Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05897-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05897-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05897-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
4 de diciembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: HÉCTOR JOAQUÍN ORTIZ MEDINA
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR PARTE DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN REDES SOCIALES.
Síntesis del caso: el actor consideró que el presidente de la República vulneró sus derechos
fundamentales con la publicación de un mensaje en la red social X en el que expresó su apoyo
al proyecto de reforma constitucional sobre el Sistema General de Participaciones, sin incluir
medidas concretas que garantizaran la continuidad de las políticas de justicia transicional y la
protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado. La Sala concluyó que el actor
carece de legitimación por activa para agenciar derechos de terceros y que, además, no probó
una afectación concreta, actual e inminente de los derechos fundamentales invocados.
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por el señor Héctor Joaquín
Ortiz Medina en contra del presidente de la República para la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y trabajo consagrados en los artículos
25 y 29 de la Carta Política y los derechos fundamentales de la paz y reparación integral2.
1
Mediante escrito radicado en esta corporación el 31 de octubre de 2024, complementado el 7 de
noviembre del presente año.
2
Sobre la paz y la reparación integral como derechos fundamentales se sugiere ver, entre otras, las
sentencias C-048 de 2001 y C-753 de 2013 proferidas por la Corte Constitucional.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda y fundamentos de la vulneración
El señor Héctor Joaquín Ortiz Mendoza presentó la acción de tutela con una redacción
confusa, farragosa y anfibológica que complicó la interpretación y el análisis de los
hechos y pretensiones.
Por tal razón y en orden a ofrecer un relato coherente y secuencial que permita
comprender mejor los antecedentes y fundamentos de la presunta vulneración, la Sala
expondrá los hechos que se extraen de las pruebas y memoriales aportados por las
partes, en los siguientes términos:
1) Entre los años 2019 y 2020, el señor Héctor Joaquín Ortiz Mendoza estuvo vinculado
con el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá mediante un contrato estatal, cuyas funciones
incluyeron la elaboración de informes y la coordinación para la ejecución de sentencias
judiciales relacionadas con la reparación integral de las víctimas, labor que implicaba
gestionar recursos y garantizar su adecuada distribución para cumplir con los
compromisos adquiridos en el marco de la justicia transicional.
2) El 28 de octubre de 2024, el presidente de la República realizó una publicación en la
red social X3 -antes Twitter- en la que manifestó su decisión de apoyar el proyecto de
reforma al Sistema General de Participaciones4 que actualmente se discute en el Senado
de la República, mensaje que es del siguiente tenor:
“He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que
adelanta el congreso al sistema general de participaciones, es decir el dinero
4
Proyecto de Acto Legislativo número 018 de 2024 Senado - 437 de 2024 Cámara: “por el cual se fortalece
la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la
constitución política y se dictan otras disposiciones”.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
de la nación que va a los municipios bajo las siguientes condiciones; 1. el
aumento del 26 al 46% de los ingresos corrientes de la nación que se trasladan
debe ser gradual. 2. debe supeditarse a una ley de competencias para los
municipios, es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la nación
con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal. 3. la fórmula de
reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y
por tanto debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz. 4.
el aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud
primaria para los municipios, en educación debe contemplar la educación de
tres años de preescolar, la jornada única, los dos años de educación superior
gratuita en los colegios de media. 5. ante el incremento sustancial del poder del
municipio que el acto legislativo produce, se necesita una ciudadanía más
unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta
en un salto a profundidad, de la democracia local. el dinero no es para las
mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía.”.
3) Esa publicación es violatoria de los derechos de las víctimas del conflicto armado en
Colombia, ignora las responsabilidades de las entidades territoriales para el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con el proceso de justicia transicional en el marco del
Acuerdo de Paz y afecta la implementación de medidas de reparación para las víctimas
del conflicto armado.
4) El mensaje no garantiza que los recursos transferidos a los municipios sean utilizados
para cumplir con las medidas de reparación integral, particularmente aquellas derivadas
de condenas judiciales que reconocen indemnizaciones administrativas en favor de
víctimas de grupos paramilitares, lo cual afecta la coherencia de las políticas de justicia
transicional y dificulta el acceso de las víctimas a mecanismos efectivos de reparación.
5) Adicionalmente, -aunque no explicó a ciencia cierta las razones- describió su actual
situación como una “amenaza condicionada por hechos” en atención a que, durante su
vínculo laboral con el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, gestionó compromisos
relacionados con la reparación de las víctimas, los cuales pueden derivar en represalias
en su contra por la falta de cumplimiento del Estado.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a la siguiente
súplica:
“Tutelar siguientes derecho[s] mediante la presente acción de tutela el debido
proceso, el derecho a la paz y el derecho a la reparación.”. (archivo disponible
en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
3. Actuación procesal
Por auto de 5 de noviembre de 2024 se inadmitió la acción de tutela, debido a las
deficiencias formales y sustanciales advertidas en el escrito de demanda, en particular
porque no se precisaron las acciones u omisiones específicas que podrían constituir
vulneraciones de los derechos fundamentales invocados ni la orden concreta que se
busca mediante el amparo constitucional, motivo por el cual se otorgó al actor un término
de tres días para que identificara las pretensiones, el objeto de la demanda y precisara
los fundamentos de la vulneración.
El 7 de noviembre de 2024, el señor Ortiz Medina presentó un memorial con el cual
manifestó haber cumplido con el requerimiento5 y mediante auto de 18 de noviembre se
precisó que persistían ciertas falencias advertidas en el auto que inadmitió la demanda,
sin embargo, en aplicación de los principios pro homine y pro actione que rigen este
mecanismo constitucional, previa advertencia de que en la sentencia se tomarían las
decisiones pertinentes, se admitió la demanda y se ordenó notificar al presidente de la
República como autoridad demandada y vincular al director de la UARIV y los presidentes
del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de la República, con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5
Respecto de las pretensiones de la acción de tutela el demandante afirmó que “son las mismas de la
tutela que se respeten tutelar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, y tutelar
mis derechos fundamentales que son adiciones en el presente texto.”.
5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
4. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas
La apoderada del presidente de la República solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela con fundamento en que la reforma al Sistema General de
Participaciones es una iniciativa del Congreso de la República.
Dichas prerrogativas son ejercidas por el órgano legislativo sin injerencia de los otros
poderes, en cumplimiento de las competencias exclusivas que le otorgan los artículos
374 y 375 de la Constitución Política.
La publicación realizada en la red social X que cuestiona el actor no constituye un acto
administrativo ni una acción que tenga efectos vinculantes dentro de ese trámite
legislativo, por cuanto el Congreso de la República es autónomo en el cumplimiento de
sus competencias y no depende del ejecutivo.
En ese contexto, el presidente de la República no puede ser considerado responsable de
una supuesta afectación de derechos fundamentales que derive del trámite de la reforma,
porque no tiene facultades para intervenir en este proceso más allá de expresar su
opinión o política en apoyo a determinadas reformas.
El presidente, en su condición de jefe de Estado, puede emitir opiniones sobre políticas
públicas y proyectos legislativos sin que ello constituya una acción con efectos jurídicos
concretos; en consecuencia, la publicación cuestionada se enmarca dentro de este rol
político y comunicativo, pero no puede interpretarse como una medida que vulnere o
amenace derechos fundamentales.
Los argumentos de la demanda parecen estar dirigidos a la protección de derechos
colectivos cuya titularidad recae en las víctimas del conflicto armado y, en consecuencia,
la acción de tutela tampoco es el mecanismo adecuado para defender tales derechos,
puesto que para ello existen otras herramientas judiciales, como las acciones populares.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
El secretario general del Senado de la República afirmó que la acción de tutela
presentada por el señor Héctor Ortiz Medina es improcedente porque no es el mecanismo
idóneo para cuestionar un procedimiento legislativo en curso, el cual se encuentra
regulado por procedimientos específicos que garantizan la deliberación democrática y la
participación de los legisladores.
El proyecto de reforma constitucional es de naturaleza general y abstracta cuyo propósito
principal es reconfigurar la distribución de recursos entre la Nación y los municipios, pero
no regula situaciones particulares ni genera efectos inmediatos sobre los derechos de
individuos específicos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
presidente de la República con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, trabajo, paz y reparación integral presuntamente
vulnerados por la publicación realizada por el presidente de la República en la que
anunció su apoyo al proyecto de reforma constitucional al Sistema General de
Participaciones porque, según el actor, desconoce las obligaciones del Estado en materia
de justicia transicional y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, así como
su impacto en el ejercicio del derecho al trabajo y en la concreción de la paz como
derecho y deber constitucional
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala declarará la falta de
legitimación por activa del señor Héctor Ortiz para agenciar derechos de los cuales no es
titular, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 El derecho fundamental a la libre expresión y su aplicación a los funcionarios
públicos.
1) El derecho a la libre expresión está consagrado en el artículo 20 de la Constitución
Política de Colombia6 y es reconocido como un derecho humano fundamental en
6
“Artículo 20. se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
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Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
múltiples instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos
Humanos7 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8.
2) Esta garantía incluye la facultad de expresar y difundir ideas, opiniones y
pensamientos, así como de recibir información de forma libre, sin censura ni restricciones
indebidas, por lo cual constituye un pilar esencial para el funcionamiento de una
democracia pues, fomenta el pluralismo, la participación ciudadana y la deliberación
pública.
3) En Colombia, la libertad de expresión goza de amplia protección constitucional, sin
embargo, no es absoluta pues está sujeta a las limitaciones previstas en la ley, destinadas
a proteger derechos fundamentales de terceros o principios como el orden público, la
moralidad y la seguridad nacional.
4) En el caso de los servidores públicos también se ha reconocido que estos conservan
su derecho fundamental a la libre expresión, sin embargo, su ejercicio está sujeto a
mayores responsabilidades y limitaciones en comparación con los ciudadanos
particulares, en tanto sus actuaciones como representantes del Estado deben ajustarse
con los principios de imparcialidad, neutralidad y responsabilidad que exige su cargo, lo
cual, a su vez, se justifica por la investidura de sus cargos, cuyas expresiones pueden
tener un impacto significativo en la percepción pública y en los derechos de terceros.
5) En ese sentido, tratándose de los funcionarios públicos -en general- y del presidente
de la República -en particular- el ejercicio de la libertad de expresión está sujeto a un
escrutinio mucho más estricto debido a la influencia que sus declaraciones tienen en la
estos son libres y tienen responsabilidad social. se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones
de equidad. no habrá censura.”.
7
Artículo 19.
8
Artículo 13.
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Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
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opinión pública y en la percepción de los derechos de los ciudadanos.
6) Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-155
de 20199,-recogida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL5798 de 19 de
agosto de 202010- ha establecido criterios claros para delimitar el alcance de este derecho
cuando se ejerce en el contexto de las funciones oficiales y fijó algunos parámetros
constitucionales para establecer el grado de protección que debe recibir el derecho
fundamental de la libertad de expresión en el contexto de declaraciones realizadas en
redes sociales, así:
“6.1. Quién comunica: debe tenerse en cuenta quién es la persona que
emite la opinión y si esta es la autora del mensaje que se comunica. Deben
valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. En concreto, debe
apreciarse, entre otras situaciones, si quien se expresa es un funcionario
público.
6.1.1. Particular o funcionario público: la jurisprudencia constitucional e
interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de
expresión, cuando es ejercido por funcionarios públicos en ejercicio de
sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo
ejerce un ciudadano del común.
(...).
En suma, dado que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por
parte de funcionarios públicos tiene un impacto mucho mayor en el
imaginario colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que las
personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos
cargos, se justifica que tengan una diligencia mayor a la que debería tener
un particular al momento de expresar sus opiniones.
(...).
6.2. De qué o de quién se comunica: el mensaje que se comunica puede ser
preciso y detallado o general y ambiguo, dependiendo, entre otros factores, de
la forma en que este se transmite, (...) En todo caso, el juez debe interpretar
y valorar no sólo el contenido del mensaje para determinar si la opinión
9
Corte Constitucional, sentencia T-155 de 4 de abril de 2019.
10
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 19 de agosto de 2020, referencia
STL5798-2020.
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Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
que se emite respeta los límites constitucionales del derecho a la libertad
de expresión, sino también, de ser el caso, la forma en que se obtuvo la
información que se publica.
6.2.1. Es preciso determinar si el discurso es uno de aquellos sobre los cuales
se ha desvirtuado la presunción de cobertura constitucional de la libertad de
expresión, a saber: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del
odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a
la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de
personas por cualquier motivo; (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación
directa y pública a cometer genocidio.
6.2.2. Así mismo, el juez deberá analizar, en el contexto de cada caso, si las
opiniones que se profieren en uso de la libertad de expresión resultan
irrazonablemente desproporcionadas o tienen una intención dañina o se
evidencia una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o
inexactos
(...).
6.2.3. También resulta esencial que el juez identifique si se trata de un
discurso especialmente protegido. (...) si bien en principio todo tipo de
discursos o expresiones están protegidas por la libertad de expresión, existen
algunos que reciben una protección acentuada:
(i) El discurso político y sobre asuntos de interés público (...)
6.3. A quién se comunica: en la ponderación que realice el juez para
solucionar el conflicto entre los derechos a la libertad de expresión y los
derechos de terceras personas, es importante fijar quién es el receptor del
mensaje, para lo cual debe tenerse en cuenta tanto sus cualidades y
características como su cantidad o número.
6.3.1. Sobre lo primero (sus cualidades) debe considerarse si el mensaje
fue comunicado a una audiencia indeterminada o si se pretende transmitir a
un público particular, lo que puede implicar considerar algunas limitaciones a la
libertad de expresión. (...)”. (negrillas de la Sala)
7) A su vez, esta Corporación también se ha referido al tema en diversas oportunidades,
con el fin de establecer los límites que deben respetarse en el ejercicio del derecho
legítimo de emitir opiniones, pensamientos o juicios de valor en contextos como
publicaciones en redes sociales.
8) En ese norte, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió una acción de tutela
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
presentada por el exministro Alejandro Gaviria con fundamento en declaraciones emitidas
por el presidente de la República en redes sociales que, según el actor, afectaban su
buen nombre y honra.
9) En aquella ocasión se concluyó que dichas declaraciones formaban parte del ejercicio
legítimo del derecho a la libertad de expresión en el marco de un debate de interés público
sobre políticas de salud, razonamientos que, a la postre, fueron ratificados por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de segunda
instancia con los siguientes planteamientos:
“Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación en ejercicio del “poder-deber” que tiene el presidente de la
República de mantener un contacto permanente con los ciudadanos, a
través de sus discursos o intervenciones públicas, es posible distinguir
dos escenarios: (i) las manifestaciones que pretenden trasmitir
información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y
(ii) las declaraciones en las que, más allá de la transmisión objetiva de
información, se indican cuestiones acerca de la política oficial, defienden
su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca de
algún asunto, casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones
subjetivas formuladas a partir de criterios personales. En el primero de los
escenarios, en el que el presidente de la República tiene la intención de
presentar una información como autentica, son exigibles las cargas de
veracidad e imparcialidad, conforme al artículo 20 Superior, para así evitar
cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública. En el
segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino de
exponer una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado
asunto; por lo que no es exigible “la estricta objetividad”. Sin embargo, en
este último evento, las opiniones deben ser formuladas a partir de un
mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad; lo que,
en criterio de la Corte Constitucional, conduce a la “verificación del sustento de
las mismas para evaluar si resultan totalmente infundadas o si, por el contrario,
ofrecen un sustento razonable que las haga dignas de la protección a la libre
expresión establecida en la Constitución.” 11. (negrillas de la Sala)
10) Así entonces, esta Corporación abordó la tensión entre el derecho a la libertad de
expresión y el derecho a la honra en el ámbito del debate democrático, enfatizó la
11
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de
27 de septiembre de 2024, radicación no. 11001-03-15-000-2024-02507-01, MP María Adriana Marín.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
importancia de diferenciar entre opiniones personales y declaraciones oficiales y señaló
que el presidente de la República, en su rol de ciudadano y actor político, tiene derecho
a participar en el debate público, especialmente en temas de interés general.
11) Asimismo, recientemente, esta misma Sala de Decisión profirió sentencia en un
proceso de acción de tutela presentado por el señor Germán Vargas Lleras en contra del
presidente de la República de Colombia, debido a una publicación en la misma red social
X, las cuales consideró que afectaban sus derechos fundamentales al buen nombre y a
la honra12.
12) En esa oportunidad, la Sala distinguió entre las opiniones personales del presidente,
entendidas como aquellas emitidas en su calidad de ciudadano, las cuales gozan de un
margen más amplio de protección bajo la égida del derecho a la libertad de expresión y
las declaraciones oficiales, siendo estas últimas las que se realizan en su condición de
jefe de Estado, motivo por el cual están sujetas a mayores exigencias de neutralidad,
veracidad y respaldo probatorio, debido a la posición institucional con que se emiten.
13) La Subsección enfatizó que, aunque las opiniones emitidas por funcionarios públicos
no requieren el mismo nivel de prueba que las decisiones judiciales o administrativas, lo
cierto es que sí deben cumplir con un estándar mínimo de razonabilidad y suficiencia -
estándar que garantiza que no se basen en hechos completamente infundados o falsos-
y consideró que las afirmaciones del primer mandatario se apoyaban en información
pública que proporcionaba un respaldo mínimo que las justificaba, por lo cual se
enmarcaban dentro del marco del discurso y el debate público sobre la gestión de
recursos, lo que, a su vez, les otorgaba una protección reforzada bajo el paraguas de la
garantía constitucional a expresarse libremente.
12
Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2024, radicación
no. 11001-03-15-000-2024-05736-00 (AC), MP Martín Bermúdez Muñoz.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
14) En el plano del derecho comparado, quizás el antecedente más relevante lo
constituye la sentencia del caso Knight First Amendment Institute v. Donald Trump13,
resuelto por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos,
quien abordó una cuestión similar a la discutida en el asunto de la referencia, esto es, la
interacción entre la libertad de expresión y las redes sociales cuando son utilizadas por
funcionarios públicos, en particular por el presidente de una Nación.
15) A partir de esa sentencia, diversos autores han abordado la tensión entre los referidos
derechos, en particular con el fin de diferenciar y establecer criterios para determinar
cuándo las redes sociales de un funcionario público se convierten en un “foro público” y
qué implicaciones tienen las declaraciones realizadas en este contexto, para concluir que
un “forum public” o foro público es cualquier espacio, físico o virtual, abierto
deliberadamente por el gobierno o sus representantes para la interacción, debate o
participación de los ciudadanos en asuntos públicos y donde no cabe ninguna limitación
a esta libertad que tenga como razón de ser el contenido ideológico de las opiniones: lo
que en derecho norteamericano se conoce como “view point discrimination”14.
En dicho contexto, si bien las redes sociales no constituyen por antonomasia un foro
público, cuando son utilizadas por un funcionario para interactuar sobre temas
gubernamentales sí deben considerarse como tal, si permiten la participación abierta de
13
En este caso, un grupo de ciudadanos y organizaciones presentó una demanda en contra del entonces
presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, alegando que su decisión de bloquear
usuarios en su cuenta de la red social Twitter (hoy X) @realDonaldTrump constituía una violación de la
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Los
demandantes argumentaron que, al bloquearlos, el presidente les había impedido participar en un foro
público digital donde se debatían asuntos de interés nacional. En su decisión, el tribunal determinó que la
cuenta de Twitter del entonces presidente Trump, aunque de carácter personal, había sido utilizada de
manera consistente para comunicar políticas oficiales y asuntos de gobierno, motivo por el cual en ese
contexto se transformaba en un foro público digital, sujeto a los principios de neutralidad y acceso equitativo
característicos de los foros públicos tradicionales.
14
VÁSQUEZ ALONSO, Víctor. Twitter is not a public forum, but Trump’s profile is. On private censorship of
and on digital platforms in the USA. Publicado en: Estudios de Deusto: revista de Derecho Público, ISSN
0423-4847, Vol. 68, Nº. 1, 2020 (Ejemplar dedicado a: Five Centuries Sailing The Legal World (II)), págs.
475-508. Versión en español disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7483943.
Consultado el 29 de noviembre de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
los ciudadanos, lo cual conlleva en ese específico telón la prohibición de bloquear
usuarios por expresar críticas o puntos de vista contrarios, evitar la censura y la
vulneración de derechos de terceros como la honra y el buen nombre.
16) A su vez, junto a ese concepto se encuentra la doctrina del “government speech”
(discurso gubernamental) como aquel referente a las declaraciones emitidas por un
funcionario en el ejercicio de sus funciones oficiales, en representación del gobierno,
sujeto a un escrutinio más estricto, ya que implica una postura oficial del Estado que, en
todo caso, debe respetar principios de imparcialidad, neutralidad y respaldo fáctico.
Por el contrario, las opiniones que no se emiten en un contexto de “discurso
gubernamental” o en un “foro público” se enmarcan en el concepto del “discurso
personal”, que incluye manifestaciones emitidas por el funcionario en su condición de
animal político y libre de emitir ideas o juicios, más allá de que para ello se utilicen
plataformas públicas como es el caso de las redes sociales; por el contexto en que son
emitidas y la finalidad se encuentran protegidas por la libertad de expresión, ya que no
representan una postura institucional, sino netamente personal.
17) En suma, ante posibles tensiones entre el derecho a la libertad de expresión de los
funcionarios públicos y los derechos de terceros siempre será necesario analizar el
contexto en el que se emiten las declaraciones para determinar si corresponden a
opiniones personales del funcionario que nada tienen que ver con su investidura o, por el
contrario, a declaraciones en su condición de agente del Estado que representan una
postura institucional y están sometidas a un mayor rigor.
2.2 La ausencia de vulneración de los derechos fundamentales del actor, su falta
de legitimación para agenciar derechos de terceros y el alcance del debate en
el denominado “foro público”
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
1) En este caso, la Sala recuerda que los argumentos invocados por el demandante se
dirigieron a controvertir una publicación realizada por el presidente de la República en su
cuenta personal de la red social X, en la que expresó su apoyo a un proyecto legislativo
de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) porque, a su
juicio, dicha publicación no incluyó medidas concretas para proteger los derechos de las
víctimas del conflicto armado y amenaza su labor como defensor de las víctimas.
2) Sin embargo, la Sala advierte que el demandante no sustentó ni aportó elementos
probatorios que permitieran establecer una relación directa entre la publicación y la
presunta afectación de sus derechos o los derechos de las víctimas del conflicto armado
pues, fundamentó su solicitud en afirmaciones hipotéticas sobre los posibles efectos
futuros del proyecto legislativo, sin demostrar que el mensaje le hubiere generado un
daño real o una amenaza específica a sus derechos.
3) En efecto, como lo puso de presente la autoridad accionada, el señor Héctor Ortiz
Medina se limitó a mencionar como supuestamente vulnerados derechos colectivos como
la paz, la moralidad administrativa -en tanto asegura que deben protegerse los recursos
públicos-, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, sin explicar
siquiera si actúa como apoderado judicial o cuando menos como agente oficioso de tales
víctimas, motivo suficiente para inferir que no cuenta con legitimación para agenciar
derechos de terceros porque no se probó o cuando menos afirmó dicha condición y
tampoco es posible inferir una situación de agencia oficiosa tácita.
4) En gracia de discusión, aún si se tuviera por superado dicho presupuesto procesal,
para la Sala es evidente que el actor tampoco cumplió con su carga argumentativa de
demostrar cómo la publicación presidencial vulneró de manera concreta, actual e
inminente sus derechos fundamentales, en tanto que los argumentos de su demanda
fueron ambiguos, especulativos y carecen de sustento probatorio, puesto que parten de
simples conjeturas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
5) De acuerdo con los parámetros jurisprudenciales expuestos con antelación, la Sala
debe señalar, en primer término, que la publicación de la autoridad demandada en una
red social de amplio alcance constituye un discurso político protegido bajo el marco del
derecho fundamental de la libertad de expresión porque en ella se expresó -de manera
objetiva y neutral, inclusive sin injerencias indebidas en el rol del Congreso de la
República- un apoyo a una iniciativa legislativa de interés público, la cual, en efecto, no
incluyó referencias explícitas a las víctimas del conflicto armado, de ahí que tal situación
no pueda considerarse per se una vulneración de los derechos fundamentales del actor
o las víctimas del conflicto armado en Colombia.
6) La publicación cuestionada versó sobre un tema de interés, como lo es la reforma al
Sistema General de Participaciones, sin que exista en dicha declaración ninguna mención
expresa o implícita al demandante que permita establecer una conexión entre el
contenido de las publicaciones y la alegada afectación a sus derechos fundamentales.
7) El trámite legislativo de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones
es competencia exclusiva del Congreso de la República, conforme con lo dispuesto en
los artículos 374 y 375 de la Constitución, de modo que la autoridad demandada no tiene
facultades para intervenir normativamente en dicho proceso, más allá de emitir opiniones
políticas o expresar su apoyo a tales iniciativas, por lo cual, en este caso, la publicación
cuestionada constituye un mero acto de comunicación en el marco del debate político,
del cual también hace parte el presidente de la República; en efecto, esta no tiene
carácter normativo ni administrativo y tampoco genera efectos jurídicos vinculantes para
terceros que puedan interpretarse como una acción u omisión vulneradora de derechos
fundamentales.
8) Como se explicó en precedencia, el presidente de la República también forma parte
del debate en los escenarios que constituyen el denominado foro público, por ende, sus
opiniones y apreciaciones personales, si bien requieren de una mayor sensatez y
neutralidad precisamente por su condición de funcionario y representante del Estado,
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05897-00
Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
también se encuentran amparadas y protegidas por el derecho fundamental
constitucional a la libertad de expresión; contrario sensu, cuando en su rol de jefe de
Estado y jefe de Gobierno emite declaraciones públicas dirigidas a hacer denuncias,
informar a la opinión sobre debates o proyectos de interés público o realiza señalamientos
de carácter particular sobre el manejo del erario, el cumplimiento de gestiones o el
desarrollo de contratos estatales, entre otros, deberá hacerlo con neutralidad, de manera
objetiva y con suma y mayúscula prudencia, acompañando sus afirmaciones de las
pruebas que tenga en su poder para cumplir con el margen de razonabilidad que se
requiere en tales hipótesis.
9) Como quedó expuesto con antelación, las declaraciones de los funcionarios públicos
sobre asuntos de interés general gozan de un margen amplio de protección bajo la
libertad de expresión, el cual se amplía aún más en el caso del presidente de la
República, quien actúa como uno de los principales actores políticos en el sistema
democrático colombiano.
10) La publicación cuestionada es parte del debate público sobre la descentralización y
el uso de los recursos públicos y aunque al actor le asista un interés en ese debate como
ciudadano, dicho interés no configura una afectación concreta y personal que le otorgue
legitimación para cuestionar las expresiones del presidente por la vía de la acción de
tutela.
11) En ese sentido, como el demandante no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela en tanto el
amparo deprecado carece de las características de inminencia, gravedad y urgencia
requeridas para activar la procedencia de este mecanismo, tampoco habría razones para
conceder el amparo deprecado.
12) Sin perjuicio de ello, en todo caso, se insiste, como el actor no demostró contar con
poder especial para representar los derechos de quien dijo defender y tampoco explicó
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Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
Acción de tutela
ni justificó una situación de agencia expresa la Sala declarará su falta de legitimación por
activa para agenciar derechos de terceros.
13) Para ese cometido, como ya ha tenido la oportunidad de explicar esta Sala de
Decisión15, no basta con que el demandante se proclame como defensor de los derechos
de las víctimas, pues, para ello se requiere un mandato expreso de ese grupo poblacional
o, en caso contrario, indicar expresamente que se actúa como agente oficioso, hipótesis
en la que de todos modos siempre será necesario justificar y probar -aunque sea
mediante prueba sumaria- que los agenciados no se encuentran en condiciones de
promover su propia defensa.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Declárase la falta de legitimación por activa del señor Héctor Joaquín Ortiz Medina
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de noviembre de 2024, exp. 11001-
03-15-000-2024-04919-00 (AC), MP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 14 de noviembre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-05123-00 (AC), MP
Alberto Montaña Plata.
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Demandante: Héctor Joaquín Ortiz Medina
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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