Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05429-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05429-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05429-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05429-01
Accionante: José Largo
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: acción de tutela contra providencia judicial proferida en trámite de tutela.
Subtema 1: impugnación del auto que rechazó la demanda. Subtema 2: defecto
procedimental absoluto.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor José Largo contra la sentencia de primera
instancia del 10 de octubre de 2025 proferida por la Sección Cuarta de esta
corporación.
1. Síntesis del caso
El señor José Largo presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró
vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con
ocasión del auto del 26 de agosto de 2025 proferido dentro del trámite de tutela con
radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:
2.1.1. Expediente de tutela núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00
2. El señor José Largo interpuso acción de tutela contra la sentencia de segunda
instancia del 20 de junio de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05429-01
Accionante: José Largo
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado
Estado dentro del proceso con radicado núm. 66001-23-33-000-2019-00764-01,
que accedió a las pretensiones de protección de los derechos colectivos a la
seguridad, a un ambiente sano y al goce del espacio público.
3. El asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, autoridad que
emitió auto el 23 de septiembre de 20241 en el que requirió a la parte accionante la
subsanación de la solicitud de amparo.
4. El señor José Largo radicó memorial de subsanación, no obstante, el despacho
ponente de la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación rechazó la
tutela en auto del 7 de octubre de 20242. Esta decisión fue apelada. El magistrado
sustanciador, en providencia del 23 de octubre siguiente3, explicó que sería del caso
adecuar el recurso ejercido al de súplica, pero que se abstenía de tramitarlo en aras
de evitar dilaciones, imprimir celeridad y dar cumplimiento a la Circular 003 de 2024
de la Corte Constitucional, motivo por el que remitió el expediente a la eventual
revisión.
2.1.2. Expediente de tutela núm. 11001-03-15-000-2024-05814-00
5. El señor José Largo inició acción de tutela en contra de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con la pretensión de que se ordenara
conceder el recurso de apelación formulado contra el auto del 7 de octubre de 2024
expedido en el trámite con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00.
6. El asunto fue tramitado bajo el núm. 11001-03-15-000-2024-05814-00. La
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción en
auto del 8 de noviembre de 20244 y, en fallo del 16 de mayo de 20255 concedió el
amparo solicitado, dejó sin efectos el auto del 23 de octubre de 2024 proferido
dentro del trámite con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, y ordenó a
la autoridad accionada que emitiera una nueva decisión.
2.1.3. Actuaciones posteriores en el expediente de tutela núm. 11001-03-15-
000-2024-05060-00
7. En cumplimiento de la orden de la sentencia del 16 de mayo de 2025, la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación profirió auto el 21 de julio
de 20256 dentro del trámite constitucional con radicado núm. 11001-03-15-000-
2024-05060-00, en el que concedió el recurso de impugnación interpuesto contra el
auto del 7 de octubre de 2024.
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, índice 4, certificado 3FD3409E488125FF
6BA151262A3A8CE2 F2F5EC7ED6166C03 DF60C02BA23EAFC9.
2 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, índice 10, certificado E9446297FD20D01B
222DED3D7F547F66 38910FEDBE5B947A 44D2531120A1212A.
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, índice 16, certificado 2CC1BD711709D34B
0B8ED216CA9A8A6B 89CD8882A6E2F78B 7AD14241B7EEF9D7.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05814-00, índice 4, certificado FEB31E58586CDB19
ADE03F663B16A538 82F79C92ECDBF8FA D11AD1D71228C9B.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05814-00, índice 21, certificado 3FD740F5F49ED92F
E0E681DB4690794A 5301CBCE3C4BCA5C 620C8B581C687A29.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, índice 25, certificado C0346275C32C0F19
36E3BE6C3B35C177 566F1483AC0C5579 5A44B08D7A37E504.
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Accionante: José Largo
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
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8. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dictó auto el 26 de agosto de 20257, providencia en la que declaró
improcedente la impugnación presentada por el señor José Largo contra el auto del
7 de octubre de 2024.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. El señor José Largo solicitó al juez constitucional lo siguiente:
SE ORDENE AL TUTELADO conceder amparo de pobreza en mi tutela a fin de que
me garantice mi acceso a la administración de justicia se le ordene al tutelado que no
desconozca más lo postura de la H CC que permite apelar el auto de rechazo en
acción de tutela.
se le ordene al tutelado que más nunca consigne.... De igual forma, se le informa al
señor Jorge Largo que, si a bien lo tiene, puede acudir ante la Defensoría del Pueblo,
las defensorías regionales o las personerías municipales y distritales a fin de que
estas lo asesoren en la elaboración de la tutela o la presenten en su nombre, de
conformidad con los artículos 46 y siguientes del Decreto 2591 de 1991.
De esta forma se garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia y se
descarta cualquier posibilidad de que la parte accionante se encuentre ante una
situación de denegación de justicia8.
10. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos
fundamentales con el auto del 26 de agosto de 2025 proferido dentro del expediente
con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00, puesto que declaró
improcedente el recurso de «apelación» interpuesto contra el auto del 7 de octubre
de 2024 y desconoció el precedente de la Corte Constitucional sobre la materia.
2.3. Trámite Procesal
11. La tutela correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, emitió auto el 9 de septiembre de 20259 en el que admitió la
acción, vinculó a la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación,
decretó pruebas y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción porque la providencia objeto de reparos fue
emitida en el trámite de una tutela y no se configuró fraude o cosa juzgada
fraudulenta. Afirmó que no vulneró derechos fundamentales.
13.La Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación guardó silencio
pese a que se le notificó en debida forma el auto admisorio.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-05060-01, índice 4, certificado F108A8B1F56C6425
A25A062385F2D610 C4BF703E70244F07 E1C4F4C4D3A310F0.
8 Se transcribe incluso con errores de texto.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05429-00, índice 4, certificado EA754C17CF388D32
B25C9F7A3E09EB6D CFADC05631F87038 FD5D6DB366254765.
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2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia, el 10 de octubre de 202510, en la que amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte tutelante,
dejó sin efectos el auto del 26 de agosto de 2025 proferido dentro del expediente
con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-00 y ordenó a la Subsección A de
la Sección Segunda de esta corporación que emita una nueva decisión de
reemplazo en el término de 20 días siguientes a la notificación del fallo11.
15. El juez constitucional de primera instancia explicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, contra el auto que rechaza la demanda de
tutela procede el recurso de impugnación.
16. La parte tutelante presentó memorial en el que pidió que se adicionara la
anterior decisión en el sentido de que se ordenara a la autoridad accionada fallar el
trámite constitucional en un término de 48 horas. Al respecto, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dictó auto el 6 de noviembre de 202512 en el que resolvió negar
la solicitud del señor José Largo.
2.6. Impugnación
17. El señor José Largo radicó memorial en el que indicó lo siguiente:
JOSE LARGO, OBRANDO EN AL TUTELA DE LA REFERENCIA, PRESENTO
QUEJA O RECURSO PERTINENTE A FIN QUE SE ORDENE CUMPLIR LO
ORDENADO EN EL FALLO E TUTELA EN 48 HORAS Y NO EN 20DIAS ES DECIR
SE ORDENE CUMPLIR EL FALLO EN EL AÑO 2025 Y NO EN EL 2026 SI LA
TUTELA ES CELERE POR QUE NO SE CUMPLE TAL FIN 13.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
18. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 199114.
10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05429-00, índice 13, certificado 95A1CE879EB12D82
6A03F36F9B03A64D 1F155410EEAE6E43 FBB5DF840245B95A.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05429-00, índice 13, certificado 95A1CE879EB12D82
6A03F36F9B03A64D 1F155410EEAE6E43 FBB5DF840245B95A.
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-05429-00, índice 25, certificado B8509DA13191A78D
2143551B0E923535 7332B4F8A4786B0F 4108F33CA27124A0 .
13 Se transcribe incluso con errores de texto.
14 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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3.2. Legitimación en la causa de las partes
19. La legitimación en la causa por activa del señor José Largo se encuentra
acreditada, por cuanto fue la parte accionante dentro de la tutela con radicado núm.
11001-03-15-000-2024-05060-00 en el que fue proferido el auto del 26 de agosto
de 2025 que, según afirmó, vulneró sus derechos fundamentales.
20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda de esta corporación, por ser la autoridad que profirió la
mencionada providencia, la cual, según sostuvo la parte tutelante, vulneró sus
derechos fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar
21. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el juez de primera instancia
encontró configurado un defecto «sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional», lo cierto es que en esta oportunidad se controvierte el auto que
declaró improcedente el recurso de «apelación» interpuesto contra la decisión que
rechazó la demanda de tutela, de manera que se trata de un asunto procesal.
22. En ese orden, se analizará la discusión en torno a establecer si la autoridad
accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
23. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 15 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional16.
24.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
16 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
25. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales17 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
26. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución18.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
27. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional19
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia20.
28. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse que procedía el recurso de «apelación» en contra del auto que rechazó
la demanda de tutela, la providencia del 26 de agosto de 2025 incurrió en un defecto
procedimental absoluto, escenario en el que estaría vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso para cuyo amparo se acudió a esta acción
constitucional.
29. Respecto de los cargos de la tutela, la parte accionante no tiene otros
mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos
fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del trámite en el que
se profirió la decisión objeto de reparos.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
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30. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la providencia
reprochada de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
del 26 de agosto de 2025, y la demanda de tutela se presentó el 1 de septiembre
siguiente, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como razonable.
31. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y la irregularidad procedimental que adujo en el escrito de amparo
tiene la posibilidad de modificar el auto que rechazó la demanda. Finalmente, la
providencia reprochada no es una sentencia de tutela.
32. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal específica en los
términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
33. La Sala debe decidir si confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia
del 10 de octubre de 2025. Para ello, deberá establecer si la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en el defecto procedimental
absoluto con el auto del 26 de agosto de 2025 y, en consecuencia, si no debió
declarar improcedente la impugnación que presentó el señor José Largo contra el
auto del 7 de octubre de 2024 que rechazó la tutela dentro del expediente con
radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-01.
3.5.1. Defecto procedimental absoluto
34. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
35. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
36. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 23.
21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
23 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
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37. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»24.
38.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
39. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:
(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales25.
3.5.2. Caso concreto
40. En el asunto bajo estudio, el señor José Largo presentó acción de tutela contra
la Sección Primera del Consejo de Estado radicada bajo el núm. 2024-05060-00. El
asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación,
autoridad que, luego de requerir la subsanación del escrito de amparo, emitió auto
el 7 de octubre de 2024 en el que rechazó la demanda. Esta decisión fue apelada,
no obstante, en providencia del 23 de octubre siguiente se declaró la improcedencia
del recurso.
41. En consecuencia, el señor José Largo inició trámite de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado con la pretensión de
que se ordenara conceder el recurso de «apelación» formulado dentro del trámite
con radicado núm. 2024-05060-00.
42. El asunto correspondió a la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación bajo el radicado núm. 2024-05814-00, autoridad que, en sentencia del
16 de mayo de 2025 concedió el amparo solicitado y ordenó a la autoridad
accionada que emitiera una nueva decisión en la que tuviera en cuenta que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, contra la decisión que
rechaza la tutela procede el recurso de impugnación.
24 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05429-01
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43. Por último, una vez la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dio cumplimiento al anterior fallo dentro del trámite de tutela con radicado
núm. 2024-05060-00, el conocimiento del recurso de impugnación correspondió en
segunda instancia a la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación,
autoridad que lo declaró improcedente en auto del 26 de agosto de 2025.
44. Pues bien, de lo expuesto, la Sala destaca que en el trámite constitucional con
radicado núm. 2024-05814-00 se discutió, exactamente, la procedencia de la
impugnación interpuesta en contra del auto que rechaza una demanda de tutela y
concluyó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el recurso
sí resultaba procedente.
45.En ese orden, a pesar de que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no fue parte accionada dentro del trámite de tutela con radicado
núm. 2024-05814-00, lo cierto es que no podía declarar improcedente la
«apelación» que interpuso el señor José Largo contra el auto del 7 de octubre de
2024, pues ya el juez constitucional había determinado que esa decisión si era
susceptible de ser recurrida.
46. Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso recordar que el artículo 17 del Decreto
2591 de 1991 faculta al juez de tutela para que, si el escrito que contiene la solicitud
de amparo no es claro, ordene su corrección en el término de tres (3) días so pena
de rechazo de plano. A su turno, la Corte Constitucional en sentencia C-483 de 2008
estableció, frente al alcance del artículo citado, lo siguiente:
Ciertamente, la aplicación del rechazo excepcional de la solicitud de tutela se
encuentra sometida al control de legalidad de las decisiones judiciales, y es por ello
que, frente a una decisión en este sentido, existe la posibilidad de que ella sea
impugnada y eventualmente sometida a revisión por la Corte Constitucional, como en
efecto ha ocurrido. Oportunidades en las que será posible controlar las actuaciones
del juez de instancia con respecto a la aplicación de la medida de rechazo, con el fin
de verificar que la misma se haya aplicado de conformidad con la ley, es decir,
teniendo en cuenta que se trata de una medida excepcional y restrictiva, no
obligatoria26.
47. Esta postura fue reiterada por la alta corte en la sentencia T-313 de 2018, en la
que estudió una solicitud de amparo interpuesta contra unos autos que inadmitieron
y rechazaron una acción de tutela por falta de corrección dentro del término
otorgado.
48. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional encontró acreditados los
requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, porque la autoridad
accionada dictó providencia en la que declaró improcedente la impugnación
interpuesta contra el auto de rechazo, lo que la llevó a concluir que «[…] no existe
otro medio de defensa judicial al que pueda acudir la tutelante, quien oportunamente
interpuso el mencionado recurso»27.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2018.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05429-01
Accionante: José Largo
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado
49. Específicamente precisó, como una de las reglas de decisión que utilizaría para
resolver el problema jurídico, que «el derecho a impugnar se predica también del
auto mediante el cual se rechaza la tutela»28, aspecto que explicó en su decisión de
esta forma:
Tal como se indicó con antelación, la jurisprudencia constitucional ha considerado que
el derecho a impugnar se predica también frente a las providencias mediante las
cuales se rechaza la acción de tutela, luego no le era dado a la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ordenar el archivo del expediente,
pues debió haber otorgado el término legal para que la actora impugnara la decisión 29.
50. Así pues, para la Corte Constitucional, el juez debe permitir la garantía de la
impugnación, puesto que «[…] el derecho a impugnar los fallos de tutela se predica
“incluso si el fallo asume la modalidad de rechazo” y que, en caso de rechazarse la
acción de amparo, los jueces deben enviar el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión»30. En consecuencia, para esta Subsección procede la
impugnación frente al auto que rechaza la acción de tutela.
51. En los términos expuestos, esta Sala coincide con el juez de tutela de primera
instancia en que la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante,
pues declaró improcedente el recurso que interpuso el señor José Largo contra el
auto del 7 de octubre de 2024, pese a que dicha decisión era susceptible de ser
impugnada, con lo cual incurrió en un defecto procedimental absoluto.
52. Por otra parte, es preciso recordar que el motivo de impugnación del fallo de
primera instancia del 10 de octubre de 2025 proferido en este trámite constitucional
radicaba en que el señor José Largo pretendía que se diera cumplimiento a la
mencionada sentencia en el término de 48 horas siguientes a la notificación y no de
20 días.
53. Al respecto, revisada la plataforma Samai, se observa que la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió auto el 20 de noviembre de 2025
en el expediente de tutela con radicado núm. 2024-05060-01, en cumplimiento del
fallo del 10 de octubre de 2025, en el que resolvió revocar el auto del 7 de octubre
de 2024 que rechazó la demanda de tutela.
54. Por su parte, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
profirió auto el 10 de diciembre de 2025 en el que admitió la tutela interpuesta por
José Largo contra la Sección Primera de esta corporación, vinculó a terceros con
interés y ordenó las notificaciones de rigor, etapa procesal que se encuentra en
trámite ante la Secretaría General.
55. Así las cosas, dado que la autoridad accionada dio cumplimiento al fallo de
primera instancia del 10 de octubre de 2025 proferido por la Sección Cuarta de esta
corporación y el trámite de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05060-
28 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2018.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2018
30 Corte Constitucional. Sentencia T-313 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05429-01
Accionante: José Largo
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado
01 continuó su curso, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento por
sustracción de materia.
4. Conclusión
56.La Sala confirmará la sentencia del 10 de octubre de 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor José Largo,
puesto que la autoridad accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2025 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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