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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05027-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05027-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2024 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que DECLARÓ IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil al no encontrar acreditado el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro Radicado: 11001-03-15-000-2024-05027-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05027-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de enero de 2025

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05027-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05027-01
Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
proferida en primera instancia el 28 de noviembre de 2024 por la Sección Primera
del Consejo de Estado que declaró la improcedencia del amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 18 de septiembre de 2024, la Registraduría Nacional del Estado Civil,
mediante apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Santa
Marta. Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de las siguientes
providencias: i) auto proferido el 2 de mayo de 2024 por medio del cual el Juzgado
11 Administrativo de Santa Marta tuvo por no presentado el recurso de apelación
promovido por la Registraduría Nacional del Estado Civil (en adelante, RNEC)
contra la sentencia del 21 de marzo de 2024, en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 47001-33-33-002-2020-00167-00/01 adelantado en
su contra; ii) auto del 29 de agosto de 2024 dictado por el Tribunal Administrativo
del Magdalena por medio del cual resolvió recurso de queja presentado por la
tutelante contra la anterior providencia y que estimó bien denegado el recurso de
apelación.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05027-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, toda vez que el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de
Santa Marta, en auto del 2 de mayo de 2024 incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al desconocer la presentación del recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia con efectos negativos a la entidad que
represento.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS el auto del 2 de mayo de 2024, proferido
por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Santa Marta, y en su lugar conceda
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del 21 de marzo de
2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Santa Marta que
en el término de esta providencia, profiera un auto concediendo el recurso de
apelación, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho,
teniendo en cuenta los principios constitucionales que versan sobre el presente.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El señor Jorge Isaac Barrios Peralta presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Oficio DDM-OJ 000194 del 25 de junio de
2020, por medio del cual la RNEC dio por terminado su nombramiento en
provisionalidad como registrador municipal de Sabanas de San Ángel.

5. Mediante sentencia proferida el 21 de marzo de 2024, notificada en la misma
fecha, el Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta declaró la nulidad del acto
cuestionado y, en virtud de ello, a título de restablecimiento del derecho ordenó el
reintegro del señor Barrios Peralta y condenó a la entidad al pago de 24 meses de
salario.

6. El 15 de abril siguiente, la autoridad tutelante remitió el escrito de apelación
contra dicho fallo al correo electrónico jadm11smta@notificacionesrj.gov.co, con el
fin de que se surtiera el trámite correspondiente.

7. Mediante auto del 2 de mayo de 2024, el juzgado tuvo por no presentada la
apelación y se abstuvo de tramitarla. Indicó que el recurso fue remitido a una
dirección electrónica que no ha sido dispuesta para la recepción de memoriales.

8. Puso de presente que la constancia de notificación del aplicativo Samai
informa los canales a través de los cuales se pueden radicar tales escritos. Agregó
que en dicha comunicación se informó a las partes que la dirección electrónica
jadm11smta@notificacionesrj.gov.co, a través de la cual fueron notificadas del fallo,
no se encontraba habilitada para recibir memoriales, documentos y/o solicitudes,
puesto que estos debían ser remitidos mediante la ventanilla virtual de Samai o al
correo j11admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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9. Señaló que, de conformidad con el precedente del Consejo de Estado 1, las
partes tienen un deber de acatamiento de las cargas procesales propias del trámite
judicial, dentro de las cuales se encuentra la atención a las advertencias dadas por
un despacho judicial en materia de recibo y envío de documentales destinados a
elevar solicitudes, recursos, peticiones, etc. Añadió que, en tal sentido, toda
desatención en este sentido conlleva que el respectivo memorial o documento se
entienda como no radicado.

10. El 8 de mayo de 2024, la RNEC interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, el de queja. Argumentó que, dada la decisión desfavorable dictada en su
contra, presentó el escrito de apelación por medio de un canal electrónico que
pertenece al despacho judicial y mediante el cual se notificó el fallo en cuestión.
Agregó que este memorial fue recibido satisfactoriamente, de conformidad con el
comprobante dado por el aplicativo Outlook.

11. Afirmó que el hecho de que se tuviera como no presentado dicho recurso
vulneraba su derecho de contradicción y defensa y del principio de la doble
instancia. Señaló que en el asunto debía primar el derecho sustancial sobre el
formal.

12. El 5 de agosto de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta decidió
no reponer la providencia del 2 de mayo del mismo año, en síntesis, por las mismas
razones brindadas en el auto recurrido. A su vez, concedió el recurso de queja.

13. En auto del 29 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena
estimó bien denegado el recurso de apelación. Consideró que la RNEC no podía
pretender subsanar sus omisiones mediante el recurso de queja, dado el yerro en
el que incurrió al no haber remitido el memorial al correo electrónico autorizado para
el efecto.

14. Señaló que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 2,
los memoriales enviados a un buzón electrónico diferente al destinado por la
autoridad para su recepción y que ha sido informado a las partes, debe tenerse
como no presentados. Agregó que, según el alto tribunal, el uso obligatorio y
correcto de las tecnologías de la información y las comunicaciones es una carga
procesal de las partes y sus apoderados.

15. Indicó que el juzgado advirtió a la RNEC que los documentos, memoriales,
solicitudes, etc., debían remitirse sin excepción alguna al correo electrónico
j11admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co de lunes a viernes en el horario de 8:00
am a 5:00 pm y que el correo jadm11smta@notificacionesrj.gov.co era de uso
exclusivo para notificaciones judiciales. Explicó que, a pesar de lo anterior, el

1 Para el efecto, citó la sentencia de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-01252-00.
2 Para el efecto, citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala 19 Especial de Decisión. Auto

del 07.02.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp: 11001031500020210406500.

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apoderado de la demandada envió el recurso al correo erróneo, con lo que no
cumplió con la carga procesal exigida.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un exceso ritual
manifiesto al exigir un requisito no contemplado en el ordenamiento y al otorgarle
un valor superior que el que tienen las normas legales y constitucionales. Agregó
que tener como no presentado el recurso de apelación por haberlo enviado a otro
correo electrónico que está dispuesto por el juzgado, implica el desconocimiento del
derecho sustancial y, con ello, negar el acceso a la administración de justicia.

17. Aseguró que el recurso cumplía todos los requisitos establecidos en el
ordenamiento para ser concedido, dado que fue presentado dentro del plazo legal,
estuvo debidamente sustentado y fue remitido a la dirección electrónica desde la
que se notificó la sentencia recurrida. Citó textualmente el artículo 11 del Código
General del Proceso y sostuvo que, de conformidad con esta disposición, el juez
tomar en consideración que el objeto de los procesos es la efectividad de la ley
sustancial.

18. Sostuvo que de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en
asuntos relacionados con el derecho administrativo, a diferencia del derecho
privado, «todo lo que se avizore como excepción debe decretarse», aún si no se
hubiere invocado, debido a la prevalencia del interés general y el cuidado del erario.

19. Resaltó que lo planteado por las autoridades judiciales accionadas es un
asunto meramente formal, dado que el juzgado tuvo conocimiento en término del
escrito de apelación presentado, por lo que debió surtir efectos. Por tanto, señaló
que en virtud de las normas constitucionales dicho recurso debió ser concedido.

20. Expuso generalidades sobre el exceso ritual manifiesto, el derecho de
contradicción y defensa, el principio de la doble instancia, la prevalencia de la ley
sustancial sobre la formal, y los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

21. En auto del 25 de septiembre de 2024, el magistrado ponente de la decisión
de primera instancia requirió a la parte actora para que allegara el poder conferido
al profesional en derecho que presentó el escrito de tutela.

22. Una vez cumplido dicho requerimiento, mediante providencia del 11 de
octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta y al Tribunal
Administrativo del Magdalena. Además de lo anterior, vinculó como tercero con

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interés al señor Jorge Isaac Barrios Peralta. Por último, negó la medida provisional
solicitada en el escrito inicial.

1.6. Intervenciones

23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes:

1.6.1. Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta

24. Solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, dado que no se
configuró ninguna transgresión o vulneración a los derechos fundamentales de la
parte actora. Expuso las actuaciones que tuvieron lugar en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y sostuvo que, de conformidad con el Consejo de
Estado, los memoriales enviados a un buzón electrónico diferente al destinado para
su recepción y que ha sido informado a las partes, deben tenerse como no
presentados. Agregó que esta fue la postura adoptada en el auto censurado.

25. Señaló que a la tutelante se le advirtió expresamente que cualquier memorial
debía ser remitido al correo j11admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co y a través de
la ventanilla virtual de Samai. Argumentó que la dirección electrónica a la cual a
RNEC dirigió el escrito de apelación no estaba habilitada para recibir memoriales y,
por tanto, dicha entidad incumplió con la carga procesal que le asistía.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

26. Aseguró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la actora, pues
esta desatendió las instrucciones impartidas por el juzgado en cuanto a la
presentación de memoriales y recursos. En tal sentido, indicó que le correspondía
estimar bien denegado el recurso de apelación.

1.6.3. Jorge Isaac Barrios

27. Solicitó que se negaran las pretensiones formuladas dado que no se vulneró
ningún derecho fundamental en el proceso objeto de la presente acción.

1.7. Sentencia de tutela de primera instancia

28. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de
noviembre de 2024, declaró la improcedencia de la acción al considerar que no
cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.

29. Advirtió que la parte actora pretende usar el mecanismo de amparo como
una instancia adicional para cuestionar lo decidido en el proceso ordinario. Destacó
que en los eventos en los que el juez decide sobre la controversia que se le ha

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planteado y le otorga la razón a alguna de las partes, está ejerciendo las funciones
que le han sido atribuidas por la Constitución y la Ley.

30. Argumentó que si el juez constitucional desconociera dicho ámbito de
competencia en el que actúan las autoridades judiciales, sería aquel el que
transgrediría el derecho al debido proceso pues estaría actuando más allá de la
órbita de sus funciones. Indicó que el juez de tutela no está llamado a establecer
cómo el de la causa ordinaria debe decidir un caso en particular.

1.8. Impugnación

31. La parte actora solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y que, en
su lugar, se declare procedente la acción de tutela.

32. Insistió en que la autoridad judicial accionada tuvo conocimiento del recurso
de apelación presentado en término, por lo que el memorial debió surtir efectos en
relación con el trámite de la alzada. Argumentó que dicho escrito fue remitido al
correo electrónico dispuesto por el juzgado para las notificaciones, el cual no es
ajeno a dicho despacho.

33. Reiteró los argumentos de la demanda relacionados con la primacía del
derecho sustancial sobre el formal. Sostuvo que la relevancia constitucional del
asunto en concreto derivaba de la negativa del juzgado en permitir la defensa del
patrimonio público por parte de la RNEC, puesto que la indemnización a pagar
dictada en la sentencia de primera instancia ascendía a los 24 salarios mínimos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 28 de noviembre
de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

36. La Sala advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil está
legitimada en la causa por activa. Esto, pues es la parte demandada del proceso

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de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia
reprochada a través de este mecanismo constitucional.

37. Por su parte, se concluye que el Tribunal Administrativo del Magdalena y el
Juzgado 11 Administrativo de Santa Marta están legitimados en la causa por
pasiva, al ser las autoridades judiciales que profirieron las decisiones reprochadas
en esta oportunidad. Sin embargo, la sala advierte que el análisis se limitará al auto
del 29 de agosto de 2024, mediante el cual se resolvió el recurso de queja
presentado y se dio fin al trámite ordinario.

2.3. Problemas jurídicos

38. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional.

39. De encontrarse superados, la sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la Registraduría Nacional del Estado Civil con ocasión del auto proferido
el 29 de agosto de 2024, en el que estimó bien denegado el recurso de
apelación promovido por dicha autoridad contra la sentencia del 21 de marzo
del mismo año?

40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial, y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad,
en especial relevancia constitucional.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales.

42. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 4. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia5 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial6.

43. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

44. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
6 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

45. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

46. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

47. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional7.

48. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

49. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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cuestionada señalados por el accionante, pues tiene «vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

50. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».

51. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

52. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto

53. La sala anticipa que confirmará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no acreditarse el requisito general de la relevancia constitucional,
pues la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia
adicional del proceso, con lo que se pretende reabrir las etapas procesales y
probatorias de la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa. Lo anterior,
ante la evidente falta de carga argumentativa en clave de derechos fundamentales
y la reiteración de razones expuestas en el trámite ordinario.

54. En efecto, los argumentos formulados en el escrito de tutela obedecen, en
síntesis, a razones que fueron expuestas por la RNEC en el recurso de reposición
y, en subsidio, el de queja que promovió contra el auto del 2 de mayo de 2024 que
tuvo como no presentado el escrito de apelación contra la sentencia dictada en
primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto,
lo argüido en la demanda obedece a un asunto sobre el cual ya se la autoridad
judicial demandada en el trámite ordinario.

55. De conformidad con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia, en
tales memoriales, dicha autoridad sostuvo que el escrito de apelación fue radicado
por medio de un canal electrónico que pertenece al Juzgado 11 Administrativo de

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05027-01

Santa Marta y mediante el cual se notificó el fallo recurrido. Agregó que este escrito
fue recibido satisfactoriamente, de conformidad con el comprobante dado por el
aplicativo Outlook. A su vez, afirmó que el hecho de que se tuviera como no
presentado dicho recurso vulneraba su derecho de contradicción y defensa y del
principio de la doble instancia. Señaló que en el asunto debía primar el derecho
sustancial sobre el formal.

56. En este orden de ideas, para la sala es evidente que los argumentos que
sustentan la acción constitucional guardan identidad con las razones que fueron
expuestas en el proceso ordinario. Por tanto, al respecto se concluye que la
intención de la parte actora es que el juez de tutela profiera un pronunciamiento de
fondo sobre asuntos ya zanjados y, con ello, que se adopte una decisión favorable
a sus intereses. En tal sentido, el uso de este mecanismo constitucional como una
instancia adicional al proceso ordinario es palpable.

57. Aunado a lo anterior, la RNEC no cumplió con la carga argumentativa mínima
requerida en materia de tutela contra providencias judiciales, dado que los
argumentos expuestos no se encuadraron en ninguna de las causales específicas
de procedibilidad contempladas por la jurisprudencia constitucional para el efecto.
La parte actora se limitó a reiterar las razones expuestas en el trámite ordinario y a
afirmar que se había incurrido en un exceso ritual manifiesto, en una trasgresión al
principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal, el de la doble
instancia y en una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, de
defensa y de acceso a la administración de justicia.

58. En efecto, la demandante hizo referencia a generalidades relacionadas con
dichos principios y garantías constitucionales, sin especificar los motivos por los
cuales considera que la autoridad judicial incurrió en algún defecto que configure
una vulneración a los derechos fundamentales cuya protección pretende mediante
el mecanismo de amparo. Ello implica que la controversia propuesta se reduce a
una cuestión de simple legalidad, pues los argumentos esbozados corresponden a
una mera inconformidad con el criterio adoptado por el juez natural de la causa en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

59. Al respecto se advierte que tanto el Juzgado 11 Administrativo de Santa
Marta como el Tribunal Administrativo del Magdalena expusieron los motivos por los
cuales consideraron, desde su autonomía judicial, que la actora no cumplió con la
carga procesal que le asistía en cuanto al uso de los canales institucionales
dispuestos para el envío de memoriales, documentos y solicitudes.

60. De tal forma, argumentaron que mediante el correo de notificación de la
sentencia recurrida por la RNEC se le informó cuál era la dirección electrónica ante
la cual debía radicar el recurso de apelación. Señalaron que, a pesar de ello, la
interesada había omitido dar cumplimiento a tal instrucción, motivo por el cual, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, consideró que el memorial
de alzada debía entenderse como no presentado.

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61. La tutelante no formuló ningún cargo tendiente a controvertir los motivos
expuestos por la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada puesto
que, como se puso de presente, en el escrito inicial se reiteraron argumentos
presentados ante los jueces naturales de la causa en el proceso ordinario. En tal
sentido, cualquier análisis de fondo implicaría un proceder oficioso por parte del juez
constitucional que, en materia de tutelas contra providencias judiciales, le está
vedado, en virtud de los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial.

62. En otras palabras, la ausencia de la carga mínima argumentativa en clave de
derechos fundamentales requerida para litigios de esta naturaleza permite concluir
que el objetivo de la presente demanda es reabrir una controversia ya zanjada por
el juez natural de la causa y, con ello, una simple corrección del fallo cuestionado vía
tutela, lo que evidencia la intención de usar el mecanismo de amparo como una
tercera instancia del trámite ordinario.

63. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o
patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

64. En conclusión, la sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la improcedencia de la solicitud de amparo, por las razones expuestas, al no
encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2024 dictada por la
Sección Primera del Consejo de Estado que DECLARÓ IMPROCEDENTE la
solicitud de amparo presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil al no
encontrar acreditado el requisito de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente.
Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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