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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05106-00

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05106-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Abel José Arrieta Vega contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05106-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05106-00

Accionante: ABEL JOSÉ ARRIETA VEGA

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION
PRIMERA-SUBSECCION B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Abel José Arrieta Vega contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 23 de septiembre de 2024, Abel José Arrieta Vega, en nombre propio, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que alegó vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B, al
proferir el auto de 22 de agosto de 2024 que rechazó la demanda que interpuso en
ejercicio del medio de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos1
contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Registro Nacional de Abogados y la
Universidad Nacional.

1
Identificada con el rad. nº. 25000-23-41-000-2024-01361-00

2
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Accionante: Abel José Arrieta Vega
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En virtud del amparo solicita que se tutelen sus derechos fundamentales, se deje sin
efecto el auto que rechazó la demanda y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial
a admitir el medio de control.

2. Hechos relevantes

Abel José Arrieta Vega presentó demanda en ejercicio del medio de control de
Protección de Derechos e Intereses Colectivos contra la Nación–Rama Judicial–
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Carrera Judicial y la Universidad Nacional para la protección a los
derechos colectivos a la moralidad pública y defensa del patrimonio público, que
consideró vulnerados, pues la primera autoridad dejó sin efectos, de manera
arbitraria, las calificaciones de las pruebas de aptitudes y conocimientos realizadas
en la convocatoria N.° 27 publicados el 7 de junio de 2019 mediante la Resolución
CJR19-0680 y, el segundo, por invertir nuevos recursos públicos para realizar una
nueva prueba y expedir la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, con
«falsa motivación».

La demanda le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Primera-Subsección B que, mediante auto del 5 de agosto de 2024 la
inadmitió y ordenó corregirla en el sentido de: (i) indicar de forma clara y precisa las
acciones u omisiones en las que incurrieron o están incurriendo cada uno de los
accionados y, que están generando una presunta vulneración de los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio
público, precisando además las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales
se está causando esa vulneración o afectación y; (ii) adecuar las pretensiones al
medio de control ejercido, teniendo en cuenta que los hechos y pretensiones
invocadas se encontraban relacionadas con un acto administrativo.

El accionante presentó la subsanación, sin embargo, el 22 de agosto de 2024 la
autoridad accionada rechazó la demanda por considerar que no se habían corregido
los defectos encontrados y estaría haciendo un uso subsidiario del medio de control,
en la medida que los hechos y pretensiones buscan dejar sin efectos unos actos
administrativos, por lo que no era posible realizar ese estudio a través de una acción
popular.

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Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue
adecuado a reposición ya que contra los autos proferidos en el trámite de la acción
popular procede el de reposición, excepto el que decide medidas cautelares que
procede el de apelación. El 19 de septiembre de 2024, el Tribunal confirmó la
providencia que rechazó la demanda.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante sostiene que el Tribunal le vulneró los derechos fundamentales
invocados, al considerar que no era posible analizar la legalidad del acto mediante
el ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
pues a su juicio, para estudiar si se vulneró o no la moralidad administrativa es
necesario hacer un juicio de legalidad al acto, mas no, declarar la ilegalidad del
mismo.

En consecuencia, sostuvo que: «es indiscutible que para saber si hubo lesión a los
bienes jurídicos a la ética y honestidad, es necesario hacer un juicio de legalidad del
acto administrativo al cual se le endilga su vulneración y en el presente caso con las
pruebas aportadas es evidente que las demandadas incurrieron en deshonestidad
con los ciudadanos al plasmar un falsa motivación en dicho acto, toda vez que no
corresponde con la realidad, pues el mismo operador del concurso en el informe de
Mayo de 2020, sustento de la decisión no señaló 226 errores, sino 16 y que el numero
226 correspondía a las preguntas revisadas.»

4. Trámite procesal

El 27 de septiembre de 2024 se admitió la solicitud de tutela, se ordenó su
notificación a la autoridad judicial accionada, así como, a la Nación-Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional, como terceros interesados
en el resultado de esta acción.

En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hace un
recuento de los motivos de la inadmisión de la demanda en ejercicio medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos y señaló que la tutela es

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improcedente, porque se pretende usar como una instancia adicional del proceso.
Esgrimió que el accionante no acreditó el cumplimiento de algunos de los requisitos
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, al oponerse al amparo,
adujeron que no vulneraron los derechos fundamentales invocados y que la tutela es
improcedente porque se pretende usar como un medio para debatir lo discutido en
el trámite ordinario. Asimismo, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

El Director de Proyecto de contrato 096 de 2018 de la Universidad Nacional
considera que carece de legitimación en la causa por pasiva y no existe ningún
elemento que acredite vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

La secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
remitió el link del expediente del medio de control de Protección a los Derechos e
Intereses Colectivos.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela procede contra el auto que
rechazó el medio de control de protección de derechos e intereses que el accionante
interpuso contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura–Unidad de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a
lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

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La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Accionante: Abel José Arrieta Vega
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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

Mediante auto de 22 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
rechazó la demanda que interpuso el accionante en ejercicio del medio de control de
Protección a los Derechos e Intereses Colectivo con el fin que se protegieran los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio
público, que alegó vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional, al dejar sin efectos de forma supuestamente
arbitraria, las calificaciones de las pruebas de aptitudes y conocimientos realizadas
en la convocatoria N.° 27, publicados el 7 de junio de 2019, mediante la Resolución
CJR19-0680; así como, invertir nuevos recursos públicos para realizar una nueva
prueba y expedir la Resolución CJR20-0202 del 27 de octubre de 2020, con «falsa
motivación».

La autoridad accionada consideró que el solicitante no subsanó la demanda
conforme lo ordenado en auto del 5 de agosto de 2024. Sostuvo que a pesar de que
se le requirió para que indicara las acciones u omisiones en las que incurrieron las
entidades demandadas y que dieron lugar a la vulneración de los derechos

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invocados, el señor Arrieta Vega se remitió a los argumentos de los hechos de la
demanda, por lo que para la autoridad, no existía suficiente claridad de las acciones
u omisiones de las autoridades que estarían generando la vulneración de los
derechos colectivos cuya protección pretendía, aspecto de relevancia para que el
proceso se pudiera llevar en debida forma. Explicó que aunque en ese medio de
control no se requiere de rigurosidad al momento de verificar los requisitos formales
de la demanda, debía existir claridad y precisión respecto de los hechos y
fundamentos de la demanda.

Estimó que tampoco adecuó las pretensiones de la demanda, pues el señor Arrieta
Vega pretendía que se realizara un estudio de legalidad y constitucionalidad de la
Resolución No. CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020 a la luz de la falsa motivación,
por lo que estaría haciendo un uso supletivo del medio de control de Protección a los
Derechos e Intereses Colectivos o determinaciones que son de competencia del juez
que conozca del proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
Consideró que «el juez de la acción popular no puede adoptar determinaciones
temporales o definitivas que invadan la competencia del juez ordinario o natural de
la controversia».

Para el tribunal, la pretensión encaminada a que se ordene la inaplicación de la
referida resolución suponía realizar un juicio de legalidad respecto a ese acto
administrativo, competencia que está expresamente prohibida por el artículo 144 del
CPACA tal como se le indicó al solicitante en el auto que inadmitió la demanda. En
efecto, consideró que conforme el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado5 «el
juez de la acción popular no puede declarar la nulidad de los actos administrativos
causantes de la amenaza o violación de derechos e intereses colectivos, aún si se
treta de hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 1437».

Así las cosas, el órgano colegiado estimó que

De la jurisprudencia transcrita, para esta Sala de decisión es claro que el juez del
medio de control de protección derechos e intereses colectivos no puede declarar la
nulidad de los actos administrativos, ni mucho menos adoptar decisiones transitorias
que impliquen necesariamente realizar un juicio de legalidad sobre estos, pues de esta

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de febrero de 2018,
Expediente: 25000-23-15-000-2002-02704-01 (SU), C.P. William Hernández Gómez.

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manera estaría sustituyendo o invadiendo las competencias previstas los jueces de
otras acciones judiciales ordinarias.
(…)
Así las cosas, se logra evidenciar en el asunto que, pese a que en el auto inadmisorio
se le pidió al demandante ajustar las pretensiones al medio de control ejercido, siguió
invocando pretensiones propias de otros medios de control, pues tal como se explicó,
la pretensión encaminada a que se inaplique el acto administrativo contenido en la
Resolución No. CJR20- 0202 de 27 de octubre de 2020, para los concursantes de la
convocatoria 27 que aprobaron el examen del 2 de diciembre de 2018, implica
necesaria e indiscutiblemente realizar un juicio de legalidad respecto de dicho acto
administrativo.

De esta forma, teniendo en cuenta que la parte actora no subsanó en debida forma los
defectos anotados en el auto inadmisorio de la demanda, lo procedente en el presente
asunto era rechazar la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 20 de la Ley 472 de 1998…

En ese orden, se rechazará la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 472 de 1998, no sin antes advertir a la señor Abel José Arrieta
Vega que podrá presentarla nuevamente dando cumplimiento a los requisitos previstos
en los artículos 18 de dicha Ley y 144, inciso tercero del CPACA y, siempre y cuando
subsista la vulneración o agravio de los derechos colectivos cuya protección invoca.

La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal respecto del rechazo de la demanda dentro del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos, mismos planteamientos
que el accionante propuso en ese proceso y que ahora alega en sede de tutela.
Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas
al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

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Accionante: Abel José Arrieta Vega
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Abel José Arrieta Vega
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera-Subsección B.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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