Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00608-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00608-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00608-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
19 de mayo de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: GERMÁN VARGAS LLERAS
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD
PÚBLICA. EJERCICIO DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
POR PARTE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN
REDES SOCIALES.
Síntesis del caso: el actor consideró que el presidente de la República vulneró sus derechos
fundamentales al buen nombre y la honra mediante la publicación de un mensaje en la red
social X. La Sala confirmará el fallo de primera instancia en cuanto amparó los derechos
invocados, tras advertir que constituye una imputación de hecho sin sustento fáctico ni
probatorio y con capacidad lesiva para la reputación del actor y de terceros.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la autoridad demandada en contra
de la sentencia de 7 de marzo de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la que se decidió:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre del interesado, [de] conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: ORDENAR al señor presidente de la República, Gustavo
Francisco Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente
excusas públicas al accionante por las dos manifestaciones contenidas
en su publicación del 4 de diciembre de 2024, en la red social “X.com”,
que resultan nugatorias de las prerrogativas al buen nombre y a la honra.
Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá
publicarse y permanecer, por el término de tres (3) meses en la cuenta
personal de la red social “X.com” del primer mandatario “@petrogustavo”
y en las redes sociales de la Presidencia de la República y del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. (...)”.
(negrillas de la Sala – archivo disponible en medio magnético en el índice
00018 del aplicativo SAMAI)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2025, el actor promovió proceso de
acción de tutela en contra del presidente de la República para la protección de sus
derechos fundamentales de la honra y buen nombre, consagrados en los artículos
15 y 21 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados por cuenta de una
publicación realizada por el mandatario el 4 de diciembre de 2024 en la red social
“X” (antes Twitter), en la cual se le atribuyeron actuaciones que, a su juicio,
constituyen afirmaciones falsas, sin respaldo fáctico y con un alto potencial lesivo
para su reputación.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 4 de diciembre de 2024, el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego
publicó en su cuenta personal de la red social “X” (antes Twitter) un mensaje titulado
“Trino sobre Ricardo Bonilla, parte II”, el cual contenía una serie de afirmaciones
sobre distintos actores políticos e institucionales en el contexto de la renuncia del
entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González.
2) En dicha publicación, el demandado se refirió expresamente al señor Germán
Vargas Lleras, en los siguientes términos:
“(...) ¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a
delinquir contra el presidente de la República (…)?¿Cepeda aceptará
la renuncia de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del
actual presidente, presida el llamado árbitro electoral, hoy convertido en
juez inconstitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas
Lleras?
Algunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de comercio y
recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero
presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas
Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia
de la corte arbitral de la cámara de comercio (…)1” (Negrillas de la
Sala)
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https://x.com/petrogustavo/status/1864372765723131939
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Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
3) El 10 de diciembre de 2024, Germán Vargas Lleras, a través de apoderado
judicial, radicó ante la Presidencia de la República una solicitud formal de
retractación, en la cual señaló que las afirmaciones contenidas en el trino del
presidente eran falsas, carentes de sustento y configuraban una vulneración directa
a sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. (índice 00002 del
archivo digital en el aplicativo SAMAI)
4) En ese escrito, el demandante resaltó que no tenía vínculo alguno con la Corte
Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá ni percibía honorarios por servicios
relacionados con dicha institución; no tenía control ni participación en la
composición del Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) y que las
imputaciones hechas en el mensaje presidencial no tenían sustento probatorio ni
justificativo alguno, a pesar de lo cual se formularon como hechos verificables, no
como meras opiniones.
5) El 23 de enero de 2025, mediante oficio OFI25-00064403 (índice 00002 del
archivo digital en el aplicativo SAMAI), el Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
Presidencia de la República respondió negativamente a la solicitud de retractación
y sostuvo que las expresiones contenidas en la publicación cuestionada no
constituían afirmaciones de carácter personal o imputaciones fácticas en contra del
señor Germán Vargas Lleras, sino, únicamente opiniones emitidas por el presidente
de la República en el marco del debate político y una reflexión más amplia sobre el
funcionamiento de las instituciones, la gobernabilidad del país y la renuncia del
entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
6) La respuesta sostuvo que la publicación debía ser interpretada en su contexto
general, en tanto no fue una afirmación aislada ni dirigida exclusivamente contra el
demandante, sino parte de una crítica al modelo de funcionamiento del sistema
político y judicial colombiano.
7) En relación con la frase “¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras
a delinquir contra el presidente de la República (…)?”, se indicó que no debía entenderse
como una imputación de responsabilidad penal, sino como una crítica derivada del
desacuerdo del presidente con la interpretación dada por el CNE al artículo 23.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la competencia de esa
autoridad pública para adelantar investigaciones en contra de un jefe de Estado.
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Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
7) Frente a la expresión “[a]lgunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de
comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero
presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata
de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de la
cámara de comercio” se afirmó que no se trataba de una acusación individual ni de
una manifestación que atribuyera una conducta irregular al actor, sino de una
valoración crítica institucional sobre el funcionamiento del sistema de justicia arbitral
en Colombia.
Según lo expuesto en la comunicación, dicha afirmación debía ser comprendida
como parte de una valoración subjetiva sobre los riesgos del modelo de justicia
privada, en particular frente a la ausencia de controles públicos en la selección de
árbitros y al contraste de los honorarios que perciben frente a quienes ejercen
funciones jurisdiccionales en el sistema judicial estatal.
8) En suma, la Presidencia negó toda retractación y consideró que las expresiones
cuestionadas constituían juicios de valor en el marco de un debate político legítimo,
amparados por la libertad de expresión en su dimensión de libertad de opinión, la
cual -a diferencia de la libertad de información- no impone cargas de veracidad ni
verificación.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante argumentó que las expresiones emitidas por el presidente de la
República el 4 de diciembre de 2024 no constituyen opiniones personales ni
valoraciones políticas amparadas por la libertad de expresión, sino afirmaciones de
hecho presentadas como verdaderas.
En primer lugar, se refirió a la frase “¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado
por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República (…)?” la cual, en
su criterio, supone una imputación indirecta de la comisión de un hecho punible, al
atribuirle haber inducido al magistrado César Lorduy, integrante del CNE, a incurrir
en actuaciones delictivas relacionadas con la supuesta supresión del fuero
presidencial.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
El actor refutó dicha imputación y sostuvo que no hizo ni hace parte de los
magistrados que integran el CNE; que carece de cualquier tipo de injerencia en la
postulación o elección de sus magistrados; y que no ha intervenido en ninguna
actuación procesal ni ostenta calidad alguna dentro de los trámites que, en ejercicio
de su autonomía, adelanta dicha autoridad colegiada.
Precisó que la decisión de abrir investigación administrativa contra la campaña
presidencial del hoy jefe de Estado fue adoptada por mayoría de la Sala Plena del
CNE, lo cual descarta cualquier vinculación suya con ese proceso.
En consecuencia, consideró que la afirmación del presidente es falsa, injuriosa y
calumniosa, en tanto contradice hechos objetivos e induce a la opinión pública a
asociarlo con la posible comisión de delitos contra la administración pública, tales
como tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas, violencia contra
servidor público y fraude procesal, conductas previstas respectivamente en los
artículos 411A, 425, 429 y 453 del Código Penal.
En segundo lugar, el actor cuestionó la expresión: “¿Cepeda aceptará la renuncia
de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del actual presidente, presida
el llamado árbitro electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente
por designio de Uribe y Vargas Lleras?”.
Sostuvo que con ella el presidente buscó asociarlo, sin sustento fáctico, con el
nombramiento del magistrado Álvaro Hernán Prada como presidente del Consejo
Nacional Electoral, lo cual i) resulta incompatible con el mecanismo legal de elección
que corresponde a la Sala Plena de esa Corporación; ii) desconoce que el actor no
participó en dicha designación ni mantiene vínculos con el magistrado mencionado;
iii) contradice lo informado por un comunicado oficial proferido por el CNE el 4 de
diciembre de 2024 que destacó el carácter colegiado y plural de esa elección y, iv)
omite que fue la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado quien el 6
de agosto de 20242 resolvió un conflicto positivo de competencias administrativas y
declaró competente al CNE para continuar la investigación administrativa
relacionada con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
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Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente no. 11001-03-06-000-2024-
00343-00, MP (E) María del Pilar Bahamón Falla.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Finalmente, objetó la expresión “[a]lgunos jueces hoy esperan ser árbitros de la
cámara de comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle
el fuero presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras
lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de
la cámara de comercio.”.
A juicio del actor, esa afirmación le atribuye actuar como una figura de poder que
manipula el sistema de justicia arbitral con fines clientelistas o corruptos.
Concretamente, afirmó que: i) no hace parte de la Corte Arbitral de la Cámara de
Comercio de Bogotá, ni como director, subdirector o miembro; ii) su nombre no
figura entre quienes integran dicho cuerpo colegiado, lo cual pudo ser fácilmente
constatado a través del reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá; iii) la frase del presidente sugiere que los
magistrados del CNE esperan ser árbitros para obtener beneficios económicos y
que es el actor quien garantiza y “paga los favores” desde la presidencia de la Corte
Arbitral; iv) el presidente omite que el arbitraje en Colombia está regulado por la Ley
1563 de 2012 que establece un sistema regido por los principios de imparcialidad,
igualdad, contradicción e independencia frente a las jurisdicciones ordinaria y de lo
contencioso administrativo.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“4.1. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL
BUEN NOMBRE DEL SUSCRITO, consagrado en el artículo 15 de la
Constitución Política, conforme a los argumentos expuestos en el cuerpo
de este documento.
4.2. SOLICITO SE PROTEJA EL DERECHO A LA HONRA DEL
SUSCRITO, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política,
conforme los argumentos esgrimidos en el presente documento.
4.3. Como consecuencia de la prosperidad de todas o alguna de las
anteriores pretensiones, solicito se ORDENE al señor Gustavo Francisco
Petro Urrego, Presidente de la República, retractarse de las afirmaciones
efectuadas en contra del suscrito, en las mismas condiciones y a través
de los mismos medios en las que las efectuó.”. (negrillas y mayúsculas
del original – archivo disponible en medio magnético en el índice 00002
del aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
4. Actuación en primer grado
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado por auto de 7 de
febrero de 2025 admitió la acción de tutela, notificó al presidente de la República
con el fin de que presentara un informe sobre los hechos que dieron lugar a la
presente acción y vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, como tercero interesado en el resultado del proceso. (índice 00004 del
expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)
5. Sentencia de primera instancia
El 7 de marzo de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia en la que concedió el amparo de los derechos
fundamentales de la honra y buen nombre del demandante. (índice 00018 del
expediente de primera instancia en el aplicativo SAMAI)
La autoridad judicial de primera instancia constató que la demanda superó los
requisitos de procedibilidad exigidos para la acción de tutela, en concreto, la
legitimación en la causa por activa y pasiva, la inmediatez y subsidiariedad.
Sobre este último elemento destacó que este medio de amparo era el mecanismo
idóneo porque el actor no buscó una condena penal sino una retractación pública,
de ahí que se descartara la eficacia de la vía penal ordinaria.
La Sala de primera instancia examinó las tres expresiones impugnadas en el
contexto de la publicación del presente del 4 de diciembre de 2024 y evaluó si se
trataban de opiniones protegidas o afirmaciones de hecho con carga lesiva para
derechos fundamentales:
Primera expresión: “¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras
a delinquir contra el presidente de la República, Lorduy el que quitó por decreto por
él orgullosamente leído, el fuero constitucional al presidente y olvidó, o nunca leyó,
que un presidente no puede ser investigado por autoridades administrativas como
reza la convención americana de derechos humanos y la misma constitución?”.
La Sala de Decisión consideró que esta expresión constituyó una afirmación de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
hecho que individualizó y señaló de forma directa a Germán Vargas Lleras como
autor mediato de una conducta delictiva, por cuanto supuestamente le atribuyó
haber obligado al magistrado César Lorduy a “delinquir contra el presidente”.
El a quo partió de reconocer que, aunque el contexto general del mensaje se
relacionó con la discusión sobre la posibilidad de que autoridades administrativas
investiguen al presidente de la República, lo cierto es que el uso literal del verbo
“delinquir” no puede ser ignorado y tras citar su definición gramatical, destacó que
significa “cometer delito”, lo cual implica la atribución directa de un comportamiento
castigado por el derecho penal.
La expresión afirmó que el demandante habría presionado o inducido a un
magistrado del Consejo Nacional Electoral para cometer un delito, de ahí que tuviera
un potencial gravemente lesivo para el buen nombre y la honra del señor Germán
Vargas Lleras porque deterioró su crédito social e implicó un daño objetivo a su
integridad moral.
Segunda expresión: “¿Cepeda aceptará la renuncia de Lorduy, o dejará que un
Prada, perseguidor político del actual presidente, presida el llamado árbitro
electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente por designio de
Uribe y Vargas Lleras?”
Sobre esta afirmación, el a quo concluyó que no configuró una afectación real o
comprobada para la imagen pública o integridad moral del demandante en atención
a que, en su criterio, no implicó de manera directa la comisión de una conducta
reprochable o delictiva; se presentó más como una opinión política, enmarcada en
el debate institucional sobre los límites del control administrativo electoral y no
posee una carga objetiva de daño.
Tercera expresión: “[a]lgunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de
comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero
presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas Lleras lo trata
de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de la
cámara de comercio. Que triste que el comercio no se subordine a la justicia y ocurra
lo contrario.”.
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Demandante: Germán Vargas Lleras
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En el fallo de primera instancia se consideró que esa afirmación atribuyó al actor la
capacidad de influir ilícitamente tanto en las investigaciones adelantadas por el
Consejo Nacional Electoral como en la designación de árbitros en las cámaras de
comercio, con el fin de “pagar favores”, lo cual -a juicio del a quo- implicó una
acusación grave sobre su comportamiento ético y legal.
Atribuirle al actor la capacidad de instrumentalizar a magistrados del CNE y
condicionar el acceso a instancias arbitrales para retribuir apoyos supone una
imputación de hechos que, bajo ciertas condiciones, podrían configurar faltas
disciplinarias o conductas penalmente reprochables.
Tales afirmaciones, difundidas públicamente y sin verificación previa, tienen un
potencial real de deteriorar la imagen pública del actor y de lesionar su integridad
moral, de ahí que vulneraron sus derechos fundamentales de la honra y buen
nombre.
Adicionalmente, el a quo consideró que existe una unidad temática con la primera
afirmación, en la medida en que ambas sugieren que el señor Germán Vargas
Lleras dispone de una red de influencia indebida sobre órganos constitucionales y
jurisdiccionales, y que la utiliza para lograr fines personales o políticos mediante la
promesa de recompensas.
6. Impugnación
La apoderada judicial del presidente de la República presentó impugnación contra
la sentencia de primera instancia y le fue concedida con auto de 22 de abril de 2025.
Como razones de oposición afirmó que el fallo de primera instancia analizó los
apartados controvertidos de la publicación del 4 de diciembre de 2024 de forma
fragmentada y desconoció el contexto general de ese mensaje, que fue la
continuación de otra publicación del 3 de diciembre de 2024, que, en conjunto,
conformaron un discurso de más de 3.300 palabras.
La lectura aislada realizada por la Sala desnaturalizó el contenido y propósito de las
declaraciones, en contravía de lo sostenido por el propio Consejo de Estado en la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
sentencia de tutela proferida el 17 de enero de 20253, según la cual no es
procedente realizar una interpretación aislada de un fragmento extraído de un
discurso, dado que es necesario analizar el contexto en que fue emitida una
determinada expresión sobre la cual se predica la vulneración de derechos
fundamentales.
El término “delinquir” no se utilizó para referirse a la comisión de un delito tipificado
en el Código Penal, sino como una infracción al artículo 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, disposición que prohíbe que un funcionario
de elección popular sea investigado o sancionado por autoridades administrativas
que no ostenten la condición de juez penal, como así se expuso con claridad al
demandante en la respuesta a la solicitud de retractación que formuló.
A su vez, el término “pagar favores” no constituyó una imputación directa de
corrupción o ilegalidad en contra de Germán Vargas Lleras, sino una crítica al
modelo de justicia arbitral como así se extrae del fragmento completo, incluido el
cierre “qué triste que el comercio no se subordine a la justicia”, el cual revela una
reflexión sobre las falencias del sistema arbitral privado y la percepción de que
ciertos intereses económicos desplazan a la jurisdicción pública.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
expediente no. 11001-03-15-000-2024-04825-01, MP Elizabeth Becerra Cornejo.
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Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al presidente
de la República con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del buen nombre y honra, presuntamente vulnerados con ocasión
de una publicación realizada el 4 de diciembre de 2024 en la red social “X”.
En el fallo de primera instancia, el a quo concedió el amparo pretendido, por cuanto
estimó que dos de las tres expresiones cuestionadas constituían afirmaciones de
hecho desprovistas de sustento, con potencial lesivo para la reputación e integridad
moral del actor.
En la impugnación, la parte demandada cuestionó el análisis del a quo, destacó el
carácter político y valorativo de sus afirmaciones y sostuvo que las expresiones
cuestionadas se encontraban amparadas por la libertad de expresión en el contexto
del debate público.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que amparó los derechos fundamentales del actor, por las
siguientes razones:
2.1 Caracterización de los derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra.
1) Los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, consagrados en los
artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia, son manifestaciones de la
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
dignidad humana y protegen dos dimensiones interrelacionadas pero distintas de la
personalidad.
2) La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho fundamental al buen
nombre alude a la reputación social de una persona, es decir, a la percepción
pública y colectiva que otros tienen sobre ella, construida a partir de su conducta en
sociedad, su trayectoria profesional o personal y su vínculo con los valores y normas
predominantes.
3) En palabras de la Corte Constitucional “[e]n cuanto al derecho al buen nombre,
la jurisprudencia de esta Corte lo ha definido como ‘la reputación, o el concepto que
de una persona tienen los demás’ y ‘la estimación o deferencia con la que, en razón
a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de
la colectividad que le conocen y le tratan4.”.
4) Este derecho puede ser vulnerado tanto por autoridades públicas como por
particulares y su protección exige que la información que circule sobre una persona
no sea falsa, inexacta o infundada, especialmente cuando se presenta como un
hecho verificable.
5) Por su parte, el derecho a la honra se conecta con el valor intrínseco del individuo
frente a la sociedad y de sí mismo, y tiene un componente subjetivo: la
autopercepción de dignidad y de estimación personal.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que se trata de un derecho
que “debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad 5”.
6) Así entonces, para la Sala es claro que ambos derechos están vinculados a la
dignidad humana y tienen protección constitucional autónoma y se vulneran, por
ejemplo, cuando se difunden hechos o informaciones - no opiniones- falsas,
4
Corte Constitucional, sentencia T-634 de 2013, referencia: expediente T-3900495, MP María
Victoria Calle Correa.
5
Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil y sentencia T-405 de 2007,
MP Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Germán Vargas Lleras
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deshonrosas o calumniosas, o se realizan imputaciones sin sustento, que afectan
de forma injustificada la credibilidad, el prestigio o la integridad moral de una
determinada persona.
2.2 El derecho fundamental a la libre expresión y su aplicación a los
funcionarios públicos
1) El derecho a la libre expresión está consagrado en el artículo 20 de la
Constitución Política de Colombia6 y es reconocido como un derecho humano
fundamental en múltiples instrumentos internacionales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos7 y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos8.
2) Esta garantía incluye la facultad de expresar y difundir ideas, opiniones y
6
“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación // Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”.
7
“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”.
8
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
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pensamientos, así como de recibir información de forma libre, sin censura ni
restricciones indebidas, por lo cual constituye un pilar esencial para el
funcionamiento de una democracia pues, fomenta el pluralismo, la participación
ciudadana y la deliberación pública.
3) En Colombia, la libertad de expresión goza de amplia protección constitucional,
sin embargo, no es absoluta pues está sujeta a las limitaciones previstas en la ley,
destinadas a proteger derechos fundamentales de terceros o principios como el
orden público, la moralidad y la seguridad nacional.
4) En el caso de los servidores públicos también se ha reconocido que estos
conservan su derecho fundamental a la libre expresión, sin embargo, su ejercicio
está sujeto a mayores responsabilidades y limitaciones en comparación con los
ciudadanos particulares, en tanto sus actuaciones como representantes del Estado
deben ajustarse con los principios de imparcialidad, neutralidad y responsabilidad
que exige su cargo, lo cual, a su vez, se justifica por la investidura de sus cargos,
cuyas expresiones pueden tener un impacto significativo en la percepción pública y
en los derechos de terceros.
5) En ese sentido, tratándose de los funcionarios públicos -en general- y del
presidente de la República -en particular- el ejercicio de la libertad de expresión está
sujeto a un escrutinio mucho más estricto y riguroso debido a la influencia que sus
declaraciones tienen en la opinión pública y en la percepción de los derechos de los
ciudadanos.
6) Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-
155 de 20199,-recogida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL5798
de 19 de agosto de 202010- ha establecido criterios claros para delimitar el alcance
de este derecho cuando se ejerce en el contexto de las funciones oficiales y fijó
algunos parámetros constitucionales para establecer el grado de protección que
debe recibir el derecho fundamental de la libertad de expresión en el contexto de
declaraciones realizadas en redes sociales, así:
9
Corte Constitucional, sentencia T-155 de 4 de abril de 2019.
10
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 19 de agosto de 2020,
referencia STL5798-2020.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
“6.1. Quién comunica: debe tenerse en cuenta quién es la persona
que emite la opinión y si esta es la autora del mensaje que se
comunica. Deben valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la
sociedad. En concreto, debe apreciarse, entre otras situaciones, si
quien se expresa es un funcionario público.
6.1.1. Particular o funcionario público: la jurisprudencia constitucional e
interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de
expresión, cuando es ejercido por funcionarios públicos en ejercicio
de sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta
cuando lo ejerce un ciudadano del común.
(...).
En suma, dado que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
por parte de funcionarios públicos tiene un impacto mucho mayor en
el imaginario colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que
las personas suelen tener en las afirmaciones de quienes ocupan
estos cargos, se justifica que tengan una diligencia mayor a la que
debería tener un particular al momento de expresar sus opiniones.
(...).
6.2. De qué o de quién se comunica: el mensaje que se comunica puede
ser preciso y detallado o general y ambiguo, dependiendo, entre otros
factores, de la forma en que este se transmite, (...) En todo caso, el juez
debe interpretar y valorar no sólo el contenido del mensaje para
determinar si la opinión que se emite respeta los límites
constitucionales del derecho a la libertad de expresión, sino también,
de ser el caso, la forma en que se obtuvo la información que se
publica.
6.2.1. Es preciso determinar si el discurso es uno de aquellos sobre los
cuales se ha desvirtuado la presunción de cobertura constitucional de la
libertad de expresión, a saber: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b)
la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra
cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo; (c) la
pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer
genocidio.
6.2.2. Así mismo, el juez deberá analizar, en el contexto de cada caso, si
las opiniones que se profieren en uso de la libertad de expresión
resultan irrazonablemente desproporcionadas o tienen una
intención dañina o se evidencia una negligencia al presentar hechos
parciales incompletos o inexactos
(...).
6.2.3. También resulta esencial que el juez identifique si se trata de
un discurso especialmente protegido. (...) si bien en principio todo tipo
de discursos o expresiones están protegidas por la libertad de expresión,
existen algunos que reciben una protección acentuada:
(i) El discurso político y sobre asuntos de interés público (...)
6.3. A quién se comunica: en la ponderación que realice el juez para
solucionar el conflicto entre los derechos a la libertad de expresión
y los derechos de terceras personas, es importante fijar quién es el
16
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
receptor del mensaje, para lo cual debe tenerse en cuenta tanto sus
cualidades y características como su cantidad o número.
6.3.1. Sobre lo primero (sus cualidades) debe considerarse si el
mensaje fue comunicado a una audiencia indeterminada o si se
pretende transmitir a un público particular, lo que puede implicar
considerar algunas limitaciones a la libertad de expresión. (...)”. (negrillas
de la Sala)
7) A su vez, esta Corporación también se ha referido al tema en diversas
oportunidades, con el fin de establecer los límites que deben respetarse en el
ejercicio del derecho legítimo de emitir opiniones, pensamientos o juicios de valor
en contextos como publicaciones en redes sociales.
8) En ese norte, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió una acción de
tutela presentada por el exministro Alejandro Gaviria con fundamento en
declaraciones emitidas por el presidente de la República en redes sociales que,
según el actor, afectaban su buen nombre y honra.
9) En aquella ocasión se concluyó que dichas declaraciones emitidas en forma de
“opiniones o juicios de valor” formaban parte del ejercicio legítimo del derecho a la
libertad de expresión en el marco de un debate de interés público sobre políticas de
salud porque se trataba de apreciaciones u opiniones personales que no requieren
cumplir con la carga de veracidad y no de “información o hechos objetivos” de los
cuales sí son exigibles las cargas de veracidad e imparcialidad, razonamientos que,
a la postre, fueron ratificados por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia de segunda instancia con los siguientes planteamientos:
“Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación en ejercicio del “poder-deber” que tiene el presidente
de la República de mantener un contacto permanente con los
ciudadanos, a través de sus discursos o intervenciones públicas, es
posible distinguir dos escenarios: (i) las manifestaciones que
pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre
asuntos de interés general; y (ii) las declaraciones en las que, más
allá de la transmisión objetiva de información, se indican cuestiones
acerca de la política oficial, defienden su gestión, responden a sus
críticos, o expresan su opinión acerca de algún asunto, casos estos
últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a
partir de criterios personales. En el primero de los escenarios, en el
que el presidente de la República tiene la intención de presentar una
información como autentica, son exigibles las cargas de veracidad e
imparcialidad, conforme al artículo 20 Superior, para así evitar cualquier
tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública. En el
segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino de
exponer una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
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asunto; por lo que no es exigible “la estricta objetividad”. Sin
embargo, en este último evento, las opiniones deben ser formuladas
a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de
razonabilidad; lo que, en criterio de la Corte Constitucional, conduce a la
“verificación del sustento de las mismas para evaluar si resultan
totalmente infundadas o si, por el contrario, ofrecen un sustento razonable
que las haga dignas de la protección a la libre expresión establecida en la
Constitución.” 11. (negrillas de la Sala)
10) Así entonces, esta Corporación abordó la tensión entre el derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la honra en el ámbito del debate democrático, enfatizó
la importancia de diferenciar entre opiniones personales e información o
declaraciones oficiales y señaló que el presidente de la República, en su rol de
ciudadano y actor político, tiene derecho a participar en el debate público,
especialmente en temas de interés general.
11) Asimismo, recientemente, esta misma Sala de Decisión profirió sentencia en un
proceso de acción de tutela presentado por el señor Germán Vargas Lleras en
contra del presidente de la República de Colombia, debido a una publicación en la
misma red social X, las cuales consideró que afectaban sus derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra12.
12) En esa oportunidad, la Sala distinguió entre las opiniones personales del
presidente, entendidas como aquellas emitidas en su calidad de ciudadano, las
cuales gozan de un margen más amplio de protección bajo la égida del derecho a
la libertad de expresión y las declaraciones oficiales, siendo estas últimas las que
se realizan en su condición de jefe de Estado, motivo por el cual están sujetas a
mayores exigencias de neutralidad, veracidad y respaldo probatorio, debido a la
posición institucional con que se emiten.
13) La Subsección enfatizó que, aunque las opiniones emitidas por funcionarios
públicos no requieren el mismo nivel de prueba que las decisiones judiciales o
administrativas, lo cierto es que sí deben cumplir con un estándar mínimo de
razonabilidad y suficiencia -estándar que garantiza que no se basen en hechos
completamente infundados o falsos- y consideró que las afirmaciones del primer
11
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 27 de septiembre de 2024, radicación no. 11001-03-15-000-2024-02507-01, MP María
Adriana Marín.
12
Consejo de estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2024,
radicación no. 11001-03-15-000-2024-05736-00 (AC), MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
mandatario se apoyaban en información pública que proporcionaba un respaldo
mínimo que las justificaba, por lo cual se enmarcaban dentro del marco del discurso
y el debate público sobre la gestión de recursos, lo cual, a su vez, les otorgaba una
protección reforzada bajo la garantía constitucional a expresarse libremente.
14) En el plano del derecho comparado, en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos seguramente los casos más destacados los constituyen el caso Herrera
Ulloa vs. Costa Rica, 200413 y el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, 200414.
A su vez, por fuera de ese sistema quizás el antecedente más relevante lo constituye
la sentencia del caso Knight First Amendment Institute v. Donald Trump15, resuelto
por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, quien
abordó una cuestión similar a la discutida en el asunto de la referencia, esto es, la
interacción entre la libertad de expresión y las redes sociales cuando son utilizadas
por funcionarios públicos, en particular por el presidente de una Nación.
13
“Resulta lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras
personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, (…) de un margen de
apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el
funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. (...) Es así que el acento de este
umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de
interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada.
Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto
voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos
a un mayor riesgo de sufrir críticas.”. (negrillas por fuera del original).
14
“Tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de naturaleza pública y
de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del
sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una
persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han
expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese
ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen
del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.
En este sentido, en el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las
críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive
de los particulares que desarrollan actividades sometidas al escrutinio público debe ser
mucho mayor que el de los particulares (…)”. (negrillas de la Sala).
15
En este caso, un grupo de ciudadanos y organizaciones presentó una demanda en contra del
entonces presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, alegando que su decisión
de bloquear usuarios en su cuenta de la red social Twitter (hoy X) @realDonaldTrump constituía una
violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad
de expresión. Los demandantes argumentaron que, al bloquearlos, el presidente les había impedido
participar en un foro público digital donde se debatían asuntos de interés nacional. En su decisión,
el tribunal determinó que la cuenta de Twitter del entonces presidente Trump, aunque de carácter
personal, había sido utilizada de manera consistente para comunicar políticas oficiales y asuntos de
gobierno, motivo por el cual en ese contexto se transformaba en un foro público digital, sujeto a los
principios de neutralidad y acceso equitativo característicos de los foros públicos tradicionales.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
15) A partir de esa sentencia, diversos autores han abordado la tensión entre los
referidos derechos, en particular con el fin de diferenciar y establecer criterios para
determinar cuándo las redes sociales de un funcionario público se convierten en un
“foro público” y qué implicaciones tienen las declaraciones realizadas en este
contexto, para concluir que un “forum public” o foro público es cualquier espacio,
físico o virtual, abierto deliberadamente por el gobierno o sus representantes para
la interacción, debate o participación de los ciudadanos en asuntos públicos y donde
no cabe ninguna limitación a esta libertad que tenga como razón de ser el contenido
ideológico de las opiniones: lo que en derecho norteamericano se conoce como
“view point discrimination”16.
En dicho contexto, como también lo explicó esta misma Sala de Decisión en una
oportunidad anterior17, si bien las redes sociales no constituyen por antonomasia un
foro público, cuando son utilizadas por un funcionario para interactuar sobre temas
gubernamentales sí deben considerarse como tal, si permiten la participación
abierta de los ciudadanos, lo cual conlleva en ese específico telón la prohibición de
bloquear usuarios por expresar críticas o puntos de vista contrarios, evitar la
censura y la vulneración de derechos de terceros como la honra y el buen nombre.
16) A su vez, junto a ese concepto se encuentra la doctrina del “government speech”
(discurso gubernamental) como aquel referente a las declaraciones emitidas por un
funcionario en el ejercicio de sus funciones oficiales, en representación del gobierno,
sujeto a un escrutinio más estricto, ya que implica una postura oficial del Estado
que, en todo caso, debe respetar principios de imparcialidad, neutralidad y respaldo
fáctico.
Por el contrario, las opiniones que no se emiten en un contexto de “discurso
gubernamental” o en un “foro público” se enmarcan en el concepto del “discurso
personal”, que incluye manifestaciones u opiniones emitidas por el funcionario en
su condición de animal político y libre de emitir ideas o juicios, más allá de que para
16
VÁSQUEZ ALONSO, Víctor. Twitter is not a public forum, but Trump’s profile is. On private
censorship of and on digital platforms in the USA. Publicado en: Estudios de Deusto: revista de
Derecho Público, ISSN 0423-4847, Vol. 68, Nº. 1, 2020 (Ejemplar dedicado a: Five Centuries Sailing
The Legal World (II)), págs. 475-508. Versión en español disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7483943. Consultado el 29 de noviembre de 2024.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de diciembre de 2024, exp.
11001-03-15-000-2024-05897-00 (AC), CP Fredy Ibarra Martínez.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
ello se utilicen plataformas públicas como es el caso de las redes sociales; por el
contexto en que son emitidas y la finalidad se encuentran protegidas por la libertad
de expresión, ya que no representan una postura institucional, sino netamente
personal.
17) En suma, ante posibles tensiones entre el derecho a la libertad de expresión de
los funcionarios públicos y los derechos de terceros siempre será necesario analizar
el contexto en el que se emiten las declaraciones para determinar si corresponden
a opiniones personales del funcionario que nada tienen que ver con su investidura
-y que se rigen por el derecho a la libertad de expresión- o, por el contrario, a hechos
objetivos, información o declaraciones en su condición de agente del Estado que
representan una postura institucional y están sometidas a un mayor rigor -por cuanto
se enmarcan en el derecho a recibir información veraz y objetiva-.
2.3 La vulneración de los derechos fundamentales en el caso concreto
1) En este caso, la Sala recuerda que los argumentos invocados por el demandante
se dirigieron a controvertir una publicación realizada por el presidente de la
República en su cuenta personal de la red social X, en la que, a juicio del actor, se
le atribuyeron conductas de carácter delictivo o de connotación ética reprochable,
sin prueba alguna que las sustentara, lo cual vulneró sus derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra.
2) En la providencia de primera instancia, el a quo estimó que dos de las tres
expresiones impugnadas constituían afirmaciones de hecho y no juicios de valor, y
que, por su contenido y alcance, afectaban la reputación e integridad moral del
actor, dado que le atribuían capacidad de influir ilegalmente sobre órganos públicos
y utilizar tales influencias con fines clientelistas.
3) Sin embargo, a diferencia de la primera instancia, la Sala considera preciso
analizar las expresiones reprochadas en su conjunto, con miras a establecer si,
como lo indicó la parte actora el mensaje emitido entendido en su contexto como un
escrito completo e indivisible con diversas manifestaciones constituye una clara y
evidente afrenta a sus derechos fundamentales o si, por el contrario, como lo señaló
la autoridad impugnante las manifestaciones controvertidas fueron emitidas en el
marco de un debate político que se suscitó en el país por la renuncia del entonces
21
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
ministro de Hacienda y las decisiones del CNE que dispusieron una investigación
administrativa en contra de la campaña del hoy presidente de la República.
Para ello, será necesario identificar si la publicación forma parte de un discurso
político, pronunciado en un contexto de deliberación pública y en una coyuntura de
exaltación por el impacto que la referida investigación generó en la opinión pública
o, por el contrario, corresponde a una manifestación presentada en forma de hecho
verificable o “información”.
4) Pues bien, para resolver es preciso destacar que la parte correspondiente del
mensaje publicado en su red social “X” por el presidente de la República y que el
actor reprocha como violatoria de sus derechos fundamentales es del siguiente
tenor literal:
“¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir
contra el presidente de la República (…)?¿Cepeda aceptará la renuncia
de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del actual
presidente, presida el llamado árbitro electoral, hoy convertido en juez
inconstitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas Lleras?
Algunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de comercio y
recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero
presidencial al primer presidente de izquierda, se concreta; un Vargas
Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de
la corte arbitral de la cámara de comercio”.
5) En ese sentido, en este caso resulta evidente que, contrario a lo decidido por la
autoridad impugnante, la Sala encuentra que la publicación sí comporta una
imputación categórica, concreta y de connotación objetivamente deshonrosa, tanto
para el señor Germán Vargas Lleras como para el sistema judicial y arbitral
colombiano pues, el mensaje del emisor emitido en una red social de amplio alcance
en la que difunde información oficial y, por tanto, está sometido al escrutinio de lo
que se ha denominado como “foro público” corresponde a una afirmación que
trasciende los límites del discurso político legítimo y se estructura como una
acusación con evidente potencial lesivo si, como ocurrió en este caso, no es
respaldada con las correspondientes pruebas que la sustenten.
6) En efecto, en su integridad la frase sugiere que el demandante supuestamente
tiene la capacidad de incidir desde una posición institucional en los procesos
arbitrales que se adelantan en la Cámara de Comercio de Bogotá para retribuir
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
favores mediante la designación de árbitros, con lo que le atribuyó un papel en un
presunto entramado de manipulación institucional, favorecimiento indebido y
clientelismo, sin que exista en el expediente respaldo probatorio alguno que permita
sostener tal afirmación.
7) La afirmación no puede ser catalogada como una mera opinión ni una crítica
general sobre el modelo de justicia arbitral, como pretendió demostrarlo la
accionada en su impugnación, sino que en realidad corresponde a una imputación
directa y concreta que presenta al actor como partícipe de prácticas corruptas
orientadas a recompensar con prebendas o dádivas a los jueces de la República, a
quienes alude de manera genérica como “algunos jueces”, con lo que dicho sea de
paso pretende dejar un manto de duda porque los señala de ser atraídos por la
expectativa de obtener “grandes fortunas”, lo cual compromete no solo la reputación
personal del aquí demandante sino la percepción de integridad del sistema judicial
y de la justicia arbitral.
8) La gravedad de la imputación se ve acrecentada por la ausencia de pruebas que
la respalden; aunque el actor solicitó una retractación ante la autoridad accionada,
esta se limitó a responder en términos genéricos, calificando el mensaje como
meras opiniones del presidente de la República, sin aportar las pruebas que
acompañaran sus desobligantes declaraciones, circunstancia que revela la falta de
diligencia del emisor del mensaje y refuerza el carácter injustificado y lesivo de la
expresión, en tanto configura un ataque directo a la integridad moral y profesional
del demandante.
9) Además, se insiste, el enunciado no solo afecta la imagen del actor, sino que
extiende su impacto al sistema de justicia arbitral e inclusive a los jueces, en la
medida que sugiere que su independencia podría estar comprometida por intereses
particulares, lo cual resulta especialmente grave en un Estado de Derecho, máxime
teniendo en cuenta la posición que ocupa el emisor como funcionario público y Jefe
de Estado, quien debería ser aún más cauteloso y neutral en sus declaraciones, con
mayor razón si estas involucran a las demás ramas del poder público, so pena de
poner en entredicho el sistema de pesos y contrapesos que constitucionalmente
está llamado a defender.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
10) Si el presidente o cualquier otro funcionario conoce de presuntas prácticas
clientelistas o corruptas deberá realizar las respectivas denuncias ante las
autoridades penales y disciplinarias, para lo cual deberá aportar las pruebas que
tenga en su poder, en aras de que se realicen las investigaciones pertinentes; no
obstante, si simplemente opta por señalar o imputar a terceros sin acompañar las
pruebas de su dicho, mancillando su buen nombre y sin un debido proceso que lo
preceda, vulnera los derechos fundamentales del afectado y desconoce
abiertamente la garantía de la presunción de inocencia, pilar fundamental del Estado
Social de Derecho.
11) Como lo ha explicado esta misma Sala de Decisión en anteriores
oportunidades18, no se trata de coartar la libertad de expresión y el legítimo derecho
del presidente de la República o de cualquier otro ciudadano de participar del debate
democrático y emitir opiniones personales, sin embargo, cuando las declaraciones
públicas afectan derechos de terceros, a quienes se les acusa de responsabilidad
penal sin las pruebas que respalden tales afirmaciones, el legítimo derecho a
expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a
la honra y el buen nombre, máxime si se trata de funcionarios representativos del
Estado como el Jefe de Estado, respecto de quien como se explicó previamente el
deber de guardar el debido decoro y respeto por sus contrincantes políticos y las
instituciones se encuentra acrecentado producto de su investidura.
12) En los términos explicados, la Sala considera que el mensaje examinado excede
los límites admisibles del debate democrático y del derecho a la libertad de
expresión porque constituye una afirmación de hecho carente de verificación
mínima y con alto potencial dañino que no cuenta con verificación ni está antecedida
de una sentencia judicial en la que se le atribuya responsabilidad penal al afectado
y en la que se haya desvirtuado su presunción de inocencia, de ahí que configure
una vulneración de los derechos fundamentales del buen nombre y la honra del
señor Germán Vargas Lleras.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 24 de marzo de 2025, exp.
11001-03-15-000-2025-00610-00, CP Alberto Montaña Plata; sentencia de 26 de noviembre de
2024, exp. 11001-03-15-000-2024-05736-01 (AC), CP Martín Bermúdez Muñoz y confirmada por la
Sección Primera en sentencia de 20 de febrero de 2025; sentencia de 4 de diciembre de 2024, exp.
11001-03-15-000-2024-05897-00 (AC), CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00608-01
Demandante: Germán Vargas Lleras
Acción de tutela – Impugnación de fallo
13) En suma, se confirmará el fallo de primera instancia en cuanto concedió el
amparo de los derechos fundamentales del actor y se dispondrá que la orden de
retractación se cumpla en los términos allí establecidos.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de 7 de marzo de 2025 proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los
derechos fundamentales del buen nombre y la honra del señor Germán Vargas
Lleras.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas y
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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