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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05019-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05019-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Cámara de Representantes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura- Escuela Rodrigo Lara Bonilla, la Corte Constitucional, el Tribunal Superior Militar y Policial, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Senado de la República. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón frente al Tribunal Superior Militar y Policial y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto del Senado de la República y la Presidencia de la República. CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición en cabeza señor Ericsson Ernesto Mena Garzón y conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2024-05019-00 QUINTO: ORDENAR a la Cámara de Representantes, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Corte Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Fiscalía General de la Nación que, en el término de 48 horas, computadas a partir de la notificación de la presente decisión, resuelvan la solicitud del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón elevada el 11 de agosto de 2024 y se la notifiquen en debida forma. SEXTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Rodrigo Lara Bonilla, al Consejo de Estado, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, en el término de 48 horas, computadas a partir de la notificación de la presente decisión, envíen de manera efectiva la respuesta otorgada al actor, así como los traslados efectuados a las entidades por competencia. SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. OCTAVO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05019-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de octubre de 2024

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05019-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05019-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. Concede parcialmente el amparo solicitado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta
por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Presidencia de la República y
otros en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política,
artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 18 de septiembre de 2024 el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio
de Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo de Estado, la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo Superior de la
Judicatura, el Senado y la Cámara de Representante, la Jurisdicción Especial para
la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Superior
Militar y Policial, en la que pretende el amparo de su derecho fundamental de
petición.

Lo anterior, por cuanto las autoridades accionadas se han sustraído de dar
respuesta de fondo a la solicitud presentada vía correo electrónico el 11 de agosto
de 2024, en donde pidió la «revisión sentencias en procesos constitucionales de índole
medioambiental, conformación e implementación de tribunales especializados para dirimir
conflictos ambientales».

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05019-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:

[…]

Se ORDENE a las entidades accionadas:

1. Informe sobre la Gestión del Proceso Judicial:
o Elaborar un informe detallado sobre cada proceso judicial identificado por su
número de radicación y tipo de acción constitucional. Este informe debe
incluir:
▪ La identidad del titular, ya sea juez o magistrado, que llevó el proceso.
▪ En caso de cambio de titular, identifique al servidor público que inició
el proceso y solicitar notificación a través de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) o el Tribunal Administrativo correspondiente.
▪ Explicar si el juez o magistrado posee la formación académica,
experiencia certificada, experticia, idoneidad y compromiso con la
justicia social necesarios para manejar casos ambientales.
▪ Detallar los recursos físicos, tecnológicos, administrativos,
económicos, científicos, fiscales y jurídicos disponibles y utilizados
en el proceso.

[…]

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Mediante escrito remitido vía correo electrónico el 11 de agosto de 20241, el
ciudadano Ericsson Ernesto Mena Garzón presentó una petición ante las
autoridades accionadas en la que solicitó:

REQUERIMIENTOS2
1. Revisión Integral de Procesos Constitucionales, Judiciales y Penales desde
1991 a Nivel Nacional
Solicito respetuosamente una revisión exhaustiva y de alcance nacional de todos
los procesos judiciales y penales relacionados con el medio ambiente desde la
implementación de la Constitución de 1991. Esta revisión debe evaluar si los
casos fueron manejados adecuadamente, considerando la posibilidad de que
muchos hayan sido evaluados por funcionarios sin la formación y experiencia
necesarias en temas ambientales. Es crucial garantizar que los derechos
fundamentales no hayan sido vulnerados debido a fallos emitidos sin la debida
preparación técnica y que cualquier irregularidad o injusticia sea corregida.
2. Traslado de Todos los Procesos Constitucionales, Penales y de la JEP
Relacionados con el Medio Ambiente a una Jurisdicción Especial Ambiental

1 La petición se remitió a las siguientes direcciones de correo electrónico: contacto@presidencia.gov.co,
gestion.documental@minjusticia.gov.co, ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co,
viceprocuraduria@procuraduria.gov.co, asuntosdefensor@defensoria.gov.co, info@jep.gov.co,
presidencia@consejodeestado.gov.co, secretariag@cortesuprema.gov.co, info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
atencion.ciudadano@justiciamilitar.gov.co, atencionciudadanacongreso@senado.gov.co,
atencionciudadanacongreso@senado.gov.co, atencionalciudadano@corteconstitucional.gov.co.
2 La mentada petición obra en el escrito de tutela presentado por el actor.

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Solicito el traslado de todos los procesos constitucionales, penales y aquellos
relacionados con el medio ambiente bajo la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) a una jurisdicción especial ambiental. Esta jurisdicción debe estar
compuesta por jueces y magistrados capacitados y con experiencia en derecho
ambiental, asegurando así decisiones informadas y justas que verdaderamente
protejan el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.
3. Evaluación de Presuntos Hechos de Corrupción en Procesos Penales,
Judiciales y Constitucionales
Solicito una evaluación rigurosa de presuntos hechos de corrupción en los
procesos penales, judiciales y constitucionales relacionados con el medio
ambiente. Esta evaluación debe investigar si la falta de formación adecuada de
los funcionarios pudo haber facilitado actos de corrupción, afectando la
imparcialidad y legalidad de las decisiones. Es esencial identificar y sancionar a
los responsables de cualquier acto de corrupción que haya comprometido la
justicia ambiental.
4. Evaluación de la Afectación de Derechos Humanos en las Decisiones
Judiciales
Solicito la realización de una evaluación exhaustiva para determinar si las
decisiones adoptadas en los procesos judiciales revisados han afectado derechos
humanos fundamentales. Las decisiones mal informadas o influenciadas por
corrupción pueden haber tenido consecuencias graves sobre el derecho a la vida,
la salud, y otros derechos fundamentales de las comunidades afectadas. Esta
evaluación es crucial para asegurar que se tomen medidas correctivas y se
proporcionen reparaciones adecuadas a las víctimas.
5. Implementación de un Programa de Capacitación Obligatoria en Derecho
Ambiental
Solicito la implementación de un programa de capacitación continua y obligatoria
en derecho ambiental para todos los jueces, fiscales y magistrados que
intervienen en procesos judiciales relacionados con el medio ambiente. Esta
formación debe incluir tanto aspectos jurídicos como científicos, garantizando que
los servidores públicos estén plenamente capacitados para interpretar
correctamente las normas y evaluar las pruebas científicas. Sin esta formación, la
capacidad del sistema judicial para proteger el medio ambiente seguirá siendo
inadecuada.
6. Creación de Unidades Técnicas Especializadas en los Tribunales
Ambientales
Solicito la creación de unidades técnicas especializadas dentro de los tribunales
ambientales, integradas por expertos en ciencias ambientales y disciplinas
técnicas relevantes. Estas unidades proporcionarían el apoyo necesario para que
los jueces comprendan y evalúen adecuadamente las pruebas y los impactos
ambientales en cada caso, mejorando así la calidad y precisión de las decisiones
judiciales.
7. Revisión y Fortalecimiento del Marco Legal Ambiental
Solicito una revisión exhaustiva y el fortalecimiento del marco legal relacionado
con la protección del medio ambiente a nivel nacional. Esta revisión debe asegurar
que las leyes sean claras, aplicables y alineadas con los principios de
sostenibilidad y justicia ambiental. Es necesario actualizar el marco legal para
reflejar los avances científicos y los compromisos internacionales asumidos por
Colombia, garantizando que el país cuente con una base normativa robusta para
proteger el medio ambiente.
8. Creación de un Observatorio Nacional de Justicia Ambiental
Solicito la creación de un observatorio nacional dedicado a monitorear y evaluar
la calidad de la justicia ambiental en Colombia. Este observatorio debe identificar
deficiencias, proponer mejoras y garantizar la transparencia y rendición de
cuentas en los procesos judiciales ambientales. Además, debería actuar como un
mecanismo de alerta temprana para prevenir injusticias y asegurar que se
respeten los derechos ambientales.

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9. Promoción de la Participación Ciudadana en la Justicia Ambiental
Solicito la promoción activa de la participación ciudadana en los procesos
judiciales ambientales mediante la creación de mecanismos que permitan a las
comunidades y organizaciones civiles intervenir en los casos, aportando pruebas
y argumentos. Esto asegurará que las decisiones judiciales reflejen las
preocupaciones y necesidades de las comunidades afectadas, fortaleciendo la
legitimidad y efectividad de la justicia ambiental en todo el país.
10. Asignación de un Presupuesto del 30,4% del PIB para Reformas
Ambientales
Solicito la asignación de un presupuesto significativo, equivalente al 30,4% del
PIB, para financiar todas las reformas propuestas y la creación de la
infraestructura especializada necesaria para abordar adecuadamente los casos
ambientales. Este presupuesto garantizará la implementación efectiva de las
medidas propuestas y permitirá que la justicia ambiental sea una realidad tangible
y efectiva en todo el país.
11. Establecimiento de un Registro Único de Víctimas de Procesos Judiciales
Ambientales Mal Evaluados o Mal Juzgados
Solicito la creación de un registro único de víctimas de procesos judiciales
ambientales que hayan sido mal evaluados, mal juzgados o que se encuentren en
impunidad. Este registro será fundamental para identificar a las personas y
comunidades afectadas y para garantizar que se les otorgue una reparación
adecuada por los daños sufridos.
12. Evaluación de Posibles Delitos Ambientales Cometidos por Servidores
Públicos
Solicito una evaluación exhaustiva para determinar si ha habido posibles delitos
ambientales cometidos por servidores públicos desde la implementación de la
Constitución de 1991. Es crucial investigar si la falta de idoneidad y capacitación
en temas ambientales pudo haber facilitado la comisión de estos delitos, lo cual
debe conducir a la rendición de cuentas y sanción de los responsables.
13. Apertura de Macro casos contra Empresas Relacionadas con Daños
Ambientales
Solicito la apertura de una serie de macro casos dentro de la jurisdicción especial
ambiental para investigar a empresas relacionadas con daños ambientales
significativos. Estos casos deben ser abordados con la mayor rigurosidad para
asegurar que las empresas responsables sean debidamente sancionadas y se
repare el daño causado.
14. Investigación de Atentados Terroristas que Han Provocado Desastres
Ambientales
Solicito que se investiguen, con el apoyo de expertos en la materia, los atentados
terroristas que han provocado desastres ambientales en el país. Estas
investigaciones deben asegurar que los responsables sean identificados y
llevados ante la justicia, y que se adopten medidas para mitigar los daños
causados.
15. Ponderación o Evaluación Económica de los Daños Ambientales en
Colombia desde 1991
Solicito la realización de una evaluación económica de los daños ambientales
sufridos en Colombia desde la implementación de la Constitución de 1991. Esta
evaluación servirá como base para calcular las reparaciones necesarias y para
diseñar políticas públicas que prevengan futuros daños ambientales.
16. Declaración del Derecho a un Ambiente Sano como Derecho Fundamental
Solicito que se declare el derecho a un ambiente sano como un derecho
fundamental, en concordancia con la Resolución 76/300 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que reconoció por primera vez el derecho humano a un
medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta declaración fortalecerá la
protección jurídica del medio ambiente y garantizará que este derecho sea
plenamente respetado y protegido en Colombia.

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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Indicó que a la fecha de interposición de la acción constitucional no había recibido
respuesta alguna, lo que vulnera su derecho fundamental de petición. Expuso que
la vulneración se presenta por no crear tribunales ambientales especializados para
dar cumplimiento al Acuerdo Escazú, lo cual, en su criterio, impide la adecuada
protección de los derechos ambientales.

Adujo que en Colombia deben existir tribunales especializados en temas
ambientales, con servidores públicos capacitados y formados académicamente en
la materia y no con dos o tres cursos, puesto que hay servidores públicos que creen
que, con algunos cursos en materia ambiental, ya están capacitados para dirimir
estos conflictos socioambientales

Frente al punto estimó que la creación de dichos tribunales representa una
oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia en materia ambiental y mejorar
la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente. Sin embargo, la
propuesta debe ser acompañada de un diseño institucional sólido que asegure la
independencia judicial, la especialización técnica y el acceso a información
confiable.

Concluyó que los mentados tribunales no solo generan una ineficacia en la
protección del medio ambiente, sino que también vulnera derechos fundamentales
como la igualdad, el debido proceso, de acceso a la justicia y las acciones
populares. Esta situación tiene un impacto directo en los derechos conectados a la
vida, la salud y un ambiente sano, lo que exige una respuesta institucional urgente
para garantizar que las comunidades afectadas puedan acceder a una justicia
efectiva en la defensa de sus derechos ambientales y colectivos.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La magistrada ponente de esta decisión, por auto del 26 de septiembre de 20243
admitió la acción de tutela del asunto, ordenó notificar a la parte actora y a las
autoridades accionadas, a saber, la Presidencia de la República, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, el Consejo de Estado, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo Superior de la
Judicatura, el Senado y la Cámara de Representantes, la Jurisdicción Especial para
la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Superior
Militar y Policial.

3 Índice 5 de Samai

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Cámara de Representantes

Explicó que no tiene función alguna que cumplir en el asunto de la referencia, pues,
no tiene competencia para crear tales tribunales especializados en temas
ambientales, nombrar jueces y establecer las normas de funcionamiento de estos,
asunto que es competencia de la Rama Judicial del Poder Público.

Conforme lo anterior, solicitó la desvinculación del presente asunto, por no haber
incurrido en conducta alguna que haya dado lugar a la vulneración del derecho
fundamental alegado.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Rodrigo Lara Bonilla

Solicitó negar el amparo puesto que, en lo que le concierne por factor de
competencia, mediante Oficio EJO24-1796 del 27 de septiembre de 2024, ya se dio
respuesta al punto 5 de la petición.

1.6.3. Consejo de Estado

Solicitó negar las pretensiones de la tutela porque al actor ya se le dio respuesta a
su petición mediante oficio CE-Presidencia-PQRS-INT-2024-4265 del 3 de
septiembre de 2024.

Al respecto se le indicó que, con fundamento en lo previsto en el artículo 23
constitucional y lo señalado por la jurisprudencia constitucional respecto a lo que no
constituye el ejercicio de la garantía fundamental (sentencia T-230-20), se procedió
al archivo del radicado de la referencia, en razón a que lo planteado en el escrito no
era una solicitud que involucrara el ejercicio del derecho de petición que debiera ser
resuelta por dicha corporación en el marco de sus competencias constitucionales y
legales, sino que se trataba de una propuesta con manifestaciones dirigidas a
«subsanar las deficiencias» que el actor considera, tiene la justicia ambiental en
Colombia.

1.6.4. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Solicitó su desvinculación por falta a de legitimación en la causa por pasiva o, en su
defecto, que se declare la improcedencia de la acción.

Adujo que no era posible hacer un pronunciamiento acerca de los fundamentos
facticos y jurídicos de la tutela, dado que dicha entidad ejerce función jurisdiccional
disciplinaria sobre funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Agregó que no se
encontró que el accionante haya presentado una queja disciplinaria en contra de
algunas de las autoridades relacionadas en su escrito de tutela.

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1.6.5. Jurisdicción Especial para la Paz

Adujo que, una vez revisado el escrito de tutela presentado por el accionante, se
pudo constatar que este persigue un fin y un objeto de fondo similar al perseguido
dentro de la acción de tutela presentada por este mismo accionante ante el Consejo
de Estado, Sección Segunda.

Explicó que ya se dio respuesta a la tutela anteriormente presentada por este ante
dicha sección mediante el oficio con radicado 202402024896 del 18 de septiembre
de 2024 (anexo 2), «el cual se adjunta a esta respuesta y que a su vez fue debidamente
remitido a través de la plataforma SAMAI (anexo 3).»

En consecuencia, «la JEP se abstendrá de pronunciarse sobre las pretensiones y hechos
de la demanda presentada por el accionante, toda vez que esta Jurisdicción ya dio
respuesta a la tutela presentada ante la Sección Segunda, la cual persigue los mismo fines
y objetivos que la acción constitucional presentada ante la Sección Quinta.»

1.6.6. Corte Constitucional

Requirió su desvinculación de la presente acción o en su defecto, negar las
pretensiones de la tutela, puesto que dicha corporación no estaba llamada a
responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados,
por cuanto no tiene la aptitud procesal para resolver los requerimientos formuladas.

En concreto, adujo no era de su competencia rendir informes sobre asuntos que no
se derivan de sus funciones jurisdiccionales ni en relación con funciones atribuidas
a otras autoridades, al igual que no le corresponde la creación de tribunales
especializados en conflictos socio ambientales.

1.6.7. Tribunal Superior Militar y Policial.

Solicitó su desvinculación del presente tramite constitucional al carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Informó que, respecto a la petición que da
origen a la presente acción de tutela, esta fue remitida a la Oficina Asesora de
Planeación de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
por considerarlo de su competencia, remisión que se realizó con copia enviada al
correo electrónico del peticionario.

Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto al
haber dado respuesta al accionante cesó la vulneración del derecho fundamental
supuestamente trasgredido.

Adujo que cumplió con el deber impuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, de trasladar la petición a la
autoridad competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario.

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1.6.8. Procuraduría General de la Nación

Solicitó negar las pretensiones teniendo en cuenta que mediante oficio 915 del 16
de septiembre de 2024, el doctor Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz, Procurador
Delegado con funciones Mixtas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y
Agrarios remitió por competencia la petición al Consejo Superior de la Judicatura, al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Hacienda y a la
Fiscalía General de la Nación.

1.6.9. Ministerio de Justicia y del Derecho

Solicito su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Igualmente, indicó que ya se le dio respuesta a la petición radicada por el actor
mediante oficio número MJD-OFI24-0037020 y se le indicó que dicha entidad no era
competente para dar respuesta de fondo a su solicitud, por lo que se le sugirió
radicarla ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo anterior,
teniendo en cuenta tanto el contenido de la petición, como las funciones de cada
una de las entidades.

1.6.10. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Solicitó la improcedencia de la acción puesto que no existe omisión o acción alguna
por parte de esa cartera ministerial teniendo en cuenta que no es la entidad
encargada de adelantar la respuesta a la petición referida.

1.6.11. Senado de la República

Solicito su desvinculación del presente tramite o en su defecto, negar las
pretensiones de la demanda.

Indicó que la petición fue recibida en la UAC del Congreso de la República, traslada
a la Secretaría General, quien a su vez la remitió a cada uno de los Senadores de
la Republica mediante oficio SGE-CS-3893-2024 del 28 de agosto de 2024, para
que dentro de sus competencias dieran respuesta, si lo consideraban pertinente.

Adujo que lo anterior se le comunico oportunamente al correo electrónico del actor
y aportó la constancia del envió.

1.6.12. Defensoría del Pueblo

Solicito declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, en
el ámbito de su competencia, dio respuesta a la petición del actor, en la cual se le
indicó que dentro de sus funciones constitucionales y legales (artículo 282 de la
Constitución Política, Ley 24 de 1992 y el Decreto 025 de 2014) no se encontraba
prevista la administración de justicia, lo cual es función exclusiva de la rama judicial.

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1.7. Auto que declara infundado impedimento

Mediante auto del 17 de octubre de 2024 se declaró infundado el impedimento
manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, al no encontrar
demostrada la causal de impedimento contenida en el numeral 1.º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la tutela presentada por el
señor Mena Garzón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991; el numeral 12° del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 2021 y lo dispuesto en el artículo 35 del Código General del Proceso, aplicable
al trámite del vocativo de la referencia por la remisión establecida en el artículo
2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Solicitudes de desvinculación

Con base en las intervenciones realizadas por la Cámara de Representantes, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura-
Escuela Rodrigo Lara Bonilla, la Corte Constitucional, el Tribunal Superior Militar y
Policial, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Senado de la República, se tiene
que tales entidades solicitaron su desvinculación del presente asunto.

No obstante, están serán negadas dado que se debe precisar que el accionante
radicó ante estas entidades la petición objeto de estudio por parte de la Sala, a las
que se atribuye la vulneración de su derecho fundamental. En ese sentido, sus
intervenciones al trámite constitucional resultaban necesarias en aras de que
ejercieran su derecho de contracción y defensa.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, las intervenciones presentadas por las
demandadas y los medios de prueba arrimados al proceso, corresponde a la Sala
resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Las entidades accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición
del ciudadano Ericsson Ernesto Mena Garzón, al no haber dado respuesta a
la solicitud presentada el 11 de agosto de 2024?

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Para resolver tales problemas jurídicos, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) aspectos generales del
derecho de petición; y (iii) el caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades, o de los particulares en los casos previstos en el Decreto
2591 de 1991.

Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. Aspectos generales del derecho de petición

El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en la
facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para obtener
información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las autoridades
correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa respuesta a
sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales.

Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición de la siguiente forma: i) en la posibilidad de
formular peticiones respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en
la obtención de una pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos
componentes del derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y
satisfacción del mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el
derecho se concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la
resolución pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no
favorable al sentido de la misma.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

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Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta
trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del
peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que
el derecho ha sido observado cabalmente.

Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 1º de noviembre de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley
1437 de 2011, referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos
de dicha sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de
que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente.

Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se
reguló el derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigor a partir de la fecha de su publicación.

Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

«[l]a respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud,
sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de
contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre
información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «(…) los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante (…)».

Así pues, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

De otra parte, es preciso mencionar que el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 prevé
que en el evento en que la petición esté dirigida contra el funcionario que no tiene
competencia para atenderla, debe informársele «de inmediato al interesado si este

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actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito”. Además, dentro del término señalado, la autoridad deberá remitir “la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará».

2.6. Caso concreto

Con base en los informes y documentos aportados tanto por la parte accionante
como por las autoridades accionadas, la Sala considera que la acción de tutela tiene
parcialmente vocación de éxito. Lo anterior, por cuanto se encuentra demostrado
que se vulneró el núcleo esencial del mandato constitucional establecido en el
artículo 23 de la Constitución Política.

En ese sentido, en aras de brindar claridad sobre cuál o cuáles entidades incurrieron
en dicha trasgresión, se estima pertinente realizar el estudio separado de cada una
de las entidades accionadas, a efectos de establecer si procede o no el amparo
deprecado.

2.6.1. Cámara de Representantes, Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
Corte Constitucional y Ministerio de Justicia y del Derecho, y Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

Si bien estas entidades en el trámite tutelar afirmaron que, no eran competentes
para dar respuesta a la petición radicada por el actor, lo anterior no fue puesto en
conocimiento del solicitante, pues esos argumentos solo los dieron a conocer en la
contestación de la tutela, razón por la cual se encuentra quebrantado el derecho de
petición.

Así, lo ha establecido de manera pacífica la Corte Constitucional:

Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco
de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al
peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación
brindada y en los efectos de la misma.4

Igualmente, tampoco cumplieron con el deber que le impone el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011, de enviar la solicitud del accionante a la autoridad que consideraban
competente para resolverla, motivo por el cual, para esta Sección es evidente que
la oficina vulneró el derecho fundamental invocado por el tutelante.

2.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Rodrigo Lara Bonilla

Explicó que mediante Oficio EJO24-1796 del 27 de septiembre de 2024, ya dio
respuesta al punto 5 de la petición5, la cual fue la siguiente:

4 Sentencia T-369/13.
5 5. Implementación de un Programa de Capacitación Obligatoria en Derecho Ambiental: Es imperativo
establecer un programa de capacitación continua y obligatoria en derecho ambiental para todos los jueces,

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RESPUESTA. Sea lo primero indicar que, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, de acuerdo con el artículo 177 de la Ley 270 de 1996, es el centro de
formación inicial y continua del talento humano al servicio de la Rama Judicial, los
Jueces de Paz y de Reconsideración debidamente posesionados y de las
autoridades indígenas que administran justicia en sus territorios. En tal sentido, la
capacitación que imparte la Escuela Judicial tiene sustento en los Planes de
Formación, los cuales son aprobados por el Consejo Superior de la Judicatura en
los términos del artículo 85 de la citada Ley.

El diseño de cada plan de formación se sustenta en el previo diagnóstico de las
necesidades de capacitación que nos comunica la comunidad judicial del país, con
el objetivo de determinar la malla curricular, las temáticas y las actividades que se
incorporarán en cada uno de los subprogramas del Plan de Formación de la
siguiente vigencia.

El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA23-12054 de 2023
aprobó el Plan de Formación de la Rama Judicial, vigencias 2023-2024; por
consiguiente, en este momento no es posible incorporar actividades nuevas a las
que ya han sido definidas por la Corporación en el Plan aprobado.

Nos permitimos compartir el resumen de las actividades presenciales,
videoconferencias y cursos virtuales, dentro de las cuales se ha contado con la
participación de fiscales, jueces, magistrados, y que han abordado temas
ambientales.

Debemos precisar que las cifras anotadas corresponden a participaciones en las
diversas actividades académicas, siendo posible que un mismo discente haya
concurrido a uno o más eventos académicos. Esta información se pormenoriza en
el archivo Excel adjunto.

De lo anterior, se advierte que la respuesta otorgada fue de fondo y clara toda vez
que le explicó el actor cuál era el diseño de cada programa de capacitación para
fiscales, jueces, magistrados, y que han abordado temas ambientales.

No obstante, dicha entidad no probó el envío efectivo de su respuesta al correo del
peticionario, por lo que se encuentra acreditada la trasgresión del derecho
fundamental de petición y, en ese sentido, se ordenará que se notifique en debida
forma dicha respuesta.

2.6.3. Consejo de Estado

Indicó que mediante oficio CE-Presidencia-PQRS-INT-2024-4265 del 3 de
septiembre de 2024 se procedió al archivo del radicado de la referencia, en razón a
que lo planteado en el escrito no era una solicitud que involucrara el ejercicio del
derecho de petición que debiera ser resuelta por dicha corporación en el marco de
sus competencias constitucionales y legales, sino que se trataba de una propuesta

fiscales y magistrados que intervienen en procesos judiciales relacionados con el medio ambiente. Esta
formación debe incluir tanto aspectos jurídicos como científicos, garantizando que los servidores públicos estén
plenamente capacitados para interpretar correctamente las normas y evaluar las pruebas científicas. Sin esta
formación, la capacidad del sistema judicial para proteger el medio ambiente seguirá siendo inadecuada

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con manifestaciones dirigidas a «subsanar las deficiencias» que el actor considera,
tiene la justicia ambiental en Colombia.

No obstante, dicha entidad tampoco probó el envío efectivo de su respuesta al
correo del peticionario, lo que se vulneró el derecho fundamental de petición y se
ordenará que se le notifique en debida forma.

2.6.4. Jurisdicción Especial para la Paz

Adujo que ya se dio respuesta a la petición del actor en una tutela anteriormente
presentada (similar a la presente pero que no comparte identidad tripartida) por el
accionante ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el oficio con
radicado 202402024896 del 18 de septiembre de 2024.

No obstante, dicha entidad tampoco probó el envío efectivo de su respuesta al
correo del peticionario, lo que se vulneró el derecho fundamental de petición y se
ordenará que se le notifique en debida forma el mentado oficio.

2.6.5. Tribunal Superior Militar y Policial

Adujo que cumplió con el deber impuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, toda vez que el 15 de agosto
de 2024 trasladó la petición a la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, por considerarlo de su
competencia

Se tiene que frente a esta autoridad se negará el amparo invocado porque, antes
de instaurarse la acción de tutela de la referencia, ya había trasladado la petición
por competencia, tal y como lo imponen los mencionados artículos, por lo que no se
advierte vulneración alguna.

Igualmente, dicha autoridad adjuntó en su contestación los correos que certifican el
envío efectivo del mentado traslado a la autoridad competente y al actor:

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2.6.6. Procuraduría General de la Nación

Solicitó negar las pretensiones dado que mediante oficio 915 del 16 de septiembre
de 2024, remitió por competencia la petición al Consejo Superior de la Judicatura,
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Hacienda y a la
Fiscalía General de la Nación.

No obstante, dicha entidad tampoco probó el envío efectivo de dicho traslado a las
referidas entidades ni al correo del peticionario, lo que vulneró el derecho
fundamental de petición y se ordenará que se le notifique en debida forma el
mentado oficio.

2.6.7. Senado de la República

Expresó que la petición fue trasladada a la Secretaría General, quien a su vez la
remitió a cada uno de los senadores de la República mediante oficio SGE-CS-3893-
2024 del 28 de agosto de 2024, para que dentro de sus competencias dieran
respuesta, si lo consideraban pertinente.

Frente a esta entidad se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
puesto que luego de interpuesta la tutela cumplió con el deber de trasladar a la
petición a los senadores de la Republica. Igualmente probó el envío efectivo de
dicho traslado y su notificación al actor, como se observa:

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2.6.8. Defensoría del Pueblo

Solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que, en el
ámbito de su competencia, el 20 de septiembre de 2024 dio respuesta a la petición
del actor, en la cual se le indicó que dentro de sus funciones constitucionales y
legales no se encontraba prevista la de administración de justicia, lo cual es función
exclusiva de la Rama Judicial.

No obstante, dicha entidad tampoco probó la notificación efectiva de la respuesta al
correo del peticionario, lo que se vulneró el derecho fundamental de petición y se
ordenará que se le notifique en debida forma el mentado oficio.

2.6.9. Presidencia de la República

Solicitó negar las pretensiones de la demanda puesto que cumplió con el deber
impuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de
la Ley 1755 de 2015, de trasladar la petición a las autoridades competentes y enviar
copia del oficio remisorio al peticionario, a saber, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, al Consejo Superior de la Judicatura, al Congreso de la
República, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Igualmente, adjuntó la trazabilidad de los oficios mediante los cuales notificó tanto
a las entidades competentes como al peticionario:

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Por lo explicado, respecto de esta autoridad se declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado.

2.6.10. Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Solicitó negar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que dio respuesta
a la petición del actor en lo de su competencia. La respuesta otorgada fue la
siguiente:

1)Se le entregue copia de la hoja de vida del suscrito magistrado, al igual que las
hojas de vida de sus colaboradores de despacho, omitiendo datos personales que
pueda vulnerar sus derechos constitucionales.

Respuesta. Aporto hoja de vida del suscrito Magistrado, así como la de los
empleados que laboran en el Despacho a mi cargo, suprimiendo los datos
personales que pueden afectar el derecho a la privacidad e intimidad de
conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de
2015.

Al respecto es del caso precisar que las calidades para ser magistrado y servidor
de la Rama judicial se encuentran establecidas en la ley y que el suscrito se
encuentra inscrito en la Carrera Judicial y los empleados adscritos al Despacho
cumplen los requisitos de estudios y experiencia para ocupar los cargos para los
cuales fueron nombrados. Respecto de los soportes se aclara que las hojas de vida
reposan en la Seccional de Cundinamarca - Amazonas y en la Secretaría General
del Tribunal Administrativo Cundinamarca.

2) “Con respecto al anterior inventario de procesos, solicito se me informe se cada
uno de los siguientes servidores públicos en calidad de magistrados y jueces, de
igual manera de sus colaboradores de despacho poseen: a) Formación académica
referente a temas ambientales y derecho ambiental “Anexar certificaciones”. b)
Experiencia certificada referente a temas ambientales y derecho ambiental
“Anexar” certificaciones. c) Experticia referente a temas ambientales y derecho

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ambiental d) Idoneidad referente a temas ambientales y derecho ambiental e)
Compromiso con la justicia social referente a temas ambientales y derecho
ambiental”.

Respuesta. Frente a esta solicitud me permito informarle que, para ser magistrado
de Tribunal Administrativo se requiere cumplir con los requisitos señalados en la
Constitución y la ley y haber superado un concurso público de méritos y que la
información por usted requerida hace parte de la Hoja de Vida del magistrado, la
cual puede se remite.

3) Solicita el peticionario que: “Con respecto al anterior inventario de procesos,
solicito que si los siguientes servidores públicos en calidad de magistrados y jueces,
de igual manera de sus colaboradores de despacho NO poseen: f) Formación
académica referente a temas ambientales y derecho ambiental “Anexar
certificaciones”. g) Experiencia certificada referente a temas ambientales y derecho
ambiental “Anexar” certificaciones. h) Experticia referente a temas ambientales y
derecho ambiental i) Idoneidad referente a temas ambientales y derecho ambiental
j) Compromiso con la justicia social referente a temas ambientales y derecho
ambiental Sean apartados de manera INMEDIATA de los procesos de índole
ambiental por considerarse una grave amenaza a los derechos constitucionales
dispuestos en los Art 8, 11,13,29,49,79,80,229,270 así como la Sentencia C-
359/24, declaró la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú y la Exequibilidad de
la Ley 2273 de 2022”.

Respuesta. Es del caso señalar que la competencia del Tribunal Administrativo se
encuentra regulada en la Constitución, la Ley y los Acuerdos expedidos por el
Consejo Superior de la Judicatura y en la regulación especial en materia de
acciones constitucionales (tutelas, acciones de cumplimiento, recursos de
insistencia, acciones populares y de grupo y electorales), así como en las leyes
especiales en asuntos de expropiación y propiedad industrial, nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho. Es del caso precisar que, respecto de la
competencia, para conocer las acciones populares (medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos), el artículo 16 de la Ley 472 de 1998
dispone:

(…)

De conformidad con las normas transcritas y lo establecido en el numeral 14 del
artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, es competente para conocer en primera y segunda instancia del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

Por lo anterior, se tiene que los funcionarios cuentan con la competencia atribuida
constitucional y legalmente, la idoneidad para conocer los procesos puestos en
conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y específicamente
en los cuales se controvierten temas de índole ambiental, como lo son las acciones
populares.

Igualmente, adjuntó la notificación efectuada al actor el 16 de septiembre de 2024
de la mencionada respuesta:

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Se advierte que la respuesta fue de fondo, clara y fue debidamente notificada al
actor, por lo que se negará el amparo respecto al tribunal.

2.6.11. Fiscalía General de la Nación

Comoquiera que esta entidad guardó silencio, la Sala aplicará la presunción de
veracidad del artículo 20 del Decreto 2592 de 1991 y amparará el derecho
fundamental de petición de la actora, con el propósito que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé una respuesta
a la solicitud elevada el 11 de agosto de 2024 y se la notifique debidamente, sin que
ello implique necesariamente la aceptación de lo solicitado6.

2.7. Conclusión

Conforme lo expuesto, la Sala adoptará las siguientes determinaciones en la parte
resolutiva de la presente decisión:

• Frente a la Cámara de Representantes, Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, Corte Constitucional y Ministerio de Justicia y del Derecho se
amparará el derecho fundamental de petición por cuanto dichas entidades no
dieron respuesta a la solicitud radicada por el actor y se limitaron a indicar en
sus contestaciones que carecían de competencia.
• Frente al Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Rodrigo Lara Bonilla,
Consejo de Estado, Jurisdicción Especial para la Paz, Procuraduría General
de la Nación y Defensoría del Pueblo se amparará el derecho fundamental de
petición puesto que no lograron probar en este trámite tutelar el envío efectivo
de su respuesta al actor, ni los traslados efectuados a las entidades por
competencia.

6 Sobre este punto, la Corte Constitucional reiteró en la sentencia T-230 de 2020 que: “[d]esde sus inicios, esta

Corporación diferenció el derecho de petición del derecho de lo pedido. Puntualmente, se ha dicho que: “no se
debe confundir el derecho de petición (…) con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la
petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquél y son susceptibles de la
actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho
constitucional fundamental.”

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• Frente al Tribunal Superior Militar y Policial y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se negará el amparo invocado porque, antes de instaurarse la
acción de tutela de la referencia, ya había trasladado la petición por
competencia y notificado la correspondiente respuesta, respectivamente.
Igualmente probaron el envío efectivo de dicho traslado y su notificación al
actor.
• Frente al Senado de la República y la Presidencia de la República se declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado dado que luego de interpuesta
la tutela cumplió con el deber de trasladar a la petición a las entidades que
estimó competentes para resolverla. Igualmente probó el envío efectivo de
dicho traslado y su notificación al actor.
• Frente a Fiscalía General de la Nación se aplicará el principio de presunción
de veracidad y se amparará para que se le dé trámite a la petición del actor.

Las mencionadas entidades accionadas que vulneraron el derecho fundamental de
petición del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón deberán atender la solicitud por
él presentada, acogiendo los lineamientos dispuestos en la parte considerativa de
la presente decisión y para lo cual se les otorgará el término de 48 horas contadas
a partir de la notificación.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Cámara
de Representantes, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior
de la Judicatura- Escuela Rodrigo Lara Bonilla, la Corte Constitucional, el Tribunal
Superior Militar y Policial, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Senado de la
República.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón frente al Tribunal Superior Militar y Policial y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO respecto del Senado de la República y la Presidencia de la República.

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición en cabeza señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón y conforme lo expuesto en la parte considerativa de
la presente providencia.

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QUINTO: ORDENAR a la Cámara de Representantes, a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, a la Corte Constitucional, al Ministerio de Justicia y del Derecho
y a la Fiscalía General de la Nación que, en el término de 48 horas, computadas a
partir de la notificación de la presente decisión, resuelvan la solicitud del señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón elevada el 11 de agosto de 2024 y se la notifiquen
en debida forma.

SEXTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Rodrigo Lara
Bonilla, al Consejo de Estado, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, en el término
de 48 horas, computadas a partir de la notificación de la presente decisión, envíen
de manera efectiva la respuesta otorgada al actor, así como los traslados
efectuados a las entidades por competencia.

SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

OCTAVO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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