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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05116-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05116-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por no superar el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05116-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de enero de 2025

Demandante: Leonardo Santa María Álvarez Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05116-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05116-01
Demandante: LEONARDO SANTA MARÍA ÁLVAREZ TORRES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedente,
pero por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 7 de noviembre de 2024, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En esa providencia se
declaró improcedente el mecanismo constitucional de la referencia, con
fundamento en que no satisface el requisito general de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Leonardo Santa María Álvarez Torres, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barrancabermeja. Con la solicitud de amparo pretenden la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.

2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión de las sentencias proferidas el 18 de mayo y el 12 de septiembre de
2024, por las autoridades judiciales accionadas, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 68081-33-33-002-2021-
00035-00/1.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción de tutela. SEGUNDO.
Tutelar los derechos fundamentales, a la administración de justicia, debido
proceso, derecho a la igualdad frente a la ley y la jurisprudencia derecho de la

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Demandante: Leonardo Santa María Álvarez Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05116-01
dignidad humana del señor LEONARDO SANTA ALVAREZ TORRES identificado
con la cedula de ciudadanía No 82395481.

TERCERO: Revocar la Sentencia de primera instancia del JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA, dentro de
la radicación No. 680813333002-2021-00035-00.

CUARTO: Revocar la Sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, colegiatura en la cual el recurso fue resuelto
finalmente mediante dentro del radicado del 12 de septiembre de 2024 radicado
No 680813333002-2021-00035-01.

QUINTA: En consecuencia, ordenar a los accionadas, para que en el término de
15 días contados a partir de la notificación que se la sentencia se haga, profieran
un nuevo fallo, ajustado a derecho de acuerdo a los argumentos mentados en la
acción de tutela. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El señor Álvarez Torres acumuló una trayectoria de 19 años y 27 días al
servicio de la Policía Nacional e indicó que su ingresó se rigió por el Decreto 1791
de 2000. Sin embargo, mediante la Resolución 2485 del 16 de octubre de 2020,
el director general de la Policía Nacional lo llamó a calificar servicios.

6. Inconforme con lo anterior, pues consideró que no se habían cumplido los
20 años de servicio dispuestos en el Decreto 1791 de 2000 para la viabilidad de
ser llamado a calificar servicios, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En la demanda aludió en particular que no le eran
aplicables las disposiciones del Decreto 754 de 2019, porque prevalecía la ley
anterior, aunado a que esta nueva norma que dispone como periodo mínimo de
servicio para habilitar el llamamiento a calificar servicios 15 años, no derogó ni
modificó el Decreto 1791 de 2000.

7. En sentencia del 18 de mayo de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo
de Barrancabermeja negó las pretensiones del medio de control. Refirió que el
artículo 57 del Decreto 1791 de 2000 fue derogado tácitamente por el Decreto
754 de 2000, y con ello el tiempo mínimo de servicio exigido actualmente para
poder llamar a calificar servicios a un policial del nivel ejecutivo es de 15 años.
Explicó que, si bien pareciera que la norma del 2000 se encuentra vigente, lo
cierto es que el artículo 2 de la regulación del 2019 estableció que derogaba las
normas que le fueran contrarias.

8. El accionante apeló la decisión de primer grado. Reiteró los cargos de
nulidad propuestos en la demanda, como la ausencia de motivación, e hizo
especial énfasis en que el Decreto 754 de 2019 no pudo derogar el Decreto 754
de 2000, porque el primero es legislativo, expedido por el presidente de la

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República en ejercicio de sus facultades extraordinarias, mientras que el segundo
es de carácter ordinario.

9. En providencia del 12 de septiembre de 2024 el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión de su a quo. Expuso que el llamamiento a calificar
servicios no exige una motivación especial y reiteró que el Decreto 1791 de 2000
fue derogado tácitamente en cuanto al tiempo mínimo de servicios para poder
optar por este tipo de retiro, de 20 a 15 años.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora precisó que la decisión censurada adolece de los defectos
sustantivo y de desconocimiento del precedente.

11. Sobre el primero, sostuvo que se desconoció que el Decreto 1791 de 2000
reguló el estatuto general de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
mientras que el Decreto 754 de 2019 reguló el régimen salarial, prestacional y de
asignación de retiro. Adujo que la derogatoria tácita o expresa no fue un problema
jurídico de estudio en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió.

12. Aludió que no podía desconocerse que el Decreto 1791 de 2000 fue
expedido por el presidente de la República en ejercicio de facultades
extraordinarias. Así, solamente es el mismo alto mandatario el que cuenta con la
posibilidad de revocar o modificar dicha norma.

13. En cuanto al segundo, planteó que se desconocieron los postulados de las
sentencias C-511 de 1992, C-608 de 1992 y SU-635 de 2015 de la Corte
Constitucional, y las providencias del 9 de agosto de 2016 y del 27 de mayo de
2015, proferidas por el Consejo de Estado1.

14. Finalmente, consideró que no se resolvió el fondo de la apelación y que el
tribunal se limitó a reiterar los argumentos esbozados por el juez de primer grado
y que se omitió la jerarquía normativa, teniendo en cuenta que la norma del 2000
corresponde a un decreto ley, mientras que la del 2019 es ordinario.

1.5. Trámite de primera instancia

15. Por auto del 27 de septiembre de 2024, la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja y como tercero
con interés al Ministerio de Defensa-Policía Nacional. Finalmente, comunicó a la

1 Frente a las sentencias del Consejo de Estado presuntamente desconocidas no relacionó el

radicado ni citó apartes.

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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610
del Código General del Proceso.

1.6. Informes

1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja

16. Refirió que la inconformidad del accionante recaía en la sentencia de
primera instancia. No obstante, dicha decisión se adoptó siguiendo los
lineamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado, particularmente la
proferida dentro del radicado 25000-23-25-000-2010-01134-01, que corresponde
a un caso análogo al del actor.

17. Solicitó que se declare que el mecanismo constitucional de la referencia
es improcedente, pues no le corresponde al juez de tutela evaluar la
interpretación o alcance del análisis efectuado por la autoridad judicial natural de
la causa.

1.6.2. Ministerio de Defensa-Policía Nacional

18. Expuso que el llamamiento a calificar servicios se aplica como mecanismo
de renovación de la línea jerárquica institucional que busca garantizar la dinámica
de la carrera de los uniformados, como una herramienta de relevo en pro de la
excelencia institucional.

19. Agregó que en el presente asunto no se está ante una situación de
urgencia, gravedad o inminencia que implique la intromisión del juez
constitucional, aunado a que no vislumbra la vulneración de derechos
fundamentales.

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Santander y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado fueron debidamente notificados del auto
admisorio, pero guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2024, la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo
constitucional de la referencia, bajo el argumento de que no superó el requisito
de la subsidiariedad.

21. Precisó que lo que motivó la solicitud de amparo fue la presunta ausencia
de pronunciamiento frente a los argumentos del recurso de apelación formulado
contra la sentencia de primer grado. Así las cosas, dicha omisión se enmarca
dentro de la causal de vulneración del principio de congruencia que habilita la
interposición del recurso extraordinario de revisión.

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1.8. Impugnación

22. El apoderado del accionante solicitó que se revoque la sentencia de primer
grado. Al respecto, reiteró que se desconocieron las sentencias C-511 de 1992,
C-608 de 1992 y SU-635 de 2015 de la Corte Constitucional, por haber
considerado la derogatoria tácita del artículo 57 del Decreto 1791 de 2000, a partir
del artículo 2 del Decreto 754 de 2019.

23. Aludió que, si bien la incongruencia de la sentencia se ha estudiado en
sede del recurso extraordinario de revisión, esta causal remite al artículo 133 del
Código General del Proceso, dentro de las cuales no se encuentra lo que alega
en esta oportunidad. Así las cosas, alegó que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos fundamentales cuya protección reclama.

24. Insistió en que un decreto ley, expedido bajo el uso de las facultades
extraordinarias de las que se dota en algunos casos al presidente de la
República, no puede ser derogado mediante un decreto ordinario. Aclaró que, en
todo caso, las normas no son contrarias, por ello tampoco puede considerarse
que la norma posterior elimina del ordenamiento jurídico la anterior.

25. En lo demás, reiteró los cargos expuestos en el fundamento de la
vulneración.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 7 de noviembre
de 2024 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

28. La Sala advierte que el accionante tiene legitimación en la causa por
activa para reclamar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Lo anterior, por
haber conformado el extremo accionante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictaron las sentencias cuestionadas

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por esta vía.

29. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Santander y
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja se
encuentran legitimados en la causa por pasiva, por haber dictado las sentencias
del 18 de mayo y 12 de septiembre de 2024.

2.3. Problema jurídico

30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto, en aras a establecer si procede confirmar, modificar
o revocar la sentencia de primera instancia, es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

31. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad del señor Álvarez Torres al proferir las sentencias del 18 de mayo y 12
de septiembre de 2024?

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.

2.4. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

33. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional2.

34. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

35. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

36. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

37. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

38. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

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2.4.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

39. La parte actora cuestiona a través del presente mecanismo constitucional
las sentencias del 18 de mayo y 12 de septiembre de 2024, por presuntamente
considerar que incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente. Funda los cargos en que se considerara derogado tácitamente el
artículo 57 del Decreto 1791 de 2000 a partir del Decreto 754 de 2019, dado que
el primero de estos exigía 20 años de servicios para efectos de optar por el retiro
del servicio bajo facultad discrecional, mientras que el segundo 15 años.
Finalmente alude que no fueron resueltos los cargos de la apelación.

40. Se pone de presente que los cargos relacionados en el escrito de tutela
coinciden con los reparos del recurso de apelación contra la sentencia ordinaria
de primera instancia de nulidad y restablecimiento del derecho. Adicionalmente,
como se puso de presente en el acápite de los fundamentos fácticos, en la
sentencia del 12 de septiembre de 2024, la cual puso fin al proceso ordinario, se
explicó que el acto de llamamiento a calificar servicios no exige motivación y que
el único requisito es el cumplimiento mínimo del tiempo a prestar el servicio, que
actualmente es de 15 años.

41. Así las cosas, se extrae que lo perseguido por el accionante se
circunscribe a una inconformidad con que no se haya declarado la nulidad del
acto administrativo que lo llamó a calificar servicios cuando contaba con 19 años
y 27 días de prestación del servicio a la Policía Nacional. En su sentir, se le debió
aplicar la ley anterior que exigía 20 años de servicio.

42. Sin embargo, en las sentencias dictadas en las dos instancias del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se explicaron detalladamente las
razones por las que al actor lo cobija la norma del 2019 y no la del 2000. Así, lo
que persigue con la promoción de la tutela es reabrir etapas ordinarias
previamente concluidas a partir de una inconformidad sin enfoque de derechos
fundamentales.

43. Cabe destacar que, si el actor difiere frente a lo indicado por el tribunal en
la sentencia, debía cumplir con la carga argumentativa y con enfoque de
derechos fundamentales que explicara por qué la sentencia vulneró sus derechos
fundamentales sin que recayera en volver sobre lo analizado en el proceso
ordinario.

44. En ese sentido, lo que plantea el accionante recae en una inconformidad
con la decisión cuestionada por no haberse accedido a sus pretensiones, sin que
sea posible determinar en qué consiste la presunta vulneración de las garantías
constitucionales cuya protección solicita por esta vía.

45. Así las cosas, del estudio del requisito en cuestión, la Sala concluye que
en el asunto no se supera el criterio de la relevancia constitucional, y que
corresponde revocar el fallo de tutela de primera instancia que negó el amparo

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propuesto.

46. De la revisión de la providencia atacada, se advierte que los argumentos
expuestos recaen en inconformidades de la parte actora con el fin de que se
reabra el estudio probatorio zanjado y se determine que el acto administrativo de
llamamiento a calificar servicios deviene en ilegal.

47. Por otro lado, pese a que manifestó que fue desconocidas las sentencias
C-511- de 1992, C-608 de 1992 y SU – 635 de 2015, lo cierto es que no precisó
ni demostró que el caso referido y el suyo sean idénticos o similares, y por lo
tanto, deba ser fallado su proceso en el mismo sentido. Por lo tanto, este cargo
no cuenta con la carga argumentativa suficiente para ser estudiado de fondo.

48. En otras palabras, contrario a la proposición de cargos constitucionales
contra la providencia objeto de reproche, se evidencia que la parte actora no está
conforme con que se hayan negado sus pretensiones.

49. En vista de lo esbozado, corresponde confirmar la sentencia del 7 de
noviembre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, pero por no superar el requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2024, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por no superar el requisito
de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10
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