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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05736-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05736-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de noviembre del 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01 Actor: Germán Vargas Lleras

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05736-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras
Demandada: Presidencia de la República1

Tema: Derechos fundamentales a la honra y al buen nombre/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Honra y ii) buen nombre

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 26 de noviembre del 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra el
Presidente de la República, porque, a su juicio, con ocasión a “[…] La información
que ha divulgado […] el Presidente […]”, el 23 de agosto de 2024, durante una

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “11ED_Poder(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en

forma digital.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

ceremonia con el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná en la plaza del Municipio
de San Basilio de Palenque, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, “[…] Durante la intervención que realizó el Presidente Gustavo
Petro en el "acto de reconocimiento del Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de
San Basilio de Palenque, como sujetos de reparación integral", afirmó que: “(...)
la politiquería se adueña de los recursos, el Director Nacional de Planeación el
compañero Alexander López debe estar haciendo la denuncia porque si no me
adelanto (...) el inmenso robo que existió en Colombia alrededor 9.1 billones (...)
de pesos hemos encontrado robados en los OCAD Paz y en el Sistema de
Regalías en Colombia y apenas hemos analizado el 20% del sistema, pues por
eso no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay
alcantarillado (...) y si hacemos el listado prácticamente todo el caribe y buena
parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales para vivir que es
lo mínimo el agua potable, carreteras si pasan por ahí, cuatro calzadas llenas de
peajes 'a la lata porque es un negocio de los banqueros, esas obras van rápido,
las pagan la Nación y entonces como la Nación no tiene plata para todo por estar
pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros, no están pagando
los acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia (...)" […]”.
(Subrayado del texto original)

4. Señaló que, mediante escrito de 27 de agosto de 2024, solicitó al Presidente
de la República la retractación de lo que manifestó el 23 de agosto de 2024, durante
la ceremonia con el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná en la plaza del Municipio
de San Basilio de Palenque, expuesto supra.

5. Manifestó que, mediante Oficio núm. OFI24-00179792 / GFPU 13150000
de 8 de octubre de 2024, la Coordinadora del Grupo de Intención a la Ciudadanía
dio respuesta en los siguientes términos:

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

“[…] En primer lugar, las declaraciones emitidas por parte del señor presidente de
la República el día viernes, 23 de agosto de 2024 en el acto de reconocimiento del
Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque como sujetos de
reparación integral, se dieron en su legítimo ejercicio del derecho a la libertad de
expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y
del que es titular toda la ciudadanía.

(...)

A tal efecto, en concordancia con las anteriores consideraciones, las declaraciones
emitidas por parte del señor presidente de la República responden a un enfoque
distinto de priorización de los recursos públicos que debieron ser asignados a
proyectos que contribuyeran a la satisfacción de las necesidades básicas de los
habitantes de algunos municipios en el departamento del (sic) Bolívar; las cuales
cuentan con un mínimo de justificación fáctica que fue abordada a lo largo de esta
comunicación y que responden a una crítica a cuestiones de interés público como
lo es la garantía de la dignidad humana de la población habitante del departamento
del (sic) Bolívar, y en ningún momento se dieron con el ánimo de acusarlo a usted
de una malversación de los recursos públicos o atribución de la comisión de algún
tipo penal […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 3.1. TUTÉLESE mis derechos fundamentales a la HONRA Y BUEN NOMBRE.

3.2. ORDÉNESE la retractación, con el mismo alcance, respecto a las acusaciones
que el señor presidente […] hizo en mi contra, es decir, a través del mismo medio
utilizado por el Presidente de la República y todo aquel por el cual se ha divulgado
[...]”.

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:

“[…] La información que ha divulgado del Dr. Germán Vargas Lleras, el Presidente
[…] falta a la verdad, es decir, es falsa, razón por la cual se vulneró gravemente su
derecho al buen nombre y honra, puesto que adolece de verificación razonable
principalmente considerando que usted como suprema autoridad administrativa
tienen los medios para constatar la veracidad de la información declarada y que en
el presente caso no se evidencia el mínimo esfuerzo en ser verificadas,
principalmente considerando que:

a) NO PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ANI CUANDO
EJERCIÓ EN EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Cómo puede
verificarse en todos y cada uno de los procesos de selección que se han adelantado
por parte de la ANI para la adjudicación de proyectos de concesión vial, el Dr.
Germán Vargas Lleras nunca participó, nunca tuvo ni ha tenido la calidad de

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

accionista, funcionario o beneficiario de las mismas, ni ha tenido relación directa o
indirecta con los concesionarios adjudicatarios...

b) LA ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE
CONCESIÓN VIAL EN COLOMBIA HAN SIDO VERIFICADAS Y AUDITADA POR
PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL. Los organismos autónomos como la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República nada
han manifestado con relación con la supuesta participación que ha tenido el Dr.
Germán Vargas Lleras en las empresas concesionarias, ni mucho menos con
aparentes conflictos de interés que hayan afectado la adjudicación de los mismos.

Por el contrario, en la respuesta del ocho (8) de octubre de 2024, se menciona como
soportes 4 noticias, 2 del Ministerio de Transporte y 2 de la ANI donde se publicita
la inauguración de obras en la calidad de Vicepresidente de la República del Dr.
Germán Vargas Lleras pero en ningún momento y como menciona el Presidente
[…] existe soporte judicial alguno de su afirmación consistente en que por estar
pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros, no están pagando los
acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia, falta de
rigurosidad y veracidad que en ningún momento podría entenderse como un
ejercicio absoluto del derecho de libertad de expresión puesto que lesiona los
derechos fundamentales del accionante […]”.

[…]

“[…] De conformidad a lo esbozado por el Consejo de Estado, el fuero presidencial
no exime al señor presidente de la república de Colombia de responder por vulnerar
derechos fundamentales como lo es la honra y el buen nombre, más aún si no agota
con una justificación fáctica real y mucho menos con sin criterio de razonabilidad
alguno.

Adicionalmente, el alcance de sus comentarios es incalculable, puesto que, puede
generar pánico o tranquilidad, odio o confianza, y con las referencias que realiza
sobre alguna persona puede generar un grave perjuicio, considerando la imputación
de actos delictivos como si la construcción de carreteras fuera parte de algún
negocio personal, lo cual rechazo contundentemente al no ser parte de ningún
proceso de concesión y mucho menos al no existir ninguna investigación en mi
contra […]”.

[…]

“[…] De forma tal, que no podría considerarse que las declaraciones realizadas por
el hoy accionado se encuentran dirigidas a expresar una crítica o un
cuestionamiento sobre el manejo de un tema de interés general como lo es alegado,
ni mucho menos que se enmarcan en un debate político y público como se pretende
hacer valer.

Ha de precisarse que como bien se evidencia en pronunciamientos recientes del
Honorable Consejo de Estado (Secciones Tercera y Quinta), el poder-deber de
comunicación de los funcionarios públicos con la Nación exige agotar una mínima
justificación fáctica, de modo que, no basta con aludir genéricamente a la supuesta
notoriedad pública que ostenta el accionante o a noticias de funciones propias del
ejercicio del cargo que ostentaba […]”.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

Actuación

8. El Despacho de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 28 de octubre de 2024: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar al Presidente de la República; concediéndole el término de dos (2) días para
que rindiera informe sobre el particular; y iii) negó la práctica de las pruebas
solicitadas por el actor.

Intervención de la demandada

9. El Presidente de la República, a través de apoderada, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, al
considerar que:

“[…] Se observa que la presente acción de tutela debe ser negada en sus
pretensiones, debido a que las opiniones del señor Presidente de la República ya
fueron precisadas de manera clara en la respuesta otorgada al accionante, por lo que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante. Acorde
con las precisiones realizadas se debe considerar lo siguiente:

A) Acorde con lo señalado en el Decreto 2647 de 2022, la respuesta que recibió el
accionante a través del OFI24-00179792 / GFPU 13150000 del 8 de octubre de 2024,
emitido por el DAPRE, se debe entender realizada por el Presidente de la República.
Dentro de las funciones que asisten al DAPRE, acorde con el artículo 4 del Decreto
2647 de 2022, se encuentran las de emitir posturas a nombre del Primer Mandatario
en esta y otras materias.

B) De acuerdo con lo señalado en el documento identificado como OFI24-00179792
/ GFPU 13150000 del 8 de octubre de 2024, las declaraciones del Presidente de la
República fueron precisadas en el contexto de su derecho constitucional a la libertad
de expresar su opinión. Las declaraciones cuestionadas señalaron que durante el
proyecto político donde el accionante fungió como Vicepresidente se priorizaron obras
de infraestructura vial y no se dio prevalencia a la cobertura de otras necesidades,
como el acceso a agua potable y saneamiento básico. Además, se aclaró que en
ningún momento se buscó atribuir responsabilidad penal al Exvicepresidente o similar.

Esta respuesta evidencia que se configura la carencia actual de objeto por sustracción
de materia, por lo que no existe una vulneración a los derechos al buen nombre, honra
y dignidad del accionante.

C) Se observa que las declaraciones se refirieron sobre lo que el Primer Mandatario
considera deben ser las prioridades del gasto público en Colombia, y como, para él,
debe darse primacía a proyectos que cubran necesidades esenciales para las
comunidades más vulnerables, como el acceso a servicios básicos de agua potable
y saneamiento. En contraste, con lo que se señaló fue el enfoque asumido por el
proyecto político mientras el accionante fungió como Vicepresidente, quienes
priorizaron la inversión en infraestructura vial y obras de conectividad. Esto demuestra

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Actor: Germán Vargas Lleras

que las declaraciones se refirieron a 2 visiones de país y no a la divulgación de
información o la imputación de conductas delictivas.

En síntesis, el Presidente de la República, no ha cometido ninguna acción u omisión
que permita al accionante reclamarle la tutela de sus derechos fundamentales […]”.

[…]

“[…] Las declaraciones objeto de cuestionamiento fueron realizadas durante la
intervención del Primer Mandatario en el evento de reconocimiento al Consejo
Comunitario Ma-Kankamaná en San Basilio de Palenque, el 23 de agosto de 2024.
Estas se enmarcaron en su opinión acerca de lo que debe ser prioridad para la
administración de recursos públicos y su impacto en las comunidades más
vulnerables. Aunque al hacer referencia a otras obras, como los OCAD Paz y el
Sistema de Regalías, sí hizo señaló (sic) la existencia de denuncias que estaría
presentando el Director del DPS por posible desviación de recursos, al momento de
referirse a las obras viales emprendidas mientras el accionante fue Vicepresidente no
se formuló ninguna acusación de corrupción, señalando que estas inversiones
representaban una diferencia de enfoque en el uso del gasto público, como fue
aclarado en el pronunciamiento posterior emitido por el DAPRE […]”.

[…]

“[…] Al analizar las declaraciones en su contexto, se evidencia que el apartado que
es cuestionado por el accionante no indicó que las obras viales desarrolladas durante
el proyecto político donde este fungió como Vicepresidente estuviesen vinculadas a
prácticas corruptas. Lo que se indicó fue la diferencia en las prioridades de inversión
pública, este enfoque no implica un juicio sobre sus acciones, sino que se busca
ilustrar las distintas visiones sobre el desarrollo del país. Por lo tanto, no se puede
interpretar que las expresiones del Presidente conllevaran una carga peyorativa o
malintencionada, como se pretende argumentar en su solicitud.

Tal y como se afirmó, se hizo referencia a un “negocio” que se refiere precisamente
según el DRAE a una ocupación, quehacer o trabajo en su primera y más
generalizada acepción o en la tercera acepción que se refiere a aquello que es objeto
o materia de una ocupación lucrativa o de interés.

La naturaleza de la intervención cuestionada evidencia que en el presente caso
estamos frente a un ejercicio de la libertad de expresión en su modalidad de opinión
y no en la faceta de difusión de información, como pretende señalar el accionante
[…]”.

[…]

“[…] En el presente caso, las declaraciones emitidas el 23 de agosto de 2024 deben
interpretarse en conjunto con la respuesta proporcionada por el DAPRE el 8 de
octubre de 2024. Esto permite observar que, aunque el Presidente expresó una
opinión en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, esta fue posteriormente
aclarada, subrayando que en ningún momento se buscó estigmatizar ni acusar a
Germán Vargas Lleras de la comisión de un delito […]”.

La sentencia impugnada

10. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante

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Actor: Germán Vargas Lleras

sentencia de 26 de noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NIÉGASE el amparo a los derechos fundamentales a la honra y el buen
nombre del accionante Germán Vargas Lleras […]”.

10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 7.- La sala negará la solicitud de amparo porque no encuentra acreditada una
vulneración a un derecho fundamental del accionante que deba ser garantizado a
través de la acción de tutela. Esta acción constitucional no está prevista para
determinar la existencia de conductas constitutivas de injuria o calumnia, ni para
determinar las consecuencias jurídicas que acarrea hacer expresiones públicas que
estructuren tales conductas. De ahí que, en virtud de la naturaleza residual y
subsidiaria de la acción de tutela, la decisión del juez constitucional se circunscribe a
constatar una lesión a un derecho fundamental, en este caso, la honra y el buen
nombre.

8. - La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el núcleo esencial de los
derechos fundamentales a la honra y el buen nombre se vulnera cuando se divulgan
afirmaciones con una evidente significancia difamatoria. Así mismo, se ha dicho que
la libertad de expresión no es un derecho ilimitado: en el caso del primer mandatario,
esta es cualificada y su ejercicio conlleva deberes en función de los derechos de
terceros. En relación con las afirmaciones públicas del señor presidente de la
República […]”.

[…]

“[…] 9.- En el caso planteado por el accionante, la sala verifica que la alocución del
señor presidente de la República está enmarcada en un debate que involucra
comparar las prioridades de inversión y los resultados de una administración con los
de otra, sin que los jueces estén llamados a emitir ningún tipo de opinión acerca del
estilo de quienes legítimamente pueden intervenir en dicho debate.

10.- Tal y como lo indicó la Presidencia de la República al contestar la petición de
retracto y la intervención del accionado en este proceso, las alocuciones del señor
presidente no contienen ninguna expresión en la que se le impute al accionante haber
cometido algún tipo de irregularidad o delito para atribuirle la carga de veracidad o de
verificación que comporta este tipo de afirmaciones.

11.- Al adoptar esta decisión, la sala sigue el precedente fijado en la sentencia del 13
de junio de 2024, en la tutela promovida por el exministro Alejandro Gaviria, quien
solicitó la rectificación <<de la declaración pública que el señor Presidente hizo en
Montería el 21 de marzo de 2024 y/o en la publicación en la red social «X» 25 de
marzo de 2024>>. En la primera, el señor presidente afirmó <<Alejandro Gaviria (...)
en el primer año dejó perder un billón y medio de pesos que iba a las universidades y
lo dejó trasladar al FOMAG donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería
se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su
competencia, por eso se fue de mi gobierno>> […]”.

[…]

“[…] 13.- En esta decisión la sala recuerda que en las sentencias del 22 de agosto de
2024, 27 de septiembre de 2024 y 10 de octubre de 2024, esta corporación determinó

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Actor: Germán Vargas Lleras

que las interpretaciones subjetivas e individuales sobre un discurso del primer
mandatario no revelan una única e inequívoca comprensión de sus declaraciones ni
conllevan ipso iure una vulneración a la honra y el buen nombre. Al contrario, para
constatar una vulneración al núcleo esencial de los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre en un discurso político es necesario demostrar que se
realizaron <<imputaciones jurídicas concretas>>, más allá de las apreciaciones
subjetivas de los accionantes y la incomodidad o descontento que pudieron haber
percibido por las declaraciones de la Presidencia […]”.

La impugnación

11. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente3:

“[…] Resulta evidente que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, desconoce el poder - deber,
adicionalmente enmarca como debate que involucra comparar las prioridades de
inversión y los resultados de una administración con los de otra...". Esta afirmación
no tiene sustento, ya que, al contrario, en la intervención objeto de la presente
acción de tutela, el Presidente de la República hace una acusación directa y sin
pruebas cuando menciona que: "la Nación no tiene plata para todo, por estar
pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros", lo cual es lesiva de
los derechos fundamentales de mi poderdante, principalmente respecto el
aprovechamiento de recursos públicos para intereses particulares […]”.

[…]

“[…] Es importante resaltar que aunque la honra y buen nombre guarda una
relación de interdependencia material se diferencian en que, mientras el primero
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia
personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo
se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales
ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad'.

Por lo tanto, resulta inadmisible, que el fallo de primera instancia haya concluido
que la intervención del Señor Presidente en el "acto de reconocimiento del Consejo
Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque como sujetos de
reparación integral no vulnera los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre del señor Germán Vargas Lleras, dado que las afirmaciones realizadas en
dicho evento se difunden con una clara intención difamatoria, lo que provoca un
perjuicio a su patrimonio moral al propagar información falsa y errónea […]”.

[…]

“[…] No se encuentra justificación para que la Sala considere que "la alocución del
señor presidente de la República está enmarcada en un debate que involucra
comparar las prioridades de inversión y los resultados de una administración con
los de otra...". Esta afirmación no tiene sustento, ya que, al
contrario, en la intervención objeto de debate, el Presidente de la República hace
una acusación directa y sin pruebas cuando menciona que: "la Nación no tiene

3 Transcripción literal del texto.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

plata para todo, por estar pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y
otros".

Es importante destacar que la referencia del Presidente no guarda relación alguna
con una comparación de prioridades de inversión ni con los resultados de la
administración, tal como se sugiere en el fallo. En lugar de ello, se trata de una
acusación explícita que implica un mal manejo de los recursos públicos, al señalar
que se destinan fondos de la Nación a fines personales o privados sin
base alguna que lo respalde. Esta afirmación, al carecer de fundamento probatorio,
resulta altamente perjudicial, no solo para el señor Germán Vargas Lleras, sino
también para la credibilidad y reputación de quienes son mencionados sin
justificación.

La alegación del Presidente, en lugar de formar parte de un debate constructivo
sobre políticas públicas, se presenta como un ataque infundado que pone en duda
la gestión y la integridad, sin que exista evidencia alguna que respalde tal
acusación. Por lo tanto, las palabras del mandatario no
solo son inapropiadas dentro del contexto que se le quiere dar, sino que también
constituyen una grave vulneración a los derechos de honra y buen nombre del
señor Vargas Lleras, dañando su patrimonio moral de manera injustificada.

En línea con lo expuesto, resulta claro que, las opiniones realizadas por el
Presidente de la República no se enmarcan en un debate político acerca de cómo
ha sido manejado la política de infraestructura en forma general, sino que se trata
de imputaciones realizadas de manera concreta y específica a una persona
determinada, sin que dentro del plenario obre prueba si quiera sumaria que
permita acreditar que tal circunstancia se hubiese verificado de manera previa a su
divulgación.

De forma tal, que no podría considerarse que las declaraciones realizadas por el
hoy accionado se encuentran dirigidas a expresar una crítica o un cuestionamiento
sobre el manejo de un tema de interés general como lo es alegado, ni mucho menos
que se enmarcan en un debate político y público como se pretende hacer valer
[…]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

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Actor: Germán Vargas Lleras

20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

14. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si, el Presidente de la República vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor, con ocasión a “[…] La información que ha
divulgado […] el Presidente […]”, el 23 de agosto de 2024, durante una ceremonia
con el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná en la plaza del Municipio de San Basilio
de Palenque.

15. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
honra; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
buen nombre; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la libertad de expresión; iv) análisis del caso concreto, y finalmente
v) las conclusiones de la Sala.

5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Germán Vargas Lleras

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
honra

16. Visto el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección
[…]”.

17. Atendiendo a que la Corte Constitucional7 ha entendido que el derecho a la
honra es “[…] la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su
dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el
fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y
frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen
nombre

18. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:

“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.

19. Atendiendo a que la Corte Constitucional8 ha entendido que el derecho al
buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa
a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una
persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona
realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real
dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia

7 Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 14 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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Actor: Germán Vargas Lleras

muestra como crédito una persona […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la libertad de
expresión

20. Visto el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la
de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura […]”.

21. Atendiendo a que la Corte Constitucional9 ha señalado que “[…] la libertad
de expresión “es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental
de los regímenes democráticos, donde se respeta la dignidad humana y se valora
la participación de la ciudadanía y de todos los sectores, lo que permite consolidar
sociedades pluralistas y deliberativas”10. En esa medida, el derecho fundamental a
la libertad de expresión goza de un grado reforzado de protección, el cual se
fundamenta en (i) consideraciones filosóficas sobre la búsqueda de la verdad; (ii)
razones derivadas del funcionamiento de las democracias; (iii) motivos atinentes a
la dignidad y autorrealización individual; (iv) consideraciones sobre la preservación
y aumento del patrimonio cultural y científico de la sociedad; y (v) en motivos
históricos y consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de intervenir
apropiadamente en esta esfera11 […]”.

Análisis del caso concreto

22. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Presidente
de la República, porque, a su juicio, con ocasión a “[…] La información que ha
divulgado […] el Presidente […]”, el 23 de agosto de 2024, durante una ceremonia

9 Corte Constitucional, sentencia T-145 de 2 de abril de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Sentencias T-256 de 2013, T-391 de 2007, T-1148 de 2004, T-934 de 2014 y T-743 de 2017, entre otras.
11 Sentencia T-015 de 2015, reiterado en la Sentencia T-543 de 2017.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

con el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná en la plaza del Municipio de San Basilio
de Palenque, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

23. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

24. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

25. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

25.1. Anexos allegados con el escrito de tutela e informe rendido por la autoridad
accionada, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

26. La Sala precisa que, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, el actor presentó acción de tutela contra el Presidente de la
República, porque, a su juicio, con ocasión a “[…] La información que ha divulgado
[…] el Presidente […]”, el 23 de agosto de 2024, durante una ceremonia con el
Consejo Comunitario Ma-Kankamaná en la plaza del Municipio de San Basilio de
Palenque, vulneró sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, razón
por la cual, será este el presunto supuesto de vulneración cuyo estudio abordará
esta Sala.

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Actor: Germán Vargas Lleras

27. En ese orden de ideas, no se abordará la configuración de algún delito, como,
por ejemplo, injuria o calumnia, en la medida en que esto desborda la órbita de
competencia del juez de tutela, cuyo análisis ha de girar en torno a la protección
inmediata de los derechos fundamentales.

28. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que:

“[…] Durante la intervención que realizó el Presidente Gustavo Petro en el "acto de
reconocimiento del Consejo Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de
Palenque, como sujetos de reparación integral", afirmó que: “(...) la politiquería se
adueña de los recursos, el Director Nacional de Planeación el compañero Alexander
López debe estar haciendo la denuncia porque si no me adelanto (...) el inmenso
robo que existió en Colombia alrededor 9.1 billones (...) de pesos hemos encontrado
robados en los OCAD Paz y en el Sistema de Regalías en Colombia y apenas
hemos analizado el 20% del sistema, pues por eso no hay acueducto en San Basilio,
no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado (...) y si hacemos el listado
prácticamente todo el caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los
recursos existenciales para vivir que es lo mínimo el agua potable, carreteras si
pasan por ahí, cuatro calzadas llenas de peajes 'a la lata porque es un negocio de
los banqueros, esas obras van rápido, las pagan la Nación y entonces como la
Nación no tiene plata para todo por estar pagando las carreteras del negocio
de Vargas Lleras y otros, no están pagando los acueductos y los
alcantarillados de la gente humilde de Colombia (...)" […]”.

[…]

“[…] La información que ha divulgado del Dr. Germán Vargas Lleras, el
Presidente […] falta a la verdad, es decir, es falsa, razón por la cual se vulneró
gravemente su derecho al buen nombre y honra, puesto que adolece de
verificación razonable principalmente considerando que usted como suprema
autoridad administrativa tienen los medios para constatar la veracidad de la
información declarada y que en el presente caso no se evidencia el mínimo
esfuerzo en ser verificadas, principalmente considerando que:

a) NO PARTICIPÓ EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA ANI CUANDO
EJERCIÓ EN EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Cómo puede
verificarse en todos y cada uno de los procesos de selección que se han adelantado
por parte de la ANI para la adjudicación de proyectos de concesión vial, el Dr.
Germán Vargas Lleras nunca participó, nunca tuvo ni ha tenido la calidad de
accionista, funcionario o beneficiario de las mismas, ni ha tenido relación directa o
indirecta con los concesionarios adjudicatarios...

b) LA ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE
CONCESIÓN VIAL EN COLOMBIA HAN SIDO VERIFICADAS Y AUDITADA POR
PARTE DE LOS ENTES DE CONTROL. Los organismos autónomos como la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República nada
han manifestado con relación con la supuesta participación que ha tenido el Dr.
Germán Vargas Lleras en las empresas concesionarias, ni mucho menos con
aparentes conflictos de interés que hayan afectado la adjudicación de los mismos.

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Actor: Germán Vargas Lleras

Por el contrario, en la respuesta del ocho (8) de octubre de 2024, se menciona como
soportes 4 noticias, 2 del Ministerio de Transporte y 2 de la ANI donde se publicita
la inauguración de obras en la calidad de Vicepresidente de la República del Dr.
Germán Vargas Lleras pero en ningún momento y como menciona el Presidente
[…] existe soporte judicial alguno de su afirmación consistente en que por estar
pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros, no están pagando los
acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de Colombia, falta de
rigurosidad y veracidad que en ningún momento podría entenderse como un
ejercicio absoluto del derecho de libertad de expresión puesto que lesiona los
derechos fundamentales del accionante.

[…]

“[…] De conformidad a lo esbozado por el Consejo de Estado, el fuero presidencial
no exime al señor presidente de la república de Colombia de responder por
vulnerar derechos fundamentales como lo es la honra y el buen nombre, más
aún si no agota con una justificación fáctica real y mucho menos con sin
criterio de razonabilidad alguno.

Adicionalmente, el alcance de sus comentarios es incalculable, puesto que,
puede generar pánico o tranquilidad, odio o confianza, y con las referencias
que realiza sobre alguna persona puede generar un grave perjuicio,
considerando la imputación de actos delictivos como si la construcción de carreteras
fuera parte de algún negocio personal, lo cual rechazo contundentemente al no ser
parte de ningún proceso de concesión y mucho menos al no existir ninguna
investigación en mi contra […]”.

[…]

“[…] De forma tal, que no podría considerarse que las declaraciones realizadas por
el hoy accionado se encuentran dirigidas a expresar una crítica o un
cuestionamiento sobre el manejo de un tema de interés general como lo es alegado,
ni mucho menos que se enmarcan en un debate político y público como se pretende
hacer valer.

Ha de precisarse que como bien se evidencia en pronunciamientos recientes del
Honorable Consejo de Estado (Secciones Tercera y Quinta), el poder-deber de
comunicación de los funcionarios públicos con la Nación exige agotar una mínima
justificación fáctica, de modo que, no basta con aludir genéricamente a la supuesta
notoriedad pública que ostenta el accionante o a noticias de funciones propias del
ejercicio del cargo que ostentaba […]”. (Resaltado fuera del texto original)

29. Al respecto, el Presidente de la República, a través de apoderada, rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] Se observa que la presente acción de tutela debe ser negada en sus
pretensiones, debido a que las opiniones del señor Presidente de la República ya
fueron precisadas de manera clara en la respuesta otorgada al accionante, por lo que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante. Acorde
con las precisiones realizadas se debe considerar lo siguiente:

A) Acorde con lo señalado en el Decreto 2647 de 2022, la respuesta que recibió el
accionante a través del OFI24-00179792 / GFPU 13150000 del 8 de octubre de 2024,

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Actor: Germán Vargas Lleras

emitido por el DAPRE, se debe entender realizada por el Presidente de la República.
Dentro de las funciones que asisten al DAPRE, acorde con el artículo 4 del Decreto
2647 de 2022, se encuentran las de emitir posturas a nombre del Primer Mandatario
en esta y otras materias.

B) De acuerdo con lo señalado en el documento identificado como OFI24-
00179792 / GFPU 13150000 del 8 de octubre de 2024, las declaraciones del
Presidente de la República fueron precisadas en el contexto de su derecho
constitucional a la libertad de expresar su opinión. Las declaraciones
cuestionadas señalaron que durante el proyecto político donde el accionante
fungió como Vicepresidente se priorizaron obras de infraestructura vial y no se
dio prevalencia a la cobertura de otras necesidades, como el acceso a agua
potable y saneamiento básico. Además, se aclaró que en ningún momento se
buscó atribuir responsabilidad penal al Exvicepresidente o similar.

Esta respuesta evidencia que se configura la carencia actual de objeto por sustracción
de materia, por lo que no existe una vulneración a los derechos al buen nombre, honra
y dignidad del accionante.

C) Se observa que las declaraciones se refirieron sobre lo que el Primer Mandatario
considera deben ser las prioridades del gasto público en Colombia, y como, para él,
debe darse primacía a proyectos que cubran necesidades esenciales para las
comunidades más vulnerables, como el acceso a servicios básicos de agua potable
y saneamiento. En contraste, con lo que se señaló fue el enfoque asumido por el
proyecto político mientras el accionante fungió como Vicepresidente, quienes
priorizaron la inversión en infraestructura vial y obras de conectividad. Esto
demuestra que las declaraciones se refirieron a 2 visiones de país y no a la
divulgación de información o la imputación de conductas delictivas.

En síntesis, el Presidente de la República, no ha cometido ninguna acción u omisión
que permita al accionante reclamarle la tutela de sus derechos fundamentales […]”.

[…]

“[…] La naturaleza de la intervención cuestionada evidencia que en el presente caso
estamos frente a un ejercicio de la libertad de expresión en su modalidad de opinión
y no en la faceta de difusión de información, como pretende señalar el accionante
[…]”.

[…]

“[…] En el presente caso, las declaraciones emitidas el 23 de agosto de 2024
deben interpretarse en conjunto con la respuesta proporcionada por el DAPRE
el 8 de octubre de 2024. Esto permite observar que, aunque el Presidente
expresó una opinión en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, esta
fue posteriormente aclarada, subrayando que en ningún momento se buscó
estigmatizar ni acusar a Germán Vargas Lleras de la comisión de un delito […]”.
(Resaltado fuera del texto original)

30. El actor en su escrito de impugnación señaló lo siguiente12:

12 Transcripción literal del texto.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

“[…] Resulta evidente que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, desconoce el poder - deber,
adicionalmente enmarca como debate que involucra comparar las prioridades de
inversión y los resultados de una administración con los de otra...". Esta afirmación
no tiene sustento, ya que, al contrario, en la intervención objeto de la presente
acción de tutela, el Presidente de la República hace una acusación directa y sin
pruebas cuando menciona que: "la Nación no tiene plata para todo, por estar
pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros", lo cual es lesiva de
los derechos fundamentales de mi poderdante, principalmente respecto el
aprovechamiento de recursos públicos para intereses particulares […]”.

[…]

“[…] Es importante resaltar que aunque la honra y buen nombre guarda una
relación de interdependencia material se diferencian en que, mientras el primero
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia
personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo
se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales
ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad'.

Por lo tanto, resulta inadmisible, que el fallo de primera instancia haya concluido
que la intervención del Señor Presidente en el "acto de reconocimiento del Consejo
Comunitario Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque como sujetos de
reparación integral no vulnera los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre del señor Germán Vargas Lleras, dado que las afirmaciones realizadas en
dicho evento se difunden con una clara intención difamatoria, lo que provoca un
perjuicio a su patrimonio moral al propagar información falsa y errónea […]”.

[…]

“[…] No se encuentra justificación para que la Sala considere que "la alocución del
señor presidente de la República está enmarcada en un debate que involucra
comparar las prioridades de inversión y los resultados de una administración con
los de otra...". Esta afirmación no tiene sustento, ya que, al
contrario, en la intervención objeto de debate, el Presidente de la República hace
una acusación directa y sin pruebas cuando menciona que: "la Nación no tiene
plata para todo, por estar pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y
otros".

Es importante destacar que la referencia del Presidente no guarda relación alguna
con una comparación de prioridades de inversión ni con los resultados de la
administración, tal como se sugiere en el fallo. En lugar de ello, se trata de una
acusación explícita que implica un mal manejo de los recursos públicos, al señalar
que se destinan fondos de la Nación a fines personales o privados sin
base alguna que lo respalde. Esta afirmación, al carecer de fundamento probatorio,
resulta altamente perjudicial, no solo para el señor Germán Vargas Lleras, sino
también para la credibilidad y reputación de quienes son mencionados sin
justificación.

La alegación del Presidente, en lugar de formar parte de un debate constructivo
sobre políticas públicas, se presenta como un ataque infundado que pone en duda
la gestión y la integridad, sin que exista evidencia alguna que respalde tal
acusación. Por lo tanto, las palabras del mandatario no
solo son inapropiadas dentro del contexto que se le quiere dar, sino que también
constituyen una grave vulneración a los derechos de honra y buen nombre del
señor Vargas Lleras, dañando su patrimonio moral de manera injustificada.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

En línea con lo expuesto, resulta claro que, las opiniones realizadas por el
Presidente de la República no se enmarcan en un debate político acerca de cómo
ha sido manejado la política de infraestructura en forma general, sino que se trata
de imputaciones realizadas de manera concreta y específica a una persona
determinada, sin que dentro del plenario obre prueba si quiera sumaria que
permita acreditar que tal circunstancia se hubiese verificado de manera previa a su
divulgación.

De forma tal, que no podría considerarse que las declaraciones realizadas por el
hoy accionado se encuentran dirigidas a expresar una crítica o un cuestionamiento
sobre el manejo de un tema de interés general como lo es alegado, ni mucho menos
que se enmarcan en un debate político y público como se pretende hacer valer
[…]”.

31. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, en el escrito de
tutela y en el de impugnación, el actor manifiesta su desacuerdo frente a lo
expuesto por el Presidente de la República el 23 de agosto de 2024, durante una
ceremonia con el Consejo Comunitario Ma-Kankamaná en la plaza del Municipio
de San Basilio de Palenque, es decir, se plantea la existencia de una tensión entre
el derecho fundamental a la libertad de expresión del Presidente de la República y
los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de personas de
reconocimiento público.

32. Al respecto, la Sala advierte que esta corporación ha considerado que13:

“[…] 2.4.1. Derecho a la libertad de expresión del presidente de la República

El presidente de la República ostenta las calidades de jefe de Estado, jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo
189 de la Constitución Política14. La Corte Constitucional ha indicado que estas
calidades imponen el “poder-deber” de mantener un contacto permanente con los
ciudadanos, a través de sus discursos o intervenciones públicas15 […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, en ejercicio de ese “poder-deber” que tiene el presidente de la
República, es posible distinguir dos escenarios: (i) las manifestaciones que pretenden
trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general; y (ii)
las declaraciones en las que, más allá de la transmisión objetiva de información,
se indican cuestiones acerca de la política oficial, defienden su gestión,
responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca de algún asunto, casos

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección C de la Sección Tercera. Sentencia

de 6 de diciembre de 2024. Proceso radicado número 110010315000202405899-00. C.P. Nicolás Yepes
Corrales (E).
14 “Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad

Administrativa”.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-1191 de 2004.

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Actor: Germán Vargas Lleras

estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir
de criterios personales16.

En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la República tiene la
intención de presentar una información como autentica (sic), son exigibles las cargas
de veracidad e imparcialidad17, conforme al artículo 20 Superior18, para así evitar
cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública. En el
segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino de exponer
una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto; por lo que
no es exigible “la estricta objetividad”19. Sin embargo, en este último evento, las
opiniones deben ser formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica
real y de criterios de razonabilidad, aspecto que, en criterio de la Corte
Constitucional, conduce a la “verificación del sustento de las mismas para
evaluar si resultan totalmente infundadas o si, por el contrario, ofrecen un
sustento razonable que las haga dignas de la protección a la libre expresión
establecida en la Constitución”20 […]

[…]

“[…] 2.4.2.2. El derecho a la honra, por su parte, se encuentra regulado en el artículo
21 de la Constitución Política21. La jurisprudencia ha precisado que “la honra hace
alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal”22, y, por ende,
es un derecho de que debe ser protegido para no menoscabar el valor intrínseco de
los individuos frente a la sociedad y a sí mismos, es decir, para asegurar la adecuada
valoración de las personas en una colectividad23. De igual manera, ha establecido que
la honra resulta afectada “por la información errónea, [y] las opiniones
manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre
la persona en sí misma”24.

Para resolver el problema jurídico planteado, de la tensión entre el derecho a la
libertad de expresión del accionado y los derechos fundamentales al buen nombre y
la honra de la accionante, la Sala acoge los siguientes criterios y parámetros
constitucionales, que también corresponden a los pronunciamientos de las Cortes y
organismos internacionales de derechos humanos: (i) presunción de primacía de la
libertad de expresión frente a otros principios constitucionales; (ii) diferencias entre
derecho de opinión y derecho de información, así como reconocimiento de las zonas
de penumbra o borrosas entre uno y otro; (iii) asimetría / simetría entre el accionante
y el accionado.

Lo anterior debe reflejarse en: (i) el margen más o menos amplio en el ejercicio
de la libertad de expresión -y margen más o menos reducido de protección de
los demás derechos en tensión-; (ii) la carga argumentativa y la carga
probatoria, mayor o menor, que debe soportar quien busca la rectificación o
ejerce la acción de tutela; (ii) el equilibrio entre los derechos en conflicto variará,
dependiendo del tipo de discurso del que se trate, y del contexto en el cual se
ejerza25.

16 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
17 Al respecto, consultar, entre otras, la sentencia T-391 de 2007.
18 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y

recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.
19 Corte Constitucional. Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
21 “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”.
22 Sentencia T-411 de 1995. Reiterada en la sentencia C-442 de 2011.
23 Sentencia T-914 de 2014.
24 Ibíd.
25 Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007.

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Actor: Germán Vargas Lleras

Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión
en sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político
y al debate sobre asuntos de interés público, así, “el discurso político está
sujeto a menores limitaciones y quienes se vean afectados por él,
concretamente las figuras públicas, deben soportar una carga mayor en el
ámbito de sus derechos a la honra, intimidad y buen nombre26” […]”. (Resaltado
por la Sala).

33. Nótese que, existen dos tipos de escenarios en los que el Presidente de la
República puede expresarse y según se trate de uno u otro, el “poder-deber” difiere,
por lo que, si el escenario en el que se expresa, corresponde a aquel en el que
manifiesta sus opiniones, como aconteció en el caso que señala el actor, a saber,
el discurso expuesto durante la ceremonia con el Consejo Comunitario Ma-
Kankamaná en la plaza del Municipio de San Basilio de Palenque, existe un margen
más amplio en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, “[…] por lo
que no es exigible “la estricta objetividad” […] Sin embargo, en este último evento,
las opiniones deben ser formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica real
y de criterios de razonabilidad […]”.

34. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que:27

“[…] Además, para este Tribunal “el hecho de que la libertad de expresión goce de
cierto carácter prevalente no significa que esta garantía carezca de límites, por ende,
quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias que conlleven afectación a
terceros, indicando que deben abstenerse de utilizar o ‘emplear frases injuriosas,
insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones’28”29.

En este sentido, en la divulgación de ciertas opiniones o pensamientos pueden
identificarse expresiones desproporcionadas en relación con los hechos que se
quieren comunicar o cierto grado de insulto que denotan la intención injustificada de
dañar, perseguir u ofender a la persona, lo que deriva en una vulneración de los
derechos al buen nombre, honra e intimidad, entre otros relacionados.

Por tanto, conforme a la jurisprudencia, la intención dañina, desproporcionada o
insultante no va a depender de la valoración subjetiva que de la manifestación realice
el afectado, sino de un análisis objetivo y neutral que de la misma se haga y que arroje
como resultado la vulneración del núcleo esencial de los derechos al buen nombre y
a la honra […]”.

[…]

26 Ibíd.
27 Corte Constitucional. Sentencia SU-420 de 12 de septiembre de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
28 CIDH, caso Kimel vs. Argentina, Mayo 2 de 2008, párr. 13.
29 Sentencia T-050 de 2016.

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“[…] 72. En un momento posterior30, este Tribunal consideró que la exceptio veritatis
es un medio que permite exonerarse de responsabilidad frente a la trasgresión de los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, tanto en el proceso penal por
los delitos de injuria o calumnia31, como en la acción de tutela, la Corte al desarrollar
el criterio de veracidad, que permite al titular de la libertad de expresión ejercer su
derecho de manera respetuosa y sin interferir en los derechos de los demás, no ha
exigido que la información sea indudablemente verdadera, sino que se haya
desplegado un esfuerzo diligente por verificar32, constatar y contrastar
razonablemente las fuentes, así como un deber de explorar los diversos puntos de
vista desde los cuales un mismo hecho puede ser observado.

Por tanto, concluyó que “la libertad de expresión también permite pronunciar
opiniones o ideas de manera autónoma, sin la limitación de los criterios de veracidad
e imparcialidad; situación que no implica que dichas manifestaciones puedan tener
contenido insultante, vejatorio o humillante, o puedan denotar intención de dañar, sin
provocar una afectación del derecho a la honra de la persona y una consecuente
reacción de protección constitucional.”33 […]”.

35. Frente a la libertad de expresión del Presidente de la República, en el marco
de sus opiniones o discursos políticos, esta Sección ha considerado que:34

“35. La Sala comparte la afirmación del accionante relacionada con que el derecho a
la libertad de expresión no es absoluto. En efecto, y conforme a la jurisprudencia
constitucional, el ejercicio de esta garantía tiene límites legítimos y precisos. Al
respecto ha señalado la Corte Constitucional:

“[…] 96. En sentido estricto, la libertad de expresión o de opinión, protege la trasmisión
de pensamientos, ideas u opiniones propias de quien se expresa. En estos casos, a
diferencia de lo que ocurre con el derecho a la información, predomina la subjetividad
del emisor, incluyendo sus sentimientos, apreciaciones y valoraciones. Dada su
evidente carga subjetiva, goza de una amplia protección y en consecuencia, está
sujeta a menos límites que aquellos que se exigen de otras formas de expresión por
lo que goza de la presunción de prevalencia, es decir, que en el ejercicio de
ponderación que adelante el juez tras advertir una tensión entre la libertad de
expresión con otros derechos, esta primera tendrá una prevalencia prima facie.

97. Pese a su mayor ámbito de protección, la libertad de opinión tampoco es un
derecho absoluto. La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco
discursos prohibidos, debido a su intensa capacidad lesiva frente a los
derechos humanos, a saber: la incitación a cometer genocidio, los discursos de
odio, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y la pornografía
infantil.

98. Aunado a lo anterior, la libertad de expresión tampoco protege discursos
discriminatorios o que fomenten la violencia contra las mujeres, incluidos los

30 Sentencia T-695 de 2017.
31 Los delitos de injuria y calumnia que protegen el bien jurídico penalmente tutelado de la integridad moral,

constituyen el medio de protección más intenso de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del
individuo.
32 Sentencias T-260 de 2010, T-040 de 2013 y T-312 de 2015, entre otras.
33 Sentencia T-695 de 2017.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de octubre de

2024. Proceso radicado número 110010315000202403529-01. C.P. Germán Osorio Cifuentes.

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estereotipos, esto es, “una visión generalizada o una preconcepción sobre los
atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles
que tales miembros deben cumplir” Los estereotipos de géneros pueden reforzar
construcciones sociales y culturales de hombres y mujeres que predeterminan roles
e impiden elecciones de vida libres y no condicionadas por preconcepciones sociales.
[…]35”.

36. De lo transcrito, se observa que el ejercicio de la libertad de expresión tiene
límites precisos y específicos, que son: “[…] la incitación a cometer genocidio,
los discursos de odio, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y
la pornografía infantil […]”. (Resaltado por la Sala).

36. En el caso sub examine, la Sala observa que, la intervención del Presidente
de la República se realizó durante una ceremonia con el Consejo Comunitario Ma-
Kankamaná en la plaza del Municipio de San Basilio de Palenque y fue en ese
escenario, esto es, en el marco de un debate en el que se compararon las
prioridades de inversión y los resultados de una administración con los de otra,
donde el Presidente manifestó que “[…] y si hacemos el listado prácticamente todo
el caribe y buena parte de la Colombia pobre no tienen los recursos existenciales
para vivir que es lo mínimo el agua potable, carreteras si pasan por ahí, cuatro
calzadas llenas de peajes 'a la lata porque es un negocio de los banqueros, esas
obras van rápido, las pagan la Nación y entonces como la Nación no tiene plata
para todo por estar pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras y otros,
no están pagando los acueductos y los alcantarillados de la gente humilde de
Colombia […]”.

37. Igualmente, la Sala observa que, con ocasión a la solicitud que presentó el
actor el 27 de agosto de 2024, la Presidencia de la República, mediante Oficio núm.
OFI24-00179792 / GFPU 13150000 de 8 de octubre de 2024, precisó el alcance
de lo expuesto por el Presidente de la República en el marco del contexto
mencionado supra, señalando para tal efecto que “[…] en ningún momento se le
acusó de la malversación de recursos públicos, lo que se puso de presente fue un
enfoque distinto de priorización de los recursos públicos que debieron ser asignados
a proyectos que contribuyeran a la satisfacción de las necesidades básicas de los
habitantes de algunos municipios en el departamento del (sic) Bolívar […]”.

35 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-063 de 28 de febrero de 2024. M.P.: Antonio José

Lizarazo Ocampo.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

38. Además, la Sala advierte que, respecto a que las opiniones deben ser
formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de
razonabilidad, en dicha respuesta, la Presidencia de la República señaló que “[…]
La opinión esgrimida por el señor presidente de la República en dicho evento, tiene
como punto de partida información de dominio público y de carácter oficial acerca
de la gestión realizada por usted cuando ostentó el cargo de vicepresidente de la
República en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2014 al 21 de marzo
de 2017, término en el cual impulsó la suscripción de contratos e inauguró las obras
de distintos proyectos de infraestructura vial en varios departamentos del país, entre
los que se encontraba el departamento de Bolívar […]”.

39. La Sala advierte que, en este caso, la intervención del Presidente de la
República que se realizó el 23 de agosto de 2024 debe interpretarse en conjunto
con el Oficio núm. OFI24-00179792 / GFPU 13150000 de 8 de octubre de 2024,
en la medida en que, esto conduce a darle alcance a su declaración y concluir
que, contrario a lo que considera el actor, no “[…] se vulneró gravemente su
derecho al buen nombre y honra […]”, así como tampoco, “[…] puede generar
pánico o tranquilidad, odio o confianza […]”.

40. En ese orden de ideas, la Sala advierte que la manifestación realizada por el
Presidente de la República y que es cuestionada por el actor en su escrito de tutela
y en la impugnación fue realizada en el marco de un discurso político, en el cual
expresó su postura sobre las prioridades de inversión y los resultados, comparando
para tal efecto su administración con los de otra.

41. La Sala advierte que, atendiendo a que: i) se trata de apreciaciones
subjetivas del Presidente de la República en el marco de un discurso político; ii)
dichas manifestaciones cuentan con un mínimo de justificación fáctica y criterios de
razonabilidad; iii) la Presidencia de la República mediante Oficio núm. OFI24-
00179792 / GFPU 13150000 de 8 de octubre de 2024, precisó el alcance de lo
expuesto por el Presidente de la República en el marco del contexto mencionado
supra; y iv) lo expuesto por el Presidente de la República no incita a cometer
genocidio, no constituye un discurso de odio o de propaganda a favor de la guerra,
apología al delito o a la pornografía infantil.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

42. En consecuencia, esta Sala confirmará lo resuelto por el juez constitucional
de primera instancia, en la medida en que la manifestación realizada por el
Presidente de la República corresponde a un ejercicio legítimo del derecho a la
libertad de expresión y, por ende, se encuentra dentro de los límites establecidos
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y esta Corporación para los
discursos políticos.

Conclusiones de la Sala

43. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 26 de
noviembre del 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 26 de noviembre del 2024
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Núm. único de radicación: 110010315000202405736-01
Actor: Germán Vargas Lleras

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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