Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00002-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00002-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00002-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de octubre de 2024
Demandantes: Germán Lozano Villegas
Daniel Currea Moncada
Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
11001-03-28-000-2024-00024-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00002-00 (principal)
11001-03-28-000-2024-00024-00
Demandantes: GERMÁN LOZANO VILLEGAS
DANIEL CURREA MONCADA
Demandado: MANUEL PEÑA SUÁREZ – experto comisionado de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas en encargo
Temas: Designación en encargo. Dedicación exclusiva. Cargo de
periodo fijo1
FALLO – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral de la referencia, promovido contra la designación en encargo
de experto comisionado de la CREG.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
1.1.1. Expediente 11001032800020240000200
El señor Germán Lozano Villegas solicitó2 que se declare la nulidad del artículo
tercero del Decreto 1869 de 7 de noviembre de 2023, expedido por el
presidente de la República en conjunto con el ministro de Minas y Energía, por
medio del cual se nombró en encargo al señor Manuel Peña Suárez, en el
cargo de experto comisionado, código 0090 de la planta de personal de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas.
1
Reiteración de la sentencia de Sala de 5 de septiembre de 2024. Expediente 11001-03-28-
000-2024-00011-00 Acum. Demandantes: Germán Lozano Villegas y otro. Demandado: experto
comisionado en encargo de la CREG (Baisser Antonio Jiménez). M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
2
Demanda presentada el 19 de diciembre de 2023.
1
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Demandantes: Germán Lozano Villegas
Daniel Currea Moncada
Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
11001-03-28-000-2024-00024-00
1.1.2. Expediente 11001032800020240002400
El señor Daniel Currea Moncada presentó demanda de nulidad electoral el 15
de enero de 2024, a fin de que se declare la nulidad del Decreto 1869 del 07 de
noviembre de 2023, expedido por el presidente de la República y el ministro de
Minas, con respecto a la designación en encargo del señor Peña Suárez.
1.2. Hechos comunes ambas demandas
Los demandantes, en los respectivos libelos introductorios, expusieron los
siguientes fundamentos fácticos:
1.2.1. Afirmaron que el demandado, al momento de ser encargado como
experto comisionado, se desempeñaba como jefe de Oficina, código 0137,
grado 19 de la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME).
1.2.2. Además, recordaron que el señor presidente de la República, mediante
Decreto 1869 de 7 de noviembre de 2023, aceptó la renuncia de José Fernando
Prada Ríos, quien ocupaba en propiedad ese cargo y, declaró la vacancia
definitiva de este y designó en encargó al accionado (num. 3°).
1.3. Los fundamentos de hecho y de derecho
Bajo ese contexto fáctico, señalaron que el nombramiento en encargo del señor
Manuel Peña Suárez está viciado de nulidad por haberse expedido con
infracción de las normas en que debería fundarse, porque el literal d) y el
parágrafo del artículo 21 de la Ley 143 de 19943 disponen que dicho cargo es
de periodo y con dedicación exclusiva. En contraste, la designación indicó «sin
que implique la separación de las funciones del empleo que viene ejerciendo».
Así también, señalaron que se violó el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de
2015, sobre el encargo en empleos de libre nombramiento y remoción, en el
cual se sustentó el acto demandado, pero el cargo de experto comisionado es
de período fijo y no responde a aquella tipología y, por esa razón la figura de
designación temporal prevista para esos cargos no era aplicable.
Recordaron que el artículo 1 de la Ley 909 de 2004 divide y diferencia ambas
modalidades4 y al ser un cargo de periodo su vinculación puede tener alguna
3
Modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
4
Indicó que los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos en los cuales el
nominador tiene la facultad de disponer la vinculación, siempre que la persona cumpla con los
requisitos del empleo y, así también su retiro procede discrecionalmente y por la misma
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Demandantes: Germán Lozano Villegas
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Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
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discrecionalidad, pero su retiro no, porque solo acontece por el cumplimiento
del tiempo fijado en la Constitución Política o en la ley, lo cual lo desmarca de la
modalidad de libre nombramiento y remoción.
Argumentaron que en las condiciones de esa designación se permite que el
señor Peña Suárez continúe en el ejercicio de su empleo principal, como jefe de
la oficina de la UPME, lo cual desnaturaliza la modalidad de dedicación
exclusiva propia del empleo del experto comisionado.
Indicaron que la CREG es una unidad administrativa de carácter técnico que
tiene como función general la regulación de los monopolios en la prestación de
los servicios públicos y del mercado y la de promover la competencia en el
sector. Cumple la finalidad de asegurar la independencia y autonomía respecto
de las demás empresas del área, con ajenidad a cualquier factor o influencia
política y de garantizar la continuidad en el ejercicio de la función reguladora
(art. 21 Ley 143 de 1994, art. 73 Ley 142 de 1994).
Está conformada, entre otros miembros, por seis expertos en asuntos
energéticos con dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la
República para períodos de cuatro años y precisamente, por ese carácter
técnico, el legislador estableció las condiciones estrictas que deben reunir
quienes ostentan cargos de representación, dirección y formulación de
regulaciones, y las condiciones de exclusividad en el ejercicio de las funciones
asignadas.
Aseveraron que la exclusiva dedicación corresponde a la filosofía del artículo 21
de la Ley 143 citada, a fin de evitar que existan conflictos de intereses entre la
función de regulación y los sujetos regulados y con los organismos del gobierno
como por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía o la UPME, a la que se
encuentra vinculado de manera principal el accionado.
Explicaron que, si bien conforme al artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de
2015, permite el encargo, con desvinculación o no de las atribuciones propias
del cargo, ello para efectos del experto comisionado debió armonizarse con las
normas citadas que imponen la dedicación exclusiva, dejando como única vía,
que el señor Peña Suárez fuera separado de las funciones del empleo que
venía ejerciendo.
voluntad del empleador. Por otra parte, los empleos de periodo están así fijados en el tiempo
por la Constitución Política o la ley y aunque en su designación puede mediar algún margen de
discrecionalidad, en su desvinculación no porque se da por el paso del tiempo.
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Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
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Sobre la necesaria dedicación exclusiva para el desempeño del cargo, la
exposición de motivos de la Ley 143 de 1994, indicó:
(...) 4.15.1. En la exposición de motivos se propuso un total de dos Expertos
Comisionados para periodos fijos en el cargo de tres años (Anexo 3.1). En este
documento se dispuso que el cargo debía ser de dedicación exclusiva.
4.15.2. En la ponencia para primer debate en el Senado de la República se
propuso un total de cuatro Expertos Comisionados para períodos fijos en el
cargo de cinco años (Anexo 3.2). En este documento no se modificó el criterio de
dedicación exclusiva.
4.15.3. En la ponencia para segundo debate en el Senado de la República se
propuso un total de cinco Expertos Comisionados para periodos fijos en el cargo
de cuatro años (Anexo 3.3). En este documento no se modificó el criterio de
dedicación exclusiva.
4.15.4. Finalmente, en el informe de Conciliación se dispuso un total de cinco
Expertos Comisionados, para periodos fijos en el cargo de cuatro años (Anexo
3.4). En este documento no se modificó el criterio de dedicación exclusiva (...).
Acotaron que mediante la Ley 2099 de 2021 se incrementó a seis (6) el número
de expertos comisionados y se conservó el periodo de cuatro años y la
dedicación exclusiva para ejercer el cargo (art. 44).
Explicaron que uno de los órganos que integra la estructura de la CREG es el
comité de expertos integrado únicamente por los seis comisionados (art. 5 Dec.
1260 de 2013). Tiene como funciones: la formulación, adopción y evaluación
del plan estratégico de la CREG (art. 6.1 ib); el planteamiento de la agenda
regulatoria anual que debe presentarla para aprobación (art. 6.3 ib)
1.3.1. Falta de competencia para expedir el acto demandado: esta censura
fue planteada en el vocativo 2024-00024-00. El actor señaló dos aspectos, a
saber:
1.3.1.1. El primero, que el ministerio de Minas y Energía y la presidencia de la
República no tenían competencia para nombrar en encargo a un experto
comisionado, conforme se determina en los artículos 21 de la Ley 143 de 1994
y 6 del Decreto 1260 de 2013.
La parte actora consideró que, conforme a las normas citadas, el presidente de
la República es quien nombra a los comisionados expertos de la GREG, pero
no le corresponde designarlos en encargo y, mucho menos, sin desvincularlos
de las funciones propias del cargo que vienen desempeñando.
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1.3.1.2. El segundo, que las entidades referidas no tenían facultad legal para
alterar la estructura de la CREG, que se encuentra establecida en el precitado
artículo 21.
El accionante explicó que el organigrama de la comisión diferencia a sus
integrantes entre aquellos que desempeñan cargos en el gobierno nacional
(ministros de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Público y director del DNP),
los expertos comisionados y el superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios.
De esta conformación, evidenció que el decreto impugnado infringe la
diferenciación establecida por el legislador, porque el accionado hace parte de
la UPME, entidad adscrita al ministerio de Minas y Energía, por ende, la
designación del señor Peña Suárez como experto comisionado implica que
pasa a tener dos cargos: el propio en la cartera ministerial y experto
comisionado de la CREG.
Todo lo anterior conlleva a la incompetencia que afecta el acto demandado.
1.4. El trámite
1.4.1. En el vocativo 2024-00002-00, mediante auto del 16 de enero de 2024 se
admitió la demanda y se ordenaron las respectivas notificaciones y órdenes.
Por auto de 5 de marzo de la presenta anualidad se ordenó el trámite para
analizar la posibilidad de acumulación con otro proceso.
En el expediente 2024-00024-00, la demanda fue inadmitida5 por providencia
de 18 de enero y por auto de 29 de enero de la misma anualidad se corrió
traslado de la medida cautelar solicitada al demandado, al ministerio de Minas y
energía, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. El 22 de febrero de 2024, la Sala Electoral admitió la demanda y negó6
la suspensión provisional del numeral del acto demandado.
5
Para que relacionara las normas violadas y explicara el concepto de la violación, conforme a la
previsión del artículo 162.4 del CPACA. La demanda fue subsanada oportunamente.
6
La denegatoria cautelar tuvo soporte en que ni de las pruebas obrantes en el expediente ni de
la confrontación de las normas invocadas como infringidas con el acto que se pide suspender,
se advirtió la configuración de los vicios censurados, comoquiera que se trató de un encargo de
funciones por necesidad del servicio y no de la utilización de la figura de provisión del empleo
de periodo fijo. Aunado a que no se advirtió en ese estadio del proceso, que el acto acusado
contenga la decisión de resolver de manera definitiva la vacancia generada por la renuncia del
titular del cargo de experto comisionado.
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Demandado: Manuel Peña Suárez
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1.4.2. Durante el término de traslado, el ministerio de Minas y Energía y la
presidencia de la República contestaron la demanda, con planteamientos de
defensa, similares y coincidentes, a saber: 1) inexistencia de causal de nulidad
frente al Decreto 1869 del 7 de noviembre de 2023 al no ser desconocida la
estructura e independencia de la CREG; 2) ausencia de la causal de nulidad
frente al acto acusado al no ser desconocido el literal d) del artículo 21 de la Ley
143 de 1994 (mod. art. 44 Ley 2099 de 2021, al considerar que el cargo era
susceptible de ser designado en las condiciones que se hizo (encargo y sin
desligue de funciones).
En concreto, desarrollaron los siguientes planteamientos:
1.4.2.1. Inexistencia de causal de nulidad frente al Decreto 1869 del 7 de
noviembre de 2023 al no ser desconocida la estructura e independencia de
la CREG.
Indicaron que la parte actora desconoce que mediante el encargo se evidencia
la intención del presidente de la República de solucionar las dificultades de la
prestación del servicio y velar por su no paralización, garantizando la
continuidad de este, a través de una figura de provisión transitoria, como lo
permite la Ley 909 de 2004. No se trata, entonces, de querer desdibujar la
independencia que garantizan los comisionados.
Acotaron que, frente a la presunta alteración de la estructura funcional de la
CREG, la parte actora no probó cómo el encargo podría desdibujar la
independencia de aquella, menos aún resulta viable que afirmaran que la
cartera de Minas y Energía obtuvo una doble representación, por cuanto se
trata de una designación temporal.
1.4.2.2. Inexistencia de causal de nulidad por violación del literal d) del
artículo 21 de la Ley 143 de 1994 –mod. art. 44 Ley 2099 de 2021-, en lo
atinente al período fijo y del artículo 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015.
Plantearon como defensa que si bien es cierto el artículo 2.2.5.5.43 del Decreto
1083 de 2015 establece que el empleo es de libre nombramiento y remoción,
también lo es que no existe en el ordenamiento jurídico norma que excluya la
modalidad del encargo en los empleos de período fijo.
Al efecto, los artículos 2.2.5.4.7 y 2.2.5.5.41 del decreto citado –mod. art. 1 Dec.
648 de 2017- consagran la modalidad del encargo como una figura transversal,
dentro de la aplicación del derecho laboral administrativo, para los siguientes
supuestos de hecho: i) un empleado público en funciones; ii) un cargo público
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vacante; iii) un nombramiento en encargo, teniendo claro la temporalidad de la
designación.
Así también, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 909 de 2004, en armonía
con la Constitución Política, hacen parte de la función pública las siguientes
clases de empleos: i) de carrera; ii) libre nombramiento y remoción; iii) periodo
fijo y iv) temporales.
Dentro de ese contexto, los artículos 23 y 24 de la Ley 909 de 2004 señalan
que los nombramientos pueden ser: ordinarios, en periodo de prueba, en
ascenso y en encargo, aunque no regulan en detalle esta última modalidad.
Señalaron que para entender el encargo se debe acudir al Decreto 1083 de
2015, en los artículos 2.2.5.4.17 y 2.2.5.4.78, que disponen que esta modalidad
se emplea para los movimientos de personal y que puede darse una asignación
de funciones parcial o total.
De lo anterior, concluyeron que la figura del encargo es aplicable a cada
tipología de formas de provisión del cargo incluida la de periodo fijo, que es la
que corresponde al experto comisionado de la CREG, sin que ello resulte
ilegítimo o prohibido. Señaló que asumir la postura de la parte actora implicaría
dejar de aplicar el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias
mencionadas.
Reconocieron que, si bien pudo resultar errado que el decreto impugnado
hubiera señalado en sus fundamentos el artículo 2.2.5.5.43 ib, comoquiera que
este se refiere al encargo en empleos de libre nombramiento y remoción, ello no
implica la nulidad del acto, dada la pluralidad de disposiciones que dan sustento
a la posibilidad del encargo para los cargos de periodo fijo, a saber: los artículos
2.2.5.5.1, 2.2.5.4.7, 2.2.5.5.1, 2.2.5.5.45 del decreto citado.
Finalmente, aseveraron que el acto demandado no se expidió con infracción de
las normas en que debería fundarse, comoquiera que el encargo no se prohíbe
para los empleos de periodo fijo; por el contrario, se trata de una herramienta de
provisión de cargos que pertenece al régimen general de la función pública
7
Artículo 2.2.5.4.1. Movimiento de personal. A los empleados que se encuentren en
servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de personal:1.
Traslado o permuta; 2. Encargo; 3. Reubicación y 4. Ascenso.
8
Artículo 2.2.5.4.7. Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir
parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales
han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o
no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente capítulo.
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«dada su capacidad de armonizar las exigencias de los principios de eficacia,
economía, celeridad y prevalencia del interés general, con las exigencias
temporales de los procedimientos de selección de perfiles adecuados para esta
clase de cargos».
Con fundamento, en lo anterior pidieron denegar las súplicas de la demanda.
Agregaron a los argumentos de defensa, los siguientes subtemas:
a) El carácter temporal del encargo no puede ser confundido con la
permanencia para el ejercicio del cargo de comisionado de la CREG cuando se
trata del nombramiento definitivo.
Indicaron que de conformidad con el artículo 2.2.5.5.419 del Decreto 1083 de
2015 –mod. art. 1 Decreto 648 de 2017- el encargo puede darse con o sin
dedicación exclusiva, siendo una opción discrecional para la autoridad
nominadora y que es de carácter temporal.
Esa la razón por la cual afirmaron que el demandante yerra al pretender indicar
que se violaron las disposiciones que invoca, por cuanto estas regulan
nombramientos definitivos o en propiedad.
Descendieron a las normas propias de las comisiones de regulación, entre
ellas, al artículo 2110 de la Ley 143 de 1994 –mod. art. 44 Ley 2099 de 2021-
atinente a la dedicación exclusiva de los comisionados CREG, explicaron que
se predica con respecto a aquellos expertos nombrados para periodos de
cuatro años, sin que incluya a los encargados transitoriamente.
Aclararon que la labor realizada por los comisionados en encargo se realiza con
la misma finalidad de los nombrados en propiedad, como es la de posibilitar la
prestación del servicio que en el campo de la competencia de regulación
requiere de un personal altamente calificado.
9
Artículo 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleos podrán ser encargados para asumir parcial o
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias
de su cargo...
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Artículo 44. Modificar el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, de la siguiente manera:
Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Comisión de Regulación
de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Minas y
Energía, que estará integrado de la siguiente manera:...d) Por seis (6) expertos en asuntos
energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República para
periodos de cuatro (4) años....
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Concluyeron que el propósito del encargo es posibilitar la satisfacción
inmediata, aunque transitoria, del servicio y, en este caso, logrando una
respuesta ágil a la vacancia presentada.
Explicaron en capítulo posterior que el encargo puede ser realizado sin
dedicación exclusiva, por ende, el funcionario asignado puede desempeñar
ambas funciones, solo que debe verificarse que reúna los requisitos exigidos
para el cargo.
En efecto, afirmaron que no existe prohibición y de hecho así se ha
implementado de tiempo atrás11, y en la actualidad, el artículo 2.2.5.4.7 del
Decreto 1093 de 2015 –mod. art. 1 Dec. 648 de 2017, dispone: «Encargo. Los
empleados podrán ser encargados para asumir parcial y totalmente las
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o
no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente
capítulo...».
Ahora bien, conforme al artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 1083 de 2015, nada
impide que se encargue de las funciones de experto comisionado de la CREG a
un funcionario sin desvincularlo de las funciones inherentes al cargo que ejerce
en propiedad.
b) El nombramiento en encargo como medida para garantizar la continuidad en
la prestación del servicio en la CREG, la primacía del interés general y la
eficacia de la función pública.
Expusieron que, en relación con el encargo, la Corte Constitucional en la
sentencia C-428 de 199712 indicó que es temporal «...es una situación
administrativa de creación legal que le permite al Estado sortear las dificultades
que puedan presentarse en los casos de ausencia temporal o definitiva de un
empleado cuya labor es indispensable para la atención de los servicios a su
cargo. Se trata realmente, de una medida de carácter excepcional que
11
En reglamentaciones pasadas como el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973 que indicaba: «
[a]l vencimiento del encargo, quien lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el
desempeño de las funciones de éste y recuperará la plenitud de las del empleo del cual es
titular, si no lo estaba desempeñando simultáneamente».
12
Expedientes acumulados D-1590, D-1599, D-1607 y D-1613. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 13 a 15, 18, 22, 26, 29 y 30 de la Ley 344 de 1996 “Por
la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesas.
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igualmente enfrenta situaciones excepcionales o de urgencia y que se cumple
en lapsos cortos...» (art. 123 inc. 2 C.P.).
De tal suerte que, el carácter temporal y excepcional del encargo se explica o
justifica por la necesidad de preservar la continuidad del servicio al interior de la
administración, garantizando la primacía del interés general y el cumplimiento
de los principios de la función administrativa (art. 209 ib).
Ahora bien, señalaron que el comisionado encargado, debido a la
transitoriedad, no es que no ejerza el cargo en las mismas condiciones de
responsabilidad y deberes que el empleo exige, como se evidencia en la
práctica, con el informe de sesiones de la CREG y del comité de expertos, que
se desarrollaron entre el 22 de noviembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024,
con la participación del accionado.
c) La utilidad de la figura del encargo respecto del experto comisionado de la
CREG, por cuanto se trata de un cargo altamente técnico.
Explicaron la necesidad de contar con la modalidad de encargo en la
designación de los comisionados de la CREG, toda vez que el artículo 2113 de
la Ley 143 de 1994 –mod. art. 44 Ley 2099 de 2021- además de señalar la
integración de la CREG por seis expertos nombrados por el presidente de la
República, deja clara la necesidad del alto grado de especialidad y tecnicidad
que el nombrado debe tener en el área energética14, por cuanto el ejercicio de
las funciones supone grandes responsabilidades, cuya designación no puede
ser tomada a la ligera. Esto legitima que el presidente de la República ejerza la
facultad de nombramiento desde criterios de prudencia en la búsqueda del perfil
apropiado. Con este argumento se descarta también la alegada incompetencia
para la designación en encargo.
Destacaron la idoneidad profesional, académica y de experiencia del encargado
para desempeñar el cargo de experto comisionado de la CREG.
13
(...) PARÁGRAFO 1. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones a) Ser
colombiano y ciudadano en ejercicio; b) Tener título universitario en ingeniería, economía,
administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado; y
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica en el área energética y haber
desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector
energético, nacional o internacional, por un periodo superior a seis (6) años; o haberse
desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior...
14
Consejo de Estado. Sentencia de 2 de febrero de 2023. Radicado 11001-03-28-000-2022-
00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
10
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Demandantes: Germán Lozano Villegas
Daniel Currea Moncada
Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
11001-03-28-000-2024-00024-00
Con fundamento en todo lo anterior defendieron la legalidad del acto impugnado
y solicitaron denegar las pretensiones de nulidad electoral planteadas por los
demandantes.
1.4.3. Por auto de 29 de abril de 2024 se decretó la acumulación del vocativo de
la referencia con el radicado 11001-03-28-000-2024-00024-00 (M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil). A través de providencia de 4 de junio del año que
transcurre se anunció trámite de sentencia anticipada y, entre otros temas, se
fijó el litigio.
1.4.4. Los alegatos de conclusión y el concepto del ministerio público
1.4.4.1. La parte actora15 descalificó a la defensa en su argumento de justificar
que el encargo al ser temporal no desnaturaliza la condición del cargo de
experto comisionado, por cuanto el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 al
determinar los requisitos y demás características para dicho cargo es perentorio
en que debe ejercerse de manera exclusiva, exigencia que no se relaciona con
la temporalidad o permanencia de la designación sino con que no debe tener
otro vínculo que pueda incidir en su capacidad de decisión.
Tampoco aceptó que la justificación del nominador fuera la de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio, por cuanto indicó que la falta definitiva
de uno de sus miembros no puede causar una parálisis en el servicio. Esto con
fundamento en el artículo 5 de la Resolución 105-3 de 2023 o reglamento
interno de la CREG, esta puede funcionar con cinco integrantes, es decir el
ministro de la cartera de Minas y Energía y cuatro de los seis expertos
comisionados.
Señaló que el encargo realizado por el gobierno nacional en el acto demandado
se hizo con respecto al cargo y no solo a las funciones, por cuanto ahí también
se declaró la vacancia definitiva.
Agregó que, en época reciente, la Corte Constitucional en sentencia C-048 de
2024 declaró exequible el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en los puntos de la
estructura de la CREG y las condiciones del empleo de experto comisionado,
indicando claramente que no son agentes del Gobierno Nacional, señaló que
posee características especiales para garantizar la independencia en la función
reguladora.
15
Se hace referencia a ambos demandantes, comoquiera que se trata de procesos
acumulados.
11
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Demandantes: Germán Lozano Villegas
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Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
11001-03-28-000-2024-00024-00
Descalificó el argumento de defensa de la parte accionada atinente a que la
condición de la dedicación exclusiva es solo para el nombramiento en
propiedad, pero no para el de la modalidad de encargo, por cuanto la
interpretación acorde a derecho es que la tipología de provisión temporal está
prohibida en el caso del cargo de experto comisionado.
Añadió: «Por el contrario, [el art. 21 de la Ley 143 de 1994], sí estableció que
debía proveerse a través de nombramiento que garantizara que quien lo ostente
se dedique exclusivamente a sus funciones como experto comisionado. El
mecanismo... es el nombramiento ordinario».
Indicó que, si en gracia de discusión se aceptara que es viable el encargo, el
presidente de la República debió garantizar que esa designación temporal fuera
de dedicación exclusiva y, por ende, con desvinculación de las atribuciones del
cargo principal.
Reiteró los demás argumentos planteados en la demanda.
1.4.4.2. La parte accionada se reafirmó en los planteamientos de defensa de la
respectiva contestación de la demanda.
1.4.4.3. El ministerio público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 14916 numeral 3 del CPACA,
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021 y en el artículo 13 17 del
16
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(...)
De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del
Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la
Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, de los gobernadores, del Alcalde Mayor
de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas
del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de
regulación. Se exceptúan aquellos regulados en el numeral 7, literal a), del artículo 152 de esta
ley.
17
Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de
trabajo, así:
(...)
12
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Demandantes: Germán Lozano Villegas
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Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
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Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la
referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto de
nombramiento en encargo del señor Manuel Peña Sánchez, como experto
comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
2.2. El acto acusado
La parte actora pretende la nulidad del Decreto 1869 de 7 de noviembre de
2023, expedido por el presidente de la República en conjunto con el ministro de
Minas y Energía, por medio del cual se nombró en encargo al señor Manuel
Peña Suárez, en el cargo de experto comisionado, código 0090 de la planta de
personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
2.3. Problema jurídico
Conforme a la fijación del litigio que se hiciera en el auto de 4 de junio de la
presente anualidad, esta causa se contrae a lo siguiente:
Se contrae a determinar si debe declararse la nulidad de la designación del señor
Manuel Peña Suárez como experto comisionado de la CREG, en la modalidad de
encargo, por:
Infracción de las normas superiores en que deberían fundarse (artículos 125
de la Constitución Política; 21 de la Ley 143 de 1994 –mod. art. 44 Ley 2099 de
2021-; 5 y 24 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.5.5.1, 2.2.5.5.41.
2.2.5.5.42 y 2.2.5.5.43 del Decreto 1083 de 2015), por cuanto dicha modalidad
resulta incompatible con la figura de periodo fijo y porque al encargado no se le
separó de las funciones que venía desempeñando como jefe de oficina de la
UPME, siendo que el cargo de experto comisionado requiere de dedicación
exclusiva, conforme las normas citadas.
Falta de competencia para expedir el acto demandado, comoquiera que el
Gobierno Nacional (i) no podía hacer la designación en encargo y sin desvincular
al encargado de sus atribuciones en el cargo que desempeña, conforme los
artículos 21 de la Ley 143 de 1994 y 6 del Decreto 1260 de 2013 y (ii) carecía de
facultad legal para alterar la estructura de la CREG.
El planteamiento anterior implica absolver el siguiente cuestionamiento:
¿Podía designarse en la modalidad de encargo al comisionado experto de la
CREG?
Para el efecto, se debe establecer:
Sección Quinta:
(...)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
13
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(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
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Si se transgredió o no la normativa superior invocada al haber designado en
encargo al comisionado experto de la CREG, pues al parecer por la naturaleza
de este empleo, aquella modalidad de provisión resulta incompatible.
Si se podía utilizarla modalidad de encargo para la designación del experto
comisionado, ya que este es un empleo de periodo.
Si se podía encargar a un servidor sin separarlo de las funciones del cargo en
propiedad que desempeña, comoquiera que el experto comisionado es un
empleo con dedicación exclusiva, de conformidad con las normas que lo rigen.
Si el Gobierno Nacional, a través del señor presidente de la República y el
ministro del ramo, tenía competencia para hacer la designación en encargo, en
las condiciones que se mencionan y si, con ello, alteró la estructura orgánica de
la CREG.
En este punto, la Sala Electoral recaba, conforme se indicó al inicio, que este
asunto no le es novedoso, comoquiera que en fallo del pasado 5 de septiembre
de esta anualidad18, a partir de algunos planteamientos que son similares a los
judicializados en esta causa, se anuló la elección del experto comisionado
Baisser Antonio Jiménez. Así las cosas, las generalidades demarcadas en esa
oportunidad se reiteran y se toman como propias de la Sala para resolver este
asunto, en lo que resulta pertinente a la temática planteada en este vocativo.
2.4. Generalidades sobre el nombramiento de los expertos comisionados
de la CREG
El artículo 21 de la Ley 143 de 199419, que fue modificado por el artículo 44 de
la Ley 2099 de 202120
Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Comisión de
Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa Especial
del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera:
a) Por el Ministro de Minas y Energía, quien la presidirá;
b) Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público;
c) Por el Director del Departamento Nacional de Planeación;
18
Radicado 11001-03-28-000-2024-00011-00 Acum. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Con
salvamentos de voto de los doctores Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil
y aclaración de voto de la doctora Gloria María Gómez Montoya.
19
Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión,
distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas
autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia de energética.
20
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del
mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones.
14
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Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
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d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva,
nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro (4)
años.
El superintendente de servicios públicos domiciliarios asistirá con voz, pero sin
voto.
La Comisión contará con el personal profesional, técnico y administrativo
necesario para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo que ella
misma determine y. tendrá regímenes especiales en materia de contratación, de
administración de personal, de salarios y de prestaciones y gozará de autonomía
presupuestal.
La Comisión manejará sus recursos presupuestales y operará a través del
contrato de fiducia mercantil que celebrará el Ministerio de Minas y Energía con
una entidad fiduciaria, el cual se someterá a las normas del derecho privado.
Estas disposiciones regirán, igualmente, los actos que se realicen en desarrollo
del respectivo contrato de fiducia.
Los expertos tendrán la calidad que determine el Presidente de la República y
devengarán la remuneración que él mismo determine.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas expedirá su reglamento interno,
que será aprobado por el Gobierno Nacional, en el cual se señalará el
procedimiento para la designación del Director Ejecutivo de entre los expertos de
dedicación exclusiva.
Parágrafo 1°. Los expertos deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser colombiano y ciudadano en ejercicio;
b) Tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas
o similares, derecho y estudios de posgrado; y
c) Contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área
energética y haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades
públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período
superior a seis (6) años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por
un período igual o superior.
Parágrafo 2°. Los expertos comisionados serán escogidos libremente por el
Presidente de la República. En su elección, el Presidente propenderá por la
formación de un equipo interdisciplinario, por lo que no podrá nombrar a más de
un abogado como experto comisionado.
Parágrafo 3°. Los expertos podrán ser reelegidos por una sola vez.
Parágrafo 4°. Los expertos no podrán ser elegidos en cargos directivos en
entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al
ejercicio de su cargo.
Parágrafo 5°. Informes semestrales. Sin perjuicio del cumplimiento de la ley 1757
de 2015, la CREG deberá presentar ante las Comisiones Quintas del Congreso
15
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de la República, semestralmente un informe que sintetice las decisiones y actos
administrativos expedidos indicando de forma clara y precisa la medida y el
motivo de que provocó su aprobación.
De la norma transcrita se evidencian varias conclusiones de diversa índole; así,
en materia de quorum duplican en número a los demás integrantes de la
comisión, al punto que constituyen mayoría en el tema decisorio, pues cuentan
con voz y voto. Sobre la naturaleza del cargo, el legislador se decantó por el
cuatrienio, siendo entonces un típico cargo de periodo fijo.
Respecto a la competencia o facultad nominadora es potestad del presidente de
la República designarlos a voluntad o discrecionalidad propia de él, pero dentro
de los límites que se le fijan y que se traducen en las siguientes
particularidades, tales como: (i) solo puede escoger a un abogado, bajo la
justificación de una conformación multidisciplinaria; (ii) los nombrados deben
poseer de alta especialidad, preparación y experiencia técnica en el área
energética; ser profesional; contar con título de posgrado; (iii) contar, en su
haber laboral, con el desempeño en cargos de responsabilidad en dicho sector,
incluso es de recibo que haya sido consultor o asesor y, finalmente, (iv)
establece como condición del ejercicio del cargo que se desempeñe con
dedicación exclusiva.
Con todo, no se aborda la modalidad temporal o de encargo, que constituye uno
de los puntos de discusión a dilucidar.
2.5. La provisión en encargo y el cargo de periodo fijo
De lo visto, es indiscutible que el legislador consideró que el cargo de experto
comisionado debía concebirse como de periodo fijo.
Para la Sala, la teleología que acompaña a la creación de la tipología del cargo
de periodo fijo responde a intereses generales y de institucionalidad del Estado,
cuyo objetivo es desde asegurar la continuidad de las políticas públicas, que se
logre la ejecución de los planes y programas, que no se interrumpa el modelo
de gestión adoptado hasta garantizar un campo de ejercicio amplio y seguro de
los propósitos misionales, mediante la limitación de la injerencia del nominador
de turno.
El empleo de período supone un tiempo para su ejercicio, sin que pueda ser
despojado su titular del término fijado por la ley, sino cuando operan causales
expresamente fijadas por el ordenamiento jurídico, que normalmente deviene
16
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de sanciones judiciales o administrativas21. Tienen una estabilidad relativa que
deriva del derecho de permanecer por un tiempo, razón por la cual ocupan una
posición intermedia entre los empleos de carrera y los de libre nombramiento y
remoción22.
Así las cosas, incluso de tiempo atrás, la Corte Constitucional23 negó el amparo
a la estabilidad reforzada de la tutelante quien fungía como secretaria general
de un cabildo municipal, comoquiera que, por tratarse de un cargo de periodo
fijo, el mecanismo de amparo no opera si lo que se pretende es extender el
tiempo del empleo24. Acotó que «los cargos de periodo fijo se caracterizan por
estar delimitados temporalmente por el término establecido en la Constitución,
la ley o el reglamento. De esta manera, el funcionario puede ser retirado del
cargo en el momento que se cumpla el plazo fijado. Entre los funcionarios que
ejercen estaos cargos se pueden identificar al Contralor General de la
República, al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al
Registrador Nacional del Estado Civil, a los Magistrados de altas cortes, a los
contralores departamentales y municipales y a los personeros municipales,
entre otros [T-137 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]».
Al respecto, resulta útil recordar que esta es una de las clasificaciones de los
empleos públicos, como claramente se determina de las previsiones de la Ley
21
“(…) En tercer lugar, se encuentran los empleos de período fijo, quienes se hallan delimitados
temporalmente por el término en que se haya concebido la labor, de manera que el funcionario
puede ser retirado del cargo al momento en que se cumpla el plazo establecido para estos
efectos. Entre los funcionarios que ejercen estos cargos se puede identificar al Contralor
General de la República, al Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Registrador
Nacional, Magistrados, contralores departamentales y municipales, personeros municipales,
entre otros. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que uno de los propósitos del carácter
delimitado en el tiempo se debe a que “[E]l período fijo, se explica más en virtud del principio
democrático y de los principios de eficacia y eficiencia, que en gracia de asegurar al respectivo
funcionario, un puesto de trabajo al margen de los vaivenes políticos” (Corte Constitucional,
Sentencia T-767/15 de 16 de diciembre de 2015. M. P. Gabriel. Eduardo Mendoza Martelo.
Referencia: Expediente T-4260336).
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia de 10 de febrero de 2011. M. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad: 25000-
23-25-000-2001-07885-01(1653-08).
23
Sentencia T-014 de 2019. Expediente T-6.937.173. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24
«...la estabilidad reforzada es predicable de los empleos públicos, específicamente cuando se
trata de cargos que tienen término fijo. En efecto, mientras el vínculo esté vigente, la garantía
constitucional descrita opera plenamente en las condiciones establecidas por la jurisprudencia
de esta Corte, no así cuando se pretende extender el periodo establecido por la ley o cuando el
mismo ya se ha cumplido. En suma, cuando la desvinculación del servicio del Estado se
produce por el vencimiento del periodo establecido en la ley para su ejercicio, dicha protección
no se configura, puesto que la cesación de la función pública operó con ocasión de una causal
objetiva, con lo cual se evita la generación de consecuencias institucionales derivadas de la
vinculación perpetua del funcionario con la administración, situación que estaría en abierta
contradicción con el artículo 125 Superior u con los principios que orientan el ejercicio de la
función pública».
17
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909 de 199425, en sus artículos 1 y 5:
TÍTULO I
OBJETO DE LA LEY
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y principios
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del
sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que
deben regular el ejercicio de la gerencia pública.
Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y
reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública,
conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el
cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la
atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.
CAPÍTULO II
Clasificación de los empleos públicos
Artículo 5º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con
excepción de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política
y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser
ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.
(...)
Las normas transcritas, al ser armonizadas con el marco normativo contenido
en las Leyes 142 y 143 de 1994 y 2099 de 2021, que determinan que la CREG
cuenta con un régimen especial en materia de administración de personal, con
lo cual, los preceptos que se rigen para esta clase de vinculaciones deberán
atender y ser acordes con la naturaleza especial con la que fue creada,
permiten a la Sala deducir los siguientes dos aspectos nodales:
El primero, atinente a que siendo un cargo de periodo fijo, no resulta viable
emplear la figura del encargo cuando se apresta a terminar el periodo legal del
anterior funcionario en propiedad, esto tiene una razón valedera, por cuanto el
25
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
18
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nominador, en este caso el señor presidente de la República en conjunto con su
ministro del ramo, conocen de antemano de la finalización del plazo resolutorio
y que correlativamente les surge el deber de proveerlo con la antelación
necesaria para que no se interrumpan las funciones, con mayor razón cuando
se trata de un cargo como el de experto comisionado, cuyos parámetros de
elegibilidad responden a altas capacidades técnicas y especializadas en el
sector de que se trate.
El segundo, tiene que ver con las situaciones imprevistas que causen el retiro
del experto comisionado en propiedad. En este contexto, surgen dos posibles
caminos: o bien, entender que el silencio de la norma frente a la modalidad de
provisión del empleo en encargo está proscrita; o bien, decantarse por entender
que sí es posible que el nominador haga una designación temporal, mientras se
surte la provisión definitiva de quien lo ocupará en propiedad para el siguiente
cuatrienio.
Al respecto, considera la Sala que la respuesta está en los contenidos de la Ley
909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, sin perder de base que desde años
atrás el legislador quiso otorgar a las comisiones de regulación un carácter
especialísimo y crear un cargo de naturaleza de igual estirpe como lo es el de
experto comisionado y que se contienen en las Leyes 142 y 143 de 1994 y 2099
de 2021.
Pues bien, en la Ley 909 de 2004, la figura del encargo es mencionada y
regulada en los siguientes términos:
Artículo 24. Encargo. Mod. art. 1 Ley 1960 de 2019. Mientras se surte el
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos...
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente,
el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones
descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el
sistema de evaluación que estén aplicando las entidades. Adicionalmente el
empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos
previstos en la ley.
En encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el
cargo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o
definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o
de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su
desempeño.
En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3)
19
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Demandado: Manuel Peña Suárez
(experto comisionado de la CREG en encargo)
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00002-00 Acum
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meses, prorrogables por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo
deberá ser provisto en forma definitiva.
Parágrafo 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que
sean otorgados con posterioridad a la vigencia de esta ley.
Parágrafo 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o
nombramiento provisional, el nominador o quien este haya delegado, informará la
existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del
medio que se indique.
Así las cosas, en materia de vacancias, se advierte la figura del encargo
aplicable a los empleos de carrera y a los de libre nombramiento y remoción,
para situaciones específicas y supuestos fácticos delimitados, sin que figuren
los llamados cargos de periodo fijo con dedicación exclusiva.
Lo anterior, resulta concordante con el tratamiento que se observa se hizo en el
Decreto 1083 de 2015, sobre este punto y temas análogos que permite el
manejo de la designación para los empleos de periodo, como se observa a
continuación:
CAPÍTULO 3
FORMAS DE PROVISIÓN
Artículo 2.2.5.3.1. Provisión de las vacancias definitivas. (...)
Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán
siguiendo los procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan.
Artículo 2.2.5.3.3. Provisión de las vacantes temporales. Las vacantes
temporales en empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas
mediante la figura del encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre
nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo cumplimiento de los
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.
Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo
con empleados de carrera.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un
empleo de libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en
cargo de carrera. El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el
cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el
orden de prioridad establecido en el presente título, mediante acto administrativo
expedido por el nominador.
Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias
temporales, se efectuarán por el tiempo que dure la misma.
CAPÍTULO 4
20
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MOVIMIENTO DE PERSONAL
Artículo 2.2.5.4.1. Movimientos de personal. A los empleados que se
encuentren en servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de
personal.
1. Traslado o permuta.
2. Encargo.
3. Reubicación.
4. Ascenso.
Artículo 2.2.5.4.7. Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir
parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los
cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular,
desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el
siguiente capítulo.
CAPÍTULO 5
DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 2.2.5.5.1. Situaciones administrativas. El empleado público durante su
relación legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones
administrativas:
(...)
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.
(...).
De lo anterior, la Sala encuentra que resulta viable afirmar que la figura del
encargo como modalidad de provisión del empleo o como situación laboral
administrativa, conforme a la normativa precedente fue contemplada de manera
expresa para el experto comisionado con un doble condicionamiento que
resulta concurrente, a saber: la tipología de ser un cargo de periodo fijo y la
manera de ejercerlo con dedicación exclusiva.
En efecto, otro componente se suma al manejo del cargo referido es el atinente
a que la Ley 143 de 1994, como se vio consideraciones anteriores, le agregó
una cualificación importante, en aras de conformar un régimen jurídico especial
propio acorde a la naturaleza técnica de las Comisiones de Regulación, al
establecer que para los nombramientos de los expertos comisionados que las
integran, era necesario contar con «exclusividad» en el ejercicio de las
funciones, sin diferenciar si se trataba de nombramientos definitivos,
provisionales o en encargo. Este aspecto es de gran trascendencia
precisamente por las especificidades que el propio legislador determinó en los
actos de creación e implementación de aquellos.
21
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Conforme a las consideraciones expuestas, la Sala procederá a resolver lo
siguiente:
¿Se infringieron las normas superiores invocadas, por encargar al
demandado del empleo de experto comisionado de la CREG, al
tratarse de un cargo de periodo fijo y de dedicación exclusiva?26
Como se dijo, para la parte actora, el encargo del demandado en el empleo de
experto comisionado de la CREG, mientras se desempeñaba como jefe de una
oficina de la UPME, infringió las normas invocadas27, pues la referida figura no
es aplicable a cargos de periodo fijo de los comisionados, dado que solo está
prevista para aquellos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa, naturalezas que no se predica de aquellos, aunado a que se
desatendió la condición medular de la dedicación exclusiva propia de dicho
empleo.
Dentro de las normas invocadas, varias transcritas en precedencia, la Sala
destaca el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, en la que se fijaron las
cualificaciones concretas para el cargo que se estudia. El referido artículo prevé
lo siguiente:
Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG. La Comisión de
Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad Administrativa Especial
del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada de la siguiente manera:
[…]
d) Por seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva,
nombrados por el presidente de la República para periodos de cuatro (4) años.
[…]
De las pruebas que obran en el expediente, se encuentran demostrados los
siguientes extremos:
(i) El accionado al momento de designarlo en encargo, fungía como jefe de la
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), desde el 1 de febrero de 202328.
26
Corresponde al cargo de violación de normas superiores de la fijación del litigio.
27
Artículos 125 de la Constitución Política; 21 de la Ley 143 de 1994 –mod. art. 44 Ley 2099 de
2021-; 5 y 24 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 2.2.5.5.1, 2.2.5.5.41. 2.2.5.5.42 y 2.2.5.5.43
del Decreto 1083 de 2015)
28
Información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP,
adjuntada como anexo de la demanda.
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Reposa en los antecedentes administrativos remitidos por el Ministerio de Minas
y Energía, que fueron adjuntados con la contestación de la demanda, una
certificación29 en la que se informa:
Que el servidor público MANUEL PEÑA SUÁREZ,... labora en la Unidad de
Planeación Minero Energética, desde el primero de febrero de 2023.
En la actualidad desempeña mediante nombramiento ordinario el cargo de Jefe
de Oficina Código 0137 – Grado 19, en la Oficina de Gestión de Proyectos de
Fondos, cargo de libre nombramiento y remoción.
Al respecto, el Decreto 1869 de 7 de noviembre de 2023, demandado en este
asunto, en su parte considerativa, indicó:
Que el doctor JOSÉ FERNANDO PRADA RÍOS,... presentó renuncia al empleo
de Experto Comisionado Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG).
Que evaluada la solicitud, este despacho encuentra procedente aceptar la
renuncia y declarar la vacancia definitiva del empleo denominado Experto
Comisionado, Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de
Regulación y Energía y Gas (CREG).
Que dadas las necesidades del servicio, se requiere encargar de las funciones
del empleo de Experto Comisionado, Código 0090, al funcionario MANUEL PEÑA
SUÁREZ,... quien actualmente desempeña el empleo de Jefe de Oficina, Código
0137, Grado 19 de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
A partir de esa motivación, resolvió designar al demandado en dicho empleo,
por el término de tres (3) meses o mientras se efectúa la provisión definitiva
correspondiente, así:
Artículo 3. Encargo. Encargar, a partir de la fecha, al funcionario MANUEL
PEÑA SUÁREZ..., de las funciones del empleo denominado Experto
Comisionado, Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG), por el término de tres (3) meses o
mientras se efectúe la provisión definitiva del empleo, sin que implique
separación de las funciones del empleo que viene ejerciendo.
Analizado el contenido del acto se tienen dos situaciones que giran en torno a
que la modalidad de designación fue mediante encargo y que se dejó que el
designado continuara con las atribuciones de su cargo original.
En contraste, esta Sala advierte que el artículo 21 en cita, precisa la naturaleza
jurídica e integración de la CREG y los requisitos que deberán cumplirse para
ejercer el cargo de experto comisionado.
29
Expedida el 14 de marzo de 2023.
23
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Para la Sala, en primer lugar, el encargo, como se esbozó en consideraciones
anteriores, luego de observar toda la normativa, no es procedente en estos
eventos, comoquiera que existen diversos preceptos establecidos en las Leyes
142, 143 de 1994, como también en la Ley 2099 de 2021, que aludieron a
referencias especiales que no pueden ser desatendidas por el nominador, como
se explicó respecto de esta modalidad de designación frente al empleo de
periodo fijo y a la condición inmersa en el mismo en la que se exigió dedicación
exclusiva para un período de cuatro años.
Estos aspectos que se esbozan, son relevantes, debido a que el legislador dotó
al empleo de experto comisionado de la condición de ser de período fijo y con
dedicación exclusiva, las cuales, constituyen una garantía de independencia
que debe caracterizar el ejercicio de la función reguladora que se predica de
estas comisiones30.
Es de subrayar que la jurisprudencia constitucional ha referido que existe un
conjunto de condiciones institucionales que deben cumplir los órganos de
regulación, buscando que esta función sea atendida por instituciones que sean
independientes del Gobierno Nacional y conforme con el perfil que el
30
La Corte Constitucional consideró sobre el particular lo siguiente: El primer rasgo común
estriba en que la función estatal de regulación es ejercida por una autoridad específicamente
creada y concebida para fijar y ajustar de manera continua las reglas de juego a las cuales debe
sujetarse una actividad determinada dentro de un sector socio-económico. Segundo, la
actividad determinada sujeta a regulación, reviste una especial trascendencia en cuanto
compromete el desarrollo del mercado en un ámbito donde, en mayor o menor medida, está
envuelto el goce efectivo de los derechos de las personas y donde se juzga necesario adoptar
medidas de protección social y de corrección de las fallas del respectivo mercado. Tercero, la
autoridad reguladora dispone de instrumentos de regulación peculiares para el cumplimiento de
su misión específica los cuales pueden ser de la más diversa naturaleza según el problema que
ésta deba abordar, puesto que tales instrumentos van desde la mera recepción y divulgación de
información (medida de comunicación), pasando por la intervención en los precios (medida
económica) hasta la adopción de normas y la imposición de sanciones a quienes las infrinjan
(medidas jurídicas). Cuarto, la función de regulación es usualmente confiada a órganos
con un mayor grado de independencia que el que tienen las entidades administrativas
preexistentes en el respectivo país sometidas a controles jerárquicos o de tutela. No
obstante, esta mayor independencia no sustrae a las autoridades de regulación de los
controles característicos de una Estado democrático de derecho puesto que sus actos
pueden ser revisables por los jueces, sus decisiones son objeto de debate político y
legislativo en el Congreso o Parlamento correspondiente, el jefe del ejecutivo dispone de
medios diversos para incidir, así sea en algunos casos de manera general y mediata, en
la orientación de dichas autoridades y sus integrantes y resoluciones están sujetas al
escrutinio de los ciudadanos. Quinto, la función de regulación está fundada en la necesidad
de encontrar y mantener un equilibrio entre intereses legítimos contrapuestos en contextos
socio-económicos de gran dinamismo de tal forma que, a pesar de los cambios frecuentes y
acelerados que se presenten, el Estado disponga de instrumentos para orientar sostenidamente
las actividades socio-económicas reguladas hacia los fines de interés general señalados por el
constituyente y el legislador” Sentencia C-150 del 2003.
24
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legislador establezca en el ámbito de su libertad de configuración31, buscando
que se cumpla con la finalidad de específica de garantizar que las actuaciones
de las comisiones de regulación respondan a las necesidades propias del
sector regulado y no:
[A] las presiones políticas, los motivos coyunturales, el acceso privilegiado de
algunas fuerzas a los procesos decisorios, la captura del regulador por el
regulado, entre otras contingencias que impiden que el órgano regulador actúe
en aras del interés general con miras a proteger los derechos de los usuarios y
asegurar la continuidad y calidad del servicio público correspondiente32.
El anterior razonamiento se fundamenta específicamente en las siguientes
características que se predican de las comisiones de regulación, entre ellas, la
CREG: (i) su carácter colegiado, (ii) su naturaleza técnica y especializada, (iii)
su independencia patrimonial, (iv) el período fijo de sus comisionados y (v) el
sometimiento a un régimen de conflicto de intereses, compatibilidades e
inhabilidades33.
En atención a lo dicho, el período fijo de los comisionados busca hacer menos
probable que se encuentren sujetos a presiones por parte del gobierno de turno,
en tanto supone un plazo específico para el ejercicio del empleo, sin que el
titular pueda ser despojado del mismo, salvo por las razones legales
específicamente establecidas para el efecto, que normalmente se relacionan
con la existencia de decisiones judiciales o administrativas que así lo
dispongan, razón por la cual, los cargos con dicha condición «ocupan una
posición intermedia entre los empleos de carrera y los de libre nombramiento y
remoción»34.
Es de anotar que la anterior connotación no conlleva en sí misma desconocer la
facultad nominadora del presidente de la República respecto de los expertos
comisionados de la CREG, dado que lo buscado es el establecimiento de una
limitante a la facultad discrecional de nombrar, con el fin de garantizar la
independencia de la CREG.
Como segundo aspecto, debe decirse que la Corte Constitucional35 indicó que
los expertos comisionados no son agentes del presidente, debido a que:
31
C-150 del 2003. Título 4.4.1.4.
32
Idem.
33
Sentencia C-048 del 2024. Reitera criterio de la sentencia C-150 del 2003.
34
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020. Radicación:
11001032400020150054200.
35
Sentencia C-048 del 2024 MP. Juan Carlos Cortés González.
25
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(...) Dicho cargo no ha sido calificado por ninguna norma constitucional o legal
con esa naturaleza y la asignación del presidente de nombrar estos funcionarios
obedece al margen de configuración legislativa para definir el empleo público.
Tampoco corresponde con el criterio sentado por la jurisprudencia de que sean
subalternos del presidente y sometidos a sus órdenes y orientaciones para
asegurar el cumplimiento de la agenda y los planes de gobierno, pues esto
contraría el carácter independiente que el legislador, en ejercicio de sus
atribuciones, le asignó a la CREG. De igual modo, esa independencia que se
manifiesta concretamente en la garantía de que los comisionados expertos
puedan desempeñar su función por el período en el que fueron nombrados,
permite que los fines de la regulación constitucional de los servicios
públicos domiciliarios se hagan efectivos. De interpretarse en el sentido
opuesto, se desconocería la independencia de la entidad para el ejercicio de sus
funciones y se obstaculizaría el cumplimiento de los propósitos que asigna la
Constitución a la regulación de los servicios públicos domiciliarios (énfasis fuera
del texto original).
A las mencionadas características, se suma el hecho de ser un empleo de
dedicación exclusiva, que se basa en la idea del ejercicio de una función
regulatoria técnica y altamente especializada. En decisiones de
constitucionalidad, se ha precisado que esa connotación de algunos empleos
de la administración pública, contribuye a la profesionalización y representación
directa de los intereses de la Nación36.
Bajo estas condiciones, la dedicación exclusiva también tiene como fin la
garantía de independencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas,
buscando que los expertos comisionados que la integran solo atiendan al
ejercicio de su función frente al mercado y a los usuarios, así como la
materialización de su independencia en el manejo de los servicios públicos
domiciliarios que son de su competencia, privilegiando el interés general que se
predica de ellos y la función que desempeñan en el marco del Estado Social y
Democrático de Derecho.
En atención a lo dispuesto, le asiste razón a la parte demandante, al señalar
que las dos condiciones del empleo descritas en precedencia, son
incompatibles con la figura del encargo, y que si bien se encuentra consagrada
en el Decreto 1083 del 2015, ella tiene un carácter supletivo frente a
regulaciones específicas de la CREG, por ello responde a la naturaleza de otras
posiciones al interior de la administración pública que son incompatibles con la
forma en que el mismo legislador concibió la figura de los expertos
comisionados.
36
Corte Constitucional, sentencia C-426 del 2020. En reiteración del criterio expuesto en la
sentencia C-827 del 2001.
26
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En criterio de esta Sala, de permitirse el encargo, el presidente de la República
desconocería la necesidad de contar con un período fijo para permitir la
independencia de la comisión en el ejercicio de su función regulatoria, pues
quien llega al cargo en dichas condiciones, se encuentra sujeto directamente a
la facultad del nominador y puede ser removido en cualquier momento, sin la
prerrogativa propia del tiempo que institucionalmente está llamado a ocupar.
Para tal efecto, es de resaltar que esta Sala de Sección37, al decidir una acción
de cumplimiento interpuesta contra el presidente de la República para atender
lo señalado en el literal d) del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, consideró lo
siguiente:
Ahora bien, de su contenido se deriva un mandato o deber de naturaleza
imperativa, expresa e inobjetable a cargo del señor presidente de la república,
consistente en nombrar a 6 expertos que la conforman, pese a que del contenido
de la norma no se precise el modo en que se deben proveer tales cargos
[encargo o permanentemente]. Por tanto, atendiendo a la postura jurisprudencial
de la Sentencia de 25 de enero de 2024 precitada, la Sala comparte la conclusión
mayoritaria del Tribunal de primera instancia en tanto que el presidente de la
república debe nombrar las plazas que resulten vacantes de manera
permanente [modo] por el periodo que señala disposición «períodos de
cuatro (4) años», con el fin de no dejar en incertidumbre la función regulatoria
que la CREG tiene a su cargo. (Énfasis fuera del texto original).
Para esta Sección, permitir que el encargo mantenga el ejercicio de las
funciones del empleo que originalmente ocupa la persona a que se designa,
contrariaría el criterio de «dedicación exclusiva», que determinó el legislador;
por lo cual, quien llegue al cargo ostentando dos condiciones laborales,
afectaría de tajo ese sentido que trajo la norma.
Así las cosas, está claro que el aquí demandado ostenta el empleo en la Unidad
de Planeación Minero Energética (UPME)38, entidad adscrita al Ministerio de
37
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 2 de mayo del 2024. Radicación 25000-
23-41-000-2023-01267-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Con salvamento de voto de la
magistrada Gloria María Gómez Montoya, al considerar que no era de la competencia del juez
de la acción de cumplimiento, establecer condicionamientos a la forma en que se debía de
cumplir el mandato contenido en la norma. Manifestó que si bien era la obligación del presidente
proceder con el nombramiento de los expertos comisionados de la CREG, lo cierto es que no
correspondía por medio de esta acción constitucional, fijar la forma en que ello debería
realizarse.
38
Creada por la Ley 143 de 1994, conforme al artículo 13: ...La Unidad de Planeación Minero
Energética de que trata el artículo 12 del Decreto 2119 de 1992, se organizará como Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con patrimonio propio y
personería jurídica y con regímenes especiales en materia de contratación, de administración
de personal, de salarios y de prestaciones y con autonomía presupuestal...
Por otra parte, la normativa que alude al decreto que se cita, dispuso: Artículo 12. Unidad de
Planeación. Conviértase a la Comisión Nacional de Energía en la Unidad de Planeación Minero
27
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Minas y Energía y, por otro lado, ocupa la posición de experto comisionado de
la CREG, el cual, como ya se indicó, no tiene la condición de agente del
presidente de la República -mucho menos de sus ministros- y, por lo tanto,
debe ejercer sus funciones por fuera del ámbito que se deriva de una relación
legal y reglamentaria con aquellos.
Por tal motivo, la mera vinculación con el cargo principal que desempeña
resulta suficiente para vislumbrar que en el demandado pueden encontrarse
dos intereses, al ser funcionario del Gobierno Nacional y a la vez de la
comisión, aspecto que conllevó a que el primero, tenga un asiento adicional de
aquellos que por ley le corresponden (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y director de Planeación Nacional).
Bajo esta perspectiva, la inexistencia de una prohibición o limitación expresa de
aplicar la figura del encargo a este tipo de empleos debe ceder ante la norma
particular, concreta y especial que, en punto de los expertos comisionados de la
CREG, refiere a las condiciones en que deben ser nombrados, esto es, por un
período fijo y con dedicación exclusiva. A lo anterior, se debe adicionar que
los funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, deben actuar
conforme las competencias y autorizaciones constitucionales y legales, por lo
que sus decisiones están vinculadas en un sentido positivo al principio de
legalidad.
En tal sentido, al tratarse de empleos que no pueden ser ejercidos en encargo,
en tanto implicaría una dependencia que impide trabajar con criterios de
objetividad e imparcialidad ajenos a los intereses del gobierno, lo que es un
aspecto esencial en el trabajo de la Comisión, debe necesariamente bajo dicha
tesitura declararse la nulidad del acto enjuiciado.
Finalmente, para la Sala no parece razonable que siendo de tal importancia la
función regulatoria, y dada la potestad discrecional de que goza el presidente
de la República, este no provea el empleo en forma definitiva y acuda a la figura
del encargo, a sabiendas que el legislador fue claro al establecer que la CREG
será integrada por expertos que en forma exclusiva, materializan las funciones
que el constituyente previó para cumplir con los fines del estado, de cara al
tratamiento de una actividad económica.
Un tercer punto, apunta a que, contrario a lo manifestado por el demandado y
las entidades que contestaron el libelo, no queda duda de que el presidente de
la República para evitar, precisamente, la «parálisis de la prestación de
Energética del Ministerio de Minas y Energía, que tendrá el carácter de Unidad Administrativa
Especial, y cuyo objetivo será la planeación integral del sector minero energético...
28
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servicios», podía nombrar de manera definitiva a estos funcionarios y no en
encargo como lo hizo.
Conforme a lo dicho, la Sala debe comprender que a partir de una lectura con
efecto útil de las Leyes 142, 143 de 1994 y 2099 de 2021, sobre las
expresiones «independiente», «exclusiva» y de «periodo fijo» que caracterizan
a la CREG y a sus comisionados, se advierte que estas no dieron vía libre a
esta situación administrativa, precisamente, porque en la redacción de la
norma, estas palabras se edificaron para evitar la paralización del servicio
público de regulación, con lo cual el nombramiento debía ser provisto en forma
definitiva ante la vacancia absoluta de su titular. Es decir, se observa una
suerte de incompatibilidad entre el encargo y la exclusividad que se predica en
esta clase de empleos.
Finalmente, debe decirse frente a la improcedencia del encargo en esta clase
de cargos que, los atributos de que gozan los comisionados de la CREG
dependen necesariamente que su vinculación se deba al cumplimiento de los
requisitos de identidad y experiencia, al acatamiento de las calidades y por
supuesto a que se trata de empleos de periodo fijo caracterizado, en este caso,
por un libre nombramiento pero su remoción, solo se podrá materializar cuando
se cumpla el plazo fijado o, como es lógico, por situaciones derivadas de
investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales o penales o por declaratoria
de nulidad electoral, este termine de manera anticipada.
Así las cosas, la Sala concluye que, al encargar al señor Manuel Peña Suárez
como experto comisionado de la CREG, el periodo fijo que se estableció para
esta clase de empleos se predica incompatible por cuanto:
1- Una de las garantías que permiten el desarrollo de la función reguladora
por parte de la comisión es que esta sea libre de presiones indebidas,
como lo pueden ser las culminaciones de periodo súbitas, normalmente
presentadas por criterios no técnicos.
2- Esta clase de prerrogativas hacen que la discrecionalidad en el retiro
quede limitada por cuanto, al existir una data exacta de finalización, sea
ese el motivo de salida del empleo y no las situaciones administrativas
pro tempore que normalmente caracterizan los encargos.
3- El importante funcionamiento de la CREG y el desarrollo de las
actividades de sus expertos, hacen que el periodo fijo, sea una
condicionante para que los proyectos de regulación tengan una suerte de
perennidad técnica en el tiempo, y eviten, como es lógico, la injerencia
indebida de aspectos que no tienen esa pericia.
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Demandado: Manuel Peña Suárez
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4- La seguridad en la determinación de las funciones de la CREG a través
de los estudios científicos que hacen sus expertos para aprobación de la
comisión, permite que estos funcionarios desarrollen sus habilidades en
el periodo por el que fueron elegidos, sin que decisiones de otra índole
afecten la pericia con que deben ser reguladas las materias de energía y
gas.
Así las cosas, visto todo lo anterior, debe declararse la nulidad del acto
enjuiciado.
¿Al encargar al demandado en el empleo de experto comisionado
de la CREG, dejando que continuara con el ejercicio del cargo en la
UPME, se desconoció la estructura e independencia de dicha
comisión y se incurrió en incompetencia por parte del Gobierno
Nacional?39
De acuerdo con la parte actora, se desconoció la estructura de la CREG porque
se encargó del empleo de experto comisionado al demandado, mientras era jefe
de Oficina, código 0137, grado 19 de la Unidad de Planeación Minera
Energética (UPME), lo que afectó la independencia de la comisión, sobre todo,
en lo relativo a sus funciones de regulación. Además, el Gobierno Nacional
carecía de competencia para modificar la estructura de la CREG, al haber
designado en esas condiciones al experto comisionado Peña Suárez.
Según el Decreto 1260 de 2013, «Por el cual se modifica la estructura de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)», la entidad tiene la
naturaleza de Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Minas y
Energía y como objeto, entre otros, el de regular los monopolios en la
prestación de los servicios de energía eléctrica y gas combustible.
Artículo 1. Nombre y Naturaleza Jurídica. La Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG), es una Unidad Administrativa Especial, con autonomía
administrativa, técnica y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio
de Minas y Energía.
Artículo 2. Objeto. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene
por objeto regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, cuando la competencia no
sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia
entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los
39
Corresponde a la censura que se condensó en la falta de competencia para expedir el acto
demandado y la carencia de facultad para alterar la estructura de la CREG, que la parte actora
sustentó en la violación del artículo 21 de la Ley 143 de 1994 y el artículo 6 del Decreto 1260 de
2013, indicada en la fijación del litigio.
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monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no
impliquen abusos de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad.
Igualmente tiene por objeto expedir la regulación económica para las actividades
de la cadena de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, en los
términos y condiciones señalados en la ley.
Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las facultades
generales de las comisiones de regulación en los siguientes términos:
Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de regulación
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás
casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos,
para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean
económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y
produzcan servicios de calidad.
Asimismo, el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021 dispone que la CREG está
conformada por:
Artículo 44. Modificar el artículo 21 de la Ley 143 de 1994, de la siguiente
manera: Artículo 21. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La
Comisión de Regulación de Energía y Gas se organizará como Unidad
Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía, que estará integrada
de la siguiente manera: a) Por el Ministro de Minas y Energía, quien la
presidirá; b) Por el Ministro de Hacienda y Crédito Público; c) Por el Director del
Departamento Nacional de Planeación; d) Por seis (6) expertos en asuntos
energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la
República para períodos de cuatro (4) años.
Esta Sala, en relación con la CREG, su naturaleza y funciones, ha señalado
que «[…] dadas las especificidades de la función de regulación de la CREG, en
tanto desarrolla la finalidad social de intervención del Estado en los servicios
públicos, las decisiones que emite deben estar sujetas a estrictos criterios
técnicos que atiendan las características del sector y su dinámica propia, así
como a “parámetros objetivos adoptados después de procesos cuidadosos de
deliberación, con argumentos de orden especializado y orientados a alcanzar
los objetivos de interés general trazados en la ley que fijó el régimen de dichos
servicios.” 40»41
Dicho esto, debe determinarse si, dada la naturaleza de la CREG, esto es, de
unidad administrativa especial, con autonomía, sin personería jurídica y
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, el encargo del demandado, como
40
Corte Constitucional, sentencia C-150 de 2003.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 2
de febrero del 2023. Radicación 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
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experto comisionado, sin desvincularse de su cargo de jefe de la oficina de la
UPME, entidad también adscrita a la cartera de Minas y Energía, afectó la
estructura e independencia de la CREG.
En primer lugar, en cuanto al vicio de falta de competencia en el nombramiento,
debe precisarse que, el cargo propuesto por la parte actora tiene como finalidad
cuestionar la modificación la estructura de la CREG; es decir, lejos de
cuestionar la posibilidad del presidente de la República en elegir a los expertos
comisionados, lo que realmente se discute es esa alteración de la forma con
que se tiene prevista a la comisión, a través del encargo del demandado.
Sobre esta base, la Sala observa que en este punto es dable armonizar el cargo
propuesto por la parte activa relacionado con la improcedencia del encargo, con
la afectación de la estructura, que según se indicó en los libelos, quedó en
entredicho al haberse nombrado al demandado, siendo este funcionario de la
UPME. En otras palabras, conforme al cuestionamiento de la parte actora, este
juzgador reconoce que de forma implícita existe una doble representación por
parte del presidente de la República en la CREG, que alteró la estructura de la
citada corporación.
En segundo momento, y en lo que respecta al desconocimiento de la
independencia de la CREG, la Sala observa que el demandado, mientras
estuvo encargado como experto comisionado, no se desvinculó de sus
funciones primarias en la UPME, lo que demuestra que al no desligarse no tuvo
la dedicación exclusiva y, por ello, se desconoció el fin de la norma en lo que
hace a su independencia.
La Sala frente a este reparo, y en línea con lo expuesto en precedencia, ve que
la independencia de la que goza la comisión se pudo ver lacerada, al incluirse
dentro de sus expertos a un funcionario en el que pervivía un vínculo legal y
reglamentario con una entidad que tiene asiento en la junta directiva de la
CREG.
En otros términos, el hecho de que el demandado hubiere ejercido
simultáneamente su labor como jefe de oficina de la UPME agenciando, como
es lo propio, los intereses de esta entidad, también contribuyó a desplegar sus
actividades, modificando implícitamente la estructura que concibió el legislador
en la Comisión.
Ahora bien, en lo relativo al desconocimiento de la estructura de la CREG, la
Sala observa que, a través del encargo, se personifican los intereses
gubernamentales de la cartera de Minas y Energía, afectando los parámetros
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establecidos por las disposiciones legales, con lo cual se desechó su
organización y funcionamiento.
En este punto, el régimen normativo de los servicios públicos, separan el
actuar, funcionamiento y composición de: i) los miembros de la CREG (en los
cuales tienen asiento todos los funcionarios, incluidos los que representan al
gobierno) y, ii) los expertos comisionados, los cuales fueron concebidos en
forma separada y con actuaciones específicas y diferenciadas en el ámbito de
ciertas competencias que estableció el legislador ordinario.
Sobre esta base, al revisarse la estructura que se fijó en la Ley 142 de 1994, se
puede observar la diferenciación entre quienes conforman al grupo
denominado, «expertos comisionados» de la composición de la CREG en sí
misma. Al respecto, se tiene que esta clase de empleos al ser de dedicación
exclusiva, poseen unas calidades, requisitos específicos y corresponden a una
estructura única y diferenciada de los demás miembros que actúan en la citada
entidad.
Estos expertos tienen perfectamente definida una estructura que cuenta con
identidad propia, a la luz de lo establecido por el artículo 70 ibidem, en la que se
dispuso lo siguiente:
Artículo 70. Estructura orgánica de las comisiones de regulación. Para el
cumplimiento de las funciones que les asigna esta Ley, en el evento de la
delegación presidencial, las comisiones de regulación tendrán la siguiente
estructura orgánica, que el Presidente de la República modificará, cuando sea
preciso, previo concepto de la comisión respectiva dentro de las reglas del
artículo 105 de esta Ley.
70.1. Comisión de Regulación:
a) Comité de Expertos Comisionados.
Esta disposición al ser armonizada con el literal d) del artículo 44 de la Ley 2099
de 2021, permite establecer que esos seis expertos en asuntos energéticos de
dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para
períodos de cuatro años, tienen funciones, calidades, estructura e ingreso único
y autónomo que se ve desarrollado por los preceptos del artículo 6 del Decreto
1260 de 2013, entre las que se destacan, y con exclusión de los demás
miembros que componen la CREG, las siguientes:
3. Formular la agenda regulatoria anual y presentarla para aprobación de la
Comisión.
17. Repartir internamente el trabajo y asignar los asuntos a cada Comisionado.
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22. Proponer ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la
designación de un Experto Comisionado como Director Ejecutivo, en los términos
de la Ley 143 de 1994.
De lo anterior, se desprende con plena claridad que la estructura diferenciada
entre el comité de expertos y la CREG es marcada, comoquiera que sobre los
primeros se edificó una organización independiente la cual, si bien converge
necesariamente con la que despliega en su integridad en la comisión, no por
ello puede predicarse su similitud u homogenización.
Al respecto y dada la separación entre una y otra composición de servidores, el
decreto en estudio diferenció, entre otras cosas, la existencia de actividades y
características que distancian la estructura de estas dos instancias:
1- Los documentos que estudian separadamente el comité de expertos y la
comisión para el ejercicio de sus funciones. (Art. 7 numeral 2).
2- La precisión sobre la función que debe materializar la dirección ejecutiva
de la CREG para dirigir la evaluación de la regulación, presentando
exclusivamente al Comité de expertos los resultados de tal ejercicio. (Art.
7 numeral 3).
3- Las sesiones de la CREG (incluidos los miembros del gobierno junto a
los comisionados) son distintas a las que se desarrollan por parte del
Comité de expertos comisionados. (Art. 7 numeral 15).
4- Este comité de expertos puede proferir decisiones y circulares a la luz de
la diferenciación que dio la normativa antedicha. (Art. 7 numeral 19).
Este apartamiento se nota con mayor profundidad en el Decreto 1573 de 2023,
por medio del cual el Ministerio de Minas y Energía aprobó el reglamento
interno de la CREG, contenido en la Resolución 105 003 del 14 de septiembre
de dicho año, en la que se puede observar los diferentes ámbitos, y con ello,
una marcada estructura del comité de expertos respecto a la comisión en pleno,
así:
Artículo 9. Presentación de los proyectos de actos administrativos y
demás decisiones. El Comité de Expertos decidirá sobre los proyectos
que serán presentados a la Comisión en cada sesión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 de la presente resolución.
Para el análisis de los proyectos de actos administrativos que se van a someter
a consulta, por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha de la
sesión en cuyo orden del día se pretende incluir, la Dirección Ejecutiva
remitirá a los integrantes de la Comisión y a los Superintendentes, en los
temas de su competencia, el texto del proyecto que se someterá a aprobación,
así como el documento técnico que exige el artículo 31 de este reglamento y los
demás insumos que considere necesarios. Este plazo podrá ser inferior en los
casos previstos en el tercer inciso del artículo 34 del presente reglamento.
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Como puede observarse, la CREG tiene una marcada diferencia en su
conformación interna, y en lo que interesa a la presente decisión, son los
expertos comisionados los que poseen una estructura, funciones y finalidades
propias que deben ser amparadas, para así evitar la inclusión de funcionarios
que se encuentran ligados al gobierno de turno, afectando su propia
estructura.
Conforme a lo expuesto, se tiene que, a partir de ese reglamento interno, se
profundiza aún más la diferenciación existente entre los expertos y
propiamente la organización que nutre la CREG, así:
Artículo 17. Decisiones del comité. Las decisiones del Comité de Expertos
constarán en actas que se suscribirán por el director ejecutivo y quien actúe
como Secretario del Comité, o en su defecto deberán tener el visto bueno de
los comisionados que la aprobaron. Las funciones del Comité de Expertos
relacionadas con los aspectos propios de la regulación serán tratadas
internamente y, en caso de discrepancia, deberán ser planteados ante la
Comisión debidamente sustentadas. Cuando una decisión del Comité de
Expertos no sea adoptada por unanimidad, los miembros que salvan su voto
justificarán su posición, de lo cual se dejará constancia en la respectiva acta.
Artículo 27. Informe al Congreso de la República. En cumplimiento de lo
previsto en el parágrafo 5 del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, el informe
semestral al Congreso deberá será revisado por el Comité de Expertos y
presentado para aprobación por la Comisión. En el acta de sesión quedará
informada por parte del Director Ejecutivo la fecha de remisión del respectivo
informe, cuando dicho trámite se haya surtido.
Artículo 28. Coordinación del desarrollo de los proyectos. El Comité de
Expertos distribuirá los proyectos de la agenda regulatoria anual entre los
expertos comisionados, aplicando los siguientes criterios: a) cada proyecto será
liderado por al menos dos expertos comisionados, b) la asignación de proyectos
de regulación de una actividad se distribuirá entre los expertos comisionados,
propendiendo que ningún experto agrupe la coordinación de todos los
proyectos de un sector o actividad.
Artículo 35. Reglas especiales de difusión para la adopción de fórmulas
tarifarias de combustibles líquidos. Cuando la Comisión adopte fórmulas
tarifarias para el sector de combustibles líquidos, observará las siguientes
reglas:
4. El Comité de Expertos deberá elaborar el documento final que servirá
de base para la toma de la decisión y los integrantes de la Comisión
evaluarán este documento, las memorias escritas de las consultas públicas, los
comentarios, las informaciones, los estudios y las propuestas allegadas al
procedimiento.
Con estas precisiones, la estructura que sigue tanto a la Comisión como al
Comité de expertos, permite advertir la autonomía de este último, el cual se
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protege solo si es conformado por personas que no representan directamente
las instrucciones políticas del gobierno de turno, y en el sub judice es claro
que el demandado al fungir como jefe de la oficina de la UPME, adscrita al
ministerio de Minas y Energía, afectó la estructura de la comisión y, por ende,
el Gobierno Nacional no podía haberlo plasmado en los términos que lo hizo,
por lo que excedió su atribución de designación del experto comisionado y
afectó la arquitectura del ente.
Por lo anterior, este cargo también es de recibo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del nombramiento, en encargo, del señor
Manuel Peña Suárez, como experto comisionado de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas (CREG), contenido en el numeral tercero del Decreto 1869 de
7 de noviembre de 2023, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
TERCERO: En firme este proveído, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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