Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06730-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06730-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06730-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
3 de abril de 2025
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06730-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Temas: Tutela de fondo. Petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Petición de amparo constitucional
Mediante escrito del 5 de diciembre de 2024, el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón, en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la información
pública, al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y a un ambiente sano.
Lo anterior, con ocasión de la respuesta brindada por el magistrado César
Giovanni Chaparro Rincón, integrante de la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la petición presentada
por el actor el 2 de septiembre de 20242, así como por la falta de
pronunciamiento al respecto por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
1.2. Pretensiones
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Mediante auto de 23 de enero de 2025 se declaró infundado el impedimento manifestado por
el magistrado ponente de esta decisión en cuanto a la vinculación de la Defensoría del Pueblo.
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Denominada “[c]onsulta de idoneidad de servidores públicos en temas ambientales y
jurídicos”.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
La parte actora solicitó lo siguiente:
Se ordene al magistrado César Giovanni Chaparro Rincón y a los demás
servidores públicos de la [R]ama [J]udicial accionados responder de manera
inmediata en un término de 12 horas entregar la información requerida y
completa al derecho de petición radicado el 2 de septiembre de 2024,
entregando la información solicitada conforme a la Ley 1755 de 2015 y la Ley
1712 de 2014.
Se declare la vulneración de los derechos fundamentales del accionante
debido a la omisión de respuesta y el rechazo del derecho de cuestionar la
idoneidad profesional de los servidores públicos involucrados en procesos
ambientales.
Se vincule a Procuraduría General de la nación, Defensora del Pueblo y
[m]inistra de Justicia
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que el 2 de septiembre de 2024 presentó una
petición dirigida a diversos magistrados y jueces de la Rama Judicial, entre ellos
al magistrado César Giovanni Chaparro Rincón3 y a varios juzgados
administrativos del circuito judicial de Bogotá, así como frente a los “auxiliares
de despacho” para que se le brindara información sobre su formación y
experiencia en derecho ambiental, así como certificaciones que avalaran su
idoneidad en este campo, en virtud del principio de transparencia (artículo 209
superior) y el derecho a la información pública (Ley 1712 de 2014).
Indicó que, hasta la fecha, el magistrado César Giovanni Chaparro Rincón y los
juzgados administrativos inventariados en su solicitud bajo unos radicados de
procesos “precisos” no han respondido.
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante sostuvo que la falta de respuesta de fondo se incumple lo
establecido en la Ley 1755 de 2015 y el artículo 23 de la Constitución Política.
Agregó que, el magistrado Chaparro Rincón se abstuvo de dar respuesta de
fondo pues contestó con evasivas que cercenan los derechos constitucionales
posterior a este rechazó una demanda de acción popular interpuesta por el
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Integrante de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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accionante, alegando que la Ley 472 de 1998 no obliga a los jueces a contar
con formación en derecho ambiental.
Precisó que, con la falta de respuesta se ignoró que el principio de idoneidad de
los servidores públicos (artículo 6 superior) legitima la exigencia de
competencias adecuadas por parte de los ciudadanos.
Mencionó que, este rechazo refleja una grave falta de conocimiento en temas
de justicia ambiental y un irrespeto al derecho del accionante a cuestionar la
idoneidad de los servidores públicos que intervienen en procesos ambientales,
lo cual repercute directamente en el acceso a la justicia (artículo 229
constitucional) y el debido proceso (artículo 29 superior).
Adujo que, la falta de respuesta a su petición, sumada a la negativa del
magistrado a considerar las observaciones sobre su formación, configura un
acto “reprochable” que contradice los principios de justicia, equidad y
transparencia que deben regir el actuar de los servidores públicos.
1.5. Trámite de la solicitud de tutela
Mediante providencia del 31 de enero de 2025 se admitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenó la notificación del presidente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, del magistrado César Giovanni Chaparro
Rincón de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al presidente del Consejo Superior de la Judicatura.
A su vez, se dispuso la comunicación en calidad de terceros a: i) a la ministra
de Justicia y del Derecho, a la Procuradora General de la Nación y a la
defensora del Pueblo, así como ii) a los magistrados Felipe Alirio Solarte Maya,
Fabio Iván Afanador García, Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, Ana Margoth
Chamorro Benavides, Oscar Armando Dimaté Cárdenas, Moisés Rodrigo
Mazabel Pinzón, Luis Norberto Cermeño y Luis Manuel Lasso Lozano del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, iii) a los representantes de los
juzgados 37 y 49 Civiles del Circuito de Bogotá, de los Juzgados
Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 22, 27,
32, 36, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 59, 64 y 66, así como a los empleados
de tales despachos judiciales.
Esto, en atención al interés que les asiste en las resultas de este asunto, por
cuanto en la solicitud de 2 de septiembre de 2024 se requirió la copia de sus
hojas de vida e información relacionada con sus conocimientos en derecho
ambiental.
Asimismo, se dispuso la publicación en la página web del Consejo de Estado un
aviso sobre la existencia de esta acción, para conocimiento de eventuales
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
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interesados; la cual se registró en el aplicativo de Samai el 4 de febrero de
2025.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
1.6.1.1. Sección Primera, Subsección B, magistrado César Giovanni Chaparro
Rincón
Indicó que, contrario a lo que afirma el tutelante, este magistrado no se ha
opuesto a entregar la información por el solicitada y, por el contrario, brindó
efectivamente una repuesta de fondo, detallada y oportuna a la petición elevada
el 2 de septiembre de 2024.
Informó que, mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2024, dicha
petición fue remitida a su despacho por la Secretaría de la Presidencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; dependencia que lo había recibido
por remisión que hizo el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del
Consejo Superior de la Judicatura, en los siguientes términos: “por considerarlo
de su competencia para su conocimiento y demás fines pertinentes. Artículo 21
de la Ley 1755 de 2015 (…) [y] se agradece al Despacho (…) que por favor
conteste directamente al peticionario la respuesta o gestión brindada y no a
este canal de atención...”
Mencionó que, el despacho analizó todas y cada una de las múltiples peticiones
realizadas por el accionante y mediante oficio del 11 de septiembre de 2024 se
les dio respuesta de fondo y oportuna, la cual fue remitida al correo electrónico
radicacionesplineambientalcol@gmail.com, suministrado por el señor Ericsson
Mena en su petición como medio para recibir notificaciones. Además, dicha
respuesta también fue remitida a la Presidencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 4 de octubre de 2024.
Afirmó que, se infiere que el actuar de este despacho no refleja en medida
alguna una intensión dilatoria y/o renuente frente a las peticiones elevadas por
la ciudadanía, ni mucho menos una vulneración del derecho fundamental de
petición de información del accionante; aun cuando estas corresponden a
apreciaciones subjetivas y personales del accionante sobre la idoneidad,
formación, capacitación o certificación de los servidores judiciales que integran
la Rama Judicial.
Manifestó que, se considera pertinente poner de presente que en una anterior
oportunidad el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón ya promovió otra acción de
tutela en contra del presidente Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
presidenta Consejo Superior de la Judicatura y la ministra de Justicia, y la
amplió a otras autoridades en la subsanación de su acción de tutela, la cual se
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fundamentó en idénticos fundamentos fácticos a los aquí expuestos, y la cual
fue resuelta de forma negativa por la Sección Tercera Subsección B, del
Consejo de Estado, a través de la sentencia proferida el 5 de noviembre de
2024, al interior del proceso radicado bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-
05111-00, consejero ponente Martín Bermúdez Muñoz. Agregó que, al parecer
esta sentencia no fue impugnada por el accionante, porque se remitió el
expediente a la Corte Constitucional el 29 de noviembre de 2024.
Adujo que, en efecto, en dicha acción de tutela se vinculó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con ocasión del derecho de petición del
accionante del 2 de septiembre de 2024 (adjunto auto y el escrito de tutela del
accionante que se remitió con dicha providencia) y, dentro del término otorgado,
presenté el respectivo informe de tutela sobre las actuaciones realizadas frente
a dicha petición (adjunto copia del informe enviado).
Refirió que, en dicha acción de tutela, a través de la mencionada providencia,
se negó la pretensión elevada por el accionante, dirigida a ser declarado como
“víctima del Estado” y, se rechazó por temeridad la acción de amparo, al
encontrarse demostrado que el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón ya había
presentado otra acción de tutela, la cual había sido resuelta negativamente por
la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la sentencia proferida el 17
de octubre de 2024, al interior del proceso radicado bajo el radicado 11001-03-
15-000-2024-05019-00.
Manifestó que, al haber presentado otra acción de tutela sobre los mismos
hechos, esto es, la petición del 2 de septiembre de 2024, de manera respetuosa
solicito sea rechazada la acción de la referencia por temeridad.
Refirió que, por otra parte, en cuanto a las decisiones emitidas por este
despacho al interior del proceso radicado bajo el radicado 25000-23-41-000-
2024-01754-00, a través del auto emitido el 7 de noviembre de 2024, se
rechazó la demanda que había presentado el señor Mena Garzón, en ejercicio
del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, contra la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, al encontrarse
acreditado que no subsanó en debida forma los defectos anotados en el auto
inadmisorio.
Precisó que, seguidamente, por medio del auto del 28 de ese mismo mes y año,
se rechazó de plano el recurso de reposición que el tutelante interpuso contra la
decisión de rechazo, al evidenciarse que en el mismo el señor Mena Garzón
más que exponer argumentos a través de los cuales se desvirtuaran las
razones que se tuvieron para rechazar su demanda, realizó afirmaciones
desobligantes e irrespetuosas contra los magistrados de la Sala de Decisión y
sus funcionarios.
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Indicó que, la acción de amparo impetrada es temeraria y debe rechazarse,
toda vez que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues se brindó
una respuesta de fondo y oportuna a la petición elevada por el ahora tutelante,
lo cual ya fue objeto de la acción de tutela resuelta por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024, al
interior del proceso radicado bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-05019-00.
Señaló que, por otra parte, las decisiones adoptadas al interior del proceso
radicado bajo el radicado 25000-23-41-000-2024-01754-00 por la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fueron
respetuosas en todo momento de la normatividad que regula la materia y de los
derechos de las partes, sujetos e intervinientes, y tampoco se observa que la
tutela cumpla con los requisitos de tutela contra providencia judicial.
Anexó la respuesta dada al tutelante el 11 de septiembre de 2024, el archivo de
los correos electrónicos con los cuales se remitió la petición y las providencias y
demás documentos a los cuales hizo mención.
Aportó la documental que da cuenta de la existencia de la acción de tutela
identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-05111-00, bajo
conocimiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado y con lo
manifestado en su informe.
1.6.1.2. Sección Primera, Subsección A, magistrado Luis Manuel Lasso Lozano
En el escrito de tutela se indicó que el Magistrado César Giovanni Chaparro
Rincón y los juzgados administrativos que enlistó más adelante no habían
respondido su petición; sin embargo, el accionante también relacionó el
siguiente listado cuya referencia es: “Registro de las entidades y funcionarios
que no han respondido al derecho de petición.”
Expuso que, en dicho registro se relacionan 5 procesos que se encuentran a
cargo del suscrito magistrado como los señaló en su escrito. Agregó que, en
relación con los radicados aludidos, es del caso precisar que el expediente con
el número 25000234100020190030300 corresponde a una acción popular (no a
un radicado de derecho de petición) cuya demandante es la señora Veruska
Tatiana Ivonne Johana Nieto Borja y no tiene relación con el señor Ericsson
Ernesto Mena Garzón.
Con respecto a los demás radicados, informó lo siguiente:
Refirió que, los restantes radicados corresponden a acciones populares, cuyos
accionantes son los señores Ericsson Ernesto Mena Garzón e Irma Llanos y se
profirieron las siguientes decisiones.
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Manifestó que, en el radicado 25000234100020220080100, por auto del 19 de
julio de 2022, se remitió el expediente por competencia a los Juzgados
Administrativos del Circuito de Bogotá.
Señaló que, por su parte, en el radicado 25000234100020230008200, el 2 de
febrero de 2023, se profirió auto rechazando la demanda, por cuanto la misma
no se subsanó conforme a lo indicado en auto inadmisorio del 20 de enero de
2023.
Añadió que, en el radicado 25000234100020230022200, se ordenó devolver
(por competencia) el expediente al Juzgado 27 Administrativo del Circuito de
Bogotá.
Mencionó que, en el expediente con radicado 25000234100020230151800 se
rechazó por auto del 12 de diciembre de 2023 por cuanto la parte actora no
subsanó las falencias indicadas en el auto inadmisorio del 21 de noviembre de
2023.
Refirió que, en lo que respecta a la petición a la que hace referencia el
accionante, esto es, la presentada el 2 de septiembre de 2024, mediante correo
electrónico del 16 de septiembre de 2024, a través del correo electrónico del
despacho, se remitió la respuesta en relación con la solicitud referida.
Recordó que, el accionante interpuso ante el Consejo de Estado acción de
tutela el 23 de septiembre de 2024 (sin indicar el radicado), mediante la cual
solicitó la protección de su derecho fundamental de petición que en su concepto
había sido vulnerado por algunos magistrados y juzgados administrativos que
no dieron respuesta a su solicitud de información del 2 de septiembre de 2024.
1.6.1.3. Sección Primera, Subsección A, magistrada Claudia Elizabeth Lozzi
Moreno
Esta autoridad judicial solicitó que se deniegue cualquier pretensión de la
demanda constitucional y se le exonere de responsabilidad.
Estimó que la acción de tutela debe negarse, atendiendo que, si bien se le
comunicó con carácter de tercero con intereses en las resultas del proceso, y
en el escrito de tutela se enlistó entre los magistrados que a juicio del
accionante no han dado respuesta a la petición elevada el 2 de septiembre de
2024, contrario a lo señalado por este, respondió de fondo.
Advirtió que, mediante oficio del 6 de septiembre de 2024, enviado al correo
electrónico radicacionesplineambientalcol@gmail.com, el 9 de septiembre de
2024, el cual fue aportado en el escrito petitorio para dichos efectos, fue
remitida la respuesta de fondo respecto a lo solicitado, con los soportes
correspondientes a las hojas de vida y anexos de todos los empleados que
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laboran en el despacho a su cargo, suprimiendo los datos personales que
pueden afectar el derecho a la privacidad e intimidad de conformidad con lo
establecido en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015.
Señaló que, de igual manera, mediante correo remitido el 19 de septiembre de
2024, se envió adjunto oficio de la misma fecha que daba alcance a la
respuesta anterior, como se demuestra a continuación.
Consideró que sus actuaciones no son objeto de controversia en los hechos de
la acción, y contrario a lo señalado e indicado en el listado presentado por el
actor, en representación del despacho se ha dado respuesta de fondo a la
solicitud del 2 de septiembre de 2024, sin vulnerar los derechos fundamentales
alegados, razones por las que solicitó que se desestime cualquier pretensión en
contra.
Anexó a la respuesta: i) oficio de fecha seis (6) de septiembre de 2024,
“respuesta derecho de petición” ii) hojas de vida de los empleados del despacho
con los respectivos anexos iii) oficio de fecha diecinueve (19) de septiembre de
2024, “alcance respuesta derecho de petición” y el correspondiente anexo.
1.6.1.4. Sección Primera, Subsección C, magistrado Luis Norberto Cermeño
Informó que dio respuesta oportuna a la petición del 2 de septiembre de 2024 y
procedió con su notificación.
Expuso que, el señor Mena Garzón en la demanda de otro proceso de tutela
(Rad. 11001 0315 000 2024 05111 00) reclamó también omisión de respuesta
de los destinatarios de su petición, en la columna de “CONSIGNA
INFORMACIÓN”, en la cual frente a su nombre registró: “A CONFORMIDAD”.
Significa que recibió su contestación y que él no le violó su derecho
fundamental de petición, ni otro alguno.
Aclaró que la presente acción de tutela no se dirige en su contra y que el listado
que aparece al final de su demanda, es el de destinatarios de su escrito; pero
no demanda a todos. Así, al no existir reclamo en su contra, solicitó se le
excluya de este proceso de tutela.
1.6.2. Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá D. C.
1.6.2.1. Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
Indicó que no se encuentra en mora de contestar petición alguna, pues no ha
recibido la solicitud que el actor, por lo que, consideró que, bajo las precisas
circunstancias planteadas por el tutelante, no se ha quebrantado ningún
derecho fundamental, como ligeramente lo asevera el actor en su escrito de
tutela.
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Destacó que, en efecto a este despacho le correspondió la acción popular
radicada 110013337043-2023-00387-00, la cual se encuentra relacionada en el
escrito de tutela, donde fungió el mismo accionante. Hizo referencial trámite
procesal de este expediente, la cual, mediante auto de 13 de diciembre de
2023, se rechazó el líbelo, la cual no se recurrió.
1.6.2.2. Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
D.C.
Indicó que, no se evidenció registro alguno de radicado de la petición del 2 de
septiembre de 2024 aludido por el accionante, por tanto, desconocía el mismo.
Mencionó que conoció una acción popular identificada con radicado
11001333603820230012800 la cual fue rechazada por medio de auto de 20 de
junio de 2023 y también fue objeto de tutela 25000231500020240098600
resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera –
Subsección A y quien resolvió negar la protección de los derechos
fundamentales solicitada por el señor Ericsson Ernesto Mena mediante
sentencia proferida el 5 de diciembre de 2024.
Solicitó que se le desvincule en razón a que las actuaciones concernientes a
este despacho fueron resueltas en debida forma.
1.6.2.3. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
Advirtió su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el
accionante no ha presentado alguna solicitud ante ese despacho judicial, por
las circunstancias descritas en el escrito de tutela.
Indicó que, en cuanto al asunto relacionado en la petición por parte del
accionante, la acreditación y certificación de su idoneidad, experiencia,
experticia y formación académica para conocer temas medio ambientales o
ciencias ambientales, previo a su nombramiento y posesión, tanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como la Dirección Ejecutiva Seccional de
Bogotá en su momento verificaron el cumplimiento de los requisitos académicos
y de experiencia para ser posesionada en el cargo de juez Administrativa del
Circuito de Bogotá, de conformidad con la Constitución y la Ley 270 de 1996,
razón por la cual toda la información está consignada en su hoja de vida en
dichas entidades, así como está publicada en la página de Rama Judicial, a las
cuales se puede dirigir si lo considera pertinente.
Recordó que, no tiene una función de emitir conceptos o absolver consultas,
como la de su formación y experiencia en derecho ambiental, así como
certificaciones que avalaran la idoneidad en este campo. Reiteró que el
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solicitante podrá solicitar su hoja de vida ante la Dirección Ejecutiva Seccional
de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo o descargarla en la página de la
Rama Judicial para conocimiento público y a ella puede concurrir cuando así lo
disponga, con la advertencia de que la información allí consignada solo
corresponde a los requisitos constitucionales y legales en materia de
capacitación para el desempeño de dichos cargos.
Refirió que, por último, respecto a la supuesta petición respecto al proceso
11001334104520220009400, la cual no fue acreditada su radicación, tal como
se explicó en líneas precedentes, es necesario señalar que la Corte
Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que los derechos de
petición ante autoridades judiciales que se relacionen con procesos judiciales
concretos, deben sujetarse a las normas jurídicas procesales que regulan su
trámite,
Expuso que el derecho de petición no es procedente para impulsar actuaciones
judiciales, ni para resolver puntos que deben atenderse según su oportunidad
procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio, por cuanto se
relacionan con un proceso judicial concreto, el cual se encuentra regulado en
las normas procesales respectivas, debiéndose sujetar entonces a los términos
y etapas previstos legalmente.
Mencionó que, la acción de tutela se torna en improcedente, comoquiera que no
se acreditó radicación de petición alguna y lo solicitado escapaba a la órbita
funcional de la titular de este despacho judicial.
Señaló que, el accionante no ha presentado petición alguna relacionada con el
proceso identificado con radicado 11001334104520220009400 y lo solicitado
escapa a la órbita de la titular de este despacho judicial.
1.6.2.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Indicó que, la acción popular 2022-23 promovida por el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón y otros en contra de la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital
de Bogotá. Sin embargo, por auto del 25 de febrero de 2022 fue rechazada la
demanda. Y no obra en dicho expediente ninguna petición posterior a su
archivo que esté pendiente por resolver.
Mencionó que, el actor, desde el año 2022 ha presentado sendas acciones de
tutela en donde esencialmente ha discutido reiteradamente la preparación de
jueces y magistrados en el área del derecho ambiental, que ya diferentes
autoridades judiciales han conocido de tutelas con idéntico propósito al que
originó la presente tutela, dentro de las que se destacan:
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
Tutela 2022-2061, conocida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, cuyo ponente fue el magistrado Guillermo Sánchez Luque, y
quien en sentencia declaró su improcedencia en los siguientes términos:
Tutela 2024-967 tramitada en la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Anexó el correspondiente expediente digital del proceso 2022-23.
1.6.2.5. Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá
Expuso que, al examinar la prueba de radicación de la petición, esto es, el
correo electrónico titulado “Derecho de Petición con interés particular tema
“Consulta de idoneidad de servidores públicos en temas ambientales y
jurídicos”, se observa que, no fue enviado al correo institucional de este
juzgado. En consecuencia, señaló que, no corresponde a este despacho dar
respuesta a la petición mencionada
Indicó que, no está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no es el
llamado a responder por las pretensiones de la parte actora.
Mencionó que este juzgado tramita el proceso 11001334306420210029900. En
ese sentido, se aclara que, dicho número de radicado corresponde a una acción
popular que fue presentada el 18 de noviembre de 2021, y que, mediante
proveído del 22 de noviembre del mismo año, se declaró el agotamiento de la
jurisdicción por cosa juzgada, motivo por el cual se procedió al rechazó de la
demanda.
Refirió que, el 23 de noviembre de 2023, el mismo accionante presentó una
petición ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, en el cual solicitaba que
se acreditara y certificara la idoneidad, experiencia, experticia y formación
académica de los servidores públicos en temas medioambientales, en relación
con los procesos que tramitaban con dichas características.
Informó que, mediante correo electrónico del 1 de diciembre de 2023, se dio
respuesta en los siguientes términos: a) la acción de tutela bajo el radicado
2022-00150, no estuvo relacionada con temas ambientales, ya que el asunto se
centraba exclusivamente en la vulneración del derecho de petición; y b) las
acciones populares con radicados 2021-00299 y 2023-00159, no fueron
decididas de fondo por el titular del juzgado, en la medida que, en el primer
caso, se rechazó la demanda; y en el segundo, se remitió el asunto por
competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Expuso que, el 18 de noviembre de 2024, el mismo accionante, presentó una
tutela contra este juzgado alegando que se habían vulnerado sus derechos en
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
el trámite de la acción popular 2021-00299 debido a la “falta de formación
técnico y jurídica del juez y de su equipo en materia socioambiental”. Sin
embargo, mediante providencia del 27 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección B, declaró la
improcedencia de la acción por no cumplirse el requisito de inmediatez.
Resaltó que, la presente acción de tutela no solo resulta improcedente, sino que
termina convirtiéndose en un elemento que contribuye a la congestión judicial.
1.6.2.6. Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Este despacho informó que el trámite seguido dentro del proceso de acción
popular con radicado 11001-33-34-047-2021-00298-00, el cual fue interpuesto
por la señora Ana Rodríguez Abril y otros en contra Bogotá D.C. – Secretaría
Distrital de Ambiente y el IDU.
Mencionó que, el juzgado concluyó que se configuró la figura del agotamiento
de jurisdicción, como quiera que en ese momento se encontraba un proceso
activo, identificado con el radicado 11001-33-43-063-2019-00337-00, (que
estaba surtiendo la segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera), el cual compartía identidad de hechos, causa
petendi, pretensiones y demandados, con la acción popular estudiada.
Señaló que, sin perjuicio de lo anterior, se invitaba a los demandantes y
coadyuvantes de esa acción popular que, si era de su interés, coadyuvaran en
la acción popular adelantada en los Juzgados 22 y 63 Administrativos de
Bogotá.
Afirmó que, por auto del 11 de noviembre de 2021, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrada
ponente Elizabeth Cristina Dávila Paz, rechazó el recurso por improcedente, al
considerar que la providencia apelada no era susceptible del recurso de
apelación.
Refirió que, mediante providencia del 24 de noviembre de 2021, se dispuso
obedecer y cumplir lo dispuesto por la segunda instancia y, por lo tanto, archivar
el proceso.
Indicó que, existe una conducta reiterativa con la interposición de acciones
constitucionales 25000231500020240095700, 25000231500020240096200, de
forma repetitiva, el accionante ha venido realizando de forma anti – técnica
congestionar a la administración de justicia, con la interposición de acciones
constituciones, sin tan siquiera tener en cuenta los procedimientos establecidos
por la ley y la formación profesional que cuenta los empleados y autoridades
judiciales, los cuales han atendido al llamado judicial conforme a las normas,
criterios y estudio en cada caso conforme lo demanda la ley y jurisprudencia.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
Mencionó que, el asunto que pretende debatir el accionante no contiene
relevancia constitucional evidente. Según lo expuesto en la acción, la parte
accionante cuestiona una aparente falta de experiencia técnica e idoneidad de
los administradores de justicia respecto a los conflictos socioambientales
complejos que el plantea, por el hecho que no se ha emitido preceptos que a su
consideración deberían ser otorgados a su favor, siendo una concepción errada
del uso del derecho y de la protección judicial.
Refirió que, las decisiones que adoptó dentro de la acción popular, obedecieron
a preceptos procedimentales, como fue declarar el agotamiento de jurisdicción,
por cuanto se logró establecer, cotejando los procesos que sobre el tema que
se estaban dilucidando en esta jurisdicción en ese momento, que existía otro
proceso con identidad fáctica, de derechos colectivos, de hechos, pretensiones
y demandados.
Expuso que, el auto por el cual se declaró el agotamiento de la jurisdicción y se
rechazó la demanda fue proferido el 20 de octubre de 2021, mientras que la
acción constitucional fue admitida el 31 de enero de 2025, es decir, 3 años 3
meses y 11 días después. No se encuentra en el expediente justificación válida
que explique la demora en la interposición de la acción, lo cual hace
improcedente la tutela por incumplir el requisito de inmediatez. Por lo que,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
1.6.2.7. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
Informó que en este juzgado no fue radicada la petición objeto de la presente
acción constitucional.
Indicó que, una vez revisados los procesos que relaciona el tutelante en su
escrito como a cargo de este despacho, se encontró que en el expediente
número 11001333400420210038900 nulidad simple se rechazó la demanda el
24 de febrero de 2022 providencia contra la cual no se interpuso recurso alguno
y respecto del proceso con radicación número 11001333400420220003100
nulidad simple se dispuso su remisión al Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo de Bogotá para acumulación, el cual desde dicha fecha viene
tramitando el mismo. Aportó enlaces de los mencionados expedientes.
1.6.2.8. Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
Señaló que, la petición objeto de demanda no estaba dirigida ni tampoco fue
radicada en este despacho judicial, sino que fue remitida directamente a la
Presidencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
Expuso que, luego de verificar en todas las bandejas de los correos electrónicos
del juzgado, se advirtió que no fue radicada ninguna petición el 2 de septiembre
de 2024 por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, ni le fue remitida por
competencia por alguna otra corporación.
Informó que, al señor accionante le fue resuelta una petición en el año 2023,
donde pretendía que se acreditara y certificara la idoneidad, experiencia,
experticia y formación académica para la resolución y manejo de algunos
procesos, donde actuó como parte demandante, que cursaron en este juzgado,
específicamente en temas medio ambientales o ciencias ambientales.
Remitió en documentos adjuntos la copia de la petición que nos fue radicada en
el año 2023, junto con su respuesta y envío del 11 de diciembre de 2023, al
correo electrónico: plaifauna@gmail.com, la cual es diferente a la que el actor
indica haber radicado en 2024.
Señaló que en ningún momento se han vulnerado los derechos fundamentales
reclamados por el accionante
1.6.2.9. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Informó que procedieron con la búsqueda correspondiente, revisando todos los
canales institucionales asignados al despacho para recibir correspondencia y/o
comunicaciones externas, hasta la fecha, no se encontró derecho de petición
suscrito por el señor Ericsson Mena Garzón.
1.6.2.10. Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
Indicó que, no es nueva la “preocupación” que demuestra el accionante
respecto de la idoneidad y el conocimiento de quienes hacen parte de la Rama
Judicial y en concreto de aquellos que han conocido de procesos judiciales en
donde aquel ha sido parte actora.
Hizo referencia al proceso que se adelantó en ese despacho con radicado
11001334205320210028600, en el que funge como actor popular entre otros el
aquí accionante, contra del Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital del
Medio Ambiente y la Empresa Metro; en el que pese a imprimírsele celeridad al
proceso y garantizar todos los derechos fundamentales al debido proceso, el
trámite estuvo paralelamente rodeado de múltiples solicitudes e incluso
acciones de tutela en donde además de cuestionar las decisiones impartidas
por la suscrita se cuestionó la idoneidad, experticia y conocimiento en el tema,
con lo que no somos ajenos a los señalamientos que se refiere el accionante.
Destacó que, en relación con la presunta “falta de formación técnica de los
jueces que atienden conflictos socioambientales” se promovió precisamente por
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Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón la acción de tutela
11001031500020220206100, para que el Consejo Superior de la Judicatura
ordenara el congelamiento de términos y el reemplazo de todos los jueces que
conocieran asuntos ambientales sin tener formación especializada en dicha
materia, la cual fue resuelta declarando improcedente la solicitud de tutela, por
no satisfacer el requisito de subsidiariedad, acción fallada por el Consejo de
Estado, con la ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, el 3 de junio
de 2022. Al respecto, agregó:
Durante el trámite de la citada tutela se indicó que el Consejo Superior de la
Judicatura a través de oficio PCSJO22-179 del 4 de abril de 2022, informó al
señor Ericsson Mena, sobre el Plan de Formación de la Rama Judicial, las
jornadas de capacitación en derecho ambiental que ha llevado a cabo desde
2020 y los acuerdos suscritos con otras entidades e instituciones académicas
para fortalecer la capacidad institucional. Indicó que la designación de los
jueces de la República se somete al sistema de carrera (artículo 125 CN) y
que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, procura la
excelencia en la actividad judicial. Además, se agregó que la elaboración de
la lista de peritos de la jurisdicción administrativa se rige por los Acuerdos
PCSJA21-11854 del 23 de septiembre de 2021 y PCSJA21-11862 del 30 de
septiembre de 2021, incluye a los especialistas en derecho ambiental.
Señaló que, en escrito radicado en el mes de octubre de 2023 y reiterado en
noviembre del mismo año, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, radicó
solicitud enviada a través de los correos electrónicos de los diferentes
despachos judiciales del país el cual denominó como: “Derecho de petición con
interés particular con respecto al tema de Evaluación de Casos Ambientales y
Ausencia de Tribunales Especializados en Colombia”, en donde formuló 31
preguntas en un cuestionario.
Afirmó que, adicionalmente se tramitó acción de la misma naturaleza con
radicado 25000-23-15-000-2024-00960-00, que promovió el mismo accionante,
con pretensiones similares y en la que fue vinculado este juzgado, la cual se
resolvió el 27 de noviembre de 2024 negando el amparo solicitado al no
cumplirse con el elemento de inmediatez, con ponencia del Magistrado Franklin
Pérez Camargo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda.
Informó que, se radicó acción de la misma naturaleza en contra de éste
despacho, en los mismos términos de la que hoy se analiza, en esa ocasión con
radicado 25000-23-15-000-2024-00959-00, en donde el accionante sostuvo que
esta instancia judicial vulneró sus derechos fundamentales al no contar con
experiencia para la resolución del conflicto socioambiental planteado en la
acción popular con radicación 11001-33-42-053-2021-00286-00, asunto que fue
atendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, con ponencia magistrado Néstor Javier Calvo Chaves, el cual fue
despachado como improcedente, al advertir la sala que la vulneración
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planteada por el accionante partía de afirmaciones subjetivas, sin referir de
manera concreta la amenaza o afectación individual a la que presuntamente fue
sometido.
Expuso que el accionante al no compartir las decisiones adoptadas en el marco
del proceso judicial adelantado, de manera reiterativa y constante ha
interpuesto solicitudes que no cumplen con las exigencias para su prosperidad,
acciones de tutela que se han impetrado con la finalidad de hacer imperar el
criterio personal de la parte accionante, tratando de demeritar el trabajo
realizado por aquellos que tienen la labor de administrar justicia, no solo
poniendo en tela de juicio su experiencia como profesionales, sino sus
conocimientos, capacidades y competencias.
Mencionó que, la petición que fundamenta la presente acción no fue radicada
ante ese despacho, por lo que no hay vulneración de derecho alguno, ahora
bien, conforme la relación de procesos que se señalan en el escrito tutelar y
donde se refiere a este despacho, debe indicarse que este estrado judicial
profirió sentencia de primera instancia dentro de la acción popular con radicado
11001334205320210028600 el 16 de diciembre de 2022, en donde se dispuso
negar las pretensiones de la demanda Agregó que, contra tal decisión se
interpuso recurso de apelación por parte de los actores populares y con auto del
23 de enero de 2023, se concedió la alzada y se ordenó su remisión al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, para lo de su competencia.
Manifestó que, remitidas las diligencias, fue comunicado y se aportó acta de
reparto, en la que se indica que le correspondió por reparto el trámite de
segunda instancia al despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón,
en donde se encuentra hasta la fecha surtiendo el trámite correspondiente.
1.6.2.11. Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
Este despacho judicial solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir la inmediatez y subsidiariamente por la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Destacó que la única petición presentada por el actor ante esta judicatura fue la
radicada el 30 de octubre de 2023, a través del mensaje de datos con asunto
“Derecho de petición con interés particular con respecto al tema de Evaluación
de Casos Ambientales y Ausencia de Tribunales Especializados en Colombia”
(anexo 1) y no el 2 de septiembre de 2024 –como se expuso en el líbelo
introductorio-; asimismo, que aquella estuvo acompañada de un formulario de
Google Forms, el cual fue diligenciado oportunamente, no obstante, no generó
una copia de la respuesta, imposibilitando aportarla al proceso.
Refirió que, en todo caso, con ocasión de la acción constitucional sub examine,
el despacho procedió a brindarle nueva respuesta el 6 de febrero de 2025,
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conforme se avizora en la captura adjunta a continuación:
Informó que, la relación fáctica entre el juzgado y el peticionario data de cerca
de un año previo a la interposición de la presente acción constitucional y,
además porque ya se satisfizo íntegramente el objeto de la solicitado.
Mencionó que, desapareció la causa que motivó la instauración del amparo,
pues, entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo, esta agencia judicial procuró nueva respuesta y con ello garantizó la
pretensión contenida en la demanda; por lo que se configura la carencia actual
de objeto.
1.6.2.12. Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
Señaló que la petición objeto de demanda no estaba dirigida ni tampoco fue
radicada en este despacho judicial, sino que fue remitida directamente a la
Presidencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
Expuso que, luego de verificar en todas las bandejas de los correos electrónicos
del Juzgado, se advierte que, en este Despacho no fue radicada ninguna
petición el 2 de septiembre de 2024 por el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón, ni les fue remitida por competencia por alguna otra corporación.
Informó que, al señor accionante le fue resuelto una petición en el año 2023,
donde pretendía que se acreditara y certificara la idoneidad, experiencia,
experticia y formación académica para la resolución y manejo de algunos
procesos, donde actuó como parte demandante, que cursaron en este juzgado,
específicamente en temas medio ambientales o ciencias ambientales.
Manifestó que, para acreditar lo anterior, enviaba en documentos adjuntos,
copia de la petición que nos fue radicada en el año 2023, junto con su
respuesta y envío del 11 de diciembre de 2023, al correo electrónico:
plaifauna@gmail.com, la cual es diferente a la que el actor indica haber
radicado en 2024.
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Consideró que en ningún momento se han vulnerado los derechos
fundamentales reclamados por el accionante.
1.6.2.13. Juzgado Sesenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
D.C.
Indicó que, no existe vulneración alguna por parte de este despacho a los
derechos del accionante, toda vez que, no se ha recibido ninguna petición con
posterioridad al 30 de octubre de 2023 radicada por el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón en los buzones electrónicos del juzgado.
Adujo que, de los anexos de la demanda se evidencia que el actor señala a
esta entidad judicial como responsable de no contestar un requerimiento
realizado respecto del expediente con radicado 11001334306620210019300,
sin embargo, consultado el Sistema de Gestión Judicial Samai, dicho
expediente corresponde a una acción popular que cursó en ese despacho y que
fue rechazada mediante providencia el 6 de agosto de 2021, decisión que no
fue objeto de ningún recurso, como tampoco de memoriales solicitando trámite
o información del expediente.
Hizo referencia a la petición del 30 de octubre de 2023 que radicó el accionante
con el fin de ser resuelto un cuestionario elaborado por el demandante donde
solicitaba información acerca del conocimiento, experticia y manejo de los
funcionarios del Juzgado respecto de temas ambientales.
Señaló que, en su momento, tal como se indicó en la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2023-07279-00, la petición del accionante llegó a la
bandeja de “no deseados” de uno de los correos del despacho, situación que
nos impidió conocer y dar respuesta dentro de la oportunidad al hoy accionante.
Empero, al advertir la situación se procedió a dar respuesta al peticionario el 12
de diciembre de 2023 a la dirección electrónica
plambientalramajudicial@gmail.com.
1.6.2.14. Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá D.C.
Indicó que, en relación con la petición del actor, la secretaria del juzgad
manifestó que en la cuenta institucional jadmin59bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
no encontró petición alguna a nombre del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón,
lo que por sí solo enerva las pretensiones del escrito de tutela.
Afirmó que, en cuanto al radicado a la acción popular
11001334305920210025400, consultado el aplicativo Samai, se encontró que
fue remitido por competencia al Tribunal Superior de Cundinamarca el 2 de
septiembre de 2021, por lo que, a la fecha de su solicitud, no estaba a cargo de
ese despacho.
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1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura, Presidencia
Esta entidad mencionó que si bien es cierto que la parte actora radicó petición
ante esa corporación, esta fue atendida en su oportunidad, remitiendo por
competencia las preguntas 1° y 2° del escrito, a la Unidad de Recursos
Humanos de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de Bogotá
y Cundinamarca; frente al interrogante 3° se le brindó respuesta en el sentido,
que el Consejo Superior de la Judicatura no se encuentra facultada por la ley
para intervenir ante los asuntos que adelantan las autoridades judiciales, trámite
del que fue enterado al libelista por intermedio del correo electrónico
radicacionesplineambientalcol@gmail.com, como se observa a continuación:
Solicitó que se niegue el amparo impetrado por ausencia de vulneración en lo
que tiene que ver con esta corporación, toda vez que la petición del libelista fue
respondida en su debida oportunidad.
Resaltó que, en múltiples ocasiones el actor ha dirigido peticiones en el ámbito
ambiental, mismas que han sido contestadas de fondo y trasladadas las que no
son del resorte de esta corporación.
Señaló que, la actuación del Consejo Superior de la Judicatura tiene su asidero
en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, no puede ser atribuible
conculcación del derecho fundamental de petición a esta colegiatura.
Indicó que, dentro del radicado 11001-03-15-000-2024-05111-00, adelantado
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, ya fue objeto de estudio la
misma petición de la que se duele el actor por la falta de respuesta.
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1.6.4. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas
Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
porque ni los hechos ni las pretensiones la involucran, ni la obligan, ni ha
vulnerado derecho alguno de la parte actora, pues la petición objeto de
demanda no fue dirigida en su contra.
1.6.5. Procuraduría General de la Nación
El órgano de control pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, puesto que, no existe una actuación u omisión del agente accionado o
vinculado, a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de
las garantías fundamentales en cuestión.
Refirió que, la petición o queja remitida por el accionante el pasado 2 de
septiembre de 2024, no fue conocida ni tramitada en su momento, teniendo en
cuenta que no se presentó de manera correcta a la entidad, por un medio
permitido y habilitado para ello, pues la remitió al buzón
viceprocuraduria@procuraduria.gov.co el 2 de septiembre de 2024.
Recordó que los canales oficiales para la recepción de comunicaciones en la
procuraduría serían la sede electrónica y los puntos de radicación a nivel
nacional, así:
Mencionó que, no obstante, desde el buzón de correo
viceprocuraduria@procuraduria.gov.co, se le informó al accionante que el canal
habilitado por la PGN para la radicación de solicitudes es la sede electrónica.
1.6.6. Ministerio de Justicia y del Derecho
Esta entidad manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, y que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante.
Expuso que, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón presentó una petición con
radicado MJD-EXT24-0050888 del 2 de septiembre de 2024, el cual fue
atendido mediante oficio número MJD-OFI24-0039106 del 9 de septiembre de
2024 dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(servicioalciudadano@minambiente.gov.co), actuación comunicada al
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
peticionario mediante oficio número MJD-OFI24-0039109 de la misma fecha,
dirigido a su correo electrónico (radicacionesplineambientalcol@gmail.com).
Expuso que, las pretensiones de la parte accionante encaminadas a tutelar los
derechos fundamentales que alega ser violados, no guardan relación con las
funciones y competencias propias de esta cartera ministerial y, además, este no
ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales del extremo accionante.
1.7. Trámite de impedimento
Mediante auto de 23 de enero de 2025 se declaró infundado el impedimento
manifestado por el magistrado ponente de esta decisión en cuanto a la
vinculación de la Defensoría del Pueblo.
1.8. Designación de conjueces
Con providencia del 4 de marzo de 2025 se ordenó designar conjuez puesto
que la ponencia de fallo de la acción de tutela de la referencia no obtuvo la
mayoría requerida para su aprobación.
Por lo anterior, se realizó el correspondiente sorteo, en la cual fue designada la
Doctora Lina Marcela Escobar Martínez, a quien la Secretaría General de esta
corporación le comunicó el 10 de marzo de 2025.
Posteriormente, con auto del 21 de marzo de 2025 se ordenó el sorteo de dos
conjueces, uno principal y el otro suplente. Una vez efectuado el
correspondiente trámite, se designó al Doctor Germán Alberto Bula Escobar y
como suplente al Doctor Roberto Rafael Bornacelli Guerrero.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Cuestión previa
En relación con las solicitudes de desvinculación de los Juzgados Treinta y
Ocho y Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. y la
falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por el Ministerio de Justicia
y del Derecho, estas serán negadas, pues con fundamento en las
circunstancias fácticas y jurídicas integran los intervinientes en esta acción
constitucional en calidad de terceros con interés y se hace necesaria su
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comparecencia al proceso en aras de que puedan ejercer su derecho de
defensa y contradicción.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte accionante ante con ocasión de la respuesta brindada por el
magistrado César Giovanni Chaparro Rincón de la Sección Primera,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la petición
presentada por el actor el 2 de septiembre de 2024, así como por la falta de
pronunciamiento al respecto por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
De manera previa al estudio de lo indicado en el párrafo precedente, se
determinará si se configuró la temeridad, conforme con lo expuesto en los
informes de algunos de los intervinientes en esta acción de tutela.
A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela y (ii) el
caso concreto.
2.4. De la procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado (subsidiariedad).
2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas y judiciales
La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo 23
de la Constitución Política, así: “Toda persona tiene derecho a presentar
4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”
La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada5.
Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado, e
incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.
A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo6.
De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, al pedir información acerca de un documento que ha
desaparecido.
Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20007 como parámetros para su protección
los siguientes:
i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;
ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;
iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo pedido;
iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser
lo más corto posible;
5
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001, entre
otras.
6
Sentencia T – 1075 de 2003.
7
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
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v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;
vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa8 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa garantía
fundamental;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;
ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder;
x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta al
interesado.
Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado que
la existencia de otros mecanismos para la obtención de información pedida en el
derecho de petición no es óbice para contestarlo9.
De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la administración
no está en capacidad de responder por las características del caso concreto,
como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que
ha desaparecido.
Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.
Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía “…no es aplicable a las autoridades
judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por las normas
legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la
formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”10
En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional11 ha considerado:
5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las
sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:
8
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
9
Sentencia T – 1075 de 2003.
10
Sentencia T-178 de 2000.
11
Sentencia T-377 de 2000.
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a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado,
los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos.
Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración,
esto es, el Código Contencioso Administrativo.
c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis
tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”12
A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:
2.6. Caso concreto
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón presentó la acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo Superior de la
Judicatura, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a
la información pública, al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y a un ambiente sano.
Lo anterior, con ocasión de la respuesta brindada por el magistrado César
Giovanni Chaparro Rincón de la Sección Primera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a la petición presentada por el actor el 2 de
septiembre de 2024, así como por la falta de pronunciamiento al respecto por
parte del Consejo Superior de la Judicatura.
La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, así como los intervinientes en esta acción. En particular, alegaron
que no es nuevo el reproche del actor acerca de la formación y experiencia en
derecho ambiental de los jueces y magistrados; por lo que consideraron que se
configuró la temeridad en relación con los procesos identificados con los
números 11001-03-15-000-2024-05019-00 y 11001-03-15-000-2024-05111-00.
Para resolver, se considera lo siguiente:
La petición presentada por el señor Ericsson Mena el 2 de septiembre de 2024,
titulada “Consulta de idoneidad de servidores públicos en temas ambientales y
jurídicos”, con la cual solicitó información sobre su formación y experiencia en
12
Sentencia T-334 de 1995.
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derecho ambiental, así como certificaciones que avalaran su idoneidad en este
campo. se dirigió al presidente Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y a la ministra de Justicia.
Además, en su petición el actor solicitó la vinculación de organismos de control
como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
No obstante, se encuentra que, en sus pretensiones particularmente, el
accionante se refirió expresamente al magistrado César Giovanni Chaparro
Rincón para que este le respondiera de manera inmediata en un término de 12
horas entregar la información requerida y completa a la petición radicada el 2 de
septiembre de 2024, entregando la información solicitada conforme a la Ley
1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014. Además, en el acápite de accionados,
incluyó al Consejo Superior de la Judicatura, así:
ACCIONADOS:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Magistrado César Giovanni Chaparro
Rincón.
Consejo Superior de la Judicatura (Juzgados Administrativos y civiles)
Por tanto, se precisa que, si bien el demandante incluyó entre sus pretensiones
“a los demás servidores públicos de la rama judicial accionados” y refirió en su
escrito de tutela al “[r]egistro de las entidades y funcionarios que no han
respondido al derecho de petición”, lo cierto es que, entre sus argumentos no
expuso los motivos puntuales frente a estos últimos y a los procesos a los que
hizo referencia. Por tal motivo, no se emitirá pronunciamiento en relación dichas
autoridades.
A su vez, se encuentra que, la petición del actor del 2 de septiembre de 2024 se
dirigió a otras entidades como al presidente Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a la ministra de Justicia y que, pidió la vinculación de
organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, por lo que, su cuestionamiento se dirigió expresamente
en contra del magistrado César Giovanni Chaparro Rincón y del Consejo
Superior de la Judicatura.
Así, se observa que, en la petición del 2 de septiembre de 2024, objeto de
demanda, el actor refirió:
Dr. José Elver Muñoz Barrera
Presidente Tribunal Administrativo de Cundinamarca
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dra. Diana Alexandra Remolina Botía
Presidenta Consejo Superior de la Judicatura
info@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ángela María Buitrago
Ministra de Justicia
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gestion.documental@minjusticia.gov.co
Vinculación como entes de Control
Señora
Margarita Cabello Blanco
Procuradora General de la nación
viceprocuraduria@procuraduria.gov.co
Señora
Iris Marín Ortiz
Defensora del Pueblo
asuntosdefensor@defensoria.gov.co
Ref. Derecho de petición con interés particular tema “Consulta de idoneidad de
servidores públicos en temas ambientales y jurídicos”
Reciban un cordial saludo, por medio de la presente yo ERICSSON ERNESTO
MENA GARZON identificado con numero de cedula 80.158.042 de Bogotá D.C
en calidad de representante del colectivo social “PRIMERA LÍNEA” ambiental
Colombia y defensor de derechos humanos medioambientales acorde a la
Resolución 76/300 de 28 de julio de 2022, Asamblea General de las Naciones
Unidas, que reconoció por primera vez el derecho humano a un medio ambiente
limpio, saludable y sostenible.
…
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2F76%2FL.75&Language=E&
DeviceType=Desktop&LangRequested=False
De igual manera en calidad de víctima reconocida del conflicto armado en
Colombia bajo el RUV No 3882393 por los hechos victimizantes de
desplazamiento forzado y amenazas, adjunto registro.
Anexo documento:
https://drive.google.com/file/d/1kFeoxXq1SX3ACbc5Q2C9nZZUb0i4fNuB/view?u
sp=sharing
Haciendo uso del derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, conexo con el artículo 14 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en
concordancia con los artículos constitucionales 8, 11,13,29,49,79,80,229,270 así
como la Sentencia C-359/24, declaró la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú
y la Exequibilidad de la Ley 2273 de 2022.
HECHOS
Informe sobre el Acuerdo de Escazú y el Derecho a la Justicia Ambiental
1. Introducción
…
Con base en los anteriores elementos solicito:
1. Se me entregue copia de la hoja de vida de los siguientes servidores
públicos en calidad de magistrados y jueces que han dado tr[á]mite a las
siguientes demandas constitucionales, de igual manera de sus colaboradores de
despacho, omitiendo datos personales que pueda vulnerar sus derechos
constitucionales.
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…
2. Con respecto al anterior inventario de procesos, solicito se me informe se cada
uno de los siguientes servidores públicos en calidad de magistrados y jueces, de
igual manera de sus colaboradores de despacho poseen:
a) Formación académica referente a temas ambientales y derecho ambiental
“Anexar certificaciones”.
b) Experiencia certificada referente a temas ambientales y derecho ambiental
“Anexar” certificaciones.
c) Experticia referente a temas ambientales y derecho ambiental
d) Idoneidad referente a temas ambientales y derecho ambiental
e) Compromiso con la justicia social referente a temas ambientales y derecho
ambiental.
…
Ahora bien, se observa que, el reproche acerca de la idoneidad y formación de
los funcionarios judiciales para resolver los procesos de naturaleza ambiental
bajo conocimiento, es un cuestionamiento que resulta reiterado en varias
acciones de tutela que ha promovido el actor. Por ejemplo, en el expediente
11001-03-15-000-2024-03698-00, que conoció con anterioridad esta misma
sala, se resolvió lo siguiente:
2.6.1. Reproches por la falta de garantía para “impartir justicia” en los procesos
por parte de “jueces y magistrados con la debida formación y recursos necesarios
para impartir justicia en estos casos” de justicia ambiental:
Al respecto, se considera que la acción de tutela no es la vía para cuestionar las
calidades ni la formación de los funcionarios que administran justicia, ni su
idoneidad y capacitación; tampoco para que, estos presenten informes acerca de
sus rendimientos, ni se reporte el estado actual de cada uno de los procesos
judiciales en cuanto al asunto de naturaleza ambiental que pretende el
demandante.
Además, la Ley 270 de 1996, en su artículo 16913 prevé la evaluación de
servicios como un mecanismo cuyo objetivo es la verificar que los servidores de
la Rama Judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de
idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo, norma
que, además en su artículo 172 establece la evaluación de los funcionarios de
carrera, así:
ARTÍCULO 172. EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS. Los funcionarios de
carrera serán evaluados por la Sala Administrativa de los Consejos
13
ARTÍCULO 169. EVALUACIÓN DE SERVICIOS. La evaluación de servicios tiene como
objetivo verificar que los servidores de la Rama Judicial mantengan en el desempeño de sus
funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el
cargo.
Las Corporaciones y los Despachos Judiciales, presentarán el apoyo que se requiera para
estos efectos y suministrarán toda la información que posean sobre el desempeño de los
funcionarios que deban ser evaluados.
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Superior o Seccional de la Judicatura. Los superiores funcionales del
calificado, remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la
evaluación del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación
integral.
La evaluación de los Jueces se llevará a cabo anualmente y la de los
Magistrados de los Tribunales cada dos años.
La calificación insatisfactoria en firme dará lugar al retiro del funcionario.
Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa.
Por tanto, se reitera que este mecanismo no es el medio para cuestionar la
idoneidad de los funcionarios judiciales ni el desempeño y formación de estos
para administrar justicia, ni para determinar si cuentan o no con los recursos
necesarios para ejercer su labor o, si tal circunstancia deviene en un obstáculo
para definir un asunto de naturaleza ambiental, como lo pretende el accionante.
En esa ocasión, mediante sentencia del 31 de octubre de 2024 se declaró la
improcedencia de esa acción de tutela.
Adicionalmente, en relación con lo informado por los intervinientes, se
encuentra que, las peticiones que dieron origen a los procesos 11001-03-15-
000-2024-05019-00 y 11001-03-15-000-2024-05111-00 se radicaron el 11 y 12
de agosto de 2024, cuyas sentencias se dictaron el 17 de octubre de 2024 y el
5 de noviembre de la misma anualidad, respectivamente.
Particularmente, se encuentra que, el fallo del 17 de octubre de 2024, dictado
en el proceso 11001-03-15-000-2024-05019-00 el objeto de la demanda devino
en que para el actor “…las autoridades accionadas se han sustraído de dar
respuesta de fondo a la solicitud presentada vía correo electrónico el 11 de
agosto de 2024, en donde pidió la «revisión sentencias en procesos
constitucionales de índole medioambiental, conformación e implementación de
tribunales especializados para dirimir conflictos ambientales”.
A su vez, en el expediente 11001-03-15-000-2024-05111-00, se profirió la
sentencia del 5 de noviembre de 2024, cuyo objeto se centró en la “…omisión
de respuesta a la petición presentada el 11 (sic) de agosto de 2024 y <<por la
ausencia de tribunales especializados en materia ambiental>>”.
Particularmente, en este último se observa que, la demanda se rechazó por
temeridad pues “…pese a que los hechos expuestos en la acción de tutela
presentada por el accionante en ese proceso no son idénticos, lo cierto es que
esta se dirige contra las misma[s] autoridades, de manera se evidencia
identidad de partes, causa petendi y objeto, pues las autoridades accionadas,
los derechos fundamentales y las pretensiones elevadas son exactamente
iguales.”
No obstante, en este fallo precitado se indicó que la petición objeto de demanda
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era la del 11 (sic) de agosto de 2024, pero en sus consideraciones no hizo
mención al contenido de la misma ni especificó que la temeridad declarada se
refería a dicha solicitud, sino a la “identidad de partes, causa petendi y objeto”
como se expuso en precedencia.
Adicionalmente, se advierte que, al revisar el expediente digital del proceso
11001-03-15-000-2024-05111-00, se observa que, la demanda se inadmitió y
que el actor presentó un escrito de subsanación, el cual incluyó un enlace en el
folio 15 al final, que da cuenta de que la petición corresponde a una que cuenta
con fecha del “12 de agosto de 2024” cuyo contenido difiere de la del 2 de
septiembre de 2024, objeto de la demanda de la referencia.
Así, en la petición del del “12 de agosto de 2024”, el demandante pidió:
Propuestas para Subsanar las Deficiencias en la Justicia Ambiental en
Colombia
Con base en la situación actual de la justicia ambiental en Colombia, se
presentan las siguientes propuestas que buscan corregir las deficiencias
identificadas en la formación, experiencia y especialización de los servidores
públicos encargados de impartir justicia en temas ambientales. Estas medidas
tienen un alcance nacional y están diseñadas para garantizar la protección
efectiva de los derechos fundamentales y del medio ambiente.
1. Revisión Integral de Procesos Constitucionales, Judiciales y Penales desde
1991 a Nivel Nacional
…
2. Traslado de Todos los Procesos Constitucionales, Penales y de la JEP
Relacionados con el Medio Ambiente a una Jurisdicción Especial Ambiental
…
3. Evaluación de Presuntos Hechos de Corrupción en Procesos Penales,
Judiciales y Constitucionales
…
4. Evaluación de la Afectación de Derechos Humanos en las Decisiones
Judiciales
Así, se precisa que, en parte alguna de esta petición se hizo referencia a la
entrega de la copia de la hoja de vida de funcionarios judiciales, ni al informe
que requirió el actor respecto de la formación académica de estos, como sí lo
es la petición del 2 de septiembre de 2024, objeto de la acción de la referencia.
Por lo que, no se observa un actuar temerario por parte del actor en relación
con dichos expedientes, sino un cuestionamiento reiterado que le asiste al
actor, aunque dichas peticiones se sustentaron en similares reproches.
Así las cosas, el siguiente estudio se circunscribirá a la presunta vulneración del
derecho fundamental de petición por parte del magistrado César Giovanni
Chaparro Rincón, integrante de la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de la solicitud presentada
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por el actor el 2 de septiembre de 2024, así como por la falta de
pronunciamiento al respecto por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Por lo que, una vez revisado el contenido de la demanda de tutela, así como la
petición objeto de demanda y su contestación, lo que se encuentra es una
inconformidad del accionante frente a la respuesta otorgada por el magistrado
César Giovanni Chaparro Rincón.
Así, contrario a lo señalado en las pretensiones del escrito de tutela en cuanto a
“la omisión de respuesta y el rechazo del derecho de cuestionar la idoneidad
profesional de los servidores públicos involucrados en procesos ambientales”,
se observa que, dicho funcionario le respondió la solicitud el 11 de septiembre
de 2024, mediante memorial que se envió al correo dispuesto por el actor
radicacionesplineambientalcol@gmail.co. De su contenido, se extrae:
En primer lugar, debe aclarársele que los servidores de la Rama Judicial pueden
ser funcionarios o empleados, según la Ley 270 de 1996:
ARTÍCULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGUN LA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los
Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los
Fiscales.
Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y
Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama
Judicial
En segundo término, es del caso igualmente aclararle que para ser magistrado
de Tribunal Administrativo se requiere cumplir con los requisitos señalados en la
Constitución y la ley y haber superado un concurso público de méritos. Por su
parte, los empleados judiciales igualmente deben cumplir con los requisitos para
el desempeño de los cargos respectivos. Entre estos, señala la Ley 270 de 1996:
…
En tercer lugar, se le aclara que las competencias jurisdiccionales gozan de
reserva de ley, es decir, se asignan por una ley del Congreso de la República. En
este sentido, la competencia para conocer de las acciones populares,
denominadas medio de control de protección de los derechos colectivos se
asignó por la Ley 1437 de 2011, en los jueces y tribunales de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa.
Por lo anterior, sus apreciaciones de “idoneidad de los servidores públicos” se
refieren a una formación, capacitación o certificaciones que en su sentir deben
tener los funcionarios judiciales que ocupan los cargos de magistrados y
empleados de los despachos de estos; es decir, se trata de sus apreciaciones
subjetivas y juicios de valor sobre lo que, en su sentir, es la idoneidad de dichos
servidores públicos, pero no corresponden con los requisitos fijados en el
ordenamiento jurídico para que una persona sea idónea para el desempeño de
dichos cargos.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06730-00
En este sentido, la información que solicita se funda en el motivo de una
supuesta idoneidad según su criterio y consideración subjetiva y personal, sin
fundamento legal alguno. Por ello, no es viable atender sus peticiones 1 y 2.
No obstante, se le aclara que la Hoja de Vida del suscrito se encuentra publicada
en la página de la rama judicial, para conocimiento público y a ella puede
concurrir cuando así lo disponga, con la advertencia de que la información allí
consignada, le reitero, solo corresponde a los requisitos constitucionales y
legales en materia de capacitación para el desempeño de dichos cargos.
En cuarto lugar, respecto a su petición de ser apartado del conocimiento de unos
procesos concretos que relaciona en su petición y que se entiende son asuntos
de su interés particular, es necesario señalar que la Corte Constitucional, en
reiterada jurisprudencia, ha precisado que los derechos de petición ante
autoridades judiciales que se relacionen con procesos judiciales concretos,
deben sujetarse a las normas jurídicas procesales que regulan su trámite, en los
siguientes términos…
Es decir, el demandante no se encuentra conforme con la contestación de
fondo que el magistrado Chaparro Rincón emitió de fondo, de manera clara y
expresa antes de que se promoviera la acción de tutela, la cual se presentó el 5
de diciembre de 2024.
Por lo que, se advierte es un descontento frente a la respuesta otorgada por
dicho funcionario, lo cual contradice todas las aseveraciones que el
demandante formuló acerca de la falta de pronunciamiento ante su solicitud.
Esto, pues el magistrado Chaparro Rincón no se abstuvo de dar respuesta de
fondo, ni presentó evasivas como lo mencionó el actor. Por lo que, se negará la
protección invocada en relación con este asunto.
Adicionalmente, el demandante también cuestionó la falta de pronunciamiento
al respecto por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Al respecto, se advierte que, dicha entidad informó que, si bien es cierto que la
parte actora radicó petición ante esta corporación, esta fue atendida en su
oportunidad, remitiendo por competencia las preguntas 1° y 2° del escrito, a la
Unidad de Recursos Humanos de las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca; frente al interrogante 3° se
le brindó respuesta en el sentido.
Además, sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura no se encuentra
facultada por la ley para intervenir ante los asuntos que adelantan las
autoridades judiciales, trámite del que fue enterado al libelista por intermedio del
correo electrónico radicacionesplineambientalcol@gmail.com, como se observa
a continuación:
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En relación con lo anterior, se precisa que, una vez una vez revisado el
directorio de la Dirección Sección de Administración Judicial de Bogotá, se
corroboró que la dirección de correo electrónico es:
medesajbogota@cendoj.ramajudcial.gov.co.
Adicionalmente, se observa que, el señor Carlos Alberto Rocha Martínez funge
como director Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas, a quien también se le remitió el correo electrónico a la cuenta
crocham@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Por tanto, se observa que la entidad dio respuesta y además cumplió con el
trámite establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, que señala:
ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
A su vez, se advierte que, dado que el señor Mena Garzón conoció dicha
situación antes de interponer la acción constitucional de la referencia, es claro
que él debió dirigir la pretensión contra dicha autoridad. Por consiguiente, en lo
que respecta al Consejo Superior de la Judicatura también se negará el amparo
solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de los intervinientes.
SEGUNDO: Deniéganse las pretensiones formuladas con la demanda de
amparo presentada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Ausente con excusa
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Conjuez
Salva voto
GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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