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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04969-00

Fecha
22 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04969-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Elisa Marina Asprilla Ortiz, por las consideraciones expuestas en precedencia. SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el escrito de reforma a la demanda presentado por la parte actora. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Thomas Enrique Ortiz Hurtado identificado con c.c. 6.158.863 y portador de la tarjeta profesional 101.909 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder aportado. QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04969-00

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

22 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04969-00
Accionantes: Elisa Marina Asprilla de Ortiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04969-00.
Accionante: Elisa Marina Asprilla de Ortiz
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y Consejo de
Estado, Sección Primera.
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial.
Subtema 1: Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Elisa Marina
Asprilla Ortiz, en contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y de la Sección
Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela.

Elisa Marina Asprilla de Ortiz presentó escrito en el que solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Primera,
con ocasión de los autos del 12 de agosto de 2022 y 27 de junio de 2024, proferidos,
respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 76001-23-33-0002022-00489-00/01, con los que se rechazó la
demanda por caducidad y se confirmó tal determinación.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario.

De lo narrado por la parte accionante en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al
expediente, la Sala resume los siguientes:

La accionante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a la que le fue asignado el radicado número 76001-23-
33-0002022-00489-00, con la que solicitó la nulidad de la sentencia No 114 del 26 de
julio de 2006, proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali, y que, en
consecuencia, se ordenara la devolución del inmueble identificado con el FMI 370-
216863, y el pago de $890.560.000.

Con auto del 12 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
rechazó la demanda al considerar que operó la caducidad. La actora presentó recurso
de apelación, y este fue decidido en forma desfavorable por la Sección Primera del
Consejo de Estado a través de providencia del 27 de junio de 2024.

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1.3. Pretensiones y argumentos de tutela.

La parte actora solicitó: i) amparar sus derechos fundamentales; ii) dejar sin efectos
los autos del 12 de agosto de 2022 y del 27 de junio de 2024, dado que, en su
concepto, las autoridades accionadas incurrieron en un error judicial, y desconocieron
que la jurisprudencia constitucional ha propendido por la aplicación de la condición
más beneficiosa en garantía del derecho al debido proceso, lo que incide en su
derecho a la vivienda digna. Afirmó que las providencias censuradas no tuvieron en
cuenta que la conciliación prejudicial interrumpe el cómputo de la caducidad, además,
que en el año 2015 la demandante promovió demanda de reparación directa (radicado
76001-33-33-018-2015-00170-01) que también fue rechazada por caducidad pese a
que no había fundamentos para adoptar tal decisión.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones.

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 23 de septiembre de
20241 i) admitió la acción de tutela; ii) requirió a la parte actora para aportar poder
otorgado en legal forma, y, para que explicara los fundamentos, en los que soportó
las pretensiones promovidas contra el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema
de Justicia2.

1.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3 remitió el link del expediente
digital, pero no se pronunció sobre las pretensiones de la solicitud de amparo.

1.4.3. La Sección Primera del Consejo de Estado4 presentó informe en el que solicitó
se declare improcedente la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional, dado que la interesada no explicó los motivos por los cuales consideró
que las providencias censuradas vulneraron sus derechos fundamentales.

Agregó que, en todo caso, la accionante no probó la vulneración a la que aludió, pues
el proceso ordinario se tramitó con apego a las normas aplicables y con respeto de las
garantías procesales.

1.4.4. La accionante aportó el poder conforme al requerimiento del auto admisorio,
pero, no expuso los fundamentos respecto de las pretensiones dirigidas al Tribunal
Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

1 Índice 0004 del aplicativo SAMAI.
2 En el auto admisorio se indicó “Ahora, se observa que la parte actora solicitó en las pretensiones

segunda, tercera y cuarta: se deje sin efectos la sentencia del 1 de febrero de 2018 proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá – Sala laboral “dentro del proceso ordinario laboral”, y, se ordene a esa
corporación y a la Corte Suprema de Justicia, Sala laboral, proferir una nueva sentencia dentro tal
proceso, “teniendo en cuenta las nuevas pruebas que se aportan al presente escrito de tutela”.
3Índice 00010 del aplicativo Samai, archivo identificado con el certificado D0D8B3AC94D69BE5

DC8CC0954B4A1494 8ABB458E2D7961CF 3543BB4D463DD41F
4Índice 00009 del aplicativo SAMAI.

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2.2. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.

2.3. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Elisa Marina
Asprilla Ortiz, quien actuó como demandante en el proceso con radicado 76001-23-
33-0002022-00489-00/01, en el que profirió el auto del del 12 de agosto de 2022, que
rechazó la demanda, y la providencia del 27 de junio de 2024 que la confirmó tal
decisión. También está probada la legitimación por pasiva del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y de la Sección Primera del Consejo de Estado, dado que,
profirieron las providencias que, según la parte tutelante, vulneraron sus derechos
fundamentales.

2.4. Relevancia constitucional.

El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal6. De ese modo, en esta sede se ponderará entre la finalidad de
la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales7. Así las cosas, el juez de
5 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan

en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión
judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo
constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b)
defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante
en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento
en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una
decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h)
violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.
6 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
7 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable

para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
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tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las
competencias legales y del principio de autonomía de los jueces8.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio del
amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e (iii)
impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales10.

Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 11.
Para ello, la jurisprudencia constitucional12 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona13, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”14.

En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que
“[…] Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,

T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
10 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,

ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-

18, T-422-18 y T-248-18.
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
13 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
14 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.

Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional en el proceso ordinario15.

2.5. Caso concreto.

2.5.1. La parte actora solicitó que se dejen sin efecto los autos del 12 de agosto de 2022
y del 27 de junio de 2024, proferidos en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-0002022-00489-00/01, como
fundamento, indicó que: i) las autoridades judiciales contra las que se dirigió la acción
de tutela desconocieron la jurisprudencia constitucional atinente a la condición más
beneficiosa, ii) incurrieron en un error judicial; iii) no tuvieron en cuenta el trámite de la
conciliación prejudicial suspende el cómputo de la caducidad; iv) para adoptar las
decisiones, no se estudió la existencia de una demanda de reparación directa -anterior-
que también se rechazó por caducidad.

2.5.2. El análisis del expediente ordinario que fue remitido en medio digital, da cuenta
que con el auto del 12 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
rechazó la demanda, por caducidad, al encontrar que los hechos que sirvieron de
soporte a las pretensiones tuvieron lugar en el año 2006 pues se relacionan
directamente con la expedición de la sentencia del 26 de julio de ese año, por parte del
Juzgado Quince Administrativo Civil del Circuito de Cali.

Por otro lado, se pronunció sobre el argumento relativo al proceso de reparación directa
que fue radicado en el año 2015, e indicó: “de igual forma, sucede lo mismo en el
radicado No. 76001-33-33-018-2015-00170- 01 del año 2015, pues la providencia 151
proferida por esta corporación que dispuso rechazar la demanda de reparación directa
impetrada por la actora fue proferida el año 2017, siendo inocuo entrar a analizar 2 años
con que contaba para acudir ante la jurisdicción, de igual forma, pese a no ser el medio
de control adecuado para el asunto puesto en consideración, se superan de con creces
los cuatro meses para instaurar demanda en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho “lesividad”, como lo pretende el apoderado judicial de la
demandante”.

Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, al resolver el recurso de
apelación, precisó que la sentencia proferida por el Juzgado Quince Administrativo Civil
del Circuito de Cali, tiene la naturaleza de actuación judicial y no de acto administrativo,
además, que las actuaciones que se adelantaron en el proceso de reparación directa
2015 – 00170 – 01 no tienen incidencia en el estudio de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.5.3. La Subsección considera que el presente asunto no superó el requisito de
relevancia constitucional.

15 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Por un lado, el único argumento que encuentra relación con las providencias que
censura es el relativo al proceso de reparación directa promovido en el año 2015, el
que, fue analizado y decidido por los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, para descartar su incidencia en el cómputo de la caducidad. Por ende, la
parte actora, lejos de exponer las circunstancias por las que consideró que las
decisiones censuradas vulneraron sus derechos fundamentales, digirió su argumento
únicamente a debatir el análisis efectuado por los jueces naturales frente a la
oportunidad para presentar la demanda, con miras a que se profiera una nueva decisión
en la que se acoja la interpretación que consideró correcta. Esto, pese a que la Corte
Constitucional ha indicado con precisión que “la tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado”.

Por otro lado, en relación con los demás argumentos propuestos en la acción de tutela,
la Sala considera que no comportan la fuerza suficiente para superar el requisito, pues
las inconformidades expuestas se refieren a un aparente error judicial y al
desconocimiento de la condición más beneficiosa, aspectos que no encuentran ninguna
relación con la motivación de las decisiones atacadas. Aunado, si bien aludió a la
suspensión de la caducidad con ocasión del trámite de conciliación prejudicial, no
explicó la forma en que esta situación fue desconocida por los jueces ordinarios, ni el
vínculo entre tal argumento y una lesión de sus garantías fundamentales.

Esta Judicatura considera que no es suficiente para que una acción supere el requisito
de relevancia constitucional, que en la solicitud de amparo se afirme la vulneración de
derechos fundamentales y se expongan argumentos, puesto que, en términos de la
Corte Constitucional, es necesario “(i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”16.

Asimismo, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la Corte Constitucional17 claramente indicó que no basta con la mención
de vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, sino, que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional se requiere demostrar i) su existencia; ii) su carácter
desproporcionado y; iii) su carácter arbitrario. Así, la parte actora debe aportar
elementos suficientes que permitan al Juez constitucional advertir la vulneración.

A partir de lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
constitucional.

3. Otras determinaciones.

3.1. En atención al poder aportado18, en respuesta al requerimiento efectuado por el
despacho ponente en auto del 23 de septiembre de 2024, se reconocerá personería al
abogado Thomas Enrique Ortiz Hurtado, como apoderado de la parte actora.

16 Sentencia SU-573 de 2019.
17 Sentencia SU215/22
18 Índice 00011 del aplicativo Samai, certificado 2AB6148A740181CC 9322040BB99C49B5
9A3721644D5A403F 0EAD5861A082C8
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3.2. Dado que la parte actora no atendió el requerimiento realizado en la misma
providencia dictada por el ponente, en lo atinente a exponer los fundamentos de las
pretensiones dirigidas contra Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de
Justicia, la Sala no emite pronunciamiento alguno al respecto.

3.3. Finalmente, en el mismo escrito, la accionante solicitó la nulidad de la sentencia
114 del 26 de julio de 2006, proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali,
y que, se ordene, a su favor, el pago de $890.560.000.

Sobre esto, conviene recordar que el Decreto 2591 de 1991 prevé que el trámite de la
acción de tutela es breve y sumario, y no incluye la etapa de reforma a la demanda,
además, esta corporación ha indicado que “en virtud del carácter preferente y sumario
propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento figuras procesales típicas
en los asuntos ordinarios, como la reforma a la demanda”19.

Por lo tanto, se rechazará la solicitud por improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Elisa
Marina Asprilla Ortiz, por las consideraciones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el escrito de reforma a la demanda
presentado por la parte actora.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Thomas Enrique Ortiz Hurtado
identificado con c.c. 6.158.863 y portador de la tarjeta profesional 101.909 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos y para
los efectos del poder aportado.

QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicación: 11001-03-15-000-2023-00801-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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