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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2022-00328-00

Fecha
6 de julio de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2022-00328-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la pretensión de nulidad promovida por el señor Camilo Gómez Riveros contra el artículo 2.2.34.1.2, ordinal 1°, del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1817 del 2015. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede ningún recurso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Demandante: Camilo Gómez Riveros Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros. Radicado: 11001-03-24-000-2022-00328-00 TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-24-000-2022-00328-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de julio de 2023

Demandante: Camilo Gómez Riveros
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y otros.
Radicado: 11001-03-24-000-2022-00328-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-24-000-2022-00328-00
Demandante: CAMILO GÓMEZ RIVEROS
Demandados: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO Y OTROS - artículo 2.2.34.1.2, ordinal 1, del
Decreto 1083 de 2015.

Temas: Potestad reglamentaria del presidente de la República.
Límites.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 20111, promovido por
Camilo Gómez Riveros contra el artículo 2.2.34.1.2, ordinal 1, del Decreto 1083 de
2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1817 del 2015.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1. Camilo Gómez Riveros2, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 137 del CPACA, pretende la nulidad del artículo 2.2.34.1.2, ordinal 1, del
Decreto 1083 de 20153, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1817 del 2015,
que dispone:

ARTÍCULO 2.2.34.1.2. Calidades. Para ocupar los empleos de
Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero (sic)
Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las siguientes
calidades:

1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría
o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar
(…). (Énfasis de la Sala)

1 En adelante CPACA.
2 Actuando en nombre propio.
3 «Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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Demandante: Camilo Gómez Riveros
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y Crédito Público y otros.
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1.1. Fundamentos fácticos

2. El accionante señaló que el presidente de la República, en ejercicio de la
facultad prevista en el numeral 11 del artículo 189 superior, expidió el Decreto
Reglamentario 1817 del 15 de marzo de 2015 mediante el cual estableció los
requisitos especiales para el acceso a los cargos de superintendente de i) industria
y comercio, ii) sociedades y iii) financiero.

3. Indicó que la norma reglamentaria adicionó al Decreto 1083 de 2015 el título
34 de la parte 2 del libro 3, y fijó en su artículo 2.2.34.1.2. las calidades para ocupar
los empleos en mención. Concretamente, adujo que, en el numeral primero de la
disposición citada, se establecieron unos requisitos de formación que exceden los
límites del ejercicio de la potestad reglamentaria.

4. Tales exigencias se concretan en que quienes aspiren a los cargos de
superintendente de industria y comercio, sociedades y financiero deben contar con
«[t]ítulo profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o doctorado
en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar.»

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

5. En concepto del accionante la norma objeto de reproche desconoció las
siguientes disposiciones del orden constitucional y legal:

a) Artículos 13, 114 y 150 de la Constitución Política de 1991.
b) Artículos 5 y 8 del Decreto Ley 770 del 17 de marzo de 2005, expedido
en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas al presidente
de la República por el artículo 53 de la Ley 909 de 2004.
c) Artículo 10 de la Ley 30 de 1992.

6. Para el actor, las exigencias de formación introducidas transgreden el
principio constitucional de igualdad del artículo 13 constitucional, puesto que los
requisitos fijados en la norma censurada no fueron establecidos por el legislador
para ocupar la dirección de las demás superintendencias, lo que implica
establecer, en ejercicio de la potestad reglamentaria, preferencias entre los
diferentes órganos supervisores pese a que ni la constitución ni la ley «han
dispuesto tal clasificación, especialización o discriminación».

7. En lo que se refiere a la violación de los artículos 114 y 150 superiores,
adujo que los empleos referidos en la disposición demandada son de libre
nombramiento y remoción, por lo que la regulación de las condiciones para acceder
a estos es de competencia exclusiva del legislador.

8. También consideró que la norma atacada desconoce los artículos 5 y 8 del
Decreto-Ley 770 de 2005. En relación con la primera disposición, indicó que en
ella se estableció expresamente las competencias laborales y los requisitos para
el acceso a los empleos del nivel directivo, en el que se ubican los cargos de
superintendente. En específico, que el mínimo a exigir será el título profesional y

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experiencia y, como máximo, sumando a las anteriores exigencias, un título de
postgrado.

9. En concepto del actor, el artículo 5 del Decreto-Ley 770 de 2005 no otorgó
al Gobierno Nacional competencia para establecer requisitos especiales respecto
del máximo cargo de ninguna superintendencia en particular. Por ello, aseveró que
el presidente de la República no podía, por la vía de la potestad reglamentaria,
incorporar exigencias «para acceder a dichos cargos, sobre los cuales, el
legislador no haya dado margen de aplicación o determinación».

10. Por su parte, el demandante sostuvo que la norma demandada transgrede
el artículo 84 del Decreto-Ley 770 de 2005 puesto que desconoce que una persona
con amplia experiencia en las labores y ejercicio profesional, puede adelantar de
forma suficiente, con la mayor calidad y diligencia las funciones propias de los
empleos públicos en mención.

11. Finalmente, afirmó que la norma objeto de reproche desconoce el artículo
10 de la Ley 30 de 1992, disposición que establece que las especializaciones son
programas de posgrado. En tal sentido, precisó que tal determinación del legislador
implica que la exigencia de títulos de posgrado como requisito o calidad por
acreditar para acceder a un cargo del nivel directivo no debe excluir a las
especializaciones.

2. Trámite de la demanda

2.1. Admisión5

12. En providencia del 31 de octubre del 20226, se admitió la demanda y se
ordenaron las notificaciones y comunicaciones de los artículos 171, 175 y 199 del
CPACA, trámites que se efectuaron como consta en los índices 23 y 25 del sistema
SAMAI.

2.2. Contestaciones

2.2.1. Presidencia de la República7

13. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones del demandante y propuso
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva puesto que el acto

4 Que trata sobre la equivalencia entre la formación académica y la experiencia exigida para el

acceso a los cargos referidos en el Decreto-Ley 770 de 2015.
5 El proceso se repartió inicialmente a la Sección Primera de esta Corporación, la cual, mediante

auto del 2 de septiembre de 2022 -índice SAMAI 4- ordenó la remisión del asunto a esta Sección.
Ello, con fundamento en la decisión que previamente se adoptó en un asunto en el que se demandó
el mismo Decreto 1817 del 2015 y en el criterio de especialidad por cuanto «se demanda la nulidad
de un acto por medio del cual se reglamentan las calidades para ocupar los empleos de
Superintendente de Industria y Comercio; Financiero y Sociedades».
6 Índice SAMAI 20.
7 Índices SAMAI 29 y 30.

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expedido fue suscrito por el director del Departamento Administrativo de la Función
Pública y no por quienes conforman el Gobierno Nacional, según lo establece el
artículo 115 superior8.

14. Puntualizó que conforme al artículo 159 del CPACA, la Nación está
representada por la persona de mayor jerarquía que expidió el acto administrativo,
que en este caso es el director del Departamento Administrativo de la Función
Pública. Por lo tanto, alegó que es sobre esta entidad que recae la legitimación por
pasiva, no en la Presidencia de la República, pues no representó al gobierno en la
expedición del acto demandado.

15. Manifestó que la desvinculación de la Presidencia de la República con base
en las referidas normas ha sido una posición pacífica al interior del Consejo de
Estado9, por lo que solicitó que se haga lo propio en el presente asunto.

2.2.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público10

16. Solicitó que se denegaran las pretensiones porque de la interpretación
armónica de los artículos 122 constitucional, 2.2.5.1.4 y 2.2.5.1.5 del Decreto 1083
de 2015, 5 y 44 de la Ley 190 de 1995 y 34 y 35 de la Ley 734 de 2002, es posible
concluir que «para la provisión de cargos de las entidades del Estado, los
postulados deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio del mismo en
la Constitución, las leyes y los reglamentarios [sic]».

17. En criterio de esta cartera, a partir de lo establecido en las disposiciones
referidas se desvirtúa el argumento según el cual la facultad de fijar los requisitos
para el ejercicio de un cargo público es exclusiva del Congreso de la República.

18. Asimismo, indicó que de conformidad con la sentencia C-810 de 201411, «el
Gobierno Nacional cuenta con una facultad reglamentaria general derivada de la

8 El 17 de febrero de 2023, el magistrado sustanciador declaró probada la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República. Concretamente, se concluyó que el llamado a representar a la Nación en el
presente trámite era el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, de
conformidad con lo previsto en los artículos 115 de la Constitución Política y 159 del CPACA, así
como en la jurisprudencia de esta Corporación. Lo anterior, en la medida en que el Decreto 1083
de 2015 lo expidió el Gobierno Nacional a través de la directora del Departamento Administrativo
de la Función Pública, razón por la que no podía tenerse como demandado al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
9 Para el efecto se refirió a las siguientes providencias: i) auto de abril 5 de 2018, dentro del medio

de control de nulidad, radicado 1100103227000-2013-00026-00 (20437), MP. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, Sección Cuarta del Consejo de Estado, ii) auto de septiembre 26 de 2018, medio
de control nulidad, simple, radicado 11001032600020160014000 (57.819), MP. Ramiro Pazos
Guerrero; iii) Auto del 26 de julio del 2017, radicado 11001-03-25-000-2014-01542-00. MP. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.
10 Índices 32 a 34 SAMAI.
11 En concreto citó el siguiente apartado: “La potestad reglamentaria es “... la producción de un acto

administrativo que hace real el enunciado abstracto de la ley... [para] encauzarla hacia la
operatividad efectiva en el plano de lo real”. Tal facultad se concreta en la expedición de las normas
de carácter general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la ley. Toda facultad de
regulación que tenga como contenido expedir normas para la cumplida ejecución de las leyes,
pertenece, en principio, por atribución constitucional, al Presidente de la República, sin

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atribución constitucional conferida al señor Presidente (sic) de la República, sin
necesidad que medie ley expresa que así lo disponga en cada caso».

19. A su vez, aseveró que la Corte Constitucional en sentencia C-673 de 2015,
ha establecido tres criterios fundamentales para interpretar la clasificación de los
cargos referidos en la norma demandada, estos son, aquellos de libre
nombramiento y remoción, a saber: i) el criterio subjetivo de confianza cualificada12;
ii) el criterio objetivo funcional o material13; y iii) el criterio orgánico14.

20. Para la Corte, los empleos de libre y nombramiento remoción, como el de
superintendente, cuya escogencia implica la existencia de un criterio subjetivo de
confianza cualificada por las funciones atribuidas y la subordinación directa con el
presidente de la República, conlleva que «la labor asignada deba responder a las
exigencias discrecionales de su nominador y estar sometida a su permanente
vigilancia y evaluación, por lo cual, resulta plausible concluir que la exigencia de
las más altas calidades profesionales para su desempeño por la vía reglamentaria,
no resulte atentatoria del derecho a la igualdad».

2.2.3. Departamento Administrativo de la Función Pública15

21. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones del demandante al considerar
que no es cierto que la competencia para regular los requisitos de los cargos
públicos sea exclusiva del Congreso de la República.

22. Afirmó que las exigencias de formación fijadas en la norma acusada
encontraban su justificación en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto 1083 de 2015, que
incluyó condiciones de carácter general para el acceso al ejercicio de un empleo
público, en este caso de algunos superintendentes. Así, adujo que, para las
Superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades, se
dispusieron en los correspondientes manuales de funciones los requisitos
necesarios para una adecuada administración.

23. Aseveró que, aun cuando los empleos referidos en la norma acusada son
de libre nombramiento y remoción y estos son nominados por el presidente de la

necesidad de que la ley así lo determine en cada caso. Dentro del sistema de fuentes de nuestro
ordenamiento jurídico, la potestad reglamentaria tiene un lugar propio. Por virtud de ella el
Presidente de la República expide normas de carácter general, subordinadas a la ley y orientadas
a permitir su cumplida aplicación. Tales normas revisten, además, una forma especial, y se expiden
con la firma del Presidente y el Ministro o Director de Departamento Administrativo del
ramo.” (Énfasis y subrayado original).
12 «Que se relaciona con aquellos empleos en los cuales la confianza sea necesaria para quienes

tienen a su cargo responsabilidades de dirección, manejo, conducción de políticas o directrices
institucionales, por cuanto las funciones a realizar demandan un mayor grado de reserva por parte
de la persona que las cumple».
13 «Que refiere a que el legislador para efectos de fijar una clasificación de empleos, puede hacer

una remisión al contenido de las funciones atribuidas expresamente por la Constitución, la ley o el
reglamento; en ese sentido, cuando se trata de funciones de dirección, conducción o manejo
institucional, es viable catalogar el empleo como de libre nombramiento y remoción».
14 «el cual impone efectuar la respectiva clasificación de los empleos teniendo en cuenta el nivel

jerárquico que ocupan dentro de la estructura de la entidad».
15 Índice 38 SAMAI.

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República, lo cierto es que «se requería que dichos perfiles profesionales se
adecuaran a necesidades especiales, que atendieran a diferentes requerimientos
técnicos, sin que esto represente una violación al principio constitucional de la
igualdad».

24. Afirmó que de conformidad con los artículos 113 y 122 superiores, los
funcionarios públicos deben tener unas funciones detalladas y específicas en
procura del cumplimiento de los fines estatales. En desarrollo de tales parámetros
constitucionales, los Decretos Ley 770 de 2005 y 1083 de 2015 fijaron los requisitos
para fungir como superintendente de Sociedades, Financiero y de Industria y
Comercio.

25. Asimismo, señaló que la adopción de diferentes requisitos, como ocurre en
el caso concreto, encuentra pleno respaldo en el artículo 209 superior, norma
constitucional que propende por la moralidad administrativa y el desarrollo de los
principios de economía y eficacia.

26. Al respecto, precisó que en atención a las funciones técnicas especiales de
las superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades, esto
es, de inspección, vigilancia y control, se requería que «quienes estén a su cargo
tengan los más altos calificativos, en este caso académicos, que permitan un
armonioso funcionamiento estatal».

2.2.4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo16

27. Se opuso a las pretensiones del demandante por considerar que la
disposición censurada respetó los criterios constitucionales y jurisprudenciales
respecto de la potestad reglamentaria desarrollados en la sentencia C-1005 de
2008. De tal suerte, afirmó que la disposición objeto de estudio «obedeció a la
facultad que la constitución otorgó al presidente y en dicha línea al ministerio para
reglamentar la ley, motivo por el cual no se puede concluir en el presente caso la
existencia de falsa motivación».

2.2.5. Superintendencia de Industria y Comercio17

28. Solicitó que se negaran las pretensiones de la parte actora, toda vez que
carecen de fundamento jurídico ante la inexistencia de elementos y sustento legal
que sustenten la causal de nulidad invocada.

29. Concretamente, aseguró que la norma acusada no infringió la ley y la
Constitución, sino que fue expedida con fundamento en la potestad reglamentaria
del presidente de la República establecida en el ordinal 11 del artículo 189 superior.

30. En relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, tales como el
de superintendente, afirmó que, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad

16 Índice 41 SAMAI.
17 Índices 35 a 37 SAMAI.

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que los caracteriza, la competencia profesional es el criterio que deberá prevalecer
en el nombramiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
909 de 2004.

31. Adicional a lo anterior, señaló que el Decreto Ley 770 de 2005 establece en
el artículo 5 que «el Gobierno Nacional determinará las competencias y los
requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos», disponiendo que las
competencias se fijarán teniendo en cuenta varios criterios como pueden ser la
experiencia, la responsabilidad por personal a cargo y los estudios.

32. Así las cosas, expuso que el requisito de contar con un título de posgrado,
sea doctorado o maestría para ocupar un cargo gerencial como el de
superintendente, se hizo con el propósito de «mejorar el servicio público
desarrollando lo dispuesto en el Decreto 770 de 2015 y el artículo 2.2.2.4.1 del
Decreto 1083 de 2015». Asimismo, atendiendo a los principios constitucionales de
igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad.

33. Afirmó que la potestad reglamentaria es una facultad asignada por el
constituyente al presidente de la República para «detallar una ley que se limitó a
definir de forma abstracta y general los aspectos generales sobre un tema», razón
por la que puede afirmarse que la disposición acusada desarrolla la Ley 909 de
2004, comoquiera que la misma solo define lo que debe entenderse por cargos de
libre nombramiento y remoción, sin especificar los requisitos y las calidades por las
cuales deben ser elegidos.

34. A su vez, trajo a colación una decisión de esta corporación del 14 de mayo
de 202018, en la que se hizo referencia al criterio del mérito, de las calidades
personales y de la capacidad profesional, como elementos sustantivos de los
procesos de selección del personal que integran la función pública, particularmente
en relación con el procedimiento de selección de los superintendentes.

35. En ese orden, reiteró que la norma censurada tiene sustento en la Ley 909
de 2004, la cual estableció los criterios de mérito y capacidades para ocupar dichos
cargos, los cuales no corresponden a la carrera administrativa y, por tal razón el
Decreto Ley 775 de 2005 no resulta aplicable, como asevera el demandante.

2.2.6. Superintendencia de Sociedades19

36. Solicitó que se fallaran desfavorablemente las pretensiones de la demanda
porque i) la norma acusada goza de presunción de legalidad y, por ende,
corresponde a la parte demandante la carga probatoria de desvirtuarla.
Igualmente, en la medida en que ii) fue dispuesta en ejercicio de la potestad
reglamentaria «para asegurar el buen servicio público y la garantía de la
transparencia y publicidad de las actuaciones administrativas».

18 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020, exp. 11001-03-24-000-

2015-00542-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19 Índices 39 y 40 SAMAI.

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37. Puso de presente que de acuerdo con lo establecido en el numeral 13 del
artículo 189 superior, el presidente de la República tiene la potestad discrecional
de nombrar y remover libremente a sus agentes. Igualmente, que esta
Corporación20 ha señalado que el superintendente «es un agente del Jefe de
Estado de la República, para el cumplimiento de la función de inspección, control
y vigilancia en los distintos sectores de la vida nacional».

38. Igualmente, expuso que el Decreto 770 de 2005, en su artículo 5, dispone
que corresponde al Gobierno Nacional establecer las competencias y requisitos de
los empleos de distintos niveles jerárquicos, entre otros, las calidades de estudios
y experiencia.

39. Finalmente, afirmó que si bien el cargo de superintendente es de libre
nombramiento y remoción según lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y que ello
implica la ausencia de motivación en lo que atañe a la escogencia de quien ocupará
el mismo, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado21 es pacífica en promover la excelencia y meritocracia y proscribir la
designación de personas que carecen de las competencias y requisitos necesarios
para el desempeño de la función pública, escenario por el que propende la norma
acusada.

2.2.7. Superintendencia Financiera22

40. Se opuso a la prosperidad de la pretensión de nulidad por considerar que la
facultad de fijar los requisitos para el ejercicio de un cargo público no es exclusiva
del Congreso de la República.

41. Expuso que la potestad reglamentaria del presidente se encuentra
gobernada por el principio de necesidad, que implica que solo puede ser ejercida
«con la única finalidad de detallar una Ley que se limitó a definir de forma general
y abstracta los supuestos fácticos que regula». En este sentido, indicó que se ha
reconocido que cuanto más general y amplia haya sido la regulación en la ley, más
forzosa es su reglamentación para efectos de facilitar su aplicación.

42. Aseguró que, de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación23,
en virtud de dicha facultad, el presidente puede emitir reglamentaciones
adicionales con el fin de mejorar las condiciones de quienes desempeñaran los
cargos de superintendente Financiero, Industria y Comercio y Sociedades, toda
vez que sus labores son de especial confianza, por la trascendencia y el grado de
responsabilidad administrativa o política de las tareas encomendadas.

20 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020, exp. 11001-03-24-000-

2015-00542-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 Sin referir alguna decisión en concreto.
22 Índice 37 SAMAI.
23 Para el efecto se refirió a un proceso de nulidad con radicado No. 2019-00319-00. Demandante

Alejandro Jiménez Ospina, demandado Presidencia de la Republica, en el que se perseguía la
nulidad del Decreto 1163 de 2019.

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43. Asimismo, se refirió a la sentencia C-673 de 2015, oportunidad en la que la
Corte Constitucional determinó los criterios para el desarrollo de cargos de libre
nombramiento y remoción, categoría en la que se encuentran los de
Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero y
Superintendente de Sociedades.

44. Igualmente, hizo alusión a la providencia del 14 de mayo de 202024 proferida
por esta Sección en la que se refirió al criterio del mérito, a las calidades personales
y la capacidad profesional, como elementos sustantivos de los procesos de
selección del personal que integra la función pública, parámetros que se pueden
ajustar al caso concreto.

45. En su concepto, la jurisprudencia reconoce que a los empleos de
superintendente de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades, «le son
connaturales las exigencias discrecionales que el nominador encuentre necesarias
para su desarrollo por lo que resulta plausible concluir que la condición de ostentar
las más altas calidades profesionales para su desempeño por la vía reglamentaria»
no resulta excesivo ni contraviene disposición constitucional o legal alguna tal y
como asegura el demandante.

2.3. Trámite de sentencia anticipada

46. El 29 de marzo de 202325, el magistrado sustanciador dispuso: i) impartir al
trámite la figura de la sentencia anticipada, ii) decretar pruebas, iii) fijar el litigio y
iv) correr traslado para alegar de conclusión a las partes y al Ministerio Público
para que rindiera concepto, con fundamento en el artículo 182A del CPACA.

47. Igualmente, se ordenó a las entidades que conforman la parte demandada
que, de contar con la información, remitieran los antecedentes administrativos de
la actuación objeto del proceso.

2.4. Solicitud del Departamento Administrativo de la Función Pública

48. En etapa de alegatos, el Departamento Administrativo de la Función Pública
allegó oficio26 en el que informó de la existencia del proceso 11001-03-24-000-
2022-00281-00 que conoce la Sección Primera27. Dicha entidad adujo que, en tal
demanda, bajo los mismos supuestos fácticos y jurídicos, también se pretende la
nulidad del artículo 2.2.34.1.2, ordinal 1°, del Decreto 1083 de 2015 28, adicionado
por el artículo 1 del Decreto 1817 del 2015.

24 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020, exp. 11001-03-24-000-

2015-00542-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
25 Índice 54 Samai.
26 El 14 de abril de 2023. Índice 62 Samai.
27 A través del despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López.
28 «Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

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49. Advirtió que, el 3 de febrero de 2023, en el proceso en mención interpuso
recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda29 en el que solicitó
que el expediente se remitiera a la Sección Quinta con el fin de acumularlo al
presente expediente.

50. Asimismo, indicó que la Presidencia de la República, mediante escrito del 7
de febrero de 2023 puso en conocimiento de la Sección Primera acerca de la
existencia de aquel proceso y también solicitó su acumulación en los términos del
artículo 148 del CGP y el 306 del CPACA.

51. Bajo tal orientación, solicitó que esta Sección tuviera en cuenta tal situación,
que además fue puesta en conocimiento por dos de las entidades públicas
demandadas, a fin de lograr un criterio unificado en la resolución del caso.

2.5. Alegatos de conclusión

52. El demandante30, las Superintendencias de Sociedades31, Financiera32 y de
Industria y Comercio33, el Departamento Administrativo de la Función Pública34, así
como los ministerios de Comercio e Industria y Turismo35 reiteraron los argumentos
a partir de los cuales se fundamentó la pretensión de nulidad en la demanda, así
como aquellos expuestos en sede de contestación.

2.6. Concepto del Ministerio Público

53. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado36 solicitó negar
las pretensiones del accionante, por considerar que con la expedición del numeral
1° del artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015 no se presentaron las
irregularidades alegadas en el medio de control incoado.

54. En criterio del Ministerio Público, la regulación normativa contenida en la
disposición acusada no desconoce el mandato de igualdad del artículo 13 superior,
puesto que tal garantía acepta que se otorgue un trato diferenciado ante
situaciones disímiles. Para ello, determinó que las superintendencias aludidas
desempeñan funciones técnicas que implican la razonabilidad de establecer dicho
trato diferenciado respecto de otros entes supervisores que cumplen funciones
generales en cada uno de los sectores en los que realizan inspección y vigilancia.

55. Precisó que el artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005 es diáfano al señalar
que le corresponde al Gobierno Nacional determinar las competencias y los
requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos, entre los que se

29 De fecha 30 de enero de 2023.
30 Índice 78 Samai.
31 Índice 59 Samai.
32 Índice 63 Samai.
33 Índice 81 Samai.
34 Índice 79 Samai
35 Índice 71 Samai
36 Índice 88 Samai.

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encuentra el de superintendente, siempre que ello sea de conformidad a los
parámetros establecidos en la ley.

56. Al respecto, señaló que la norma en mención establece para los empleos
del nivel directivo, como mínimo, contar con título profesional y experiencia; y como
máximo, además de lo anterior, un título de posgrado. En consecuencia, tales
parámetros fueron atendidos por la disposición censurada puesto que se exige la
acreditación de maestría o doctorado como títulos de posgrados establecidos
como tal en el artículo 10 de la Ley 30 de 1992. En este punto, se puso de presente
que el Gobierno Nacional podía escoger uno o varios títulos de posgrado
contemplados en la referida disposición, con lo cual no resulta de reproche haber
excluido a las especializaciones.

57. Tampoco consideró de recibo la transgresión alegada respecto del artículo
8 del Decreto Ley 770 de 2005 referido a la aplicación de equivalencias entre
estudios y experiencias para el ejercicio de empleos, puesto que las alternativas
dispuestas en dicha norma son discrecionales u optativas por parte del Gobierno
Nacional.

58. De igual forma, adujo que no se presentó el desconocimiento de los artículos
114 y 150 superiores, en razón a que la ley facultó a Gobierno Nacional para que
estableciera los requisitos de los empleos de los distintos niveles, entre los cuales
se encuentra el cargo de superintendente que hace parte del nivel directivo, toda
vez que la Constitución no fijó reglas para la designación de estos servidores
públicos, como tampoco el legislador lo ha hecho.

59. Para el Ministerio Público, al ser las referidas superintendencias de
naturaleza técnica, resultaba pertinente y adecuado que se haya generado una
disposición especial de regulación sobre las calidades para ocupar el cargo de
superintendente que den cuenta de que la persona a desempeñar dicho cargo
cuenta con un nivel más avanzado de formación.

60. Por lo expuesto, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado
concluyó que el Gobierno Nacional, al expedir numeral 1° del artículo 2.2.34.1.2
del Decreto 1083 de 2015, no excedió su competencia reglamentaria.

II. CONSIDERACIONES
1. Competencia

61. De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 149 de la
Ley 1437 de 201137 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, expedido por la

37 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en Única Instancia: “El Consejo de Estado, en

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos (…) 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos
por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando
cumplan funciones administrativas del mismo orden.”.

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Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta es competente para conocer,
en única instancia, del presente proceso.

2. Problema jurídico

62. En la providencia del 29 de marzo de 202338 se fijó el litigio en los siguientes
términos:

¿Está viciado de nulidad el artículo 2.2.34.1.2 - ordinal 1° - del Decreto 1083
de 2015 por infringir los artículos 13, 114 y 150 de la Constitución Política; 5
y 8 del Decreto 775 de 2005 y 10 de la Ley 30 de 1992 por cuanto, a través
de la facultad reglamentaria del presidente de la República establecida en el
artículo 189 constitucional reguló aspectos de competencia exclusiva del
legislador?

Lo anterior, a partir del concepto de la violación reseñado en la presente
providencia, junto con las razones de hecho y de derecho presentadas
oportunamente por las partes. Esto, sin perjuicio de los problemas jurídicos
que puedan surgir del debate principal.

63. Para resolver el referido cuestionamiento, la Sala se referirá: i) a la potestad
reglamentaria del presidente de la República; ii) el régimen legal para la
designación de los superintendentes y iii) solución del caso concreto.

3. Cuestión previa

64. Como se mencionó con antelación, en la etapa alegatos, el Departamento
Administrativo de la Función Pública allegó un escrito el 14 de abril de 2023, el cual
tituló como «SOLICITUD DE ACUMULACIÓN PROCESAL». En tal memorial,
informó al despacho ponente de la existencia de una demanda con identidad de
objeto y pretensiones respecto de la que se estudia en esta oportunidad, y cuyo
conocimiento en este momento es de la Sección Primera. Dicho escrito contiene
la siguiente petición:

En virtud de que el Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó la
Revocatoria de los autos admisorio y de traslado de medida cautelar, dentro del
proceso No. 11001-03-24-000- 2022-00281-00; y su consecuente remisión por
competencia de la Sección Primera a la Sección Quinta del H. Consejo de Estado,
comedida y respetuosamente, solicito que la Sección Quinta, tenga en cuenta
dicha situación, que además, fue puesta en conocimiento por dos de las entidades
públicas demandadas, a fin de lograr un criterio unificado en la sentencia que pongan
fin a la litis en discusión. (Énfasis de la Sala)

65. La Sala encuentra que dicha solicitud de acumulación se hizo por fuera de
los términos del artículo 148 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo
306 del CPACA. Aquella norma dispone que «las acumulaciones en los procesos
declarativos procederán hasta antes de señalarse fecha y hora para la audiencia
inicial».

38 Índice 42 Samai.

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66. Al respecto, debe recordarse que en este proceso se prescindió de la
audiencia inicial, razón por la que la oportunidad procesal para presentar la
solicitud de acumulación se extendía hasta el momento en que adquirió ejecutoria
la decisión del 29 de marzo de 2023, la cual impartió al presente el trámite de la
sentencia anticipada.

67. Tal providencia fue notificada por estado del 30 de marzo de 2023 39 y
adquirió ejecutoria el 11 de abril del mismo año40, mientras que el Departamento
Administrativo de la Función Pública presentó el oficio al que se ha hecho alusión
hasta el 14 de abril de 2023, esto es, de manera extemporánea.

68. Finalmente, a propósito de lo afirmado por el memorialista en torno a que
en la sección Primera de esta Corporación cursa un proceso similar, la Sala pone
de presente que el conocimiento de este asunto corresponde a esta Sección pues
se pretende la nulidad parcial de un acto cuya reglamentación contiene aspectos
de contenido electoral, en tanto desarrolla los requisitos para ocupar los empleos
de algunos superintendentes, lo cual eventualmente tendría alguna incidencia en
los actos de designación de aquellos41.

69. En otras palabras, se trata de un acto que establece los parámetros
generales para la designación de dichos funcionarios, criterio material que coincide
con la especialidad de esta Sala, según lo dispone el artículo 13 del Reglamento
Interno de esta Corporación:

ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES.
Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así:

(…)
Sección Quinta

1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral.

39 Índice Samai 56.
40 En atención a los días de vacancia judicial por semana santa.
41 Al respecto de los actos con contenido electoral, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado:

«Los actos electorales corresponden a aquellas decisiones administrativas por medio de las cuales
se declara una elección o se hace un nombramiento o designación, según se infiere del régimen
general de competencias establecido en el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, los
actos de contenido electoral, que por obvias razones no pueden equipararse a los actos electorales,
sí se pueden identificar por su estrecha relación con uno de estos actos, es decir que el acto viene
a ser de contenido electoral, no porque con el mismo se asuma una decisión administrativa de
elección o de nombramiento, sino porque la decisión administrativa afecte de alguna manera a un
acto de esa estirpe, bien porque lo revoque, modifique o sujete a alguna condición que antes no
tenía, es decir que el acto llega a ser de contenido electoral porque jurídicamente tiene alguna
incidencia en uno que sí tiene naturaleza electoral. Con todo, el acto de contenido electoral no se
agota en la anterior clasificación, pues bajo la premisa de que esa naturaleza se la confiere su
proximidad jurídica con un acto de elección o de nombramiento, también resulta válido afirmar que
dentro de ese catálogo se incluyen los actos administrativos de carácter general por medio
de los cuales la administración pública regula o reglamenta un proceso de elección o de
nombramiento». (Negrillas fuera de texto). Sentencia del 17 de septiembre de 2018. Radicado:
11001-03-28-000-2018-00134-00. MP. Rocío Araújo Oñate.

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70. Así lo consideró la Sección Primera de esta Corporación cuando remitió el
presente proceso por competencia a esta Sección, providencia que se sustentó en
el mismo criterio de especialidad:

Atendiendo a que, en el caso sub examine, se demanda la nulidad de un acto por
medio del cual se reglamentan las calidades para ocupar los empleos de
Superintendente de Industria y Comercio; Financiero y Sociedades: este Despacho
considera que el conocimiento le corresponde a la Sección Quinta de esta
Corporación, de conformidad con las reglas de repartimiento y el criterio de
especialidad establecidos en el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de
Estado42.

71. De igual manera, esta Sala ha asumido el conocimiento en asuntos similares
al presente, en los que, aunque por razones distintas, debatió la legalidad de actos
administrativos cuyo contenido normativo tendría incidencia en la elección o
designación de altos funcionarios del Estado como los superintendentes. En
efecto, en el proceso con radicado 1001032400020150054200 también se solicitó
la nulidad del artículo 1.º del Decreto núm. 1817 de 15 de septiembre de 2015, el
cual reglamentó las calidades, nombramiento y remoción del Superintendente de
Industria y Comercio; Financiero; y de Sociedades.43, y al respecto se señaló:

En este orden, el expediente fue repartido a este despacho el 22 de noviembre de
2019, el cual asumió el conocimiento del proceso por auto del 6 de diciembre de
2019, en aplicación de los criterios materiales establecidos por la jurisprudencia de
esta Sección para determinar si el contenido del acto demandado es electoral.

72. En ese orden, se concluye que el criterio de especialidad para conocer de
actos de carácter general por medio de los cuales se reglamenta un proceso de
elección o de nombramiento de funcionarios, como el que se demandó en el
presente proceso, coincide con el argumento que construyó la Sección Primera
para remitir este asunto a conocimiento de la Sección Quinta, conforme con lo
previsto en el citado artículo 13 del Reglamento de esta Corporación.

4. Potestad reglamentaria

73. El artículo 150 de la Constitución establece que al poder legislativo le
corresponde la función de promulgar las leyes, mientras que el artículo 189,
numeral 11, del mismo texto, dispone en cabeza del presidente de la República la
atribución de expedir decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la
ejecución de las leyes, lo que se conoce como la potestad reglamentaria.

74. Esta Sección44 ha manifestado que la ausencia de un nivel de precisión
suficiente de la ley conlleva a que el presidente de la República pueda expedir, en

42 Auto del 2 de septiembre de 2022. MP Hernando Sánchez Sánchez.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14 de

mayo de 2020. Radicado: 11001032400020150054200. MP Luis Alberto Álvarez Parra.
44 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencias del 17 de julio de 2008, exp. 11001-03-24-000-

2008-00009-00. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón y del 28 de julio de 2022, exp. 11001-03-
28-000-2022-00011-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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virtud del principio de colaboración, los actos administrativos que se requieran
para que las leyes puedan ejecutarse.

75. Por lo anterior, se ha reconocido que es con ocasión a la generalidad que
caracteriza a las leyes que el presidente de la República se encarga de
reglamentarlas con el propósito de facilitar su aplicación y concreción, pero sin
invadir las competencias del legislativo, en quien reside la competencia para
expedirlas45.

76. La jurisprudencia de la Corte Constitucional46 y del Consejo de Estado47 han
sido enfáticas en señalar que los actos administrativos que se emitan con sustento
en la facultad reglamentaria solamente pueden desarrollar el contenido de la ley,
razón por la que está proscrito que por esa vía se amplíe o restrinja su sentido, así
como suprimir o modificar disposiciones previstas por el legislador, pues lo
contrario apareja una extralimitación en el ejercicio de tal potestad.

77. Por ello, el ejercicio del poder reglamentario se traduce en la
complementación de la ley, dentro de los límites fijados por esta, cuando sea
necesario para lograr su aplicación efectiva. Como lo ha reconocido esta Sección,
se trata de una facultad que se rige por el principio de necesidad, lo que implica
que debe ejercerse «con la única finalidad de detallar una ley que se limitó a definir
de forma general y abstracta los supuestos fácticos correspondientes» 48.

78. En esta orientación, se ha reconocido que la reglamentación de la ley es
más forzosa y/o necesaria en aquellos eventos en que el legislador haya efectuado
una regulación general y amplia, pues con ello se facilita su concreción49. En
contraposición, no habría lugar a una reglamentación ulterior cuando el legislador
desarrolló de manera minuciosa los contenidos de una ley50, si se tiene en cuenta
que «cuanto mayor sea el campo disciplinado por la ley, menor será el que
corresponde al decreto reglamentario»51.

79. Así, el ejecutivo, al ejercer la potestad del artículo 189.11 constitucional, se
encuentra subordinado al contenido de la ley, razón por la que, se insiste, no le es
permitido introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus

45 Ver: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de junio del 2010, exp.
11001032800020090005100. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón; y del 6 de mayo de 2013.
Exp. 11001-03-28-000-2011-00068-00. M.P. Mauricio Torres Cuervo.
46 Sentencias C-1005 de 2008 y C-810 de 2014.
47 Sobre la potestad reglamentaria en cabeza del presidente de la república, consultar: Consejo de

Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de agosto de 2017, exp. 05001-23-31-000-2006-03105
01(20464), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En relación con los límites de la potestad
reglamentaria del presidente, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de
julio de 2017, exp. 11001-03-24-000-200800390-00(0585-09), M.P. William Hernández Gómez.
48 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020, exp. 11001-03-24-000-

2015-00542-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de 2017, exp. 11001-03-24-000-

200800390-00(0585-09), M.P. William Hernández Gómez.
50 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 10 de agosto de 2017, exp. 05001-23 31 000

2006 03105 01(20464). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 11001-03-26-

000-2003-00014-01. M.P Ruth Stella Correa Palacio.

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disposiciones, ni tampoco ampliar o restringir el sentido de la ley, ni suprimirla o
modificarla. Tampoco, puede reglamentar materias cuya regulación esté reservada
al legislador pues ello apareja, naturalmente, una extralimitación e invasión de las
competencias asignadas a éste directamente por el Constituyente52.

80. En línea con lo anterior, esta Corporación53 se ha referido a las leyes que
pueden ser susceptibles de reglamentación, destacando que debe tenerse en
cuenta lo siguiente:

1. Existen materias cuya regulación está reservada a la ley, caso en el cual, al
legislador le corresponde desarrollarla de manera exclusiva.

2. Las leyes que deban ser ejecutadas por la administración no pueden ser objeto
de regulación.

3. Cuando la ley ha sido formulada de manera tan detallada y los temas en ella
contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que en principio, no
necesitaría de reglamentación.

81. Por otra parte, si bien la titularidad de la potestad reglamentaria pertenece
por atribución constitucional al presidente de la República, no es menos cierto que,
como lo ha mencionado esta corporación54, las demás autoridades
administrativas, dentro de su ámbito de competencia y nivel de subordinación
jerárquica y normativa, también pueden adoptar medidas de carácter general a fin
de cumplir o hacer cumplir las disposiciones superiores relativas a los asuntos a
su cargo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que, como titulares de la autoridad
administrativa, cuentan igualmente con «las facultades o potestades propias de la
administración, dentro de las cuales está justamente la reglamentaria»55.

5. Régimen legal para la designación de los superintendentes

82. El artículo 115 superior establece que las superintendencias forman parte
de la Rama Ejecutiva, mientras que el numeral 7 del artículo 150 ídem dispone
que su creación, supresión o fusión56, así como la determinación de sus objetivos
y estructura orgánica corresponde al Congreso de la República.

83. En desarrollo de este precepto constitucional, el legislador expidió la Ley
489 de 1998 que, en sus artículos 66 y 82, contempla que las superintendencias
pueden tener o no personería jurídica.

52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2021,

exp. 11001-03-25-000-2019-00039-00 (0102-2019), M.P. William Hernández Gómez.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de 2017, exp. 11001-03-24-000-

200800390-00(0585-09), M.P. William Hernández Gómez.
54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de agosto de 2000. Exp. 6096. M.P: Juan

Alberto Polo Figueroa. Postura reiterada por la Sección Tercera mediante sentencia del 14 de
agosto de 2008. Exp. 11001 03 26 000 1999 00012 01 (16230). M.P Mauricio Fajardo Gómez.
Igualmente, por la Corte Constitucional en sentencia C-1005 de 2008.
55 Corte Constitucional en sentencia C-1005 de 2008.
56 Competencia que también tiene el presidente de la República de conformidad con el artículo 52

de la Ley 489 de 1998.

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84. En la primera disposición se prescribe que las superintendencias sin
personería jurídica son organismos creados por la ley, con autonomía
administrativa y financiera que aquella les señale y que cumplen funciones de
inspección y vigilancia atribuidas por ley o mediante delegación que haga el
presidente de la República previa autorización legal. La segunda norma establece
que las superintendencias con personería jurídica «son entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se
ajustan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por
ella, al de los establecimientos públicos».

85. Ahora bien, con relación a los superintendentes, el Texto Constitucional
dispone en los numerales 8 y 9 del artículo 13557 que podrán ser citados por el
Congreso de la República a sesiones y también que contra ellos pueden
proponerse mociones de censura por asuntos relacionados con funciones propias
del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones de las cámaras
legislativas.

86. A su vez, el artículo 211 constitucional prescribe que corresponde al
legislador señalar las funciones que el presidente de la República puede delegar,
entre otros, en los superintendentes.

87. En cumplimiento del artículo 150 numeral 23 constitucional, relativo a la
función del Congreso de la República de dictar las leyes que regirán el ejercicio
de las funciones públicas, fue proferida la Ley 909 de 2004 por la cual se dictan
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia
pública, y se crearon los sistemas específicos de carrera. Dicha norma señala
taxativamente, en el artículo 4, las entidades en las cuales regirían, entre otras,
las superintendencias, dada la especialidad de las funciones que desempeñan.

88. Además, en el artículo 53 numerales 3 y 4 ejusdem, el legislador revistió de
facultades extraordinarias al presidente de la República para que dictara normas
con fuerza de ley que desarrollaran i) «el sistema de funciones y requisitos
aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial» que
deban regirse por la Ley 909 de 2004 y ii) «el sistema específico de carrera para
el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal de las superintendencias
de la Administración Pública Nacional».

57 Numerales modificados por los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 de 2007, declarados
exequibles mediante sentencia C-757 de 2008.
Son facultades de cada Cámara:
8. Citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos
para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor
de cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros, Superintendentes
o Directores de Departamentos Administrativos no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva
cámara, esta podrá proponer moción de censura.
9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de
Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por
desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. (…)

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89. En cumplimiento de lo anterior, se profirió el Decreto Ley 770 de 200558 que
en el artículo 1 señaló, con relación al ámbito de aplicación, que se establecía el
sistema de funciones y de requisitos generales que regirá para los empleos
públicos pertenecientes, entre otros, a las superintendencias.

90. El artículo 5 del mismo decreto estableció que corresponde al Gobierno
Nacional determinar las competencias y los requisitos de los empleos de los
distintos niveles jerárquicos. En específico, respecto del nivel directivo, se fijó que
debían atenderse los siguientes parámetros a acreditar:

Mínimo: Título Profesional y experiencia.

Máximo: título profesional, título de postgrado y experiencia.

Se exceptúan los empleos cuyos requisitos estén fijados por la Constitución Política
o la Ley”.

91. Luego, se expidió el Decreto Ley 775 de 2005 a través del cual se estableció
el sistema específico de carrera administrativa para las superintendencias, fijando
reglas en materia de provisión de cargos, procesos de selección, evaluación del
desempeño, registro público, retiro del servicio, capacitación, estímulos,
asignación de responsabilidades y competencias específicas.

92. Particularmente, en el artículo 7 se establece que el cargo de
superintendente es de libre nombramiento y remoción, mientras que en los
artículos 9 y 10 se prescribe, respectivamente, que los cargos de tal naturaleza
serán provistos mediante nombramiento ordinario, previo cumplimiento de los
requisitos correspondientes y que la competencia para la designación de los
superintendentes recae en el presidente de la República59.

93. Por su parte, el Decreto 1083 de 2015 (Único Reglamentario del Sector de
la Función Pública), en su artículo 2.2.2.4.1060 estableció los requisitos para
desempeñar el cargo de superintendente. Concretamente, que se debe acreditar
«título profesional en una disciplina académica, título de postgrado en cualquier
modalidad y experiencia profesional relacionada» y que podrían aplicarse
equivalencias.

94. Ahora bien, en el artículo 1 del Decreto 1817 de 2015, se adicionó al
Decreto 1083 de 2015 el título 34 de la parte 2 del libro 3, el cual en su artículo
2.2.34.1.2. (norma demandada) dispuso que, para los empleos de superintendente
de Industria y Comercio; Financiero; y de Sociedades, debe acreditarse:

58 «Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos

públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades
del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004».
59 Esto, de conformidad con el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia,

le compete al presidente de la República nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los
establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales
cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según
la Constitución o la ley.
60 A través del cual se compiló el artículo 25 del Decreto 1785 de 2014.

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i) Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o
doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar;
ii) Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones
del cargo a desempeñar, adquirida en el sector público o privado, o
experiencia docente en el ejercicio la cátedra universitaria en disciplinas
relacionadas con las funciones del empleo.

95. En resumen, de este apartado, en relación con la organización de las
superintendencias y las atribuciones de los superintendentes, así como los
requisitos para ejercer dicho cargo, se tiene que:

i) La Constitución expresamente establece que las superintendencias
forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público (art. 115) y que al
Congreso de la República corresponde la creación, supresión o fusión
de estos organismos (art. 150-7)

ii) Los superintendentes podrán ser delegatarios para el ejercicio de
funciones asignadas al presidente de la República (art. 211) y podrán
ser citados a sesiones del Congreso, así como ser objeto de mociones
de censura por asuntos relacionados con sus funciones, entre otras.
(numerales 8 y 9 del art. 135)61.

iii) La Constitución no estableció requisitos ni procesos específicos para la
designación de los superintendentes.

iv) La Ley 909 de 2004 señaló que las superintendencias tendrían un
régimen específico de carrera (art.4) y otorgó facultades extraordinarias
al presidente de la República para que expidiera normas en relación con
el sistema de funciones y requisitos aplicables al personal de tales
organismos, así como su sistema específico de carrera (art. 53
numerales 3 y 4).

v) En virtud de lo anterior, fueron expedidos los Decretos 770 y 775 de
2005, los cuales establecieron que corresponde al Gobierno Nacional
determinar las competencias y los requisitos de los empleos de los
distintos niveles jerárquicos, entre ellos, el de los superintendentes, para
los cuales se fijaron mínimos y máximos a acreditar. Además, que dicho
cargo es de libre nombramiento y remoción y su designación
corresponde al presidente de la República.

vi) El Decreto 1083 de 2015 (Único Reglamentario del Sector de la Función
Pública) estableció en su artículo 2.2.2.4.10 las calidades exigibles para
ocupar el cargo de superintendente. Por su parte, en el artículo
2.2.34.1.2., adicionado por el Decreto 1817 de 2015, fijó unos requisitos

61Numerales modificados por los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 de 2007, declarados
exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-757 de 2008.

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especiales para ocupar los cargos de superintendente de Industria y
Comercio; Financiero; y de Sociedades.

6. Caso concreto

96. El accionante pretende la declaratoria de nulidad parcial del artículo
2.2.34.1.2, ordinal 1° del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del
Decreto 1817 del 2015, en el que se establecen los requisitos para ocupar los
empleos de Superintendente de Industria y Comercio; Financiero; y de
Sociedades. En concreto, el aparte demandado dispone:

ARTÍCULO 2.2.34.1.2. Calidades. Para ocupar los empleos de Superintendente de
Industria y Comercio, Superintendente Financiero (sic) Superintendente de
Sociedades, se deberán acreditar las siguientes calidades:

1. Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o
doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar (…).
(Énfasis de la Sala)

97. En dicho decreto (1817/15) se refiere que las competencias para su
expedición por parte del presidente de la República tienen sustento en el ejercicio
de la potestad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 superior. A su turno,
de su parte considerativa se extrae el siguiente propósito que justificó su
expedición, entre otros:

Que si bien los empleos de los superintendentes están clasificados como de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la República de conformidad con lo
señalado en el artículo 7 del Decreto Ley 775 de 2005, resulta conveniente
establecer condiciones especiales para la vinculación, permanencia y retiro de sus
titulares, en aras de asegurar su competencia profesional, imparcialidad,
transparencia e independencia y, con ello, la más alta calidad y continuidad en la
prestación de las funciones de inspección, vigilancia y control de que tratan los
numerales 24 y 27 del artículo 189 de la Constitución, connatural a tales entidades.

98. Con tales precisiones, se determinará si el presidente de la República, al
expedir la norma censurada, excedió la potestad reglamentaria y, por ende,
resultaron transgredidas las normas constitucionales y legales invocadas como
violadas por la parte accionante, a saber: los artículos 13, 114 y 150 de la
Constitución; 5 y 8 del Decreto 770 de 2005; y 10 de la Ley 30 de 1992.

6.1. Vulneración de los artículos 114 y 150 superiores

99. El accionante sustenta la transgresión de las aludidas disposiciones en el
hecho de que el cargo de superintendente ha sido reconocido como un empleo
público cuya provisión corresponde a la figura de libre nombramiento y remoción,
razón por la que la determinación de sus requisitos de acceso corresponde de
manera exclusiva al legislador. A su juicio, la norma objeto de reproche establece
requisitos y calidades que los interesados en ocupar los cargos de superintendente
de Industria y Comercio; Financiero; y de Sociedades deben cumplir.

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100. Sobre el particular, debe anotarse que el artículo 40.7 de la Constitución 62
reconoce el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
Este derecho a acceder a cargos públicos no tiene un carácter absoluto sino
relativo y, por tal razón, para que sea efectivo deberán acreditarse los requisitos
que señala la Constitución o la ley. Así lo señala la jurisprudencia constitucional:

Ello se expresa no solamente en el señalamiento previo y general de la forma como
se accederá al desempeño del cargo, lo cual asegura la legitimidad de la investidura
(elección o nombramiento), sino la previsión de las calidades y requisitos que debe
reunir aquel en quien recaiga la designación, las cuales pueden ser señaladas
directamente por la Constitución o, en sustitución de ella, por la ley, ya que es al
legislador a quien corresponde establecer las normas generales aplicables al
ejercicio de la función pública, sujetando eso sí todos sus mandatos a la preceptiva
fundamental63.

101. A su vez, el artículo 150 numeral 23 constitucional, del cual se desprende el
criterio jurisprudencial expuesto, dispone que el Congreso de la República tiene la
función de expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas, razón
por la que se colige que, en principio, al legislador le compete la regulación del
empleo público, como lo ha señalado la jurisprudencia:

a) Esta Sala64 se ha pronunciado frente a dicho aspecto, en atención al
contenido del artículo 150 superior numeral 23:

[s]e colige que es de reserva legal la regulación del empleo público, así como señalar
sus características, las modalidades de vinculación, las condiciones de acceso,
permanencia y retiro del servicio, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de quienes aspiren a acceder a los cargos públicos, en tanto el “empleo público”,
según el artículo 19 de la Ley 909 de 200465, es “el núcleo básico de la estructura
de la función pública”.

b) También, la Corte Constitucional se ha referido a la reserva legal mediante
sentencia C-109 de 2002, en los siguientes términos:

62 Sentencia C-1172 del 17 de noviembre de 2005. MP. Álvaro Tafur Galvis: «La Carta Política de

1991 establece en el artículo 40 el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Dentro de las varias manifestaciones que adopta este derecho
se encuentra la posibilidad de elegir y ser elegido (num.1o.) así como de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos (num. 7o.), salvo para aquellos colombianos que, por nacimiento o por
adopción, tengan doble nacionalidad, en los casos y de la forma que lo establezca la respectiva
reglamentación legal. // El derecho político en mención ha sido reconocido como fundamental y de
aplicación inmediata en el texto constitucional (CP, arts. 40 y 85), dado el desarrollo que permite
alcanzar, no sólo en el patrimonio jurídico-político de los ciudadanos, sino también en la estructura
filosófico-política del Estado, al hacer efectivo el principio constitucional de la participación
ciudadana (C.P., art. 1o.). No obstante, es posible someterlo a limitaciones en aras de la defensa y
garantía del interés general, como sucede para efectos del señalamiento de las condiciones de
ingreso al ejercicio de un cargo o función públicos.»
63 Corte Constitucional. Sentencia C-487 de 1993.
64 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020, exp. 11001-03-24-000-

2015-00542-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
65 «Art. 19. Empleo Público. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función

pública objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a
cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del
Estado».

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Corresponde al Congreso determinar mediante ley las calidades y requisitos para
desempeñar los cargos públicos - salvo aquellos casos en los que el Constituyente
ha señalado expresamente los atributos que deben reunir los aspirantes -, sea cual
fuere la forma de vinculación, esto es, de carrera, de elección popular, de libre
nombramiento y remoción, o contractual. (Énfasis de la Sala)

c) Asimismo, en la sentencia C-830 de 200166 el Alto Tribunal señaló con
relación a lo dispuesto en el numeral 23 del artículo 150 superior:

La Sala Plena al responder el interrogante sobre ¿a quien corresponde regular el
ejercicio de las funciones públicas? fue enfática en que, por razón de lo dispuesto
en el artículo 150.23 superior esto es competencia del legislador y esto lo estimó en
consonancia con el precepto 123 de la misma Constitución, según el cual “los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento” y por ello
debe entenderse que es el Congreso quien tiene la potestad de determinar las
“exigencias, condiciones, calidades que deben reunir las personas que deseen
ingresar al servicio del Estado, como también los deberes, prohibiciones, situaciones
administrativas, inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos y
responsabilidades a que están sujetos, la forma de proveer los empleos, en fin, todos
aquellos aspectos relacionados con el régimen de personal de los empleos de las
distintas entidades públicas”. (Énfasis de la Sala)

102. En ese contexto, se pone de presente que el Congreso de la República, al
expedir la Ley 909 de 2004, señaló que las superintendencias tendrían un régimen
específico de carrera (art.4) y, además, confirió al presidente de la República
facultades extraordinarias para que expidiera normas en relación con el sistema
de funciones y requisitos aplicables al personal de tales organismos, así como
frente a su sistema específico de carrera (art. 53 numerales 3 y 4).

103. La Corte Constitucional se ha referido al ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas al presidente de la República por parte del legislador
para que expida normas con fuerza de ley, en virtud de la permisión del artículo 10
superior.

104. En efecto, en la sentencia C-172 de 2017 se refirió a los límites que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado en relación con la cesión temporal de
la función legislativa, resaltando que los requisitos que deben atenderse para el
otorgamiento de tal prerrogativa son:

(i) Solicitud expresa del Gobierno Nacional, sin que proceda por iniciativa
congresional; (ii) temporalidad de la habilitación por un término máximo de seis
meses; (iii) mayoría absoluta en el Congreso para su concesión; (iv) competencia
permanente del Congreso para modificar en todo momento y por iniciativa propia,
los decretos dictados por el gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias;
(v) “necesidad” o “conveniencia pública” como fundamento de la solicitud; (vi)
precisión en la delimitación de las facultades conferidas y, en
consecuencia, “interpretación restrictiva” de su alcance, “circunscritas de modo
exclusivo al tenor literal de la norma habilitante”; (vii) limitación material de su
ejercicio, vedado a la expedición de códigos, decretar impuestos, leyes estatutarias,
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del artículo 150 -numeral 19- de la C.P.”

66 Reiterada en la sentencia C-098 de 2019.

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105. De lo anterior se observa que, además de otros requisitos, la Corte
estableció una limitación material en el ejercicio de las potestades presidenciales
para proferir normas con fuerza de ley, en el sentido de proscribir que se le habilite
para expedir códigos, normas contentivas de impuestos, leyes estatutarias,
orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del artículo 150 -numeral 19- de la C.P.

106. Con tal precisión, debe reiterarse que el Congreso de la República, por
medio del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, otorgó facultades extraordinarias al
presidente de la República por un periodo determinado, delimitando con precisión
las materias en torno a su ejercicio y fue, en desarrollo de lo anterior, que el
legislador extraordinario expidió el Decreto-Ley 770 de 2005 que, en su artículo
567, estableció que corresponde al Gobierno Nacional determinar las competencias
y los requisitos de los empleos de, entre otros, los superintendentes, mencionando
los mínimos (Título Profesional y experiencia) y máximos (Título profesional,
título de postgrado y experiencia) que debían atenderse para el efecto.

107. A su vez, se anota que el artículo demandado (2.2.34.1.2, ordinal 1°, del
Decreto 1083 de 201568) fue reglamentado por el presidente de la República en
virtud de la atribución del artículo 189-11 constitucional, en lo atinente a los
requisitos de formación académica para ocupar los cargos de superintendente de
Industria y Comercio; Financiero; y de Sociedades.

108. Por tal razón, la Sala encuentra que dicho reglamento no excedió la facultad
del 189-11 pues, como se desprende del mismo, el ejecutivo en el marco que le
permitió la ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 770 de 2005 definió cuáles serían los
títulos académicos de posgrados para ocupar aquellas dignidades. En
contraposición a lo expuesto, lo problemático sería que el presidente hubiese fijado
requisitos o condiciones distintas a las previstas por las normas que sirvieron de
sustento a la reglamentación censurada.

109. De lo expuesto fuerza concluir que si bien corresponde al legislador la
regulación del empleo público, lo cual incluye, entre otros, la definición de sus
características y las condiciones de acceso, lo cierto es que no se trata de una de
aquellas materias respecto de las cuales está proscrito que se concedan facultades
extraordinarias al ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley en la materia.

110. En el mismo orden se concluye que el presidente de la República es la
Suprema Autoridad Administrativa según lo establece el artículo 189 constitucional
y, por ello, a través de las superintendencias cumple la función de inspección,
control y vigilancia en los distintos sectores de la vida nacional. Desde tal criterio
jerárquico se tiene que el ejecutivo, dentro del marco de la ley, tenía la facultad de
establecer las funciones y requisitos generales para los empleos públicos
correspondientes a las entidades del orden nacional, como en este caso sucedió

67 ARTÍCULO 5. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos. El Gobierno
Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles
jerárquicos, así: […].
68 Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1817 del 2015

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con las aludidas superintendencias, y cuyo sustento reposó, se reitera, en la Ley
909 de 2004 y el Decreto Ley 770 de 2005.

111. En tal orientación, el cargo objeto de análisis no tiene vocación de
prosperidad puesto que la norma censurada no contraviene lo dispuesto en los
artículos 114 y 150 de la Constitución relacionados con las competencias
atribuidas al Congreso de la República.

6.2. Vulneración del artículo 13 constitucional

112. En concepto de la parte accionante dicha disposición se desconoció porque
las exigencias de formación académica introducidas en la norma censurada
respecto de los cargos de superintendente de Industria y Comercio; Financiero o
de sociedades no fueron previstas para ocupar el mismo empleo en las demás
superintendencias.

113. Al respecto, la Sala encuentra que la vulneración alegada no se configuró
por las razones que se pasan a explicar:

114. La jurisprudencia constitucional reconoce que la igualdad cumple un triple
papel en nuestro ordenamiento por tratarse simultáneamente de un valor, de un
principio y de un derecho fundamental69, asimismo, señala que comporta una
dimensión formal y material.

115. La faceta formal implica que el Estado debe abstenerse de adoptar medidas
discriminatorias a partir de criterios sospechosos con fundamento en razones de
sexo, raza, origen étnico, religión, opinión política, entre otros, ya sea directa o
indirectamente. Por su parte, la material, supone la implementación de medidas
que promuevan la superación de las desigualdades que aquejen a grupos
discriminados o históricamente marginados.

116. En otras palabras, la igualdad formal comporta un deber de abstención,
mientras que su faceta material implica un mandato de intervención y protección
respecto de ciertos grupos sociales que garantice la paridad de oportunidades
entre los individuos70.

117. En este sentido, del principio de igualdad formal o prohibición de
discriminación se desprenden dos premisas que vinculan a los poderes públicos:
i) un mandato de dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre
que no existan razones suficientes para establecer un tratamiento distinto y ii) un
mandato de tratamiento desigual «que obliga a las autoridades públicas a
diferenciar entre situaciones diferentes71».

69 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-406 de 1992, T-881 de 2002, C-818

de 2010, C-250 de 2012 y T-030 de 2017.
70 Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010.
71 Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 2012.

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118. En la misma jurisprudencia se ha establecido que, de esos dos contenidos
iniciales del principio de igualdad, se derivan cuatro mandatos con fundamento en
el artículo 13 superior:

a) «un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
semejantes circunstancias;
b) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas
situaciones no comparten ningún elemento en común;
c) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las semejanzas sean más relevantes a pesar
de las diferencias, y
d) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también
en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las
diferencias sean más relevantes que las similitudes»72.

119. En lo que respecta al análisis de una situación concreta en la que se discuta
la prevalencia o no del derecho de igualdad, la Corte Constitucional propone el
juicio integrado frente a dicho bien jurídico, el cual permite constatar si dos o más
grupos de personas efectivamente están recibiendo un trato diferenciado y si el
mismo encuentra sustento, o no, en razones constitucionalmente legítimas y
compatibles con los principios y valores del texto superior.

120. Al respecto, dicho Tribunal Constitucional ha destacado que el análisis de la
situación desigual invocada implica identificar, entre otros, los términos de
comparación, es decir, las personas, elementos, hechos o situaciones que
efectivamente son comparables.

121. Con tales precisiones, en el presente caso, la Sala encuentra que la norma
censurada es compatible con el principio de igualdad, específicamente, si se tiene
en cuenta que unos de los mandatos de aquel, como se deriva del artículo 13
constitucional, se relaciona con otorgar un tratamiento diferenciado a destinatarios
que se encuentren también en una posición en parte similar y diversa, pero en cuyo
caso las diferencias son más relevantes que las similitudes.

122. En efecto, como se desprende del Decreto 1817 de 2015, y lo manifiesta el
demandante, dicho trato diferenciado radica en que las personas que pretendan
acceder a otras superintendencias, deberán acreditar requisitos distintos a los que
deben demostrar los aspirantes a la de Industria y Comercio; Financiera o de
Sociedades.

123. En este punto, conviene recordar que la Corte Constitucional, en sentencia
C-205 de 2005, al analizar la viabilidad de efectuar el juicio de igualdad pretendido
por el accionante73 para confrontar aspectos relacionados en torno a las funciones

72 Ibídem.
73 El cargo que propuso el accionante fue el siguiente: «Las normas acusadas violan el principio
de igualdad. El demandante fundamenta este cargo en la diferencia que advierte entre la norma
demandada que determina las facultades de la Superintendencia Bancaria y aquella que regula las

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inspección, vigilancia y control entre la Superintendencia Bancaria y de la
Economía Solidaria, manifestó que no había lugar a la realización del mismo ante
la inexistencia del parámetro de comparación exigido para el efecto. En específico
manifestó el Alto Tribunal:

(…) no puede establecerse un juicio de igualdad entre entidades que como las
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de la Economía Solidaria,
responden a criterios distintos en relación con su naturaleza jurídica, sus
funciones y su estructura administrativa, circunstancias que impiden predicar
la identidad como presupuesto necesario para aplicar el criterio relacional
propio del juicio citado. (Énfasis de la Sala)

124. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, en principio, es factible afirmar
que, en el caso concreto, no existe un parámetro evidente de comparación para
abordar el test de igualdad, pues cada superintendencia tiene funciones
específicas y ámbitos concretos de inspección, vigilancia y control. Además, en el
presente caso surge otra dificultad relacionada con que el demandante no señaló
frente a cuál superintendencia debía adelantarse el juicio de igualdad, es decir, las
distintas a la de Industria y Comercio, Financiera; o de Sociedades.

125. En todo caso, la Sala abordará el cargo propuesto por el actor con el fin de
dilucidar el espíritu de la norma censurada y así realizar la confrontación con el
artículo 13 constitucional. En ese sentido, se examinará si se excedieron los límites
de razonabilidad y proporcionalidad con el establecimiento de la exigencia de
posgrados específicos para ocupar las Superintendencias de Industria y Comercio;
Financiera; y de Sociedades, al tenor de la jurisprudencia constitucional que reza
de la siguiente manera:

El derecho de acceso al desempeño de cargos públicos no se opone a la fijación
de requisitos y calidades para su ejercicio, siempre y cuando éstos no excedan
los límites de razonabilidad y proporcionalidad en relación con la labor que a ese
empleo le corresponde cumplir y la finalidad de la función pública en general74.

126. En ese orden, la Sala destaca que la naturaleza, necesidades,
responsabilidades y características especiales de los cargos de superintendente
respecto de los cuales el ejecutivo dispuso exigencias específicas en la norma
demandada, se infieren de la parte considerativa del Decreto 1817 de 2015:

Que si bien los empleos de los superintendentes están clasificados como de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la República de conformidad con lo
señalado en el artículo 7 del Decreto Ley 775 de 2005, resulta conveniente
establecer condiciones especiales para la vinculación, permanencia y retiro de sus
titulares, en aras de asegurar su competencia profesional, imparcialidad,
transparencia e independencia y, con ello, la más alta calidad y continuidad en la
prestación de las funciones de inspección, vigilancia y control de que tratan los
numerales 24 y 27 del artículo 189 de la Constitución, connatural a tales entidades.

competencias de la Superintendencia de la Economía Solidaria. En efecto, mientras el artículo 72
de la Ley 795 de 2003 asigna a la Superintendencia Bancaria las funciones de inspección y
vigilancia, el artículo 98 de la misma Ley confiere a la Superintendencia de la Economía Solidaria
las funciones de inspección, vigilancia y control».
74 Corte Constitucional. Sentencia C-408 de 2001.

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127. Los numerales 24 y 27 del artículo 189 de la Constitución, señalados en la
cita anterior, establecen que al presidente de la República corresponde:

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las
personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.

27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o
perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley.

128. Al respecto, la Corte Constitucional se ha referido a la importancia de las
actividades mencionadas en el numeral 24 del artículo 189 superior en cita
(circunstancia que la Sala considera que también resulta aplicable al numeral 27
aunque se trate de funciones distintas), reconociendo su enorme protagonismo en
la dinámica económica del país, lo cual implica que su inspección, vigilancia y
control deba estar a cargo de organismos técnicos especializados. Así lo manifestó
el Alto Tribunal:

En segundo lugar, la jurisprudencia acepta que las funciones de inspección,
vigilancia y control citadas son ejercidas por el Presidente de la República en su
condición de Suprema Autoridad Administrativa. Ello resulta explicable en la medida
en que las facultades de inspección, vigilancia y control están dirigidas a garantizar
el adecuado funcionamiento de las entidades que desarrollan actividades
financiera, bursátil y aseguradora.

En tercer lugar, las facultades citadas son expresión de la competencia estatal de
dirección general de la economía en los términos del artículo 333 C.P., pues están
dirigidas a preservar la confianza de los ciudadanos en aquellas instituciones que
captan sus recursos y que, por tanto, poseen una gran influencia en la dinámica
económica. Esta característica trae una consecuencia importante, también
advertida por la doctrina constitucional, relativa a la imprescindible necesidad
que las funciones de inspección, vigilancia y control sean ejercidas
preferentemente por organismos técnicos especializados que, bajo la
dirección del Presidente, ejecuten estas tareas75. (Énfasis de la Sala)

129. De la jurisprudencia en cita se evidencia que la propia Corte Constitucional
reconoce el carácter técnico de las funciones en comento y, por ello, advierte la
necesidad de que su inspección, vigilancia y control esté a cargo de organismos
técnicos especializados.

130. En ese contexto, resulta compatible con la jurisprudencia constitucional que
respecto de los organismos que inspeccionan, vigilan y controlan tales actividades
en torno a la economía del país, el presidente de la República, a quien corresponde
su dirección, haya determinado en ejercicio de la potestad reglamentaria que tales
instituciones sean gerenciadas por personas con las más altas calidades pues,
como se anotó en el acápite anterior, dicha facultad la ejerció sin vulnerar los
límites que le impone el principio constitucional de libertad en la configuración
legislativa.

75 Corte Constitucional. Sentencia C-205 de 2005.

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131. Ahora bien, debe ponerse de presente que aun cuando la mayoría de
superintendencias, sin distinción alguna, tengan a su cargo funciones de
inspección, vigilancia y control, lo cierto es que cada una interviene en áreas y
sectores diversos y con particularidades concretas, contexto que hace razonable
que la regulación de los requisitos para ser superintendente sea distinta, sin que
ello vulnere precepto constitucional alguno.

132. Por tal razón, el ejecutivo, sin restar importancia a la función que
desempeñan otras superintendencias, consideró necesario exigir requisitos
especiales para la vinculación en el cargo de aquellas previstas en la norma
censurada, distintos a los previstos para otras, lo cual no desborda el margen de
discrecionalidad que concedió el legislador extraordinario, por cuanto, el Decreto
770 de 2005, en su artículo 5, determinó que al Gobierno Nacional le corresponde
determinar las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles
jerárquicos, entre otros, atendiendo a las responsabilidades de cada empleo.

133. A su vez, como se desprende de las consideraciones del decreto, se tiene
que la diferenciación tuvo como objetivo asegurar otros principios de la función
pública como la competencia profesional, imparcialidad, transparencia e
independencia de las entidades involucradas, en esos temas específicos, en aras
de garantizar la más alta calidad y continuidad de las funciones constitucionales
de dichas superintendencias.

134. En el orden de ideas, aun cuando es cierto que para el acceso a las demás
superintendencias los requisitos de acceso son distintos pese a que también
desarrollan funciones de inspección, vigilancia y control, también lo es que las
Superintendencias de Industria y Comercio; Financiera; y de Sociedades ejercen
labores que, a diferencia de algunos otros entes de supervisión, devienen de unas
competencias asignadas directamente por el Constituyente y frente a las cuales la
Corte Constitucional, como se evidenció, destacó la «imprescindible necesidad»
de que sean organismos técnicos especializados.

135. De ahí, se desprende la razón por la que el presidente de la República,
dentro de los límites de la ley, propendió por garantizar la más alta calidad y
continuidad en la prestación de los servicios que corresponde a aquellas
superintendencias, exigiendo para determinados cargos acreditar mayores
calidades en lo que a formación académica se refiere.

136. Tal circunstancia apareja que resulte, razonable y proporcionado, el trato
diferenciado que distingue a las Superintendencias de Industria y Comercio;
Financiera; y de Sociedades respecto de otros entes supervisores, en lo atinente
al título de postgrado que tiene que acreditarse para la vinculación al cargo.

137. En el escenario anterior, también resulta pertinente acotar que si la intención
del ejecutivo es asegurar la competencia profesional, imparcialidad, transparencia
e independencia para garantizar la más alta calidad y continuidad en la
prestación de los servicios que corresponde a aquellos entes, no resulta
irrazonable y desproporcionado que para la materialización de dichos fines

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relacionados con los principios de la función pública se exija la acreditación de
posgrados como maestrías y doctorados, los cuales, en términos de la Ley 30 de
199276, cuentan con un enfoque de formación profesional y de conocimientos
distintos a los que se derivan de una especialización.

138. Por tal razón, contrario a lo señalado por el actor, la norma censurada no
prescribe un tratamiento preferencial que implique el desconocimiento del principio
de igualdad, sino que pretende la concreción con mayor efectividad de las
funciones previstas en los numerales 24 y 27 del artículo 189 superior, escenario
que conlleva a la exigencia de requisitos específicos que difieren de los exigidos
para otras superintendencias.

139. Con todo, debe ponerse de presente que los destinatarios de la norma,
quienes en abstracto se encuentran en situaciones fácticas idénticas, cuentan con
condiciones de igualdad para el acceso al cargo de superintendente de Industria
y Comercio; Financiero o de Sociedades, esto es, acreditando los requisitos de
«Título profesional y título de postgrado en la modalidad de maestría o
doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar».

140. En conclusión, lo problemático sería que, por ejemplo, respecto de los
destinatarios de la norma se hubiera establecido un tratamiento asimétrico para el
acceso a tales cargos pese a la inexistencia de circunstancias que justificaran un
trato diferenciado, lo cual, se reitera, no es del caso.

6.3. Transgresión de los artículos 5 y 8 del Decreto 770 de 2005

141. La parte accionante aseveró que el apartado de la norma objeto de censura
desconoció las mencionadas disposiciones del Decreto 770 de 2005 que,
respectivamente, se refieren a i) las competencias laborales y requisitos para el
ejercicio de los empleos, entre ellos, del nivel directivo, en el que se ubican los
empleos de los superintendentes y a ii) las equivalencias entre estudios y
experiencia.

142. En concreto, el artículo 5 del aludido decreto dispone:

ARTÍCULO 5. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los
empleos. El Gobierno Nacional determinará las competencias y los requisitos
de los empleos de los distintos niveles jerárquicos, así:

(…)

5.2 Los requisitos de estudios y de experiencia se fijarán con sujeción a los
siguientes mínimos y máximos:

5.2.1 Nivel Directivo.

Mínimo: Título Profesional y experiencia.

76 Cfr. Artículos 8 a 13.

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Máximo: título profesional, título de postgrado y experiencia.

Se exceptúan los empleos cuyos requisitos estén fijados por la Constitución Política
o la Ley. (Énfasis de la Sala)

143. Para el accionante, el presidente de la República excedió su potestad
reglamentaria al haber establecido en el apartado de la norma censurada que
deberá acreditarse «título profesional y título de postgrado en la modalidad de
maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a
desempeñar», para ocupar los empleos de superintendente de Industria y
Comercio, Financiero; o de Sociedades, por cuanto se excluye de dicho enunciado
a quienes han obtenido títulos de especialización.

144. Frente al particular, debe recordarse que el ejecutivo, al ejercer la potestad
reglamentaria, se encuentra supeditado al contenido de la ley, de manera que no
podría introducir normas que amplíen o restrinjan, supriman o modifiquen el sentido
connatural de aquella. Igualmente, se ha reconocido que cuando el legislador haga
una regulación general y amplia, la necesidad de su reglamentación para efectos
de su aplicación se hace evidente77.

145. Con tales precisiones, no le asiste razón al accionante cuando afirma que
con la norma censurada el presidente de la República sobrepasó los límites de la
potestad reglamentaria que le fue atribuida.

146. Por el contrario, del análisis del artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005, se
advierte que el legislador extraordinario otorgó al gobierno la competencia para
fijar los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos,
correspondiendo los del nivel directivo a unos parámetros mínimos y máximos a
exigir que, en concepto de la Sala, no fueron desarrollados de manera minuciosa
y exhaustiva, sino genérica. Lo anterior, en tanto únicamente se mencionó que el
requisito mínimo sería la acreditación de título profesional y experiencia, y el
máximo, sumado a lo anterior, un título de postgrado.

147. Así las cosas, si se tiene en cuenta que el margen de regulación del
presidente de la República se circunscribía a desarrollar los requisitos de
vinculación a cargos del nivel directivo, como el de superintendente, atendiendo a
los mínimos y máximos del referido decreto, se tiene que la reglamentación
posterior a través de la norma censurada, de acuerdo con las facultades del artículo
189 numeral 11 de la Constitución, resulta compatible con los límites establecidos
si se considera lo siguiente:

a) La obligación de acreditar título profesional, se aviene al parámetro
mínimo.

77 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de julio de 2017, exp. 11001-03-24-000-

200800390-00(0585-09), M.P. William Hernández Gómez.

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b) Contar con maestría o doctorado, atiende el parámetro máximo definido
si se tiene en cuenta que tales títulos, de conformidad con el artículo 10
de la Ley 30 de 1992, son reconocidos como programas de postgrado.

148. En consecuencia, la Sala no advierte en qué manera el presidente de la
República desbordó los límites establecidos para efectuar el desarrollo de los
requisitos del aludido decreto. Por el contrario, lo que se evidencia es que, al
efectuar la correspondiente reglamentación, se exigió la acreditación de título
profesional y de dos clases de programas académicos que el legislador ha
reconocido como posgrados (maestrías y doctorados), sin que pueda considerarse
que la exclusión de las especializaciones soslaye los parámetros fijados en el
artículo 5 del Decreto 770 de 2005.

149. Lo expuesto anteriormente también tiene sustento en el artículo 2º de la Ley
909 de 200478 (numerales 1 y 2), que establecen lo siguiente en relación con los
principios de la función pública:

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales
de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad.

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional,
son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra
la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de
libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

150. Igualmente, el artículo 49 de la referida ley contempla que, en los empleos de
naturaleza gerencial, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que los
caracteriza, «la competencia profesional es el criterio que prevalecerá en el
nombramiento de los gerentes públicos» y «para la designación del empleado se
tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia para el
desempeño del empleo».

151. De los apartes normativos en mención se evidencia que el legislador ha
reconocido que el mérito es un criterio imperante en la función pública y que incluye
a los cargos de libre nombramiento y remoción. Con tal claridad, la Sala considera
que los requisitos específicos de formación establecidos en la norma cuya nulidad
se depreca, resultan compatibles con tal premisa y, por ende, no se advierte que
el legislador reglamentario desconociera el artículo 5 del Decreto 770 de 2005
como lo afirma el actor.

78 Respecto de la cual esta Sala precisó que resulta aplicable en tanto «no solo reguló la carrera

administrativa sino que fijó las reglas sobre el empleo público, los principios de la función pública,
los postulados sobre de gerencia pública, los órganos para la dirección y gestión del empleo público,
entre otros aspectos. Por lo tanto, su exclusión debe entenderse en cuanto al sistema específico
de carrera, que hace relación a las etapas, pruebas, formas evaluación del desempeño y demás
aspectos, y no frente a las otras disposiciones que regulan el empleo público en general». Consejo
de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2020, exp: 11001-03-24-000-2015-00542-
00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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152. Resuelto lo anterior, debe abordarse la transgresión invocada respecto del
artículo 8 del Decreto 770 de 2005, pues en la demanda se afirma que la norma
censurada desconoce «que una persona con amplia experiencia en las labores y
ejercicio profesional, puede de forma suficiente adelantar con la mayor calidad y
diligencia las funciones propias de los empleos públicos». La disposición en
comento establece lo siguiente:

ARTÍCULO 8. Equivalencias entre estudios y experiencia. Los requisitos de que
trata el presente decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo,
de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades
de cada empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos específicos de
estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las
siguientes equivalencia: (…) (Énfasis de la Sala)

153. Del aparte normativo en cita se observa que la aplicación de
«equivalencias» al fijar los requisitos específicos de estudio y experiencia de cada
empleo no tiene el carácter de mandato claro e inequívoco, sino que corresponde
a una posibilidad por la que el titular de la potestad reglamentaria puede optar o
no, dentro de un margen razonable de decisión, así se desprende de la norma
(podrán) cuando reconoce en el ejecutivo la facultad de establecer la
correspondencia que reclama el demandante.

154. Al margen de lo anterior, debe precisarse que el apartado cuestionado por
el actor no hace referencia alguna al tema de las equivalencias, razón por la que
no se advierte de qué manera podría su contenido contrariar lo dispuesto en el
artículo 8 del Decreto 770 de 2015.

6.4. Vulneración del artículo 10 de la Ley 30 de 1992

155. La parte accionante aseveró que la norma objeto de reproche transgrede el
artículo 10 de la Ley 30 de 1992, el cual establece que las especializaciones son
programas de posgrado, razón por la que, en la reglamentación, las mismas no
podían ser excluidas para acreditar el parámetro máximo a que se refiere el artículo
5 del Decreto 770 de 2005.

156. El artículo que se alega violado determina las modalidades que se
reconocen como títulos de posgrado en Colombia, a saber, las especializaciones,
maestría, doctorado y postdoctorado y, en efecto, reconoce que las
especializaciones son de aquella connotación.

157. No obstante, tal aspecto no se ve modificado, desconocido o alterado en
modo alguno por la norma demandada en el presente proceso, la cual, como se
expuso, establece los requisitos para acceder a determinados cargos públicos.

158. Finalmente, el hecho de que la norma censurada establezca que para
ocupar el cargo de superintendente de Industria de Comercio; Financiero; y de
Sociedades se debe contar con maestría o doctorado, en modo alguno significa
que a través de la reglamentación le sea retirada a las especializaciones la
condición de títulos de posgrado que la ley les reconoce. En consecuencia, el

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argumento propuesto por el actor no es de recibo y tampoco el cargo está llamado
a prosperar.

7. Conclusiones

159. El artículo 150, numeral 10, de la Constitución reconoció al Congreso la
posibilidad de conferir al presidente de la República facultades extraordinarias
de manera temporal para expedir normas con fuerza de ley. Asimismo, que dicha
potestad no podrá conferirse en relación con aspectos específicos79, dentro de los
cuales no se incluye la regulación del empleo público.

160. En virtud de tal permisión, en el numeral 4 del artículo 53 de la Ley 909 de
2004 se confirió al presidente de la República precisas facultades extraordinarias
para expedir normas con fuerza de ley que contengan, entre otras, «el sistema
específico de carrera para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del personal
de las superintendencias».

161. En ejercicio de tal delegación legislativa, el presidente de la República
profirió el Decreto Ley 770 de 2005 «Por el cual se establece el sistema específico
de carrera administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública
Nacional». En su artículo 5, se dispuso que corresponde al Gobierno Nacional
determinar las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles
jerárquicos, dentro de los cuales se encuentra el de superintendente,
correspondiente al nivel directivo.

162. En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la potestad reglamentaria del
artículo 189-11, fue proferido el Decreto 1083 de 2015 «Único Reglamentario del
Sector de Función Pública». Dicho cuerpo normativo estableció en su
artículo 2.2.2.4.10 las calidades exigibles para ocupar el cargo de superintendente,
concretamente contar con i) título profesional en una disciplina académica, ii) título
de postgrado en cualquier modalidad y iii) experiencia profesional relacionada.

163. Por su parte, en el artículo 2.2.34.1.2., adicionado por el Decreto 1817 de
2015, se fijaron unos requisitos especiales para ocupar los cargos de
superintendente de Industria y Comercio; Financiero o de Sociedades entre los
cuales se incluye «título profesional y título de postgrado en la modalidad de
maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar».

164. Para la Sala, las exigencias introducidas en la norma mencionada no
contravienen el mandato de igualdad del artículo 13 superior puesto que el trato
diferenciado encuentra sustento en el hecho de que cada superintendencia tiene
funciones concretas en sectores específicos que implican la exigencia de calidades
especiales para vincularse a cada organismo.

165. Con todo, los requisitos contenidos en la norma censurada atienden a
actividades económicas trascendentales del país respecto de las cuales la Corte

79 Expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, para decretar impuestos, ni las previstas en el

numeral 20 del mismo artículo.

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Constitucional ha señalado la imperiosa necesidad de que su inspección control y
vigilancia esté a cargo de organismos técnicos especializados. Por ello, la
reglamentación que reprocha el actor tiende a asegurar las funciones de los
numerales 24 y 27 del artículo 189 de la Constitución, y propenden por materializar
la competencia profesional, imparcialidad, transparencia e independencia para
garantizar las más alta calidad y continuidad en la prestación de las funciones
que corresponden a las superintendencias de Industria y Comercio; Financiera o
de Sociedades.

166. Tampoco se contravienen los artículos 114 y 150 constitucionales puesto
que, aun cuando la regulación del empleo público tiene reserva legal, tal materia
no ha sido incluida dentro del catálogo de asuntos respecto de los cuales no
pueden proferirse normas con fuerza de ley por el presidente de la República, en
ejercicio de las facultades extraordinarias del numeral 10 del artículo 150 superior.

167. Los requisitos de formación introducidos en la norma censurada se ajustan
a los parámetros establecidos para el efecto en el artículo 5 del Decreto 770 de
2005, comoquiera que el legislador reglamentario i) mantuvo la exigencia del título
profesional -criterio mínimo-, y ii) se decantó por las maestrías o doctorados como
cursos reconocidos como postgrados -criterio máximo- en el artículo 10 de la Ley
30 de 1992.

168. Lo anterior, en criterio de la Sala se ajusta a los preceptos contenidos en la
ley habilitante, esta es, la 909 de 2004 que en sus artículos 2 y 49 refiere que el
mérito, las calidades personales y la capacidad profesional como elementos
sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función
pública, también se reputan respecto de los empleos públicos de libre
nombramiento y remoción, como es el caso de los superintendentes.

169. Por lo expuesto, la Sala considera que con la expedición de la norma objeto
de reproche el presidente de la República no desbordó la atribución constitucional
referida a la potestad reglamentaria, ni aparejó la transgresión de las disposiciones
legales y de orden superior que invocó la parte accionante, razón por la que sus
pretensiones de nulidad serán despachadas desfavorablemente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la pretensión de nulidad promovida por el señor Camilo
Gómez Riveros contra el artículo 2.2.34.1.2, ordinal 1°, del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el artículo 1 del Decreto 1817 del 2015.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no
procede ningún recurso.

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TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Ausente con permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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