidad de que la experiencia y preparación exigidas se acrediten con
los documentos o certificaciones correspondientes 25.
2.1.1.5. Cumplimiento de los requisitos contenidos en el literal c) del parágrafo
1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley
2099 de 2021, al haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético y desempeñarse como consultor o
asesor
Afirmó que los demandantes, cuando estudiaron la hoja de vida del accionado
omitieron analizar lo relativo al desempeño de «funciones en el área energética que
no solo refiere a circunstancias propias de la generación y posterior disposición de
los energéticos, desde el punto de vista operativo y técnico, sino también, su
comprensión como una actividad que forma parte de un mercado, con unas
dinámicas económicas propias y altamente reguladas».
Expuso que la parte actora no tuvo en cuenta la experiencia obtenida por el
demandado en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), «como
asesor», «por presuntamente no ser cargos de responsabilidad o de consultoría o
24
Parágrafo 1o. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones (…) c) Contar con una reconocida preparación y
experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas
del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como
consultor o asesor por un período igual o superior.
25
«Al respecto, citó «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero
del 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio».
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8
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
asesoría», solo porque su vinculación se realizó mediante contrato de prestación de
servicios. Mientras que la subdirectora de talento humano del Ministerio de Minas y
Energía la validó porque las funciones se enfocaron en temas relacionados con el
sector energético.
A su vez, expuso que la experiencia de Baisser Antonio Jiménez Rivera, como
asesor en la DISPAC26, tampoco se estudió por los demandantes, a pesar de que
la misma guarda conexidad con el sector energético.
Mencionó que, con la contestación de la demanda, aportó certificaciones que
acreditan que el demandado se desempeñó en la UPME, como profesional
especializado grado 22 y como coordinador del grupo interno de trabajo de
transmisión y distribución.
Concluyó que la experiencia obtenida por el demandado en la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y en DISTASA S.A E.S.P. es de 47,40 meses, en
un cargo de responsabilidad, del nivel directivo del sector energético y las funciones
ejercidas, fueron de asesorías y consultorías, en la UPME y en DISPAC que
equivalen a 33,63 meses.
2.1.1.6. El acto administrativo fue expedido conforme a las normas en que
debía fundarse al verificarse la experiencia exigida para el cargo por el
funcionario designado por ley, para tal efecto
Manifestó que, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015 (art. 2.2.5.3.1), es de
competencia del jefe de recursos humanos, o de quien haga sus veces, la
verificación de la experiencia y preparación requerida para ejercer un cargo. A partir
de ello, la subdirectora de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía
certificó el cumplimiento de requisitos, según consta en el documento que aportó
con la contestación a la demanda, la cual fue «refrendada» por el presidente de la
República.
Por último, expuso que no observa que el acto administrativo demandado se hubiera
expedido con infracción en las normas en que debía fundarse.
2.1.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Su apoderado se opuso a las pretensiones de la parte actora por considerar que
confunde los nombramientos definitivos con los temporales e ignora el carácter de
transitorio.
Aseveró que el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, «no contempla la
situación relativa a comisionados que han sido nombrados en encargo
transitoriamente, por lo que no le es dable al intérprete de la misma, exigir que estos
deban contar con la dedicación exclusiva que es predicable únicamente a los
comisionados cuando han sido nombrados en propiedad».
26
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.
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9
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Indicó que no existe disposición legal alguna que prohíba el encargo frente a ciertos
empleos, por el contrario, dicha figura procura por la satisfacción inmediata y
transitoria del servicio, ante renuncias o vacancias, como la de este caso.
Informó que el encargo permite el desempeño simultáneo de dos cargos públicos.
Además, precisó que «(i) no existe disposición legal que lo prohíba y (ii) de tiempo
atrás la reglamentación de esta figura ha contemplado que el encargo puede
efectuarse con o sin desvinculación de las funciones propias del cargo en propiedad
conforme a lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973 […]».
Manifestó que ante el nombramiento de un experto comisionado de la CREG es
«legítimo […] que el Presidente (sic) de la República se tome un tiempo prudencial
en la búsqueda del perfil apropiado», por lo que la figura del encargo resulta ser el
mecanismo idóneo para que la comisión pueda continuar funcionando.
Sostuvo que, a pesar de que el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015 se
refiere al encargo en empleos de libre nombramiento y remoción, ello no quiere decir
que esté restringido para otro tipo de vinculaciones, por ejemplo, los de periodo fijo
porque el mismo es una figura transversal a la función pública y su aplicación no
está proscrita en el ordenamiento.
Puso de presente la certificación del cumplimiento de requisitos de Baisser Antonio
Jiménez, expedida por la subdirectora de Talento Humano del Ministerio de Minas
y Energía, para desempeñar el empleo de experto comisionado de la CREG, porque
demuestra el cumplimiento del procedimiento previsto en el Decreto 1083 de 2015.
Finalmente, se refirió a la «posterior refrendación por la Presidencia de la República
como parte del procedimiento para expedir el Decreto 2005 de 2023», la cual
también tuvo en cuenta la normativa aplicable y la acreditación de los requisitos
necesarios del demandado para el empleo de experto comisionado en la CREG.
2.1.3. Demandado
Su apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda. Manifestó que los
actores se refieren al requisito «reputacional» para ser experto comisionado; sin
embargo, el mismo no se encuentra previsto en la ley, además, no explican en qué
consiste la mencionada exigencia.
Indicó que el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 refiere a la experiencia reconocida,
la cual debe acreditarse mediante las certificaciones o los documentos
correspondientes, como ocurrió en el presente caso.
Expuso que frente al requisito de desempeñar «cargos de responsabilidad», el
Consejo de Estado27 precisó que «para dar cumplimiento a este criterio, se debe
Para lo cual, hizo referencia a las providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 2 de febrero de 2023.
27
Radicado núm: 11001-03-28-000-2022-00211-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia de 27 de abril de 2023. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00
MP. Rocío Araújo Oñate.
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10
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
verificar la ubicación del cargo y sus funciones en la entidad pública o privada, del
sector energético nacional o internacional, para de esta forma establecer si se trata
de un empleo que implique responsabilidad», pero, en su criterio, se omitió
desarrollar lo que debe entenderse por dicho concepto.
Afirmó que, quien ejerza un empleo en la administración desempeña un cargo de
responsabilidad, pues, incluso, las prácticas, pasantías y monitorias comportan tal
carácter. Además, dicho concepto es diferente al de responsabilidad directiva, la
cual se predica de los empleos de naturaleza gerencial.
De acuerdo con el demandado, lo relevante, para efectos de cumplir con el criterio
de cargos de responsabilidad, es que la experiencia acreditada corresponda al
ejercicio de actividades relacionadas con el área y el sector energético.
Mencionó que los demandantes calificaron en el «nivel profesional» algunas de las
experiencias obtenidas por el demandado, por no cumplir con el criterio
reputacional, sin indicar las razones. Además, precisó que la experiencia no puede
valorarse de forma subjetiva y menos limitarse a su «denominación formal», sino
que debe atender a las funciones y que estén relacionadas de manera directa,
específica y conexa con el área energética.
Advirtió que no es posible rechazar su experiencia como contratista, limitándose a
la vinculación y desconociendo la finalidad de los requisitos legalmente exigidos.
Respecto de la experiencia adquirida por el demandado en la UPME, señaló que
supera los siete años, que es una entidad adscrita el sector energía, en la cual se
desempeñó como profesional especializado, coordinador de grupo interno de
trabajo de transmisión y distribución y contratista. También, ejerció funciones
relacionadas, en forma directa y específicamente con el área energética, por tanto,
sí cumple con el requisito de cargos de responsabilidad.
Lo mismo ocurre con las acreditaciones en ADECO28-DISPAC29, la Universidad de
los Andes y GENELEC LTDA porque ejerció actividades relacionadas con el área
energética, desde el punto de vista económico. En conclusión, considera que la
experiencia profesional en cargos de responsabilidad en empresas o entidades del
sector energético es superior a 72 meses.
Por otro lado, aseguró que no era necesario que se desvinculara de las funciones
del cargo que ejercía en propiedad, en el Ministerio de Minas y Energía, pues su
designación ante la CREG fue temporal y el encargo así lo permite.
Agregó que no se demostró que el ejercicio de sus actividades implique la existencia
de conflicto de intereses o que hubiera inobservado los principios de eficacia,
Consejo de Estado, Sección Quinta. Providencia de 18 de mayo de 202. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00212-00
Acum. 11001-03-28-000-2022-00308-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
28
Empresa temporal ADECCO Colombia.
29
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
neutralidad e imparcialidad en la ejecución de las funciones que le fueron
encargadas.
Según el accionado, «si bien el cargo de experto comisionado es de periodo, no por
ello deja de ser de libre nombramiento, lo que permite que el mismo sea susceptible
de un Encargo (sic) en los términos del artículo 2.2.5.5.41. del Decreto 1083 de
2015». Finalmente, afirmó que el acto enjuiciado no debe anularse, pues no
desconoce lo señalado en los artículos 21 de la Ley 143 de 1994, ni 2.2.5.5.43 del
Decreto 1083 de 2015.
3. Pronunciamiento sobre las excepciones
Dentro del traslado de las excepciones 30 , en los procesos acumulados, se
pronunciaron:
3.1. Demandante (expediente 2024-00011-00)
Controvirtió los argumentos propuestos por la defensa del Ministerio de Minas y
Energía y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Al
respecto, indicó que en la demanda no se reprocha el uso de la figura del encargo
y su utilidad para evitar la parálisis de la prestación de servicios, sino que, en este
caso, la misma fue utilizada inadecuadamente, pues el funcionario encargado debió
desvincularse del empleo que ejercía en propiedad, con el fin de garantizar la
exclusividad propia del cargo de experto comisionado.
Sostuvo que la ley, al exigir expresamente la dedicación exclusiva de los expertos
comisionados busca restringir de forma absoluta, el desempeño de cualquier otro
tipo de actividad, incluso, la pública, como la que ejerce el demandado, en calidad
de asesor de una cartera ministerial. Lo anterior se fundamenta en el carácter
técnico del empleo y atiende a las incompatibilidades frente a los sujetos regulados
y entidades políticas del sector.
Indicó que el Ministerio de Minas y Energía erró al calificar la experiencia del
demandado respecto del cargo desempeñado como asesor código 1020 grado 15,
pues, «según la certificación que fue aportada por el mismo demandado, no todo el
tiempo desempeñó funciones de coordinación, sino que por un periodo
comprendido entre el 3 de mayo de 2021 y el 1 de junio de 2021, desempeñó las
funciones propias del nivel Asesor, relacionadas con servicios públicos, pero no
directamente relacionadas con el sector energético».
Asimismo, frente a la experiencia valorada por la entidad, en la categoría asesor o
consultor, se incluyeron los contratos de prestación de servicios, cuyo objeto se
supeditaba a labores de apoyo, las cuales no encuadran dentro del «perfil altamente
especializado» que se requiere para ser experto comisionado.
En el expediente 2024-00011-00 corrió del 23 al 27 de febrero de 2024, de acuerdo con constancia secretarial, índice 20,
30
SAMAI. En el expediente 2024-00076-00 corrió del 2 al 4 de abril de 2024, de acuerdo con constancia secretarial, índice 21,
SAMAI.
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12
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Aclaró que, contrario a lo afirmado por el demandado, en su defensa, los cargos de
periodo fijo no pueden asimilarse a los de libre nombramiento y remoción, pues la
Ley 909 de 2004 distingue cuatro categorías de empleos públicos, entre las que se
conciben, separadamente, estos, y los de periodo fijo.
3.2. Demandante (expediente 2024-00076-00)
A juicio del demandante, el argumento del ministerio y la presidencia, sobre la
utilización del encargo, como medida transitoria, para evitar la eventual paralización
de las funciones de la CREG, es falaz, pues la cesación del servicio depende
exclusivamente de que el presidente no cumpla con su deber de nombrar, en
propiedad, a los expertos de dicha comisión, habiendo «pasado más de 10 meses
sin que eso ocurra». Por lo que, no se debe permitir que las entidades se valgan
de sus propias omisiones «para atentar contra la independencia» de la comisión.
Reiteró lo relativo a la vulneración de la independencia de la función reguladora de
la CREG, que ejercen los expertos comisionados y sostuvo que, contrario a lo
afirmado por las autoridades administrativas, existe relación de subordinación entre
el demandado y el Ministerio de Minas y Energía, pues fue nombrado, como asesor,
en la planta de personal de la entidad, el 15 de noviembre de 2023, esto es, seis
días antes de ser encargado como experto comisionado.
Asimismo, manifestó que las autoridades públicas solo pueden hacer lo que les está
permitido por la ley, por lo que, la ausencia de prohibición para encargar en el
empleo de experto comisionado no es una autorización para aplicar la figura y, como
corolario de lo dicho, aseguró que en el decreto acusado se encargó al demandado
del empleo de experto comisionado y no de sus funciones.
4. Trámite de sentencia anticipada
En providencia del 2 de julio de 202431, y con fundamento en el artículo 182A del
CPACA, modificado por la Ley 2080 de 202132, se ordenó impartir trámite para dictar
sentencia anticipada, por lo que se dispuso incorporar los documentos aportados
por las partes y se ofició al Ministerio de Minas y Energía para que allegara algunas
pruebas solicitadas por el demandante33. Asimismo, se corrió traslado a los sujetos
procesales para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que,
de considerarlo, rindiera su concepto.
31
SAMAI, índice 54.
32
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de
puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales
aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las
pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. El juez o magistrado ponente, mediante auto,
se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código
General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma
prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito. No obstante estar cumplidos
los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera
necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este
código (…)».
33
Aportas al proceso, mediante memorial de 5 de julio de 2024. Samai, índice 58.
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13
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Para el efecto, se fijó el litigio en los siguientes términos:
Determinar si la elección de Baisser Antonio Jiménez Rivera, debe ser anulada por
haber incurrido en infracción de las normas en que debía fundarse y falta de
competencia en su expedición, artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y en la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la misma norma.
En ese sentido, señaló necesario resolver los siguientes interrogantes:
a. ¿Se infringió el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, por encargar al demandado del
empleo de experto comisionado de la CREG, al tratarse de un cargo de periodo
fijo?
b. ¿Al encargar al demandado en el empleo de experto comisionado de la CREG, sin
desvincularse de sus funciones como asesor del Ministerio de Minas y Energía, se
infringió la dedicación exclusiva, propia del cargo de experto comisionado, prevista
en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994?
c. ¿Al encargar al demandado, siendo asesor del Ministerio de Minas y Energía, en
el empleo de experto comisionado de la CREG, se desconoció la estructura e
independencia de dicha comisión?
d. ¿El demandado cumplió con la experiencia exigida en el literal c) del parágrafo 1
del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, para ejercer el cargo de experto comisionado
de la CREG?
Lo anterior, a partir de los conceptos de la violación, expuestos en las demandas
acumuladas, reseñados en la presente providencia, junto con las razones de hecho
y de derecho allegadas oportunamente por las partes e intervinientes, antes
relacionadas.
5. Actuaciones relevantes
Mediante memorial del 5 de julio de 2024, el Ministerio de Minas y Energía, en virtud
de la orden proferida en auto del 2 de dicho mes y año, allegó:
Certificación Laboral radicado 2-2024-020886 del exfuncionario BAISSER ANTONIO
JIMÉNEZ RIVERA quien laboró hasta el 24 de junio de 2024 en el Ministerio de Minas
y Energía y tomó posesión el 25 de junio de 2024 en propiedad en el empleo de
Experto Comisionado CREG nombrado mediante Decreto 0771 del 24 de junio de
2024 (Adjunto en dos documentos).
Acta de Posesión 196B del 21 de noviembre de 2023 - Encargo mediante Decreto
2005 del 21 de noviembre de 2023 (Adjunto en 1 documento).
El demandante, Germán Lozano Villegas, se pronunció durante el término de
traslado de las pruebas aportadas por el Ministerio de Minas y Energía34. En ella,
reiteró que la certificación en la que consta que Baisser Antonio Jiménez Rivera
desempeñó el cargo de asesor, código 1020, grado 10 en el despacho del
viceministro de energía y el acta de posesión como experto comisionado de la
34
Que corrió desde el 9 de julio hasta el 11 de julio de 2024 a las cinco de la tarde, de acuerdo con constancia del 8 de julio
de 2024. Índice 60, SAMAI.
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14
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
CREG, dan cuenta de que, para el momento en que ejerció como asesor en el
Ministerio de Minas y Energía también se desempeñó en el cargo de experto
comisionado. Por lo que, se vulneró la dedicación exclusiva de dicho empleo y se
violó la independencia de la CREG, tal como se expuso en las demandas.
6. Alegatos de conclusión
Durante el término35 para presentar los alegatos de conclusión y rendir concepto,
se pronunciaron:
6.1. Demandante (expediente 11001-03-28-000-2024-00011-00) 36
Manifestó que la falta definitiva de uno de los miembros de la CREG no tendría la
capacidad de paralizar el servicio, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el
artículo 5 de su reglamento interno (Resolución 105-3 de 2023), el referido órgano
puede funcionar con al menos cinco de sus integrantes, de los cuales, uno es el
ministro de Minas y Energía. Asimismo, indicó que no está justificado que, para
garantizar el mantenimiento de la CREG, se desconozcan normas imperativas.
Indicó que, el demandado no desarrolló actividades de asesoría o consultoría en las
órdenes de prestación de servicios que se usaron para acreditar su experiencia. En
virtud de lo anterior, concluyó que el señor Baisser Antonio Jiménez Rivera no
cumplió con los requisitos exigidos para el cargo de experto comisionado, pues no
desarrolló actividades de asesoría o consultoría en asuntos energéticos, por el
tiempo exigido en la ley.
6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República37
Sostuvo que no debe anularse el Decreto 2005 de 2023, para tal efecto, hizo énfasis
en que, en atención a la importancia y calidades técnicas del cargo de experto
comisionado de la CREG, su nombramiento supone grandes responsabilidades, por
lo que no es una decisión que pueda adoptarse de forma ligera, por lo que el
encargo representa el mecanismo idóneo para garantizar la prestación del servicio
público de la entidad, «a [su] vez permite efectuar los procedimientos necesarios
para el nombramiento en propiedad de los expertos comisionados».
Afirmó que a pesar de que en el acto demandado se invocaron normas relativas al
encargo en empleos de libre nombramiento y remoción, el mismo está previsto en
el Decreto 1083 de 2015 y es una figura transversal al derecho laboral
administrativo, procedente en todos los eventos en los que se den los siguientes
supuestos, i) un empleado público en funciones, ii) un cargo público vacante y iii) un
nombramiento en encargo que atienda a la temporalidad del mismo.
35
«Por el término común de diez días para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tiene, rinda
concepto contados desde el 12 de julio de 2024 hasta el 25 de julio de 2024 a las cinco de la tarde». Samai, índice 62.
36
Mediante memorial del 16 de julio de 2024. SAMAI, índice 63.
37
Mediante memorial del 24 de julio de 2024. SAMAI, índice 64.
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15
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
6.3. Demandante (expediente 11001-03-28-000-202400076-00)38
La parte actora, reiteró los argumentos de su demanda, en ese orden, afirmó que
debe anularse el acto objeto de censura, por las razones expuestas en precedencia,
así mismo manifestó que el principio de legalidad impide que los «funcionarios
públicos busquen, por la vía de analogías o de otras herramientas interpretativas,
ampliar el alcance de sus competencias», por tanto, no le estaba permitido al
Gobierno Nacional aplicar el encargo a empleos respecto de los cuales no procede,
de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Mencionó que no les asiste razón a los sujetos accionados, pues el hecho de que
en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 no estuviera regulado el encargo para los
expertos comisionados no habilita a que se aplique el mismo a dichos empleos,
sino, por el contrario, significa que no está permitido.
De acuerdo con el demandante, en el hipotético caso en que el encargo fuera viable
para los empleos de experto comisionado de la CREG, el presidente de la República
debe garantizar la dedicación exclusiva, sin embargo, no haber desvinculado al
demandado del cargo que desempeñaba como titular en el Ministerio de Minas y
Energía, lleva a la nulidad del acto cuestionado.
6.4. Ministerio de Minas y Energía39
Aseveró que, de acuerdo con la Corte Constitucional, en la sentencia C-428 de 1997
el encargo «es una medida de carácter excepcional que igualmente enfrenta
situaciones excepcionales o de urgencia y que se cumple en lapsos cortos».
Puso de presente que el presidente de la República estaba legalmente facultado
para encargar, de manera transitoria, al demandado, mientras realizaba la
designación definitiva, pues se desempeñaba en un empleo de libre nombramiento
y remoción y el cargo de comisionado se encontraba vacante.
Aseguró que los atributos de independencia e imparcialidad de los expertos
comisionados de la CREG no dependen de su nominación sino de sus habilidades
y conocimientos, representadas en la toma de decisiones objetivas. Además, que el
demandante no logró probar, cómo dicha independencia pudiera desdibujarse, en
razón del encargo.
6.5. Demandado40
La defensa pidió negar las pretensiones de las demandas acumuladas. En ese
orden, hizo referencia a decisiones 41 del 22 y 29 de febrero de 2024 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en las que se pronunció sobre los efectos del
38
Mediante memorial del 24 de julio de 2024. SAMAI, índice 65.
39
Mediante memorial del 25 de julio de 2024. SAMAI, índice 67.
40
Mediante memorial del 2 de julio de 2024. SAMAI, índice 68.
41
Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-000-2024-00024-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. y
Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación 11001-03-28-00-2024-00025-00. M.P. (E): Luis Alberto Álvarez Parra.
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16
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
nombramiento en encargo y se concluyó que «existen ocasiones en que se acude
al encargo no para proveer un empleo público, sino con fines derivados de
situaciones administrativas, lo cual ocurre cuando no se encarga del cargo sino de
sus funciones».
Señaló que, del decreto demandado, es posible concluir que: i) Obedeció a la
necesidad de garantizar la continuidad del servicio. ii) El nombramiento en encargo
se hizo de forma temporal, por tres meses. iii) No hubo nombramiento definitivo,
pues el encargo se hizo conforme al Decreto 1083 de 2015. iv) El nombramiento en
encargo no tiene la capacidad de incidir en la estructura de la CREG, dada su
calidad meramente temporal. v) La CREG se encuentra adscrita al Ministerio de
Minas y Energía, por lo que, «está bajo la orientación y política del jefe de la cartera
correspondiente, es decir, el ministro de Minas y Energía, sin olvidar que el
presidente es la suprema autoridad administrativa».
La defensa consideró 42 que el demandado cuenta con más de 15 años de
reconocida preparación y experiencia técnica, tanto en el sector como en el área
energética y que Baisser Antonio Jiménez Rivera cumple, con suficiencia, los
supuestos del literal c) del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
conforme a la jurisprudencia43 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, esto es:
Haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del
sector energético, nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años; y
haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior a seis
(6) años en el área energética, lo cual implica un espectro más amplio y no exige
que sea necesariamente en el sector energético, tal y como se deriva del
entendimiento que respecto del mismo ha efectuado la Sala.
Hizo énfasis en que la jurisprudencia no ha definido en qué consisten los cargos de
responsabilidad, más allá de indicar que se deberá verificar la ubicación de estos y
sus funciones en la respectiva entidad pública o privada.
7. El Ministerio Público no se pronunció.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta corporación es competente para proferir la sentencia de única instancia que le
ponga fin al presente proceso electoral, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 344 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
42
Citó el salvamento de voto de los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Gloria María Gómez Montoya frente a la sentencia
de radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00001-00 de la Sección Quinta, para indicar las conclusiones de dicha manifestación
frente al concepto de área energética y la acreditación de los requisitos de experiencia, previstos para los expertos
comisionados de la CREG.
43
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2023, Rad. núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00. MP.
Rocío Araújo Oñate.
44
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente y el Vicepresidente de
la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los
gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 y
el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación45.
2. Acto demandado
Se solicita la nulidad del nombramiento, en encargo, de Baisser Antonio Jiménez
Rivera, como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), contenido en el Decreto 2005 de 21 de noviembre de 2023.
3. Problema jurídico
Conforme se estableció en la fijación de litigio, la controversia se circunscribe a
determinar si la elección de Baisser Antonio Jiménez Rivera, debe ser anulada por
haber incurrido en infracción de las normas en que debía fundarse y falta de
competencia en su expedición, según el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y en
la causal prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la misma norma.
Para la resolución del interrogante planteado, deberán resolverse los
cuestionamientos, establecidos en la fijación del litigio, enunciados en el capítulo 5
de la presente providencia.
En ese orden, previo a desarrollar el problema jurídico, se procederá a efectuar un
análisis preliminar en relación con i) la regulación del nombramiento de los
comisionados expertos de la CREG y sus requisitos, ii) los cargos de periodo fijo y
la figura del encargo y iii) el caso concreto.
3.1. Regulación del nombramiento de los comisionados expertos de la CREG
y sus requisitos46.
El artículo 21 de la Ley 143 de 1994 47 dispuso que la CREG se integra:
a) Por el Ministro de Minas y Energía, quien la presidirá;
b) Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público;
c) Por el Director del Departamento Nacional de Planeación;
d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva,
nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años. El
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asistirá con voz, pero sin voto.
En lo que refiere a los expertos en asuntos energéticos, además de precisar que
serán de dedicación exclusiva, que su periodo es de cuatro (4) años, el mismo
del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos
regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta ley.
45
Artículo 13. «DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Quinta: (…) 3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones
o nombramientos».
46
Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto de 22 de febrero de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00024-00. MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil.
47
Modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
precepto señala que «[…] tendrán la calidad que determine el presidente de la
República y devengarán la remuneración que él mismo determine».
Además, según el parágrafo 1 del artículo 21 de la misma norma, un experto
comisionado deberá: a) ser colombiano y ciudadano en ejercicio; b) tener título
universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares,
derecho y estudios de posgrado; y c) contar con una reconocida preparación y
experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o
internacional, por un período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado
como consultor o asesor por un período igual o superior.
Acto seguido, el análisis del artículo 44 permite advertir que los «expertos
comisionados serán escogidos libremente por el presidente de la República» y
podrán ser reelegidos por una sola vez, sin que puedan ser nombrados en cargos
directivos en entidades públicas o privadas del sector energético durante el año
siguiente al ejercicio de su cargo.
3.2. Cargos de periodo fijo y la figura del encargo 48
En los términos de los artículos 1° y 5° de la Ley 909 de 2004 49 , dentro de la
clasificación de los empleos públicos se encuentran los denominados de periodo
fijo. El primero clasifica los empleos públicos en:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.
Asimismo, el artículo 5 de la referida ley establece, como regla general, los empleos
de carrera administrativa en los organismos y entidades de la administración
pública, con excepción de «1. Los de elección popular, los de período fijo,
conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos
cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con
su legislación» y «2. Los de libre nombramiento y remoción […]».
En palabras de la Corte Constitucional, «los empleos con periodo fijo se caracterizan
por estar delimitados temporalmente por el término establecido en la Constitución,
la ley o el reglamento. De esta forma, el funcionario puede ser retirado del cargo en
el momento en que se cumpla el plazo fijado»50.
48
Reiteración jurisprudencial Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 9 de junio de 2022. Radicado núm. 47001-
23-33-000-2022-00034-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
49
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones».
50
Sentencia T-014 de 2019.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Respecto de los encargos, esta Sala51 precisó que: «[…] como se ha indicado en
varias oportunidades 52 , el encargo es una modalidad de provisión temporal de
empleos públicos, de conformidad con lo preceptuado por la jurisprudencia de la
Sección Segunda de esta Corporación53. Esta particularidad permite, en principio,
parangonar esta figura jurídica al nombramiento, forma típica de acceso a la función
pública».
Con todo, deberá revisarse el régimen jurídico de cada empleo, comoquiera que en
cada presupuesto normativo recaen particularidades propias, sean estas que el
encargo proceda en los funcionarios del más alto nivel (caso de las contralorías54 y
personerías), en aquellos que sean del nivel directivo o asesor (caso de algunas
CAR que por estatutos establecen dicha particularidad55), en las situaciones en que
un elegido por voto popular en cargo uninominal debe ser encargado (terna que
postula el comité inscriptor que representa al grupo significativo de ciudadanos que
inscribió al alcalde o gobernador56), como también en el caso de los rectores de las
instituciones de educación superior, cuando sus estatutos prevén situaciones
específicas para tales efectos 57, entre otros que tiene un régimen propio.
Por lo tanto, resulta necesario indicar que no en todas las ocasiones los encargos
deben ser comprendidos como una forma de proveer los empleos públicos, pues
muchas veces se encargan las funciones, pero no el cargo, eventos en los cuales
dicha situación administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento.
También, debe precisarse que de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 142 y 143
de 199458, la CREG cuenta con un régimen especial en materia de administración
de personal, con lo cual, los preceptos que se rigen para esta clase de vinculaciones
deberá atender a la naturaleza especial con las que fueron creadas estas
comisiones.
De otro lado, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 59 establece que, en caso de
vacancia temporal o definitiva, se podrá utilizar la figura del encargo, siempre y
51
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 21 de enero de 2021, Rad. 85001-23-33-000 2020-00024-01. MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Reiterado en Consejo de Estado, Sección Quinta. Auto de 22 de febrero de 2024. Radicado
núm. 11001-03-28-000-2024-00024-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
52
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 30 de noviembre de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017-00035-00, M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
53
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 14 de agosto de 2009, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 2143-
2007.
54
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia del 21 de enero de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2020-00024-01.
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2020-00037-00 (Acumulado) 11001-03-28-000-2020-00036-0011001-03-28-
000-2020-00037-00.
56
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 27 de
febrero de 2020. Rad. 68001-23-33-000-2019-00512-01.
57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 13 de
junio de 2019. Rad. 11001-03-28-000-2018-00111-00.
58
Refiérase particularmente por lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2099 de 2021, que precisó: «La Comisión contará
con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo que
ella misma determine y, tendrá regímenes especiales en materia de contratación, de administración de personal, de
salarios y de prestaciones y gozará de autonomía presupuestal.». Artículo 58. Vigencia. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias; en especial el artículo 173 del Decreto Ley
2811 de 1974 y el artículo 15 de la Ley 2069 de 2020.
59
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones».
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cuando cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño, y siempre que se trate
de vacancia definitiva, el encargo será hasta por el término de tres (3) meses,
prorrogables por tres (3) meses más, vencidos los cuales, el empleo deberá ser
provisto en forma definitiva. Norma que es concordante con lo establecido por el
Decreto 1083 de 201560 en sus artículos 2.2.5.3.1, 2.2.5.3.3, 2.2.5.4.1, 2.2.5.4.7,
2.2.5.5.43 y 2.2.5.5.9.9.
Con todo, debe precisarse que el legislador, en aras de conformar un régimen
jurídico especial para las Comisiones de Regulación, estableció que para los
nombramientos de los expertos que guiarían esta clase de entidades, era necesario
contar con «exclusividad»61 en el desempeño, sin diferenciar si se trataba de los
nombramientos definitivos, provisionales o en encargos.
4. Caso concreto
Conforme a los conceptos expuestos, la Sala procederá a resolver los
cuestionamientos planteados en la fijación del litigio.
Al respecto, se resolverán las hipótesis a) y b), de la siguiente forma:
¿Se infringió el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, por encargar al
demandado del empleo de experto comisionado de la CREG, al tratarse
de un cargo de periodo fijo y de dedicación exclusiva?
Como se dijo, para la parte actora, el encargo del demandado en el empleo de
experto comisionado de la CREG, mientras se desempeñaba como asesor, infringió
el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, pues la referida figura no es aplicable a cargos
de periodo fijo, dado que solo está prevista para aquellos de libre nombramiento y
remoción y de carrera administrativa y, además, se desatendió la dedicación
exclusiva propia de dicho empleo. El referido artículo prevé lo siguiente:
Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. La Comisión de
Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa Especial del
Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera:
[…]
d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados
por el presidente de la República para periodos de cuatro (4) años.
[…]
Por su parte, de las pruebas que obran en el expediente, se encuentra demostrado
que:
60
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
61
Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará
como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera: (…) d)
Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República para
períodos de cuatro (4) años.
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i. Baisser Antonio Jiménez Rivera estuvo vinculado como asesor, código 1020, grado
10 del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en el despacho del viceministro de
energía, desde el 16 de noviembre de 2023 hasta el 24 de junio de 202462.
ii. Mediante el Decreto 2005 del 21 de noviembre de 2023, se encargó a Baisser
Antonio Jiménez Rivera, por tres (3) meses, del empleo de experto comisionado de
la CREG y se dispuso que continuaría ejerciendo las funciones como asesor, código
1020, grado 10 del Ministerio de Minas y Energía.
Al respecto, el Decreto 2005 de 2023, demandado en este asunto, en su parte
considerativa, indicó:
Que el empleo denominado Experto Comisionado, Código 0090 de la planta de
personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se encuentra en
vacancia definitiva.
En aras de garantizar la continuidad del servicio, se hace necesario encargar del
empleo denominado Experto Comisionado, Código 0090 de la planta de personal de
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al doctor BAISSER ANTONIO
JIMÉNEZ RIVERA identificado con cedula de ciudadanía 13.744.211, quien
actualmente desempeña el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 10, de la planta
de personal del Ministerio de Minas y Energía.
Asimismo, resolvió encargar al demandado de dicho empleo, por el término de tres
(3) meses, así:
Encargar, a partir de la fecha y por el término de tres (03) meses, al doctor BAISSER
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA identificado con cédula de ciudadanía 13.744.211,
quien actualmente desempeña el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 10, de la
planta de personal del Ministerio de Minas y Energía, del empleo denominado Experto
Comisionado, Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG).
Analizado el contenido del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, que cita la parte actora
como infringido, esta Sala concluye que dicha norma, precisa la naturaleza jurídica
e integración de la CREG y los requisitos que deberán cumplirse para ejercer el
cargo de experto comisionado.
Para la Sala, en primer lugar, el encargo no es procedente en estos eventos,
comoquiera que existen diversos preceptos normativos establecidos en las Leyes
142, 143 de 1994, como también en la 2099 de 2021, que aludieron a referencias
normativas especiales que no pueden ser desatendidas por el nominador.
Precísese, por ejemplo, lo expuesto para el nombramiento de esta clase de expertos
que integran la CREG en las que se exigió dedicación exclusiva para un período de
cuatro años.
Estos aspectos que se resaltan, son relevantes, debido a que el legislador dotó al
empleo de experto, de la condición de ser de período fijo y de dedicación
62
El 21 de noviembre de 2023 Baisser Antonio Jiménez Rivera, siendo titular del cargo de asesor, código 1020, grado 10 del
Ministerio de Minas y Energía, tomó posesión «de las funciones del empleo de experto comisionado, código 0090 de la planta
de personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el cual fue encargado mediante Decreto 2005 […]
del 21 de noviembre de 2023, por un término de tres (3) meses».
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exclusiva, las cuales, constituyen una garantía de independencia que debe
caracterizar el ejercicio de la función reguladora que se predica de estas
comisiones63.
Es de subrayar que la jurisprudencia constitucional ha referido que existen un
conjunto de condiciones institucionales que deben cumplir los órganos de
regulación, buscando que esta función sea atendida por instituciones que sean
independientes del Gobierno Nacional y conforme con el perfil que el legislador
establezca en el ámbito de su libertad de configuración64, buscando que se cumpla
con la finalidad de específica, de garantizar que las actuaciones de las comisiones
de regulación respondan a las necesidades propias del sector regulado y no:
[A] las presiones políticas, los motivos coyunturales, el acceso privilegiado de algunas
fuerzas a los procesos decisorios, la captura del regulador por el regulado, entre otras
contingencias que impiden que el órgano regulador actúe en aras del interés general
con miras a proteger los derechos de los usuarios y asegurar la continuidad y calidad
del servicio público correspondiente65.
El anterior razonamiento, se fundamenta específicamente en las siguientes
características que se predican de las comisiones de regulación, entre ellas, la
CREG: (i) su carácter colegiado, (ii) su naturaleza técnica y especializada, (iii) su
independencia patrimonial, (iv) el período fijo de sus comisionados y (v) el
sometimiento a un régimen de conflicto de intereses, compatibilidades e
inhabilidades66.
En atención a lo dicho, el período fijo de los comisionados busca hacer menos
probable que se encuentren sujetos a presiones por parte del gobierno de turno, en
tanto supone un plazo específico para el ejercicio del empleo, sin que el titular pueda
ser despojado del mismo, salvo por las razones legales específicamente
establecidas para el efecto, que normalmente se relacionan con la existencia de
decisiones judiciales o administrativas que así lo dispongan, razón por la cual, los
63
La Corte Constitucional ha dispuesto sobre el particular lo siguiente: El primer rasgo común estriba en que la función estatal
de regulación es ejercida por una autoridad específicamente creada y concebida para fijar y ajustar de manera continua las
reglas de juego a las cuales debe sujetarse una actividad determinada dentro de un sector socio-económico. Segundo, la
actividad determinada sujeta a regulación, reviste una especial trascendencia en cuanto compromete el desarrollo del
mercado en un ámbito donde, en mayor o menor medida, está envuelto el goce efectivo de los derechos de las personas y
donde se juzga necesario adoptar medidas de protección social y de corrección de las fallas del respectivo mercado. Tercero,
la autoridad reguladora dispone de instrumentos de regulación peculiares para el cumplimiento de su misión específica los
cuales pueden ser de la más diversa naturaleza según el problema que ésta deba abordar, puesto que tales instrumentos van
desde la mera recepción y divulgación de información (medida de comunicación), pasando por la intervención en los precios
(medida económica) hasta la adopción de normas y la imposición de sanciones a quienes las infrinjan (medidas jurídicas).
Cuarto, la función de regulación es usualmente confiada a órganos con un mayor grado de independencia que el que
tienen las entidades administrativas preexistentes en el respectivo país sometidas a controles jerárquicos o de tutela.
No obstante, esta mayor independencia no sustrae a las autoridades de regulación de los controles característicos
de una Estado democrático de derecho puesto que sus actos pueden ser revisables por los jueces, sus decisiones
son objeto de debate político y legislativo en el Congreso o Parlamento correspondiente, el jefe del ejecutivo dispone
de medios diversos para incidir, así sea en algunos casos de manera general y mediata, en la orientación de dichas
autoridades y sus integrantes y resoluciones están sujetas al escrutinio de los ciudadanos. Quinto, la función de
regulación está fundada en la necesidad de encontrar y mantener un equilibrio entre intereses legítimos contrapuestos en
contextos socio-económicos de gran dinamismo de tal forma que, a pesar de los cambios frecuentes y acelerados que se
presenten, el Estado disponga de instrumentos para orientar sostenidamente las actividades socio-económicas reguladas
hacia los fines de interés general señalados por el constituyente y el legislador” Sentencia C-150 del 2003.
64
C-150 del 2003. Título 4.4.1.4.
65
Idem.
66
Sentencia C-048 del 2024. Reitera criterio de la sentencia C-150 del 2003.
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cargos con dicha condición «ocupan una posición intermedia entre los empleos de
carrera y los de libre nombramiento y remoción» 67.
Es de anotar que la anterior connotación no conlleva en sí misma desconocer la
facultad nominadora del presidente de la República respecto de los expertos
comisionados de la CREG, dado que lo buscado es el establecimiento de una
limitante a la facultad discrecional de nombrar, con el fin de garantizar la
independencia de la CREG.
Como segundo aspecto, debe decirse que la Corte Constitucional68 indicó que los
expertos comisionados no son agentes del presidente, debido a que:
(...) Dicho cargo no ha sido calificado por ninguna norma constitucional o legal con esa
naturaleza y la asignación del presidente de nombrar estos funcionarios obedece al
margen de configuración legislativa para definir el empleo público. Tampoco
corresponde con el criterio sentado por la jurisprudencia de que sean subalternos del
presidente y sometidos a sus órdenes y orientaciones para asegurar el
cumplimiento de la agenda y los planes de gobierno, pues esto contradiría el carácter
independiente que el legislador, en ejercicio de sus atribuciones, le asignó a la CREG.
De igual modo, esa independencia que se manifiesta concretamente en la garantía
de que los comisionados expertos puedan desempeñar su función por el período
en el que fueron nombrados, permite que los fines de la regulación constitucional
de los servicios públicos domiciliarios se hagan efectivos. De interpretarse en el
sentido opuesto, se desconocería la independencia de la entidad para el ejercicio de sus
funciones y se obstaculizaría el cumplimiento de los propósitos que asigna la
Constitución a la regulación de los servicios públicos domiciliarios (énfasis fuera del
texto original).
A las mencionadas características, se suma el hecho de ser un empleo de
dedicación exclusiva, que se basa en la idea del ejercicio de una función regulatoria
técnica y altamente especializada. En decisiones de constitucionalidad, se ha
precisado que esa connotación de algunos empleos de la administración pública,
contribuye a la profesionalización y representación directa de los intereses de la
Nación69.
Bajo estas condiciones, la dedicación exclusiva también tiene como fin la garantía
de independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, buscando que
los expertos comisionados que la integran solo atiendan al ejercicio de su función
frente al mercado y a los usuarios, buscando la materialización de su independencia
en el manejo de los servicios públicos domiciliarios que son de su competencia,
privilegiando el interés general que se predica de ellos y la función que desempeñan
en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho.
En atención a lo dispuesto, le asiste razón a la parte demandante, al señalar que
las dos condiciones del empleo descritas en precedencia, son incompatibles con la
figura del encargo, y que si bien se encuentra consagrada en el Decreto 1083 del
67
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020. Radicación: 11001032400020150054200.
68
Sentencia C-048 del 2024 MP. Juan Carlos Cortés González.
69
Corte Constitucional, sentencia C-426 del 2020. En reiteración del criterio expuesto en la sentencia C-827 del 2001.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
2015, ella tiene un carácter supletivo frente a regulaciones específicas de la CREG,
por ello responde a la naturaleza de otras posiciones al interior de la administración
pública que son incompatibles con la forma en que el mismo legislador concibió la
figura de los expertos comisionados.
En criterio de esta Sala mayoritaria, de permitirse el encargo, el presidente de la
República desconocería la necesidad de contar con un período fijo para permitir la
independencia de la comisión en el ejercicio de su función regulatoria, pues quien
llega al cargo en dichas condiciones, se encuentra sujeto directamente a la facultad
del nominador y puede ser removido en cualquier momento, sin la prerrogativa
propia del tiempo que institucionalmente está llamado a ocupar.
Para tal efecto, es de resaltar, que esta Sala de Sección 70, al decidir una acción de
cumplimiento interpuesta contra el presidente de la República para atender lo
señalado en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, consideró lo siguiente:
Ahora bien, de su contenido se deriva un mandato o deber de naturaleza imperativa,
expresa e inobjetable a cargo del señor presidente de la república, consistente en
nombrar a 6 expertos que la conforman, pese a que del contenido de la norma no se
precise el modo en que se deben proveer tales cargos [encargo o permanentemente].
Por tanto, atendiendo a la postura jurisprudencial de la Sentencia de 25 de enero de
2024 precitada, la Sala comparte la conclusión mayoritaria del Tribunal de primera
instancia en tanto que el presidente de la república debe nombrar las plazas que
resulten vacantes de manera permanente [modo] por el periodo que señala
disposición «períodos de cuatro (4) años», con el fin de no dejar en incertidumbre la
función regulatoria que la CREG tiene a su cargo. (énfasis fuera del texto original).
Para esta Sección, permitir que el encargo mantenga el ejercicio de las funciones
del empleo que originalmente ocupa la persona a que se designa, contrariaría el
criterio de «dedicación exclusiva», que determinó el legislador; por lo cual, quien
llegue al cargo ostentando dos condiciones laborales, afectaría de tajo ese sentido
que trajo la norma.
Así las cosas, está claro que el aquí demandado ostenta el empleo en el Ministerio
de Minas y Energía, entidad del Gobierno Nacional y, por otro lado, ocupa la
posición de experto comisionado de la CREG, el cual, como ya se indicó no tiene la
condición de agente del presidente de la República -mucho menos de sus ministros-
y, por lo tanto, debe ejercer sus funciones por fuera del ámbito que se deriva de una
relación legal y reglamentaria con aquellos.
Por tal motivo, la mera vinculación con la cartera ministerial resulta suficiente para
encontrar acreditado que el demandado tendría la representación de dos intereses,
al ser funcionario del Gobierno Nacional y a la vez de la comisión, aspecto que
conllevó a que el primero, tenga un asiento adicional de aquellos que por ley le
70
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 2 de mayo del 2024. Radicación 25000-23-41-000-2023-01267-01. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra. Con salvamento de voto de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, al considerar que no era
de la competencia del juez de la acción de cumplimiento, establecer condicionamientos a la forma en que se debía de cumplir
el mandato contenido en la norma. Manifestó que si bien era la obligación del presidente proceder con el nombramiento de
los expertos comisionados de la CREG, lo cierto es que no correspondía por medio de esta acción constitucional, fijar la forma
en que ello debería realizarse.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
corresponden (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y Director de Planeación Nacional).
Bajo esta perspectiva, la inexistencia de una prohibición o limitación expresa de
aplicar la figura del encargo a este tipo de empleos, debe ceder ante la norma
particular, concreta y especial que, en punto de los expertos comisionados de la
CREG, refiere a las condiciones en que deben ser nombrados, esto es, por un
período fijo y con dedicación exclusiva. A lo anterior, se debe adicionar que los
funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, deben actuar
conforme las competencias y autorizaciones constitucionales y legales, por lo que
sus decisiones están vinculadas en un sentido positivo al principio de legalidad.
En tal sentido, al tratarse de empleos que no pueden ser ejercidos en encargo, en
tanto implicaría una dependencia que impide trabajar con criterios de objetividad e
imparcialidad ajenos a los intereses del gobierno, lo que es un aspecto esencial en
el trabajo de la Comisión, debe necesariamente bajo dicha tesitura declararse la
nulidad del acto enjuiciado.
Finalmente, para la Sala, no parece razonable que siendo de tal importancia la
función regulatoria, y dada la potestad discrecional de que goza el presidente de la
República, este no provea el empleo en forma definitiva y acuda a la figura del
encargo, a sabiendas que el legislador fue claro al establecer que la CREG será
integrada por expertos que en forma exclusiva, materializan las funciones que el
constituyente previó para cumplir con los fines del estado, de cara al tratamiento de
una actividad económica.
Un tercer punto, apunta a que contrario a lo manifestado por el demandado y las
entidades que contestaron el libelo, no queda duda que el presidente de la
República, para evitar precisamente la «parálisis de la prestación de servicios»,
podía nombrar de manera definitiva a estos funcionarios y no en encargo como lo
hizo.
Conforme a lo dicho, la Sala debe comprender que a partir de una lectura con efecto
útil de las Leyes 142, 143 de 1994 y 2099 de 2021, sobre las expresiones
«independiente», «exclusiva» y de «periodo fijo» que caracterizan a la CREG y a
sus comisionados, se advierte que estas no dieron vía libre a esta situación
administrativa, precisamente, porque en la redacción de la norma, estas palabras
se edificaron para evitar la paralización del servicio público de regulación, con lo
cual el nombramiento debía ser provisto en forma definitiva ante la vacancia
absoluta de su titular. Es decir, se observa una suerte de incompatibilidad entre el
encargo y la exclusividad que se predica en esta clase de empleos.
Sobre esta base, no asiste razón al dicho de algunos intervinientes en la parte
pasiva, cuando aseveran que el encargo «permite efectuar los procedimientos
necesarios para el nombramiento en propiedad de los expertos comisionados»,
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
debido a que el presidente de la República solo debe verificar que el nombrado
cumpla con los requisitos que la ley dispuso para tal efecto.
Finalmente, debe decirse frente a la improcedencia del encargo en esta clase de
cargos que, los atributos de que gozan los comisionados de la CREG, dependen
necesariamente que su vinculación se deba al cumplimiento de los requisitos de
identidad y experiencia, al acatamiento de las calidades y por supuesto a que se
trata de empleos de periodo fijo caracterizado, en este caso, por un libre
nombramiento pero su remoción, solo se podrá materializar cuando se cumpla el
plazo fijado o, como es lógico, por situaciones derivadas de investigaciones y
sanciones disciplinarias, fiscales o penales, este termine de manera anticipada.
Así las cosas, la Sala concluye que, al encargar a Baisser Antonio Jiménez Rivera,
como experto comisionado de la CREG, el periodo fijo que se estableció para esta
clase de empleos se predica incompatible por cuanto:
1- Una de las garantías que permiten el desarrollo de la función reguladora por
parte de la comisión es que esta sea libre de presiones indebidas, como lo
pueden ser las culminaciones de periodo súbitas, normalmente presentadas
por criterios no técnicos.
2- Esta clase de prerrogativas hacen que la discrecionalidad en el retiro quede
limitada por cuanto, al existir una data exacta de finalización, sea ese el
motivo de salida del empleo y no las situaciones administrativas pro tempore
que normalmente caracterizan los encargos.
3- El importante funcionamiento de la CREG y el desarrollo de las actividades
de sus expertos, hacen que el periodo fijo, sea una condicionante para que
los proyectos de regulación tengan una suerte de perennidad técnica en el
tiempo, y eviten, como es lógico, la injerencia indebida de aspectos que no
tienen esa pericia.
4- La seguridad en la determinación de las funciones de la CREG a través de
los estudios científicos que hacen sus expertos para aprobación de la
comisión, permiten que estos funcionarios desarrollen sus habilidades en el
periodo por el que fueron elegidos, sin que decisiones de otra índole afecten
la pericia con que deben ser reguladas las materias de energía y gas.
Así las cosas, al ser incompatible el encargo con el periodo fijo de estos empleos,
debe declararse la nulidad del acto enjuiciado.
c) ¿Al encargar al demandado, siendo asesor del Ministerio de Minas y
Energía, en el empleo de experto comisionado de la CREG, se
desconoció la estructura e independencia de dicha comisión?
De acuerdo con los demandantes, se desconoció la estructura de la CREG porque
se encargó del empleo de experto comisionado al demandado, mientras era asesor
código 1020, grado 10 del Ministerio de Minas y Energía, lo que afectó la
independencia de la comisión, sobre todo, en lo relativo a sus funciones de
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Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
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regulación. Además, el Gobierno Nacional carecía de competencia para efectuar el
encargo, pues con ello modificó la estructura de la CREG.
Según el Decreto 1260 de 2013, «Por el cual se modifica la estructura de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)», la entidad tiene la naturaleza
de Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía y como
objeto, entre otros, el de regular los monopolios en la prestación de los servicios de
energía eléctrica y gas combustible.
Artículo 1. Nombre y Naturaleza Jurídica. La Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG), es una Unidad Administrativa Especial, con autonomía administrativa,
técnica y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 2. Objeto. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene por
objeto regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de energía eléctrica y gas combustible, cuando la competencia no sea, de hecho,
posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición
dominante, y produzcan servicios de calidad. Igualmente tiene por objeto expedir la
regulación económica para las actividades de la cadena de combustibles líquidos
derivados de hidrocarburos, en los términos y condiciones señalados en la ley.
Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las facultades generales
de las comisiones de regulación en los siguientes términos:
Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de regulación
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos,
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de
promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las
operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de
calidad.
Asimismo, el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 dispone que la CREG está
conformada por:
Artículo 44. Modificar el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, de la siguiente
manera: Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Comisión
de Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa Especial
del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera: a) Por
el Ministro de Minas y Energía, quien la presidirá; b) Por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público; c) Por el Director del Departamento Nacional de Planeación; d) Por
seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el
Presidente de la República para períodos de cuatro (4) años.
Esta Sala, en relación con la CREG, su naturaleza y funciones, ha señalado que
«[…] dadas las especificidades de la función de regulación de la CREG, en tanto
desarrolla la finalidad social de intervención del Estado en los servicios públicos, las
decisiones que emite deben estar sujetas a estrictos criterios técnicos que atiendan
las características del sector y su dinámica propia, así como a “parámetros objetivos
adoptados después de procesos cuidadosos de deliberación, con argumentos de
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
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Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
orden especializado y orientados a alcanzar los objetivos de interés general
trazados en la ley que fijó el régimen de dichos servicios”»71,72
Dicho esto, debe determinarse si, dada la naturaleza de la CREG, esto es, de unidad
administrativa especial, con autonomía, sin personería jurídica y adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, el encargo del demandado, como experto
comisionado, sin desvincularse de su cargo de asesor en dicha cartera ministerial,
afectó la estructura e independencia de la CREG.
En primer lugar, en cuanto al vicio de falta de competencia en el nombramiento,
debe precisarse que, el cargo propuesto por la parte actora tiene como finalidad
cuestionar una falta de competencia para modificar la estructura de la CREG; es
decir, lejos de cuestionar la posibilidad del presidente de la República en elegir a los
expertos comisionados, lo que realmente se discute es esa alteración de la forma
con que se tiene prevista a la comisión, a través del encargo del demandado.
Sobre esta base, la Sala observa que en este punto es dable armonizar el cargo
propuesto por la parte activa relacionado con la improcedencia del encargo, con la
afectación de la estructura, que según se indicó en los libelos, quedó en entredicho
al haberse nombrado al demandado, siendo este asesor del Ministerio de Minas y
Energía. En otras palabras, conforme al cuestionamiento de la parte actora, este
juzgador reconoce que de forma implícita existe una doble representación por parte
del presidente de la República en la CREG, que alteró la estructura de la citada
corporación.
En segundo momento, y en lo que respecta al desconocimiento de la independencia
de la CREG, la Sala observa, que el demandado, mientras estuvo encargado como
experto comisionado, no se desvinculó de sus funciones como asesor en el
Ministerio de Minas y Energía, lo que demuestra que al no desligarse no tuvo la
dedicación exclusiva y por ello, se desconoció el fin de la norma en lo que hace a
su independencia.
La Sala frente a este reparo, y en línea con lo expuesto en precedencia, ve que la
independencia de la que goza la comisión se pudo ver lacerada, al incluirse dentro
de sus expertos a un funcionario en el que pervivía un vínculo legal y reglamentario
con una entidad que tiene asiento en la junta directiva de la CREG.
En otros términos, el hecho de que el demandado hubiere ejercido simultáneamente
su labor como asesor del Ministerio de Minas y Energía agenciando, como es lo
propio, los intereses de esta entidad, también contribuyó a desplegar sus
actividades, modificando implícitamente la estructura que concibió el legislador en
la Comisión.
71
Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003.
72
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023. Radicación
11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Ahora bien, en lo relativo al desconocimiento de la estructura de la CREG, la Sala
observa, que a través del encargo, el Ministerio de Minas logró, no solo una doble
representación en esta entidad, sino también, personificar los intereses
gubernamentales de dicha cartera, afectando los parámetros establecidos por las
disposiciones legales, con lo cual se desechó su organización y funcionamiento.
En este punto, el régimen normativo de los servicios públicos, separan el actuar,
funcionamiento y composición de: i) los miembros de la CREG (en los cuales tienen
asiento todos los funcionarios, incluidos los que representan al gobierno) y, ii) los
expertos comisionados, los cuales fueron concebidos en forma separada y con
actuaciones específicas y diferenciadas en el ámbito de ciertas competencias que
estableció el legislador ordinario.
Sobre esta base, al revisarse la estructura que se fijó en la Ley 142 de 1994, se
puede observar la diferenciación entre quienes conforman al grupo denominado,
«expertos comisionados» de la composición de la CREG en sí misma. Al respecto,
se tiene que esta clase de empleos al ser de dedicación exclusiva, poseen unas
calidades, requisitos específicos y corresponden a una estructura única y
diferenciada de los demás miembros que actúan en la citada entidad.
Estos expertos tienen perfectamente definida una estructura que cuenta con
identidad propia a la luz de lo establecido por el artículo 70 ibidem, en la que se
dispuso lo siguiente:
Artículo 70. Estructura orgánica de las comisiones de regulación. Para el
cumplimiento de las funciones que les asigna esta Ley, en el evento de la delegación
presidencial, las comisiones de regulación tendrán la siguiente estructura orgánica,
que el Presidente de la República modificará, cuando sea preciso, previo concepto de
la comisión respectiva dentro de las reglas del artículo 105 de esta Ley.
70.1. Comisión de Regulación:
a) Comité de Expertos Comisionados.
Esta disposición al ser armonizada con el literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de
2021, permite establecer que esos seis expertos en asuntos energéticos de
dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos
de cuatro años, tienen funciones, calidades, estructura e ingreso único y autónomo
que se ve desarrollado por los preceptos del artículo 6 del Decreto 1260 de 2013,
entre las que se destacan, y con exclusión de los demás miembros que componen
la CREG, las siguientes:
3. Formular la agenda regulatoria anual y presentarla para aprobación de la
Comisión.
17. Repartir internamente el trabajo y asignar los asuntos a cada Comisionado.
22. Proponer ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la
designación de un Experto Comisionado como Director Ejecutivo, en los términos de
la Ley 143 de 1994.
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De lo anterior, se desprende con plena claridad que la estructura diferenciada entre
el comité de expertos y la CREG es marcada, comoquiera que sobre los primeros
se edificó una organización independiente la cual, si bien converge necesariamente
con la que despliega en su integridad en la comisión, no por ello puede predicarse
su similitud u homogenización.
Al respecto y dada la separación entre una y otra composición de servidores, el
decreto en estudio, diferenció, entre otras cosas, la existencia de actividades y
características que distancian la estructura de estas dos instancias:
1- Los documentos que estudian separadamente el comité de expertos y la comisión
para el ejercicio de sus funciones. (Art. 7 numeral 2).
2- La precisión sobre la función que debe materializar la dirección ejecutiva de la CREG
para dirigir la evaluación de la regulación, presentando exclusivamente al Comité de
expertos los resultados de tal ejercicio. (Art. 7 numeral 3).
3- Las sesiones de la CREG (incluidos los miembros del gobierno junto a los
comisionados) son distintas a las que se desarrollan por parte del Comité de
expertos comisionados. (Art. 7 numeral 15).
4- Este comité de expertos puede proferir decisiones y circulares a la luz de la
diferenciación que dio la normativa antedicha. (Art. 7 numeral 19).
Este apartamiento, se nota con mayor profundidad en el Decreto 1573 de 2023, por
medio del cual el Ministerio de Minas y Energía aprobó el reglamento interno de la
CREG, presentado en la Resolución 105 003 del 14 de septiembre de dicho año, en
la que se puede observar los diferentes ámbitos, y con ello, una marcada estructura
del comité de expertos respecto a la comisión en pleno, así:
ARTÍCULO 9. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS DECISIONES. El Comité de Expertos decidirá
sobre los proyectos que serán presentados a la Comisión en cada sesión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la presente resolución.
Para el análisis de los proyectos de actos administrativos que se van a someter a
consulta, por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión
en cuyo orden del día se pretende incluir, la Dirección Ejecutiva remitirá a los
integrantes de la Comisión y a los Superintendentes, en los temas de su
competencia, el texto del proyecto que se someterá a aprobación, así como el
documento técnico que exige el artículo 31 de este reglamento y los demás insumos
que considere necesarios. Este plazo podrá ser inferior en los casos previstos en el
tercer inciso del artículo 34 del presente reglamento.
Como puede observarse, la CREG tiene una marcada diferencia en su
conformación interna, y en lo que interesa a la presente decisión, son los expertos
comisionados los que poseen una estructura, funciones y finalidades propias que
deben ser amparadas, para así evitar la inclusión de funcionarios que se
encuentran ligados al gobierno de turno, afectando su propia estructura.
Conforme a lo expuesto, se tiene que a partir de ese reglamento interno, se
profundiza aún más la diferenciación existente entre los expertos y propiamente la
organización que nutre la CREG, así:
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ARTÍCULO 17. DECISIONES DEL COMITÉ. Las decisiones del Comité de Expertos
constarán en actas que se suscribirán por el director ejecutivo y quien actúe como
Secretario del Comité, o en su defecto deberán tener el visto bueno de los
comisionados que la aprobaron. Las funciones del Comité de Expertos
relacionadas con los aspectos propios de la regulación serán tratadas
internamente y, en caso de discrepancia, deberán ser planteados ante la
Comisión debidamente sustentadas. Cuando una decisión del Comité de
Expertos no sea adoptada por unanimidad, los miembros que salvan su voto
justificarán su posición, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta.
ARTÍCULO 27. INFORME AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. En cumplimiento
de lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, el informe
semestral al Congreso deberá será revisado por el Comité de Expertos y
presentado para aprobación por la Comisión. En el acta de sesión quedará
informada por parte del Director Ejecutivo la fecha de remisión del respectivo
informe, cuando dicho trámite se haya surtido.
ARTÍCULO 28. COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. El
Comité de Expertos distribuirá los proyectos de la agenda regulatoria anual entre
los expertos comisionados, aplicando los siguientes criterios: a) cada proyecto será
liderado por al menos dos expertos comisionados, b) la asignación de proyectos de
regulación de una actividad se distribuirá entre los expertos comisionados,
propendiendo que ningún experto agrupe la coordinación de todos los proyectos de
un sector o actividad.
ARTÍCULO 35. REGLAS ESPECIALES DE DIFUSIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE
FÓRMULAS TARIFARIAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. Cuando la Comisión
adopte fórmulas tarifarias para el sector de combustibles líquidos, observará las
siguientes reglas:
4. El Comité de Expertos deberá elaborar el documento final que servirá de
base para la toma de la decisión y los integrantes de la Comisión evaluarán
este documento, las memorias escritas de las consultas públicas, los comentarios,
las informaciones, los estudios y las propuestas allegadas al procedimiento.
Con estas precisiones, la estructura que sigue tanto a la Comisión como al Comité
de expertos, permite advertir la autonomía de este último, el cual se protege, solo
si es conformado por personas que no representan directamente las instrucciones
políticas del gobierno de turno, y en el sub judice es claro que el demandado al
fungir como asesor de la cartera ministerial, afectó la estructura de dicha entidad.
Por lo anterior, este cargo también prospera.
d. ¿El demandado cumplió con la experiencia exigida en el literal c) del
parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 199473, para ejercer el cargo
de experto comisionado de la CREG?
La citada disposición establece:
PARÁGRAFO 1. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones:
[…]
73
Modificado por el Art. 44 de la Ley 2099 de 2021.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
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Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un periodo
superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por
un período igual o superior. (Negrillas fuera de texto)
De lo anterior se concluye que, en el primer evento previsto por la norma, la persona
debe contar con «profesión y preparación, y por el otro, que su ejercicio profesional
sea calificado -técnico- en el área energética y no en otras, mediante el desempeño
de cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector
energético, de los niveles nacional o internacional, por un período superior a seis
(6) años»74.
En ese sentido, para cumplir con el citado literal c), es necesario, por un lado, que
quien ostente el cargo de experto comisionado i) cuente con reconocida
preparación y experiencia técnica en el área energética y haberse
desempeñado en cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas
del sector energético, exigencia que puede ser remplazada por ii) haberse
desempeñado como consultor o asesor por un periodo de seis años o más.
Al respecto, esta Sala de lo electoral75 ha descrito algunos de los elementos de la
norma, de la siguiente manera:
(i) Reconocida: De conformidad con el diccionario de la RAE 76, refiere a un adjetivo
que califica algo que es acreditado. A juicio de esta Sala, para efectos del acceso al
cargo, este aspecto de la norma debe entenderse como la necesidad de presentar las
respectivas certificaciones o documentos equivalentes para acreditar la preparación
y experiencia exigida y no como un elemento que se mida en punto de la opinión de
una comunidad o grupo de personas determinadas. Lo anterior, en tanto es necesario
contar con factores objetivos y verificables, alejados de valoraciones subjetivas o que
respondan al capricho del intérprete.
(ii) Preparación: Este concepto refiere, entre otros, a los conocimientos que alguien
tiene de cierta materia 77 . Aquí se observa una relación inescindible con las
profesiones que la misma norma consagra como habilitadas para acceder al cargo,
tal y como fue precisado en párrafos precedentes. Por ello, el alcance de este
ingrediente se debe enmarcar dentro de la posibilidad para que los titulados en
ingeniería, economía, derecho y administración sean designados como expertos
comisionados de la CREG.
(iii) Experiencia: Sobre este particular, la Sala78 ha acogido la definición que a nivel
reglamentario se consagra en el Decreto 1083 del 2015, artículo 2.2.2.3.7, que
entiende por experiencia los conocimientos, habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.
74
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
MP. Rocío Araújo Oñate.
75
Ibidem.
76
Consultado en https://dle.rae.es/reconocido?m=form.
77
Consultado en https://dle.rae.es/preparaci%C3%B3n%20?m=form.
78
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023. Radicación
11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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www.consejodeestado.gov.co
33
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
(iv) Técnica: Esta judicatura 79 determinó que “según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, una de las acepciones del término “técnico”, se
refiere a la persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte”.
(énfasis de la Sala). En el contexto de la norma, el calificativo bajo estudio se aplica
a la preparación y a la experiencia.
En lo relativo a «haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un periodo
superior a seis (6) años», la Sección Quinta ha resaltado que, para establecer si
determinado empleo implica responsabilidad, debe verificarse i) la ubicación del
cargo, ii) sus funciones y iii) que se trate de una entidad pública o privada del sector
energético, nacional o internacional:
Haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del
sector energético: Sobre este requisito, que se lee en forma conjunta con la primera
parte de la norma, es de resaltar que es necesario verificar la ubicación del cargo y
sus funciones en la entidad pública o privada, del sector energético nacional o
internacional, para de esta forma establecer si se trata de un empleo que implique
responsabilidad.80
En ese orden, dado que se requiere que el cargo de responsabilidad sea ejercido
en una entidad del sector energético, en la referida decisión 81 , se precisó su
definición, desde una perspectiva institucional y económica así:
En cuanto al concepto de “sector energético”, se precisa que este es aquel en el
que se estudian, analizan, deciden, regulan o se ejercen actividades relacionadas con
el área energética en la forma en que fue definida previamente, para lo cual, esta
judicatura indica que ello tiene las siguientes perspectivas:
a) Un aspecto institucional82, el cual se deriva de las entidades del Estado que
abordan estos asuntos, tal y como se define en el Decreto 1073 del 2015, así como
todas aquellas que, de forma directa, en el ejercicio de sus funciones específicas y
concretas, tengan que ver con estos temas e implique la toma de decisiones
específicas en estos asuntos.
b) Se resalta que, a su vez, existen una serie de organizaciones que no tienen el
carácter de gubernamentales, pero que desempeñan sus labores en el sector
energético, verbo y gracia, la Agencia Internacional de Energía 83 , la Agencia
Internacional de Energías Renovables84, entre otras.
c) De otra parte, es claro que el sector está compuesto por quienes, desde una
perspectiva económica, desarrollan las actividades propias de la cadena energética
que corresponda. Por ejemplo, a nivel del servicio de energía eléctrica, la Ley 143 de
79
Ibidem.
80
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
MP. Rocío Araújo Oñate.
81
Ibidem.
82
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023. Radicación
11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
83
Cuya misión es trabajar con los gobiernos y la industria para dar forma a un futuro energético seguro y sostenible para
todos. Ver https://www.iea.org/about/mission.
84
La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) es una agencia intergubernamental líder a nivel mundial para
la transformación de energía que sirve como plataforma principal para la cooperación internacional, apoya a los países en
sus transiciones energéticas y proporciona datos y análisis de vanguardia sobre tecnología, innovación, política, finanzas e
inversiones. IRENA impulsa la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable, incluidas
la bioenergía, geotérmica, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica, en la búsqueda del desarrollo sostenible, el acceso a la
energía y la seguridad energética, para la resiliencia económica y social y la prosperidad y un futuro a prueba del clima. Ver:
https://www.irena.org/About.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
1994 define la existencia de varios agentes, como son, el generador, el transportador,
el distribuidor y el comercializador.
Asimismo, se ha pronunciado esta Sala, en providencia reciente 85, para indicar la
forma de establecer, desde una perspectiva funcional, las entidades u
organizaciones que comprenden el sector energético, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico:
Para determinar qué comprende el sector energético, desde un punto de vista
funcional, según el Decreto 1073 de 2015 [p]or medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del sector administrativo de minas y energía]20, se encuentra
que está conformado, en el nivel central, por el Ministerio de Minas y Energía, a la
cabeza, y en el sector descentralizado, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
para las Zonas no Interconectadas (IPSE), el Servicio Geológico Colombiano, y la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
52. Como entidades vinculadas se encuentran: Ecopetrol SA, Interconexión Eléctrica
SA ESP – ISA SA ESP, Isagen SA ESP, Electrificadora del Huila SA ESP –
Electrohuila SA ESP, Electrificadora del Caquetá SA ESP – Electrocaquetá SA ESP,
Electrificadora del Meta SA ESP – EMSA SA ESP, Centrales Eléctricas del Cauca SA
ESP – Cedelca SA ESP, Centrales Eléctricas de Nariño SA ESP – Cedenar SA ESP,
Empresa Distribuidora del Pacífico SA ESP – DISPAC SA ESP, Empresa
Multipropósito Urrá SA ESP – Urrá SA ESP, Empresa de Energía del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina SA ESP – EEDAS SA ESP, Generadora y
Comercializadora de Energía Eléctrica del Caribe SA ESP – Gecelca SA ESP,
Gestión Energética SA ESP – Gensa SA ESP, Empresa de Energía del Amazonas
SA ESP – EEASA ESP y la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica – Corelca SA
ESP en liquidación.
Por otro lado, desde un punto de vista económico, se encuentran las actividades de
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad, conforme con lo señalado en la Ley 143 de 1994.
Ahora, en lo atinente al segundo evento que establece la disposición, puede
cumplirse, en remplazo del primero, esto es, haberse desempeñado como
consultor o asesor por seis años o más, ha concluido que dicha experiencia debe
darse en el ámbito del área energética:
[…] Al realizar una interpretación sistemática y teleológica, es claro que el requisito
en comento debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento, por manera que
la experiencia en la consultoría o asesoría tiene que provenir del área energética
y no de otro sector de la economía, pues un razonamiento en ese sentido vaciaría
de contenido la disposición, aunado a que no atendería al objeto y funciones de la
CREG”. A lo anterior, se suma la definición de área energética que se ha establecido
en forma precedente86.
En consonancia con lo anterior, esta Sala definió el área energética en este sentido:
85
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00211-00.
MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterado en Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de julio del 2024.
Radicación 11001-03-28-000-2024-00001-00. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez. En la que salvaron voto los magistrados
Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil.
86
Ibidem.
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35
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
v) En el área energética: Corresponde a los temas que se relacionan con la energía,
específicamente, aquella que es competencia de la CREG, como son la eléctrica -
producida mediante fuentes convencionales o no convencionales 87 , el gas
combustible o los combustibles líquidos, entendiendo que estas circunstancias
abarcan diversos aspectos de una cadena que inicia con la producción o generación,
sigue con el transporte, incluye su comercialización y la disposición para el usuario
final.
Para este fallador, es claro que el sector puede ser visto desde dos perspectivas: la
primera, la que se relaciona con las vicisitudes propias de la consecución, generación
y posterior disposición de la energía, para lo cual se acude a conocimientos propios
de las ingenierías y ciencias como la física y química. Aquí, por ejemplo, se cuenta
con los aspectos técnicos de la exploración y explotación de los yacimientos de gas,
las actividades relacionadas con la construcción de plantas de generación, las
dinámicas propias de las actividades técnicas de transporte y distribución y su
correspondiente operación, entre otras.
La segunda, surge de entender que las actividades descritas, hacen parte de un
sector económico, y en consecuencia de un mercado que cuenta con una regulación
especializada.
En otras palabras: el área energética no solo refiere a circunstancias propias de la
generación y posterior disposición de los energéticos, desde el punto de vista
operativo y técnico, sino también, su comprensión como una actividad que forma parte
de un mercado, con unas dinámicas económicas propias y altamente reguladas.
Por ello, pueden abordarse desde diversas áreas del conocimiento que se
especialicen en la materia, como la ingeniería, la economía, la regulación, la
administración, la adopción de políticas públicas en la materia, entre otros, siempre
teniendo en cuenta que la experiencia que se demuestre en el mismo debe ser
directa, específica y guardar conexidad con el sector energético.
Dicho esto, corresponde a la Sala establecer si, el señor Baisser Antonio Jiménez
Rivera no cumplía con los requisitos previstos en el literal c) del parágrafo 1 del
artículo 21 de la Ley 143 de 1994, pues no satisfizo «el criterio reputacional, así
como tampoco [con] alguna de las condiciones de experiencia (cargos de
responsabilidad o consultoría y asesoría)».
A juicio de la parte actora, analizada la hoja de vida del demandado, este no cumple
con los seis (6) años de experiencia requeridos, en cargos de responsabilidad, ni el
mismo tiempo como consultor o asesor. En tal sentido, se analizará la experiencia
que se tuvo en cuenta en la certificación de cumplimiento de requisitos, expedida
por la subdirectora de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía, de
87
Sobre el particular, ver lo dispuesto en los numerales 15 y 16 del artículo 5º de la Ley 1715 del 2014, que señala: ARTÍCULO
5º. Definiciones. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley, se entiende por: (…)15. Fuentes convencionales de
energía. Son aquellos recursos de energía que son utilizados de forma intensiva y ampliamente comercializados en el país.
16. Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Son aquellos recursos de energía disponibles a nivel mundial que son
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan
ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como
FNCE según lo determine la UPME. 17. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos recursos
de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados
o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como
FNCER según lo determine la UPME.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
acuerdo con la cual, Baisser Antonio Jiménez Rivera alcanzó la experiencia
requerida para el cargo de experto comisionado.
1) En cuanto a los cargos de responsabilidad
Dicho documento concluyó que el demandado acreditó 47,50 meses (3,958 años)
de experiencia en cargos de responsabilidad, denominado, (REQUISITO 1), como
se ilustra en la siguiente imagen:
Experiencia en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Director técnico en gestión de energía
Frente a la experiencia del numeral 1 del presente documento, se hace referencia
al cargo de «director técnico, gestión de energía».
De acuerdo con la certificación que obra en el expediente sobre la misma, se tiene
que el demandando se desempeñó como tal en la Superservicios, desde el 13 de
febrero al 11 de noviembre de 2023, en el cual ejerció cuarenta (40) funciones, de
las que se destacan algunas de ellas:
a. Evaluar la gestión técnica, financiera, contable, comercial y administrativa de los
prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a la inspección, vigilancia
y control, de acuerdo con los indicadores o procedimientos definidos por las
comisiones de regulación y el ordenamiento jurídico vigente.
b. Proyectar el acto administrativo mediante el cual se adoptan las categorías de
clasificación que establezcan las respectivas Comisiones de Regulación, y
clasificar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a inspección,
vigilancia y control, en los términos de ley.
c. Ejercer vigilancia al cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos domiciliarios, en cuanto el
cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados. 4.
Verificar la consistencia y la calidad de la información que sirve de base para
efectuar la evaluación permanente de gestión y resultados de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios sometidos a inspección, vigilancia y control, así
como de aquella información del prestador de servicios públicos domiciliarios que
esté contenida en el Sistema Único de Información – SUI.
d. Vigilar que los prestadores de los servicios públicos sometidos a la inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia contraten una auditoría externa
permanente con personas privadas especializadas.
e. Vigilar la auditoría externa de gestión y resultados de los prestadores de servicios
públicos domiciliarios, de acuerdo con los criterios, metodologías, indicadores,
parámetros y modelos que definan las Comisiones de Regulación.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
f. Elaborar los estudios y demás documentos a través de los cuales se impongan o
acuerden programas de gestión a las empresas que amenacen de forma grave la
prestación continua y eficiente de un servicio, y realizar seguimiento a la
implementación de los mismos.
g. Verificar que los prestadores apliquen las acciones correctivas derivadas de las
evaluaciones de gestión y resultados, de los informes de inspección, así como de
los programas de gestión y de los informes de los auditores externos.
h. Elaborar los estudios que sustenten la obligación de modificar los estatutos de las
entidades descentralizadas que presten servicios públicos domiciliarios y no
hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en la Ley
142 de 1994 o demás leyes que la modifiquen, sustituyan o complementen.
i. Proyectar el acto administrativo mediante el cual el Superintendente, cuando
considere que a ello haya lugar, ordene la separación de los gerentes o de
miembros de las juntas directivas de los prestadores, cuando éstas incumplan de
manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas
de calidad definidos.
j. Vigilar que los prestadores de servicios públicos publiquen las evaluaciones
realizadas por los Auditores Externos por lo menos una vez al año, en medios
masivos de comunicación en el territorio donde presten el servicio si los hubiere,
y que dichas evaluaciones sean difundidas ampliamente entre los usuarios.
Asimismo, como se dijo, esta Sección ha señalado que para determinar si un
empleo es de responsabilidad, debe tenerse en cuenta su ubicación y funciones y
que el mismo se ejerza en entidades públicas o privadas del sector energético. En
punto de los mencionados aspectos, se evidencia que el demandado fue vinculado
por una relación legal y reglamentaria, como director técnico de la gestión de
energía en la Superservicios.
De ello, resulta claro que el empleo de la Dirección Técnica de Gestión de Energía
en la referida superintendencia, que ejerció el demandado, comporta
responsabilidad, dado que, dentro de sus actividades, algunas de ellas consisten en
la vigilancia, evaluación, verificación y elaboración de estudios, relacionadas con
las empresas prestadoras de servicios públicos, entre otras, las cuales se
encuentran directamente relacionadas con la actividad energética y son
transversales a la misma.
En ese orden, no obstante la Superservicios no se encuentra dentro de las
entidades adscritas y vinculadas al sector energético, previstas en el Decreto 1073
de 201588, lo cierto es que no puede entenderse que el mismo se conforma solo por
las instituciones mencionadas en dicha norma, sino que también, incluye aquellas
que, «de forma directa, en el ejercicio de sus funciones específicas y concretas,
tengan que ver con estos temas e implique la toma de decisiones específicas en
estos asuntos [energéticos]89.
Por tanto, debe tenerse en cuenta que la experiencia que se demuestre en
determinado cargo debe ser directa, específica y guardar conexidad con el sector
energético90.
88
«Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía».
89
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
MP. Rocío Araújo Oñate.
90
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
MP. Rocío Araújo Oñate.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
En igual sentido, se pronunció esta Sala de lo Electoral, en sentencia del 27 de abril
de 2024, en relación con la pertenencia de la Superservicios al sector energético,
para efectos de la acreditación de experiencia en cargos de responsabilidad, allí se
indicó lo siguiente:
Adicionalmente, puede concluirse que si bien, desde el punto de vista orgánico, la
referida entidad de inspección, vigilancia y control no pertenece al sector energético,
lo cierto es que las competencias constitucional y legalmente asignadas a esta son
transversales al mismo, y por lo tanto, pueden entenderse que en este aspecto,
cumple con el criterio normativo exigido por la Ley 143 de 1994 para el acceso al
cargo de experto comisionado de la CREG91.
Bajo la misma decisión, la Sala concluyó que, no solo debe atenderse a la literalidad
de la disposición del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, sino que debe procurarse
por materializar la finalidad que persigue, esto es, «garantizar que los expertos
comisionados de la CREG tengan las competencias necesarias para regular los
sectores de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos derivados de
los hidrocarburos, y cumplir con el cometido de la intervención estatal en este sector
de la economía […]»92. En ese sentido:
[…] entiende la Sala que en atención a las importantes funciones que se desempeñan
en la comisión de expertos de la CREG frente a un sector económico/servicio público
domiciliario de altísima importancia nacional y respecto del cual es posible predicar
un grado de especialidad y tecnicidad, se requiere entonces que las personas que la
integran tengan las calidades que se acompasen con dichas características, las
cuales se materializan en la triada de especificidades antes descritas: una serie de
profesiones determinadas, una experiencia calificada en el área energética y las
vinculaciones con el sector, todos ellos de forma concurrentes.
Como consecuencia de lo anterior, y en atención a que las competencias de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios también se ejercen sobre la
actividad energética y son transversales a dicho sector, y algunas de las funciones
ejercidas por el accionado están íntimamente relacionadas con la prestación del
servicio público de energía y su comisión de regulación, esta Sala debe concluir que
el tiempo ejercido por el demandado, como director técnico de gestión de energía,
en la entidad de inspección, vigilancia y control, se tendrá en cuenta para el computo
de la experiencia, en cargos de responsabilidad en el sector energético, para fungir
como experto comisionado de la CREG.
Asesor 1020, código 1020, grado 15
Igualmente, en el numeral 1 de la certificación de cumplimiento de requisitos, se
incluyó la experiencia del demandado, como asesor 1020, código 1020, grado 15,
ubicado en la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, en el
91
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
MP. Rocío Araújo Oñate.
92
Ibidem.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
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Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
cual se desempeñó del 3 de mayo de 2021 al 12 de febrero de 2023 (1 año, 9 meses
y 10 días) y tenía asignadas las siguientes funciones:
1. Asesorar a la Superintendencia en la formulación, ejecución y seguimiento de planes,
programas y proyectos de la Superintendencia, en torno a la vigilancia, inspección y
control a los servicios públicos domiciliarios.
2. Formular estrategias, metodologías y herramientas sobre el fortalecimiento técnico de
la Entidad en cumplimiento de la misión institucional.
3. Orientar y realizar investigaciones y estudios relacionados con la misionalidad de la
Entidad, tendientes a lograr el mejoramiento continuo de la gestión.
4. Emitir conceptos para aportar elementos de juicio en la toma de decisiones
relacionadas con los procesos y procedimientos que corresponden a la dependencia
de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Realizar el control y seguimiento de los documentos y actos administrativos que expida
el despacho del Superintendente.
6. Brindar asesoría en del desarrollo de proyecto o programas especiales orientados a
mejorar la gestión de la Superintendencia.
7. Asesorar y acompañar a la Superintendencia en el relacionamiento interinstitucional
en los ámbitos público y privado, así como en los órdenes internacional, nacional, local.
8. Asesorar a la dependencia en los aspectos administrativos y contractuales de su
gestión, siguiendo los procedimientos internos.
9. Asesorar a la Superintendencia en aspectos administrativos y de gestión, que se
requieran para su buen funcionamiento.
10. Elaborar y revisar documentos técnicos, conceptos e informes, que requiera la gestión
de la Superintendencia.
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente,
de acuerdo con el área de desempeño, el nivel jerárquico y la naturaleza del empleo.
Adicionalmente, en el ejercicio de dicho cargo, pero sin desligarse de su vínculo
jurídico como asesor, fue designado coordinador del Grupo de Unidad de Monitoreo
del Mercado de Energía Mayorista de la Superintendencia Delegada para Energía
y Gas Combustible, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 al
31 de enero de 2023. Allí, entre otros asuntos, dirigió «la ejecución de las
actividades de apoyo en los procesos asociados al monitoreo de los mercados
mayoristas de energía y gas.
De acuerdo con el Decreto 1369 de 202093, en su artículo 17, la Superintendencia
Delegada para Energía y Gas Combustible, dependencia en la que el demandado
ejerció el empleo de asesor, tiene las siguientes funciones:
1. Proyectar, para la firma del Superintendente, el concepto que autorice, en el marco
de los contratos de concesión, la sustitución al concesionario, en la prestación del
servicio público domiciliario de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 143
de 1994.
2. Apoyar al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en las funciones del
Comité de Seguridad Gas Licuado Petróleo.
3. Ejercer la inspección y vigilancia sobre los mercados mayoristas de energía
eléctrica y gas combustible.
En ese orden, las funciones descritas, pero sin perder de vista que mantenía su
vínculo legal y reglamentario como asesor, en el ejercicio del cargo de coordinador
del Grupo de Unidad de Monitoreo del Mercado de Energía Mayorista, dan cuenta
de actividades que conllevan responsabilidad, pues a su cargo, tenía las labores de
93
«Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios».
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supervisar contratos o convenios y dirigir actividades en los procesos de monitoreo
de mercados mayoristas de energía y gas.
Frente a las funciones de asesor, el demandado desplegó las siguientes:
Asesorar a la Superintendencia en la formulación, ejecución y seguimiento de planes,
programas y proyectos de la Superintendencia, en torno a la vigilancia, inspección y
control a los servicios públicos domiciliarios. 2. Formular estrategias, metodologías y
herramientas sobre el fortalecimiento técnico de la Entidad en cumplimiento de la
misión institucional. 3. Orientar y realizar investigaciones y estudios relacionados con
la misionalidad de la Entidad, tendientes a lograr el mejoramiento continuo de la
gestión. 4. Emitir conceptos para aportar elementos de juicio en la toma de decisiones
relacionadas con los procesos y procedimientos que corresponden a la dependencia
de acuerdo con la normatividad vigente. 5. Realizar el control y seguimiento de los
documentos y actos administrativos que expida el despacho del Superintendente. 6.
Brindar asesoría en del desarrollo de proyecto o programas especiales orientados a
mejorar la gestión de la Superintendencia. 7. Asesorar y acompañar a la
Superintendencia en el relacionamiento interinstitucional en los ámbitos público y
privado, así como en los órdenes internacional, nacional, local. 8. Asesorar a la
dependencia en los aspectos administrativos y contractuales de su gestión, siguiendo
los procedimientos internos. 9. Asesorar a la Superintendencia en aspectos
administrativos y de gestión, que se requieran para su buen funcionamiento. 10.
Elaborar y revisar documentos técnicos, conceptos e informes, que requiera la gestión
de la Superintendencia.
La Sala resalta que, dentro de las funciones asignadas como asesor, código 1020,
grado 15, el demandado tuvo la de «formular estrategias, metodologías y
herramientas sobre el fortalecimiento técnico de la Entidad en cumplimiento de la
misión institucional», de la cual se advierte responsabilidad a cargo del funcionario,
puesto que la implementación de estrategias, es una actividad superlativa al interior
de las entidades públicas.
Así las cosas, descritas las funciones del empleo y su ubicación, se colige que el
demandado ejerció un cargo de responsabilidad, en el sector energético, teniendo
en cuenta que en el desarrollo de su cargo como asesor 1020, código 1020, grado
15, también fungió como coordinador, y sus actividades asignadas estuvieron
orientadas la formulación de estrategias, a orientar y elaborar investigaciones y
dirigir ejecución de actividades, las cuales desempeñó en la Superintendencia
Delegada para Energía y Gas Combustible, la cual, entre otras cosas, tiene como
función la inspección y vigilancia de los mercados mayoristas de energía eléctrica y
combustible.
Al respecto, debe resaltarse que al demandado le fue asignada la coordinación de
un Grupo Interno de Trabajo 94 , sin dejar de ser asesor, lo cual le llevaba a
desarrollar, entre otras, las siguientes funciones que conllevan responsabilidad:
Del Grupo de Unidad de Monitoreo del Mercado de Energía Mayorista de la Superintendencia Delegada para Energía y
94
Gas Combustible.
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41
Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
(…) 3. Dirigir la ejecución de las actividades de apoyo en los procesos asociados al
monitoreo de los mercados mayoristas de energía y gas, de conformidad con el objeto
del grupo interno de trabajo y las funciones a éste asignadas. (…) 7. Supervisar los
contratos y convenios relacionados con el monitoreo de los mercados mayoristas de
energía y gas que le sean asignados por el Ordenador del Gasto de la entidad o el
Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible. (…)
Aspectos que se acompasan, de forma directa, con las competencias asignadas a
las autoridades en materia energética, por lo que, el referido tiempo laborado en la
Superservicios, se tendrá en cuenta en el cómputo de la experiencia, como cargo
de responsabilidad, para ocupar el cargo de experto comisionado de la CREG.
Experiencia en DISTASA S.A. E.S.P
En cuanto a la experiencia del numeral 2 de la certificación del cumplimiento de
requisitos, se encuentra acreditado en el expediente, que el demandado se
desempeñó del 16 de junio de 2008 al 31 de octubre de 2009, en el cargo de jefe
de operación y mantenimiento en DISTASA S.A. E.S.P, en la cual ejerció diversas
funciones. Respecto de las labores de supervisión y coordinación de operación y
mantenimiento, se le asignaron las siguientes:
1.1 Es el encargado de coordinar los mantenimientos y realizar los chequeos
periódicos.
1.2 Solicitar la cotización a proveedores y contratistas.
1.3 Revisar y liquidar los pagos correspondientes a contrataciones dentro del área.
1.4 Supervisar la realización de mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos
de los activos de transmisión a 230 ky.
1.5 Revisar los informes presentados por los contratistas.
1.6 Coordinar la contratación del personal temporal de su área.
1.7 Seguir y ejecutar la operación.
1.8 Realizar análisis preoperativos y post operativos de los eventos del sistema eléctrico.
En este orden, resulta claro para la Sala, que las actividades realizadas por el
demandado, como jefe de operación y mantenimiento en la empresa de servicios
públicos de energía DISTASA S.A E.S.P., son de responsabilidad, pues tuvo a su
cargo la coordinación y supervisión de mantenimientos y chequeos, revisión de
informes de los contratistas, entre otras funciones relevantes dentro de la
organización.
Asimismo, dado que, como lo ha dicho la Sala, el sector energético «está compuesto
por quienes, desde una perspectiva económica, desarrollan las actividades propias
de la cadena energética que corresponda. Por ejemplo, a nivel del servicio de
energía eléctrica, la Ley 143 de 1994 define la existencia de varios agentes, como
son, el generador, el transportador, el distribuidor y el comercializador», DISTASA
S.A E.S.P., al ser empresa de transmisión de energía, pertenece a este.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Por tanto, la Sección encuentra que como el cargo de jefe de operación y
mantenimiento es de responsabilidad y fue ejercido en una entidad perteneciente al
sector de energía y sus funciones se relacionan directamente con la actividad
energética, se debe tener en cuenta la experiencia del demandado en el referido
empleo, como cargo de responsabilidad, requerido para ser experto comisionado
de la CREG.
En consecuencia, se computará la experiencia adquirida del demandado en la
Superservicios y en DISTASA S.A E.S.P., que fue tenida en cuenta para la
certificación del cumplimiento de requisitos, por un total de 3 años, 10 meses y 25
días, en cargos de responsabilidad en el sector energético.
CARGOS DE RESPONSABILIDAD
Entidad Cargo Periodo Tiempo
Superservicios Director técnico en 13/02/2023- 8 meses y 29 días
gestión de energía 11/11/202395
Superservicios Asesor, código 1020, 03/05/2021- 1 año, 9 meses y
grado 15 12/02/2023 10 días
DISTASA Jefe de operación y 16/06/2008- 1 año, 4 meses y
mantenimiento 31/10/2009 16 días.
3 años, 10 meses
TOTAL: y 25 días
Con todo, revisada la hoja de vida de Baisser Antonio Jiménez Rivera y las
certificaciones laborales que obran en el expediente, la Sala identificó experiencia96,
que el Ministerio de Minas y Energía no incluyó en la verificación de requisitos del
demandado, para el cargo de experto comisionado.
Por tanto, la Sección la analizará, para efectos de verificar si es posible
jurídicamente calcularla para dar por positiva o no, la experiencia real del
demandado para ocupar el cargo de experto comisionado de la CREG.
Experiencia en la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME)
En efecto, revisadas las pruebas aportadas al expediente, se identificó certificación
laboral de Baisser Antonio Jiménez Rivera, expedida por la UPME el 18 de marzo
de 2021, allegada tanto por la parte actora como por el demandado
De acuerdo con el citado documento, el nombrado se desempeñó como
profesional especializado código 2028 grado 22, durante el periodo comprendido
entre el 9 de agosto de 2013 hasta el 31 de enero de 2021 y en el código 2028
grado 24, del 1 de febrero de 2021 hasta el 18 de marzo de 2021.
95
En la certificación de cumplimiento de requisitos del Ministerio de Minas se tuvo en cuenta como fecha final el 13/11/2023,
sin embargo, revisada la certificación, se tiene que el demandado se desempeñó como director técnico en la Superservicios,
hasta el 11/11/2023.
96
En términos similares, esta Sala, en sentencia del 11001-03-28-000-2023-00090-00 del 4 de julio de 2024, tuvo en cuenta,
para acreditar la experiencia del demandado, certificaciones allegadas por el demandante, al proceso judicial.
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Esta relación legal y reglamentaria, tuvo una situación jurídica, que sin alterar esa
génesis laboral, es decir, sin desligarse de su rol como profesional, le permitió al
demandado ser encargado, desde el 9 de diciembre de 2013 hasta el 18 de marzo
de 2021, de la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Transmisión y
Distribución.
Este aspecto es sobresaliente para la Sala, comoquiera que el cargo de profesional
especializado, por virtud del artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 1083 de 2015, tiene como
naturaleza, la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier
disciplina académica o profesión.
A partir de esta precisión, este nivel tiene variadas funciones, entre las que se
destacan la de participar en los planes y programas del área interna de su
competencia, coordinar los estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestación de los servicios a su cargo, administrar, controlar y evaluar el desarrollo
de los programas, proyectos y las actividades propias del área, entre otras, las
cuales, como se verá más adelante, no conllevan la exigencia que previó el
legislador en la Ley 2099 de 2021, relacionada con ser de «responsabilidad».
Al respecto, la Sección debe afirmar que a partir de una interpretación con efecto
útil del requisito expuesto por el legislador; esto es, acreditar experiencia en «cargos
de responsabilidad», la citada relación laboral NO cumple con la exigencia que fue
establecida por las Leyes 142 de 1994 y 2099 de 2021, ello conforme a los
siguientes razonamientos:
1. Una de las preocupaciones que tuvo el Congreso de la República 97 para
brindar una normativa técnica y especial al régimen de vinculación de los
comisionados, fue precisamente establecer ciertos presupuestos jurídicos
que deben cumplir aquellos que pretendan ser nombrados en dicho empleo
público.
El legislador al aprobar el régimen de los servicios públicos 98, concibió a esta clase
de funcionarios como aquellos que poseen altas condiciones, exigente preparación
y relevante experiencia, lo que los ubica en un nivel único dentro de la estructura
97
Constitución Política. Artículo 150 numeral 23. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: 23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios
públicos.
98
Leyes 142 y 143 de 1994 y 2099 de 2021.
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
del estado, debido al rol99 que esta entidad tiene en la regulación de los servicios 100
de energía y gas.
Uno de estos postulados, fue el entender como «expertos», a aquellas personas
que hubieren desempeñado «cargos de responsabilidad», supuesto que no puede
desatenderse, so pena de desvirtuar el verdadero sentido que tuvo el constituyente
cuando fijó en el artículo 365 superior que, los servicios públicos son inherentes a
la finalidad social del Estado y deben ser asegurados a todos los habitantes del
territorio nacional, con lo cual, su régimen estaría sometido a lo que fije una ley
especial.
En este punto, conforme a la certificación aportada al plenario, se establece que el
cargo de coordinador del GIT de transmisión y distribución tuvo las siguientes
funciones:
Para la Sala, si bien estas funciones son de importancia y relevancia al interior de
la UPME, lo cierto es que de las actividades de los numerales 2, 3, 4, 5 y 10, no se
puede desprender que en estricto sentido se equiparen a un cargo de
responsabilidad; lo anterior, debido a que corresponde como bien se ha dicho a
funciones propias del nivel profesional que, en el presente capitulo, no se asemejan
a la expresión que utilizó el legislador en la Ley 2099 de 2021.
99
Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda
bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y preservar la competencia, para lo cual,
la oferta eficiente, en el sector eléctrico, debe tener en cuenta la capacidad de generación de respaldo. Valorar la capacidad
de generación de respaldo de la oferta eficiente. Definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y
seguridad del servicio de energía. Establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordinación de
la operación del Sistema Interconectado Nacional. regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente; propiciar la competencia en el sector de minas
y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación
gradual de los mercados hacia la libre competencia; y establecer criterios para la fijación de compromisos de ventas
garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios. Expedir el Reglamento
de Operación para regular el funcionamiento del Mercado Mayorista de Energía.
100
Entendidos a la luz de los artículos 64 y 365 de la Constitución Política como deberes del estado y su prestación es
inherente a la finalidad social.
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Estas labores de evaluación, guardan total coherencia con la esencia del nivel
profesional, grado que conforme al Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.2.3,
numerales 3 y 6, tiene incluida dicha actividad, pero no por el solo despliegue de
esta, se le puede considerar como un cargo de responsabilidad.
En relación con las tareas del numeral 11, estas también guardan similitud con lo
establecido por el decreto en cita, pues a la luz del numeral 7 ibidem, corresponde
a esa clase de empleo, que como se dijo son de la esencia del área profesional, las
cuales no necesariamente desembocan en el rol de responsabilidad que se predica
en la norma especial.
Respecto de las actividades establecidas en los numerales 1 y 6, se tiene que la
elaboración de planes y el análisis de desempeños, son acordes con lo dispuesto
por los preceptos 1 y 2 del Decreto 1083, en lo que tiene que ver con el nivel
profesional, lo que redunda en que tales acciones, lejos de ser gerenciales,
directivas o asesoras, son adscritas al nivel profesional que como se dijo y se
profundizará, no conllevan la responsabilidad que advirtió la Ley 2099 de 2021.
Respecto al ejercicio de las contempladas en los numerales 7 y 8, estas se
supeditaron al apoyo, lo que quiere decir que no correspondía a un cargo de
responsabilidad y que a partir de estas, se pueda concluir un empleo de esa
naturaleza, o lo que es lo mismo, esas actividades permitan deducir la existencia de
funciones como la imposición o traza de lineamientos, la asesoría, vigilancia o
control.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la función 9 de la certificación aportada, se
debe decir que esta es de participación, lo que significa que también se deba
adscribir a la contemplada en el numeral 1º del decreto ibidem, pues en últimas es
con su experticia que se consolidan, junto a otras áreas, la entrega de un producto
final de la administración pública.
2. Para la Sala es claro que la expresión «cargos de responsabilidad», no fue
definida por el compendio normativo que guía el sector de los servicios
públicos; sin perjuicio de ello, y tal como se ha hecho por esta Sala en las
diferentes providencias en las que se han desatado controversias jurídicas
sobre nombramientos de los comisionados de la CREG, es a partir de la
aproximación literal y sistemática que se dota de contenido al precepto
normativo.
Un primer acercamiento permite entrever que, la Sala aún no ha definido el
contenido semántico de la citada expresión, pues como se reveló en líneas
precedentes, la Sección ha señalado que para determinar si un empleo es de
responsabilidad, debe tenerse en cuenta su ubicación y funciones y que el mismo
se ejerza en entidades públicas o privadas del sector energético. A partir de lo
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anterior, se ha dicho que para tenerse en cuenta la experiencia, esta debe ser
directa, específica y guardar conexidad con el sector energético 101.
Con ello, la Sala debe indicar que no todo cargo que se ubique y tenga funciones,
per se, es considerado como de responsabilidad, pues esta expresión debe ser leída
a partir de dos supuestos: i) de acuerdo con su sentido lingüístico y, ii) a partir de
un contexto sistemático con los presupuestos que guían el sistema de empleo
público, cuando la experiencia proviene del sector oficial.
Antes de abordar estos presupuestos, la Sala debe recordar que a través de la
hermenéutica vertida sobre esta clase de nombramientos, se ha dicho que para
determinar quien integra el sector, debe acudirse a un aspecto institucional102, el
cual responde a la ubicación en las entidades del Estado que abordan estos
asuntos, tal y como se define en el Decreto 1073 del 2015, así como en todas
aquellas que, de forma directa, en el ejercicio de sus funciones específicas y
concretas, impliquen la toma de decisiones específicas en estos asuntos.
Con esto, se quiere decir que el concepto de «responsabilidad» al que alude la
norma, está atada a que quien es nombrado haya dirigido, asesorado o trazado
lineamientos que permitan predicar de él, una exigencia aun mayor a la de cualquier
trabajador; es decir, la toma de decisiones o el otorgamiento de conceptos que
permitan a la alta dirección definir una situación administrativa de relevante nivel, a
la cual se ha hecho referencia, e implica que quien presente una experiencia laboral
haya ocupado un denotado grado dentro de la administración, pues como se verá
más adelante, es esa la característica que fijó el legislador para elegir a un
comisionado experto.
3. Retomando y respecto al primero de los supuestos, la Real Academia de la
Lengua Española define responsabilidad 103 , como aquella cualidad de
responsable, y a partir de ello, se entiende a aquella persona que tiene a su
cargo la dirección y vigilancia del trabajo en (…) establecimientos, oficinas,
(…), etc.104 Con base en ello, este concepto está íntimamente relacionado al
significado de dirección; esto es, a la persona encargada de dirigir 105,106 una
sociedad, un establecimiento, (…), etc.
A partir de esta definición literal, la Sala observa que el legislador no en vano, utilizó
la expresión «cargos de responsabilidad», pues a partir de la definición que da el
diccionario, este debe tener unos atributos, que solo algunos, no todos los empleos,
tienen en forma inescindible; por ejemplo, aquellos que tengan la facultad de dirigir,
101
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
MP. Rocío Araújo Oñate.
102
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de febrero del 2023. Radicación
11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
103
https://dle.rae.es/responsabilidad
104
https://dle.rae.es/responsable
105
https://dle.rae.es/dirección
106
Sinónimo de jefatura, directiva, mando, gobierno, gerencia, administración, ejecutiva.
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trazar lineamientos, asesorar a la alta dirección o regentar un área del conocimiento,
presupuestos que no pueden ser desatendidos por el intérprete judicial.
4. El segundo requisito, para comprender el citado concepto, parte del contexto
sistemático de conformidad con los presupuestos que guían el sistema de
empleo público, cuando la experiencia del elegido proviene del sector oficial.
En este punto, como se dijo, la Ley 2099 de 2021 al no definir el concepto de
«cargos de responsabilidad», sí refirió algunos enunciados en el artículo 44 ibidem,
que pueden ser interpretados no solo con base en la lectura gramatical que se
enseñó en el punto precedente, y en los que se consideran como aquellos
caracterizados por el mando, la alta asesoría y/o la dirección, sino también, de
conformidad con las normas que reglamentan el empleo estatal.
Los tópicos a los que se hace referencia en el precitado artículo 107 son los
siguientes:
La Comisión contará con el personal profesional, técnico y administrativo necesario
para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo que ella misma
determine (…)
Parágrafo 1°. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones: (…)
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética
y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a seis
(6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o
superior. (…) (Negrillas resaltadas por la Sala)
Sobre esta base, la Sala entiende que el «cargo de responsabilidad», incluye no
solo la reflexión hecha en el acápite anterior, respecto de la aceptación de
vinculaciones a título de asesor, sino también aquellos empleos de naturaleza
gerencial o directiva, los cuales son definidos, por el Decreto 1083 de 2015108. Al
respecto, se comprende que esta clase de cargos, en efecto tienen tal condición, no
solo por estar condicionado su ingreso, debido a los requisitos de idoneidad y
experiencia; sino también, porque se puede predicar una proximidad con el
desempeño como experto regulador.
Sobre este punto, debe recordarse que dentro de la organización de cada una de
las dependencias de esta entidad, el cargo de profesional especializado
desempeñado por el demandado en la UPME, está supeditado en su organización
y funcionamiento a una relación de autoridad, responsabilidad y jerarquía con el
107
Téngase en cuenta el Artículo 19. De la Ley 909 de 2004. «El empleo público. 1. El empleo público es el núcleo básico de
la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 2. El diseño de cada empleo debe contener: a)
La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita identificar con claridad las responsabilidades
exigibles a quien sea su titular; (…).
108
Artículos 2.2.2.2.1. Nivel Directivo.
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nivel directivo y asesor; luego, no se puede predicar el cumplimiento de este
requisito de parte del nombrado para derivar el cumplimiento de la experiencia.
El citado decreto trajo una definición puntual en el artículo 2.2.2.2.1, la cual se
acompasa con las exigencias que fijó el legislador para los comisionados. Al
respecto la norma trajo lo siguiente:
Artículo 2.2.2.2.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden
funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción
de planes, programas y proyectos. De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este
nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el
sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos para su ejecución.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna
y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos
internos.
(…)
9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del
empleo.
Para la Sala, tales funciones se acompasan con la exigencia que trajo la Ley 2099
de 2021, esto es, haberse desempeñado en «cargos de responsabilidad», que a
partir de una interpretación sistemática con las finalidades que debe materializar la
CREG, logran responder a la exigencia que se concibió por parte del constituyente,
cuando transformó la administración pública, convirtiéndola en un espacio de acción
eficiente, que permite a estos funcionarios una mayor autonomía, al propio tiempo
que exige de estos una mayor responsabilidad, como lo podría ser en aquellos
cargos de jefes o directores de oficinas y como ya se mencionó, en asesores de alta
dirección.
Para esta corporación judicial, los «cargos de responsabilidad» tienen cercanía en
su definición a las consideraciones que se tienen normativamente respecto de los
empleos de naturaleza directiva, gerencial y asesora porque marcan una gran
diferencia en la forma en que el Estado dirige un segmento de la economía –
servicios públicos –, a través de acciones administrativas – técnicas, que deben
generar resultados eficaces y eficientes en el marco de la implementación de las
directrices sobre este sector.
Esta interpretación, que lleva a entender que se trata de cargos directivos,
gerenciales o asesores permite arribar a la conclusión de que a mayor preparación
y experticia, mayor responsabilidad en la administración, no solo por los
resultados que se deben presentar, sino también por la reorientación en la relación
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con los ciudadanos puesto que sus actuaciones regulatorias son el soporte de la
correcta gestión de los servicios públicos.
Estos argumentos que fija la Sala, plantean la necesidad de que la experiencia que
se acredite en «cargos de responsabilidad», lo que es lo mismo, de naturaleza
directiva, gerencial o asesora, como lo pueden ser las jefaturas o direcciones de
oficinas, hayan sido dirigidos a la obtención de resultados eficaces y eficientes.
Situación que por demás, fue exigida por el legislador para que el sentido y
existencia de la CREG, se traduzca en la capacidad de dirigir, orientar, asesorar
a la alta dirección y tomar las decisiones conducentes a la realización de los fines
constitucionales referidos con anterioridad.
Para la Sección, no se trata de adicionar un elemento no contemplado en la norma,
al contrario, lo relevante de este acercamiento interpretativo es darle sentido útil a
la expresión, partiendo de las dinámicas propias de la administración pública, en la
que los funcionarios que dirigen, regentan, trazan, delinean políticas y actividades
institucionales o asesoran al más alto nivel, sean a quienes se consideren como
empleados de responsabilidad, según el entendimiento que se hace de la Ley 2099
de 2021.
También se deja en claro, que estos cargos directivos, asesores o gerenciales al
ser considerados como de responsabilidad, están caracterizados por variados
elementos que los llevan a tener como tales debido a que su relación con la alta
dirección, la formulación y ejecución de políticas macro generales y a la adopción
de programas propios de la entidad que representan, hacen que constituyan este
segmento que aludió la Ley 2099 de 2021.
Para esta corporación judicial, no basta con que el empleo tenga una ubicación y
unas funciones especiales 109 , pues la expresión «cargos de responsabilidad»,
condiciona necesariamente, para cualificar el ingreso de estos expertos, a que se
les asimile a aquellos cargos, directivos, asesores, gerenciales o de jefaturas al
interior de la administración pública.
En este orden de ideas, no es posible concebir un «cargo de responsabilidad» sin
que necesariamente se hable de aquellos empleos con la naturaleza que se viene
exponiendo, cuyos titulares son servidores públicos con altas capacidades
gerenciales, encargados de dirigir las acciones estratégicas, asesorar a la alta
dirección y de administrar la óptima ejecución de las metas, cumpliendo los fines y
funciones por las que se dio sustento a la CREG.
Dicho en otras palabras, los cargos de responsabilidad tienen una particularidad en
el estudio del empleo público, dado que, su escogencia obedece a la búsqueda de
candidatos que destaquen por sus calidades profesionales, es decir que su alta
trayectoria, marca una diferencia con respecto de las otras modalidades de
109
Radicado 11001-03-28-000-2022-00209-00 reiterado: Consejo de Estado. Sección Quinta.
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
provisión de los demás empleos públicos, debido a que del entendimiento del
artículo 2.2.2.2.1 del Decreto 1083 de 2015, se determinó que el criterio de
competencia profesional prevalecerá en el nombramiento del cargo, proceso en el
cual se atenderá a los criterios del mérito, capacidad y experiencia como
presupuestos para acceder al respectivo cargo de comisionado.
Por todo lo dicho, el ingreso como experto de la CREG, cuyo presupuesto es la de
haber ocupado «cargos de responsabilidad», se traduce en que para esta clase de
empleo, las funciones que debe desempeñar y los caros fines constitucionales que
debe proteger, exige que el aspirante logre demostrar un superlativo mérito para ser
nombrado, aspectos que se ven identificados en las ocupaciones cuya naturaleza
es la directiva, gerencial o asesora.
Así las cosas, al entenderse que los «cargos de responsabilidad» son asimilables a
aquellos que tienen dicha naturaleza110 a partir de la aproximación literal y a las
definiciones que da el Decreto 1083 de 2015111, se debe concluir que la experiencia
de la UPME como profesional especializado código 2028, grados 22 y 24 NO
cumplen con la exigencia establecida por el legislador, pues dicho vinculo legal y
reglamentario no permite colegir que se hayan definido políticas, objetivos y metas
corporativas, rasgos que son propios de aquellos empleos que pensó el legislador.
Es decir, quienes ocupan un cargo de nivel directivo, gerencial, asesor o de jefatura
no se les puede asimilar a aquellos de otros niveles de la organización publica, pues
de ellos depende no solamente la política institucional sino, en gran medida, su labor
determina planes y programas de trascendencia económica, política y social,
circunstancia esta que los diferencia por completo de los demás niveles de empleo
de las entidades respectivas.
Por ello, es la misma certificación emitida por la UPME quien aseveró, que tal nivel
jerárquico era profesional y sus funciones son esas efectivamente, lo cual distancia
las de asesoras, gerente o directivo:
110
También como se dijo en precedencia como asesor.
111
Concordante con el Artículo 2.2.21.3.3. Dirección.
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Por ello entiende la Sala el por qué el demandado no presentó ante el Ministerio de
Minas para la verificación de requisitos del demandado, en el cargo de experto
comisionado, la acreditación de dicha experiencia por cuanto fue precisamente en
su criterio que no se cumplía con el requisito de «cargos de responsabilidad».
De lo anterior, resulta claro que, analizada la experiencia de la certificación de
cumplimiento del ministerio y la identificada en el material probatorio, aportado al
proceso, el demandado NO cumplió, el tiempo requerido, en el literal c) del
parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en cargos de responsabilidad
en el sector energético, pues obtuvo en total, por este ítem lo siguiente:
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
CARGOS DE RESPONSABILIDAD
Entidad Cargo Periodo Tiempo
Superservicios Director técnico en gestión de 13/02/2023- 8 meses y 29 días
energía 11/11/2023
Superservicios Asesor, código 1020, grado 03/05/2021- 1 año, 9 meses y 10 días
15 12/02/2023
DISTASA Jefe de operación y 16/06/2008- 1 año, 4 meses y 16 días.
mantenimiento 31/10/2009
TOTAL: 3 años, 9 meses y 54
días
Así las cosas, se procederá a analizar la experiencia como consultor o asesor,
estudiada en la certificación del Ministerio de Minas y Energía.
2) Como consultor o asesor
Frente a la experiencia en consultoría o asesoría, en la certificación de cumplimiento
de requisitos, concluyó acreditado 33,63 meses (2,803 años) de experiencia como
asesor o consultoría, como se observa:
Previo a analizar si la experiencia relacionada el cuadro anterior cumple con lo
requerido para tenerse en cuenta como de asesoría o consultoría, se deberá
precisar qué se entiende por estos conceptos.
En ese orden, la Ley 80 de 1993, en su artículo 28, trae una definición del contrato
estatal de consultoría, en los siguientes términos:
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión.
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
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Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría,
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
[…].
Por su parte, de acuerdo con la RAE, «asesorar» es «dar consejo o dictamen»,
asimismo, tiene como sinónimos, «orientar, aconsejar, sugerir, recomendar,
proponer, aclarar, encauzar, encarrilar, dirigir, instruir, informar, consultar».
Precisado lo anterior, se analizará la experiencia estudiada en la certificación de
cumplimiento de requisitos del demandado, en cada entidad, para concluir si en la
misma se desempeñó como asesor o consultor en el área energética.
Experiencia en DISPAC S.A. E.S.P.
De otro lado, se computará la experiencia del demandado en DISPAC S.A. E.S.P.,
empresa de energía del Chocó, entidad vinculada al sector energético, de
acuerdo con el Decreto 1073 de 2015, en calidad de trabajador en misión112, del
6 de marzo de 2010 al 30 de noviembre del mismo año, empleo en el que evaluó
técnica y económicamente proyectos de creación, expansión y seguimiento,
relacionados con la distribución e interconexiones en el sector energético:
1. Apoyo a Asesor de Gerencia en temas relacionados con interconexiones,
normatividad eléctrica y estudios eléctricos.
2. Seguimiento a proyectos de interconexión.
3. Revisión y análisis de sistemas de potencia de los proyectos de interconexión.
4. Evaluación técnica y económica de los proyectos de interconexión.
5. Evaluación solicitudes de proyectos de conexión.
6. Diseño de metodología para evaluación técnico-financiero de las solicitudes de
proyectos de conexión.
7. Apoyo para la creación del plan de expansión.
8. Análisis de estudios técnicos.
De las funciones descritas, se concluye que, en el ejercicio de estas, el demandado
ejerció actividades de asesoría y consultoría, pues apoyó al asesor de gerencia
en temas de energía, revisó y analizó proyectos de interconexión, evaluó y diseñó
metodologías de proyectos de conexión, lo cual se relaciona con emitir conceptos,
dictámenes y asesorar en el área energética.
Experiencia en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)
En punto de la experiencia en la Unidad de Planeación Minero Energética, señalada
en el documento de cumplimiento de requisitos, la misma se analizará con base en
la información de las certificaciones aportadas al proceso.
112
«Contratado a través de la empresa temporal ADECCO Colombia».
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En cuanto a las siguientes ordenes de servicios, ejecutadas por el demandado en
la UPME, de acuerdo con la certificación del secretario general de la entidad, se
describe su objeto y el tiempo durante el cual se ejecutaron, así:
Vinculación Periodo Tiempo Objeto
Orden de 30/11/2009- 1 mes Apoyar el equipo de transmisión de la UPME
servicio 30/12/2009 en la revisión y evaluación técnica y
200- económica de las solicitudes presentadas por
2009184 los Operadores de Red con el fin de que
hagan parte de la actualización de los cargos
por la puesta de servicios de nuevos activos
de conexión y modificación de la red de
tensión 4, en especial aquellas solicitudes que
tiene como objeto eliminar el riesgo de que un
área quede sin servicio por una contingencia
simple.
Orden de Desde el 26 de 1 mes y 2 Apoyar a efectuar la revisión y evaluación
servicio noviembre de semanas técnica y económica de las solicitudes
2020- 2010 presentadas por los Operadores de Red,
2010129 realizando análisis de flujo de carga,
contingencia, corto circuito, estabilidad
transitoria y de voltaje, junto con la evaluación
económica de la respectiva solicitud. Lo
anterior con el fin de que hagan parte de la
actualización de los cargos por la puesta en
servicio de nuevos activos de conexión y
modificación de la red de nivel tensión 4, en
especial, aquellas solicitudes que tiene como
objeto eliminar el riesgo de que un área quede
sin servicio por una continencia simple.
Orden de 20/12/2012- 12 días Realizar la actualización de los archivos de
servicio 31/12/2012 topología (ZDB) y cargabilidad (NDB) del
200- Sistema Interconectado Nacional para los
2012192 años 2012, 2014, 2016 y 2017 en máxima
demanda.
Al respecto, de las órdenes de servicio 200-2009184 y 2020-2010129, suscritas
por el demandado, relacionadas en el cuadro anterior, se observa que su objeto
consistió en labores de revisión y evaluación, por lo que, para esta Sala es posible
tenerlas en cuenta como asesorías o consultorías, brindadas a la UPME, entidad
que conforme al Decreto 1073 de 2015 está vinculada al sector energético.
Lo anterior, dado que se advierte, de acuerdo con el documento que las certifica,
que con ocasión a su suscripción, el demandado realizó actividades que permitan
concluir que, en el marco de dichas órdenes, tuvo a cargo tareas como las de
elaboración de estudios, dirección, asesoría o de consejo, en determinados
proyectos o asuntos.
En ese orden, específicamente, en el caso de la orden de servicio 2020-2010129,
de su objeto advierte la labor de revisión y evaluación técnica y económica, entre
otras, de las solicitudes de los operadores de red, y con ello se deriva el despliegue
de funciones de asesoría y consultoría hacia la entidad.
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
En cuanto al contrato núm. 19547-19-2011 y las órdenes de servicio, 200-2012020
y 220-2013-028, se identificó lo siguiente:
Vinculación Periodo Tiempo Objeto
Orden de Desde el 7 de 10 meses Realizar los análisis de flujo de carga,
servicio febrero de 2012 contingencia, corto circuito, estabilidad
200- transitoria y de voltaje, junto con la evaluación
2012020 económica y revisión de evaluación técnica de
las solicitudes de conexión al STN y las
presentadas por los operadores de red, con el
fin de que hagan parte de la actualización de
los cargos por la puesta en servicio de
nuestros activos de conexión y modificación
de la red, en especial en aquellas solicitudes
que tienen impacto en el STN y aquellas que
tiene como objeto eliminar el riesgo de que un
área quede sin servicio por una contingencia
simple.
Contrato de Desde el 12 de 8 meses Realizar los análisis de flujo de carga,
prestación abril de 2011 contingencia, corto circuito, estabilidad
de transitoria y de voltaje, junto con la evaluación
servicios económica y revisión y evaluación técnica y
19547-19- económica de las solicitudes de conexión al
2011 STN y aquellas presentadas por los
Operadores de Red, con el fin de que hagan
parte de la actualización de los cargos por la
puesta en servicio de nuevos activos de
conexión y modificación de la red, en especial
aquellas solicitudes que tienen impacto en el
STN y aquellas que tiene como objeto eliminar
el riesgo de que un área quede sin servicio por
una contingencia simple.
Orden de Desde el 25 de 4 meses Recopilar y analizar la información de la
servicio febrero de 2013. demanda y cogeneración o autogeneración en
220-2013- el área oriental (Bogotá, Cundinamarca y
028 Meta), con el fin de contar con elementos
suficientes que permitan a la Unidad poder
identificar la aplicación de las posibles
alternativas no convencionales en el área
Oriental (inexistentes en el mercado
colombiano), tales como: la gestión de la
demanda, gestión de la potencia reactiva y la
generación distribuida y/o localizada. Lo
anterior, con el objetivo de optimizar la
utilización y expansión de la red y garantizar
en el largo plazo la atención de la demanda
bajo criterios de confiabilidad, seguridad,
calidad y eficiencia económica del área
Oriental.
En primer lugar, debe tenerse cuenta que para acreditar la experiencia como
asesor o consultor, es necesario que la misma se ejerza en el área energética,
entendida esta como la relacionada con «la energía, específicamente, aquella que
es competencia de la CREG, como son la eléctrica -producida mediante fuentes
convencionales o no convencionales, el gas combustible o los combustibles
líquidos, entendiendo que estas circunstancias abarcan diversos aspectos de una
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Demandado: Baisser Antonio Jiménez
Rivera, experto comisionado (E) de la
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cadena que inicia con la producción o generación, sigue con el transporte, incluye
su comercialización y la disposición para el usuario final» 113.
En ese orden, de acuerdo con la definición del contrato de consultoría, a la luz de la
Ley 80 de 1993, el mismo refiere, por ejemplo, a estudios y diagnósticos de
factibilidad, lo que se acompasa con el objeto de las órdenes y el contrato de
prestación de servicios, descritos en la anterior tabla, los cuales tuvieron como
objeto labores de análisis y diagnósticos, de flujo de caja, generación y
cogeneración de energía, ente otros aspectos, por lo que deben considerarse como
de consultoría y están relacionados con el área energética. Por tanto, se
computarán para la acreditación de este requisito.
Conforme a todo lo dicho, NO ocurre lo mismo con la orden de servicio 200-
2012192, ejecutada desde el 26 de noviembre de 2010, por 12 días, de la cual no
es posible concluir que dentro de la unidad, el señor Baisser hubiera ejecutado
actividades como asesor o consultor, pues se tiene que el objeto de la misma fue
una tarea específica, esto es, la actualización de archivos, lo cual no se relaciona
con productos como analizar, estudiar, aconsejar, dirigir, programar, entre otros,
propias de la consultoría y asesoría. En consecuencia, tampoco se tendrá en cuenta
para efectos del cómputo de la experiencia en esta categoría.
Por lo expuesto previamente, se computará como asesor o consultor, la
experiencia del demandado, obtenida en la UPME, mediante contrato de prestación
de servicios 2009184, 2010129, 2012020, 192011 y 2013028 y en DISPAC, en
calidad de trabajador en misión, como se muestra:
ASESOR O CONSULTOR
Entidad Vinculación Periodo Tiempo
UPME Orden de servicio Desde el 7 de febrero de 10 meses
200-2012020 2012
UPME Contrato de prestación Desde el 12 de abril de 8 meses
de servicios 2011
19547-19-2011
UPME Orden de servicio Desde el 25 de febrero 4 meses
220-2013-028 de 2013.
UPME Orden de servicio Desde el 30 de 1 mes y 2 semanas
2010-129 noviembre de 2009
UPME Orden de servicio Desde el 26 de 1 mes
2009-184 noviembre de 2010
DISPAC Trabajador en misión Desde el 6 de marzo de 8 meses y 25 días.
2010 hasta el 30 de
noviembre de 2010
2 años, 9 meses y 9
TOTAL días
Así las cosas, estudiados los ítems de la experiencia que tuvo en cuenta el
Ministerio de Minas y Energías, para evaluar el cumplimiento de requisitos de
Baisser Antonio Jiménez Rivera, como asesor o consultor, para ocupar en encargo
el empleo de experto comisionado, la Sala encuentra que al sumar las mismas, con
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
113
MP. Rocío Araújo Oñate.
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
exclusión de las órdenes de servicio (200-2009184, 2020-2010129 y 200-2012192),
suscritas con la UPME, se obtuvo como resultado 2 años, 6 meses y 25 días.
Así las cosas, al entenderse que se trata de dos supuestos disyuntivos que utilizó
el legislador, la Sala no da por acreditado el cumplimiento de la experiencia como
asesor o consultor, como tampoco se dijo, en lo tocante a cargos de
responsabilidad, pues se insiste, el entendimiento de estos supuestos llevan a que
por cada una de estas exigencias se cumpla con el mínimo de 6 años, los cuales
como se expuso no fueron acreditados.
Al respecto, se trae nuevamente la norma que reglamentó dicho parámetro:
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un
periodo superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor
o asesor por un período igual o superior.
Por último, la parte actora encuentra incumplida también la «reconocida
preparación y experiencia», contenida en el literal c) del parágrafo 1 del artículo
21 de la Ley 143 de 1994, la cual asimila a un criterio «reputacional».
Al respecto, la Sala advierte que el citado aparte de la norma exige reconocida
preparación y experiencia, para ejercer el cargo de experto comisionado de la
CREG, lo cual se acredita con los respectivos documentos o certificaciones, que
demuestren la especificidad en el desarrollo de actividades relacionadas con la
actividad energética.
Tal como lo ha concluido esta Sección114, al definir el referido concepto:
(i) Reconocida: De conformidad con el diccionario de la RAE, refiere a un adjetivo
que califica algo que es acreditado. A juicio de esta Sala, para efectos del acceso al
cargo, este aspecto de la norma debe entenderse como la necesidad de presentar
las respectivas certificaciones o documentos equivalentes para acreditar la
preparación y experiencia exigida y no como un elemento que se mida en punto
de la opinión de una comunidad o grupo de personas determinadas. Lo anterior,
en tanto es necesario contar con factores objetivos y verificables, alejados de
valoraciones subjetivas o que respondan al capricho del intérprete.
En tal sentido, se aportaron los documentos que acreditan que el demandado es
ingeniero eléctrico de la Universidad Industrial de Santander y cuenta con una
maestría en la misma materia, cursada en la Universidad de los Andes, en
consonancia con lo concluido en la certificación de cumplimiento de requisitos,
expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de abril de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00209-00.
114
MP. Rocío Araújo Oñate.
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
Asimismo, se demostraron años de experiencia del demandado en el área
energética, como se afirmó previamente. Por tanto, esta Sala considera acreditada
la reconocida preparación y experiencia técnica requerida en la norma.
En conclusión, el nombramiento, en encargo del demandado, como experto
comisionado de la CREG vulneró el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, comoquiera
que este NO cumplió, los requisitos de experiencia y preparación, previstos en el
literal c) del parágrafo 1 de la misma norma, así mismo se afectó el periodo y la
dedicación exclusiva del empleo que exige ser comisionado de la CREG, por lo que
hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado.
Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia, en nombre de la Republica y
por autoridad de la ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del nombramiento, en encargo, de Baisser
Antonio Jiménez Rivera, como experto comisionado de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG), contenido en el Decreto núm. 2005 de 21 de noviembre
de 2023, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
(Salvamento de voto)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro
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Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00011-00 (Acum.)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(Aclaración de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(Salvamento de voto)
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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