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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05004-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05004-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la Empresa Social del Estado de San Vicente del Caguán frente los derechos fundamentales a la salud, vida e integridad personal por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional frente al derecho fundamental al debido proceso. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05004-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de octubre de 2024

Demandante: E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05004-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05004-00
Demandante: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
no acreditar el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La Empresa Social del Estado San Rafael de San Vicente del Caguán,
actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, «a la salud, a la vida y a la integridad
personal».

2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión del auto proferido el 13 de octubre de 2023 por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia que decretó una medida cautelar en su contra. Dicha
providencia fue confirmada el 29 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Caquetá. Esto, dentro del proceso ejecutivo con radicado 18001-33-33-004-
2021-00448-00/0.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora parte actora solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05004-00

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso Art. 29 Constitución
Política de Colombia, en concordancia con los Artículos 11, 63 y en concurrencia
con los artículos 9 de la Ley 100 de 1993, artículo 19 del decreto 111 de 1996,
artículo 91 de la Ley 715 de 2001, reiterada en el artículo 21 del decreto ley 28
de 2008 y en el artículo 2.6.1.2.7. del Decreto 780 de 2006; así mismo artículo 5
y 25 de la Ley 1751 de 2015.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Juzgado cuarto Administrativo de
Florencia, para que de forma inmediata ordene el desembargo de las cuentas
pertenecientes a ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN.

TERCERO: ORDENAR a las entidades bancarias que hayan aplicado la medida
cautelar, liberar las cuentas pertenecientes a la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL
de SAN VICENTE DEL CAGUAN.2

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. Los señores Omar Rodríguez Llanos y otros3 promovieron un proceso
ejecutivo en contra de la E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.
Esto, con el fin de hacer efectivo el título ejecutivo contenido en la sentencia
proferida el 30 de abril de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 18001-
33-33-752-2014-00096-00.

6. Al proceso se le asignó el radicado 18001-33-33-004-2021-00448-00/01 y
fue conocido por el juzgado referido. Esa autoridad judicial, mediante auto del 8
de octubre de 2021, libró mandamiento de pago por la suma de $812.491.680.

7. Posteriormente, por auto del 13 de octubre de 2023, decretó el embargo y
retención de los dineros de libre destinación que posea el hospital y limitó la suma
a $1.300.000.000. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo
de Caquetá – Sala Cuarta mediante auto del 29 de mayo de 2024.

8. Finalmente, mediante el Oficio 089 del 5 de agosto de 2024, ordenó la
inscripción de la medida cautelar en diversas entidades bancarias.

1.4. Sustento de la vulneración

9. La parte actora indicó que la autoridad demandada desconoció el artículo
594 del Código General del Proceso que señaló que no se pueden embargar los
bienes, rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o

2 Transcrito del escrito de tutela con posibles errores.
3 Iván Andrés Llanos Con, Julio César Cano Rodríguez, Roque Antonio Cano y las señoras Ligia

Rodríguez Malambo, Yurani Cano Llanos y Sandra Patricia Cano Rodríguez.

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de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación,
regalías y recursos de la seguridad social.

10. Puso de presente la Ley 100 del 1993, el Decreto 111 de 1996, la Ley 715
de 2001, el Decreto Ley 28 de 2008, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el Decreto
780 de 2016 que disponen la inembargabilidad de los recursos públicos que
financian el sistema de salud.

11. Asimismo, señaló que se desconoció las sentencias C-1154 de 2018, C-
313 de 2014 y T-053 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional. En ellas se
ha determinado que los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones son inembargables, salvo en casos de reconocimiento de
obligaciones laborales.

12. Finalmente, refirió que el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia
incurrió en un error al decretar el embargo de las cuentas del hospital, pues no
interpretó en debida forma las disposiciones legales y jurisprudenciales, toda vez
que no se configuró la excepción al régimen de inembargabilidad de los recursos
públicos.

1.5. Trámite de la tutela

13. Por medio del auto del 19 de septiembre 2024, el Despacho ponente de
esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar
como accionados al Tribunal Administrativo del Caquetá y al Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia. Además, vinculó como terceros con interés a los
señores Omar Rodríguez Llanos, Iván Andrés Llanos Cano, Julio César Cano
Rodríguez, Roque Antonio Cano, y a las señoras Ligia Rodríguez Malambo,
Yurani Cano Llanos y Sandra Patricia Cano Rodríguez. Por último, ordenó la
vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.6. Intervenciones

14. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia se limitó a remitir copia del
expediente del proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del
Caquetá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

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2.2. Legitimación en la causa

16. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

17. Frente a la consideración de la parte actora de que se le vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, «a la salud, a la vida y a la integridad
personal», la Sala considera necesario precisar que la Empresa Social del Estado
San Rafael de San Vicente del Caguán está legitimada en la causa por activa
únicamente frente a la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso.

18. Lo anterior, en razón a que la Corte Constitucional ha señalado que las
personas jurídicas gozan de la titularidad de derechos fundamentales, y en esa
medida, se encuentran legitimadas para formular acciones de tutela. Sin
embargo, ha precisado que estos entes no ostentan los mismos derechos de las
personas naturales, pues no tiene las mismas características ni necesidades4.

19. Al respecto, ha advertido que las personas jurídicas únicamente son
titulares de aquellos derechos estrechamente ligados a su existencia. Por lo
tanto, no todos los derechos fundamentales pueden predicarse de aquellas, toda
vez que algunos de ellos se refieren exclusivamente a la persona humana y no
es dable exigir el amparo del derecho a la vida, prohibición de desaparición
forzada, intimidad familiar, entre otros, porque son propios e inherentes del ser
humano.5

20. En ese sentido, y de conformidad con el precedente desarrollado por la
Corte Constitucional en este asunto6, la Empresa Social del Estado San Rafael
de San Vicente del Caguán no está legitimada en la causa por activa frente a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida e integridad
personal. Esto, en razón a que esas garantías constitucionales son inherentes de
las personas naturales y no son atribuibles a las personas jurídicas.

21. Por lo tanto, la Sala considera que la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael de San Vicente del Caguán está legitimada en la causa por activa
frente a la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso
porque fue la parte demandada del proceso ejecutivo en el que se dictó las
providencias que se cuestionan a través de este instrumento constitucional.

22. Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia están legitimados en la causa por pasiva por haber

4 Corte Constitucional, sentencia T-627 de 2017.
5 Corte Constitucional, sentencias SU–182 de 1998, SU-1193 de 2000, T-200 de 2004, T-799 de

2009 y T-061 de 2012.
6Ibídem.

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dictado y confirmado, respectivamente, las providencias reprochadas mediante
esta acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

23. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora y el
material probatorio recaudado; el problema jurídico a resolver en el caso
concreto, en aras a establecer si procede confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia, es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

24. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia vulneró el derecho fundamental al debido proceso
con ocasión del auto del 29 de mayo de 2024 que decretó el embargo? Mediante
esta providencia se confirmó el auto del 13 de octubre de 2023 que decretó la
medida cautelar.

25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse, (iii) el
caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.

27. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia11 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

28. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

29. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

11 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del

2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

30. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

31. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

32. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional13.

33. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

34. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

35. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

36. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

37. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

2.4.1. Estudio del requisito de la relevancia constitucional en el caso
concreto

38. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia por no acreditarse el requisito general de la relevancia constitucional
frente a la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
parte actora, pues presentó argumentos tendientes a buscar una instancia
adicional con el fin de revisar el decreto de la medida cautelar que le fue
impuesta, por lo que se pretende reabrir las etapas procesales y probatorias de
la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa.

39. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la
accionante busca a través de la presente acción constitucional que se examine
el contenido de las decisiones adoptadas en las providencias proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del
Caquetá el 13 de octubre de 2023 y 29 de mayo de 2024, respectivamente, en
los que se decretó la medida cautelar y se limitó la suma a $1.300.000.000.

40. A su juicio, en las providencias acusadas se desconocieron diversas
normas que indican que son inembargables los recursos del Sistema General de
Participaciones. Respecto de esa afirmación, la Sala considera oportuno aclarar
que esta premisa es válida. Sin embargo, en el caso concreto las autoridades
accionadas decretaron el embargo de los recursos de libre destinación de la

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entidad accionada y no los referentes al sistema general de participaciones.

41. Frente a este reparo, simplemente se limitó a señalar leyes que regulan la
destinación de los recursos del sector salud sin establecer las razones por las
cuales consideró que fueron desconocidas en la providencia cuestionada. En tal
sentido, cualquier análisis de fondo al respecto implicaría un proceder oficioso
por parte del juez constitucional que, en materia de tutelas contra providencias
judiciales, le está vedado, en virtud de los principios de seguridad jurídica y
autonomía judicial.

42. En ese orden, para la Sala es evidente que lo pretendido por la parte actora
es utilizar este mecanismo de amparo constitucional como una instancia adicional
del proceso ejecutivo que cursa en su contra. Incluso, sus reproches pretenden
reabrir una tercera instancia para debatir nuevamente los argumentos que fueron
despachados de manera desfavorable por las autoridades judiciales accionadas.

43. No sobra agregar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica,
cosa juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad. En específico, cuando se pretenden cuestionar por
esta vía las decisiones de los jueces naturales.

44. Ahora bien, en relación con el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, se evidencia que no cuenta con la carga argumentativa
suficiente para ser estudiado. Esto, porque pese a que del extracto de la
sentencia que citó se puede determinar la existencia de una regla jurídica, la parte
actora no expuso las razones por las cuales el caso referenciado es similar al
suyo, ni los motivos por las cuales considera que dicha regla fue desconocida por
las autoridades accionadas, en consideración a las particularidades del caso en
concreto.

45. En ese sentido, el actor simplemente señaló un extracto de la providencia,
sin cumplir con la carga requerida para que exista un pronunciamiento de fondo
por parte de la Sala.

46. Sobre este cargo, es preciso resaltar que, de conformidad con las
pretensiones descritas en el escrito de tutela, no controvirtió el análisis que realizó
el tribunal accionado frente al decreto del embargo de los dineros de libre
destinación que posee el hospital. Por el contrario, se evidencia que se trata de
una mera inconformidad frente al pago de la indemnización a la que fue
condenada.

47. Por lo tanto, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial que le impuso una carga económica, y, sumado a ello, alegar
la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie un

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Demandante: E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05004-00

ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Sin embargo, la parte
actora se limitó a señalar los derechos fundamentales que consideró vulnerados
sin explicar la forma o manera en que dichas garantías fueron desconocidas.

48. En definitiva, la Sala considera oportuno resaltar que la competencia de
este juez de tutela se restringe a la protección efectiva de las garantías
constitucionales y no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

49. Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo,
al no encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la
Empresa Social del Estado de San Vicente del Caguán frente los derechos
fundamentales a la salud, vida e integridad personal por las razones aquí
expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional frente al derecho fundamental al
debido proceso.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

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Demandante: E.S.E Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05004-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

11
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