Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05060-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05060-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05060-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05060-01
Accionante: José Largo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Tema: Tutela1 contra providencia judicial proferida dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos
Decisión: Confirmar la decisión impugnada
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 12 de marzo
de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual declaró falta de legitimación en la causa por activa.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Tulia Elena Hernández Burbano, actuando en nombre propio,
promovió el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos2, contra el municipio de Santa Rosa de Cabal, el departamento de
Risaralda y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, por la presunta
vulneración de los derechos e intereses colectivos al ambiente sano, espacio
público, moralidad administrativa, prevención del riesgo y seguridad pública,
luego de fuertes lluvias que afectaron varias vías del departamento.
3. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Risaralda que, mediante
sentencia del 11 de mayo de 2023, resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
4. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Primera, a través de
providencia del 20 de junio de 2024 modificó la decisión, para lo cual dispuso:
«PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia de
11 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la
1
Acción de tutela promovida el 19 de septiembre de 2024, resuelta en primera instancia mediante sentencia
del 12 de marzo de 2026, después de varias actuaciones procesales que se detallan en el acápite respectivo.
Finalmente fue repartida en segunda instancia el 27 de abril de 2026.
2 Radicado 66001-23-33-000-2019-00764-00 [01]
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05060-01
Accionante: José Largo
siguiente manera:
“4. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en el
término de 2 meses contados desde la ejecutoria de esta providencia y
teniendo en cuenta los informes y conceptos técnicos que describen las
circunstancias y puntos de afectación que fueron relacionados en la parte
considerativa de esta sentencia, realice, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, los estudios complementarios y
necesarios para determinar estrategias para la protección y conservación
del medio ambiente que conlleven a garantizar, la calidad del agua del rio
Otún y los ecosistemas que interactúan en el entorno.
(…)
SEXTO: MODIFICAR el numeral 13 de la parte resolutiva de la sentencia de 11
de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la
siguiente manera:
“13. Se condena a la parte vencida y a favor de la parte actora a modo
de agencias en derecho el equivalente a tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes, pago que deberá realizar cada entidad en partes
iguales, es decir, a cada una le corresponde un salario mínimo legal
mensual vigente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia”.
SÉPTIMO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 11 de mayo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
(…)»
5. Al respecto, concluyó que no se encontraban probadas las costas procesales;
pero no fue así en cuanto al reconocimiento de agencias en derecho en el proceso,
en tanto encontró acreditado que la señora Tulia Elena Hernández Burbano fue
diligente en su gestión, asistiendo a cada una de las audiencias y presentando
oportunamente los memoriales correspondientes en las etapas del proceso.
2.2. Fundamento jurídico
6. El señor José Largo manifestó que se le vulneró el derecho fundamental al
debido proceso porque la autoridad judicial accionada mediante providencia del
20 de junio de 2024 negó a su favor el reconocimiento de las agencias en derecho.
7. 2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«SE ORDENE CONCEDER AG.» (Sic)
2.4. Trámite procesal
9. La acción de tutela de la referencia correspondió al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, autoridad judicial que, mediante auto del 23 de
septiembre de 2024 ordenó requerir al accionante para que precisara la calidad
en la que actuaba para presentar la acción de tutela de cara al proceso de acción
popular y especificara cada uno de los defectos en los que incurrió la providencia
tutelada para vulnerar sus derechos.
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05060-01
Accionante: José Largo
10. A través de auto de 7 de octubre de 2024 rechazó de plano la solicitud de
amparo. Sin embargo, inconforme con la decisión el señor José Largo presentó
un escrito en el que manifestó «apelar» dicha decisión.
11. No obstante, dicha autoridad judicial mediante auto del 23 de octubre de 2024
sostuvo que sería del caso adecuar la solicitud del accionante al trámite del
recurso de súplica y concederlo, pero se abstuvo de tramitarlo para evitar
dilaciones en atención a la posición mayoritaria de la Sala sobre la improcedencia
de ese recurso. En consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
12. Inconforme con lo anterior, el señor José Largo presentó acción de tutela con
el propósito de que se le concediera la «apelación» en contra del auto del 7 de
octubre de 2024, mediante el cual se le rechazó la acción de tutela de la
referencia, al considerar que se incurrió en un exceso ritual manifestó por
desconocimiento del principio de doble instancia.
13. El proceso correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que mediante sentencia del 16 de mayo de 2025 resolvió amparar
el derecho fundamental al debido proceso y dejó sin efecto la providencia del 23
de octubre de 2024.
14. En cumplimiento de la anterior orden, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, a través de auto del 21 de julio de 2025 concedió la impugnación
contra el auto del 7 de octubre de 2024.
15. Posteriormente, mediante auto de ponente del 26 de agosto de 2025 se declaró
improcedente la impugnación contra el auto que rechazó la demanda de tutela, al
considerar que el Decreto 2591 de 1991 no estableció la posibilidad de impugnar
la providencia que dispone su rechazo.
16. No obstante, el accionante promovió nuevamente una acción de tutela con el
propósito de que se ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.
17. El proceso correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad
judicial que mediante sentencia del 10 de octubre de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda de tutela, razón por la cual ordenó:
«Primero.- Amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso del señor José Largo, quien actúa en nombre propio. En
consecuencia,
Segundo.- Dejar sin efectos el auto de ponente de 26 de agosto de 2025, proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco de la
acción de tutela que promovió el señor José Largo contra la Sección Primera del
Consejo de Estado (exp. 11001-03-15-000-2024-05060-01).
Tercero.- Ordenar a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia,
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05060-01
Accionante: José Largo
profiera una decisión en la acción de tutela con radicado num. 11001-03-15-000-2024-
05060-01, de conformidad con las consideraciones expuestas.»
18. A través del auto del 22 de octubre de 2025 se resolvió requerir por intermedio
de la Secretaría General del Consejo de Estado la devolución del expediente,
teniendo en cuenta que se encontraba en la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
19. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General de esta Corporación por
medio de oficio del 24 de octubre de 2025 requirió a la Corte Constitucional la
devolución y anulación de todo registro correspondiente del expediente de la
referencia, remitido a esa Corporación el día 5 de septiembre de 2025, y al cual le
fue asignada la radicación T-10711883.
20. El 11 de noviembre de 2025, dicha dependencia reiteró el requerimiento, razón
por la que la Corte Constitucional por medio del OF. DEV-DEF-756/2025 del 18
de noviembre del mismo año procedió a eliminar el registro.
21. Con ocasión de lo anterior, mediante providencia del 20 de noviembre de 2025
se resolvió revocar la providencia del 7 de octubre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de la cual
se rechazó la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, se dispuso
devolver a fin de que se le impartiera el trámite pertinente para tal fin.
22. En virtud de lo decidido, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado por medio de proveído del 10 de diciembre de 2025 admitió la acción de
tutela de la referencia, razón por la que dispuso notificar a la Sección Primera del
Consejo de Estado como accionado y al Tribunal Administrativo de Risaralda,
Tulia Elena Hernández Burbano, el Municipio de Santa Rosa de Cabal, el
Departamento de Risaralda y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
como terceros con interés en el resultado del proceso.
2.5. Intervenciones
23. La Sección Primera del Consejo de Estado informó que el señor José Largo
carecía de legitimación en la causa por activa, toda vez que dentro del trámite del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no actuó en
calidad de parte. De modo que, solo quienes intervinieron como sujetos
procesales podrían controvertir una actuación u omisión ocurrida en el marco de
dicho proceso.
24. El Tribunal Administrativo de Risaralda remitió copia del proceso, pero no
presentó informe al respecto.
25. La señora Tulia Elena Hernández Burbano pidió que se niegue el amparo,
puesto que no conocía el accionante. Además, afirmó que fue ella quien promovió
acción popular y que el señor José Largo no participó en ninguna de las etapas
del proceso en cuestión, por lo que desconocía los motivos que lo llevaron a
promover el presente mecanismo constitucional.
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Accionante: José Largo
26. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada
27. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
providencia del 12 de marzo de 2026 declaró la falta de legitimación por activa.
28. Al respecto, indicó que, al revisar el escrito de tutela y las pruebas aportadas
al proceso, el accionante no tenía la calidad de sujeto procesal dentro del proceso
de protección de derechos e intereses colectivos en cuestión. Máxime cuando la
parte accionante dentro de dicho proceso aseguró que no conocía al señor José
Largo y que él no intervino en el desarrollo del proceso.
29. En esa medida, insistió en que no era posible tener por satisfecho el requisito
de legitimación en la causa por activa, pues, de haberse producido alguna
vulneración por la falta de fijación de agencias en derecho, quienes se habrían
visto afectados y, por ende, legitimados para atacar tales omisiones, bien sea
mediante los recursos ordinarios correspondientes o, eventualmente, a través de
la acción de tutela, eran las partes o terceros intervinientes de dicho proceso.
2.7. Impugnación
30. La parte accionante en el escrito de impugnación insistió en los argumentos de
la demanda de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
31. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
32. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró al actor el derecho
fundamental al debido proceso, al negar el reconocimiento de las agencias en
derecho dentro del medio de control de protección a los derechos e intereses
colectivos mediante providencia del 20 de junio de 2024.
33. Previo a resolver el anterior interrogante, la Sala estima pertinente determinar
si en el presente asunto el señor José Largo tiene legitimación en la causa por
activa para cuestionar el reconocimiento de las agencias en derecho, teniendo en
cuenta que la autoridad judicial accionada y los terceros interesados, en los
informes señalaron que el actor no ostentaba la calidad de sujeto procesal
reconocido en el aludido proceso.
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Acción De Tutela
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Accionante: José Largo
3.4. Generalidades de la acción de tutela
34. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2025. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
35. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
36. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, indica que este
mecanismo constitucional podrá ser ejercido, en todo momento y lugar, «por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.»
37. En ese sentido, la legitimidad o interés en el ejercicio de la acción de tutela
radica en cabeza del titular de los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados, quien puede actuar por sí mismo, por medio de representante legal
o de apoderado judicial, a través de agente oficioso o por medio del Defensor del
Pueblo y los Personeros Municipales.
38. Así las cosas, le corresponde al juez constitucional valorar las circunstancias
del caso y determinar si en efecto el señor José Largo acreditó la legitimación en
la causa por activa para presentar esta acción de tutela.
3.5. Caso concreto
39. En el presente asunto, el señor José Largo manifestó que se le vulneró el
derecho fundamental al debido proceso porque la autoridad judicial accionada
en el trámite de segunda instancia negó el reconocimiento de las agencias en
derecho mediante providencia del 20 de junio de 2024.
40. Al respecto, es pertinente resaltar en cuanto a la legitimación que la Ley 472
de 1998 en su artículo 12, prevé:
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«ARTÍCULO 12.- Titulares de las Acciones. Podrán ejercitar las acciones
populares:
1. Toda persona natural o jurídica.
2. Las organizaciones No Gubernamentales, la Organizaciones Populares,
Cívicas o de índole similar.
3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o
vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses
colectivos no se hayan originado en su acción u omisión.
4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros
Distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia.
5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones
deban promover la protección y defensa de estos derechos o intereses.
(…)»
41. Por su parte, el artículo 24 ibidem contempla lo siguiente:
«ARTÍCULO 24.- Coadyuvancia. Toda persona natural o jurídica podrá
coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera el fallo de primera instancia.
La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar
igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así
como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personero Distritales o
Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger
o defender los derechos e intereses colectivos.»
42. Ahora bien, de conformidad con el material probatorio allegado y de las
actuaciones surtidas en el trámite de la acción popular, emerge con claridad que
el señor José Largo no fue reconocido en calidad de parte o coadyuvante, razón
por la que la Sala coincide con lo manifestado por el a quo, esto es, que en el
presente asunto no acredita el requisito de legitimación en la causa por activa.
43. En ese sentido, resulta evidente que no le asiste legitimación en la causa por
activa al señor José Largo, al no ser parte en el proceso de la acción popular en
el que, mediante sentencia del 20 de junio de 2024, se le reconocieron las
agencias en derecho a la señora Tulia Elena Hernández Burbano en calidad de
demandante.
44. Por lo expuesto, para la Subsección resulta evidente que la parte actora
carece de legitimación en la causa para cuestionar, a través de la acción de
tutela, el reconocimiento de las agencias en derecho, pues, se recuerda, el
ejercicio de este mecanismo de protección de derechos de rango constitucional
exige que el accionante cuente con una posición que le otorgue la titularidad del
derecho que invoca en protección, lo que implica que tiene la carga de demostrar
que le asiste un interés jurídico subjetivo en el petitum.
45. En ese orden, en cuanto a la legitimación por activa debe recordarse a la parte
actora que tal noción se refiere es a la relación procesal existente entre
demandante y demandado o de las partes respecto de los hechos constitutivos
del litigio, supuesto que fue desvirtuado con las consideraciones realizadas en
precedencia.
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Accionante: José Largo
46. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin necesidad de efectuar consideraciones
adicionales, se confirmará la sentencia del 12 de marzo de 2026 por medio de la
cual se declaró la improcedencia la acción de tutela de la referencia, en tanto, el
señor José Largo no demostró tener interés legítimo en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 12 de marzo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de la cual
se declaró la improcedencia la acción de tutela de la referencia, en tanto el señor
José Largo no demostró tener interés legítimo en la causa por activa.
Segunda: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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