RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05123-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05123-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05123-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA de Jorge Orjuela García, por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin6. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05123-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 14 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05123-00
Demandante: Jorge Orjuela García
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Legitimación activa en la
causa

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia, por
medio de las cuales se negaron las pretensiones de una demanda de reparación directa.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Jorge Orjuela
García contra el Tribunal Administrativo de Tolima y el Juzgado 1
Administrativo de Ibagué.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 23 de septiembre de 2024, Jorge Orjuela García, quien manifestó
actuar como apoderado judicial de Belmer Alfonso Páez Forero, Andrés
Guillermo Páez Forero, Rafael Alberto Páez Forero y Luis Alejandro Prieto
Suárez, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 1 Administrativo de
Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de las Sentencias de 18 de abril de 2023 y 15 de
marzo 2024, proferidas por las autoridades judiciales accionadas,
respectivamente, dentro del proceso de reparación directa No. 73001-33-
33-001-2021-00244-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05123-00
Demandante: Jorge Orjuela García
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados a los
suscritos accionantes, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia de
primera instancia proferida el Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Ibagué
el 18 de abril de 2.023 y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 15 de marzo de 2.024, en el proceso de REPARACION DIRECTA (ACTIO
IN REM VERSO), de BELMER ALFONSO PAEZ FORERO, ANDRES GUILLERMO PAEZ
FORERO, RAFAEL ALBERTO PAEZ FORERO y LUIS ALEJANDRO PRIETO SUAREZ,
contra el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, radicado No. 73001-3333-001-2021-
00244-00, así como también las actuaciones posteriores a la sentencia, tales
como: auto de obedézcase y cúmplase del 19 de abril de 2.024 proferido por el
Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar que el Tribunal Administrativo del Tolima vuelva a proferir sentencia
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia,
con el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera
consagrados.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 23 de noviembre de 2021, Belmer Alfonso Páez Forero, Andrés
Guillermo Páez Forero, Rafael Alberto Páez Forero y Luis Alejandro Prieto
Suárez presentaron, por medio de su apoderado, Jorge Orjuela García,
demanda de reparación directa (Rad. 73001-33-33-001-2021-00244-00)
contra el departamento de Tolima, con el fin de que se les pagaran las
sumas adeudadas por concepto de la ocupación del bien inmueble
ubicado en la calle 10 No. 7-51 del barrio Belén, en Ibagué, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 350-222507, donde se encontraba ubicada la
Oficina de Rentas, Pensión y Educación de la Gobernación de Tolima.

5. 2) El Juzgado 1 Administrativo de Ibagué, mediante Sentencia de 18
de abril de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras indicar que no
fue posible acreditar que el daño, traducido en la ocupación por parte de
del departamento de Tolima, surgió por una conducta unilateral, arbitraria
y con la cual se desconocieran los derechos subjetivos de los titulares de los
predios ocupados, pues la entidad territorial contaba con un título jurídico
válido para ocupar el inmueble en cuestión, por lo que no desconoció de
ninguna manera la posesión o la tenencia del mismo.

6. Además, no se probó que alguno de los demandantes hubiera
solicitado la restitución del inmueble con el fin de prorrogar el arrendamiento
o suscribir nuevos contratos de este tipo con el departamento, de modo que
las partes contratantes, antes del vencimiento del contrato de
arrendamiento, pudieron prever la suscripción de un nuevo contrato o la
suscripción de un contrato adicional si lo que se buscaba era continuar con
la tenencia del inmueble. Por tal razón, concluyó que no hubo un
enriquecimiento sin justa causa por parte del departamento, así como
tampoco un empobrecimiento correlativo de los demandantes.

2 de 6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05123-00
Demandante: Jorge Orjuela García
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

7. 3) Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación en el que argumentó que, si bien en el expediente
figuraban paz y salvos suscritos por el arrendador y el arrendatario, los
mismos hacían referencia a la inexistencia de acreencias respecto de cada
contrato de arrendamiento, sin embargo, no decían nada sobre
encontrarse o no a paz y salvo por los periodos donde no hubo contrato,
desde el 16 de diciembre de 2018 hasta el 26 de febrero de 2.019 (72 días),
desde el 18 de abril de 2.019 hasta el 25 de junio de 2019 (69 días) y desde
el 26 de octubre de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2.019 (53 días).

8. Manifestó que el juez de primer grado había desconocido que Luis
Alejandro Prieto Suárez radicó ante la Gobernación de Tolima un memorial,
el 16 de mayo de 2019, por medio del cual puso en conocimiento la
ocupación indebida del departamento al dar uso al bien inmueble sin
mediar contrato y sin pagar un canon de arrendamiento por dicha
ocupación, así como también solicitó la suscripción de un nuevo contrato o
la entrega real y material del bien inmueble, lo cual no fue objetado ni
reparado por la entidad demandada.

9. 4) El Tribunal Administrativo de Tolima, a través de Sentencia de 15 de
marzo de 2024, estableció que no se configuró ninguna de las situaciones
excepcionales establecidas en la Sentencia de Unificación de 19 de
noviembre de 2012, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso No. 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24.897), sobre la
configuración del enriquecimiento sin causa, ni operó la prórroga o
renovación tácita del contrato de arrendamiento, por la sola permanencia
del ente territorial en el inmueble, por lo cual forzosamente debía confirmar
la sentencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de
la demanda.

10. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
fáctico porque adoptaron sus decisiones sin contar con las pruebas
suficientes para inferir que la parte demandante permitió la ocupación del
inmueble, sin que mediara un vínculo contractual y sin recibir una
contraprestación económica.

11. Igualmente, afirmó que los fallos tutelados vulneraban directamente
la Constitución y, en particular, sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, puesto que desconocieron
el precedente jurisprudencial y las pruebas aportadas dentro del proceso,
que evidenciaban la ocupación del bien inmueble sin mediar un vínculo
contractual y sin brindar contraprestación económica alguna por dicha
ocupación.

3 de 6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05123-00
Demandante: Jorge Orjuela García
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

12. Por último, indicó que las autoridades judiciales accionadas habían
desconocido el precedente establecido en las Sentencias C-836 de 2001 y
C-53 de 2015 de la Corte Constitucional, que versan sobre la importancia de
atender los criterios contenidos en las sentencias de unificación de las altas
cortes.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

13. El Tribunal Administrativo de Tolima presentó informe en el que señaló
haber adoptado su decisión con base en el material probatorio obrante en
el proceso ordinario y en atención a la normatividad aplicable. Añadió que
no era posible cuestionar por medio de la acción de tutela una providencia
que se expidió con base en el ordenamiento jurídico, por lo que no se
evidenciaba un verdadero quebrantamiento de los derechos
fundamentales de la parte actora.

14. El Juzgado 1 Administrativo de Ibagué y el departamento de Tolima,
a pesar de haber sido notificados en debida forma3, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

15. En el presente caso, la Sala declarará la falta de legitimación activa
en la causa de Jorge Orjuela García, con fundamento en las siguientes
consideraciones.

16. El artículo 86 de la Constitución Política, así como el artículo 1 del
Decreto 2591 de 1991, establecen que toda persona puede acudir a la
acción de tutela (se trascribe) “para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.

2 Mediante Auto de 26 de septiembre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Tolima y al Juzgado 1 Administrativo de
Ibagué, (3) vincular al departamento de Tolima, como tercero con interés en el asunto, y (4) requerir, por el medio
más expedito posible, a Belmer Alfonso Páez Forero, Andrés Guillermo Páez Forero, Rafael Alberto Páez Forero, Luis
Alejandro Prieto Suárez y al abogado Jorge Orjuela García para que, en el término de 1 día, contado a partir del
conocimiento de esta decisión, allegaran el poder especial respectivo, a la siguiente cuenta de correo electrónico
del Consejo de Estado «secgeneral@consejodeestado.gov.co»
3 Índice 7 del aplicativo SAMAI.

4 de 6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05123-00
Demandante: Jorge Orjuela García
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

17. En el mismo sentido, el artículo 104 del aludido decreto dispone que,
pese a que la acción de tutela puede ser presentada por cualquier persona,
para que sea procedente se requiere una vulneración o amenaza de sus
derechos. En los términos de la Corte Constitucional (se trascribe) “la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados”5.

18. Asimismo, se destaca que la Corte Constitucional, en atención a la
naturaleza propia de esta acción constitucional y sin desconocer su
carácter informal, ha precisado que el ejercicio de esta acción está
sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad,
entre los que se encuentra la legitimación.

19. En el caso concreto, la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
surgió con ocasión de las Sentencias de 15 de marzo 2024 y 18 de abril de
2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Tolima y el Juzgado 1
Administrativo de Ibagué, respectivamente, dentro del proceso de
reparación directa No. 73001-33- 33-001-2021-00244-00/01. Ahora bien, por
lo relatado en el escrito de tutela, se tiene que el accionante no fue quien
promovió el proceso ordinario en mención, sino que, en este, actuó como
apoderado de la parte demandante, es decir, de Belmer Alfonso Páez
Forero, Andrés Guillermo Páez Forero, Rafael Alberto Páez Forero y Luis
Alejandro Prieto Suárez.

20. En este orden de ideas, si se llegó a causar alguna vulneración con las
providencias enjuiciadas, quienes se habrían visto afectados y, por ende,
legitimados para atacar estas providencias, bien sea mediante los recursos
ordinarios correspondientes o, eventualmente, a través de la acción de
tutela, eran las partes del proceso, no sus apoderados actuando en nombre
propio.

21. Al respecto, la Sala advierte que, a pesar de que, mediante Auto de
26 de septiembre de 2024, el despacho ponente requirió a Belmer Alfonso
Páez Forero, Andrés Guillermo Páez Forero, Rafael Alberto Páez Forero, Luis
Alejandro Prieto Suárez y al abogado Jorge Orjuela García para que
allegaran el poder especial respectivo, no lo hicieron.

22. Así las cosas, se colige que Jorge Orjuela García solicitó, en nombre
propio, el amparo de unos derechos fundamentales de los cuales no es

4 (Se trascribe) “Artículo 10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,

por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.
5 Sentencia T-552 de 2006

5 de 6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05123-00
Demandante: Jorge Orjuela García
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

titular y, por tanto, existe mérito suficiente para declarar la falta del
comentado requisito adjetivo de procedibilidad. Adicionalmente, es preciso
indicar que no logró demostrarse circunstancia alguna que pudiera dar por
configurada la agencia oficiosa en el presente caso.

2.2. Conclusión

23. En el presente caso, la Sala declarará la falta de legitimación activa
en la causa de Jorge Orjuela García, ya que no es el titular de los derechos
fundamentales cuya protección se pretendió.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA de
Jorge Orjuela García, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin6.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

6 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

6 de 6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.