Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00177-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00177-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00177-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de marzo de 2026
Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00177-00 (acumulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00177-00 (acumulado)1
Demandantes: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CALDERÓN Y OTROS2
Demandada: CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO, SUPERINTENDENTE DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.
Temas: Experiencia relacionada y posgrado en áreas afines. Observaciones
ciudadanas. Recomendaciones de la OCDE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala3 decide en única instancia las demandas acumuladas presentadas contra el acto de
designación de Cielo Elainne Rusinque Urrego, como superintendente de Industria y Comercio.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
Los señores Miguel Ángel Martínez Calderón, Harold Eduardo Sua Montaña, Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe y Daniel Currea Moncada, actuando en nombre propio, instauraron demandas
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra el nombramiento de
Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio, contenido en
el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, expedido por el presidente de la República.
1.2. Hechos
En consideración a que la situación fáctica coincide en todas las demandas acumuladas, la
Sala la sintetiza de la siguiente manera:
Según relata la parte actora, la Presidencia de la República, en su página web oficial, publicó4
la invitación pública para proveer el cargo de superintendente de Industria y Comercio, en
propiedad, a la que acudieron 82 personas, de quienes se publicaron sus hojas de vida, entre
el 9 y el 11 de enero de 2024, para que la ciudadanía remitiera sus observaciones.
Asimismo, afirmaron que el 25 de enero de 2024, en el referido sitio web, se publicó el Decreto
0098 de 2 de febrero 2024, mediante el cual el presidente de la República nombró a Cielo
Elainne Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio; sin que previamente
1
Radicados 11001-03-28-000-2024-00102-00, 11001-03-28-000-2024-00105-00 y 11001-03-28-000-2025-00039-00.
2
Harold Eduardo Sua Montaña, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Daniel Currea Moncada.
3
Derrotada la ponencia presentada por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
4
Del 21 hasta el 28 de diciembre de 2023.
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
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se dispusiera la terminación del encargo de María Paula Belén Arenas Quijano5, esto con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.46 del Decreto 1083 de 2015.
Recordaron que, para ocupar el referido el empleo, el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de
2015 exige los siguientes requisitos:
Calidades. Para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y Comercio,
Superintendente Financiero y Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las
siguientes calidades:
1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas
afines a las funciones del empleo a desempeñar.
2. Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a
desempeñar, adquirida en el sector público o privado, o experiencia docente en el ejercicio la
cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo.
Sin embargo, afirmaron que la demandada no acreditó las calidades para ocupar el cargo de
superintendente de Industria y Comercio, pues no tiene posgrado en áreas afines con las
funciones que debe desempeñar ni tampoco la experiencia relacionada.
Agregaron que no se tuvieron en cuenta las observaciones de la ciudadanía frente a las hojas
de vida publicadas ni las recomendaciones de la OCDE para ocupar este tipo de empleos.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora estimó como normas desconocidas los artículos 125 y 209 de la Constitución
Política, 2 y el inciso 23 del artículo 23 de la Ley 909 de 2004, 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de
2015 y la Resolución 3132 de 20217. Como causales de nulidad invocaron la infracción de
normas superiores en que debía fundarse el acto demandado, la desviación de poder, la falta
de motivación y la prevista en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por falta de calidades y requisitos
de la demandada para ocupar el cargo.
Explicaron que no se tuvieron en consideración las observaciones de la ciudadanía, con lo
cual, a juicio de los actores, se desatendió el deber de motivación, previsto en el numeral 1 del
artículo 8 de la CADH y vulneró la «observación general de 1996 del comité de derechos
humanos»8.
Sumado a lo anterior, manifestaron que el cuestionado nombramiento desatiende
«recomendaciones» de la OCDE9 sobre Política y Gobernanza Regulatoria, según las cuales,
las autoridades que ejercen labores de vigilancia y control de carácter técnico, como el
superintendente de Industria y Comercio, debe estar «libre de control político directo para
hacer cumplir las leyes de competencia», pues la demandada tiene «vínculos políticos» con el
actual presidente de la República.
5
En este punto, sostuvieron que algunos encargos en empleos del orden nacional de la Rama Ejecutiva del Poder Público han terminado
«con antelación» al nombramiento en propiedad.
6
Artículo 2.2.5.3.4 Terminación de encargo y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la
prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados.
7
Por medio de la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
8
Según la cual, «los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el
diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse».
9
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
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Señalaron que el acto acusado se expidió con desviación de poder porque la demandada es
«cercana» a su nominador, es decir, al actual presidente de la República, en tanto, hizo parte
de su campaña política de 2018 e incluso se desempeñó como asesora de relaciones externas
y entre otros cargos del gobierno actual10.
Por otra parte, afirmaron que la designada no cumple con los requisitos exigidos por el artículo
2.2.34.1.211 del Decreto 1083 de 2015 para ser superintendente de Industria y Comercio
porque, según su hoja de vida12, «no cursó» maestría ni doctorado en áreas afines a las
funciones del cargo, como las relacionadas con el derecho comercial, propiedad intelectual,
protección al consumidor, fusiones y adquisiciones, protección de datos personales, prácticas
restrictivas de la competencia, metrología legal y libre competencia, según lo previsto en los
artículos 1.º13 y 3.º14 del Decreto 4886 de 201115.
Lo anterior, teniendo en cuenta que los títulos de posgrado obtenidos por la demandada en
Derecho Constitucional y en Estudios Políticos se relacionan con la Constitución Política, el
derecho penal y de ciudades y territorios, aspectos que «no son afines a las actividades del
cargo referido» tal y como lo dispone la referida norma.
Advirtieron que la accionada carece de experiencia laboral relacionada de diez (10) años o
más, pues solo se ha desempeñado en el ámbito del derecho penal y constitucional y como
«asesora de relaciones públicas», sin que ello tenga semejanza con el derecho de la
competencia, de consumo, de propiedad intelectual, protección de datos o metrología legal y
reglamentos técnicos, materias que son propias de las funciones asignadas al superintendente
de Industria y Comercio16.
Al respecto, mencionaron que, en los cargos ejercidos por la demandada, de acuerdo con su
hoja de vida, no se precisan las áreas específicas de las labores ejercidas, tampoco suma diez
(10) años en cargos de la misma jerarquía del superintendente de Industria y Comercio, esto
es, del nivel directivo.
Hicieron referencia a las recomendaciones de la OCDE en materia de competencia, relativas
a la necesidad de que las funciones del superintendente de Industria y Comercio se desarrollen
con altos estándares de especialidad e idoneidad técnica; las cuales, a su juicio, fueron
desconocidas con el acto demandado.
Finalmente, destacaron que, según la sentencia del 6 de julio de 202317, «[resulta] ajustado al
ordenamiento exigir requisitos de acceso específicos para [las] superintendencias, diferentes
10
Al respecto, indicó que dichos cargos «se puede[n] evidenciar en la hoja de vida de la aspirante al empleo publicada en la página de la
Superintendencia de Industria y Comercio»
11
«Para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero Superintendente de Sociedades, se
deberán acreditar las siguientes calidades:
1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar.
2. Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar, adquirida en el sector público o privado,
o experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo»
12
Publicada para que la ciudadanía manifestara sus observaciones.
13
Que establece las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
14
Que establece las funciones del despacho del superintendente de Industria y Comercio.
15
«Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones».
16
Funciones que, según la Sección Quinta del Consejo de Estado, corresponden a «la protección del consumidor, la promoción y protección
de la competencia, la propiedad industrial, la protección de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones» (Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia de 2 de febrero de 2023. Radicado núm. 11001-03-28-000-2022-00211-00. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio). En el que se estudió la legalidad del nombramiento de Andrés Bernardo Barreto González, como experto comisionado de la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG).
17
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. núm.11001-03-24-000-2022-00328-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. En la cual se negó la
nulidad del artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015.
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a las demás, debido a las labores especializadas ejercidas por estas que devienen de
competencias asignadas directamente por la Constitución».
Aunado a ello, indicaron que el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024 desatendió el principio
de igualdad para el acceso a los cargos públicos, ya que se presentaron otros aspirantes18 que
sí cumplían con los requisitos de formación y experiencia, dispuestos en la ley, que no fueron
tenidos en consideración.
1.4. Admisión de las demandas
En el expediente 2024-00177-00, la demanda formulada por el señor Miguel Ángel Martínez
Calderón, se admitió inicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, mediante providencia del 21 de marzo de 2024. Sin embargo, por auto
del 19 de julio de 2024 advirtió la falta de competencia de la referida corporación para conocer
el asunto y ordenó remitirlo a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Posteriormente por auto del 6 de agosto de 2024, el magistrado ponente de esta Sala Electoral
encontró que el tribunal dejó de resolver un recurso contra la providencia que dispuso remitir
por competencia el asunto y, en consecuencia, ordenó devolver el expediente al tribunal;
finalmente, en proveído del 21 de abril de 2025, el despacho sustanciador de la Sala Electoral
avocó conocimiento del asunto (2024-00177-00).
Lo propio sucedió en el expediente 2024-00102-00, demanda formulada por el señor Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe; inicialmente fue radicada ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, corporación que en la providencia del 20 de
mayo de 2024 admitió la demanda y negó la medida cautelar. No obstante, por auto del 18 de
julio de 2024, el tribunal ordenó remitir el asunto a la Sala Electoral del Consejo de Estado, con
fundamento en la unificación jurisprudencial establecida por la Sección Quinta en el auto del
11 de julio de 2024, dentro del expediente 11001-03-28-000-2024-00125-00. En consecuencia,
a través de la providencia del 17 de enero de 2025 esta corporación avocó conocimiento del
asunto.
En el expediente 2024-00105-00, se admitió la demanda formulada por el señor Daniel Currea
Moncada, en la providencia del 13 de junio de 2024 y se ordenaron las notificaciones de rigor;
lo propio sucedió en el expediente 2025-00039-00, demanda promovida por el señor Harold
Eduardo Sua Montaña, a través de auto del 27 de marzo de 2025 en el cual además se negó
la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
1.5. Contestaciones de las demandas
1.5.1. Cielo Elainne Rusinque Urrego– demandada
Recordó que el cargo de superintendente de Industria y Comercio se cataloga como de libre
nombramiento y remoción, por lo que conlleva el ejercicio de la denominada potestad
discrecional, en virtud de la cual el nominador puede designar y relevar del cargo al funcionario
que lo ocupe, de manera potestativa, sin que se exija una motivación en particular.
18
Sin individualizar los aspirantes.
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Resaltó que, en consecuencia, para el caso bajo estudio, el nominador tiene la posibilidad de
disponer libremente la provisión o retiro del empleo, sin que sea necesario expresar los motivos
que Io llevan adoptar una u otra decisión.
Argumentó que los artículos 2.2.34.1.1 y siguientes del Decreto 1083 de 2015 disponen el
procedimiento que debe adelantarse para el nombramiento del superintendente de Industria y
Comercio. No obstante, en dicha normatividad no se consagra que los comentarios que se
reciban por parte de los ciudadanos constituyan un imperativo para el ejercicio de la facultad
discrecional que ostenta el presidente de la Republica pues ello conllevaría a desnaturalizar la
esencia de este tipo de empleos.
Por lo tanto, consideró que la recepción de las observaciones por parte de los ciudadanos
constituye una expresión del sentir de los intervinientes que puede ser utilizado por el
nominador, sin que ello implique que el presidente deba referirse y hacer un análisis exhaustivo
de ellos.
Comentó que su nombramiento en propiedad supuso la terminación del encargo, el cual se
hizo de manera temporal mientras se establecía quién ocuparía el empleo de forma definitiva;
razón por la cual no advierte irregularidad alguna sobre ese particular.
Además, resaltó que las actuaciones adelantadas por la Presidencia de la República,
relacionadas con nombramientos y terminaciones de encargos anteriores a la designación
demandada, resultan ajenas al objeto de la presente controversia y, por lo mismo, no deben
analizarse.
Agregó que el encargo de María Paula Belén Arenas Quijano culminó al nombrar en propiedad
a la demandada y que carece de relevancia que dicha decisión se hubiera incluido en el
numeral 2. ° del decreto demandado y no en el primero. En todo caso, afirmó que no tenía
término específico, por tanto, esa situación administrativa podía concluirse en cualquier
momento, incluso antes de los tres meses, de conformidad con el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto
1083 de 2015.
En relación con la alegada vulneración de las recomendaciones de la OCDE, sostuvo que no
se individualizó la norma que se considera infringida, ni se demostró su exigibilidad en el
ordenamiento colombiano, como tampoco se advierte que la participación en un proyecto
político o el ejercicio de cargos en el Gobierno Nacional configure «inhabilidad» para ser
designado superintendente de Industria y Comercio.
Asimismo, destacó que el presidente de la República expidió el nombramiento censurado,
acudiendo a la lista de aspirantes que cumplían los requisitos legalmente previstos para el
referido empleo, elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP),
entre los que se encontraba la demandada, quien, de acuerdo con dicha entidad, acreditó 13
años, 3 meses y 30 días de experiencia relacionada.
Aseguró que no se vulneró el principio de igualdad, ni se configuró la desviación de poder
alegada, pues no existieron maniobras tendientes a desconocer los derechos de quienes
acudieron a la invitación pública, sino que, por el contrario, se cumplieron las etapas previstas
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en el artículo 2.2.34.1.319 del Decreto 1083 de 2015, se permitió la participación de todos los
aspirantes al cargo y el DAFP determinó quiénes satisfacían los requisitos para ocupar el
empleo de superintendente de Industria y Comercio.
De otro lado, expuso que los requisitos de formación y experiencia para acceder al cargo de
superintendente de Industria y Comercio están condicionados por ser «áreas afines a las
funciones del empleo a desempeñar» para el caso de la formación; y para la experiencia, se
requiere la denominada «relacionada con las funciones del empleo».
Alegó que la parte actora omitió realizar un análisis comparativo entre las funciones del empleo
a desempeñar y su relación con la formación y experiencia y, por lo tanto, el reparo carece de
sustento. De esta forma, expuso que la parte demandante no indicó las razones por las cuales
los títulos de posgrado que posee no corresponden a las áreas afines al cargo o los motivos
tendientes a determinar que su experiencia no es relacionada a las funciones del cargo, pues
sus alegaciones se reducen a afirmar, de manera vaga, que no cumple con los requisitos.
Argumentó que sí cumple con las exigencias previstas en el Decreto 1083 de 2015, pues las
maestrías que cursó son válidas20 y afines con el cargo de superintendente de Industria y
Comercio.
Como fundamento de lo anterior, expuso que la maestría que obtuvo en estudios políticos de
la «Université Panthéon- Assas (Paris Il)» se relaciona con las funciones previstas en los
numerales 1. °21, 5. °22 y 2523 del artículo 3. °24 del Decreto 4886 de 2011, por cuanto requiere
conocimiento sobre la estructura del Estado y el cumplimiento de reglas y procedimientos
establecidos en el ordenamiento jurídico.
Así, indicó que «en la medida en que al Superintendente de Industria y Comercio le
corresponda velar por el cumplimiento de las reglas y los procedimientos consagrados en el
ordenamiento juridico colombiano, hace que una maestría en Investigación en Estudios
Políticos se relacione con las funciones del cargo, pues aquellos hacen parte de su objeto de
estudio».
En cuanto a la «maestría» en Derecho Constitucional, de la misma universidad, afirmó que se
relaciona con las competencias del cargo, pues impone el estudio de derechos: i) del
consumidor, ii) de la competencia, iii) de la propiedad industrial, iv) del hábeas data, entre otras,
los que tienen como fundamento la Constitución Política. Asimismo, aseguró que este
posgrado tiene la categoría de Maestría, por cuanto así han sido convalidados (por el Ministerio
de Educación Nacional) programas similares cursados en la misma universidad.
19
«ARTÍCULO 2.2.34.1.3. Invitación pública. El Presidente de la República nombrará a los superintendentes a que hace referencia este
Título, previa invitación pública efectuada a través del portal de internet de la Presidencia de la República a quienes cumplan con los requisitos
y condiciones para ocupar el respectivo cargo.
Previo al nombramiento, el Presidente de la República podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o
académicas, sobre el buen crédito de los aspirantes que estime necesarios. Asimismo, podrá realizar entrevistas a algunos de los candidatos».
20
En virtud del artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de 2015.
21
«1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la
protección al consumidor, la promoción y protección de la competencia, la propiedad industrial, la protección de datos personales y en las
demás áreas propias de sus funciones».
22
«5. Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, la protección de datos
personales y en las demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los
procedimientos para su cabal aplicación».
23
«25. Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la Oficina Nacional competente de Propiedad
Industrial».
24
«Funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio».
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Recordó que, en todo caso, para la homologación de esos títulos, cuenta con 2 años a partir
de la posesión, conforme lo dispone el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015.
Explicó que cumple con el requisito de experiencia relacionada de diez (10) años, comoquiera
que las labores desempeñadas25 son afines a las funciones asignadas al cargo de
superintendente de Industria y Comercio, ya que, en general, se enfocan en las áreas del
Derecho Público y Constitucional, similares al referido empleo, pues se relacionan con la
propiedad industrial, la competencia, el hábeas data, los derechos del consumidor, la potestad
sancionatoria, la ejecución de políticas públicas, el procedimiento administrativo y la defensa
judicial, entre otros.
Al respecto, sustentó que los certificados laborales aportados atienden los requisitos previstos
en el artículo 2.2.2.3.8.26 del Decreto 1083 de 2015 y que la experiencia exigida en el artículo
2.2.34.1.2.27 ibidem puede cumplirse con el desempeño de actividades profesionales o de
docente universitario, sin que se requiera que haya sido adquirida en cargos del nivel directivo.
Manifestó que no puede entenderse que el ejercicio del cargo de superintendente de Industria
y Comercio es exclusivo para quienes tengan perfiles orientados al derecho privado, en tanto,
ello desconocería la existencia de funciones relacionadas con el sector público. Tal es el caso,
por ejemplo, de la dirección de la entidad, la intervención en la economía social de mercado,
el ejercicio de potestad sancionatoria administrativa y la protección a los consumidores.
Anotó que, por lo anterior, se exige experiencia profesional relacionada y no específica, lo que
impone concluir que no resulta obligatorio que las funciones desempeñadas en cargos
anteriores sean idénticas a las propias de la Superintendencia de Industria y Comercio28, pues
basta con que sean conexas.
Relacionó las labores desempeñadas en cada uno de los empleos cuya experiencia fue
acreditada ante DAFP, para demostrar la relación con el cargo de superintendente. Igualmente,
para acreditar que supera los diez (10) años exigidos por la norma en el ejercicio de su
profesión.
Por último, consideró que la parte actora pretende crear una inhabilidad o incompatibilidad no
prevista en la ley, asegurando que el acto acusado fue expedido con desviación de poder
porque la demandada ocupó cargos en el Gobierno Nacional y apoya el proyecto político del
presidente de la República.
25
Como directora general del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, asesora, litigante y consultora, profesional universitario
en la Alcaldía de Fusagasugá, en la fiscalía general de la Nación, docente en la Universidad Externado de Colombia, Universidad de
Cundinamarca y Universidad del Rosario, becaria en la Universidad Externado de Colombia.
26
«ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas
por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del
mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas. […] ».
27
«ARTÍCULO 2.2.34.1.2. Calidades. Para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero
Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las siguientes calidades:
1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar.
2. Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar, adquirida en el público o privado, o
experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo».
28
Al respecto, citó «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 06 de mayo de 2010 […] M.P.
Susana Buitrago Valencia» «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta Sentencia del 18 de agosto del 2022,
Exp. 41001-23-33-000-2022-00001-02. [M]P. Pedro Pablo Vanegas Gil» «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de junio de
2023, Rad. 11001-03-28-000-2023-00001-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil».
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1.5.2. Presidencia de la República
Mediante apoderado, intervino para reiterar los argumentos de defensa expuestos por la
demandada en su contestación. Enfatizó que la señora Rusinque Urrego sí cumplió con los
requisitos exigidos por la normativa para desempeñar el cargo de superintendente de Industria
y Comercio.
Sobre el particular, comentó que existen dos formas de acreditar la experiencia de 10 años: la
profesional relacionada con las funciones del cargo o el ejercicio de la cátedra universitaria en
disciplinas relacionadas con las funciones del empleo. Para el efecto, realizó un cuadro
comparativo para demostrar el cumplimiento de dicho requisito.
Anotó que, aun cuando los demandantes alegan que en la parte motiva del acto acusado no
se hizo referencia a las observaciones de la ciudadanía, ello no implica un vicio de nulidad en
los términos propuestos; ello por cuanto, esa etapa de control se surtió a cabalidad, como una
garantía al debido proceso, sin que el presidente estuviera obligado a responder o incluir los
reparos allegados por los ciudadanos.
En lo que concierne a la expedición irregular, por la supuesta indebida terminación del encargo
en el empleo de superintendente de Industria y Comercio, explicó que el nombramiento de la
demandada puso fin a la referida situación administrativa, sin que fuera necesario un acto
previo que así lo dispusiera.
1.5.3. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Intervino mediante apoderado para reiterar las razones de defensa expuestas por la
demandada y la Presidencia de la República. Precisó que cualquier presunta irregularidad con
la terminación del encargo de la señora María Paula Belén Arenas Quijano, como
superintendente de Industria y Comercio, es un asunto que desborda este medio de control,
en el que se discute únicamente la designación de la señora Cielo Elainne Rusinque Urrego.
Explicó que, el hecho de que en el acto acusado se dispusiera en el primer numeral de la parte
resolutiva el nombramiento de la señora Rusinque Urrego y, acto seguido en el segundo
numeral, la terminación del referido encargo no implica una irregularidad que vicie de nulidad
la designación de la demandada, por cuanto no es posible asignar vigencias temporales
diferentes del acto acusado, tal como lo pretende presentar la parte demandante.
Enfatizó que se cumplió con las etapas del proceso, incluyendo las observaciones de la
ciudadanía, opiniones que en todo caso tienen un carácter facultativo en cuanto a su
consideración por parte del presidente de la República.
Respecto a los requisitos para ocupar el cargo, adujo que la demandada los cumple, en tanto
ostenta su título profesional y dos maestrías, en Derecho Constitucional y Estudios Políticos,
ambas obtenidas en Francia; las cuales, además, fueron validadas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública al momento de hacer la verificación.
Sostuvo que los posgrados acreditados son afines al cargo, porque hacen parte del derecho
público, y están directamente relacionadas con las funciones del empleo en que se nombró a
la demandada.
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00177-00 (acumulado)
Mencionó que la experiencia acreditada por la señora Rusinque Urrego, corresponde a 13
años, 3 meses y 30 días, tal y como lo evaluó el Departamento Administrativo de la Función
Pública; la cual, además es relacionada con las funciones del empleo.
1.6. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)29
Por medio de apoderado judicial, la entidad manifestó, en síntesis, que la parte demandante
no cumplió con la carga mínima requerida para argumentar el concepto de la violación
propuesto, así como tampoco se estructuraron los fundamentos fácticos y jurídicos para
acceder a la pretensión anulatoria.
1.7. Trámite Procesal
Mediante providencia del 17 de julio de 2025, se decretó la acumulación de procesos y se
ordenó el sorteo de que trata el artículo 282 del CPACA.
Por su parte, por auto del 25 de agosto de 2025 se dispuso dar el trámite de sentencia
anticipada; por lo tanto, se decretaron las pruebas allegadas por las partes y se fijó el litigio en
los términos que más adelante se precisará. Asimismo, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
1.8. Alegatos de conclusión
1.8.1. Parte demandante - Samuel Alejandro Ortíz Mancipe, Harold Eduardo Sua Montaña
y Daniel Currea Moncada
En síntesis, a su juicio, se demostró que las labores desempeñadas para acreditar la
experiencia no se relacionan con las funciones del superintendente de Industria y Comercio y
sus títulos de posgrado no cumplen con el requisito legal de convalidación por la autoridad
competente ni con el de afinidad.
1.8.2. Demandada
Reiteró la legalidad del decreto de su nombramiento, en tanto cumple con los requisitos para
el ejercicio del cargo de superintendente de Industria y Comercio, lo cual, a su juicio, se
evidencia con las certificaciones laborales y académicas que obran en el expediente.
A su vez insistió en que se cumplieron las etapas del procedimiento de invitación pública,
previsto en el Decreto 1083 de 2015, se permitió la aspiración al cargo de los ciudadanos
interesados y el DAFP realizó la verificación del cumplimiento de las exigencias de las
personas postuladas al empleo, con base en lo cual el presidente la nombró.
1.8.3. Presidencia de la República
Abordó cada uno de los puntos de la fijación del litigio y reiteró los argumentos de defensa del
acto de nombramiento demandado.
29
El 30 de mayo de 2024, 12 de julio de 2024 y el 13 de mayo de 2025, dentro de los exp. núm. 11001-03-28-000-2024-00177-00, 11001-03-
28-000-2024-00105-00 y 11001-03-28-000-2025-00039-00, respectivamente, la entidad solicitó la suspensión del proceso por 30 días, para
intervenir en el asunto, de acuerdo con los artículos 610 y 611 del Código General del Proceso. Luego, se pronunció, mediante escritos del 2
de julio de 2024, 20 de agosto de 2024 y 27 de junio de 2025.
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
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1.8.4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Reiteró los argumentos de defensa del acto acusado, teniendo en cuenta, además, que
superada la etapa probatoria, a su juicio, no se recaudaron elementos de convicción que den
cuenta de los cargos formulados, por lo que solicitó negar las pretensiones de las demandas.
1.8.5. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Consideró que debe negarse la nulidad del nombramiento acusado, en tanto, se demostró que
la demandada cuenta con más de diez años de experiencia relacionada y con la formación en
modalidad de maestría requerida en la norma. Asimismo, sostuvo la falta de configuración de
los cargos de desviación de poder, vinculatoriedad de las recomendaciones de la OCDE, ni las
alegadas irregularidades frente al trámite de la invitación pública.
1.9. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
1.10 Auto para mejor proveer
Mediante providencia del 20 de noviembre de 2025 la sala advirtió la necesidad de decretar,
de oficio, una prueba para mejor proveer, según lo dispuesto en el artículo 213 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
En este asunto, entre otras documentales, se allegó copia del «DIPLOME SUPERIEUR DE
L´UNIVERSITE – DROIT CONSTITUTIONNEL» de la «UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS
(PARIS II) DROIT-ÉCONOMIE-SCIENCES SOCIALES», obtenido por la demandada. Sin
embargo, para la Sala no existía certeza de la equivalencia de dicho título en el ordenamiento
jurídico colombiano, lo cual resulta relevante para resolver la presente controversia. Debido a
lo anterior, se ordenó oficiar al Ministerio de Educación Nacional para que certificara a qué
programa o título, según los otorgados por las instituciones de educación superior colombianas
y las normas internas que regulen la materia, equivale el denominado «DIPLOME SUPERIEUR
DE L´UNIVERSITE – DROIT CONSTITUTIONNEL» y si es oficial o propio, e indicar a qué nivel
(especialización, maestría o doctorado) y el área de conocimiento al que pertenece.
El requerimiento fue atendido por el Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio del 28
de noviembre de 2025, en el que indicó:
El título DIPLÔME SUPÉRIEURE DE L'UNIVERSITÉ - DROIT CONSTITUTIONNEL corresponde a
un título propio francés. Conforme a las disposiciones del parágrafo del artículo 27 de la Resolución
10687 de 2019, que regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior,
los títulos propios pueden ser objeto de trámite de convalidación, bajo el criterio de evaluación
académica, cuando se trate de estudios iniciados con anterioridad al 9 de junio de 2015.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para decidir las presentes demandas de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 5 del artículo 149 de la Ley 1437 de 201130, modificado por el artículo 24 de la
Ley 2080 de 2021, y con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado
por el Acuerdo 434 de 2024, reglamento interno de la corporación.
2.2. Acto acusado
Corresponde al Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, expedido por el presidente de la
República, mediante el cual nombró a Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente
de Industria y Comercio.
2.3. Problema jurídico
Tal como se estableció en el auto del 25 de agosto de 2025, el litigio se contrae a determinar
si debe anularse el nombramiento de Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente de
Industria y Comercio.
Se advierte que los reparos formulados contra la declaratoria de insubsistencia de María
Socorro Pimienta Corbacho como superintendente de Industria y Comercio no serán objeto de
estudio en el proceso de la referencia, pues, como lo señaló la defensa y la ANDJE, resultan
ajenos al objeto de la presente controversia.
Con esa claridad, corresponde a la Sala determinar si con el acto de nombramiento
demandado se incurrió en la causal prevista en el numeral 5. ° del artículo 275 la Ley 1437 de
2011 y fue expedido sin motivación, de forma irregular, con desviación de poder e infracción
de las normas en las que debería fundarse.
Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:
¿El Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024 debe dar cuenta de las observaciones presentadas por
la ciudadanía, respecto de las hojas de vida de los aspirantes que acudieron a la invitación pública
para el cargo de superintendente de Industria y Comercio?
¿La designación de la demandada vulneró el principio de igualdad de acceso a los cargos públicos,
en tanto, otros aspirantes sí cumplían los requisitos para ejercer el cargo de superintendente de
Industria y Comercio y no fueron nombrados?
¿El Decreto 0098 de 2024 incurre en desviación de poder porque la demandada ocupó cargos en el
Gobierno Nacional y participó en la campaña presidencial del actual presidente de la República,
Gustavo Petro Urrego?
Previo a nombrar a la demandada como superintendente de Industria y Comercio, ¿debió terminarse
el encargo de María Paula Belén Arenas Quijano en dicho empleo?
¿La demandada cumple los requisitos exigidos por el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015
para ejercer el empleo superintendente de Industria y Comercio?
30
Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 5.
De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.
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¿Resultan vinculantes las recomendaciones de la OCDE a Colombia sobre políticas de
competencia? y, en caso afirmativo, ¿el nombramiento de la demandada como superintendente de
Industria y Comercio las desconoció?
De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los siguientes ejes
temáticos: i) el marco normativo de los requisitos para ocupar el cargo de superintendente de
Industria y Comercio y, ii) el caso concreto.
2.4. Marco normativo de los requisitos para ocupar el cargo de superintendente de
Industria y Comercio
Es importante destacar que, el artículo 40 de la Constitución Política prevé que «todo
ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político»,
y su ejercicio puede materializarse, por ejemplo, mediante el acceso al «desempeño de
funciones y cargos públicos».
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, «para el Estado colombiano existe un
mandato sobre el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, y la prohibición de
establecer tratos discriminatorios»31.
En ese sentido, el tribunal constitucional advirtió que «el Estado es competente para establecer
las regulaciones que estime adecuadas, siempre que no se desconozca, por ejemplo, la
prohibición de no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social»32.
Con esa claridad, resulta procedente que el ordenamiento jurídico establezca requisitos o
calidades especiales para ocupar cargos públicos, sin que se consideren per se, como una
transgresión al derecho de acceso a dichos empleos, garantizado por la Constitución Política.
Frente a ello, la Sección Quinta, al decidir sobre la legalidad del artículo 1. ° del Decreto 1817
de 2015, que dispone algunas calidades necesarias para ser superintendente de Industria y
Comercio, Financiero y de Sociedades, consideró que «el derecho de acceder a cargos
públicos no tiene carácter absoluto sino relativo, por tal razón, para que sea efectivo, deberán
acreditarse los requisitos que señala [el ordenamiento jurídico]»33.
Lo anterior, conforme a lo concluido por la Corte Constitucional, en los siguientes términos:
Ello se expresa no solamente en el señalamiento previo y general de la forma como se accederá al
desempeño del cargo, lo cual asegura la legitimidad de la investidura (elección o nombramiento),
sino la previsión de las calidades y requisitos que debe reunir aquel en quien recaiga la
designación, las cuales pueden ser señaladas directamente por la Constitución o, en
sustitución de ella, por la ley, ya que es al legislador a quien corresponde establecer las normas
generales aplicables al ejercicio de la función pública, sujetando eso sí todos sus mandatos a la
preceptiva fundamental.34 [Negritas fuera de texto]
En ese contexto, el artículo 53 de la Ley 909 de 200435 revistió de facultades extraordinarias
al presidente de la República para fijar las funciones y requisitos para los empleos públicos y,
31
Corte Constitucional. Sentencia C-077 del 25 de marzo de 2021. MP. Diana Fajardo Rivera.
32
Ibidem.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de julio de 2023. Radicado núm. 11001-03-24-000-2022-00328-00. MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
34
Corte Constitucional. Sentencia C-487 de 1993.
35
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones».
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como consecuencia, fue expedido el Decreto Ley 770 de 2005 36, el cual, dentro de su ámbito
de aplicación, entre otros cargos, se refiere a las superintendencias.
Adquiere relevancia, para este caso, señalar que el decreto en su artículo 2.° se encarga de
definir el concepto de empleo como «el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que
se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito
de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado» (Negrilla de la
Sala).
De igual manera, se resalta el mandato contenido en ese precepto, según el cual las
«competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por
los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el Gobierno
Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo quinto37 del presente decreto,
salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la Constitución
Política o en la ley».
También, en su artículo 9. °, estableció que los «manuales específicos» deberían determinar
«las disciplinas académicas teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el
área de desempeño», en aquellos cargos que se exijan para su ejercicio tener «título o la
aprobación de estudios en educación superior en cualquier modalidad». Resaltando que, su
inciso final, impone que quien sea nombrado superintendente tendrá que «acreditar como
requisito de educación, título en una profesión o disciplina académica y experiencia
profesional».
Asimismo, en su artículo 12, ordenó a las entidades que, en sus manuales de funciones y
requisitos señalaran «las competencias para los empleos que conforman su planta de
personal», esto con la finalidad de identificar las competencias laborales.
Posteriormente, mediante Decreto 1785 de 201438 (artículo 25), se dispuso que, para ocupar
el cargo de superintendente se requiere título profesional, de postgrado en cualquier modalidad
y experiencia profesional relacionada.
A su vez, el artículo 1. ° del Decreto 1817 de 2015, que adicionó el 1083 de 2015, previó que
los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades deben contar
con calidades adicionales a las señaladas, como título de posgrado en maestría o doctorado
en áreas afines a las funciones del empleo y mínimo diez años de experiencia profesional
relacionada, como se cita:
ARTÍCULO 2.2.34.1.2. Calidades.39 Para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y
Comercio, Superintendente Financiero Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las
siguientes calidades:
1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines
a las funciones del empleo a desempeñar.
2. Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar,
adquirida en el público o privado, o experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en
disciplinas relacionadas con las funciones del empleo.
36
«Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004».
37
Este artículo refiere a las «COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS EMPLEOS. El Gobierno
Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos […]».
38
Compilado por el Decreto 1083 de 2015.
39
Adicionado por el Decreto 1817 de 2015, artículo 1.
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2.5. Caso concreto
Como viene de explicarse, le corresponde a la Sala resolver las censuras formuladas por los
demandantes, lo que impone determinar si el acto de nombramiento está viciado de nulidad
por los cargos propuestos. De acuerdo con la fijación del litigio son varios problemas jurídicos
que deben despejarse, por lo que su estudio se abordará de manera individual en el orden
descrito líneas atrás.
• ¿El Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024 debe dar cuenta de las observaciones
presentadas por la ciudadanía, respecto de las hojas de vida de los aspirantes
que acudieron a la invitación pública para el cargo de superintendente de
Industria y Comercio?
Según la parte actora, en el acto demandado se omitió tener en cuenta las observaciones de
los ciudadanos en relación con las hojas de vida de quienes aspiraron al cargo de
superintendente de Industria y Comercio, pues debía darse respuesta a las mismas, en el acto
de nombramiento, lo cual vulneró el numeral 1. ° del artículo 8. ° de la Convención Americana
de Derechos Humanos y el derecho a que los ciudadanos participen en la dirección de los
asuntos públicos, previsto en la «observación general de 1996 del comité de derechos
humanos»40.
Al respecto, la Sala precisa que los accionantes fundan la alegada omisión, de responder a los
comentarios de la ciudadanía, en una observación del comité de derechos humanos de 1996,
sin referirse a una norma jurídica de la cual sea posible predicar obligatoriedad, para efectos
de determinar la legalidad del acto acusado.
Aunado a ello, la proposición aludida solo se prevé, de forma general, que los nacionales
participen en la dirección, debate y diálogos con sus representantes sobre asuntos públicos,
sin que de ello se derive la obligación de incluir las observaciones de la ciudadanía, como
motivación, en los actos de nombramiento del superintendente de Industria y Comercio.
Por otra parte, en cuanto al artículo 8.1 de la CADH, norma que fue incorporada al
ordenamiento jurídico mediante la Ley 16 de 197241, establece el derecho de toda persona «a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter».
De acuerdo con lo anterior, la disposición citada señala cuáles son las garantías que toda
persona debe tener en un proceso penal o de distinta naturaleza, en el que se encuentre
vinculado, aspecto que no se relaciona con la obligación que alegan los accionantes, frente a
manifestarse sobre las observaciones de la ciudadanía a las hojas de vida de los aspirantes al
cargo de superintendente de Industria y Comercio, en el marco de una invitación pública para
proveer dicho empleo.
40
Según la cual, «los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el
diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse».
41
«Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San
José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969».
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En ese orden, se reitera que la parte demandante no señaló que normas podrían haberse
desconocido por la alegada omisión del presidente de la República en el acto demandado, al
no dar respuesta a las observaciones de los ciudadanos en relación con las hojas de vida de
quienes aspiraron al cargo de superintendente de Industria y Comercio.
En efecto, no se advierte una disposición expresa que exija que el acto de nombramiento del
superintendente de Industria y Comercio debió referirse o dar respuesta a las observaciones
de la ciudadanía frente a las hojas de vida de los aspirantes.
De cualquier forma, la facultad de designación del presidente de la República es discrecional,
lo cual conlleva a que una excepción al deber de motivar los actos administrativos sea la
vinculación o desvinculación en los cargos de libre nombramiento y remoción, como lo ha
concluido la jurisprudencia constitucional42 y de lo contencioso administrativo43, siempre que
la decisión de la administración sea razonable y atienda a los fines estatales y calidades e
idoneidad para el desempeño de las funciones.
Según se observa en este asunto, las pruebas44 dan cuenta de que, en efecto, para la provisión
del empleo de superintendente de Industria y Comercio, la Presidencia de la República, a
través de su página web, extendió invitación pública del 21 al 28 de diciembre de 2024, dirigida
a los ciudadanos que quisieran postularse a dicho empleo, en la que se precisaron los términos
para remitir las hojas de vida de los aspirantes, su publicación y la oportunidad para que la
ciudadanía presente comentarios u observaciones al respecto.
Asimismo, en la página web de la Presidencia de la República se publicó la lista de los ochenta
y dos candidatos que presentaron su hoja de vida dentro del término establecido y se advirtió
que, del 9 al 11 de enero de 2024, estaría habilitado el formulario para el envío de
observaciones o comentarios frente a dichos aspirantes.
Una vez culminadas las anteriores etapas, mediante oficio del 12 de enero de 2024, el
secretario general de la Presidencia de la República remitió al Departamento Administrativo de
la Función Pública las hojas de vida de los ochenta y dos (82) aspirantes al cargo, junto con
las observaciones presentadas por la ciudadanía.
Finalmente, por el mismo medio, se comunicó a la ciudadanía 45 que, luego de finalizada la
invitación pública y efectuada la verificación del DAFP sobre el cumplimiento de requisitos de
las hojas de vida presentadas, se eligió a Cielo Elainne Rusinque Urrego para el cargo de
superintendente de Industria y Comercio.
Conforme con lo anterior, es preciso concluir que a la ciudadanía se le permitió presentar los
respectivos comentarios, sin que se advierta que aquellos resultaban vinculantes para el
ejercicio de la potestad nominadora del presidente de la República en este caso.
42
Corte Constitucional. Sentencia C-734 del 21 de junio de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Radicado núm. 170012331000200301412 02(0734-10). MP.
Víctor Hernando Alvarado Ardila.
44
De acuerdo con la certificación del 10 de mayo de 3.35 de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información de la Presidencia de la
República.
45
De acuerdo prueba de publicación en página Web de la Presidencia de la República https://dapre.presidencia.gov.co, aportada en los
anexos de la demanda, correspondiente al expediente 11001-03-28-000-2024-00177-00. Samai, índice 3.
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Por consiguiente, la Sala no encuentra configurada la irregularidad alegada, en tanto, no se
desconocieron las disposiciones invocadas como vulneradas por los actores, así como
tampoco se incurrió en falta de motivación del nombramiento.
¿La designación de la demandada vulneró el principio de igualdad de acceso a
los cargos públicos, en tanto, otros aspirantes cumplían los requisitos para
ejercer el cargo de superintendente de Industria y Comercio y no fueron
nombrados?
Para los actores, se vulneró el principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos, por no
haberse escogido a aspirantes que, según ellos, sí satisfacían las exigencias legales para
ocupar dicho empleo.
En primer lugar, debe reiterarse que el artículo 2.2.11.1.246 del Decreto 1083 de 2015 establece
que, en el caso de los cargos de libre nombramiento y remoción, el nominador tiene facultad
discrecional para nombrar y remover a sus titulares.
En segundo término, la parte demandante en este caso solo se refirió a la existencia de otros
aspirantes que sí cumplían los requisitos para ser superintendente de Industria y Comercio,
sin indicar de qué forma se transgredió la igualdad en el acceso a los cargos públicos.
En ese orden, la Sala tampoco evidencia la alegada transgresión a la igualdad en el acceso a
los cargos públicos, en relación con los aspirantes que no fueron designados por el presidente
de la República en el referido empleo, en tanto, como se precisó, el nombramiento se hizo en
ejercicio de la competencia discrecional del Presidente de la República, sin que se hubieran
demostrado actos discriminatorios frente a los demás ciudadanos que acudieron a la invitación
pública.
¿El Decreto 0098 de 2024 incurre en desviación de poder porque la demandada
ocupó cargos en el Gobierno Nacional y participó en la campaña presidencial del
actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego?
Los demandantes consideran que el acto se expidió con desviación de poder, debido a la
cercanía con su nominador, el presidente Gustavo Petro Urrego, pues la demandada participó
en la campaña política en 2018 y se desempeñó en «varios» cargos en el actual gobierno.
Al respecto, acerca de la causal de nulidad de desviación de poder en los actos administrativos,
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 28 de enero de 2021 47, señaló
que esta «se configura cuando quien ejerce función administrativa expide un acto de dicha
naturaleza que, si bien puede ajustarse a las competencias de que es titular y a las
formalidades legalmente exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden
a efectos de satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó
realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión».
46
«ARTÍCULO 2.2.11.1.2 De la declaratoria de insubsistencia. En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento
ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus
empleados.
En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien
lo desempeña».
47
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 28 de enero de 2021. Radicado núm. 08001-23-33-000-2013-00801-01(3437-16). MP.
William Hernández Gómez.
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00177-00 (acumulado)
Asimismo, la facultad discrecional del nominador en el marco de los cargos de libre
nombramiento y remoción no comprende que pueda ser arbitrario; frente a ello, esta
corporación ha indicado que, por ejemplo, la declaratoria de insubsistencia está amparada por
la presunción de que esta se ejerce con fines de mejoramiento del servicio. Por tanto,
«demostrar la causal de desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena
de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó
con fines distintos a los previstos por la norma»48.
Con la claridad anterior, la causal de nulidad por desviación de poder de los actos
administrativos exige que se demuestre que los motivos de su expedición son ajenos a los
fines estatales y al interés general y exceden la facultad de la autoridad nominadora para
efectuar el correspondiente nombramiento.
Si bien en este asunto se demostró que la demandada fungió como directora general del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del 13 de septiembre de 2022 al 4 de
septiembre de 2023 y asesoró la «CAMPAÑA PRESIDENTE PETRO» del 24 de marzo al 19
de junio de 2022, ello no demuestra el reparo formulado por los accionantes.
En efecto, el hecho de que la demandada hubiera participado en la campaña política de su
nominador, y ocupado un cargo directivo en el sector central durante el gobierno del actual
presidente, no conlleva que su acto de designación como superintendente de Industria y
Comercio fuera expedido con desviación de poder.
Por el contrario, los antecedentes laborales con el presidente de la República, a la que aluden
los demandantes, lo único que sugiere es una relación eminentemente profesional, sin que
pueda derivarse un interés particular o un propósito distinto al servicio público que debe prestar
con el nombramiento efectuado. De modo que, se insiste, no se advierte que el acto
demandado se encuentre motivado por fines diferentes a los del Estado y al interés general.
En consecuencia, no se demostró, como lo exige la jurisprudencia de esta corporación, que el
acto de nombramiento se hubiera expedido con finalidades individuales distintas de las
previstas en el ordenamiento jurídico, para la provisión del cargo, por lo que no se encuentra
configurada la desviación de poder alegada.
Previo a nombrar a la demandada como superintendente de Industria y Comercio,
¿debió terminarse el encargo de María Paula Belén Arenas Quijano en dicho
empleo?
Para la parte actora, el decreto acusado fue expedido irregularmente, porque no se terminó
previamente el encargo de María Paula Belén Arenas Quijano en el mismo empleo.
De la revisión de los artículos 1. °49 y 2. °50 del Decreto 0098 de 2024 (acto demandado), se
advierte que dispuso nombrar a Cielo Elainne Rusinque Urrego, como superintendente de
48
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Radicado núm. 17001-23-31-000-2003-01412-02(0734-10).
MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
49
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario a la doctora CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO, […], en el empleo de
Superintendente Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
50
Artículo 2°. Terminación de Encargo. Dar por terminado a partir de la fecha el encargo efectuado mediante el Decreto 2175 del 14 de
diciembre de 2023 en el empleo de Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio, a la doctora
MARÍA PAULA BELÉN ARENAS QUIJANO, […], actual directora de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
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Industria y Comercio y terminar el encargo de María Paula Belén Arenas Quijano en el mismo
empleo, respectivamente.
No obstante, es preciso recordar que el presente medio de control tiene por objeto, únicamente,
determinar la legalidad del acto de nombramiento de Cielo Elainne Rusinque Urrego, como
superintendente de Industria y Comercio. Por lo tanto, si bien la culminación del encargo de la
señora María Paula Belén Arenas Quijano en dicho empleo estuvo incluida en el mismo decreto
acusado, es un acto diferente de la administración susceptible de ser demandado de forma
independiente.
En tales condiciones, lo relativo a la terminación del encargo a la que se refiere la parte actora
no es un aspecto que esta Sala deba abordar en este litigio ni que tenga alguna incidencia en
la expedición del nombramiento de la demandada como superintendente de Industria y
Comercio, pues no se trata de un acto preparatorio o de trámite respecto de dicha designación.
Además, conviene poner de presente que, de conformidad con el artículo 2.2.11.1.2 del
Decreto 1083 de 2015, «[e]n los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de
una nueva persona implica la insubsistencia del nombramiento de quien lo desempeña». De
ahí que, con la designación de Cielo Elainne Rusinque en el cargo de superintendente de
Industria y Comercio, se entiende la terminación de cualquier vinculación anterior a la misma.
Por lo expuesto, el presente cargo tampoco está llamado a prosperar, en tanto, las
irregularidades alegadas con la situación del encargo resultan ajenas al acto de nombramiento
demandado.
¿La demandada cumple los requisitos exigidos por el artículo 2.2.34.1.2 del
Decreto 1083 de 2015 para ejercer el empleo superintendente de Industria y
Comercio?
Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, los demandantes
consideran que la señora Cielo Elainne Rusinque Urrego no cumple con los requisitos para
ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio. Por un lado, alegan que no cuenta
con la formación académica exigida en el artículo 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015; lo
propio predican de la experiencia requerida en dicha norma. En efecto, la disposición en
comento establece lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2.34.1.2. Calidades.51 Para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y
Comercio, Superintendente Financiero Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las
siguientes calidades:
1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines
a las funciones del empleo a desempeñar.
2. Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a
desempeñar, adquirida en el público o privado, o experiencia docente en el ejercicio la cátedra
universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo.
La Sala analizará, en primer orden, si, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente 52,
la demandada satisface las exigencias de título de posgrado en maestría o doctorado en áreas
51
Adicionado por el Decreto 1817 de 2015, artículo 1.
52
Oportunamente aportadas y decretadas.
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afines a las funciones legalmente asignadas al cargo de superintendente de Industria y
Comercio, exigidos en el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015, en los términos
establecidos en la fijación del litigio. En segundo lugar, estudiará la experiencia relacionada.
Según se evidencia de las pruebas allegadas al proceso acumulado, la demandada cuenta
con diploma universitario superior en Derecho Constitucional53, expedido por la Universidad
Panthéon – Assas (París II) (DIPLOME SUPERIEUR DE L´UNIVERSITE - DROIT-
CONSTITUTIONNEL), obtenido el 25 de septiembre de 2006.
No obstante, de conformidad con la nominación54 del estudio cursado por la demandada, no
es posible en este asunto asignarlo, específicamente, a uno de los programas de posgrado
válidos en Colombia, previstos en el artículo 10 de la Ley 30 de 1992, esto es, especialización,
maestría, doctorado y postdoctorado, por las siguientes razones.
De acuerdo con la prueba decretada de oficio por la Sala, aportada por el Ministerio de
Educación Nacional, para efectos de determinar la naturaleza y nivel del DIPLÔME
SUPÉRIEURE DE L'UNIVERSITÉ – DROIT CONSTITUTIONNEL [obtenido por la
demandada], este «corresponde a un título propio francés. Conforme a las disposiciones del
parágrafo del artículo 2755 de la Resolución 10687 de 2019», el cual puede ser objeto de
convalidación, «bajo el criterio de evaluación académica, cuando se trate de estudios
iniciados con anterioridad al 9 de junio de 2015» [Negritas fuera de texto].
Igualmente, según dicha cartera ministerial, para establecer la correspondencia del título con
los programas de educación superior autorizados en Colombia y el nivel de formación, es
preciso acudir al trámite de convalidación, dado que es necesario:
[…] estudiar, valorar y emitir un concepto sobre la formación académica adquirida en el
exterior por el solicitante, que implica un análisis técnico integral del contenido del
programa académico, la intensidad horaria total exigida, el número de créditos, la
duración del programa y de los periodos académicos y la modalidad de ofrecimiento.
En ese orden, dicho título obtenido en el exterior por la demandada, requiere de la
convalidación del Ministerio de Educación Nacional para establecer su correspondencia con
los programas académicos en Colombia y su nivel de formación, lo cual no ocurre en este
caso, en tanto, el proceso de homologación respecto del DIPLÔME SUPÉRIEURE DE
L'UNIVERSITÉ – DROIT CONSTITUTIONNEL otorgado a la accionada se encuentra en
trámite56, lo que no permite determinar si el mismo equivale a la categoría de maestría o
doctorado, como lo exige el artículo 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015.
En este punto, debe precisarse que, de acuerdo con el inciso 2.º del artículo 2.2.2.3.4. del
Decreto 1083 de 2015, se permite que, para efectos de tomar posesión de un empleo público,
quienes tengan estudios de pregrado o posgrado en el exterior, puedan acreditarlos, mediante
53
Tal como se precisó, el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 permite acreditar los títulos académicos obtenidos en el exterior con la
correspondiente certificación, dado que la homologación o convalidación puede aportarse dentro de los dos años siguientes a la posesión en
el respectivo empleo.
54
«Diploma universitario superior – Derecho Constitucional» (traducción oficial).
55
«Articulo 27. Títulos propios o no oficiales. No se convalidarán los títulos universitarios no oficiales o propios, dado que estos títulos no
son reconocidos oficialmente por los países de origen.
Parágrafo. Excepcionalmente y de conformidad con el inciso segundo del parágrafo 1 del articulo 62 de la Ley 1753 de 2015, "Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", sólo podrán iniciar el proceso de convalidación, y bajo el criterio
exclusivo de evaluación académica que trata la Subsección Ill de la presente resolución, aquellos títulos universitarios no oficiales o propios,
a los estudiantes que se encontraban matriculados en programas de educación superior, con anterioridad al 9 de junio de 2015».
56
Tal como lo certificó la cartera ministerial en la prueba decretada de oficio.
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los certificados expedidos por la institución de educación superior correspondiente y tendrán
dos años para presentar su homologación.
Conforme a ello, dentro de los dos años siguientes a su posesión la demandada puede tramitar
la convalidación y reconocimiento de los títulos cursados en el exterior.
Sin embargo, la duda que le surgió a la Sala en este asunto al decretar la prueba de oficio
respecto a la convalidación de este título no tiene que ver con su homologación propiamente
en el territorio nacional; sino con el nivel de estudios adquirido con el título obtenido por la
demandada, para determinar con precisión si se trata de una maestría o doctorado, como lo
exige en este caso la norma.
Al respecto, se tiene que, aunque la demandada aportó la Resolución 01518 del 29 de enero
de 2011, por medio de la cual el ministerio convalidó y reconoció el título de DIPLOME
SUPERIEUR DE L´UNIVERSITE -DROIT ADMINISTRATIF a Carlos Víctor Ricaurte Pérez,
«como equivalente al de MAGÍSTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO», lo cierto es que
dicha decisión fue adoptada por la autoridad competente57, para un caso concreto diferente
del que aquí se estudia.
En ese sentido, no es posible asimilar dos situaciones con características particulares, las
cuales requieren de una evaluación individual e integral por la autoridad administrativa, que
dependerá de aspectos como el contenido, duración, intensidad horaria, entre otras
características del programa académico, de conformidad con lo expuesto por el Ministerio de
Educación en la certificación allegada al proceso.
Así, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, no es posible concluir el nivel de
posgrado al que equivale el «diploma universitario superior» de la accionada y si, en
consecuencia, satisface lo requerido por la norma mencionada, para ejercer el cargo de
superintendente de Industria y Comercio, por lo que no hay lugar a estudiar su afinidad con
dicho empleo.
En consecuencia, el referido título allegado por la demandada, no es posible tenerlo en cuenta
para acreditar el cumplimiento del requisito de la norma citada líneas atrás, que exige un
estudio de posgrado a nivel de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo
a desempeñar.
Ahora bien, en la verificación y análisis de la hoja de vida58 de la demandada realizada por el
DAFP, en relación con los requisitos de educación, se tuvieron en cuenta sus títulos de: i)
abogada de la Universidad Externado de Colombia y ii) máster en Estudios Políticos de la
Universidad Paris II.
Sin embargo, para los demandantes, el referido título de posgrado no resulta afín con las
funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio. De acuerdo con las pruebas
aportadas al expediente, se acreditó que la demandada, antes de acceder al cargo, obtuvo el
título académico de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Panthéon –
Assas (París II), el 6 de octubre de 2006.
57
De acuerdo con la Resolución 10687 del 09 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, esta entidad es la competente para
convalidar los títulos de posgrado obtenidos en el exterior.
58
Visible en Samai, índice 45.
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Sobre el punto, la Sala evidencia que el título obtenido por la demandada de máster en
Ciencias Políticas y Sociales, según la traducción oficial aportada al expediente, corresponde
a la categoría de maestría, de conformidad con el inciso 5. ° del artículo 25 de la Ley 30 de
1992, según el cual «los programas de maestría, doctorado y post-doctorado, conducen al
título de magíster, doctor, o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales
deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento».
Ahora bien, para determinar la afinidad del máster realizado por la señora Rusinque Urrego, la
Sala advierte en primer término que, si bien el artículo 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015
no trae limitación expresa sobre los estudios que pueden acreditarse para aspirar al cargo de
superintendente de Industria y Comercio, lo cierto es que sí establece un parámetro normativo
para comprobar la afinidad: las funciones del empleo a desempeñar.
Luego, si bien el Decreto 1083 de 2015 no define el término «afinidad», al que refiere en su
artículo 2.2.34.1.2, debe entenderse como proximidad o semejanza59 con las labores
asignadas al empleo.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que esta Sala60 ha estudiado el cumplimiento de
los requisitos académicos para ocupar cargos públicos del nivel territorial, de conformidad con
los criterios previstos en el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015, que consagra lo
siguiente:
ARTÍCULO 2.2.3.5 DISCIPLINAS ACADÉMICAS. Para efectos de la identificación de las
disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de
estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las
entidades y organismos identificarán en el manual de funciones y de competencias laborales los
Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas académicas o
profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a continuación: (…).
No obstante, resulta necesario realizar una claridad conceptual, para poder determinar con
precisión la afinidad con las funciones del empleo que trae el artículo 2.2.34.1.2. del Decreto
1083 de 2015 para el asunto bajo estudio y de esta manera darle el alcance adecuado a la
exigencia de formación académica prevista para el cargo.
Por un lado, se tiene que el Área de Conocimiento es la agrupación que se hace de los
programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos
específicos del conocimiento, en los de acción de la educación superior cuyos propósitos de
formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones,
disciplinas y se clasifican así: a) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias
de la Educación, d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía,
Administración, Contaduría y afines; g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; y h)
Matemáticas y Ciencias Naturales61.
Ciertamente, en el Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas, se agrupan varias
disciplinas, en las que se encuentran Derecho y Ciencias Políticas, como se aprecia en el
siguiente cuadro:
59
Según la Real Academia Española «Proximidad, analogía o semejanza de una cosa con otra».
60
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de febrero de 2025. Radicado núm. 19001-23-33-000-2024-00050-01. MP. Luis
Alberto Álvarez Parra.
61
Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.3.5.
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Antropología, Artes Liberales
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Ciencia Política, Relaciones Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y Afines
Ciencias Sociales y Deportes, Educación Física y Recreación
Humanas Derecho y Afines
Filosofía, Teología y Afines
Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial
Geografía, Historia
Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y Afines
Con todo, el Núcleo Básico del Conocimiento – NBC corresponde a la división o clasificación
de un Área del Conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales; obedece
entonces a un deber de especificidad y, por ello, el manual de funciones de contener los NBC
necesarios para cada empleo.
En este asunto en particular, para validar la formación académica de la demandada, se hace
necesario acudir al manual de funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio,
que identifica los conocimientos básicos para dicho empleo, en tanto que la norma exige un
estudio comparativo de afinidad entre el título obtenido y las labores a desempeñar en la
referida dignidad.
De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente62 en el manual de funciones del cargo
objeto de análisis, se identifican los «conocimientos básicos o esenciales» así:
Marco conceptual y normativo sobre protección del consumidor
Marco conceptual y normativo sobre protección de la competencia
Marco conceptual y normativo sobre propiedad industrial
Marco conceptual y normativo sobre protección de datos
Marco conceptual y normativo sobre metrología legal y reglamentos
técnicos
Constitución Política
Gestión integral de proyectos
Administración Pública
Igualmente, según se observa de la certificación expedida por la coordinadora del Grupo de
Trabajo de Administración de Personal de la Superintendencia de Industria y Comercio y que
obra en el expediente acumulado, el propósito principal del superintendente es el siguiente:
En consideración a lo anterior, es posible afirmar que la demandada no demostró haber
cursado un posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones
del empleo. El máster en Ciencias Políticas que pretende hacer valer la señora Rusinque
Urrego no guarda afinidad con las labores de superintendente de Industria y Comercio, que
62
Según consta en la certificación expedida por la coordinadora del Grupo de Trabajo de Administración de Personal de la Superintendencia
de Industria y Comercio y que obra en el expediente acumulado.
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exige conocimiento sobre el marco conceptual y normativo sobre protección al consumidor, de
la competencia, de la propiedad industrial, la protección de datos, metrología legal y
reglamentos técnicos, Constitución Política, Gestión Integral de Proyectos y Administración
Pública.
Si bien la Ciencia Política es una disciplina que está agrupada en la misma Área de
Conocimiento del Derecho, no por ello es posible concluir que el Núcleo Básico de
Conocimiento del máster obtenido por la demandada, es afín a las funciones del cargo en el
que fue nombrada. Por un lado, la demandada no acreditó cuál es el programa de estudios
que cursó para demostrar su correlación o semejanza con las funciones del superintendente
de Industria y Comercio.
Por otro lado, se insiste que el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015 es enfático en
señalar que el posgrado debe ser afín a las labores del empleo; como quedó visto, los
conocimientos básicos o esenciales previstos en el manual de funciones en este caso
obedecen a materias específicas del derecho de la competencia, propiedad industrial,
protección de datos y del consumidor, entre otros.
En consecuencia, la especificidad en las funciones del cargo impide llevar a cabo una simple
correlación genérica sobre áreas de conocimiento afines como sucede con el Derecho y las
Ciencias Políticas o incluso con otras como Filosofía, Comunicación Social o Sociología. Si
bien aquellas convergen en el estudio de las Ciencias Sociales, se distancian en núcleos
básicos esenciales del conocimiento; en este caso, particularmente, las labores del cargo
demandan una comprensión normativa específica de los asuntos que le compete supervisar,
vigilar y controlar a la superintendente de Industria y Comercio.
De manera que, por la nominación del título de posgrado obtenido por la demandada, es
posible afirmar que tuvo como objeto único el estudio de las ciencias políticas, disciplina que
no resulta afín con los conocimientos básicos esenciales definidos por el manual de funciones
del cargo para el cual fue nombrada. Por lo tanto, la Sala considera que la demandada no
cumple con el requisito de formación académica exigida por el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto
1083 de 2015.
Ello resulta suficiente para declarar la nulidad del acto de nombramiento demandado, pues no
se acreditó una de las exigencias legales para ocupar la referida dignidad; sin embargo,
comoquiera que la parte demandante aduce que la señora Rusinque Urrego tampoco cumplió
con la experiencia relacionada prevista en la citada disposición, la Sala procederá igualmente
con su análisis.
Al respecto, debe recordarse que el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 definió la
experiencia como «los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio». Así, existe, entre otras, la
experiencia profesional relacionada o docente, esto es, la adquirida en el ejercicio de «empleos
o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer» y «las actividades de
divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas»,
respectivamente.
La Sección Quinta ha precisado que la acreditación de experiencia relacionada «supone que
las funciones pueden ser parecidas, semejantes o análogas con las funciones propias del
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cargo»63, lo cual no implica que sean idénticas, a las propias del cargo a proveer, «sin exigir
exclusividad o que se constituya en la actividad principal, sino permitiendo que esa relación
atienda el espectro total de la experiencia acreditada»64.
Asimismo, la Sala Electoral ha concluido que la exigencia de experiencia relacionada no
implica el cumplimiento exacto de las mismas funciones del cargo a ocupar:
Es válido que la administración establezca el perfil que se requiere cumplir para que se pueda
acceder a determinado cargo o empleo público. Uno de esos requisitos puede ser el de acreditar
que el aspirante ha tenido en el pasado otros empleos o cargos o actividades que guarden cierta
similitud con las funciones que debería desempeñar en caso de que fuera nombrado en el cargo
para el cual se ha presentado.
Empero, no se trata de que deba demostrarse que ha cumplido exactamente las mismas
funciones, pues ello implicaría que la única manera de acreditar experiencia relacionada
sería con el desempeño del mismo cargo al que se aspira, lo que resulta a todas luces
ilógico y desproporcionado. Pero sí se debe probar que existe una experiencia en cargos o
actividades en los que se desempeñaron funciones similares.65 [Negritas fuera de texto]
Por tanto, el requisito de experiencia relacionada no puede asimilarse con la denominada
específica, pues ello implicaría «exigir que el desempeño de las funciones fuesen exactas con
rigurosidad, acarrearía que, para poder optar por el cargo, sería necesario la ejecución del
mismo en otro momento, desdibujando el concepto anteriormente analizado»66.
Con esa claridad, deberá analizarse si la demandada cuenta con la experiencia mínima de
diez (10) años en lo público o privado o como docente, relacionada con las funciones del
superintendente de Industria y Comercio, exigida en el numeral 2 del artículo 2.2.34.1.2 del
Decreto 1083 de 2015.
De acuerdo con el análisis efectuado por el DAFP de la hoja de vida67 de la demandada, se
concluyó el cumplimiento de esta exigencia en tanto contaba con 13 años, 3 meses y 30 días
de experiencia relacionada. De acuerdo con los lineamientos precisados anteriormente, la Sala
procederá al estudio de la experiencia de la señora Cielo Rusinque Urrego, de acuerdo con las
pruebas aportadas al proceso.
1. Fiscalía General de la Nación
Empleo o
Empleador/Dependencia Periodo Certificación
labor
Desde el 23 de Certificados expedidos por el jefe de
Dirección Regional de Fiscalías (FGN)
junio de 1999 la Unidad Nacional contra el
Secuestro y la Extorsión y la asesora
Asistente Unidad de Fiscalías ante Jueces de Desde el 30 de
del departamento de Administración
judicial I Circuito Especializado (FGN) julio de 1999
de Personal de la FGN, el 22 de
Unidad de Fiscalías ante Jueces de Desde el 1. ° de marzo de 2005 y el 5 de septiembre
Circuito Especializado (FGN) julio de 1999 de 2023, respectivamente.
63
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de noviembre de 2021. Radicado núm. 11001-03-28-000-2019-00059-00. MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Reiterado en Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2024. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
64
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 1 de febrero de 2018. Radicado núm. 11001-03-28-000-2016-00083-00. MP. Rocío
Araújo Oñate y auto de 20 de febrero de 2020. Radicado núm. 11001-03-28-000-2020-00028-00, CP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Reiterado
en Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2024. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
65
Sección Quinta. Radicado núm. 52001-23-31-000-2010-00021-01. MP. Susana Buitrago Valencia. Reiterado en sentencia del 6 de agosto
de 2024. Radicado núm. 11001-03-28-000-2013-00021-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Op. Cit. Sentencia del 18 de agosto de 2024.
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Visible en Samai, índice 45.
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00177-00 (acumulado)
Desde el 18 de
Dirección Nacional de Fiscalías (FGN)
enero de 2000
Secretario Desde el 30 de
judicial I Unidad Nacional de Fiscalía Delegada mayo de 2003
contra el Secuestro y la Extorsión hasta el 27 de
(FGN) septiembre de
2004.
De acuerdo con los certificados expedidos por la FGN, los cuales cumplen con las exigencias
del artículo 2.2.2.3.868 del Decreto 1083 de 2015, la demandada trabajó en la entidad, del 23
de junio de 1999 al 27 de septiembre de 2004, en los cargos de asistente judicial I y secretario
judicial I.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.7 ibidem, la
experiencia profesional se adquiere «a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de
la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo» (sic).
Sobre el particular, la Sala evidencia que no es posible tener en cuenta la experiencia obtenida
por la demandada en los referidos empleos pues, conforme al contenido de las certificaciones
aportadas, las funciones asignadas a su cargo no se asemejan a las atribuidas al
superintendente de Industria y Comercio.
Lo anterior, en tanto, sus funciones recaen en actividades asistenciales o de apoyo en el
trámite de las investigaciones penales en la fiscalía, como «notificar», «tramitar», «correr
traslados», «suministrar información», «custodiar expedientes», «expedir copias»,
«colaborar», las cuales no guardan similitud con las de manejo o dirección una entidad pública,
como la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, dirigir, asesorar, imponer
sanciones, impartir políticas, ejercer vigilancia y control, velar por el cumplimiento de
disposiciones jurídicas, entre otras, asignadas al superintendente.
Por lo tanto, dado que no se advirtió la relación exigida en el Decreto 1083 de 2015, entre las
actividades ejercidas por la demandada en el cargo de secretaria judicial I de la FGN y las
propias del superintendente de Industria y Comercio, no se tendrá en cuenta el tiempo laborado
en dicho empleo, para efectos de acreditar el requisito de experiencia.
2. Profesional universitario en la Alcaldía de Fusagasugá
Empleo o Empleador Periodo Certificación Descripción de
labor funciones o tareas
realizadas
Profesional Municipio de Desde el 13 de Certificado expedido «Aplicar sus
universitario Fusagasugá febrero al 15 por la directora de conocimientos
Código 219 de julio de Gestión Humana del profesionales en
Grado 04 2007. municipio de temas de derecho
Fusagasugá, el 1. ° de administrativo
septiembre de 2022. aplicables
especialmente a los
sectores de educación
y salud para garantizar
la prestación del
servicio».
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Esto es, «1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 2. Tiempo de servicio. 3. Relación de funciones desempeñadas».
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De acuerdo con la anterior información, obtenida de la certificación correspondiente, se
analizará si las actividades asignadas a la demandada, para el ejercicio del cargo de
profesional universitario en el municipio de Fusagasugá, se asemejan o relacionan con las del
superintendente de Industria y Comercio.
Funciones del superintendente de Funciones del Relación entre funciones
Industria y Comercio Profesional
universitario
Asesorar al Gobierno Nacional y Realizar la La asistencia en temas jurídicos a la oficina de
participar en la formulación de las asistencia jurídica asesoría jurídica de la alcaldía se relaciona con
políticas en todas aquellas materias a la Oficina la función de asesorar al Gobierno Nacional en
que tengan que ver con la protección al Asesora Jurídica las materias de competencia de la
consumidor, la promoción y protección en los asuntos de superintendencia.
de competencia, la propiedad salud y educación
industrial, la protección de datos que se requieran Lo anterior, en tanto en las dos actividades se
personales y en las demás áreas según la encuentra la asesoría a autoridades estatales, ya
propias de sus funciones. (Numeral 1. asignación por sea al gobierno Nacional o a una dependencia de
del artículo 3. ° Decreto 4886 de 2011). reparto. una entidad territorial.
Reconocer los efectos del silencio Proyectar los En las dos funciones las actividades giran en
administrativo positivo en los casos de actos torno a la expedición de actos administrativos.
solicitudes no atendidas administrativos En consecuencia, la experiencia en la proyección
adecuadamente por los proveedores que se requieran de estos para garantizar las gestiones
de servicios de telecomunicaciones para garantizar la municipales sirve de base para la suscripción o
dentro del término legal e imponer las gestión del expedición de dichas decisiones, atribuida al
sanciones que correspondan de municipio en superintendente de Industria y Comercio.
acuerdo con la ley. (Numeral 28 del salud y educación
artículo 3. ° Decreto 4886 de 2011). según el reparto. En general, se trata del apoyo en el ejercicio de
la función administrativa, experiencia necesaria
para el desempeño de un cargo directivo en la
función pública.
Ejercer la vigilancia y control sobre el Elaborar La elaboración de proyectos de acuerdos
cumplimiento de los reglamentos de proyectos de municipales se relaciona con la función de
los juegos promocionales y verificar acuerdo municipal expedir reglamentos en la SIC, en tanto,
que en desarrollo de los mismos se dé en salud y aquellos, por lo general, contienen regulaciones
cumplimiento a las normas de educación con su sobre algunos asuntos de competencia de las
protección al consumidor, de respectiva entidades territoriales. Por lo que, la experiencia
conformidad con lo establecido en la exposición de como profesional universitario guarda relación
Ley 643 de 2001 o las normas que la motivos. con la expedición de los reglamentos que deban
modifiquen o adicionen. (Numeral 22 adoptarse respecto de las materias atribuidas a
del artículo 3. ° Decreto 4886 de la superintendencia.
2011).
Decidir las investigaciones Proyectar Ambas funciones tienen como propósito la
administrativas por violación a las conceptos, emisión de conceptos y la resolución de
normas de protección de la resolver solicitudes y recursos. Por lo tanto, la experiencia
competencia y competencia desleal solicitudes y como profesional universitario en la
que afecten el interés general y recursos en administración municipal se asimila a la
adoptar las sanciones, medidas u materia de salud expedición de aquellos, en el marco de las
órdenes a que haya lugar de acuerdo y educación, materias propias de la SIC.
con la ley. según el reparto.
Sobre todo por cuanto, se insiste, se trata del
Velar por la observancia de las apoyo en el ejercicio de la función administrativa,
disposiciones sobre protección al experiencia necesaria para el desempeño de un
consumidor respecto de los usuarios cargo directivo en la función pública.
de servicios postales y del régimen de
protección a usuarios de los servicios
postales, dar trámite a las quejas o
reclamaciones que se presenten y
resolver los recursos de apelación o
queja que se interpongan contra las
decisiones adoptadas en primera
instancia por los operadores de tales
servicios. (Numerales 16 y 31 del
artículo 3. ° Decreto 4886 de 2011).
Imponer, previa investigación, de Sustanciar en Las funciones en mención se relacionan, en
acuerdo con el procedimiento primera y/o tanto, en ellas se resuelven los procesos
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aplicable, sanciones por violación de segunda instancia administrativos (lo que incluye los trámites
las normas sobre protección al los procesos que sancionatorios) que surjan en la entidad pública
consumidor y del régimen de se le asignen por correspondiente, tanto en primera como en
protección a usuarios de los servicios reparto. segunda instancia.
de telecomunicaciones. (Numeral 30
del artículo 3. ° Decreto 4886 de 2011. En este asunto es clara la potestad sancionatoria
de la Superintendencia de Industria y Comercio,
como de los entes territoriales en las materias
que les competen, como en la infracción de
normas locales (por uso del suelo, orden público
etc); de manera que es posible advertir la
relación en este ejercicio de la profesión.
Dado que la experiencia obtenida por la demandada como profesional está relacionada con
funciones del superintendente de Industria y Comercio, se computarán cinco (5) meses y dos
(2) días, contados desde el 13 de febrero al 15 de julio de 2007.
3. Docente de la Universidad de Cundinamarca
Empleo o Empleador Periodo Certificación o Descripción de funciones o
labor documento tareas realizadas
Docente Universidad de Del 5 de Certificación expedida por Orientación de los núcleos
de hora Cundinamarca febrero de 2007 la directora de Talento temáticos: «Constitución de
cátedra al 30 de mayo Humano de la Universidad Democracia Programa
de 2007. de Cundinamarca, el 5 de Académico de Ingeniería de
septiembre de 2023. Sistemas y Programa
Intensidad Académico de Ingeniería
horaria: 6 horas Electrónica».
semanales.
Como se observa en la tabla, la demandada ejerció como docente de hora cátedra en la
mencionada institución, del 5 de febrero al 30 de mayo de 2007, con intensidad de seis horas
a la semana, en las que orientó el núcleo temático de constitución y de democracia, dentro de
los programas académicos de ingeniería de sistemas y de ingeniería electrónica, áreas que se
relacionan con algunas de las funciones del superintendente de Industria y Comercio, que se
señalan a continuación:
Funciones del
superintendente
Relación con el núcleo temático Constitución de Democracia
de Industria y
Comercio
Previstas en los Las funciones se relacionan con las materias relativas a la Constitución y la democracia, en tanto, las mismas
numerales 1, 2, recaen sobre la estructura y organización del estado, su conformación, el acceso al poder público, soberanía
3, 4, 5, 6, 22, 23, nacional, garantías fundamentales, entre otros, base para la asesoría del poder ejecutivo, la implementación
28 y 31 del de políticas públicas en todos los aspectos en los que tenga injerencia el aparato estatal, como lo son, en este
artículo 3. ° caso, expedición de actos administrativos y reglamentaciones, la garantía del cumplimiento de las normas, la
Decreto 4886 de representación de la nación a nivel internacional, entre otras acciones. Asimismo, aspectos relativos a la
2011. protección al consumidor y protección de datos, presente en las funciones del cargo de superintendente son
protegidos por la Constitución Política, como garantías fundamentales.
Además, de acuerdo con los Núcleos Básicos de Conocimiento previstos en el manual de
funciones del superintendente de Industria y Comercio, uno de los componentes es el de
Constitución Política; de manera que, la demandada, al ser docente de esa cátedra, tiene
relación directa con el NBC exigido.
Para efectos de acreditar la experiencia requerida, se encuentra que la misma coincide con la
reconocida en el municipio de Fusagasugá, por lo que solo se tendrá en cuenta el periodo
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laborado entre el 5 y el 12 febrero de 2007, en virtud del artículo 2.2.2.3.8 69 del Decreto 1083
de 2015.
Asimismo, debe considerarse que dicho artículo, al regular la forma de certificación de la
experiencia, establece que, «cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a
ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas
y dividiendo el resultado por ocho (8)».
En ese orden, para determinar el tiempo laborado por la demandada en la Universidad de
Cundinamarca, teniendo en cuenta que la intensidad horaria diaria es menor a la requerida en
la norma, se sumarán las horas laboradas en el lapso entre el 5 al 12 de febrero de 2007,
resultado que se dividirá entre ocho (horas) para determinar que esta labor le otorga un día de
experiencia, esto de acuerdo con el siguiente cómputo: 7 hrs/8 = 0.875 día.
4. Apoyo en la elaboración de documentos jurídicos (Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia)
Descripción de funciones o
Empleo o labor Empleador Periodo Certificación
tareas realizadas
Apoyo en la Gustavo Del 1. ° de Expedido por Gustavo Apoyo «en la elaboración de
elaboración de Adolfo octubre de Adolfo Ricaurte Tapia documentos estratégicos con
documentos Ricaurte 2007 al 1. ° de (oficial general de la dogmática jurídica y conceptual
jurídicos Tapia 70 octubre de Policía Nacional), el 31 de y trabajos académicos de
2008. agosto de 2022. derecho público con prospectiva
policial».
De acuerdo con la información contenida en la tabla anterior, la Sala evidencia que las
actividades ejercidas por la demandada relativas al apoyo en la elaboración de documentos
jurídicos guardan similitud con las funciones atribuidas al superintendente de Industria y
Comercio, como se explica:
Funciones del Relación con el Derecho Público
superintendente de
Industria y Comercio
Previstas en los numerales El apoyo de la demandada en la elaboración de trabajos académicos en Derecho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 28 y Público se relaciona con las funciones del superintendente, en tanto, dicha
31 del artículo 3. ° Decreto rama del derecho se conforma de las normas que rigen la estructura y organización
4886 de 2011. del estado, su conformación, el acceso al poder público, soberanía nacional,
garantías fundamentales, la función administrativa, la Rama ejecutiva del poder
público, su facultad de ejecutar y hacer cumplir las leyes, entre otras, lo cual sirve
de base, por ejemplo, para la asesoría del poder ejecutivo, la implementación de
políticas públicas en todos los aspectos en los que tenga injerencia el aparato
estatal, la expedición de actos administrativos y reglamentaciones, garantía del
cumplimiento de las normas y representación de la nación a nivel internacional.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, el ejercicio profesional académico de la
demandada en la elaboración de conceptos de derecho público con prospectiva
policial, pueden tener relación con las funciones de policía judicial que cumple el
superintendente de Industria y Comercio para investigar y sancionar violaciones a
la competencia, protección al consumidor, propiedad industrial y datos personales,
entre otros.
Dado que la Sala concluye que la experiencia en dichas labores es relacionada, se
reconocerán once (11) meses, por el periodo comprendido del 1. ° de octubre de 2007 al 1. °
de septiembre de 2008, en tanto, el tiempo laborado desde el 1. ° de octubre hasta el 1. ° de
octubre del mismo año resulta concomitante con la experiencia obtenida como abogada en
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«Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya prestado sus servicios en el mismo período a una
o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez».
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En calidad de ex agregado de Policía ante los Gobiernos de Francia y Benelux.
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asesoramiento jurídico en MIALOT AVOCATS, que, como se mostrará a continuación, se
tendrá en cuenta para efectos del cálculo total:
Tiempo para computar en apoyo en la Periodo laborado
elaboración de documentos
12 meses – 1 mes de experiencia simultánea Lapso total: 1. ° de octubre de 2007 al 1. ° de
como abogada en asesoramiento jurídico en octubre de 2008.
MIALOT AVOCATS = Lapso sin incluir los meses de experiencia
11 meses simultánea:
1. ° de octubre de 2007 al 1. ° de septiembre
de 2008
5. Abogada asesora en «MIALOT AVOCATS»
Empleo o labor Periodo Certificación Descripción de funciones o tareas realizadas
Abogada en Desde el 1. ° de Expedida por Camille «Tareas de asesoramiento jurídico en temas de
asesoramiento septiembre de 2008 MIALOT, el 1. ° de derecho constitucional comparado y derecho
jurídico al 1. ° de septiembre septiembre de 2023. administrativo comparado, tareas de escrituras en
de 2012. demanda y defensa delante de las jurisdicciones
contencioso administrativas francesas»
Tal como se expone, Cielo Elainne Rusinque Urrego ejerció como abogada en «MIALOT
AVOCATS» en labores de asesoría jurídica en derecho constitucional y administrativo
comparado, entre otras tareas.
Adicional a ello, al expediente se aportó documento del 1. ° de septiembre de 2023, que
certifica que «MIALOT AVOCATS» «se dedica principalmente a temas de derecho público,
incluyendo el ordenamiento territorial, la hacienda pública, el derecho inmobiliario público y
privado, la regulación y el derecho de la propiedad industrial, la expropiación y el derecho
preferente de compra. Manifiesto igualmente que mi despacho trata de temas de derecho
comercial de manera secundaria pero habitual».
En ese orden, la Sala encuentra que las tareas desempeñadas se relacionan con las funciones
del superintendente de Industria y Comercio, en el marco de las materias en las que se
desenvuelve la oficina o despacho de abogados, a las que se refiere la citada certificación, tal
como se explica:
Funciones del Labores desempeñadas en «MIALOT Relación entre actividades
superintendente de AVOCATS»
Industria y Comercio
Previstas en los «Tareas de asesoramiento jurídico en temas de El derecho constitucional y administrativo, en los
numerales 1, 2, 3, 4, 5, derecho constitucional comparado y derecho que la demandada brindó asesoría, estudian el
6, 22, 23, 25, 28 y 31 del administrativo comparado, tareas de escrituras conjunto de normas que regulan la estructura y
artículo 3. ° Decreto en demanda y defensa delante de las organización del estado, su conformación, el
4886 de 2011. jurisdicciones contencioso administrativas acceso al poder público, soberanía nacional,
francesas». garantías fundamentales, la función administrativa,
entre otros. En ese orden, los anteriores temas
Temas a los que se dedica el despacho sirven de fundamento para la asesoría al Gobierno
empleador: principalmente al derecho público, Nacional, la implementación de políticas públicas,
ordenamiento territorial, la hacienda pública, la expedición de actos administrativos, convenios,
derecho inmobiliario público y privado, reglamentaciones, garantía del cumplimiento de las
regulación y el derecho de la propiedad normas, la representación de la Nación a nivel
industrial, expropiación y derecho preferente de nacional, entre otras. Asimismo, se evidencia que
compra y, secundariamente, al derecho la oficina donde laboró la demandada maneja
comercial. temas de propiedad industrial, materia sobre la que
recaen las funciones del superintendente de
Industria y Comercio, de los numerales 1, 5, y 25.
Así las cosas, debido a que, para la Sala, la citada experiencia de la demandada está
relacionada con las funciones del superintendente de Industria y Comercio, se computarán
cuarenta y ocho (48) meses, correspondientes al tiempo laborado del 1. ° de septiembre de
2008 al 1. ° de septiembre de 2012.
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6. Docente investigadora en calidad de becaria en la Universidad Externado de Colombia
Empleo o labor Periodo Certificación Descripción de funciones o
tareas realizadas
Beneficiaria del programa Del 1. ° de enero de 2008 al Expedidos por la Adelantar estudios en el exterior.
de becarios en el exterior. 31 de julio de 2013. Universidad Externado de «Los becarios para el doctorado
Colombia, el 9 de mayo de deben remitir un artículo
Universidad Externado de 2024 y el 2 de septiembre semestral sobre temas
Colombia. de 2025 y carta de relacionadas con el área de su
compromiso con la actividad».
institución educativa del 14
de octubre de 2010.
Docente investigador, Del 1°. de agosto de 2013 Expedidos por la Se certifica que fue becaria y
adscrita al Departamento al 17 de diciembre de Universidad Externado de docente investigador en
de Constitucional, en 2013. Colombia, el 18 de enero Derecho Público, adscrita al
calidad de becario. Del 1° de enero de 2014 al de 2018 y 2 de septiembre Departamento de Constitucional,
31 de diciembre de 2014. de 2025. en calidad de becario.
Universidad Externado de Del 1° de enero de 2015 al
Colombia 31 de diciembre de 2015.
Del 1° de enero de 2016
al 31 de diciembre de
2016.
Del 1° de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2017.
En primer lugar, la Sala encuentra que en el expediente reposan documentos relativos a
acreditar la calidad de becaria de la demandada en la Universidad Externado de Colombia, del
1. ° de enero de 2008 al 31 de julio de 2013.
No obstante, de dichos documentos no es posible advertir la vinculación laboral de la
demandada con la referida universidad, durante el lapso mencionado. En efecto, de acuerdo
con la certificación del 2 de septiembre de 2025 de la institución educativa, la demandada «fue
beneficiaria del Programa de Becarios en el Exterior, bajo el cual la Universidad le brindó apoyo
financiero para adelantar estudios en el exterior durante el 1 de enero de 2008 al 31 de julio
de 2013».
En ese orden, no es posible proceder a su estudio, dado que, como quedó demostrado, la
demandada, durante el periodo mencionado, solo contaba con la calidad de estudiante o
beneficiaria del programa de becas y no se evidencia el ejercicio de funciones, que permita
determinar la experiencia profesional relacionada que se exige.
Ahora bien, en cuanto a la experiencia acreditada como docente investigador, en calidad de
becaria, del 2013 al 2017, debe precisarse que la Universidad Externado de Colombia certificó
que, durante ese lapso, no se cuenta con registro de que la demandada hubiera impartido
clases. Ahora, es cierto que la experiencia como docente en el ejercicio la cátedra universitaria,
requerida en el Decreto 1083 de 2015, no se obtiene, únicamente, al dictar asignaturas.
Sobre el particular la Sección Quinta se pronunció en un asunto de similar, para indicar que la
docencia en cátedra universitaria puede ejercerse también, por medio de actividades diferentes
a la de impartir clases:
Para la Sección el ejercicio de la cátedra universitaria es multicomprensivo sobre la modalidad de
su desarrollo en cuanto al método y procedimiento, pues incluye la investigación, las funciones y
elaboración de textos académicos, la producción doctrinaria, así como las demás actividades
intelectuales, y por el contrario no puede ser entendido como una concepción clásica y
antigua que se limitaba a entenderlo como el ejercicio de un profesor en un aula de clase.
En conclusión, se tienen estas actividades como parte de la cátedra universitaria moderna en el
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entendido que se desarrollen dentro del marco de la docencia universitaria en disciplinas jurídicas,
esto es existiendo un vínculo con un establecimiento universitario reconocido oficialmente.
Sin embargo, las certificaciones expedidas por la Universidad Externado de Colombia y los
contratos de trabajo aportados por la demandada, no se adecuan a los requisitos que deben
contener las certificaciones laborales, previstas en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de
2015, por cuanto, si bien contiene el nombre de la empresa, tiempo de servicio, no se precisan
las funciones desempeñadas, pues se limita a precisar que la demandada fungió como
«docente investigador en Derecho Público, adscrito al Departamento Constitucional, en calidad
de becario», pero no se advierte en qué consistió esa labor de investigación.
Por lo tanto, no podrá reconocerse como experiencia relacionada, la labor desempeñada por
la demandada como docente investigadora en la Universidad Externado de Colombia71, por
cincuenta y dos (52) meses y dieciséis (16) días, en los periodos comprendidos entre el 1.
° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 201772, pues no se acreditaron las labores de
investigación que adelantó la demandada durante ese lapso. Así se advierte de la certificación
allegada:
En consecuencia, en conjunto con la certificación que se aportó en el trámite administrativo
previo al nombramiento, y la información allegada al expediente, no hay evidencia de las
funciones desempeñadas durante el tiempo de vinculación como docente investigador de la
demandada, lapso en el cual, además, se advierte que no dictó clases.
7. Apoyo como jurista en la elaboración y traducción de trabajos académicos en derecho
público en «MIALOTS AVOCATS»
Empleo o labor Periodo Certificación Descripción de funciones o
tareas realizadas
Apoyo como jurista en la Desde el 7. ° de Expedida por Camille Brindó apoyo en la
elaboración y traducción de enero de 2018 al MIALOT, el 31 de elaboración y traducción de
trabajos académicos en derecho 31 de julio de agosto de 2022. trabajos académicos en el
público (MIALOTS AVOCATS) 2019 área del Derecho Público.
71
Al respecto, se advierte que al proceso la Universidad Externado de Colombia allegó certificación en la que consta, entre otras cosas, que,
desde el 15 de enero de 2024, la señora Cielo Elainne Rusinque Urrego funge como docente hora cátedra en la misma casa de estudios. No
obstante, dicha experiencia no será tenida en cuenta, en tanto, para el momento de la postulación de las hojas de vida de acuerdo con la
invitación pública para ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio, la demandada aun no se encontraba vinculada con la
universidad, bajo esa modalidad laboral, razón por la cual, el DAFP no lo tuvo en cuenta en la verificación de cumplimiento de requisitos.
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Desagregados en la tabla
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De acuerdo con lo anterior, la demandada estuvo vinculada al despacho de «MIALOT
AVOCATS», en calidad de jurista y apoyó en la elaboración y traducción de trabajos
académicos en el área de derecho público.
No obstante, la referida certificación no se adecua a los requisitos que deben contener las
certificaciones laborales, previstas en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, por
cuanto, si bien contiene el nombre de la empresa y tiempo de servicio, no se precisan las
funciones desempeñadas, pues se limita a precisar que la demandada brindó apoyo «en la
elaboración y traducción de trabajos académicos en el área del Derecho Público», pero no se
advierte en qué consistió esa labor de traducción académica y específicamente sobre qué
temas en dicha área del conocimiento.
La sala debe ser enfática en que la experiencia relacionada para cargos de libre nombramiento
y remoción, como lo es en este caso el de superintendente de Industria y Comercio, se define
por la afinidad, similitud o semejanza de las funciones desempeñadas en determinado empleo,
con las labores específicas de la dignidad a proveer, sin que sea necesaria una igualdad
absoluta. Sin embargo, esta experiencia se valida mediante certificaciones que detallen las
actividades realizadas y permitan advertir la conexión directa con el propósito del cargo.
En este caso, la falta la especificación en la certificación aportada, respecto del trabajo
realizado por la señora Rusinque Urrego en calidad de «jurista» y del apoyo brindado en la
«elaboración de trabajos académicos en el área de derecho público», impiden a la sala hacer
un juicio comparativo de afinidad entre las funciones desempeñadas con aquellas que le
corresponde adelantar como superintendente de Industria y Comercio. Estudio que sí ha
podido adelantarse frente a otras constancias allegadas al expediente, que sí cumplen con las
exigencias previstas por la norma.
En ese orden, la citada labor por dieciocho (18) meses y veinticuatro (24) días,
correspondientes al tiempo laborado entre el 7 de enero de 2018 al 31 de julio de 2019, no
podrá tenerse en cuenta como experiencia relacionada con el cargo de superintendente de
Industria y Comercio.
8. Abogada independiente
Empleo o labor Certificación o Descripción de funciones o tareas realizadas
documento
Abogada, asesora y Declaración «Mediante la representación y/o defensa en acciones de tutela, en
litigante en derecho extraproceso los diferentes juzgados de Bogotá D.C., (Juzgado 12 Penal
constitucional y 1463 del 30 de Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C.,
derechos humanos. agosto de 2023, Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá, Juzgado 30 Penal del
de Cielo Elainne Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y Sala Penal del
Desde septiembre Rusinque Urrego, Tribunal Superior de Bogotá, entre otros despachos judiciales), por
de 2019 hasta en la Notaría 38 medio de intervenciones ante la Corte Constitucional de Colombia
febrero de 2022. del Circuito de con el propósito de reclamar la garantía de los derechos
Bogotá. fundamentales y los principios contemplados en la Constitución
Política y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, y mediante consultorías y/o participación en espacios
académicos relacionados con la estructura del estado social de
derecho en Colombia, la autonomía de las entidades territoriales y la
democracia participativa y pluralista».
Resulta relevante precisar la validez de la acreditación de la experiencia como abogada
independiente, por medio de una declaración extraproceso ante notario, a la luz del Decreto
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Demandantes: Miguel Ángel Martínez Calderón y otros
Demandada: Cielo Elainne Rusinque Urrego, superintendente de Industria y Comercio
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1083 de 2015, puesto que, conforme a su artículo 2.2.2.3.8, «[c]uando el interesado haya
ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante
declaración del mismo».
En consideración a la referida disposición, el tiempo laborado se encuentra acreditado y,
además, se relaciona con las funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio,
de acuerdo con el presente análisis:
Funciones del Actividades ejercidas Relación
superintendente de por la demandada en
Industria y Comercio la asesoría y litigio en
«derecho
constitucional y
derechos humanos»
Previstas en los Elaboración de El asesoramiento y litigio ejercido por la
numerales 1. ° y 5. ° del acciones de tutela e demandada en acciones de tutela y ante la Corte
artículo 3. ° Decreto intervenciones ante la Constitucional busca la protección de garantías,
4886 de 2011. Corte Constitucional por como la protección de datos y del consumidor,
la garantía de los reconocidos en Colombia como derechos
derechos fundamentales, aspectos presentes en las
fundamentales. funciones 1. ° y 5. ° atribuidas al superintendente
de Industria y Comercio.
Previstas en los Consultorías y La estructura del estado social de derecho en
numerales 1, 2, 3, 4, 5, participación académica Colombia recae sobre sus instituciones,
6, 22, 23, 28 y 31 del frente a la estructura del organización, conformación, garantías
artículo 3. ° Decreto estado social de fundamentales, incluida la forma en la que se
4886 de 2011. derecho en Colombia. materializa, por ejemplo, a través de la función
administrativa y las competencias de la rama
ejecutiva del poder público, lo cual sirve de
fundamento para la asesoría del poder ejecutivo,
la implementación de políticas públicas para
cumplir los fines del Estado social, la expedición
de actos administrativos y reglamentaciones,
garantía del cumplimiento de las normas y
representación de los intereses de la nación a
nivel internacional.
Asimismo, aspectos relativos a la protección al
consumidor y protección de datos, presentes en
las funciones del cargo de superintendente, son
protegidos por la Constitución Política, como
garantías fundamentales en el marco de un
estado social de derecho.
En ese sentido, al existir relación entre la experiencia de la demandada como independiente y
las funciones del cargo en el que fue nombrada, se sumarán al cálculo correspondiente
veintinueve (29) meses, por el periodo comprendido entre septiembre de 2019 hasta febrero
de 2022.
9. Docente hora cátedra en la Universidad Nuestra Señora del Rosario
Descripción de
Certificación o
Empleo o labor Periodo funciones o tareas
documento
realizadas
Profesor de hora Del 24 de enero de Expedidos por el jefe Cátedra en la facultad:
cátedra por posgrados 2020 al 8 de febrero de de administración y Jurisprudencia.
en la Universidad 2020. control y el director de
Nuestra Señora del gestión humana de la Asignatura:
Rosario. Intensidad horaria Universidad del Instituciones, principios y
total: 24 horas. Rosario, el 7 de retos del derecho
septiembre de 2023 y administrativo en el
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el 18 de junio de 2024, Estado constitucional de
respectivamente. derecho.
Al respecto, la Sala advierte que no hay lugar a analizar las labores de la demandada como
profesora hora cátedra en la Universidad Nuestra Señora del Rosario, en tanto, el periodo en
el que ejerció como tal ya fue contabilizado en el titulo anterior, por cuenta de la experiencia
obtenida en calidad abogada independiente.
En ese orden, resulta innecesario determinar si dicha experiencia en la universidad satisface
los requisitos exigidos por el Decreto 1083 de 2015, en tanto, solo es posible contabilizar una
sola vez el tiempo laborado, cuando se ejercieron actividades simultáneamente, como ya se
precisó en esta providencia.
10. Directora del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS)
Descripción de funciones o
Empleo o labor Periodo Certificación
tareas realizadas
Director de Desde el 13 de Expedida por la Funciones asignadas al director
departamento septiembre de subdirectora de Talento del Departamento Administrativo
administrativo 2022 al 4 de Humano del para la Prosperidad Social,
(CÓDIGO 0010 septiembre de Departamento contenidas en la Resolución No.
GRADO 00) 2023. Administrativo para la 02664 del 29 de diciembre de
Prosperidad Social, el 5 2020 y las transversales,
de septiembre de 2023. previstas en el artículo 4 ibidem.
Para esta Sección, varias de las funciones ejercidas por la señora Cielo Elainne Rusinque
Urrego como directora del DPS, las cuales se relacionan con algunas de las atribuidas al
superintendente de Industria y Comercio con el cual comparte el mismo nivel directivo y, en
ese orden, guardan similitud, como se muestra a continuación:
Funciones del superintendente Funciones del director de Relación entre funciones
de Industria y Comercio, departamento administrativo para la
previstas en el artículo 3. ° Prosperidad Social
Decreto 4886 de 2011.
1. Asesorar al Gobierno Nacional y Formular las políticas en los temas de Se relacionan, en tanto, las
participar en la formulación de las competencia del Departamento, bajo la funciones de formular políticas
políticas en todas aquellas dirección del Presidente de la públicas frente a los temas
materias que tengan que ver con la República. propios del DPS permiten la
protección al consumidor, la Formular y hacer seguimiento a las correcta asesoría al Gobierno
promoción y protección de la políticas, planes, programas y proyectos Nacional en el diseño de estas,
competencia, la propiedad del Sector Administrativo de inclusión respecto de las materias propias
industrial, la protección de datos Social y Reconciliación. de la SIC.
personales y en las demás áreas
propias de sus funciones.
5.Impartir instrucciones en materia Impartir las directrices para articular la Las funciones ejercidas en el
de protección al consumidor, gestión del Departamento y de las DPS, sobre impartir directrices a
protección de la competencia, entidades del Sector Administrativo de dicha entidad para su correcto
propiedad industrial, la protección inclusión Social y Reconciliación, para funcionamiento, se asimilan a la
de datos personales y en las La prestación de los servicios a cargo de competencia también prevista
demás áreas propias de sus éste. para el superintendente de
funciones, así como fijar los Impartir directrices para La coordinación Industria y Comercio de impartir
criterios que faciliten su de las actividades del Departamento, en instrucciones en las materias
cumplimiento y señalar los Lo relacionado con sus objetivos y propias de la SIC. Puesto que,
procedimientos para su cabal funciones, con las entidades públicas en ambos eventos, se busca
aplicación. del orden nacional, del sector central y establecer lineamientos o
del descentralizado, Los entes pautas para cumplir los
territoriales y sus entidades adscritas y propósitos de cada institución y,
vinculadas. en ese orden, lograr la
materialización de los fines
estatales.
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23. Representar los intereses del Gestionar alianzas con otros gobiernos Las dos actividades se
país en los foros internacionales u organismos de carácter internacional relacionan puesto que buscan
de metrología legal. que faciliten e impulsen el logro de Los representar al país o velar por
objetivos del Sector Administrativo de sus intereses en instancias
inclusión Social y Reconciliación, en internacionales, frente a las
coordinación con Las entidades materias objeto de cada entidad.
estatales competentes.
29. Nombrar, remover y administrar Nombrar y remover los servidores En las funciones citadas, el
el personal de la Superintendencia públicos del Departamento y distribuir titular del cargo tiene la
de acuerdo con las normas Los empleos de su planta de personal, competencia de designar o
vigentes, salvo aquellos que con excepción de los empleos cuya remover al personal de la
correspondan a otras autoridades. nominación esté atribuida a otra entidad estatal, facultad que, en
32. Designar las Delegaturas, autoridad. ultimas, propende por el
grupos internos de trabajo o correcto funcionamiento de la
funcionarios que ejerzan las institución correspondiente.
funciones jurisdiccionales
asignadas en virtud de la ley,
garantizando la autonomía e
independencia propia de la
función.
En ese orden, se reconocerán once (11) meses y veintidós (22) días como experiencia
relacionada, correspondiente a las labores emprendidas por Cielo Elainne Rusinque Urrego
como directora del DPS.
En consecuencia, de la sumatoria de la experiencia relacionada reconocida en este punto, se
acreditaron 8 años, 6 meses y 25 días, esto es, menos de los diez años exigidos por la
norma:
EMPLEO O LABOR PERIODO TIEMPO
Profesional universitario Código 219 13 de febrero-15 de 5 meses y 2 días
Grado 04. Municipio de Fusagasugá julio 2007
Docente de hora cátedra Universidad de 5-12 de febrero de 1 día
Cundinamarca 2007
Apoyo en la elaboración de documentos 1. ° de octubre 2007 – 11 meses73
jurídicos (Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia) 1 de septiembre de
2008.
Abogada en asesoramiento jurídico en 1.° de septiembre de 48 meses
MIALOTS AVOCATS 2008 - 1. ° de
septiembre de 2012
Abogada, asesora y litigante en derecho Septiembre de 2019 - 29 meses
constitucional y derechos humanos febrero de 2022.
(independiente)
Director de Departamento Administrativo 13 de septiembre de 11 meses y 22 días
de Prosperidad Social 2022 - 4 de septiembre
de 2023.
TOTAL EN MESES 104 meses y 25 días
TOTAL EN AÑOS 8 años, 6 meses y 25 días
Visto así el asunto, la Sala tampoco encuentra satisfecho el requisito previsto en el artículo
2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2011 de 10 años de experiencia (incluida la docencia)
relacionada, pues solo se lograron acreditaron 8 años, 6 meses y 25 días. Asimismo, como se
advirtió líneas atrás, no se cumplió con la formación académica, consistente en tener título de
posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo
de superintendente de Industria y Comercio; en consecuencia, la Sección Quinta declarará la
nulidad del nombramiento de Cielo Elainne Rusinque Urrego.
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Descontando 1 mes que coincide con experiencia en MIALOTS
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¿Resultan vinculantes las recomendaciones de la OCDE a Colombia sobre
políticas de competencia? y, en caso afirmativo, ¿el nombramiento de la
demandada como superintendente de Industria y Comercio las desconoció?
Para los actores, se desatendieron las recomendaciones de la OCDE a Colombia, de cara a
las políticas de competencia, de acuerdo con las cuales, la Superintendencia de Industria y
Comercio debe ser «una entidad libre de control político directo para hacer cumplir las leyes
de competencia» y con altos estándares de especialidad e idoneidad técnica. Además, porque,
a su juicio, la demandada tiene vínculos políticos con el actual presidente de la República y no
cumple con la idoneidad técnica para ser superintendente, exigida por el Decreto 1083 de
2015.
Sobre el particular, la sala debe advertir que, más allá de la vinculatoriedad o no de estas
determinaciones que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
de la cual es estado miembro Colombia, lo cierto es que, como quedó visto en el acápite
anterior, el acto de nombramiento acusado no atendió las exigencias relativas a la experiencia
relacionada y la formación académica. Dichos requisitos obedecen, precisamente, al carácter
técnico e independiente de la superintendencia de Industria y Comercio, que demanda el
estudio normativo y conceptual de las áreas cuya supervisión y vigilancia le corresponde a ese
ente de control.
Así, debe tenerse en cuenta que las recomendaciones de la OCDE, no solo resultan ser un
parámetro de referencia de buenas prácticas para las actuaciones de las autoridades estatales;
también han sido una guía para que el Estado colombiano establezca una regulación interna
acorde con las pautas establecidas por esa organización.
Al respecto, es importante recordar que esta Sala de lo Electoral se pronunció sobre la
legalidad del artículo 2.2.34.1.2. del Decreto 1083 de 2015, y destacó «la naturaleza,
necesidades, responsabilidades y características especiales de los cargos de
superintendente», características que fueron atendidas por la reglamentación al establecer
exigencias adicionales a quienes fungieran como máxima autoridad de las superintendencias
de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades.
En suma, la Sala evidencia que, la regulación interna adoptada en Colombia integró los
estándares de especialidad e idoneidad técnica requeridos por dicha organización, y
precisamente, exigió un nivel de formación académica superior así como la experiencia
relacionada. Como se explicó líneas atrás, estos requisitos no se cumplieron.
Visto así en asunto, de conformidad con las anteriores razones, la Sala declarará la nulidad de
la designación de Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente de Industria y
Comercio.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, mediante el
cual el presidente de la República nombró a Cielo Elainne Rusinque Urrego como
superintendente de Industria y Comercio.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Salva el voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara el voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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