Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00212-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00212-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00212-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de mayo de 2023
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Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otra
Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
asuntos energéticos CREG
Rad: 11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum.
11001-03-28-000-2022-00308-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá DC, dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum.
11001-03-28-000-2022-00308-00
Demandante: Diana Sofía Rubiano Medina y Gisel Astrid Corredor Galvis
Demandado: Sara Vélez Cuartas – experta en asuntos energéticos CREG
Tema: Requisitos e inhabilidades – experta comisionada en la
Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver las demandas de nulidad electoral presentadas contra
la designación de Sara Vélez Cuartas como experta comisionada en la Comisión
de Regulación de Energía y Gas – CREG.
I. ANTECEDENTES
1. Proceso 2022-00212
1.1 Demanda
1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, Diana Sofía Rubiano
Medina demandó el Decreto 1555 del 5 de agosto de 20221, mediante el cual se
nombró a Sara Vélez Cuartas «en el empleo de Experto de Comisión Reguladora,
Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG)».
1.1.1 Fundamentos fácticos
2. La parte demandante señaló que por medio del referenciado decreto se
efectuó el nombramiento enunciado y que se realizó sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el efecto en el parágrafo 1, letra c), del artículo 21 de
la Ley 143 de 19942, modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
1 En adelante D. 1555/22
2 En adelante L. 143/94
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Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otra
Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
asuntos energéticos CREG
Rad: 11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum.
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1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
3. Con fundamento en lo señalado, la demandante consideró que se configuró la
causal de nulidad establecida en el ordinal 5 del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3 dado que, en
su criterio, una «revisión de la hoja de la vida de la nombrada (…)» permite
concluir que no cumplió las dos calidades del literal c) del parágrafo 1 del artículo
21 de la L.143/94, modificado por el artículo 44 de la L. 2099/21, para ocupar el
cargo de experta en asuntos energéticos. En particular, la accionante señaló que
la demandada no acreditó las siguientes exigencias:
• Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área
energética.
• Haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o
privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período
superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor
por un período igual o superior.
4. Afirmó que la accionada no cuenta con preparación técnica, pues su título
profesional como economista no refleja la adquisición de conocimientos en
ciencias básicas como «la biología, la física, la geología, las matemáticas y la
química […] e ingenierías».
5. A su vez, adujo que su hoja de vida tampoco da cuenta de su experiencia
técnica, la cual, afirma, solo se obtiene mediante «la aplicación de los
conocimientos técnicos ya precisados»; y que no se cumple con el requisito de
que tales calidades sean reconocidas, es decir, «acreditadas, reputadas,
afamadas, distinguidas».
6. Por otra parte, mencionó que la accionada no ha ostentado «cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional
o internacional, por un período superior a seis (6) años», ni «se ha desempeñado
como consultora o asesora en asuntos energéticos por un período superior a seis
(6) años», como lo exige la norma cuyo desconocimiento alega.
1.2. Trámite
10. El 22 de septiembre de 20224, la demanda se admitió y se ordenaron las
respectivas notificaciones. El 28 de septiembre siguiente, la demandante reformó
3 En adelante CPACA.
4 Índice SAMAI nro. 16. En la providencia se resolvió desfavorablemente la solicitud de medida
cautelar presentada por la parte accionante.
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su escrito inicial5, la cual fue rechazada en providencia del 10 de octubre de
20226.
1.3. Contestación de la demanda
11. En la oportunidad correspondiente7, por conducto de apoderado judicial8,
la accionada contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, por
cuanto señaló que el requisito de contar con una «reconocida preparación» en
asuntos energéticos, no puede ser interpretado de una manera que imponga
mayores exigencias a las previstas expresamente por el legislador en el artículo
21 de la L. 143 de 1994.
12. En relación con la experiencia técnica a que refiere la norma en comento,
afirmó que esta «no puede asemejarse a la profesional, relacionada, laboral o
docente debidamente definidas por el Legislador (sic), siendo necesario para el
caso concreto tener como tal el concepto genérico contemplado en el Decreto
1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.1.1». De igual forma señaló que, en caso de
definirse un estándar de experiencia diferente al referido, solo podría aplicarse
«para casos futuros, en aras de salvaguardar la legalidad y el debido proceso».
13. Sostuvo que la exigencia relacionada con «haberse desempeñado como
consultor o asesor por un período igual o superior» al de seis años, no se refiere
exclusivamente al ejercicio de tales actividades en materia energética.
14. Esgrimió que sí acreditó los requisitos del parágrafo primero del artículo
21 de la L. 143/94, puesto que es ciudadana colombiana; cuenta con el título
profesional de economista y con un magíster en economía; y que, aún de
interpretarse que el referido apartado c) sólo hace alusión al ejercicio de los
cargos de asesor o consultor en el sector energético, acreditó una experiencia de
7 años, 1 mes y 4 días, suficiente para el cumplimiento de lo allí señalado, así:
5 Índice SAMAI nro. 22.
6 Índice SAMAI nro. 27. La reforma del escrito inicial fue rechazada por cuanto pretendía
incorporar cargos de nulidad que no fueron incluidos en la demanda, tras haberse vencido el
término de caducidad del medio de control.
7 La admisión de la demanda fue notificada el 20 de octubre de 2022 (índice SAMAI nro. 32). El
término de traslado de la demanda se surtió hasta el 21 de noviembre del mismo año.
8 Escrito presentado el 11 de noviembre de 2022. Índice SAMAI nro. 37.
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15. De igual forma, se refirió a las funciones desempeñadas en cada uno de
los cargos antes señalados y que ostentó el cargo de directora técnica en el
Ministerio de Minas y Energía entre el 16 de junio y el 5 de agosto de 2022.
16. Así mismo esgrimió que, de entenderse que el ordinal c) en comento se
refiere al ejercicio de labores de consultoría o asesoría sin limitarse a asuntos de
naturaleza energética, la experiencia a tener en cuenta sería de 10 años, 3 meses
y 16 días, como se aprecia a continuación:
17. Igualmente, hizo referencia a las actividades desempeñadas en tales
vinculaciones.
18. Por otro lado, indicó que su hoja de vida fue publicada conforme lo
dispuesto en el Decreto 1083/15 y que la Subdirección de Talento Humano del
Ministerio de Minas y Energía certificó el cumplimiento de requisitos exigidos para
el cargo en comento, a partir de una experiencia total de 11 años y 6 meses.
2. Proceso 2022-00308
2.1. Demanda
19. Gisel Astrid Corredor Galvis demandó el mismo acto administrativo
referido.
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2.1.1. Fundamento fáctico
20. Además de un relato fáctico similar al del proceso nro. 2022-00212, la
demandante indicó que la accionada «ostentó el cargo de miembro de la Junta
Directiva de la Electrificadora del Meta EMSA S.A.E.S.P., durante el año anterior
a su nombramiento y en tal calidad, gestionó los intereses de la electrificadora y
dada su calidad de miembro de junta directiva, se le hace extensiva la condición
de administradora de dicha empresa».
2.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
21. La demandante adujo la presunta transgresión del artículo 44 de la Ley
2099/219; los ordinales 44.1 y 44.2 del artículo 44 de la Ley 142 de 199410; y el
artículo 39, ordinal 15, de la Ley 1952 de 201911.
22. En relación con la primera disposición, expuso un concepto de violación
similar al señalado en la demanda del proceso nro. 2022-00212.
23. Frente al desconocimiento del artículo 44.1 de la Ley 142 de 1994, la
accionante sostuvo lo siguiente:
Es de anotar, que si bien la dra. SARA VÉLEZ CUARTAS, actúo como miembro
de la Junta Directiva de la Electrificadora del Meta, como delegada del ministro
de Minas y Energía; tal designación, no se incluye dentro de las excepciones que
se tienen en cuenta para los integrantes de juntas directivas de empresas de
servicios públicos por orden o mandato legal, como es el caso de ECOPETROL
y otras similares; el cual, no tipifica la designación que se realiza mediante
asamblea de accionistas. La diferencia fundamental, es que la primera
designación es en razón del cargo y es indelegable; generalmente radica en los
ministros o viceministros, la segunda es una delegación que realiza
voluntariamente el ministro en cualquiera de los funcionarios con cargos
directivos del ministerio que se (sic) designados en asamblea de accionistas.
24. Así mismo, adujo que, en atención a lo dispuesto en el ordinal 44.2 de la
norma en mención, la accionada no podía vincularse como experta a la CREG,
conforme se ha indicado por parte del Departamento Administrativo de la Función
Pública12 y por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. En
9 Modificatorio del artículo 21 de la Ley 143 de 1994. Erradamente, en algunos apartes de la
demanda se indicó como norma violada el artículo 47 de la Ley 2099 de 2021, no obstante, lo
cual el desarrollo del concepto de la violación se refiere al contenido del artículo 44 ibidem.
10 En adelante L. 142/94.
11 En adelante L. 1952/19.
12 En el escrito inicial se cita el concepto nro. 338091 de 2021, radicado No.: 2021600033809 del
14 de septiembre de 2021, en los siguientes términos: «[s]obre este particular es preciso analizar
la finalidad de la inhabilidad, la cual, como se aprecia del texto de la misma, es la de evitar un
conflicto de intereses entre la persona que laboró en una empresa de servicios públicos y quiere
ingresar a una Comisión de Regulación o a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, e impedir también la posibilidad de un favorecimiento respecto de alguna regulación
o medida de control, a su antigua empresa, por parte de esa persona al vincularse
inmediatamente o en un corto lapso a una Comisión de Regulación o a la Superintendencia».
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relación con el órgano consultivo referido, citó el concepto nro. 1114 del 16 de
julio de 1998, en el que se indicó lo que sigue:
Ahora bien, el numeral 2 del artículo 44 de la mencionada ley, estableció una
incompatibilidad que se aplica en dos sentidos:
1. El ex administrador o ex empleado de una empresa de servicios públicos
domiciliarios no puede prestar sus servicios a una Comisión de Regulación ni a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, antes de que haya
transcurrido un año de su retiro de la empresa.
1. El ex empleado de una Comisión de Regulación o de la Superintendencia no
puede laborar en una empresa de servicios públicos domiciliarios, antes de que
haya pasado un año de su desvinculación de la entidad estatal. (sic).
25. Finalmente, indicó que el trámite irregular que se adelantó para la
designación de la demandada constituye una falta disciplinaria, conforme lo
dispuesto en el artículo 39, ordinal 15, de la L. 1952/19.
2.2. Trámite
26. El 3 de noviembre de 202213 se admitió la demanda y se decretó la medida
cautelar de suspensión provisional del acto demandado. Contra la decisión, la
parte accionada presentó recurso de reposición14, el cual fue resuelto de manera
desfavorable mediante auto del 26 de enero de 202315.
2.3. Contestación de la demanda
27. Dentro del término correspondiente16, la accionada presentó escrito de
contestación de la demanda17, en el cual se expresó en términos similares a los
expuestos en el proceso nro. 2022-00212 en relación con el cargo relativo al
desconocimiento de los requisitos establecidos para el empleo de experta
comisionada de la CREG.
28. Frente a la presunta transgresión del artículo 44, ordinales 1 y 2, de la
L.142/94, la parte demandada afirmó que las inhabilidades «constituyen
restricciones taxativas y de interpretación restrictiva respecto del ejercicio del
derecho político de elegir, ser elegido y acceder a cargos públicos», por lo que
no pueden aplicarse de manera extensiva con el pretexto de la intención del
legislador.
13 Índice SAMAI nro. 15.
14 Índice SAMAI nro 27.
15 Índice SAMAI nro. 51. En la emisión de la providencia participó el conjuez Pedro Luis Blanco
Jiménez. Los magistrados Carlos Enrique Moreno Rubio y Pedro Pablo Vanegas Gil salvaron su
voto.
16 El auto admisorio de la demanda fue notificado el 17 de noviembre de 2022 (índice SAMAI nro.
24). La oportunidad para contestar la demanda concluyó el 16 de diciembre de 2022.
17 Escrito presentado el 9 de diciembre de 2022 (índice SAMAI nro. 32), por conducto de
apoderado judicial.
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29. En concreto, respecto de lo dispuesto en el ordinal 44.2, indicó que la
demandada, en calidad de experta comisionada de la CREG, no incurrió en la
inhabilidad en mención, toda vez que no se le puede atribuir la prestación de
ningún servicio, «como si se tratare de un contratista (elemento previsto por el
legislador en la prohibición en cita), sino que está en el ejercicio de un empleo
público».
30. Frente a este aspecto, se refirió al pronunciamiento emitido por esta
sección el 15 de diciembre de 202118, en el cual la expresión «prestar servicios»
contenida en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976, respecto de la que se afirmó
que no se extendía a los eventos en los que una persona se vinculó a una entidad
por medio de un vínculo legal y reglamentario. Por tanto, sostuvo que, «[a] partir
de este precedente de la Sala Electoral del Consejo de Estado, debe partir el
análisis de este caso a efecto de que de esta ratio decidendi genere la misma
consecuencia jurídica en razón de la identidad de las censuras atendiendo que:
a) la redacción del artículo es la misma; b) este busca evitar un conflicto de interés
similar en ambos casos».
31. De igual forma, adujo que la designación de la demandada «como
miembro de la junta directiva de la empresa de servicios públicos –Electrificadora
del Meta EMSA S.A. E.S.P.- tuvo su génesis en la figura administrativa de la
delegación y, por consiguiente, no involucró el ejercicio o defensa de intereses
particulares, privados o corporativos; por el contrario, comportó la atención de
intereses públicos a cargo del Estado», por lo que consideró desacertado afirmar
que la accionada ostentó la condición de administradora y participó de la gestión
de los intereses de dicha empresa.
32. Al respecto, afirmó que la naturaleza de las actividades ejercidas por la
accionada como integrante de dicha junta directiva no forma parte de los
aspectos sobre los que el artículo 19.15 de la L. 142/94 remite a la legislación
comercial, por lo que debe entenderse que ejercía «una función administrativa
debido a que su designación se [hizo] a través de un acto de delegación, es decir,
corresponde a un funcionario público (…) y en sus actos ejerce función
administrativa en los términos del artículo 4° de la Ley 489 de 1998, así como por
su pertenencia a la rama ejecutiva del poder público».
33. Señaló que la jurisprudencia constitucional ha reconocido implícitamente
que las empresas de servicios públicos domiciliarios son consideradas entidades
descentralizadas, sean de propiedad exclusivamente pública o mixta, toda vez
que en la sentencia C-736 de 2007 la Corte asignó a «las demás entidades
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de
funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de
18 Rad. 05001-23-33-000-2021-00936-01. MP: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio».
34. Así mismo, trajo a colación un concepto en el que el Departamento
Administrativo de la Función Pública se refirió a la materia e indicó que en las
empresas de servicios públicos domiciliarios «de naturaleza oficial o mixta, se
encuentran invertidos recursos públicos cuya gestión debe ser representada conforme a
los intereses de gestión y servicio público, y no privados. En este sentido, los servidores
públicos, miembros de juntas directivas de empresas de servicios públicos, intervienen
en estos órganos de administración con el fin de representar los intereses públicos que
son inherentes a la finalidad social del Estado, de tal forma que sus intervenciones,
decisiones y la actividad relacionada con la junta directiva, se hace en el desempeño de
funciones públicas y en este orden de ideas, con un interés público». En la misma línea,
el concepto citado indicó lo que sigue:
[C]uando un funcionario actúa en nombre y representación de la entidad como
miembro de una junta directiva, en virtud de una ley, reglamento o estatuto, no
se configura la inhabilidad de la que trata el artículo 44.2 de la Ley 142 de 1994,
en razón a que su participación como miembro de junta directiva atiende a los
intereses generales de la entidad y del Estado, y no en beneficio privado o
corporativo, razón por la cual no podría predicarse un eventual favorecimiento a
las señaladas empresas y con ello un conflicto de intereses.
3. Acumulación de procesos
35. Mediante auto del 9 de febrero de 202319 se decretó la acumulación de los
procesos antes mencionados y se estableció como principal el expediente nro.
11001-03-28-000-2022-00212-00.
4. Auto que sometió el proceso al trámite de sentencia anticipada
36. En providencia del 16 de marzo de 202320, el despacho sustanciador
encontró que el proceso cumplía con los presupuestos establecidos en el artículo
182A del CPACA. En la misma decisión se pronunció sobre el decreto de las
pruebas solicitadas y aportadas por las partes e intervinientes y ordenó el traslado
para que presentaran los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio
Público. Adicionalmente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
¿Debe declararse la nulidad del acto que designó a la señora Sara Vélez Cuartas
como experta comisionada de la CREG, como consecuencia de la transgresión
de los artículos 21, parágrafo 1, letra c, de la Ley 143 de 1994 (modificado por la
Ley 2099 de 2021); 44.1 y 44.2 de la Ley 142 de 1994; y 39, ordinal 15, de la Ley
1952 de 2019?
Para el efecto, deberán resolverse los siguientes interrogantes:
19 Índice SAMAI nro. 44.
20 Índice SAMAI nro. 52.
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• ¿La accionada acreditó el lleno de los requisitos establecidos en el parágrafo
1, letra c, del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, modificado por la Ley 2099
de 2021, para su designación como experta comisionada de la CREG?
• ¿La señora Vélez Cuartas se encontraba en alguno de los eventos previstos
en los artículos 44.1 y 44.2 de la Ley 142 de 1994?
Todo a partir del concepto de la violación reseñado en la presente providencia,
junto con las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las
partes.
5. Alegatos de conclusión
37. La accionante Diana Sofía Rubiano Medina21 indicó que los hechos que
sirvieron de sustento a las pretensiones se acreditaron en el proceso. Así,
sostuvo que, aun cuando la accionada cumplió los requisitos previstos en el
parágrafo 1, literales a y b, del artículo 21 de la L. 143/94, no lo hizo respecto del
presupuesto señalado en la letra c) ibidem, pues en las certificaciones allegadas
al expediente «se observa: 1) Que se acredita tiempo antes de que la demandante se
graduara como economista lo cual según el acta de grado aportada con los antecedentes
administrativos fue el 30 de octubre de 2010. 2) Que cuando se desempeñó como
asesora fue en temas económicos NO energéticos».
38. Adujo que «no se puede confundir el requisito de contar con un título
universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho
y estudios de posgrado, con la condición adicional que exige la norma de contar con una
reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética» y, haciendo
referencia a lo señalado por esta sala en sentencia del 2 de febrero de 202322,
aseguró que los soportes laborales presentados por la demandada no permitían
advertir el grado de preparación y experiencia técnica exigidos por la disposición
en comento, en relación con el desarrollo de actividades vinculadas al sector
energético.
39. Frente al cargo relativo a la configuración de las inhabilidades previstas en
los ordinales 44.1 y 44.2 del artículo 44 de la Ley 142 de 1994, afirmó que la
demandada se encontraba incursa en los eventos previstos en tales
disposiciones, pues se acreditó en el proceso que «al ser miembro principal de la
Junta Directiva de la ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – EMSA, administró,
tomó decisiones al interior de la entidad dentro del año anterior a su nombramiento».
40. La parte accionada23 manifestó que acreditó el lleno de los requisitos para
ocupar el cargo de experta comisionada en la CREG, toda vez que el literal c del
parágrafo 1 del artículo 21 de la L. 143/94 contiene dos exigencias, a saber: «c1)
Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética»; y
«c2) Haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas
21 Escrito presentado el 13 de abril de 2023. Índice SAMAI nro. 57.
22 Rad. 11001-03-28-000-2022-00211-00, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
23 Escrito del 13 de abril de 2023. Índice SAMAI nro. 58.
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del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años;
o haberse desempeñado como consultor o asesor por un período igual o superior».
41. Afirmó que el cumplimiento de tales requisitos se probó con fundamento
en las certificaciones allegadas al expediente, de la siguiente manera:
42. Respecto del segundo interrogante formulado en la fijación del litigio,
indicó que, conforme con lo señalado en providencia del 3 de noviembre de
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Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otra
Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
asuntos energéticos CREG
Rad: 11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum.
11001-03-28-000-2022-00308-00
202224 y en atención a que lo dispuesto en el artículo 44.1 de la L. 142/94
corresponde a una incompatibilidad y no a un evento inhabilitante para el acceso
al cargo en cuestión, dicho aspecto no debe ser objeto de estudio para efectos
de determinar la legalidad del acto acusado.
43. Por otra parte, sostuvo que la inhabilidad del artículo 44.2 ibidem se
configura por la conjunción de tres elementos:
a) Material: Prestar servicios a las Comisiones de regulación y Superintencia (sic)
de Servicios Públicos.
b) Objetivo: Que la prestación del servicio la realice un ex administrador o ex
empleado de una empresa de servicios públicos o su cónyuge, compañero
permanente o pariente dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.
c) Temporal: Que el elemento material se efectúe dentro de un (1) año contado a
partir de la terminación del vínculo con la Empresa.
44. Frente al primer ingrediente señalado, adujo que el mismo se refiere a la
prestación de servicios, concepto que se debe entender circunscrito a la
modalidad contractual contemplada en el artículo 32 de la L. 80/93, por lo que la
noción a que refiere la norma no debe confundirse con el ejercicio de funciones
públicas por parte de quien ejerce un empleo público, en los términos de los
artículos 123 superior, 2 del Decreto 2400 de 1960 y 19 de la L. 909/04.
45. Por lo señalado, sostuvo que la disposición en comento «solo puede
interpretarse en el sentido de entender que dicha prestación hace referencia a las
ACTUACIONES QUE DEVIENEN DE UN VÍNCULO CONTRACTUAL, es decir que lo
proscrito es que el administrador o empleado de una empresa de servicios públicos
dentro del año siguiente a la terminación de su relación con la entidad se vincule
mediante contrato de prestación de servicios a las comisiones de regulación o a la
Superintendencia de Servicios Públicos». De tal modo, no puede derivarse de allí
«prohibición o restricción alguna para el exadministrador o exempleado de una empresa
de servicios públicos sea nombrado y tome posesión de un empleo público, por lo que
resulta evidente que normativamente se excluye la relación legal y reglamentaria como
presupuesto de la inhabilidad».
46. Así las cosas y dado que la demandada fue designada en el empleo
público de experta comisionada en la CREG, afirmó que no le resulta extensible
la inhabilidad en mención, toda vez que:
… [E]n desempeño del ejercicio del empleo público en el Ministerio de Minas y
Energía se le asignó la función pública de representar los intereses del Estado
en la Junta Directiva de la Empresa Electrificadora del Meta SA ESP y dentro del
año siguiente fue nombrada en el empleo público de Experto de Comisión
Reguladora, Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas-CREG, pero tal situación no está dentro del ámbito de
24 Emitida dentro del proceso nro. 11001-03-28-000-2022-00308-00.
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Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otra
Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
asuntos energéticos CREG
Rad: 11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum.
11001-03-28-000-2022-00308-00
aplicación de la prohibición de la norma en razón a que en representación de
intereses públicos la doctora VELEZ CUARTAS pasó de un empleo público
(Ministerio de Minas y Energía) a otro empleo público (CREG).
47. En sentido contrario, adujo que haber laborado previamente en una
empresa de servicios públicos constituye una exigencia para el acceso al cargo,
pues así se desprende de lo indicado frente al primer reproche estudiado.
48. Igualmente, manifestó que las inhabilidades constituyen restricciones al
ejercicio de varios derechos fundamentales, por lo que deben interpretarse de
forma taxativa, restrictiva y en atención al principio pro homine, por lo que una
aplicación de la disposición analizada al ejercicio de un empleo público como el
desempeñado por la accionada constituiría una vulneración del derecho al debido
proceso.
49. Así, al verificarse la ausencia del elemento material de la inhabilidad
contemplada en el artículo 44.2 de la L. 142/94, no puede aplicarse, por lo que
se abstuvo de referirse a los demás ingredientes referidos previamente.
50. Por otro lado, indicó que la función que persiguen las inhabilidades guarda
relación con la salvaguarda de la probidad y la idoneidad de quienes son
designados para un cargo, por lo que tienden a impedir que se presenten
intereses contrapuestos entre el ejercicio funcional que le corresponde al titular
de un empleo público y los intereses personales de la misma persona.
51. Seguidamente, se refirió a lo indicado por la Sala de Consulta y Servicio
Civil en el concepto nro. 086881 del 2 de marzo de 2022, en el que se señaló que
la presencia de delegados de los ministerios en las juntas directivas de las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de naturaleza oficial o
mixta obedece a la necesidad de que el Estado vele por el uso adecuado de los
recursos públicos invertidos en ellas, «conforme a los intereses, no privados, sino de
gestión y servicio público».
52. Por lo expuesto, concluyó que no puede aplicarse la causal de inhabilidad
estudiada, por cuanto esta:
… [P]rocura evitar el conflicto de intereses o tráfico de influencias que podría
eventualmente generarse entre un antiguo administrador o empleado de una
empresa de servicios públicos domiciliarios que previo esta gestión de intereses
particulares pretenda ingresar a una Comisión de Regulación o a la
Superintendencia de Servicios Públicos a representar intereses públicos; sin
embargo, tal situación tampoco se presentó en el caso concreto, pues como se
ha iterado, la participación de mi representada en la junta directiva de la
Electrificadora del Meta EMSA S.A. E.S.P. se desempeñó por un acto de
delegación establecido por el Ministerio de Minas y Energía, en defensa de
intereses públicos y constitucionales a cargo del Estado, esto es, por conducto
de una vinculación legal y reglamentaria, desdibujándose así el posible tráfico de
influencias de intereses particulares o favorecimiento individual que la norma se
pretende evitar.
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Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otra
Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00212-00 Acum.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
53. De conformidad con el ordinal 3 del artículo 149 del CPACA25 y el artículo
13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en única instancia del proceso.
2. Objeto de la decisión
54. En atención a la fijación del litigio de la providencia del 16 de marzo de
2023, la Sala se pronunciará sobre la legalidad del acto mediante el cual se
nombró a la demandada como experta comisionada en la CREG, para lo cual se
abordará el estudio de: i) el artículo 21, parágrafo 1, letra c), de la L. 143/94 y los
requisitos de acceso previstos allí para dicho empleo; y ii) el caso concreto, para
cuyo análisis la Sala se pronunciará sobre a) el cumplimiento de los requisitos
contemplados en la disposición legal mencionada; y b) la incursión de la
demandada en los eventos señalados en los artículos 44.1 y 44.2 de la L. 142/94.
3. Requisitos de acceso al empleo de experta comisionada en la CREG,
artículo 21, parágrafo 1, letra c), de la Ley 143 de 1994 – reiteración
jurisprudencial
55. Previo a abordar el estudio del caso concreto, se trae a colación las
consideraciones expuestas por esta Sala en pronunciamientos anteriores sobre
la interpretación de lo señalado en la letra c) del artículo 21, parágrafo 1, de la L.
143/94, norma que exige a quien se pretenda ubicar en el cargo de experto
comisionado de la CREG:
Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período
superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por
un período igual o superior.
56. Al respecto, se ha indicado que la disposición en comento refiere a tres
presupuestos: «i) preparación académica y ii) la experiencia técnica en el sector
energético, al igual que el iii) desempeño en cargos de responsabilidad en entidades
25 «ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El
Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)3. . De la nulidad
del acto de elección (...) de las comisiones de regulación (…)”.
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Demandantes: Diana Sofía Rubiano Medina y otra
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públicas o privadas a nivel nacional o internacional, reiterando que estas deben formar
parte del sector en mención26».
57. El primero de los elementos mencionados, hace referencia a la formación
con que debe contar una persona para ser nombrada experta comisionada de la
CREG, presupuesto que guarda «una relación inescindible con las profesiones que
la misma norma consagra como habilitadas para acceder al cargo27», las cuales se
encuentran previstas en la letra b) de la misma norma, que indica que quien
aspire a dicho empleo debe contar con un «título universitario en ingeniería,
economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado».
58. Por su parte, frente a la exigencia de contar con «experiencia técnica», se
ha advertido que la primera palabra de dicha expresión debe entenderse en los
términos previstos en el Decreto 1083 de 2015, que define la experiencia como
«los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante
el ejercicio de una profesión, arte u oficio28»; y la segunda se ha interpretado a partir
de la definición de la Real Academia de la Lengua Española del vocablo
«técnico» que «se refiere a la persona que posee los conocimientos especiales de una
ciencia o arte».
59. Adicionalmente, se ha advertido que el legislador indicó que la preparación
y experiencia antes referidas deben ser «reconocidas», expresión que «debe
entenderse como la necesidad de presentar las respectivas certificaciones o documentos
equivalentes para acreditar la preparación y experiencia exigida y no como un elemento
que se mida en punto de la opinión de una comunidad o grupo de personas
determinadas29».
60. La experiencia técnica a que se hace referencia debió obtenerse en el
«área energética», término cuyo alcance debe entenderse desde dos
perspectivas diferentes, siendo tales las siguientes:
… [L]a primera, la que se relaciona con las vicisitudes propias de la consecución,
generación y posterior disposición de la energía, para lo cual se acude a
conocimientos propios de las ingenierías y ciencias como la física y química.
Aquí, por ejemplo, se cuenta con los aspectos técnicos de la exploración y
explotación de los yacimientos de gas, las actividades relacionadas con la
construcción de plantas de generación, las dinámicas propias de las actividades
técnicas de transporte y distribución y su correspondiente operación, entre otras.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27
de abril de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022- 00209-00. M.P: Rocío Araújo Oñate.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 27
de abril de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022- 00209-00. M.P: Rocío Araújo Oñate.
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Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
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La segunda, surge de entender que las actividades descritas, hacen parte de un
sector económico, y en consecuencia de un mercado que cuenta con una
regulación especializada.
En otras palabras: el área energética no solo refiere a circunstancias propias de
la generación y posterior disposición de los energéticos, desde el punto de vista
operativo y técnico, sino también, su comprensión como una actividad que forma
parte de un mercado, con unas dinámicas económicas propias y altamente
reguladas30.
61. En relación con el presupuesto relativo a «haber desempeñado cargos de
responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o
internacional, por un período superior a seis (6) años», la sala ha afirmado que debe
realizarse un análisis de «la ubicación del cargo y sus funciones en la entidad pública
o privada, del sector energético nacional o internacional, para de esta forma establecer
si se trata de un empleo que implique responsabilidad», así como que tales cargos
pueden desempeñarse en tres tipos de entidades, a saber31:
i) Instituciones públicas que conforme lo dispuesto en el Decreto 1073 de
2015 tienen competencias relativas al sector energético, «así como todas
aquellas que, de forma directa, en el ejercicio de sus funciones específicas y
concretas» tengan una relación directa y tomen decisiones sobre dicho
sector económico. Lo anterior, en contraposición al ejercicio de
competencias de naturaleza transversal o general que, en atención a su
amplitud, pueda tener una relación indirecta o tangencial con tales
materias.
ii) Organizaciones no gubernamentales que ejercen su actividad en el sector
energético32.
iii) Aquellas personas de naturaleza pública, privada o mixta que, « desde una
perspectiva económica, desarrollan las actividades propias de la cadena
energética que corresponda. Por ejemplo, a nivel del servicio de energía eléctrica,
la Ley 143 de 1994 define la existencia de varios agentes, como son, el
generador, el transportador, el distribuidor y el comercializador».
62. Ahora bien, el literal c) en mención permite acreditar el requisito de
experiencia en estudio cuando se demuestre que la persona designada para el
cargo de experto comisionado se ha «desempeñado como consultor o asesor por un
período igual o superior» a seis años.
30 Ibidem.
31 Ibid.
32 En la misma providencia se indicó que: «existen una serie de organizaciones que no tienen el
carácter de gubernamentales, pero que desempeñan sus labores en el sector energético, verbo
y gracia, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables,
entre otras».
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63. Si bien la enunciada norma no prevé expresamente que el ejercicio de las
labores de consultoría o asesoría deba haberse efectuado respecto de materias
directamente relacionadas con el sector energético, la sala ha advertido que «al
realizar una interpretación sistemática y teleológica, es claro que el requisito en comento
debe leerse en conjunto con el primer condicionamiento, por manera que la experiencia
en la consultoría o asesoría tiene que provenir del área energética y no de otro sector de
la economía, pues un razonamiento en ese sentido vaciaría de contenido la disposición,
aunado a que no atendería al objeto y funciones de la CREG33».
4. Caso concreto
4.1. Cumplimiento del artículo 21, parágrafo 1, letra c), de la Ley 143 de 1994
64. En relación con el primer cuestionamiento formulado en la fijación del
litigio, esta Sección encuentra que se allegaron al proceso los soportes que
fueron tomados en consideración para evaluar la formación académica y la
experiencia de la accionada con miras a su vinculación a la CREG en el cargo de
experta comisionada34. La Sala estudiará el cumplimiento del requisito en
mención a partir de los criterios desarrollados sobre el particular, respecto de
tales documentos:
4.1.1. Formación académica
65. Conforme lo indicado, el cumplimiento del presupuesto referido a la
preparación técnica debe acreditarse de acuerdo con lo señalado en el artículo
21, parágrafo 1, letra b), de la L. 143/94, que dispone que para ocupar el cargo
en comento se debe contar con un «título universitario en ingeniería, economía,
administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado». Sobre el
particular, se aportaron al expediente los siguientes soportes:
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2 de
febrero de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
34 Documentos visibles en: Índice SAMAI nro. 35.
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Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
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Título de economista otorgado por la Pontificia Universidad Javeriana35
35 Índice SAMAI nro. 35. Archivo: Memorial(.zip) NroActua 35. Documento nro. 48. Al seguir el
enlace disponible en el archivo, se accede al pdf en que reposan los antecedentes administrativos
del acto demandado. Pág. 38.
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Título de magistra en economía otorgado por la Pontificia Universidad Javeriana 36
66. Los soportes antes mencionados dan cuenta de que la accionada contaba
con una formación académica suficiente para el cumplimiento del requisito
relativo a la reconocida preparación de la accionada, por lo que el cargo
formulado sobre el particular no se encuentra probado.
4.1.2. Experiencia técnica en el área energética (cargos de responsabilidad
en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o
internacional, por un período superior a seis años; o haberse desempeñado
como consultor o asesor por un período igual o superior)
67. En relación con la experiencia acreditada por la demandada, se aportaron,
entre otras, las certificaciones emitidas por la Subdirección de Talento Humano
36 Ibidem.
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del Ministerio de Minas y Energía y por la Comisión Reguladora de Energía y
Gas, que dan cuenta de lo siguiente:
• Ministerio de Minas y Energía37
CARGO NIVEL DURACIÓN FUNCIONES
Directora Directivo 13/06/2022 1. Elaborar y proponer al Viceministro
técnica en la a de Energía los lineamientos que apoyen
Dirección de 29/07/2022 la formulación de la política en materia
Hidrocarburos (1 mes, 16 de hidrocarburos, gas y
días) biocombustibles.
2. Proyectar los planes, programas y
proyectos de desarrollo del sector de
hidrocarburos, gas y biocombustibles,
en concordancia con los planes
nacionales de desarrollo y con la política
del Gobierno Nacional.
3. Proyectar los reglamentos técnicos
para la exploración, explotación,
producción, transporte, refinación.
distribución, procesamiento,
comercialización y exportación de
hidrocarburos, gas y biocombustibles.
4. Preparar los documentos técnicos
que servirán como soporte para la
determinación de precios y tarifas de la
gasolina, diésel (ACPM),
biocombustibles y mesclas de los
anteriores. (…)
Asesora en el Asesor 13/06/2019 1. Asesorar al Viceministro de Energía
Despacho del a en las orientaciones y decisiones
viceministro 12/06/2022 relacionadas con el entorno de las
de Energía (2 años, 11 actividades propias del sector
meses, 29 energético.
días) 2. Asesorar al Viceministro de Energía
en los lineamientos que se requieren
para la formulación de los proyectos del
sector energético y las áreas de las
Entidades adscritas y vinculadas.
3. Resolver consultas, conceptuar y
aportar elementos de juicio para la toma
de decisiones relacionadas con la
adopción, la ejecución y el control de los
programas del subsector energético,
con el fin de contribuir al desarrolla del
país (…).
Asesora en el Asesor 18/01/2019 1. Asesorar, recomendar y orientar a la
Despacho del a Alta Dirección en los estudios,
ministro de 12/06/2019 planeación, formulación, coordinación,
Minas y (4 meses y ejecución y regulación de políticas,
Energía 24 días) planes y programas en los diferentes
subsectores del ministerio, con el fin de
promover y fortalecer el sector
37 Ibid. Págs. 41 a 44.
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cumpliendo con los lineamientos
establecidos y la normatividad vigente.
2. Resolver consultas, prestar
asistencia técnica, emitir conceptos y
aportar elementos de juicio para la toma
de decisiones relacionadas con la
adopción. ejecución y control de los
programas internos y externos
relacionados con los diferentes
subsectores del Ministerio,
contribuyendo al desarrollo del país en
esta materia.
3. Orientar y recomendar los estudios e
investigaciones relacionados con la
misión sectorial, de tal manera que se
promueva el desarrollo y cumplimiento
de los propósitos y objetivos
programados a nivel nacional para el
subsector. (…)
2. Asistir y representar al Ministerio, en
reuniones nacionales e internacionales,
juntas, comités y/o demás instancias
relacionadas con asuntos de
competencia de la entidad o del sector
(…).
TOTAL 3 años, 6 meses, 9 días
• Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG38
CARGO NIVEL DURACIÓN FUNCIONES
Asesora Asesor 04/05/2015 1. Asesorar a la Comisión de Regulación
a de Energía y Gas - CREG, en la
13/01/2019 reglamentación de los aspectos
(3 años, 8 económicos asociados con las
meses, 9 actividades propias de la misión
días) institucional.
(…)
3. Absolver consultas y preparar
conceptos de interpretación de la
regulación vigente en materia
económica de conformidad a los
parámetros legales establecidos.
4. Identificar, analizar, evaluar y
proponer las metodologías tarifarias
aplicables a cada sector regulado por la
entidad y a cada actividad de
conformidad naturaleza y grado de
desarrollo de cada una de ellas.
5. Participar en el desarrollo de modelos
y programas requeridos y en el diseño
de las fórmulas tarifarias de acuerdo con
los principios de ley.
TOTAL 3 años, 8 meses, 9 días
38 Ib. Pág. 45-46.
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68. Del análisis de los soportes presentados hasta este punto, se advierte que
la demandada adquirió una experiencia total de 7 años, 2 meses y 18 días en
entidades integrantes del sector de minas y energía, conforme lo establecido en
el Decreto 1073 de 2015. Adicionalmente, se advierte que las funciones
desempeñadas por la demandada guardan una relación directa y específica con
las actividades relativas al área energética, por lo que no se requiere la revisión
de otras certificaciones para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
relativo a la experiencia técnica exigida por el artículo 21, parágrafo 1, letra c),
de la Ley 143/94. Así las cosas, no se accederá a la declaratoria de nulidad del
acto demandado por este cargo.
4.2. Inhabilidades de los artículos 44.1 y 44.2 de la Ley 142 de 1994
69. Como fue advertido en el auto fechado el 3 de noviembre de 202239, el
artículo 44.1 de la L. 142/9440 contiene un evento constitutivo de
incompatibilidad, es decir, una prohibición dirigida a impedir que quien ocupa un
determinado empleo público ejerza de manera simultánea otras actividades o
funciones que no resultan conciliables con las asignadas al cargo, para prevenir
la afectación de la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de estas.
70. De tal modo, lo indicado en dicha disposición «no constituye una causal de
nulidad electoral del acto demandado, pues, “a diferencia de las inhabilidades, que
constituyen impedimentos para el ejercicio de un empleo, las incompatibilidades son
circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, nombramiento o
posesión”41». Motivo por el cual la Sala centrará su análisis en la presunta
configuración de la inhabilidad contemplada en el artículo 44.2 ibidem, norma
que dispone lo que sigue:
44.2. No podrá prestar servicios a las comisiones de regulación ni a la
Superintendencia de Servicios Públicos, ninguna persona que haya sido
administrador o empleado de una empresa de servicios públicos antes de
transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ni los cónyuges o
compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del tercer
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esta misma
inhabilidad se predica de los empleados de las comisiones o de la
Superintendencia, sus cónyuges o parientes en los mismos grados, respecto de
empleos en las empresas.
39 Índice SAMAI nro. 15. Exp. 11001-03-28-000-2022-00308-00. M.P: Carlos Enrique Moreno
Rubio. Aun cuando la decisión fue objeto del recurso de reposición, el aspecto relativo al estudio
de esta disposición no fue objeto de disenso por parte de la recurrente.
40 «Salvo excepción legal, no podrán participar en la administración de las comisiones de
regulación y de la Superintendencia de Servicios Públicos, ni contribuir con su voto o en forma
directa o indirecta a la adopción de sus decisiones, las empresas de servicios públicos, sus
representantes legales, los miembros de sus juntas directivas, las personas naturales que posean
acciones en ellas, y quienes posean más del 10% del capital de sociedades que tengan
vinculación económica con empresas de servicios públicos».
41 Ibidem.
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Demandados Sara Vélez Cuartas – experta en
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71. Al respecto cabe indicar que, en la misma providencia antes referida, se
adujo que, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 42, los
integrantes de la junta directiva de una sociedad comercial tienen la condición
de administradores.
72. Por otra parte, al haberse aportado un certificado de existencia y
representación legal de la Empresa Electrificadora del Meta S.A E.S.P emitido el
14 de julio de 202243, se acreditó que para la fecha, esto es, con una antelación
inferior a un año respecto de la fecha de su nombramiento, la demandada
ocupaba un asiento en dicho órgano de administración, por lo que, al momento
de efectuarse su nombramiento como experta comisionada en la CREG,
mediante el Decreto 1555 del 5 de agosto de 2022, se encontró probada la
transgresión de la norma en comento, aspecto sobre el cual se indicó lo
siguiente:
… [D]e un primer análisis del acto de nombramiento acusado y de las normas
superiores que se estiman infringidas, se advierte la vulneración del artículo 44.2
de la Ley 142 de 1994, sobre la base de considerar que al momento del
nombramiento como comisionada experta en la CREG, la demandada estaba
incursa en la causal inelegibilidad allí prevista, en atención a su condición de
miembro de la junta directiva de una empresa de servicios públicos domiciliarios
sin haberse desvinculado de la misma con un año de antelación.
73. Con fundamento en lo señalado, se decidió decretar la medida cautelar
de suspensión provisional del acto demandado, decisión contra la que la parte
demandada presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto en auto del 26
de enero de 202344.
74. En el referido pronunciamiento, esta Sección se refirió al argumento
esbozado por la parte recurrente según el cual la suspensión del acto obedeció
a una indebida interpretación del artículo 44.2 de la L. 142/94, pues la expresión
«prestar servicios» contenida en ella debía entenderse limitada exclusivamente
a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, en los términos del
artículo 32.3 de la L. 80/93.
42 «ARTICULO 22. ADMINISTRADORES. Son administradores, el representante legal, el
liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los
estatutos ejerzan o detenten esas funciones».
43 Índice SAMAI nro. 2. Exp. 2022-00308. Archivo: ED_EXPEDIENTE_06CAMARAYCOMERCI
O(.pdf) NroActua 2. Pág 7.
44 Índice SAMAI nro. 51. Exp. 2022-00308. La decisión fue objeto de salvamento de voto por parte
de los magistrados Carlos Enrique Moreno Rubio (por considerar que la expresión «prestar
servicios» se refiere exclusivamente a la modalidad contractual regulada en la Ley 80 de 1993) y
Pedro Pablo Vanegas Gil (que sostuvo que, ante la existencia de dos posibles interpretaciones
sobre la materia, debía aguardarse a la sentencia para adoptar una decisión sobre la legalidad
del acto cuestionado). La postura mayoritaria fue prohijada por los magistrados Luis Alberto
Álvarez Parra, quien realizó la ponencia, y Rocío Araújo Oñate, así como por el conjuez Pedro
Luis Blanco Jiménez.
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75. Para la defensa de la accionada, debía tomarse en consideración lo
expresado en la sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
el 15 de diciembre de 202145, en la cual se analizó la configuración de lo
dispuesto en el artículo 10 del Decreto 128 de 197646, referido a la prohibición
establecida para los miembros de juntas y consejos directivos, gerentes y
directores de las entidades descentralizadas de «prestar sus servicios
profesionales» para la misma entidad en la que ocuparon tales posiciones o en
otra del mismo sector administrativo, dentro del año siguiente a su retiro.
76. En dicha sentencia, se indicó que la expresión citada debía interpretarse
en el entendido que esta solo cobijaba la suscripción de contratos de prestación
de servicios profesionales y no el surgimiento de una relación legal y
reglamentaria, como la que ostentan quienes se vinculan a una entidad estatal
en calidad de empleados públicos47.
77. Así, para la parte accionada, dado que los artículos 10 del Decreto 128 de
1976 y 44.2 de la L. 142/94 se refieren a la prohibición de «prestar servicios»,
dicho concepto debía tener el mismo alcance en ambos casos, por lo que la
relación legal y reglamentaria mediante la cual la demandada Sara Vélez Cuartas
se vinculó a la CREG en calidad de experta comisionada, escapaba al ámbito de
aplicación de la inhabilidad contenida en la última disposición.
78. Sobre el particular, la Sala encontró que lo dispuesto en la L. 142/94 «es
la norma especial que regula el régimen de inhabilidades para los funcionarios,
empleados y personas que presten servicios en las empresas de servicios públicos
domiciliarios y de las autoridades competentes en la materia, que para el caso se trata
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, lo que pone de manifiesto que es el
estatuto que se debe aplicar para determinar la existencia de la inhabilidad que se le
atribuye a la demandada», motivo por el cual «las disposiciones del Decreto 128 de
1976 y la Ley 142 de 1994 no se puedan asimilar».
79. Adicionalmente, en el auto se advirtieron las diferencias existentes entre
ambas disposiciones, a partir de la existencia de una definición legal, contenida
en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, del concepto de «administrador». Al
respecto, se señaló que:
45 Rad. 05001-23-33-000-2021-00936-01. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
46« ARTÍCULO 10.- De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las
juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y
los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus
servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del
sector administrativo al que aquélla pertenece».
47 Con fundamento en dicha postura, se concluyó que quien había ostentado la condición de
integrante de la Junta Directiva de EPM no se encontraba incurso en la inhabilidad prevista en el
artículo 10 del Decreto 128 de 1976 al haber asumido el cargo de gerente de la misma entidad,
al cual se vinculó mediante una relación legal y reglamentaria, como funcionario de libre
nombramiento y remoción, y no como contratista.
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… [L]os miembros de las juntas directivas bajo la definición legal de la norma
especial -Ley 142 de 1994- y, el haz interpretativo que se cierne frente a los
conceptos jurídicos de “administrador” y “prestación de servicios”, concluyen
armónicamente que, quien actúa como miembro de una junta directiva no es
aquel contratista referido al estatuto contractual del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, ya que, el legislador no consagró un elemento diferenciador, los cuerpos
normativos no son asimilables y al ser la ley de servicios públicos aplicable al
caso, entendió que la prohibición recae, entre otros, sobre aquellos que tuvieron
vinculación legal y reglamentaria.
80. Así, al existir una interpretación realizada por el propio legislador sobre el
particular, no podría interpretarse el artículo 44.2 de la L. 142/94 conforme al
sentido natural y ordinario de las palabras utilizadas en ella y, por tanto, no puede
limitarse su aplicación en los mismos términos en que se ha entendido la
prohibición contenida en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976. Sobre el
particular, se indicó lo que sigue:
Así entonces, no se advierte una “misma redacción” de las normas en comento
ni tampoco resulta procedente la aplicación de la decisión jurisprudencial en el
caso del gerente de EPM como lo propuso el recurrente, por cuanto, las
finalidades de los regímenes son diferenciables, el de servicios públicos
domiciliarios, busca de manera especial regular aspectos propios de los
regulados y los reguladores en la prestación de estos cuando, por ejemplo, el
estado interviene en su rol empresarial en la promoción de la competencia
evitando abusos de la posición dominante.
Esto es resaltado por la Sala, por cuanto la finalidad de la norma especial es
prevenir el conflicto de intereses, entre quien previamente trabajó en una
empresa de servicios públicos y quien luego pasa a desempeñar el papel
de regulador, pensarlo en forma diferente, aniquilaría el contenido y
finalidad del régimen especial, ya que es claro que, mediante estas
prohibiciones no se puede ejercer la función de regulación que es la que al
final se busca proteger con la norma.
81. Con fundamento en tales consideraciones, se confirmó el decreto de la
medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto demandado.
82. En este estado del trámite y tras haberse agotado la totalidad de las
etapas del proceso de nulidad electoral, esta Sección no advierte que exista
ningún elemento que conduzca a una conclusión diferente a que la designación
de la demandada como experta comisionada en la CREG se produjo en
contravención de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la L. 142/94.
83. Lo anterior, toda vez que, desde la óptica probatoria, la prueba de que la
accionada ostentaba la condición de integrante de la junta directiva de la
Empresa Electrificadora del Meta S.A. E.S.P fue debidamente aportada por la
parte demandante y no fue objetada de manera alguna por el extremo
demandado, por lo que se presume su autenticidad.
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84. Ahora bien, en relación con los argumentos presentados por la parte
demandada para indicar que el ámbito de aplicación de la norma en comento no
cobija la situación jurídica derivada del nombramiento de la accionada como
experta comisionada, por tratarse de un vínculo de orden legal y reglamentario,
la Sala encuentra que no le asiste razón a dicho extremo procesal, por los
siguientes motivos:
85. En primer término, como pudo advertirse, la sala ha descartado que el
entendimiento adecuado de la disposición en comento sea aquel que limita su
aplicación a aquellos casos en que se suscribe un contrato de prestación de
servicios pues ello, además de desconocer la existencia de una disposición legal
que se refiere a quienes ostentan la condición de administradores en las
sociedades comerciales, entre ellas las empresas de servicios públicos
domiciliarios y, en particular, la Empresa Electrificadora del Meta S.A. E.S.P,
implicaría desconocer el objetivo perseguido por el legislador con la imposición
de dicha prohibición: evitar que quien se ha desempeñado como administrador
en este tipo de entidades, independientemente de su naturaleza pública, mixta o
privada, pueda acceder dentro del año siguiente a su retiro de esta a una
vinculación con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o con las
comisiones de regulación, toda vez que estas instituciones tienen como principal
objetivo el ejercicio de labores de regulación, inspección, vigilancia y control
respecto de la actividad de las empresas mencionadas.
86. De otro modo, la inhabilidad en comento tendría un efecto prácticamente
nulo respecto de la garantía de los principios de objetividad e imparcialidad en el
ejercicio de la función pública asignadas a los últimos entes mencionados, pues
solo se evitaría que quien ha laborado en tal condición con una empresa de
servicios públicos pueda suscribir un contrato de prestación de servicios con los
entes en mención, pero permitiría que la misma persona pueda acceder a
cualquier empleo público dentro de la estructura de ellos, incluyendo aquellos a
los que se encomienda la toma de decisiones relativas a sus sujetos regulados
o vigilados, entre estos la empresa en la que ostentó el rol de administrador.
87. Frente a lo indicado respecto a la necesidad de interpretar las normas
contentivas de inhabilidades con respeto del derecho fundamental al debido
proceso y del principio pro homine, la Sala encuentra que, si bien ello es cierto
conforme a su propia jurisprudencia, no lo es menos que ello no implica que la
única interpretación constitucionalmente conforme de tales normas sea aquella
que limita su alcance al sentido literal y común de las palabras.
88. Lo anterior toda vez que, por mandato legal48, los jueces se encuentran
obligados a dar aplicación al alcance que ha definido el legislador en aquellas
48 Artículos 25 y 28 del Código Civil.
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normas atinentes a circunstancias que impiden el acceso de una persona a un
determinado empleo público.
89. Así, una interpretación respetuosa de los derechos fundamentales y de
los principios superiores incorporados al texto constitucional, no es aquella que
restringe la aplicación de una disposición al sentido más estrecho y acotado de
las palabras contenidas en ellas, sino la que se ajusta en mayor medida al
significado que el propio legislador le ha brindado a tales expresiones y a la
defensa de las garantías de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la
función pública.
90. Finalmente, tampoco son de recibo las afirmaciones de la parte accionada
tendientes a indicar que la defensa de los principios antes señalados no se ve
afectada por la presencia de alguien que integró la junta directiva de una
empresa pública en calidad de representante de los intereses de otro organismo
del Estado, en este caso como delegada del Ministerio de Minas y Energía, en
un organismo regulador como la CREG.
91. Al respecto, la Sala recoge nuevamente lo expresado en la providencia
que confirmó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional, pues
se hace patente que los objetivos e intereses del Estado en su faceta empresarial
y en su ejercicio regulatorio, aun cuando en ambos casos deben responder a la
satisfacción del interés general, pueden verse contrapuestos.
92. En efecto, considerar que no existe diferencia entre los intereses
perseguidos en ambas condiciones equivaldría a desconocer que, en aquellos
casos en los que el Estado detenta la propiedad o un porcentaje de participación
en una empresa de servicios públicos domiciliarios que desarrolla su actividad
compitiendo con otros oferentes de la misma naturaleza, tiene un enfoque
distinto a aquel que le corresponde cuando debe establecer el marco regulatorio
dentro del cual tales empresas deben desarrollar sus labores, pues en este
último caso el objetivo es justamente el de promover la competencia y evitar las
circunstancias que puedan limitarla de manera injustificada.
93. Por lo expuesto, la Sala encuentra que el Decreto 1555 del 5 de agosto
de 2022, mediante el cual se nombró a Sara Vélez Cuartas como experta
comisionada en la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, fue
emitido en desconocimiento de la inhabilidad contemplada en el artículo 44.2 de
la Ley 142 de 1994, por lo que debe accederse a la pretensión de nulidad
formulada respecto de éste.
94. Finalmente, la Sala advierte que la presunta transgresión del artículo 39,
ordinal 15, de la Ley 1952 de 2019, corresponde a un asunto de naturaleza
disciplinaria que escapa al objeto del medio de control de nulidad electoral, por
lo que se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre el particular.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1555 del 5 de agosto de 2022,
mediante el cual se nombró a Sara Vélez Cuartas como experta comisionada en
la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, por los motivos expuestos
en la presente providencia.
SEGUNDO: ADVERTIR a las partes que contra la presente decisión no procede
recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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