Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05601-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05601-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05601-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de noviembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05601-00
Accionantes: William de Jesús Ortega Benavides
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05601-00
Accionante: William de Jesús Ortega Benavides
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la libre
escogencia de profesión u oficio. Subtema 1: derecho fundamental de petición.
Subtema 2: protección especial a las personas privadas de la libertad. Subtema 3:
remisión de la petición a la autoridad competente como garantía del derecho
fundamental de petición y educación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por William de Jesús Ortega Benavides en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
I. SÍNTESIS DEL CASO
William de Jesús Ortega Benavides presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de
profesión u oficio, que consideró vulnerados con la negativa de la Presidencia de la
República a la solicitud de entregarle códigos y libros de derecho para su consulta y
estudio.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:
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Accionantes: William de Jesús Ortega Benavides
Accionado: Presidencia de la República de Colombia
William de Jesús Ortega Benavides presentó petición ante la Presidencia de la
República de Colombia en la que solicitó una donación y apoyo para la entrega de
«códigos o libros de derecho de Lejis [sic]»1.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante oficio n.°
OFI24-00077036 / GFPU 13150001 del 23 de abril de 20242, le indicó al peticionario
que, conforme lo establece el artículo 355 de la Constitución Política, «[n]inguna de las
ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas de derecho privado»; y, además, destacó que dentro de
las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia no se encuentra la
destinación económica para atender la solicitud del accionante.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora, en el escrito de tutela, pidió que se le ordene a la Presidencia de la
República la entrega de lo solicitado.
Como fundamento de sus pretensiones argumentó que es preso político de las
antiguas «FARCEP» y que se encuentra próximo a obtener su libertad condicional.
Indicó que estudia por su cuenta con libros prestados para su interés general y porque
quiere estudiar derecho para su reincorporación a la vida civil. Por lo anterior, presentó
solicitud ante la Presidencia de la República de Colombia, en la que requirió el apoyo
del presidente en la donación de unos «códigos o libros de derecho de Lejis [sic]».
2.3. Trámite procesal
El despacho ponente, mediante auto del 23 de octubre de 20243, admitió la solicitud
de tutela; requirió a la accionada para que rindiera el informe correspondiente; y,
ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia4
solicitó que se declare la improcedencia de la acción, pues no tiene legitimación en la
causa por pasiva porque no es la entidad que vulneró los derechos fundamentales de
la parte accionante. Indicó las funciones del Departamento Administrativo de la
Presidencia establecidas en el artículo 4 del Decreto 2467 de 2022; y manifestó que
quienes tienen la labor en la toma de decisiones internas y operativas respecto de
personas privadas de la libertad son el INPEC y la USPEC. Por último, citó las
funciones dispuestas en el artículo 9 del Decreto 270 de 2010 y el artículo 5 del Decreto
4150 de 2011.
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05106-00, índice 2, certificado 1A4328FBC0016F3A 36BC2C09B30DFE5E
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2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05106-00, índice 11, E7FD4220EC579761 5B893572AEE2559B
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3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05009-00, índice 3, certificado E40C405E379F7632 A9F61ED970C3999A
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4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05009-00, índice 15, certificado 0C163F8CA2D85C45 728FCECE06AEA58F
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Presidencia de la República
de Colombia.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de William de Jesús Ortega Benavides se
encuentra acreditada, por cuanto fue quien radicó la petición que hoy es objeto de
estudio; lo que, a su vez, lo hace titular de los derechos fundamentales que adujo le
fueron vulnerados.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de
la República de Colombia, en la medida en que es la autoridad que, según el tutelante,
respondió de forma negativa a su petición y, por lo tanto, a quien se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de
profesión u oficio.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la
inmediatez5.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable6; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»7.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la libre
escogencia de profesión u oficio, ante la negativa de la entidad responsable.
Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que a la parte accionante le fue notificada la respuesta que profirió la Presidencia a su
petición el 24 de abril de 2024 y la acción de tutela fue presentada el 18 de octubre de
5
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
6 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
7 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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esta anualidad; y, la persona se encuentra privada de la libertad, por lo que, en
principio, se encuentra dentro de un plazo razonable8.
3.4. Problema jurídico
La Sala debe decidir si la Presidencia de la República de Colombia vulneró los
derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio de
la parte actora. En particular, al tener en cuenta los argumentos de la tutela, le
corresponde establecer si dicha autoridad tiene la facultad de proteger el derecho a la
educación de las personas privadas de la libertad y requerir a las entidades
competentes para garantizarlo.
Así mismo, de manera oficiosa y en atención a los principios de informalidad y de
prevalencia del derecho sustancial que rigen la acción de tutela, la Sala estudiará si la
Presidencia de la República vulneró el derecho fundamental de petición de la parte
actora al no remitir la solicitud de entrega de material académico a la entidad
encargada de resolver de fondo la petición.
Para el efecto, se estudiarán los siguientes supuestos: (i) protección especial a las
personas privadas de la libertad en materia de educación; (ii) obligación del presidente
de la república; (iii) funciones de la Dirección de Educación del Instituto Nacional
Carcelario y Penitenciario; (iv) generalidades de los derechos a la educación, a la libre
escogencia de profesión u oficio y de petición; y (v) análisis del caso concreto.
3.4.1 Protección especial a las personas privadas de la libertad, en materia de
educación.
El artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho de
la persona y un servicio público. Ahora, las personas privadas de la libertad tienen tres
categorías de derechos: los que puede ser suspendidos; los restringidos por la
condición del interno, con los cuales se busca la resocialización y garantizar la
disciplina, la seguridad y salubridad en las cárceles; y los intocables que son los que
protegen la dignidad del ser humano. El derecho a la educación forma parte de
aquellos restringidos. Al respecto, la Corte Constitucional9 afirmó que:
La “educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura”. Por su parte, el Código Penitenciario y Carcelario
(Ley 65 de 1993) concibe a la resocialización del condenado como el fin del tratamiento
penitenciario “mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un
espíritu humano y solidario” (énfasis añadidos). Asimismo, el artículo 94 de esta ley
dispone que la educación y el trabajo constituyen la base fundamental de la
resocialización y el artículo 97 promueve el estudio al tomarlo en cuenta como medio
para la redención del tiempo de la condena. Estas normas guardan armonía con las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre las
8 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
9 Corte Constitucional, sentencia T-009 de 2022.
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cuales señala el derecho a la educación que tienen las personas privadas de la libertad;
el deber estatal de promover de manera progresiva en los establecimientos
penitenciarios y de acuerdo con la máxima disponibilidad de recursos, la enseñanza
secundaria, técnica, profesional y superior; y que dichos centros carcelarios cuenten
con equipos y tecnología adecuadas para la educación10.
3.4.2 Obligación del presidente de la república
El artículo 188 de la Constitución Política, establece que «el Presidente de la República
simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes,
se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos».
3.4.3 Funciones de la Dirección de Educación del Instituto Nacional Carcelario y
Penitenciario
El artículo 21 del Decreto 4151 de 2011 indica que la Dirección de Educación del
INPEC tiene las siguientes funciones:
1. Planear, implementar y hacer seguimiento a la prestación del servicio educativo
dirigido a la población condenada privada de la libertad, a cargo del INPEC en el marco
del modelo educativo institucional.
2. Proponer las políticas técnico-administrativas y pedagógicas de la educación para la
rehabilitación social.
3. Implementar el modelo educativo institucional de acuerdo con lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo, PND.
4. Coordinar la implementación de la educación para el trabajo y desarrollo humano a
través de convenios institucionales que la brinden.
5. Formular, implementar y hacer seguimiento a programas culturales deportivos y
recreativos dirigidos a la población condenada privada de la libertad, a cargo del
INPEC.
6. Planear, gestionar, coordinar y evaluar estrategias que permita a la población
condenada privada de la libertad el acceso a los programas de educación básica y
superior, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos del modelo educativo
para el Sistema Penitenciario y Carcelario, a través de la metodología de educación
abierta y a distancia.
3.4.4. Generalidades de los derechos fundamentales a la educación, a la libre
escogencia de la profesión u oficio y de petición
El artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho de
las personas y un servicio público con función social, así mismo estableció que es
deber del Estado, la sociedad y la familia la realización de este y señaló que es el
Estado quien ejerce la inspección y vigilancia para garantizar una educación de calidad
y la permanencia en el sistema educativo. La Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre este derecho de la siguiente manera11:
10 Se transcribe incluso con errores de texto.
11 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2022
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66. En síntesis, la educación es una prerrogativa de carácter fundamental, su
faceta prestacional está condicionada a la disponibilidad de recursos económicos, lo
que implica que la obligación en la materia se limite según el nivel de enseñanza. Al
mismo tiempo, constituye un servicio público que impone la necesidad estatal de
fomentarla y promoverla en condiciones de igualdad. Según el principio de
progresividad, la enseñanza superior deberá ser garantizada en forma gradual y
paulatina de manera que el Estado (en todos sus niveles y competencias) deberá
adoptar los mecanismos financieros que estimulen su acceso y permanencia.
67. En consecuencia, la educación es un derecho fundamental progresivo que
tiene unos mínimos que son de garantía inmediata. Dentro de estos, la accesibilidad
implica que las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a
todas las personas. A su vez la accesibilidad financiera impone que la educación ha de
estar al alcance de todos y todas. Definido el carácter progresivo del derecho a la
educación, la Corte procederá a referirse el principio de progresividad y la prohibición
de regresividad en el sistema educativo.
Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución Política dispone que toda persona es libre
de escoger profesión u oficio, siempre y cuando cumpla con los títulos de idoneidad;
que la profesión estará sujeta a inspección y vigilancia; y que aquellos que compartan
la misma profesión pueden organizarse en colegios que deberán tener una estructura
interna y funcionamiento democrático. En lo que refiere a este derecho, la Corte
Constitucional ha establecido que12:
17. Se debe considerar que de la libertad de escoger profesión u oficio igualmente se
desprende la libertad de ejercer la profesión u el oficio elegido, pero siempre dentro de
los límites que el legislador impone en salvaguarda del interés general de la comunidad;
ello en razón a que los contenidos de este derecho no pueden comprender su ejercicio
irrestricto, ilegal o desconocedor del orden jurídico. Efectivamente del artículo 26
superior se desprende que, sobre la práctica de las profesiones, así como de las
ocupaciones, artes u oficios que impliquen riesgo social caben ciertas interferencias,
toda vez que es posible que el legislador exija tanto títulos de idoneidad y formación
académica, como la sujeción al control y a la vigilancia de las autoridades competentes.
18. Sobre el particular, en la sentencia C-385 de 2015 la Corte refirió que “existe la
protección al ejercicio de la profesión u oficio que el individuó escogió. Cabe resaltar
que esta salvaguarda se deriva de la libre elección de la actividad a desempeñar. En
esta esfera, el legislador cuenta con una competencia amplia de regulación, verbigracia
puede exigir títulos de idoneidad, al igual que vigilar el desarrollo de las profesiones
artes u oficios. ‘Para el logro de dicho propósito el Estado puede intervenir, en los
términos indicados en el artículo 26 Superior, de dos formas: ejerciendo el control y la
vigilancia sobre el ejercicio de las profesiones u oficios, y mediante la expedición de
títulos de idoneidad para las actividades que requieran formación técnica o científica;
pues las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre
ejercicio siempre que no impliquen un riesgo social”
En tal virtud, es claro que este derecho no es ilimitado, pues el legislador se encuentra
habilitado para restringirlo. Particularmente, en la sentencia T-038 de 2015 se reiteró
que “los derechos fundamentales no son absolutos sino que se ejercen en relación con
los derechos de los demás, también la libertad de escogencia de profesión u oficio –en
sus dos dimensiones- está sujeta a ciertos límites.”
12
Corte Constitucional, sentencia T-282 de 2018
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Respecto del derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución Política prevé que
toda persona tiene derecho a formular peticiones ante las autoridades, de manera
respetuosa, ya sea por razones de interés general o particular, y a obtener una
respuesta pronta por parte de estas. Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de
2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, especificó que la resolución a la solicitud
debe ser «completa y de fondo». A su vez la Corte Constitucional13, respecto del
mencionado derecho, expuso lo siguiente:
Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho
de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que
cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El
núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la
petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo.
En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte del CPACA. En particular,
el artículo 21 de esta codificación dispone que, si la autoridad a la que se dirige la
solicitud no es la competente, deberá remitirla a quien si lo es y de tal actuación
informar al peticionario. Sobre este asunto, la Corte Constitucional14 explicó lo
siguiente:
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el componente de respuesta de
la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la
contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de
su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA. El deber de
notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar
sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad
encargada.
3.5. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, William de Jesús Ortega Benavides manifestó que presentó
escrito ante la Presidencia de la República de Colombia en la que solicitó una donación
y apoyo para la entrega de «códigos o libros de derecho de Lejis [sic]» con el fin de
continuar con sus estudios desde la cárcel en que se encuentra recluido; no obstante,
mediante comunicación con radicado n.° OFI24-00077036 / GFPU 13150001 del 23
de abril de 2024, la parte accionada negó la petición con el argumento de que no era
competencia de la Presidencia suministrar lo pedido ni entregar donaciones a los
particulares; decisión que, consideró el actor, vulneró sus derechos fundamentales a
la educación y a la libre elección de profesión u oficio.
Para resolver los problemas jurídicos formulados por la Sala, es preciso tener en
cuenta que, dentro de los deberes del presidente de la República se encuentra la
guarda y protección de los derechos fundamentales de las personas, siendo la
educación uno de ellos que, como lo ha dicho la Corte, constituye un servicio público
que impone la necesidad estatal de fomentarla y promoverla en condiciones de
igualdad.
13 Conte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
14 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020.
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Además, cabe destacar que el accionante se encuentra privado de la libertad y, por lo
tanto, es un sujeto de especial protección constitucional, lo que implica que, en aras
de lograr su resocialización, se deban garantizar los derechos que tiene restringidos
por su reclusión, en especial, el de la educación, obligación que está en cabeza de la
entidad penitenciaria.
Pues bien, a pesar de que la Presidencia de la República no tiene, de manera directa,
la obligación de entregar material de estudio y capacitación para los reclusos, lo cierto
es que, para garantizar la plena satisfacción de los derechos fundamentales de las
personas, en particular, las de especial protección constitucional, tiene la facultad de
exigir a las autoridades competentes que cumplan con los deberes establecidos en la
Constitución, leyes y decretos.
En ese orden, resulta oportuno advertir que la parte accionada, en su escrito de
contestación de tutela, informó que no está dentro de sus facultades el suministro de
donaciones; sin embargo, precisó que esa competencia la tienen el INPEC y la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 4151 de 2011 que establece las funciones
de la Dirección de Educación del INPEC, se destaca aquella atinente a la
implementación, seguimiento y prestación del servicio educativo, que incluye un
modelo institucional y pedagógico, aun en la modalidad abierta y a distancia, que busca
la rehabilitación social.
Por lo anterior, al verificar el contenido del oficio n.° OFI24-00077036 / GFPU
13150001 del 23 de abril de 2024 que emitió el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Sala observa que en este no se indicó quien era la
entidad competente para suministrar el material académico para capacitación de los
reclusos, así como tampoco aportó prueba que demuestre que trasladó la petición a la
autoridad competente.
En los términos expuestos, la Sala encuentra que la entidad accionada no entregó una
respuesta completa, clara, precisa y de fondo a la petición del señor Ortega Benavides,
tal y como lo exige el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, con lo cual vulneró, no solo
el derecho de petición del actor, persona privada de la libertad, sino que también el de
educación, por cuanto la referida omisión constituyó para el interno desconocer quién
puede hacerle entrega de los libros en los que está interesado para su capacitación.
Finalmente, en lo que hace relación al derecho fundamental a la libre escogencia de
profesión u oficio, encuentra esta corporación que no se demostró o configuró en el
caso en concreto su trasgresión, por lo que se negará su protección. Ello, porque, se
trata de una persona privada de la libertad que por dicha condición tiene para estos
momentos limitado el ejercicio de cualquier profesión y oficio.
IV. CONCLUSIONES
En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales a la educación y, de
oficio, el de petición, de William de Jesús Ortega Benavides, y ordenará a la
Presidencia de la República que remita la solicitud al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario para que se pronuncie sobre la entrega de material académico al
accionante.
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V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho a la educación y, de oficio, al derecho
de petición de William de Jesús Ortega Benavides, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Presidencia de la República que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, remita la
petición del señor William de Jesús Ortega Benavides al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario para que este, a su vez, resuelva de forma clara, precisa y
de fondo la solicitud de suministro de material académico.
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de libre escogencia de
profesión u oficio invocado por William de Jesús Ortega Benavides, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
AC/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
9
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