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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01157-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01157-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 29 Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00 Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01157-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00
Actora: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandada: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Nación – Ministerio de Minas
y Energía contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora1 presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 5 de septiembre de 2024, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “3_DemandaWeb_Poder_08Anexosrepresentaci(.pdf)
NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00
Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

con el número único de radicación 110010328000202400011-01 (Acumulado
110010328000202400076-00), vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el señor Baisser Antonio Jiménez Rivera se desempeña como
asesor 1020, grado 10 en el Ministerio de Minas y Energía.

4. Señaló que, el Presidente de la República expidió el Decreto núm.2005 de 21
de noviembre de 2023, por medio del cual nombró en encargo a Baisser Antonio
Jiménez Rivera en el cargo de Experto Comisionado, Código 0090, de la planta de
personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por un periodo
de tres (3) meses.

5. Señaló que en el Decreto acusado dispuso que el señor Jiménez Rivera
continuaría ejerciendo las funciones de su empleo en el Ministerio de Minas y
Energía.

6. Indicó que el 12 de enero de 2024, el señor German Lozano Villegas, promovió
el medio de control de nulidad electoral, contra el Decreto núm. 2005 de 21 de
noviembre de 2023, al considerar que el Decreto infringió las normas al desconocer

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

el literal c) del parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley 143 de 19943 modificado por el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, por cuanto, en su opinión, el señor Baisser
Antonio Jiménez Rivera, no cumple la dedicación exclusiva propia del empleo de
experto comisionado prevista en el artículo.

7. Señaló que el señor Daniel Currea Moncada, promovió el medio de control de
nulidad electoral contra el mismo Decreto, al considerar que infringió el artículo 21
de la Ley 143 de 1994 citado supra, por considerar que el señor Baisser Antonio
Jiménez Rivera, no cumple con la experiencia exigida de seis (6) años en cargos de
responsabilidad o como asesor, y agregó que el Decreto, desconoció la estructura
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- y la función reguladora,
porque presuntamente, desatendió la separación entre los expertos comisionados
y los integrantes del Gobierno Nacional.

8. Señaló que las dos demandas de nulidad electoral fueron admitidas y
acumuladas, mediante autos de 23 de enero de 2024 y 16 de febrero de 2024,
respectivamente, con el núm. de radicado 11001032800020240001100.

2 Artículo 21. Modificado por el art, 44. Ley 2099 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG). La Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará como
Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera:
a) Por el Ministro de Minas y Energía, quien la presidirá; b) Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; c)
Por el Director del Departamento Nacional de Planeación; d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de
dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro (4) años. El
superintendente de servicios públicos domiciliarios asistirá con voz, pero sin voto. La Comisión contará con el
personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo
con lo que ella misma determine y. tendrá regímenes especiales en materia de contratación, de administración
de personal, de salarios y de prestaciones y gozará de autonomía presupuestal. La Comisión manejará sus
recursos presupuestales y operará a través del contrato de fiducia mercantil que celebrará el Ministerio de
Minas y Energía con una entidad fiduciaria, el cual se someterá a las normas del derecho privado. Estas
disposiciones regirán, igualmente, los actos que se realicen en desarrollo del respectivo contrato de fiducia.
Los expertos tendrán la calidad que determine el Presidente de la República y devengarán la remuneración
que él mismo determine. La Comisión de Regulación de Energía y Gas expedirá su reglamento interno, que
será aprobado por el Gobierno Nacional, en el cual se señalará el procedimiento para la designación del
Director Ejecutivo de entre los expertos de dedicación exclusiva. Parágrafo 1°. Los expertos deberán reunir
las siguientes condiciones: a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio; b) Tener título universitario en
ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado; y c) Contar
con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética y haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un
período superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o
superior. Parágrafo 2°. Los expertos comisionados serán escogidos libremente por el Presidente de la
República. En su elección, el Presidente propenderá por la formación de un equipo interdisciplinario, por lo
que no podrá nombrar a más de un abogado como experto comisionado. Parágrafo 3°. Los expertos podrán
ser reelegidos por una sola vez. Parágrafo 4°. Los expertos no podrán ser elegidos en cargos directivos en
entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al ejercicio de su cargo. Parágrafo
5°. Informes semestrales. Sin perjuicio del cumplimiento de la ley 1757 de 2015, la CREG deberá presentar
ante las Comisiones Quintas del Congreso de la República, semestralmente un informe que sintetice las
decisiones y actos administrativos expedidos indicando de forma clara y precisa la medida y el motivo de que
provocó su aprobación.
3 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones en materia energética”

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

9. Indicó que fue vinculada en calidad de autoridad que intervino o expidió el acto
administrativo demandado dentro del proceso referido supra.

10. Indicó que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5
de septiembre de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del nombramiento, en encargo, de Baisser
Antonio Jiménez Rivera, como experto comisionado de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG), contenido en el Decreto núm. 2005 de 21 de noviembre
de 2023, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. […]”.

10.1. Como fundamento de su decisión consideró:

“[…] Regulación del nombramiento de los comisionados expertos de la CREG y sus
requisitos. El artículo 21 de la Ley 143 de 1994 dispuso que la CREG se integra: a)
Por el Ministro de Minas y Energía, quien la presidirá; b) Por el Ministro de Hacienda
y Crédito Público; c) Por el Director del Departamento Nacional de Planeación; d)
Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados
por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años. El
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asistirá con voz, pero sin voto.
En lo que refiere a los expertos en asuntos energéticos, además de precisar que
serán de dedicación exclusiva, que su periodo es de cuatro (4) años, el mismo
precepto señala que «[…] tendrán la calidad que determine el presidente de la
República y devengarán la remuneración que él mismo determine». […]”.

[…]

“[…] En los términos de los artículos 1° y 5° de la Ley 909 de 2004, dentro de la
clasificación de los empleos públicos se encuentran los denominados de periodo
fijo. El primero clasifica los empleos públicos en: a) Empleos públicos de carrera; b)
Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d)
Empleos temporales. Asimismo, el artículo 5 de la referida ley establece, como regla
general, los empleos de carrera administrativa en los organismos y entidades de la
administración pública, con excepción de «1. Los de elección popular, los de período
fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y
aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas
conforme con su legislación» y «2. Los de libre nombramiento y remoción […]». […]”.

[…]

“[…] Por lo tanto, resulta necesario indicar que no en todas las ocasiones los
encargos deben ser comprendidos como una forma de proveer los empleos
públicos, pues muchas veces se encargan las funciones, pero no el cargo, eventos
en los cuales dicha situación administrativa no puede ser equiparada a un
nombramiento. […]”

[…]

“[…] Como se dijo, para la parte actora, el encargo del demandado en el empleo de
experto comisionado de la CREG, mientras se desempeñaba como asesor, infringió

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el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, pues la referida figura no es aplicable a cargos
de periodo fijo, dado que solo está prevista para aquellos de libre nombramiento y
remoción y de carrera administrativa y, además, se desatendió la dedicación
exclusiva propia de dicho empleo. […]”.

[…]

“[…] Para la Sala, en primer lugar, el encargo no es procedente en estos eventos,
comoquiera que existen diversos preceptos normativos establecidos en las Leyes
142, 143 de 1994, como también en la 2099 de 2021, que aludieron a referencias
normativas especiales que no pueden ser desatendidas por el nominador.
Precísese, por ejemplo, lo expuesto para el nombramiento de esta clase de expertos
que integran la CREG en las que se exigió dedicación exclusiva para un período de
cuatro años. Estos aspectos que se resaltan, son relevantes, debido a que el
legislador dotó al empleo de experto, de la condición de ser de período fijo y de
dedicación exclusiva, las cuales, constituyen una garantía de independencia que
debe caracterizar el ejercicio de la función reguladora que se predica de estas
comisiones. […]”.

[…]

“[…] En atención a lo dicho, el período fijo de los comisionados busca hacer menos
probable que se encuentren sujetos a presiones por parte del gobierno de turno, en
tanto supone un plazo específico para el ejercicio del empleo, sin que el titular pueda
ser despojado del mismo, salvo por las razones legales específicamente
establecidas para el efecto, que normalmente se relacionan con la existencia de
decisiones judiciales o administrativas que así lo dispongan, razón por la cual, los
cargos con dicha condición «ocupan una posición intermedia entre los empleos de
carrera y los de libre nombramiento y remoción»[…]”.

[…]

“[…] Bajo estas condiciones, la dedicación exclusiva también tiene como fin la
garantía de independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
buscando que los expertos comisionados que la integran solo atiendan al ejercicio
de su función frente al mercado y a los usuarios, buscando la materialización de su
independencia en el manejo de los servicios públicos domiciliarios que son de su
competencia, privilegiando el interés general que se predica de ellos y la función que
desempeñan en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, está claro que el aquí demandado ostenta el empleo en el
Ministerio de Minas y Energía, entidad del Gobierno Nacional y, por otro lado, ocupa
la posición de experto comisionado de la CREG, el cual, como ya se indicó no tiene
la condición de agente del presidente de la República -mucho menos de sus
ministros- y, por lo tanto, debe ejercer sus funciones por fuera del ámbito que se
deriva de una relación legal y reglamentaria con aquellos. Por tal motivo, la mera
vinculación con la cartera ministerial resulta suficiente para encontrar acreditado que
el demandado tendría la representación de dos intereses, al ser funcionario del
Gobierno Nacional y a la vez de la comisión, aspecto que conllevó a que el primero,
tenga un asiento adicional de aquellos que por ley le corresponden (Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Director de Planeación
Nacional).

Bajo esta perspectiva, la inexistencia de una prohibición o limitación expresa de
aplicar la figura del encargo a este tipo de empleos, debe ceder ante la norma

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particular, concreta y especial que, en punto de los expertos comisionados de la
CREG, refiere a las condiciones en que deben ser nombrados, esto es, por un
período fijo y con dedicación exclusiva. A lo anterior, se debe adicionar que los
funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, deben actuar
conforme las competencias y autorizaciones constitucionales y legales, por lo que
sus decisiones están vinculadas en un sentido positivo al principio de legalidad. […].

[…]

“[…] Así las cosas, la Sala concluye que, al encargar a Baisser Antonio Jiménez
Rivera, como experto comisionado de la CREG, el periodo fijo que se estableció
para esta clase de empleos se predica incompatible por cuanto:

1- Una de las garantías que permiten el desarrollo de la función reguladora
por parte de la comisión es que esta sea libre de presiones indebidas,
como lo pueden ser las culminaciones de periodo súbitas, normalmente
presentadas por criterios no técnicos.

2- Esta clase de prerrogativas hacen que la discrecionalidad en el retiro
quede limitada por cuanto, al existir una data exacta de finalización, sea
ese el motivo de salida del empleo y no las situaciones administrativas
pro tempore que normalmente caracterizan los encargos.

3- El importante funcionamiento de la CREG y el desarrollo de las
actividades de sus expertos, hacen que el periodo fijo, sea una
condicionante para que los proyectos de regulación tengan una suerte de
perennidad técnica en el tiempo, y eviten, como es lógico, la injerencia
indebida de aspectos que no tienen esa pericia.

4- La seguridad en la determinación de las funciones de la CREG a través
de los estudios científicos que hacen sus expertos para aprobación de la
comisión, permiten que estos funcionarios desarrollen sus habilidades en
el periodo por el que fueron elegidos, sin que decisiones de otra índole
afecten la pericia con que deben ser reguladas las materias de energía y
gas.

Así las cosas, al ser incompatible el encargo con el periodo fijo de estos empleos,
debe declararse la nulidad del acto enjuiciado. […]”.

[…]

“[…] Dicho esto, debe determinarse si, dada la naturaleza de la CREG, esto es, de
unidad administrativa especial, con autonomía, sin personería jurídica y adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, el encargo del demandado, como experto
comisionado, sin desvincularse de su cargo de asesor en dicha cartera ministerial,
afectó la estructura e independencia de la CREG. […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, no es posible concebir un «cargo de responsabilidad»
sin que necesariamente se hable de aquellos empleos con la naturaleza que se
viene exponiendo, cuyos titulares son servidores públicos con altas capacidades
gerenciales, encargados de dirigir las acciones estratégicas, asesorar a la alta
dirección y de administrar la óptima ejecución de las metas, cumpliendo los fines y
funciones por las que se dio sustento a la CREG. […]”.

[…]

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

“[…] De lo anterior, resulta claro que, analizada la experiencia de la certificación de
cumplimiento del ministerio y la identificada en el material probatorio, aportado al
proceso, el demandado NO cumplió, el tiempo requerido, en el literal c) del parágrafo
1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en cargos de responsabilidad en el sector
energético, […]”.

[…]

“[…] En conclusión, el nombramiento, en encargo del demandado, como experto
comisionado de la CREG vulneró el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, comoquiera
que este NO cumplió, los requisitos de experiencia y preparación, previstos en el
literal c) del parágrafo 1 de la misma norma, así mismo se afectó el periodo y la
dedicación exclusiva del empleo que exige ser comisionado de la CREG, por lo que
hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. La actora solicitó en su escrito de tutela4:

“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, en el proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado 11001032800020240001100 (ppal).

TERCERO: ORDENAR a dicha autoridad judicial PROFERIR SENTENCIA de
reemplazo mediante la cual valore el acervo probatorio obrante en el expediente en
su integridad, interprete las normas aplicables al caso de manera razonable y
conforme a la Constitución Política y aplique el precedente constitucional existente.
[…]”.

11.1 Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó5:

“[…] La interpretación manifiestamente irrazonable de la Sección Quinta del Consejo
de Estado sobre el literal (c) del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 ha impedido que el Ministerio
de Minas y Energía cumpla con su función de asesorar, en coordinación con el
Departamento Administrativo de la República (DAPRE), al presidente de la
República para (i) nombrar en encargo a los comisionados expertos en asuntos
energéticos de la CREG y (ii) escoger candidatos que, a pesar de cumplir con los
requisitos previstos por la Ley, no satisfacen las exigencias que, de forma
irrazonable, ha impuesto la Sección Quinta para que puedan ocupar el cargo. Dicho
de otro modo, la grave vulneración que la sentencia atacada causa al derecho al

4
Transcripción literal del texto.
5
Transcripción literal del texto.

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

debido proceso del Ministerio es actual, en la medida en que producto de sus efectos
no ha podido cumplir con sus funciones legales y constitucionales. (ii) El Consejo de
Estado ha insistido en la ratio de la sentencia de 5 de septiembre de 2024, reiterando
sus tesis y prolongando sus efectos en el tiempo. De ello dan cuenta las sentencias
de 3 y 24 de octubre de 2024, en las que la Sección Quinta declaró la nulidad de los
nombramientos en encargo de los ciudadanos […] y en las que reconoce, de forma
expresa, que los argumentos allí planteados son “reiteración de la sentencia de Sala
de 5 de septiembre de 2024”. En este sentido, la Sección Quinta replica, en términos
generales, las reglas que motivaron la nulidad del nombramiento en encargo del
señor BAISSER ANTONIO JIMENEZ RIVERA, y, en particular, las referidas a la
improcedencia del encargo para el cargo de experto comisionado por su naturaleza
de empleo de período fijo, por la exclusividad que el Legislador exigió para el cargo
en propiedad, por el carácter “supletivo” de la regulación del encargo prevista por el
Decreto 1083 de 2015 o por la prevención frente al uso arbitrario del encargo por
parte del presidente de la República. […]”.

[…]

“[…] En el caso sub judice, la interpretación manifiestamente irrazonable de la
Sección Quinta ha comprometido el correcto funcionamiento de la CREG. Esto, en
la medida en que dicha interpretación excluye a personas que, pese a contar con los
conocimientos especializados y técnicos exigidos por la ley, no pueden asumir el rol
de expertos comisionados por el estrechísimo margen que, por fuera de los
requisitos previstos por el Legislador, les ha dejado la jurisprudencia de la Sección
Quinta. Esta situación ha dificultado la provisión de estos cargos en propiedad, lo
que, sumado a la lectura manifiestamente irrazonable según la cual la provisión de
estos empleos en encargo está prohibida, ha terminado por afectar el correcto
funcionamiento de la administración, en tanto impone obstáculos desproporcionados
para la debida, oportuna y correcta integración de la CREG. […]”.

“[…] En el caso concreto, la Sección Quinta del Consejo de Estado fundó su decisión
en una norma inexistente o inaplicable al caso concreto. Dichas normas fueron
derivadas de interpretaciones manifiestamente irrazonables del literal (c) del
parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la
Ley 2099 de 2021, para concluir que (i) existe una prohibición de nombrar en encargo
a los expertos comisionados de la CREG, (ii) los expertos deben haber ocupado
cargos directivos o gerenciales para acreditar su experiencia en “cargos de
responsabilidad” y (iii) el tiempo de experiencia de seis (6) años previsto por la citada
norma debe exigirse, de forma separada, para los dos supuestos allí previstos. […]”.

[…]

“[…] La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 5 de
septiembre de 2024, concluyó que el presidente de la República no podía proveer,
mediante la figura del encargo, el cargo de experto comisionado de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas. Esto, con fundamento en tres razones: (i) la
improcedencia del encargo en el empleo de experto comisionado de la CREG, por
tratarse de un cargo de período fijo; (ii) la dedicación exclusiva que la Ley exige para
dicho empleo, que impide que un funcionario que cumpla sus tareas ordinarias
asuma –sin renunciar a ellas– las responsabilidades como experto comisionado
CREG y, por último, (iii) la afectación de la estructura e independencia de la CREG.
Según la Sección Quinta, estas conclusiones derivan del literal (c) del parágrafo 1
del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099
de 2021. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado. […]”.

[…]

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

“[…] En criterio del Ministerio, esta interpretación de la Sección Quinta del Consejo
de Estado es manifiestamente irrazonable. […]”.

[…]

“[…] 1. De las características del cargo de experto comisionado en propiedad no
deriva la prohibición de nombrar expertos comisionados en encargo. Ningún método
de interpretación permite concluir que, de la naturaleza de un cargo en propiedad –
para el que la ley exige dedicación exclusiva en un período fijo– se predique la
imposibilidad de nombrar, de forma temporal y con las características propias de los
encargos, personas que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo. Ni las
normas que regulan el encargo ni las que determinan los requisitos para ocupar el
cargo de experto comisionado prohíben su provisión temporal mediante el
nombramiento en encargo. En efecto, ni el Decreto 1083 de 2015, ni el artículo 24
de la Ley 909 de 2004, ni el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, prevén dicha prohibición.

2. Las normas que regulan el encargo tienen carácter supletivo de una normatividad
inexistente, a saber: las normas específicas sobre el nombramiento en encargo de
los comisionados de la CREG. No existe regulación específica que determine la
procedencia y alcance de la figura del encargo en los empleos de período fijo en la
CREG. Por esto, la normativa que la Sección Quinta estima “supletiva” es, en
realidad, la única regulación aplicable al caso concreto. Son estas normas las que,
en una lectura sistemática de la Ley 143 de 1994, dan cuenta de la naturaleza
temporal del encargo, así como de su alcance general dentro de la función pública.
Lo anterior, máxime cuando, a la luz de la jurisprudencia constitucional, esta
situación administrativa tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución
Política, en tanto es “una medida de carácter excepcional que igualmente enfrenta
situaciones excepcionales o de urgencia y que se cumple en lapsos cortos.

3. La sentencia inadvirtió que la regulación general del encargo permite su
procedencia para proveer los cargos de expertos comisionados sin exigir
exclusividad. Así las cosas, aun cuando el Decreto 1083 de 2015 es una norma
aplicable para el empleo de experto comisionado de la CREG –razón por la cual los
funcionarios nombrados en encargo pueden o no desvincularse de su cargo–, la
Sección excluye de forma manifiestamente irrazonable su aplicación en el caso
concreto. Esto, al estimar que la exigencia de exclusividad que el Legislador hizo
para los nombramientos de los expertos comisionados en propiedad debe aplicar
para quienes sean nombrados en encargo, por cuanto la norma no distinguió si la
exclusividad “trataba de los nombramientos definitivos, provisionales o en encargos”.
La Sección pierde de vista que, por su naturaleza, cada uno de estos nombramientos
obedece a una finalidad distinta. En particular, el nombramiento en encargo tiene la
finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la CREG y las
funciones asignadas al comité de expertos. Dicho de otro modo, en virtud de la
interpretación inconstitucional de la Sección Quinta, las normas sobre el encargo se
vuelven supletivas de una prohibición que no existe.

4. La interpretación del Consejo de Estado se funda en argumentos extrajurídicos y
“ sesgos ” contra la eventual “ aplicación desviada ” de este modo de nombramiento
por parte del presidente de la República. La tesis según el cual el presidente de la
República podría desconocer la autonomía de la CREG mediante los nombramientos
en encargo no se basa en una lectura de la norma aceptable desde un punto de vista
hermenéutico, sino que se sustenta en las creencias de los magistrados acerca de
cómo puede ser usada la figura del encargo por el jefe de Estado. Esta lectura,
además, es manifiestamente irrazonable, en la medida en que desconoce el principio
de la buena fe previsto por el artículo 83 superior. Al respecto, como lo ha reiterado

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

desde sus inicios la Corte Constitucional, la buena fe “se presume, y dicha
presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el
ordenamiento jurídico vigente”. Así, las presunciones sobre la “aplicación desviada”
de los nombramientos en encargo, además de contrarios al principio de buena fe, no
se coligen en forma alguna del contenido normativo del literal (c) del artículo 21 de
la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.

5. El nombramiento en encargo no vulnera per se la independencia o autonomía de
los empleos en los que se presenta. La conclusión contraria -a la que la Sección
Quinta arribó- desconoce la naturaleza de los encargos. Esto sucede, por ejemplo,
con los magistrados de las Altas Cortes, entre quienes el nombramiento en encargo
no podría, en forma alguna, interpretarse como un atentado a su independencia,
pues, además de atender las labores propias de su despacho, los magistrados tienen
la tarea de tramitar, a través de la figura del encargo, los negocios de las
magistraturas vacantes hasta que sean proveídas para garantizar el normal
funcionamiento de la Corporación, sin que ello implique que deban renunciar a su
empleo titular para acreditar el requisito de dedicación exclusiva para asumir el
empleo bajo la figura del encargo. Lo anterior, máxime cuando el Legislador previó
un régimen que, además del período fijo y la dedicación exclusiva de los expertos
comisionados, garantiza la independencia mediante otros dispositivos. Así, por
ejemplo, el control judicial de sus actos, así como la naturaleza colegiada de la
CREG, asegura que el nombramiento de uno de sus miembros en encargo no afecte
per se la autonomía de la entidad. Estos dispositivos, junto con la autonomía
administrativa y financiera de la CREG, entre otros, aseguran su independencia.

6. La interpretación afecta de forma desproporcionada el deber del presidente de la
República de asegurar el funcionamiento de la CREG. Esto, en la medida en que
restringe de forma intensa las expresas facultades del presidente para nombrar a los
expertos comisionados y garantizar el correcto funcionamiento de la CREG, en tanto
anula por completo la posibilidad de nombrar en encargo a los expertos
comisionados responsables de cumplir con las funciones asignadas a la entidad.
Esto, al punto en que el propio Consejo de Estado ha declarado el incumplimiento
del deber de integrar dicho órgano mediante sentencias de acción de cumplimiento.
[…]”.

[…]

“[…] Los salvamentos de voto a la sentencia cuestionada dan cuenta de la
irrazonabilidad de la decisión. En el salvamento de voto del consejero […] se resalta
que “no es posible exigir a quien ocupe dicho empleo, como «encargado», la
dedicación exclusiva, pues, en este caso, se trata de una medida administrativa
temporal para suplir la vacancia y asegurar la prestación del servicio, término y
exigencia que sí recae en la designación definitiva y no temporal que haga el
nominador, esa sí por el periodo de cuatro (4) años”. En esa misma línea, el
salvamento de voto del consejero […], puntualizó que “el encargo de funciones en
cargos de periodo fijo, (…) es procedente, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015,
por cuanto esa disposición no limita o excluye la aplicación de la figura a los cargos
de carrera y de libre nombramiento y remoción, como se indicó en el fallo” […]”.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

Consejo de Estado; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo al Presidente de
la República, a Germán Lozano Villegas, a Daniel Currea Moncada y a Baisser
Antonio Jiménez Rivera, concediéndoles un término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela porque considera que, en la providencia cuestionada “se analizó
el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 para indicar que el legislador utilizó las
expresiones: «dedicación exclusiva» y «periodos de cuatro años», para con ello,
derivar que la figura del encargo utilizada en el acto cuestionado, desconocía esas
características que fueron fijadas con precisión en la normativa. En este orden, el
accionado al ostentar su vinculación legal y reglamentaria como asesor del
Ministerio de Minas y Energía y ser encargado como experto comisionado en un
mismo momento, no solo vulneró la aludida disposición, sino que también afectó la
estructura interna de la entidad reguladora. […]” y en relación con el segundo
argumento, señaló que “[…] frente al primer requisito que estableció la Ley 2099 de
2021 «cargos de responsabilidad», el demandado acreditó solo «3 años, 10 meses
y 25 días» y, en el segundo supuesto; esto es, «consultor o asesor» se demostraron
«2 años, 6 meses y 25 días». […]”, con lo cual se hizo valoración de los elementos
materiales probatorios allegados por los sujetos procesales y llegó a la conclusión
que el acto demandado debía anularse.

13.1. Enfatizó en que la acción de tutela presentada no satisface la exigencia de la
relevancia constitucional, porque lo que pretende la actora es revivir un debate
judicial con el pretexto de la afectación al debido proceso con la intención de
imponer su posición jurídica, utilizando al juez constitucional como una instancia
adicional, que no está prevista para esta clase de procesos, como lo es la nulidad

12

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electoral, que tienen una única instancia, en aras a lo establecido en el numeral 3
del artículo 1496 del CPACA7.

14. El señor Daniel Currea Moncada consideró que la acción de tutela no es el
medio idóneo para revivir una discusión probatoria, relativa a la experiencia
profesional acreditada por el señor Jiménez Rivera, no es la estancia jurídica en el
que pretenda acreditar los requisitos exigidos para el empleo de experto
comisionado. Además, consideró que esta acción de tutela es improcedente, al no
cumplir con las causales de procedibilidad.

15. El Presidente de la República, el señor Germán Lozano Villegas y el señor
Baisser Antonio Jiménez Rivera guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

6 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. <Artículo
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en
el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad
de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades
de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de
certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.
2. De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo, el plebiscito y la consulta popular
del orden nacional. 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara, de los
representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de
la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del
orden nacional y de las comisiones de regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a),
del artículo 152 de esta ley. 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la
República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y
las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General
de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor
del Pueblo. 5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades
públicas del orden nacional. 6. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la nacionalidad
y a la ciudadanía. 7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en
contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas
que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso, solo procederá el recurso de revisión.
7 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
8
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

13

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20219 y con el artículo 1310 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201911, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.

19. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental debido proceso; iv) procediendo posteriormente a resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.

9
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
11
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

14

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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

21. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
14
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

15

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generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201417, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte

15
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17
Ut supra página 6.

16

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Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [18]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [19].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [20].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [21].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos

[18]
“Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[19]
“Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20]
“Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21]
“En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

17

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ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [22]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [23].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [24]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado25:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”26

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

[22]
“Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[23]
“Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[24]
“Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
25
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
26
Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”27

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales las
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

30. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202228 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un

27
Ibidem.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

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administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional29 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

29
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00
Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

Análisis del caso concreto

33. La actora30 presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 5 de septiembre de 2024, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado
con el número único de radicación 110010328000202400011-01 (Acumulado
110010328000202400076-00), vulneró su derecho fundamental invocado supra.

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

36.1 Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
110010328000202400011-01 (Acumulado 110010328000202400076-00).

36.2 Informes rendidos por las autoridades accionadas.

30 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado
“3_DemandaWeb_Poder_08Anexosrepresentaci(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00
Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.

38. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló que31:

“[…] La interpretación manifiestamente irrazonable de la Sección Quinta del Consejo
de Estado sobre el literal (c) del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 ha impedido que el Ministerio
de Minas y Energía cumpla con su función de asesorar, en coordinación con el
Departamento Administrativo de la República (DAPRE), al presidente de la
República para (i) nombrar en encargo a los comisionados expertos en asuntos
energéticos de la CREG y (ii) escoger candidatos que, a pesar de cumplir con los
requisitos previstos por la Ley, no satisfacen las exigencias que, de forma
irrazonable, ha impuesto la Sección Quinta para que puedan ocupar el cargo. Dicho
de otro modo, la grave vulneración que la sentencia atacada causa al derecho al
debido proceso del Ministerio es actual, en la medida en que producto de sus efectos
no ha podido cumplir con sus funciones legales y constitucionales. (ii) El Consejo de
Estado ha insistido en la ratio de la sentencia de 5 de septiembre de 2024, reiterando
sus tesis y prolongando sus efectos en el tiempo. De ello dan cuenta las sentencias
de 3 y 24 de octubre de 2024, en las que la Sección Quinta declaró la nulidad de los
nombramientos en encargo de los ciudadanos […] y en las que reconoce, de forma
expresa, que los argumentos allí planteados son “reiteración de la sentencia de Sala
de 5 de septiembre de 2024”. En este sentido, la Sección Quinta replica, en términos
generales, las reglas que motivaron la nulidad del nombramiento en encargo del
señor BAISSER ANTONIO JIMENEZ RIVERA, y, en particular, las referidas a la
improcedencia del encargo para el cargo de experto comisionado por su naturaleza
de empleo de período fijo, por la exclusividad que el Legislador exigió para el cargo
en propiedad, por el carácter “supletivo” de la regulación del encargo prevista por el
Decreto 1083 de 2015 o por la prevención frente al uso arbitrario del encargo por
parte del presidente de la República. […]”.

[…]

“[…] En el caso sub judice, la interpretación manifiestamente irrazonable de la
Sección Quinta ha comprometido el correcto funcionamiento de la CREG. Esto, en
la medida en que dicha interpretación excluye a personas que, pese a contar con los
conocimientos especializados y técnicos exigidos por la ley, no pueden asumir el rol
de expertos comisionados por el estrechísimo margen que, por fuera de los
requisitos previstos por el Legislador, les ha dejado la jurisprudencia de la Sección
Quinta. Esta situación ha dificultado la provisión de estos cargos en propiedad, lo
que, sumado a la lectura manifiestamente irrazonable según la cual la provisión de
estos empleos en encargo está prohibida, ha terminado por afectar el correcto

31 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00
Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

funcionamiento de la administración, en tanto impone obstáculos desproporcionados
para la debida, oportuna y correcta integración de la CREG. […]”.

“[…] En el caso concreto, la Sección Quinta del Consejo de Estado fundó su decisión
en una norma inexistente o inaplicable al caso concreto. Dichas normas fueron
derivadas de interpretaciones manifiestamente irrazonables del literal (c) del
parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la
Ley 2099 de 2021, para concluir que (i) existe una prohibición de nombrar en encargo
a los expertos comisionados de la CREG, (ii) los expertos deben haber ocupado
cargos directivos o gerenciales para acreditar su experiencia en “cargos de
responsabilidad” y (iii) el tiempo de experiencia de seis (6) años previsto por la citada
norma debe exigirse, de forma separada, para los dos supuestos allí previstos. […]”.

[…]

“[…] La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 5 de
septiembre de 2024, concluyó que el presidente de la República no podía proveer,
mediante la figura del encargo, el cargo de experto comisionado de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas. Esto, con fundamento en tres razones: (i) la
improcedencia del encargo en el empleo de experto comisionado de la CREG, por
tratarse de un cargo de período fijo; (ii) la dedicación exclusiva que la Ley exige para
dicho empleo, que impide que un funcionario que cumpla sus tareas ordinarias
asuma –sin renunciar a ellas– las responsabilidades como experto comisionado
CREG y, por último, (iii) la afectación de la estructura e independencia de la CREG.
Según la Sección Quinta, estas conclusiones derivan del literal (c) del parágrafo 1
del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099
de 2021. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado. […]”.

[…]

“[…] En criterio del Ministerio, esta interpretación de la Sección Quinta del Consejo
de Estado es manifiestamente irrazonable. […]”.

[…]

“[…] 1. De las características del cargo de experto comisionado en propiedad no
deriva la prohibición de nombrar expertos comisionados en encargo. Ningún método
de interpretación permite concluir que, de la naturaleza de un cargo en propiedad –
para el que la ley exige dedicación exclusiva en un período fijo– se predique la
imposibilidad de nombrar, de forma temporal y con las características propias de los
encargos, personas que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo. Ni las
normas que regulan el encargo ni las que determinan los requisitos para ocupar el
cargo de experto comisionado prohíben su provisión temporal mediante el
nombramiento en encargo. En efecto, ni el Decreto 1083 de 2015, ni el artículo 24
de la Ley 909 de 2004, ni el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por el
artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, prevén dicha prohibición.

2. Las normas que regulan el encargo tienen carácter supletivo de una normatividad
inexistente, a saber: las normas específicas sobre el nombramiento en encargo de
los comisionados de la CREG. No existe regulación específica que determine la
procedencia y alcance de la figura del encargo en los empleos de período fijo en la
CREG. Por esto, la normativa que la Sección Quinta estima “supletiva” es, en
realidad, la única regulación aplicable al caso concreto. Son estas normas las que,
en una lectura sistemática de la Ley 143 de 1994, dan cuenta de la naturaleza
temporal del encargo, así como de su alcance general dentro de la función pública.
Lo anterior, máxime cuando, a la luz de la jurisprudencia constitucional, esta

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

situación administrativa tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución
Política, en tanto es “una medida de carácter excepcional que igualmente enfrenta
situaciones excepcionales o de urgencia y que se cumple en lapsos cortos.

3. La sentencia inadvirtió que la regulación general del encargo permite su
procedencia para proveer los cargos de expertos comisionados sin exigir
exclusividad. Así las cosas, aun cuando el Decreto 1083 de 2015 es una norma
aplicable para el empleo de experto comisionado de la CREG –razón por la cual los
funcionarios nombrados en encargo pueden o no desvincularse de su cargo–, la
Sección excluye de forma manifiestamente irrazonable su aplicación en el caso
concreto. Esto, al estimar que la exigencia de exclusividad que el Legislador hizo
para los nombramientos de los expertos comisionados en propiedad debe aplicar
para quienes sean nombrados en encargo, por cuanto la norma no distinguió si la
exclusividad “trataba de los nombramientos definitivos, provisionales o en encargos”.
La Sección pierde de vista que, por su naturaleza, cada uno de estos nombramientos
obedece a una finalidad distinta. En particular, el nombramiento en encargo tiene la
finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de la CREG y las
funciones asignadas al comité de expertos. Dicho de otro modo, en virtud de la
interpretación inconstitucional de la Sección Quinta, las normas sobre el encargo se
vuelven supletivas de una prohibición que no existe.

4. La interpretación del Consejo de Estado se funda en argumentos extrajurídicos y
“ sesgos ” contra la eventual “ aplicación desviada ” de este modo de nombramiento
por parte del presidente de la República. La tesis según el cual el presidente de la
República podría desconocer la autonomía de la CREG mediante los nombramientos
en encargo no se basa en una lectura de la norma aceptable desde un punto de vista
hermenéutico, sino que se sustenta en las creencias de los magistrados acerca de
cómo puede ser usada la figura del encargo por el jefe de Estado. Esta lectura,
además, es manifiestamente irrazonable, en la medida en que desconoce el principio
de la buena fe previsto por el artículo 83 superior. Al respecto, como lo ha reiterado
desde sus inicios la Corte Constitucional, la buena fe “se presume, y dicha
presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el
ordenamiento jurídico vigente”. Así, las presunciones sobre la “aplicación desviada”
de los nombramientos en encargo, además de contrarios al principio de buena fe, no
se coligen en forma alguna del contenido normativo del literal (c) del artículo 21 de
la Ley 143 de 1994, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.

5. El nombramiento en encargo no vulnera per se la independencia o autonomía de
los empleos en los que se presenta. La conclusión contraria -a la que la Sección
Quinta arribó- desconoce la naturaleza de los encargos. Esto sucede, por ejemplo,
con los magistrados de las Altas Cortes, entre quienes el nombramiento en encargo
no podría, en forma alguna, interpretarse como un atentado a su independencia,
pues, además de atender las labores propias de su despacho, los magistrados tienen
la tarea de tramitar, a través de la figura del encargo, los negocios de las
magistraturas vacantes hasta que sean proveídas para garantizar el normal
funcionamiento de la Corporación, sin que ello implique que deban renunciar a su
empleo titular para acreditar el requisito de dedicación exclusiva para asumir el
empleo bajo la figura del encargo. Lo anterior, máxime cuando el Legislador previó
un régimen que, además del período fijo y la dedicación exclusiva de los expertos
comisionados, garantiza la independencia mediante otros dispositivos. Así, por
ejemplo, el control judicial de sus actos, así como la naturaleza colegiada de la
CREG, asegura que el nombramiento de uno de sus miembros en encargo no afecte
per se la autonomía de la entidad. Estos dispositivos, junto con la autonomía
administrativa y financiera de la CREG, entre otros, aseguran su independencia.

6. La interpretación afecta de forma desproporcionada el deber del presidente de la
República de asegurar el funcionamiento de la CREG. Esto, en la medida en que

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

restringe de forma intensa las expresas facultades del presidente para nombrar a los
expertos comisionados y garantizar el correcto funcionamiento de la CREG, en tanto
anula por completo la posibilidad de nombrar en encargo a los expertos
comisionados responsables de cumplir con las funciones asignadas a la entidad.
Esto, al punto en que el propio Consejo de Estado ha declarado el incumplimiento
del deber de integrar dicho órgano mediante sentencias de acción de cumplimiento.
[…]”.

[…]

“[…] Los salvamentos de voto a la sentencia cuestionada dan cuenta de la
irrazonabilidad de la decisión. En el salvamento de voto del consejero […] se resalta
que “no es posible exigir a quien ocupe dicho empleo, como «encargado», la
dedicación exclusiva, pues, en este caso, se trata de una medida administrativa
temporal para suplir la vacancia y asegurar la prestación del servicio, término y
exigencia que sí recae en la designación definitiva y no temporal que haga el
nominador, esa sí por el periodo de cuatro (4) años”. En esa misma línea, el
salvamento de voto del consejero […], puntualizó que “el encargo de funciones en
cargos de periodo fijo, (…) es procedente, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015,
por cuanto esa disposición no limita o excluye la aplicación de la figura a los cargos
de carrera y de libre nombramiento y remoción, como se indicó en el fallo” […]”.

39. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad
accionada incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

40. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual, ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad electoral y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

41. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente32:

32
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

26

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”33, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”34. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

43. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

44. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito
de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes

33
Sentencia SU-050 de 2018.
34
Sentencia SU-354 de 2017.

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

45. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad
de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la
tesis jurídica de la actora, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.

46. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionadas,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega
la vulneración del derecho fundamental indicado supra, el criterio de la relevancia
constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante la
acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

47. Los supuestos de vulneración del derecho fundamental al debido proceso
enunciado por la actora, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el
proceso de nulidad electoral se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.

48. Para la Sala alegar un presunto desconocimiento de principios o garantías
superiores, en el marco de un debate de carácter legal y probatorio, no es una
circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.

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Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora
enuncia la trasgresión del derecho fundamental al debido proceso, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

29

Núm. único de radicación: 110010315000202501157-00
Actora: Nación- Ministerio de Minas y Energía

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con excusa

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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