Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00001-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00001-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00001-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de junio de 2023
Demandante: Natalia Lara Rodríguez
Demandado: Alfonso De la Cruz Martínez
– gerente temporal de TELECARIBE
Rad: 11001-03-28-000-2023-00001-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00001-00
Demandante: Natalia Lara Rodríguez
Demandado: Alfonso De la Cruz Martínez – gerente temporal de
TELECARIBE
Tema: Cumplimiento de requisitos para ocupar el cargo de gerente de
TELECARIBE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la demanda de nulidad presentada contra el acto
administrativo mediante el cual la Junta Administradora Regional de TELECARIBE
designó a Alfonso De la Cruz Martínez como gerente temporal de dicha entidad.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
1. Natalia Lara Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral con el objeto de que se acceda a la siguiente pretensión:
Muy respetuosamente, solicito se declare la nulidad del acto de nombramiento del
Gerente temporal de TELECARIBE, Dr. ALFONSO DE LA CRUZ MARTÍNEZ2 por
el término de tres (3) meses y como lo ordenan los Estatutos, “…mientras se nombra
el nuevo titular”, el cual se llevó a cabo en la reunión de la Junta Administradora
Regional de esa entidad, el día 1º de diciembre de 2022.
1.1. Fundamentos fácticos
2. Como fundamento de lo pretendido, la accionante indicó que Alfonso De La Cruz
Martínez, quien fue nombrado gerente temporal de TELECARIBE en la reunión de
1 Índice 3 Samai.
2Acuerdo 661 del 1 de diciembre de 2022, emitido por la Junta Administradora Regional de
TELECARIBE.
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Demandante: Natalia Lara Rodríguez
Demandado: Alfonso De la Cruz Martínez
– gerente temporal de TELECARIBE
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la Junta Administradora Regional de dicho organismo, efectuada el 1 de diciembre
de 20223.
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
3. La accionante adujo el desconocimiento de los requisitos establecidos en el
Manual de Funciones por Competencias de TELECARIBE para la designación del
gerente de la entidad, los cuales se encuentran dispuestos en los siguientes
términos:
Título de postgrado en la modalidad de Maestría y cincuenta y seis (56) meses de
experiencia profesional relacionada adquirida en el ejercicio que tengan funciones
similares a las del cargo a proveer o Título de postgrado en la modalidad de
Especialización y sesenta y ocho (68) meses de experiencia profesional relacionada
adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo
a proveer.
De la experiencia profesional relacionada deberá acreditar por lo menos 24 meses
en televisión.
En todo caso se dará aplicación a las equivalencias determinadas por el artículo 26
del Decreto 2772 de 2005.
4. En particular, se refirió a que el accionado «no reúne las calidades o requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad», por cuanto no cumplió con los 24 meses
de la experiencia profesional relacionada en televisión allí exigidos.
5. Al respecto, señaló que «[s]i bien el Dr. ALFONSO DE LA CRUZ MARTÍNEZ
laboró en TELECARIBE desde el 1 de febrero de 2021 al 30 de noviembre de 2022,
es decir, durante 1 año y 10 meses, el cargo de Jefe de Planeación (sic) comporta
funciones exclusivamente administrativas que nada tiene (sic) que ver con televisión
[,] [u]na cosa es trabajar en una empresa de televisión y otra es, desempeñarse en
un cargo que nada tiene que ver con televisión». Así las cosas, adujo que el
demandado solo desempeñaba labores de tipo administrativo y no relacionadas con
la realización de productos para su emisión en tal medio.
6. Así mismo, advirtió que la experiencia de nueve meses y veinticuatro días
reportada en la sociedad MCAM MEDIA S.A.S tampoco cumple con los
presupuestos para ser tomada en cuenta. Para probarlo, manifestó que «se
solicitará en el capítulo de pruebas, los pagos de aportes parafiscales y el contrato
celebrado con el señor DE LA CRUZ MARTÍNEZ en ese período, porque según
información de un denunciante, cuya fuente tiene reserva legal, no existen».
7. Adicionalmente, adujo que la experiencia reconocida por dicha empresa como
libretista debía acompañarse de la documentación que diera cuenta de la realización
de varias actuaciones tendientes a resguardar la «cadena de derechos de autor»
3 Que consta en el Acta 661 del 1 de diciembre de 2022, disponible en: índice SAMAI 16. Pág. 19.
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correspondientes a las obras en las que habría participado, así como del registro en
«REDES SOCIEDAD DE GESTIÓN» y ante la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1835 de 2017 4.
8. Señaló que las exigencias antes referidas se acompasan con lo requerido por el
Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones para acreditar
experiencia como productor o libretista en obras audiovisuales en convocatorias
realizadas para brindar apoyos y que, dado que dicho organismo forma parte de la
Junta Administradora Regional de TELECARIBE, debe observarse el mismo rigor
técnico en la acreditación de la experiencia de los funcionarios de dicho canal.
9. Finalmente, aseguró que dicha experiencia tampoco debía ser tomada en
consideración, en atención a que el demandado no «acredita estudios en
dramaturgia o cuando menos en talleres de estructuración de proyectos para
televisión».
10. Posteriormente, la parte accionante adicionó la demanda5 e indicó que en un
documento aportado por el demandante durante el proceso de elección «se certifica
que el señor ALFONSO DE LA CRUZ MARTÍNEZ, estuvo vinculado con la empresa
MCAM MEDIA S.A.S., entre el 5 de marzo de 2020 y el 29 de octubre de 2020». No
obstante, adujo que «en una revisión rigurosa del CERTIFICADO DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS expedido
por la Cámara de Comercio de Barranquilla, el 17/01/2023, se constata que la
empresa MCAM MEDIA S.A.S., tiene vida jurídica desde el día 12/10/2021 (…)
porque antes de esa fecha la empresa existente era JC PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL S.A.S».
11. Así, concluyó que «[e]l representante legal de MCAM MEDIA S.A.S., no podía
certificar a nombre de esta empresa, un tiempo de servicios de trabajo comprendido
entre el 5 de marzo de 2020 y el 29 de octubre de 2020 al señor DE LA CRUZ,
porque sencillamente, para esa época, no existía la empresa MCAM MEDIA S.A.S»;
y que el documento en mención «adolece de una presunta falsedad material e
ideológica» con la que se habría inducido a error al órgano nominador, pues el
documento señala haberse emitido el 5 de noviembre de 2020, fecha en que la
sociedad no tenía dicha denominación.
4 La parte accionante no refiere a una disposición concreta de la Ley mencionada. Indica que la labor
de guionista no puede certificarse simplemente, sino que debe existir constancia respecto del título
de la obra, quienes participaron en su elaboración, el medio y la fecha en que habría sido emitido y
el registro del autor en Redes Sociedad de Gestión, para efectos del recaudo de los derechos
económicos irrenunciables a los que se hace referencia en la Ley 1835 de 2017.
5 Dentro del mismo escrito en que fueron subsanados los yerros que llevaron a la inadmisión de la
demanda. Índices SAMAI 14 y 15.
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2. Trámite
12. El proceso fue repartido inicialmente al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Bogotá. Por medio de auto del 19 de diciembre de 20226, dicho despacho
remitió el expediente por competencia a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En providencia del 2 de marzo de 20237, la demanda se admitió y se ordenaron las
correspondientes notificaciones.
3. Contestación de la demanda
13. El 28 de marzo de 2023, el accionado y TELECARIBE contestaron
conjuntamente la demanda y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones por
cuanto lo alegado es producto de concepciones subjetivas sustentadas en un
«extracto de hoja de vida» elaborado por la propia accionante.
14. De igual forma indicaron que sí se cumplieron cabalmente los requisitos exigidos
para su designación, como fue certificado por el área de Talento Humano de la
entidad, sin que pueda afirmarse que esta dependencia indujo en error a la Junta
Administradora Regional de TELECARIBE, que se encargó de la postulación y
designación del accionado.
15. Tras referirse a las responsabilidades correspondientes al jefe de planeación de
dicha entidad, indicó que «las labores ejecutadas (por el accionado en el cargo de
jefe de planeación) sí encuentran relación con la actividad televisiva, en la medida
en que en dicha dignidad el funcionario debe evaluar los distintos procesos internos
del Canal dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran los procesos relativos
a la producción audiovisual que ejecuta el canal, la difusión de contenidos y las
dinámicas propias de producción de cada programa en específico», pues incluso es
el encargado de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a las
operaciones de dicha institución.
16. Así mismo, adujo que la jurisprudencia de esta Sección se ha referido a una
acepción amplia de los conceptos incorporados al ámbito de la experiencia
relacionada en materia de televisión8, por lo que las funciones antes mencionadas
deben entenderse válidas para cumplir con la especialidad exigida por el Manual de
Funciones, pues guardan similitud con aquellas que corresponden al cargo de
gerente de TELECARIBE.
6 Índice SAMAI 3. Archivo ED_05AUTOREMITEPORCO(.pdf) Nro Actua 3.
7 Índice SAMAI 28. Inicialmente la demanda fue inadmitida en providencia del 17 de enero de 2023
(Índice SAMAI 8) y subsanada por la parte accionante (índices SAMAI 14 y 15). En la providencia
también se negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por la parte
demandante.
8 Se hace referencia a la sentencia del 18 de marzo de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2020-00077-
00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio. También hace mención del pronunciamiento del 6 de mayo
de 2010 (Rad. 52001-23-31-000-2010-00021-01 M.P: Susana Buitrago Valencia).
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17. En relación con la certificación emitida por MCAM Media S.A.S. indicó que,
contrario a lo señalado por el demandante «no existe el más mínimo ápice de
falsedad en lo que allí se condensó»; que conforme lo señalado en el artículo 167
del Código de Comercio, el cambio de razón social de dicha empresa no implica
que exista solución de continuidad en su existencia; que la inconsistencia relativa a
la fecha de expedición del documento corresponde a un error de digitación, como
fue reconocido por el representante legal de la sociedad en una declaración
extrajudicial, por lo que su contenido ideológico mantiene plena veracidad; que la
empresa en comento expidió una certificación adicional, a la cual se incorporan
«constancias documentales de los proyectos y productos televisivos en los que
participó el demandado, evidenciando la acumulación de conocimientos que ahora
se deben entender como experiencia profesional relacionada».
18. A su vez, manifestó que son erradas las afirmaciones del extremo demandante
relativas a la necesidad de constatar la experiencia reportada por el accionado
mediante las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. Al respecto,
indicó que ello «constituye un error interpretativo (…) de la parte demandante, dado
que este tipo de aportes no son demostrativos de que se haya ejercido cierto cargo
o laborado», así como que «el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015
expresamente consagra que para demostrar la experiencia solo se requiere allegar
una certificación del empleador que mencione nombre o razón social de la entidad
o empresa, tiempo de servicio y relación de funciones desempeñadas». Aspecto
que reforzó con lo indicado sobre el particular por el Departamento Administrativo
de la Función Pública9 y por la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado10.
19. Adicionalmente, se opuso a la solicitud probatoria del demandante relativa a los
aportes parafiscales y el contrato laboral suscrito por la empresa en mención con el
accionado, pues la consideró «abiertamente desatinada por dos cuestiones
cruciales: i) porque la averiguación de los aportes en seguridad social de ALFONSO
DE LA CRUZ MARTÍNEZ está descartada por la Ley y la jurisprudencia para
acreditar experiencia, luego no se atiende al criterio de necesidad y pertinencia de
la prueba para su decreto y ii) porque tal como se redactó esa petición probatoria,
ni siquiera el apoderado de la parte demandante tiene certeza de la veracidad de
su propio dicho, al plantear que quien le informó sobre el tema de los aportes fue
“un denunciante, cuya fuente tiene reserva legal”».
20. Frente a lo indicado sobre la necesidad de que el accionado se encontrase
registrado en el software de Redes Sociedad Colombiana de Gestión, aseguró que
dicho aspecto no se encuentra contemplado como requisito de acceso al cargo,
9 Se hace referencia al Concepto 20206000406781 del 19 de agosto de 2020.
10 Se refiere a la sentencia del 18 de marzo de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2020-00077-00, mar.
18/2021. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
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como tampoco lo está el contar con formación o experiencia relativa a la dramaturgia
o materias similares.
4. Auto que somete el proceso al trámite de sentencia anticipada
21. Mediante providencia fechada el 15 de mayo de 202311, se ordenó el trámite de
sentencia anticipada, se decretaron las pruebas documentales aportadas por las
partes, se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar y al Ministerio Público para
conceptuar, con fundamento en el artículo 182A del CPACA12.
5. Alegatos de conclusión
22. La parte accionante13 reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial e
indicó que la expedición de una nueva certificación laboral por parte de la empresa
MCAM MEDIA S.A.S permite advertir que aquella que fue presentada como soporte
para la elección del demandado contiene irregularidades relativas a su fecha de
expedición.
23. La parte demandada sostuvo que no se presentó ninguno de los vicios
aducidos en la demanda. En particular, indicó que, conforme lo señalado en el
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, no podían exigirse al demandante
documentos que reposaran en la propia entidad para acreditar el cumplimiento de
los requisitos para el cargo; que es clara la existencia de una relación entre las
funciones que desempeñó como jefe de planeación de TELECARIBE y las
correspondientes al cargo para el cual fue designado el demandado, así como
respecto del desarrollo de actividades en el medio televisivo, pues en ejercicio de
tales competencias ejecutó varias acciones directamente relacionadas con la
creación y vigilancia de contenidos de esta naturaleza.
24. Adicionalmente, sostuvo que la parte accionante «basó su demanda en meras
conjeturas de lo que a este la pareció que sucedió en la escogencia del gerente
general de TELECARIBE, de ahí que el haber probatorio de la demanda sean
simples documentos que en nada contribuyen a la prosperidad de las
pretensiones».
25. De igual forma, reiteró los argumentos contenidos en el escrito de contestación
de la demanda. Así mismo, indicó que «en el acápite de pruebas del presente
11 Índice SAMAI 42.
12 En la providencia, adicionalmente, se negaron las siguientes solicitudes probatorias: i) la parte
accionante solicitó oficiar a MCAM MEDIA SAS para obtener el contrato suscrito por el accionado y
los aportes parafiscales realizados por la empresa, por tratarse de una solicitud impertinente respecto
del asunto objeto de debate; y ii) la defensa de la parte accionada pidió que se citara a interrogatorio
al demandado para que se refiriera a las funciones desempeñadas como jefe de planeación en
TELECARIBE y su alto nivel de relacionamiento con el medio televisivo, por ser una prueba
inconducente, pues tal información, en cargos del sector público, debe constar en el manual de
funciones de la entidad, el cual ya había sido aportado al expediente.
13 Índice SAMAI 50.
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documento y de la eventual contestación de la demanda, se pedirá la práctica del
interrogatorio de parte del señor ALFONSO DE LA CRUZ MARTÍNEZ a efectos de
que deponga con lujo de detalles ante su señoría, y bajo la gravedad del juramento,
sobre las actividades desempeñadas en el cargo de jefe de planeación, para que
no quede duda del alto nivel de relacionamiento del demandado con las actividades
televisivas».
26. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en el presente proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
12. Conforme con lo señalado en el ordinal 5 del artículo 149 del CPACA 14 y el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, emitido por la Sala Plena de esta corporación,
esta Sección es la competente para resolver en única instancia la demanda de
nulidad electoral de la referencia.
13. Al respecto, de conformidad con los estatutos de TELECARIBE, dicha
entidad es «una sociedad entre entidades públicas de responsabilidad limitada, (…)
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden
nacional». Así mismo, allí se indica que el gerente ostenta la condición de
representante legal15.
2. Cuestión previa
14. En atención a la solicitud incorporada por la parte demandada a su escrito de
alegatos de conclusión, relativa a la práctica de un interrogatorio de parte al
accionado, la Sala considera pertinente recordar que una petición probatoria
presentada exactamente en los mismos términos fue denegada por el despacho
sustanciador en la providencia emitida el 15 de mayo de 2023, por considerarla
«inconducente, por cuanto las funciones correspondientes al cargo de jefe de
planeación de TELECARIBE, así como su alcance, solo pueden ser acreditados por
medio de la certificación emitida por dicha entidad sobre el particular y del manual
de funciones correspondiente, documentos que se encuentran en el expediente».
15. En consonancia con lo anterior, lo decidido no fue objeto de recurso alguno
por parte del extremo accionado y el proceso no se encuentra en ninguna de las
etapas o circunstancias referidas en el artículo 212 del CPACA, por lo que se
abstendrá de estudiar la solicitud probatoria antes mencionada.
3. Objeto de la decisión
14 Competencia del Consejo de Estado en única instancia: «De la nulidad de los actos de
nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional».
15 Índice SAMAI 14.
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21. La providencia del 15 de mayo de 2023 fijó el litigio en los siguientes términos:
¿Debe declararse la nulidad del acto de nombramiento de Alfonso De la Cruz
Martínez como gerente temporal de TELECARIBE, por la presunta
transgresión del requisito relativo a contar con una experiencia profesional
relacionada de al menos 24 meses, señalado en el Manual de Funciones por
Competencias de la entidad?
22. Para solucionar la cuestión jurídica trazada, la Sala se referirá i) a los
requisitos exigidos en el Manual de Funciones por Competencias de TELECARIBE
para ocupar el cargo de gerente de la entidad; y ii) al caso concreto.
4. Requisitos exigidos para el empleo de gerente de TELECARIBE
23. Conforme puede apreciarse en el Manual de Funciones por Competencias
adoptado por TELECARIBE16, para ejercer el cargo de gerente de la entidad se
exigen los siguientes presupuestos:
24. Conforme lo señalado en los apartes transcritos, para el efecto se exige que
quien pretenda ocupar el empleo en mención acredite contar con i) un título
profesional en las áreas señaladas; y ii) a) una experiencia profesional relacionada
adquirida en cargos con funciones similares a las correspondientes al gerente de la
entidad de 68 meses, en el evento en que el aspirante ostente un título de posgrado
en la modalidad de especialización o b) de 56 meses, en caso de que cuente con
un título de posgrado en la modalidad de maestría; iii) de los cuales, en cualquiera
16 Índice SAMAI 3. Archivo: ED_02DEMANDAMEDIDAC(.pdf) NroA ctua 3. Págs. 56 a 60.
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de los dos casos, al menos 24 meses deben haberse desarrollado en actividades
relativas al medio televisivo.
5. Caso concreto
25. En el presente caso, el reproche esgrimido por la accionante se centra en
que el accionado, al momento de su designación, no cumplía el requisito de contar
con al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada con televisión, pues,
en su criterio:
i) El señor «ALFONSO DE LA CRUZ MARTÍNEZ laboró en TELECARIBE
desde el 1 de febrero de 2021 al 30 de noviembre de 2022, es decir,
durante 1 año y 10 meses, el cargo de Jefe de Planeación» el cual
«comporta funciones exclusivamente administrativas que nada tiene (sic)
que ver con televisión», por lo que dicha experiencia no podía tomarse en
consideración para el cumplimiento del presupuesto en mención.
ii) La reportada por el accionado en la empresa MCAM MEDIA S.A.S
tampoco debía ser valorada para el mismo efecto, puesto que:
a. De acuerdo con información proporcionada por un denunciante, no
existiría un contrato suscrito entre el señor De la Cruz Martínez y la
referida empresa, así como tampoco se habrían reportado los
correspondientes pagos por concepto de aportes parafiscales.
b. Dado que la certificación expedida por MCAM MEDIA S.A.S indica
que el demandado habría desarrollado, entre otras, las actividades
de «redactar y verificar los libretos de las producciones para
televisión encargadas y proyectadas por la empresa», la constancia
del desarrollo de tales labores no puede provenir únicamente de
dicha certificación, sino que además «los proyectos asignados y
verificados por él en función del objeto del contrato, debieron ser
emitidos por algún medio de comunicación conocido para que tal
experiencia sea considerada como válida». En tal virtud, para que la
certificación en comento pudiese ser valorada, debían efectuarse
varias actuaciones para garantizar la «cadena de derechos»
correspondientes a tales obras, siendo las siguientes:
1. Registro de obra audiovisual ante la Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior y del Derecho.
2. Firma de contrato entre autor y compañía productora cuyo objeto
contractual incluye la cesión de derechos por cada obra
desarrollada.
3. Archivos originales de los guiones o libretos redactados por el
autor.
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4. Contrato o licencia de transmisión para obra audiovisual entre el
exhibidor y la compañía productora debidamente diligenciado.
Estos contratos deben contener la protección de los derechos
morales del autor.
5. Fecha y hora de emisión de obra audiovisual certificada por el
canal de televisión.
6. Link de proyecto audiovisual que permita verificar los créditos.
c. En similar sentido, debería existir constancia del registro del
accionado en el software de «REDES SOCIEDAD DE GESTIÓN»
puesto que allí deberían reposar los créditos que dan cuenta de las
obras que contaron con la autoría o participación del señor De la
Cruz Martínez, en atención a lo dispuesto en la Ley 1835 de 2017,
«que cobija los derechos de transmisión pública de todos los
escritores en Colombia para todo formato conocido o por conocer».
d. El demandado «tampoco acredita estudios en dramaturgia o cuando
menos en talleres de estructuración de proyectos para televisión»
por lo que al momento de su vinculación con MCAM MEDIA S.A.S
«este no tenía trayectoria alguna (…) que permitiera identificarle
como un miembro activo en la industria audiovisual, un claro indicio
sobre la posible comisión de un proceso fraudulento cuyo objetivo
no es otro que el de engañar a la Junta Administradora Regional de
TELECARIBE para así poder llenar los requisitos y acceder al cargo
de Gerente temporal de dicho canal».
e. El representante legal de MCAM MEDIA S.A.S no podía emitir
constancia de la vinculación del accionado con dicha sociedad entre
el 5 de marzo de 2020 y el 29 de octubre de 2020, pues un certificado
de existencia y representación expedido el 17 de enero de 2023 por
la Cámara de Comercio de Barranquilla da cuenta de que dicha
empresa habría surgido el 12 de octubre de 2021, toda vez que
previamente se denominaba JC PRODUCCIÓN S.A.S.
26. En relación con la experiencia obtenida en el cargo de jefe de planeación de
TELECARIBE, debe advertirse que la disposición del Manual de Funciones cuyo
desconocimiento se alega dispone que «[d]e la experiencia profesional
relacionada [presentada por el aspirante] deberá acreditar por lo menos 24 meses
en televisión». Así, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto
1083 de 2015 respecto de la definición de tales conceptos, norma que establece lo
que sigue:
ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos,
las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de
una profesión, arte u oficio.
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Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional,
relacionada, laboral y docente.
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del
pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el
desempeño del empleo.
En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema
de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la
inscripción o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades
que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.
27. Como puede advertirse, la norma citada establece la existencia de una
relación entre los conceptos de formación académica y experiencia profesional
exigida para el cargo, pues solo podrá acreditarse esta última mediante el desarrollo
de actividades o funciones que correspondan al área de conocimiento en que se ha
obtenido un determinado título profesional, que ha de corresponder al perfil exigido
en las disposiciones contentivas de los requisitos para acceder a un empleo público.
28. Así, la experiencia profesional relacionada será aquella en la que el aspirante
ha desarrollado actividades o desempeñado funciones i) «en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica» en que ha obtenido un
título profesional y que corresponde a la formación académica exigida para el
empleo; y ii) que implicó el cumplimiento de «funciones similares a las del cargo a
proveer».
29. Para el caso en estudio, se advierte que, además de contar con una
determinada experiencia profesional relacionada, en los términos antes descritos,
se exige que, del total de meses acreditado17, al menos 24 hayan implicado el
desarrollo de actividades relacionadas con la televisión, expresión definida desde
un sentido técnico en el artículo 1 de la Ley 182 de 1995 como « un servicio de
telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a
una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución,
radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea».
30. Ahora bien, dicha definición, como la propia ley reconoce, se limita a la
noción más técnica, dejando de lado múltiples factores que, desde el
funcionamiento de las entidades encargadas de emitir tales señales y de desarrollar
el contenido que se transmite por medio de ellas, resultan connaturales y esenciales
17 Para el caso del accionado fue de 56 meses al haber acreditado contar con título de maestría.
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para dicha actividad. Por lo tanto, para efectos de establecer lo que se entiende por
experiencia en televisión, dicha expresión no puede interpretarse de forma limitada
y circunscrita exclusivamente al desempeño de actividades de orden artístico,
creativo o técnico en dicho medio, sino que también ha de extenderse al desarrollo
de labores de tipo administrativo, operativo o gerencial que hacen posible la
producción y transmisión de contenidos en dicho escenario.
31. De tal modo, la Sala encuentra que para tener por acreditado el requisito en
mención, del total de la experiencia profesional relacionada con las funciones del
cargo de gerente de TELECARIBE acreditada por el accionado, cuando menos 24
meses debían haberse adquirido en desarrollo de actividades como las antes
mencionadas.
32. Dado que las afirmaciones de la demanda no cuestionan la naturaleza
profesional o relacionada de la experiencia obtenida por el accionado en el cargo
de jefe de la oficina de planeación de TELECARIBE, sino la relación que las
funciones desempeñadas en dicho cargo tienen con el medio de la televisión, la
Sala se centrará en establecer si las funciones desempeñadas por el accionado en
dicho cargo pueden entenderse comprendidas en el concepto antes referido.
33. Aun cuando asiste razón a la parte accionante respecto de la naturaleza
primordialmente administrativa y gerencial de las responsabilidades citadas, no es
menos cierto que buena parte de estas resulta esencial para el direccionamiento y
funcionamiento de una entidad que desarrolla su actividad en el medio televisivo.
34. Por ejemplo, en la descripción de las funciones esenciales del cargo se
encuentra que el jefe de la oficina de planeación i) dirige y coordina los análisis de
riesgos propios de las operaciones del canal y proponer los mecanismos de control;
ii) asesora a la gerencia en la formulación, coordinación y evaluación de las
políticas institucionales, estudios y proyectos estratégicos del Canal que permitan
formular la orientación de los programas institucionales; y iii) coordina estudios para
establecer estrategias, portafolios de servicios para mercadear a nivel institucional
y comercial los productos, servicios y propuestas de la Empresa.
35. Si bien la redacción de las funciones mencionadas no permite advertir una
relación directa e inmediata con la creación, producción, edición o transmisión de
contenidos audiovisuales para televisión, debe advertirse que el cumplimiento de
estas responsabilidades es de altísima importancia para hacer posible el desarrollo
de las actividades que integran el aspecto técnico y operativo de dicho medio de
comunicación.
36. Para esta Sala es claro que el desarrollo de tales competencias tiene como
propósito el de coadyuvar en la formulación de políticas, la definición de estrategias,
procesos, métodos e indicadores que contribuyen al desarrollo del objeto de
TELECARIBE y de las actividades comprendidas en él, conforme se encuentra
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contemplado en los estatutos y en el certificado de existencia y representación
legal, que se refiere a dicho aspecto en los siguientes términos, respectivamente:
Artículo 5°. OBJETO. TELECARIBE tendrá a su cargo la prestación del servicio
público de Televisión (sic) establecido en la Ley 182 de 199518 y demás normas que
la adicionen, modifiquen y/o complementen. En desarrollo de su objeto efectuará la
administración, comercialización y operación y demás actividades que estén en
consonancia con la actividad misional del canal regional en las frecuencias y con la
cobertura que le sea asignada o autorizada.
La sociedad tiene por objeto […] grabación de cortometrajes y largometrajes de
documental y ficción, grabación de video clips musicales, grabación de eventos
sociales culturales, religiosos y deportivos, […], producción de comerciales,
documentales en radio, televisión y prensa. Producción de programas de televisión
y radio. […].
37. Así las cosas, la Sala encuentra que el reproche formulado por la accionante
frente a la relación de la experiencia obtenida por el demandado en el cargo de jefe
de planeación de TELECARIBE con el medio de la televisión carece de sustento,
toda vez que las funciones que desempeñó en dicho empleo tenían por objeto el
desarrollo de instrumentos y de actividades que, desde la óptica administrativa,
contribuían al adecuado funcionamiento de la entidad y al cumplimiento de su
objeto misional, consistente en la prestación del servicio público de televisión.
38. En ese sentido, si las funciones esenciales del jefe de la oficina de
planeación apuntan al cumplimiento del objeto y actividades sociales de la
demandada, sería problemático concluir que aquel no tendría experiencia en el área
de televisión.
39. Por el contrario, sería cuestionable admitir que la única manera de acreditar
experiencia en dicho ámbito sería la propuesta por la demandante, es decir, «la
realización de productos para su emisión en tal medio» pues, de aceptarse tal
extremo, ello equivaldría a avalar una restricción del derecho de acceso a dicho
cargo público de quienes, sin participar de la realización de productos audiovisuales
o de actividades de índole técnica en el área de la televisión, sí cuentan con un
18 El servicio público de televisión se encuentra definido en el artículo 1 de dicha Ley, en los
siguientes términos:
«ARTÍCULO 1o. NATURALEZA JURÍDICA, TÉCNICA Y CULTURAL DE LA TELEVISIÓN. La
televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya
prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a
los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución
Política.
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en
general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación
y recepción de señales de audio y video en forma simultánea.
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como
instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales».
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trayectoria y experticia en asuntos relativos a los demás aspectos que influyen en
la prestación de tal servicio.
40. Por otra parte, se advierte que los reparos expresados respecto de la
certificación emitida por la sociedad MCAM MEDIA S.A.S no están llamados a
prosperar, toda vez que la demandante se refiere a la necesidad de acreditar: i) la
existencia de un contrato laboral suscrito por el accionado y dicha empresa, así
como la constancia de aportes parafiscales realizados por ella; y ii) varios aspectos
relacionados con la gestión y reconocimiento de los derechos derivados de una
creación audiovisual para sus autores, conforme lo dispuesto en la Ley 1835 de
201719.
41. En relación con el primer reproche, la Sala encuentra que, en efecto, no se
aportó al expediente un contrato de trabajo suscrito tanto por el demandado como
por el representante de MCAM MEDIA S.A.S, en virtud del cual se hubiesen
desarrollado las actividades que fueron presentadas para efectos de acreditar
experiencia profesional relacionada en el área de la televisión. No obstante, debe
recordarse que el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que «[e]l
contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no requiere forma
especial alguna», por lo que la existencia de un vínculo de tal naturaleza no está
sometida a solemnidad probatoria alguna.
42. Ahora bien, consta en el expediente una declaración extrajudicial vertida por
el señor Carlos Alberto Ghisays de Alba, representante legal de MCAM MEDIA
SAS, en la que señala que el demandado estuvo vinculado a su empresa mediante
«orden de servicios20», por lo que el accionado habría desempeñado sus
actividades, no como consecuencia de un contrato de trabajo, sino en cumplimiento
de un contrato de prestación de servicios entre particulares, negocio jurídico que
no cuenta con una regulación específica en la legislación civil o comercial y que,
por tanto, tampoco exige formalidad alguna para probar su existencia, por lo que la
certificación emitida por la sociedad mencionada y la declaración a que se ha hecho
referencia, dan cuenta suficientemente sobre la existencia del referido contrato.
19 Que incorporó el artículo 98 a la Ley 23 de 1982, en los siguientes términos:
«Artículo 98. Los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica se reconocerán, salvo
estipulación en contrario a favor del productor.
PARÁGRAFO 1o. No obstante, la presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos
en el artículo 95 de la presente ley, conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración
equitativa por los actos de comunicación pública incluida la puesta a disposición y el alquiler
comercial al público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada
directamente por quien realice la comunicación pública.
La remuneración a que se refiere este artículo, no se entenderá comprendida en las cesiones de
derechos que el autor hubiere efectuado con anterioridad a esta ley y no afecta los demás derechos
que a los autores de obras cinematográficas les reconoce la Ley 23 de 1982 y demás normas que la
modifican o adicionan, así como sus decretos reglamentarios. (…)»
20 Ante la Notaría Doce del Círculo de Barranquilla, rendida el 28 de marzo de 2023. Índice SAMAI
38. Archivo: Contestación demanda y anexos( .zip) NroActua 38.
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43. Adicionalmente, debe indicarse que, conforme lo establecido en el artículo
2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, la prueba del contrato ni la certificación del
pago de contribuciones parafiscales no constituyen elementos exigibles para la
acreditación de experiencia, por lo que no es un aspecto relevante para establecer
si el accionado cumplió o no con dicha exigencia contemplada en el Manual de
Funciones por Competencias21.
44. Sobre el segundo elemento mencionado, cabe indicar que la Ley 1835 de
2017, también conocida como «Ley Pepe Sánchez», consta de dos disposiciones:
i) la primera, en la que, en esencia, se reconoce a los autores de obras
audiovisuales «el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de
comunicación pública incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al
público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada
directamente por quien realice la comunicación pública»; ii) y la segunda, en la que
se dispone el régimen de vigencia y derogatorias de lo dispuesto en el artículo 1.
45. Así, no se advierte que exista en la referida Ley o en el Manual de Funciones
por Competencias de TELECARIBE una disposición que someta la prueba de la
participación en producciones para televisión a la constancia del registro de las
obras correspondientes ante alguna autoridad o entidad encargada de la gestión y
defensa de los derechos de sus autores, o del pago de alguna remuneración por
los actos de comunicación que sobre estas se realicen.
46. De tal modo, no existe soporte normativo alguno que condicione el ejercicio
de actividades relacionadas con la elaboración y revisión de libretos de obras
audiovisuales o la certificación de tales actividades, a registros o elementos
adicionales como los señalados por la accionante.
47. Por otra parte, debe advertirse que el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de
22
2015 prevé una serie de exigencias relativas a los elementos con que debe contar
una certificación que pretenda ser tomada en consideración al momento de
establecer si una persona cuenta o no con la experiencia exigida para acceder a un
determinado cargo público. Al respecto, la disposición en mención señala lo que
sigue:
21 En un caso similar al presente, en el que se alegaba la invalidez de una certificación por cuanto
no se presentaron los correspondientes aportes al Sistema General de Seguridad Social, la sala
indicó que es el artículo 2.2.2.3.8 el que establece «la forma como se debe acreditar la experiencia
profesional, esto es, a través de constancias expedidas por la autoridad competente de las
respectivas instituciones públicas o privadas, tal como se hizo en este caso, de manera que no es
la certificación de COLPENSIONES en cuanto a los pagos de seguridad social, la forma en la que
se demuestra la experiencia profesional». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 18 de marzo de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2020-
00077-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
22 Aplicable a TELECARIBE en atención a su naturaleza de empresa industrial y comercial del estado
del orden nacional.
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ARTÍCULO 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará
mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente de
las respectivas instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente,
la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo,
la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Tiempo de servicio.
3. Relación de funciones desempeñadas.
Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión
haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el
tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y
dividiendo el resultado por ocho (8).
48. Como puede advertirse, la norma en cita no contiene ninguna de las
exigencias que pretende hacer valer la parte demandante para invalidar el
contenido de la certificación emitida por MCAM MEDIA S.A.S, por lo que, dado que
no se aprecia ninguna afirmación tendiente a señalar la existencia de una norma
especial que establezca condiciones diferentes para valorar la experiencia del
aspirante al cargo de gerente de TELECARIBE, no existe sustento alguno para
acceder a lo pretendido en la demanda, pues el documento expedido por dicha
sociedad da cuenta i) del nombre de la entidad privada en que laboró el accionado;
ii) del tiempo durante el cual prestó sus servicios a en ella y iii) del ejercicio de las
siguientes funciones, cuya relación con el medio televisivo es clara:
1. Realización de investigación para las producciones para televisión encargadas y
proyectadas por la empresa
2. Redactar y verificar los libretos de las producciones para televisión encargadas y
proyectadas por la empresa. (…)
49. Finalmente, frente a la afirmación de que el representante legal de la
sociedad en mención no podría haber certificado la obtención de la experiencia del
demandado, en atención a que el tiempo en que se desempeñó su actividad sería
anterior al momento en que la sociedad adquirió dicha razón social, la Sala
encuentra que obra en el expediente un certificado de existencia y representación
legal23 de la empresa, en el que consta que esta habría adquirido tal denominación
el 7 de octubre de 2021 y que la decisión adoptada en tal sentido por la Asamblea
de Accionistas se habría registrado el día 12 del mismo mes.
23 Emitido por la Cámara de Comercio de Barranquilla el 12 de diciembre de 2022. Índice SAMAI 3.
Archivo: ED_02DEMANDAMEDIDAC(.pdf) NroA ctua 3. Págs. 177-182.
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50. Por otra parte, en el documento mencionado se advierte que la sociedad en
comento fue constituida el 25 de marzo de 2014, mediante documento privado que
fue registrado ante la Cámara de Comercio de Barranquilla el 3 de abril del mismo
año.
51. Así las cosas, es claro que no se trata de dos empresas diferentes, sino de
una misma sociedad que ha cambiado su denominación y que, por el mismo motivo,
no existe impedimento alguno para que la misma entidad jurídica certifique el
ejercicio de actividades del demandado, aun cuando estas se hubiesen desplegado
con antelación al cambio de su razón social.
52. En tal sentido, no se advierte la existencia de una falsedad como la alegada
por la parte accionante24, dado que no existe prueba de que los datos consignados
respecto de las funciones desempeñadas por el demandado, las fechas de inicio y
terminación de sus actividades en la empresa, entre otros aspectos, sean contrarios
a la verdad. Por el contrario, obra en el expediente una declaración extrajudicial
rendida por el representante legal de MCAM MEDIA S.A.S25, en la que se confirman
e incluso se amplían estas informaciones, como se aprecia a continuación:
53. De otro lado, en declaración presentada ante la Notaría Cuarenta y Siete del
Círculo de Barranquilla, la misma persona declaró que la inconsistencia indicada
por la parte accionante, en relación con la fecha de expedición de la certificación
presentada por el demandado como soporte de la experiencia adquirida en MCAM
MEDIA S.A.S, se trata de un error de digitación, toda vez que se indicó que se habría
emitido el 5 de noviembre de 2020 y no el 5 de noviembre de 2022, como en realidad
ocurrió26.
24 La parte accionante no propuso tacha de falsedad contra el documento. Se limitó a exponer
motivos por los que debía restarse credibilidad a lo allí señalado.
25 Ante la Notaría Doce del Círculo de Barranquilla, rendida el 28 de marzo de 2023. Índice SAMAI
38. Archivo: Contestación demanda y anexos( .zip) NroActua 38.
26 Ibídem.
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54. De tal modo, no son de recibo los argumentos expuestos por la parte
demandante sobre el particular. Por tanto, la Sala concluye que la experiencia
reportada por el accionado como jefe de planeación de TELECARIBE, por un
tiempo de 1 año y 10 meses27 y la certificada por la empresa MCAM MEDIA S.A.S,
que se prologó por 7 meses28, suman un total de 29 meses que son más que
suficientes para el cumplimiento del requisito relativo a contar con 24 meses de
experiencia profesional relacionada en televisión, previsto en el Manual de
Funciones por Competencias de TELECARIBE.
55. Por lo expuesto, se negarán las pretensiones de la demanda presentada
contra el acto de elección emitido el 1 de diciembre de 2022 por la Junta
Administradora Regional de TELECARIBE, mediante el cual se designó a Alfonso
De la Cruz Martínez como gerente temporal de dicha entidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
presentada por Natalia Lara Rodríguez, contra el acto emitido por la Junta
Administradora Regional de TELECARIBE el 1 de diciembre de 2022, en el cual se
eligió a Alfonso De la Cruz Martínez como gerente temporal de la entidad.
SEGUNDO: En firme la presente providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
27 Obran en el expediente el acta de posesión de fecha 1 de febrero de 2021 y el Acta 311 del 1 de
diciembre de 2021, en la que se da cuenta de que, para la fecha de la elección del accionado como
gerente temporal de TELECARIBE, seguía desempeñando el cargo de jefe de la oficina de
planeación. Índice SAMAI 47. Archivo: Antecedentes(.pdf) NroActua 47. Págs. 11 y 45.
28 El demandado prestó sus servicios en dicha empresa entre el 5 de marzo y el 5 de octubre de
2020. Visible en: ibídem. Pág. 50.
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CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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