Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01682-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01682-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01682-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
12 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01682-00
Accionante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el Ministerio de Minas y Energía,
a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad2, en contra de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 19 de marzo de 20253 el Ministerio de Minas y Energía interpuso acción de tutela
en procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso que
estimó vulnerado, debido a que al interior del radicado 11001-03-28-000-2024-
00002-004 la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la providencia del 3
de octubre de 2024, declaró la nulidad del nombramiento en encargo de Manuel
Peña Suárez como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía
y Gas – CREG.
1.1. Hechos
1.1.1. Germán Lozano Villegas interpuso demanda de nulidad electoral 5 en contra
del acto de nombramiento en encargo de Manuel Peña Suárez como Experto
Comisionado, Código 0090 de la Planta de Personal de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas – CREG.
1 Obra en el certificado A3478661CDBF803C F9172E6BDE4A3E6A 253C31B49EA4DF55
D110CEE733A8DCC9, índice 2.
2 Obra en el certificado 098954A1E4CB85EE 1A2ED4D4E64EA7B3 49309BD44DA57A69
F10D19401DD02EDA, índice 2.
3 A las 5:20 pm, según el índice 2.
4 Acumulado con el radicado 11001-03-28-000-2024-00024-00.
5 Obra en el archivo 002_DemandaWeb_Demanda del certificado B768C7F77ED8613D E80CA275F30FBC1C
259D361AB0116496 FCE206AB35E0B26A, índice 9.
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1.1.2. En sentencia de única instancia del 3 de octubre de 20246 la Sección Quinta
del Consejo de Estado anuló el nombramiento en encargo de Manuel Peña Suárez
como experto comisionado de la CREG.
Como fundamento, se expuso que la figura del encargo no es viable para proveer
el cargo de experto comisionado, pues no está prevista para empleos de periodo
fijo como el analizado. En ese sentido, señaló que el legislador dotó al cargo de
experto comisionado de dos condiciones: la primera, ser de período fijo, y la
segunda, con dedicación exclusiva, con el fin de garantizar la independencia en el
ejercicio de la función reguladora. Así, no puede entenderse que los expertos
comisionados son agentes del presidente de la República y ambas características
buscan que quien ejerza la posición solo atienda a sus funciones frente al mercado
y a los usuarios, de manera que la figura del encargo resulta incompatible con estos
requisitos.
Por otro lado, se estableció que Manuel Peña Suárez se desempeñó en la Unidad
de Planeación Minero Energética – UPME, adscrita al Ministerio de Minas y Energía
y al mismo tiempo se le encargó de la posición de experto comisionado de la CREG,
lo cual resultó suficiente para establecer que en cabeza de la misma persona se
podían encontrar dos intereses al ser funcionario del Gobierno Nacional y de la
Comisión. Así, se concluyó que el mencionado nombramiento en encargo alteró la
estructura de la CREG, no existió una dedicación exclusiva a sus funciones como
experto comisionado y se desconoció el principio de independencia frente a este
empleo público. En la misma línea, se consideró:
“Finalmente, para la Sala no parece razonable que siendo de tal importancia la
función regulatoria, y dada la potestad discrecional de que goza el presidente
de la República, este no provea el empleo en forma definitiva y acuda a la figura
del encargo, a sabiendas que el legislador fue claro al establecer que la CREG
será integrada por expertos que en forma exclusiva, materializan las funciones
que el constituyente previó para cumplir con los fines del estado, de cara al
tratamiento de una actividad económica”7.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante invocó los siguientes argumentos:
6 Obra en el certificado 5DE69032FDCF827D A5C562C68F68DEFA E9BFF9446212961B
6DB5C72144071323, índice 52 del expediente 11001-03-28-000-2024-00002-00.
7 Folio 28, ibid.
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1.2.1. Alegó que no se configuró una carencia actual de objeto, ya que, pese a que
Manuel Peña Suárez culminó su encargo incluso antes de que se profiriera la
decisión judicial atacada, lo cierto es que esta decisión generó una vulneración de
derechos permanente, pues la entidad se encuentra imposibilitada para ejercer la
figura del nombramiento en encargo de manera provisional cuando las
circunstancias del caso así lo exigen, toda vez que la Sección Quinta interpretó de
manera manifiestamente irrazonable el literal d del artículo 21 de la Ley 143 de 1994,
modificado por el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
También estimó que el razonamiento expuesto por la Sección Quinta ha sido
reproducido en decisiones posteriores, lo que demuestra que los efectos del fallo
atacado han vulnerado sucesivamente los derechos fundamentales del Ministerio,
en razón a que se le ha impedido asesorar e intervenir en el nombramiento en
encargo de expertos comisionados, sumado a que ha imposibilitado al presidente
de la República para que supla de forma provisional las vacantes de la CREG.
1.2.2. Consideró que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
sustantivo, toda vez que fundamentó su decisión en una norma inexistente o
inaplicable al caso concreto, debido a que interpretó de manera manifiestamente
irrazonable el literal d del artículo 21 de la Ley 143 de 1994, porque las
características del cargo de experto comisionado no derivan en la prohibición de
realizar nombramientos en encargo. Además, no existe regulación específica que
determine la procedencia y el alcance de la figura del encargo para los empleos del
período fijo en la CREG, se adoptó una argumentación extrajurídica sesgada
basada en las “creencias peligrosistas de los magistrados”8, el nombramiento en
encargo no vulneró la independencia o autonomía en los empleos en que se
presenta, se afectó desproporcionadamente el deber del presidente de la República
de asegurar el funcionamiento de la CREG y el salvamento de voto del consejero
Pedro Pablo Vanegas Gil dio cuenta de la irrazonabilidad de la decisión.
1.2.3. Adicionalmente, señaló que se desconoció el precedente constitucional, ya
que no se tuvo en cuenta que en las sentencias C 147 de 1998, SU 566 de 2019 y
C 125 de 1998 la Corte Constitucional ha enfatizado que las limitaciones de acceso
8 Folio 19 del certificado A3478661CDBF803C F9172E6BDE4A3E6A 253C31B49EA4DF55
D110CEE733A8DCC9, índice 2.
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a los cargos públicos deben interpretarse de manera restrictiva y se debe preferir la
posición que menos restrinja el derecho de acceso igualitario a cargos públicos.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
El interesado textualmente solicitó:
“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DEL 3 DE OCTUBRE DE
2024 proferida por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, en el
proceso de nulidad electoral identificado con el radicado
11001032800020240000200 (ppal).
TERCERO: ORDENAR a dicha autoridad judicial PROFERIR SENTENCIA de
reemplazo mediante la cual interprete las normas aplicables al caso de manera
razonable y conforme a la Constitución Política y aplique el precedente
constitucional existente”9.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
2.1. Mediante auto del 25 de marzo de 202510 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar, en calidad de demandada, a la Sección Quinta del Consejo de
Estado y, en calidad de terceros con interés, a Germán Lozano Villegas, a Daniel
Currea Moncada, a Manuel Peña Suárez, a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas y a la Presidencia de la República11.
2.2. Daniel Currea Moncada12 intervino en el sentido de señalar que el Ministerio de
Minas y Energía pretende atribuir al Consejo de Estado un “bloqueo inconstitucional
e injustificado”13, imputable únicamente al Gobierno Nacional. También aseguró que
la entidad carece de legitimación en la causa por activa, porque no fue demandada
en el proceso ordinario, sino un mero interviniente. Además, adujo que la solicitud
de amparo carece de objeto, en razón a que la sentencia atacada no tiene el efecto
de bloquear la conformación de la CREG, sumado a que Manuel Peña Suárez ya
no se desempeña como comisionado en encargo. Sostuvo que no se acreditó el
9 Folio 25 del certificado A3478661CDBF803C F9172E6BDE4A3E6A 253C31B49EA4DF55
D110CEE733A8DCC9, índice 2.
10 Obra en el certificado C772D47E5754DE77 763991572B8FF9DE 9723FA3A0791A1D8
B0558F9EB97C07D0, índice 5.
11 Los soportes de notificación obran en los índices 8 y 10.
12 Obra en el archivo 2025.04.04 - Intervención Sr. Currea - Tutela MME del certificado E5E479A1894E6C25
E4F68886E1A5B125 6C8009FC691AC3C4 D046B70099FE6ACF, índice 11.
13 Folio 2, ibid.
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requisito de relevancia constitucional y, en todo caso, no se demostró ninguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.
2.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado14, luego de rendir el correspondiente
informe frente a los hechos que motivaron esta solicitud de amparo, consideró que
la demanda tuitiva está encaminada a abrir un debate en tercera instancia, dado
que es evidente el mero desacuerdo del actor con lo decidido, por lo que no se logró
superar el requisito de relevancia constitucional, máxime cuando la providencia se
dictó en estricto apego al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia consolidada en
materia electoral, así como a las circunstancias específicas del caso concreto y a la
teleología del cargo de experto comisionado, al punto de señalar con claridad los
supuestos en los que la designación del empleo público resulta conforme a derecho.
También sostuvo que no se configuró un defecto sustantivo ni un desconocimiento
del precedente, debido a que no se desconoció la facultad nominadora del
presidente de la República, sino que se especificó que esta discrecionalidad debe
ejercerse acorde con la independencia de la CREG y las providencias citadas como
desconocidas no contienen los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la causa
examinada.
Finalmente, mencionó que el sustento de una acción de tutela no puede ser un
salvamento de voto, ya que, si bien el disenso es un derecho del juzgador, a través
de la vía constitucional la posición minoritaria no puede enervar la decisión adoptada
por la mayoría.
2.4. Los demás interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
Ministerio de Minas y Energía en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado
14 Obra en el certificado 7E3B1F847E761742 60011E053EB96C54 39EF123463B6E1EB
EC55A8F873F3D6E9, índice 13.
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de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la
providencia acusada vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.
3. Cuestión Previa
Respecto de la falta de legitimación en la causa por activa del Ministerio de Minas y
Energía, alegada por Daniel Currea Moncada, esta Sala considera que resulta
evidente el interés que le asiste a la entidad tutelante, toda vez que dentro del
proceso de nulidad electoral fue notificada del auto admisorio del 16 de enero de
202415 en calidad de autoridad que adoptó o intervino en la expedición del acto
demandado, además de que participó activamente en el mencionado litigio, pues a
través de apoderada allegó su respectiva contestación16 y alegó de conclusión17,
razón por la cual se negará la mencionada solicitud.
4. El cumplimiento del requisito lógico-jurídico en el caso concreto
4.1. La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela fue estatuida por
el constituyente de 1991 con el objeto de ser un mecanismo de protección
inmediato, efectivo, concreto y subsidiario de los derechos fundamentales, cuando
quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos del artículo 86
constitucional y del artículo 1º del Decreto 2591 de 199118. Esta protección
“consistirá en una orden para que aqu[e]l respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo”.
15 Obra en el certificado 2473EC5A1635146E 806C398E163BC9EB 2218E85376E4214D
DF15141FF6882CF6, índice 6 del expediente 11001032800020240000200.
16 Obra en el archivo 7_02_2024 CONTESTACIÓN del certificado 21558B7CCE8753EC F1EC3851C37DB3C4
C5F789B31BD8ECC5 FA54EC840EE52786, índice 16, ibid.
17 Obra en el certificado 7816A0522E0086BE C93B103B536A3855 D2992FB2D0871ED4
0FB0FFA273AB4958, índice 44, ibid.
18 Corte Constitucional, sentencias T-130 de 2014 y T-883 de 2008.
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En esa medida, ha señalado la Alta Corte que, en atención a una interpretación
sistemática de la Carta Política y de los artículos 5º y 6º del referido decreto, el
“amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe
una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión”19. Lo
anterior, en tanto “(…) para que la acción de tutela sea procedente requiere como
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”20, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (… )”21.
Así las cosas, ante la ausencia del requisito lógico-jurídico esencial, como lo es la
existencia de una acción u omisión respecto de la cual se pueda efectuar el juicio
de vulnerabilidad de derechos fundamentales, el mecanismo tuitivo resulta
improcedente.
4.2. En el asunto sub examine el Ministerio de Minas y Energía, al acudir al
mecanismo constitucional, expuso que Manuel Peña Suárez culminó su encargo
con anterioridad a que se profiriera la sentencia atacada22, pero en todo caso,
señaló que la vulneración de sus derechos derivó de las reglas fijadas en la
providencia del 3 de octubre de 2024, las cuales, han sido el fundamento de
decisiones posteriores adoptadas por la Sección Quinta y supuestamente le han
obstaculizado el ejercicio de sus funciones.
Vista esta argumentación, la Sala advierte que realmente el hecho que se estimó
como vulnerador de derechos fundamentales no es la anulación del acto de
nombramiento de Manuel Peña Suárez, sino la posición mayoritaria aplicada por la
Sección Quinta en el caso concreto y los efectos que, supuestamente, esta decisión
tuvo en el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Minas y Energía.
4.3. Sobre lo precedente, la Sala indica que no existe una conducta respecto de la
cual efectuar el juicio de vulneración alegado, según se expondrá.
19 Sentencia T-130 de 2014.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Lo cual concuerda con el Decreto 1869 del 7 de noviembre de 2023 en el que se encargó por tres (3) meses
a Manuel Peña Suárez en las funciones del empleo de Experto Comisionado, Código 0090 de la CREG. Obra
en el archivo 10. DECRETO 1869 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2023 de la carpeta ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS MPS de la carpeta 028Memorial y anexos del certificado B768C7F77ED8613D
E80CA275F30FBC1C 259D361AB0116496 FCE206AB35E0B26A, índice 9.
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4.3.1. En primer lugar, la providencia del 3 de octubre de 2024 no es una sentencia
de unificación ni resulta vinculante en los términos del artículo 270 de la Ley 1437
de 2011, por lo que no tiene la virtualidad para obligar al juez de la nulidad electoral
a adoptar esta misma línea argumental con posterioridad. El hecho de que esta
postura se tome a futuro, para siempre, no deja de ser una mera especulación, pues
por ejemplo, es claro que en la Sala de Sección Quinta hay posiciones disímiles
sobre el tema y, en todo caso, cada posible situación nueva es susceptible de ser
revisada por el juez natural, sea ordinario o constitucional, el que, en ejercicio del
principio de independencia judicial, tomará la decisión que en derecho corresponda.
4.3.2. En segundo lugar, la interesada indica que lo considerado en el fallo
censurado implica un bloqueo en el ejercicio de las funciones del Ministerio, lo cual,
para esta Sala, no deja de ser una interpretación carente de fundamentos fácticos,
pues no se demostró tal premisa y esta tampoco se avista.
Ciertamente la Sección Quinta señaló las razones por las cuales la figura del
encargo no era compatible con el nombramiento de Manuel Peña Suárez como
comisionado experto de la CREG al tiempo que ocupaba otra posición en la Unidad
de Planeación Minero Energética – UPME e incluso instó al Gobierno Nacional a
proveer de manera definitiva la vacante. Ello en forma alguna luce como si el actor
esté en imposibilidad de ejercer sus competencias de asesoría e intervención en la
forma como se deben suplir las vacantes en la CREG.
4.4. Así, resulta palmario que, a pesar de que se censuró a la sentencia del 3 de
octubre de 2024 de la Sección Quinta, dada la argumentación del tutelante es claro
que no existe una conducta específica ejecutada por la autoridad judicial
demandada que hubiera generado una afectación a sus intereses, sobre la base de
que el actor pretende denunciar la vulneración de sus derechos a partir de i) suponer
hechos futuros e inciertos, los que, de acaecer, serán solventados por el juez natural
según su criterio autónomo e independiente y bajo el imperio de la ley; y ii) la
interpretación que le da a la decisión confutada, según la cual se afecta el ejercicio
de sus funciones, sin que muestre con un solo ejemplo real que ello sea de esa
manera.
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En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Aclara voto
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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